MADRID.- Tras la aprobación hace un año de créditos participativos por valor de 200 millones de euros por los sobrecostes de las expropiaciones para las autopistas radiales de peaje de acceso a Madrid, entre otras, los grupos parlamentarios y los ministerios de Fomento y Economía negocian fórmulas para garantizar la viabilidad de esas concesiones, que apenas tienen clientes, adelanta 'El País'.
Las empresas afectadas (Abertis, Acciona, ACS, Ferrovial, FCC, OHL, Itínere) claman a través de las asociaciones del sector por una solución al bajísimo tráfico de las radiales de Madrid, el eje aeropuerto de Barajas y las autopistas Madrid-Toledo y las de Alicante-Cartagena y Cartagena-Vera, todas ellas adjudicadas por Gobiernos del PP con previsiones de tráfico demasiado optimistas. Algunas apenas llegan al 10% del tráfico medio en autopistas (la media nacional en 2009 fue de 20.023 vehículos diarios).
Hacienda se debate entre lo malo (tener que computar en déficit cientos de millones si sale adelante la cuenta de compensación propuesta por CiU) y lo peor (asumir entre 4.000 y 5.000 millones de deuda de las concesiones si estas quiebran). "No nos planteamos ese escenario", explica Inmaculada Rodríguez Piñeiro, secretaria general de infraestructuras. Declina confirmar esa cifra, pero en todo caso sería "un valor altísimo".
El grupo socialista ya ha presentado una enmienda para incrementar hasta los 250 millones (en el proyecto inicial se incluían sólo 135) los créditos participativos a las autopistas por los sobrecostes de expropiaciones y otros 180 adicionales a los 220 millones previstos para las autovías de primera generación, con lo que se eleva el endeudamiento del Estado para 2011 hasta los 43.609,15 millones.
Al sector le sigue pareciendo una cantidad insuficiente. El presidente de la patronal de constructoras Seopan, David Taguas, aprovechó el jueves su presencia en unas jornadas en el Congreso para pedir otros 300 millones más para 2011. Rodríguez Piñeiro explica que lo que destina para el próximo ejercicio es lo que se puede ejecutar. Este año, por su enorme complejidad, solo se han podido tramitar tres expedientes de préstamos participativos: los de Ausur (Alicante-Cartagena, Henarsa, R-2) y Accesos de Madrid (R-3 y R-5). Esos créditos se llevarán a Consejo de Ministros en las próximas semanas.
"En uno hemos tenido que revisar 1.700 expedientes de expropiaciones para comprobar que el justiprecio supera el 175% de lo previsto", como requiere la disposición adicional aprobada en la Ley de Presupuestos de 2010, que concitó una insólita casi unanimidad de los grupos parlamentarios.
Pero además de los créditos para pagar los costes de expropiaciones que los concesionarios tienen que pagar por las sentencias que van adquiriendo firmeza, los concesionarios reclaman mecanismos para dar respuesta a la "exigua" rentabilidad e incluso "dudosa viabilidad" de esas autopistas de peaje, en palabras del presidente de la Asociación de Concesionarias, José Luis Feito.
La secretaria de Infraestructuras es menos contundente y asegura que las radiales, que considera "mal señalizadas", sí podrían ser rentables en un futuro. Otra cosa son las del eje aeropuerto, por su "mal diseño", y la Madrid-Toledo, porque hay una autovía autonómica paralela y porque no se ejecutó la prolongación de la autopista hasta Córdoba por motivos medioambientales.
Rodríguez Piñeiro no avanza por dónde irá la solución, pero rechaza que pueda resolverse el problema con la cuenta de compensación que propone CiU en una enmienda a los Presupuestos (que ya presentó para la Ley de Captación de Financiación en los mercados por los concesionarios de obras públicas, cuya tramitación está paralizada), porque transfiere el riesgo de los privados al Estado, de modo que computa como déficit. Esa línea roja y la no vulneración de la competencia son los mayores condicionantes de un posible arreglo.
"Economía no se quiere enterar de la magnitud del problema", espeta Pere Macías, portavoz del Grupo Catalán. "Hay que salvar un sector que es puntero en el mundo", dice en referencia a la pujanza de las concesionarias españolas. "Aunque Bruselas ponga problemas [por el déficit] hay que pelear". Macías no pretende imponer su propuesta de enganche (para poder pactar un arreglo en el trámite parlamentario, que en resumen haría que el Estado compensase los déficits de explotación si el tráfico no alcanza el 80% del previsto) y se muestra dispuesto a apoyar otras vías de solución.
Al PP no le suena mal la propuesta de CiU y también arremete contra Hacienda. "No hay otro ministerio, tiene un control férreo sobre el resto y sus criterios no siempre son los adecuados", dice Andrés Ayala, portavoz popular de Fomento.
Otra enmienda del PSOE propone una compensación económica de una eventual rebaja de peajes en los "entornos urbanos y periurbanos" para mejorar la movilidad y seguridad vial. Esa fórmula de compensación (que animaría supuestamente el tráfico) se ha utilizado en otras ocasiones para eliminar o rebajar los peajes (en el proyecto de Presupuestos se incluyen 139,2 millones por ese concepto), pero implicaría obviamente un mayor gasto.
También se han barajado soluciones que pasan por que algunas concesiones sean absorbidas en determinadas condiciones por sus sociedades matrices. Abertis considera que "no es un escenario plausible a corto plazo", explica un portavoz.
Feito sugiere la posibilidad de que se amplíen los plazos de las concesiones o un arreglo a través de las tarifas, pero, en todo caso, hace hincapié en la necesidad de que siga habiendo financiación privada para las infraestructuras, en alusión al mensaje que se traslada a los bancos con vistas al Plan Extraordinario de Infraestructuras, con participación público-privada, que quiere implementar Fomento. Rodríguez Piñeiro asegura que las entidades financieras "nunca han condicionado" su apoyo a ese plan a la solución de los aprietos de las autopistas.
A nadie se le escapa que el fondo del problema es pura filosofía política, el doble juego del capitalismo. Fuentes parlamentarias socialistas inciden en el hecho de que "con cargo a los impuestos de los ciudadanos se enjuguen negocios mal planteados". Y el diputado de IU Gaspar Llamazares aboga por el rescate directo, como en el caso de los bancos, y que el Estado al menos tenga capacidad de decisión.
