Los países mediterráneos de la Unión Europea abordan la llegada masiva de inmigrantes

ROMA.- Los representantes de Interior de España, Italia, Francia, Grecia, Chipre y Malta se reunieron hoy en Roma para abordar el aumento del flujo de inmigrantes desde el norte de África hacia Europa a raíz de la convulsa situación que atraviesa la zona. 

La reunión fue promovida por el titular de Interior italiano, Robert Maroni, tras la llegada masiva de inmigrantes indocumentados, más de 5.000, a las costas italianas.

La zona que ha recibido una mayor afluencia de indocumentados ha sido la isla de Lampedusa, considerada por muchos como la puerta de entrada a Europa dada su cercanía con las costas africanas y donde todavía permanecen más de 700 inmigrantes a la espera de ser trasladados a otros puntos de Italia.

"La reunión, querida por el ministro Maroni está destinada a apoyar la posición expresada por Italia en el seno de la Unión Europea y a afirmar una línea común en vista del Consejo de Justicia e Interior programado para el jueves en Bruselas", explicó en un comunicado el departamento de Interior italiano.

El incremento en el flujo de indocumentados hacia la isla de Lampedusa que se registró durante el fin de semana del 11 al 13 de febrero hizo que el Gobierno italiano decretara el "estado de emergencia humanitario" en el sur de Italia y que exigiera a la UE la convocatoria urgente de un Consejo Europeo al más alto nivel.

Italia pidió además a la Comisión Europea (CE) que se destinen 100 millones de euros para afrontar la emergencia y un nuevo papel operativo de la agencia europea Frontex a fin de que disponga de medios propios para controlar los límites fronterizos.

Blanco iniciará en abril el 'road show' destinado a drenar el 'stock' de viviendas

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, viajará a Londres en el mes de abril para iniciar el 'road show' con el que el Gobierno tratará de ganarse la confianza de los inversores y drenar el 'stock' de viviendas sin vender.

   Así lo avanzó la secretaria de Estado y Actuaciones Urbanas, Beatriz Corredor, durante su comparecencia en la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados, en la que indicó que, por el momento, Fomento está realizando un estudio previo para analizar el resto de los países que se visitarán en esta agenda de contactos con inversores.

   De momento, Corredor desveló que "muy probablemente" el 'road show' se centrará en Europa continental, aunque también se evaluarán otros mercados que puedan resultar de interés.

   Según dijo, en una segunda fase, a partir de mayo o junio, Fomento pondrá en marcha una "misión comercial", con una previa selección de productos inmobiliarios que cumplan unos requisitos y exigencias mínimas de legalidad jurídica, urbanística y de calidad, a través de una evaluación a la que voluntariamente podrán someter sus productos los promotores interesados.

   Corredor calificó esta iniciativa de "inédita" y confirmó que está llamada a "reestablecer y mejorar la confianza de los inversores" y lograr "drenar" el excedente de viviendas.

Pajín y Alarte se enfrentan por la lista autonómica / David Lozano

El pulso y distanciamiento que habían protagonizado Leire Pajín y Jorge Alarte al poco de acceder éste a la secretaría general del PSPV-PSOE ha cerrado este fin de semana lo que bien podría ser el último capítulo ya que van camino de conducir al socialismo valenciano directamente a la hecatombe o la escisión.

La excusa perfecta para escenificar lo que es ya una cruenta guerra ha sido la confección de las listas autonómicas de Alicante, Castellón y Valencia para las elecciones del 22 de mayo. En las tres provincias ha habido escándalo, por uno u otro motivo, y en las tres circunscripciones la situación hoy en día es caótica por las luchas internas suscitadas por el afán de administrar la derrota en forma de un sillón –al precio que sea- remunerado en la Cámara autonómica.

Vamos por partes. En Alicante, la secretaria general de la provincia, Ana Barceló –amiga de Leire Pajín- ha seguido a pies juntillas las instrucciones de la ministra de Sanidad y ni tan siquiera ha presentado lista al mandar el nombre de los 128 "candidatos" propuestos por las distintas agrupaciones comarcales. Un sorprendente órdago que ha caído como una bomba en el entorno de Jorge Alarte y más todavía al escuchar las perlas que como explicaciones ha lanzado la dirigente alicantina: "se ha faltado el respeto al proceso", "los militantes se han sentido ninguneados" o que "se habían presentado listas precocinadas antes de escuchar la opinión de la militancia". En Valencia todavía no han reaccionado al "bofetón" alicantino.

En Castellón, Jorge Alarte sí ha cogido las riendas y, como siempre que toma la iniciativa, ha sido para mal. Alarte ha manejado al líder provincial de la Plana, Francesc Colomer, para que éste envíe una lista autonómica con la exclusión del histórico Ximo Puig. Alarte sacrifica un valor electoral del socialismo valenciano por su afán de venganza con Puig en la pugna de ambos por liderar el PSPV.

Con la purga del de Castellón el secretario general de los socialistas valencianos también se carga el tácito pacto de "colaboración" que había suscrito con Joan Lerma y presenta una candidatura mediocre, sin tirón y que incluye a nombres que repiten como Clara Tirado o María José Salvador.

En Valencia, Alarte ha actuado casi de forma dictatorial y destacan las exclusiones, así se carga a Joan Ignasi Pla (que queda a la espera de destino posiblemente en el Consell Jurídico Consultivo) y corta la cabeza del lermista Toni Such.  

Alarte también "se limpia" a los afines a Puig; Vicent Sarrià, y Jeannette Segarra. Es su lista y así lo ha querido demostrar ahora con la inclusión, por ejemplo, de su jefe de Gabinete, Josep Moreno. Una incorporación que ha sembrado la sorpresa en el PSPV y ha llenado de indignación a gran parte del socialismo en la provincia. 

También coloca a sus más fieles: Cristina Moreno, Francesc Signes o Carmen Ninet.

Antonio Asunción define a Alarte como puro instrumento del ministro Blanco

VALENCIA.- El exministro Antonio Asunción ha manifestado que el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, quiere a la Comunitat Valenciana "para ordeñar sus votos orgánicos" y que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, es "su instrumento". A Blanco "le preocupa poco el peso del partido en la sociedad" valenciana, ha remarcado.

   Antonio Asunción se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre quien cree que tiene más responsabilidad en relación a su suspensión cautelar de militancia, si el líder del PSOE valenciano, Jorge Alarte, o el ministro José Blanco.

   En este sentido, el exministro del Interior ha respondido que "van de la mano" porque "Alarte sin Blanco no da un paso", por tanto, ha dicho, "ambos son corresponsables" de su situación en el partido. "No creo que Alarte dé un paso sin consultar", ha destacado.

    Sobre la estrategia de oposición del PSPV sustentada en el caso Gürtel, el exministro la ha tildado de "error gravísimo", ya que "ya está en los juzgados y el juez dirá". A partir de ahí, ha continuado, "hay aportar ideas" y "demostrar que eres mejor que el que está en el poder".

"Tienes que ser muy brillante, ilusionar y decir cosas, y es lo que yo no veo en Alarte. Por eso me presenté, si hubiera considerado que era un fenómeno, lo hubiera apoyado", ha resaltado.

   Preguntado sobre qué le parece el ex diputado nacional Francesc Romeu como secretario general del PSPV, Asunción ha destacado que tiene "muchas condiciones". En su opinión, "tiene fuerza, empuje y un buen discurso", por lo que "sería un buen candidato" a la Presidencia de la Generalitat valenciana.  

   Sobre si el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe ser candidato, ha afirmado que "es cosa suya" aunque ha explicado que "tiene un desgaste" y "que cambiar candidato podía dar otro ánimo a aquellas personas que no piensan ir a votar y, a lo mejor, con otro candidato, votan". Para Asunción, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sería "un magnífico candidato".

El juez cree que Luna pudo cometer un delito de encubrimiento por la exhibición de un informe de Gürtel

VALENCIA.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero ha dictado un auto en el que señala que el síndic socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, pudo cometer hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de encubrimiento contemplado en el artículo 451,2 del Código Penal en relación con la exhibición de un informe sobre el caso 'Gürtel' que estaba bajo secreto de sumario desde la tribunal de la Cámara. 

   El instructor ha dado traslado de la causa al ministerio fiscal y acusación 'popular', ejercida por el PP, para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, sobreseimiento o práctica de nuevas diligencias.

   Así lo ha acordado en un auto de fecha 23 de febrero, en el que también ha rechazado el sobreseimiento libre y parcial por el delito de revelación de secretos, solicitado por Luna, aunque remite esta parte al juzgado decano de Madrid para que proceda, en su caso, a investigar de quién pudo salir el documento exihibido y a exigir la responsabilidad a quien proceda.

El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, ha reiterado su inocencia y ha anunciado que recurrirá los dos autos dictados por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que instruye la causa contra el síndic socialista por supuesta revelación de secreto de sumario del 'caso Gürtel' y, posteriormente, por encubrimiento, Juan Montero, porque, según ha explicado, no coincide con la valoración del juez sobre los hechos, ni cree que haya ningún delito que juzgar.

   Luna se ha pronunciado de esta manera en los pasillos de las Corts en relación a dos autos dictados por Montero en los que ha dado un plazo de 10 días al fiscal y a la acusación popular para que solicite la apertura de juicio oral, sobreseimiento o práctica de nuevas diligencias en el caso del supuesto delito de encubrimiento.

   En otro escrito, ha rechazado el sobreseimiento libre y parcial por el delito de revelación de secretos, solicitado por Luna, aunque remite esta parte al juzgado decano de Madrid para que proceda, en su caso, a investigar de quién pudo salir el documento exhibido y a exigir la responsabilidad a quien proceda.

   "Creo que no he cometido ningún delito y así lo voy a seguir manteniendo hasta el final", ha remarcado Luna, quien ha explicado que los dos autos los van a recurrir. "No coincidimos con la valoración del magistrado porque creo que no hay ningún delito de encubrimiento ni ningún otro" y "espero que la Sala nos dé la razón y que decrete el archivo de las actuaciones", ha apostillado.

   De esta manera, el portavoz socialista en las Corts ha señalado que no puede, ni piensa, "hacer dejación de funciones como diputado de la oposición" ya que "estamos ante un gravísimo caso de corrupción --en referencia al 'caso Gürtel'-- que ha supuesto que millones de euros de impuestos de los valencianos acaben en paraísos fiscales y sobre esos hechos, no nos dejan acceder a ningún documento y no dan ninguna explicación".

   "La obligación de un diputado de la oposición es seguir preguntando por estas cosas y si consigue una información, sobre todo si a la hora de conseguir esa información no ha vulnerado la ley como es mi caso, hacer uso de ella para que los ciudadanos sepan qué pasa con su dinero", ha apuntado.

   Por tanto, reivindica su "papel como portavoz de la oposición y como diputado que tiene la obligación de seguir velando por los intereses de los ciudadanos", al tiempo que asegura que lo va a seguir haciendo.

   Por otro lado, ha recordado que el procedimiento se abrió por una denuncia del PP por revelación de secretos pero "cuando se dieron cuenta de que no podían seguir por esa vía, variaron y buscaron el delito por encubrimiento".

"El caso es perseguirme por seguir denunciando estas situaciones" de corrupción, ha afirmado.

Adif se alía con el puerto de Alicante para impulsar el tráfico de mercancías en tren

MADRID.- Adif mantiene acuerdos de colaboración con 17 autoridades portuarias con el objetivo de impulsar el transporte ferroviario de mercancías con origen o destino marítimo y mejorar la integración y coordinación de la red ferroviaria con los puertos, según informó el ente público.

   En virtud de estos acuerdos se facilitan los procedimientos operativos para el acceso y expedición de trenes al interior de los puertos y se coordinan las circulaciones y maniobras interiores.

   Las autoridades portuarias que, hasta ahora, han suscrito el citado acuerdo con Adif son A Coruña, Algeciras, Alicante, Avilés, Barcelona, Bilbao, Castellón, Ferrol, Huelva, Marín, Pasajes, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcía.  

   La colaboración se enmarca en el Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario de Mercancías en España, elaborado por el Ministerio de Fomento.

El PP plantea reprobar a Leire Pajín en las Corts por no comparecer ante la Cámara

VALENCIA.- El grupo parlamentario 'popular' en las Corts Valencianes ha propuesto que la Cámara autonómica repruebe a la ministra de Sanidad y senadora territorial del PSOE por la Comunitat, Leire Pajín, por no comparecer ante este Parlamento como han hecho otros senadores territoriales en esta legislatura. 

   El portavoz del PP, Rafael Blasco, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics, ha justificado este planteamiento porque Pajín "no ha tenido a bien todavía" comparecer en el Parlamento valenciano como han hecho "el resto de senadores que tienen la misma condición que ella" en la Cámara Alta.

   Asimismo, ha censurado que la también ministra no acuda a las Corts y que si que "tenga tiempo para respaldar a un tránsfuga como cabeza de lista para el Ayuntamiento de Benidorm", en alusión a Agustín Navarro. Ha censurado que en este acto le acompañara el secretario general el PSPV, Jorge Alarte, "que dijo que este señor no repetiría" como candidato "por ser un tránsfuga".

   Blasco ha opinado que esto muestra "la falta de principios en la que se están moviendo los dirigentes del Partido Socialista". Ha destacado que con la reprobación de Pajín el PP busca que "por respeto a estas Cortes y por la dignidad que se merecen, algunos que dicen que representan al pueblo valenciano no dejen en la indignidad a unas Costes que representan la soberanía popular" de los ciudadanos de la Comunitat.

   El responsable 'popular', que no ha precisado la fecha en la que esta medida se debatirá en la Cámara autonómica, ha explicado que lo que se su grupo ha hecho ha sido "presentar una Proposición no de Ley" sobre este tema con la esperanza de que "los grupos parlamentarios, especialmente Compromís, que ya denunció al actitud de esta senadora, puedan presentar enmiendas".

   Ha apuntado que el PP está abierto a recibir propuestas y ha destacado que lo que su grupo quiere es que Leire Pajín "pueda comparecer en las Corts, tal como se le ha mandatado --desde esta institución-- para que pueda expresar, con la mayor paz y tranquilidad, su opinión respecto de la cuestiones que se le puedan plantear".  

   "Nos parece lamentable que no tenga tiempo para hace una comparecencia, exactamente igual que han hecho el resto de senadores, y tenga tiempo para ir a avalar a un tránsfuga que se presenta al Ayuntamiento de Benidorm después de haber usurpado la legitimidad democrática que tenía el anterior alcalde" de este municipio.

   Rafael Blasco ha manifestado que Leire Pajín tiene la "obligación" de comparecer en las Corts Valencianes y que esto es algo que desde la Cámara se le ha "planteado de forma amistosa y educada".

   Preguntado por si ve normal que la mayoría parlamentaria del PP proponga reprobar a representantes socialistas, ha contestado que "la mayoría del Parlamento representa a la mayoría de los valencianos" y que tiene "la mayor legitimidad democrática de cualquier representación política parlamentaria".

   Respeto a la reprobación del portavoz del PSPV Ángel Luna ha dicho que "lo que no es normal es la actuación del portavoz socialista, que ha incurrido en continuas actuaciones que justifican esta acción". Ha dicho que su actitud es "antidemocrática" y "contrarias al Estatuto por el que se rigen las Corts", además de censurar la judicialización de la vida política.

   "No es la reprobación de un parlamentario, es la reprobación de la mayoría del Parlamento valenciano, que representa la mayoría del pueblo valenciano que se cansa de ver cómo una persona en vez de estar defendiendo legítimamente sus opiniones políticas, ataca instituciones democráticas del Gobierno valenciano que merecen un respeto". Ha resaltado que no se ha reprobado a otros diputados y ha apuntado que en el Parlamento se han de respetar las reglas existentes.

   Por su lado, Ángel Luna ha comentado sobre la reprobación de Pají, también tras la Junta de Síndics, que "bienvenida al club" de los reprobados, "somos unos cuantos ya", ha precisado.

   Ha lamentado que en las Corts "no se controla al Gobierno" autonómico sino "a la oposición" y ha señalado que esto es "algo que pasa aquí y en algún país que tiene un concepto 'sui géneris' de la democracia". "Asumiremos con la deportividad que recomendaba Ortega y Gasset este tipo de cosas", ha agregado.

   Por otra parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha comentado respecto a la reprobación de Pajín que no sabe si esto es "lo que más interesa para salir de la gravísima crisis". Ha apuntado que no cree que su grupo lo apoye porque "no es lo que toca" ahora aunque ha censurado la no comparecencia de la senadora y ha considerad que es "un insulto a la soberanía de las Corts".

   Morera ha criticado también que ayer, durante la concentración celebrada en la Plaza de la Virgen contra el cierre de los repetidores de TV3, la Conselleria de Turisme anulada la señal de la webcam que tiene instalada en esta zona de la ciudad de Valencia. Ha opinado que esto es "un ataque a la libertad informativa" por parte del Consell, que "no quiere que se conozca la verdad" y que haya "miles de ciudadanos indignados por el cierre de los repetidores".

   A este respecto, Luna ha dicho que no le consta este hecho pero que si fue así "tampoco le extrañaría" porque el Consell y el PP ofrecen "una imagen inexplicable que no pueden explicar ni a sus propios militantes".

"Es una muestra más de censura", ha dicho.

   Por su lado, el portavoz del PP ha manifestado que no tenía "ni idea" de este asunto y que tampoco sabía que en ese lugar hubiera una cámara de Turisme.

Los sindicatos reclaman que el II Plan Valenciano de la FP tenga apoyo económico "real"

VALENCIA.- Sindicatos del sector docente han reclamado que el II Plan Valenciano de la Formación Profesional (FP), cuya propuesta se aprobará este miércoles en el Consejo Valenciano de la FP, disponga de un apoyo económico "real" para desarrollar un sistema integrado de este nivel educativo en la Comunitat. 

   Así, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT (FETE-UGT PV) ha valorado la propuesta que el Consejo Valenciano de la FP va formular al Consell y que recibirá el "apoyo crítico" de este sindicato, principalmente por lo "excesivamente generales que son sus propuestas y el limitado desarrollo que va a tener en el tiempo, ya que finalizará su aplicación en 2013, con un recorrido limitado a los años 2011-2013".

   Asimismo, FETE considera que "el éxito del Plan depende del impulso político que reciba por parte del conjunto de la Generalitat después de las elecciones del 22 de mayo, y de los recursos económicos que se destinen para su correcto desarrollo".

   UGT advierte además de que, tal y como se presenta, el plan "puede adolecer además del mismo defecto del primer Plan Valenciano de FP de 2002, y es el de carecer de memoria económica o consignación presupuestaria para su desarrollo". "Esta grave circunstancia motivó que el anterior Plan Valenciano de FP de 2002 no se desarrollará y quedase, desde su firma, en papel mojado", han recordado.

   Para la entidad, "también es preocupante que este nuevo Plan Valenciano de FP, tal y como está diseñado, no sirva de impulso y desarrollo efectivo del Sistema Integrado de Formación Profesional que precisa nuestra Comunidad, ya que, en la práctica funcionan como compartimentos estancos y separados los dos sistemas de Formación Profesional existentes --la FP responsabilidad del sistema educativo y la FP responsabilidad de la administración laboral--, sin compartir eficazmente recursos, ni materiales ni humanos".

   "Y lo que es más importante, sin que se establezca en este Plan mecanismos de integración efectiva, de coordinación y para compartir recursos, lo que provoca dificultades para un eficaz desarrollo de la cualificación profesional de los trabajadores valencianos", destacan.

   Asimismo, FETE recalca "no puede aceptar que como consecuencia del cambio de modelo de las plantillas docentes de FP, se hayan suprimido 800 puestos de trabajo, sólo en desdobles y en aquellas materias o módulos eminentemente prácticos, que se desarrollan en laboratorios o talleres".

   "Tampoco es de recibo --prosiguen desde el sindicato-- que exista un desequilibrio tan acusado entre la oferta formativa que presenta la Conselleria de Educación y la demanda existente, que ha provocado que en estos dos últimos cursos se hayan quedado sin plaza en estas enseñanzas más de 8.000 personas, trabajadores desempleados la mayoría de ellos que precisan mejorar su cualificación profesional para mejorar su empleabilidad".

   Por su parte, la Federació d'Ensenyament de CCOO (FE CCOO PV)ha señalado que con la aprobación de este Plan, el Consell pone en evidencia "una contradicción, y no puede sino cuestionar la política educativa, errática, totalitaria e irresponsable, de la Conselleria de Educación", ya que, "por un lado, la Generalitat ha presentado una planificación amplia que presupone un horizonte de inversiones y apuestas para la FP, pero por otro, se aplican recortes presupuestarios".

   La federación opina que "las mayores carencias a las que deberá hacer frente el Plan provienen de los recortes arbitrarios y la falta de inversión para la mejora en la FP reglada: la ausencia de un mapa de centros equilibrado; la insuficiente oferta educativa en el sistema público; que no se autorizan los grupos necesarios para atender la demanda actual y se recortan las plantillas de profesorado mediante la reducción del número de grupos", han citado desde el colectivo.

   En este sentido, CCOO insiste en "la necesidad de la ampliación de la red de centros integrados, actualmente constituida por 11 centros mal distribuidos, que se concentran en la provincia de Valencia, desatendiendo anchas zonas de Castelló, Alicante y de el interior del País Valenciano".

   En resumen, aunque CCOO PV valora el hecho de haber llegado a un acuerdo que puede ser positivo para el sistema valenciano de formación profesional, "no renuncia a ninguna herramienta al servicio de la lucha sindical para paliar los déficits que hace falta superar, parar los recortes en inversión en el sistema educativo y contribuir a fortalecer este sistema que será capital por superar la actual crisis económica".

Carlos Fabra reitera que es "lamentable" que Génova no haya ratificado a Camps

CASTELLÓN.- El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha reiterado este martes que es "lamentable" que la Dirección Nacional del PP no haya ratificado a Francisco Camps como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana "desde hace más de un mes".

   Fabra, que ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar el pleno ordinario de la Diputación.

   Al respecto, ha señalado que "me parece lamentable que Camps no haya sido ya ratificado por Génova desde hace más de un mes porque los valencianos ya le hemos ratificado, los 'populares' y los no 'populares'".

   Fabra ha argumentado en este sentido que todas las encuestan dan al PP entre 59 y 61 diputados, "es decir, que podríamos llegar a tener los 3/5 del Parlamento, y supongo que no serán solo 'populares' a los que les hacen las encuestas".

La Inspección de Trabajo detecta en 2010 un fraude empresarial relativo a 4.903 empleos irregulares

ALICANTE.- La Inspección de Trabajo ha detectado un fraude empresarial relativo a un total de 4.903 empleos que se encontraban en la economía sumergida, lo que representa el 42,91 por ciento de las 7.954 actuaciones realizadas en la provincia de Alicante, según ha informado en un comunicado CCOO.

   Los responsables de la Inspección de Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social han informado este martes en la reunión del Observatorio del Fraude de Alicante de la actividad inspectora desarrollada durante 2010, que sitúa a Alicante como la segunda provincia española en relación a la economía sumergida, por detrás de Barcelona.

   La secretaria general de CCOO en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro, ha calificado como "muy positivo" el trabajo realizado por las instituciones implicadas en la lucha contra el Fraude y ha indicado la "necesidad" de aumentar los recursos para acotar al máximo este tipo de comportamientos que", a su juicio, "son un fraude social, laboral y un lastre para la necesaria reactivación económica de esta provincia".

   "Los datos son demoledores y se deberían impulsar campañas informativas específicas para publicar las actuaciones de las administraciones en esta materia con el objetivo de prevenir el fraude y aumentar el reproche social ante estas prácticas fraudulentas", ha señalado.

   En concreto, el mayor número de empleos irregulares se han detectado en el sector del calzado con 2.621 empleos detectados, seguido de la Hostelería con 638 empleos, el Comercio (318) y Servicios (216), entre otros.

   En total, la actividad de la Inspección de Trabajo ha supuesto el levantamiento de 3.137 actas de infracción, por un importe que entre sanciones y liquidaciones alcanza los 29.929.819 de euros.

   A juicio de la organización sindical, "el arraigo de este fraude" en el tejido empresarial alicantino contrasta "con la limitación de los recursos existentes para prevenir y combatir estas irregularidades".

   En esta línea, los representantes de los trabajadores han explicado que se ha producido una minoración de las plantillas de la inspección, puesto que, si en el año 2010 el número de inspectores y subinspectores se situaba en 28 y 32 funcionarios respectivamente, para alcanzar los objetivos de este año --8.070 ordenes de servicios-- trabajan 25 inspectores y 30 subinspectores.

   Así, CCOO ha planteado que el Gobierno de España atienda a las características especificas de Alicante y "realice el esfuerzo necesario para incrementar el numero de funcionarios y por lo tanto el numero de actuaciones". "Se han detectado irregularidades en el 42,91%  de los centros de trabajo inspeccionados lo que demuestra un nivel muy elevado de incumplimientos de la legislación laboral", ha añadido.

   Asimismo, la organización sindical ha comentado que, en la actualidad, se desarrolla el Plan Integral contra el Fraude con la participación de la Agencia tributaria, la Inspección y la Seguridad Social, cuyos objetivos son, entre otros, priorizar campañas especificas para detectar el fraude en las denominadas empresas clandestinas, la vendimia en el sector agrícola, en el comercio minorista con las tiendas 'todo a cien', en el sector educativo, en el ámbito sanitario privado, falsos autónomos y seguimiento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

El Tribunal de Cuentas italiano advierte de que la corrupción es "patológica"

ROMA.- El fiscal general del Tribunal de Cuentas italiano, Mario Ristuccia, ha advertido este martes de que "la corrupción y el fraude", sobre todo "en el sector de las contribuciones nacionales y de la Unión Europea", son una "patología" en la Administración pública italiana.

   Ristuccia ha presentado los datos recogidos por la Policía y la Guardia de Finanzas italiana, que indican que las fuerzas del orden descubrieron 237 casos de corrupción, 137 de abuso de poder y 1.090 casos de abuso de oficio.

El Tribunal de Cuentas asegura que el sector sanitario es el más afectado por esta corrupción ya que "existen verdaderos episodios de mala gestión favorecida por las carencias del sistema de control".

   Además, el fiscal ha recordado el proyecto de ley que pretende presentar el primer ministro, Silvio Berlusconi, para prohibir que las escuchas telefónicas sean utilizadas en los procesos judiciales y ha subrayado que este decreto "no está dirigido a una verdadera lucha contra la corrupción". Según Ristuccia, las escuchas "son uno de los instrumentos más importantes en las investigaciones" para impedir la corrupción.

   Berlusconi recordó en una reunión del Consejo de Ministros que su partido, Pueblo de la Libertad, debía presentar un nuevo proyecto de ley sobre la utilización de las escuchas en los procesos, después de que la Fiscalía de Milán acusara al mandatario de prostitución de menores y abuso de poder basándose en las interceptaciones realizadas a los teléfonos de las supuestas prostitutas que habrían participado en las fiestas que el 'Cavaliere' organiza en sus villas.

   El Tribunal de Milán consideró "evidente" las pruebas presentadas por la Fiscalía, que demostrarían que Berlusconi mantuvo relaciones sexuales con la joven marroquí Kharima El Mahroug, alias 'Ruby', a cambio de dinero y joyas. El 'premier' se enfrentará a los tribunales el próximo 6 de abril por el llamado 'caso Ruby'.

Argelia deroga el estado de emergencia

ARGEL.- El Gobierno argelino ha aprobado este martes la derogación del estado de emergencia, que lleva vigente en el país magrebí desde hace 19 años, según ha informado la agencia de noticias oficial APS.

   El Consejo de Ministros argelino ha ratificado en su reunión de hoy el proyecto de ordenanza que elimina el decreto de febrero de 1993 que prorrogaba el estado de emergencia, impuesto por otra norma del mismo rango el 9 de febrero de 1992.

   El Gobierno argelino ha informado de que la derogación del estado de emergencia entrará en vigor tras su "inminente publicación" en el Diario Oficial del país magrebí. La eliminación de esta medida de excepción se ha tramitado por medio de un decreto presidencial y tres proyectos de ordenanza.

   El levantamiento del estado de emergencia fue anunciado el pasado 3 de febrero por el presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, que aseguró entonces que la medida de excepción sería derogada "en un futuro muy próximo". El anuncio del presidente llegó después de que un grupo de parlamentarios partidarios del Gobierno hubieran hecho una propuesta en este sentido.

El Gobierno español evalúa los riesgos derivados de la crisis árabe

MADRID.- La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha asegurado que el Gobierno está haciendo evaluaciones de riesgo al hilo de las revueltas surgidas en los países árabes pero ha incidido en que ello no es obstáculo para "empujar en la buena dirección" en estos países. 

  Chacón no ha querido facilitar más detalles sobre la evaluación de riesgos que está haciendo el Ejecutivo. Además, ha subrayado que la Unión Europea (UE) y la ONU deben, además de "condenar radicalmente la violencia ejercida contra los ciudadanos", empujar en la "buena dirección" porque "las demandas de dignidad, de derechos y de libertad son más fuertes que el poder y que la fuerza".

   A su juicio, estas revueltas están demostrando dos cosas empezando porque el presidente libio Muamar Gadafi "y algunos como él son simplemente lo que parecía que eran". Su segunda conclusión es que Europa y no sólo Europa, "en excesivas ocasiones, has sido excesivamente prudentes, es decir, excesivamente benevolentes" con estos gobernantes autoritarios.

   Así, Chacón ha subrayado que la comunicad internacional debe "empujar en la buena dirección" y, aunque no ha precisado cómo, ha señalado que tanto la UE como la ONU ya empezaron ayer ha emitir dictámenes y hacer lo que se espera de ellas. La ministra se ha expresado así cuando se le ha preguntado si podría esperarse, incluso, una intervención militar por parte de la OTAN en Libia.

A Leire Pajín se le atraganta el almuerzo en Horcher, un restaurante de cinco tenedores

MADRID.- La ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Leire Pajín, acudió a este establecimiento, de los más caros y exclusivos de Madrid para comer, cuando una de las clientes se enfrentó con ella y sus escoltas por su presencia en el comedor.

El diario La Gaceta recoge que la ministra Leire Pajín acabó abandonando el restaurante Horcher de Madrid, después de ser increpada por una cliente de una mesa cercana, que la acusó de acudir asiduamente a establecimientos de lujo a costa del "sueldo que pagamos todos los españoles".

El diario detalla que la mujer recriminó a Leire Pajín que, con los recortes sociales que el Gobierno lleva a cabo, mostrase su "solidaridad" acudiendo a un restaurante de lujo en medio de la crisis económica. Según el diario, la mujer también echó en cara a la ministra "los múltiples sueldos que cobra".

La ministra, cuenta La Gaceta, se levantó para hablar con la mujer en medio del comedor. Leire Pajín abandonó el recinto con sus dos acompañantes sin terminar de comer, después que los escoltas pidieran a los comensales que se identificaran. Estos se negaron alegando que no habían cometido ningún delito.

La recapitalización de cajas "va más lenta de lo esperado"

MADRID.- La recapitalización de las cajas de ahorros en España "va más lenta de lo esperado", según un informe de Barclays Capital que analiza la norma de Reforzamiento del Sistema Financiero aprobada por el Gobierno para disipar las dudas sobre la economía española y su banca.

   Además, el informe insiste en que las necesidades de recapitalización del sector financiero español se elevan a 46.000 millones de euros, lo que supone más que duplicar los 20.000 millones de hueco de capital identificado por el Gobierno tras informes del Banco de España.

   La firma de análisis afirma que el Gobierno español ha diluido en el decreto ley las exigencias que anunció en la presentación del proyecto de norma, ya que ha dilatado al plazo para permitir que las entidades salgan a bolsa hasta marzo de 2012 y ha ampliado el concepto de capital.

   Ampliar el periodo para que las cajas puedan salir al parqué hasta el primer trimestre de 2012 "retrasa la capitalización del sector y suscita dudas respecto a su capacidad de superar las pruebas de resistencia del próximo mes de junio", sostiene.

   Además, el Gobierno español ha establecido una definición flexible de capital "para permitir a las cajas de ahorros cumplir con el nuevo requerimiento", y no queda claro si las participaciones industriales se tomarán en cuenta para minorar el capital, agrega Barclays Capital.

   El anuncio del plan de recapitalización del sector financiero parecía abrumador y fue recibido con escepticismo en el mercado, "impresión inicial que el Gobierno ha confirmado con la aprobación de la norma, porque suaviza algunas de las exigencias iniciales", asevera.

   En este sentido, especifica que la definición del capital contenida en el decreto no sigue las directrices de la regulación internacional de Basilea III, tal y como se anunció inicialmente, por los ingredientes que pueden formar parte del mismo.

   Barclays considera que el decreto ley "es un paso claro en la buena dirección", pero resalta que las necesidades de capital son más del doble de las identificadas por el Gobierno y que en su mayoría deberán cubrirse con fondos públicos.

   "Una parte significativa de la recapitalización en el escenario base deberá ser cubierta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)", aunque hay "algunas oportunidades" para la entrada de capital privado en las entidades financieras, afirma Barclays.

   La firma subraya que algunos bancos han manifestado su interés por entrar en el capital de las cajas, mientras que algunas de éstas pueden optar por desprenderse de sus participaciones industriales. Asimismo, apunta a la posibilidad de una nueva y "limitada" ronda de consolidación entre los 17 grupos de cajas existentes.

   Por esta razón, para Barclays Capital "la pieza que falta" en el decreto de capitalización de entidades es "una estrategia de financiación del FROB" que le permita hacer frente a unas necesidades de capital muy superiores a las estimadas por el Ejecutivo.

   En este caso, Europa tendrá que desempeñar un papel a través de una mayor flexibilidad del fondo de rescate europeo que le habilite a comprar deuda de los gobiernos en los mercados primarios, apunta.

El Banco de España dice que la norma de capital profesionalizará las cajas

LONDRES.- El director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, ha asegurado ante inversores y analistas en Londres que la norma que exige más capital a las entidades financieras aprobada por el Gobierno permite a las cajas acceder a capital de máxima calidad y "contribuye a profesionalizar su gestión y órganos de gobierno, al tiempo que somete a estas entidades a la disciplina del mercado".

   Roldán ha desgranado en la City el decreto ley de Reforzamiento del Sector Financiero publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que eleva los requisitos de capital de las entidades al 8%, porcentaje que se sitúa en el 10% para las que no coticen, no tengan presencia de inversores privados en al menos el 20% del capital o presenten una financiación mayorista superior al 20%.

   "Donde sea necesario el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) proporcionará los fondos para alcanzar los requerimientos de capital de la norma", dijo Roldán, en alusión a las entidades que no logren reforzar su solvencia por sus propios medios y tengan que recurrir al respaldo público en el plazo señalado.

   Los resultados de la reestructuración financiera en España "han sido sustanciales" y las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno persiguen "disipar las dudas que puedan quedar sobre la fortaleza del sistema financiero español", ha incidido Roldán.

    Roldán ha indicado que a raíz del recrudecimiento de la crisis de deuda soberana de los países periféricos y de las dudas sobre la economía española y su sistema financiero, el Gobierno español ha aprobado el decreto ley de reforzamiento de la solvencia, a lo que se suman los mayores requerimientos de transparencia a las entidades.

   El responsable del Banco de España ha informado a los inversores y analistas británicos de que la exposición de las cajas de ahorros al sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria se eleva a 217.000 millones de euros, de los que se consideran potencialmente problemáticos 100.000 millones, el 46% del total.

   Los créditos dudosos y subestándar se elevan a 28.000 millones en cada caso, mientras que los activos adjudicados alcanzan 44.000 millones. Las provisiones específicas cubren el 31% de la exposición problemática, pero si se suman las genéricas, la cobertura se eleva al 38%, ha agregado.

   Roldán ha defendido que el reconocimiento de las pérdidas potenciales de las entidades españolas, debidas principalmente a los créditos a los sectores de la construcción y la promoción, se ajusta a la realidad, tal y como reflejan tanto los niveles de reconocimiento como el cálculo realizado, que es "transparente, reglado y prudente".

   Según concretó, las entidades españolas ya han reconocido un deterioro de activos desde enero de 2008 por importe similar al 9% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone unos 91.000 millones de euros, de los que 52.000 millones corresponden a cajas y 39.000 millones a bancos.

   Además, el responsable de Regulación del Banco de España ha incidido en que la gran mayoría de las entidades superaron los test de estrés aplicados al sistema financiero el pasado mes de julio, que recogían unos escenarios posibles pero que no se han materializado y que es improbable que eso suceda.

   Asimismo, ha puntualizado que las entidades fueron sometidas a unas pruebas de resistencia muy transparentes y detalladas que englobaron al 90% del sector financiero, según figura en la presentación ante inversores colgada en la web del instituto emisor español.

   Roldán ha subrayado que el sistema financiero español se basa en el modelo de banca tradicional, sin inversiones en activos tóxicos ni vehículos fuera de balance y con un enfoque prudente a la financiación mayorista, lo que contribuyó a incrementar su resistencia frente a los primeros embates de la crisis financiera internacional en el verano de 2007.

La Seguridad Social pierde 3.735 cotizantes extranjeros en la Comunitat en enero

VALENCIA.- La Seguridad Social ha perdido 3.735 cotizantes extranjeros en la Comunitat Valenciana en enero, un 1,85 por ciento menos respecto al mes anterior, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 197.458 ocupados, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración hechos públicos este martes.

   Por Regímenes, de los 197.458 afiliados, un total de 108.868 pertenecen al General; 27.595 al Régimen de Autónomos; un total de 46.858 al Agrario, 260 al Régimen del Carbón y un total de 13.876 al del Hogar.

   Asimismo, la Comunitat es la cuarta región con mayor número de cotizantes extranjeros, por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía.

El PSOE pide tres años de cárcel para Camps por el 'caso Gürtel'

VALENCIA.- Los socialistas valencianos, personados como acusación particular en el caso de los regalos de la red Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Generalitat y el PP regional han presentado su escrito de acusación en el que piden tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el líder popular.

El escrito de acusación plantea que los trajes y demás objetos recibidos por Camps (por un valor de 12.000 euros a los largo de tres años en distintas épocas) no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos).

La red Gürtel comenzó a hacer regalos a Camps, a su esposa y a sus hijos a raíz de que la empresa valenciana de la trama corrupta, Orange Market, consiguiera millonarios contratos de la Administración valenciana. En los cinco años de actividad de esta empresa, el Gobierno que presidía Francisco Camps le adjudicó cerca de 50 contratos, la inmensa mayoría a dedo, sin concurso y saltándose toda la normativa sobre contratación administrativa. Tomando como base esta evidencia, el PSOE pide la pena mayor contemplada en el código penal para este tipo de conductas.

El escrito de los socialistas solicita, igualmente, otras dos penas alternativas. Una de ellas, la de que Camps y los otros tres imputados hubieran cometido un delito de cohecho pasivo impropio al aceptar los regalos de la trama corrupta. Para ese supuesto el PSOE solicita unas penas mayores que las pedidas por la fiscalía: 49.500 euros para Camps y el mismo importe para los otros tres imputados: Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Los socialistas plantean por último y de forma alternativa que el comportamiento de los imputados sea constitutivo de una tercera forma de cohecho, recogida en el artículo 425.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos: "La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años". 

En este supuesto, el PSPV-PSOE solicita que les sean impuestas a los cuatro acusados las penas de suspensión para empleo o cargo público de dos años. Y además: para Camps, una multa de 46.074 euros; para Campos, 40.497 euros; para Costa, 21.975 euros, y para Betoret, 16.587 euros.

El escrito pide también, de forma accesoria, "el decomiso de los efectos provenientes del delito de cohecho, concretando de las prendas (trajes, abrigos, zapatos, chaqué, corbatas, americanas, esmoquin y pantalones), y en el caso de que no fuera posible, el comiso de otros bienes por su valor equivalente".

Ahora solo faltan las alegaciones del propio Camps y de los otros tres cargos del PP imputados para que el juez José Flors, que instruye la causa, decida si abre juicio oral con jurado popular que, según todas las previsiones, se celebraría entre septiembre y octubre de este año.

Rajoy tranquiliza a Camps y promete que le confirmará antes de 15 días

MADRID.- Todavía va a tener que sufrir un poco más, pero al menos ya tiene un horizonte temporal: 15 días. Es eso, o un poco menos, lo que tendrá que esperar Francisco Camps para ser designado oficialmente candidato del PP a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Aún no hay fecha para reunir al Comité Electoral Nacional, explicó ayer Dolores de Cospedal, la secretaria general, pero será antes de la convención autonómica que se celebrará el 4 y 5 de marzo en Palma de Mallorca. Una cita para la que se quieren evitar los conflictos internos, a juicio de 'El País'.

El presidente de la Generalitat valenciana lleva semanas presionando a la dirección nacional para que adelante su nombramiento. El hecho de que siga formalmente en el aire -aunque todas las fuentes de la dirección insisten en que la decisión está tomada y será candidato- ha generado una enorme preocupación en el entorno de Camps. Tanto que Alfonso Rus, presidente del PP valenciano, llegó a exigir que se adelante y a insinuar que si no se ha hecho aún es porque Cospedal está presionando a Mariano Rajoy.

Rus ya había recordado que Camps apoyó a Rajoy tras la derrota de 2008, "cuando le faltaba la peseta para el duro". El sábado remató: "Hombre, cerremos ya el tema. Lo único que reivindicamos, que no es nada, es que lo hagan [la confirmación] lo antes posible". "A la Cospedal le dicen la dama de hierro, la fuerte. El fuerte es el presidente y él es el que marca los tiempos", remató Rus.

Estas palabras sentaron mal en la dirección nacional, harta de presiones. En principio querían retrasar el nombramiento hasta finales de marzo, a la espera de cualquier novedad judicial -ganar tiempo es siempre la estrategia favorita de Rajoy-, pero han concluido, según varios dirigentes, que es imposible llegar a la convención de Mallorca sin el asunto resuelto. Eso anularía cualquier mensaje que se quiera trasladar allí sobre el programa marco de las elecciones autonómicas del 22 de mayo.

Cospedal insistió en que no piensa anunciar la fecha del comité porque lo considera "una cuestión interna que no interesa a los ciudadanos". Sin embargo, sí se comprometió a que tenga lugar antes de la reunión de Mallorca.

La secretaria general trató en todo momento de restar relevancia a este asunto, aunque es la cuestión que centra las conversaciones internas. Eso sí, siempre en pasillos, porque ayer se reunió el Comité Ejecutivo y ningún dirigente hizo mención al asunto, ni siquiera para apoyar al valenciano. Camps, de nuevo, no acudió a la reunión, al contrario que otros presidentes como Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Ramón Luis Valcárcel (Murcia). Cospedal insistió en que si el valenciano no ha sido confirmado hasta ahora es "por un tema de tiempos y de plazos". Tampoco lo han sido otros presidentes autonómicos, explicó.

Sin embargo, nadie en el PP oculta que este retraso, que han hecho extensivo a todos los presidentes autonómicos para que no se notara tanto el motivo, solo obedece a una cuestión: las dudas de Rajoy en los últimos meses por el horizonte judicial de Camps.

Lo confirmará, aseguran, pero sin entusiasmo ni grandes actos de adhesión, porque él no quiere dimitir, como desearía la cúpula nacional, y el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por un presunto delito de cohecho -por su relación con la trama Gürtel- tendrá lugar en otoño, tras las elecciones.

El PP recurre a la desesperada para evitar más daños a Camps en Valencia

MADRID.- En un intento desesperado por reducir daños en el proceso judicial que está a punto de sentar en el banquillo por cohecho impropio a Francisco Camps, presidente valenciano, el PP presentó la semana pasada un recurso de apelación. Con él pretende que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid revoque la decisión adoptada hace año y medio por el juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa a Valencia, que incluía indicios de otros delitos graves contra cargos del PP. Pedreira rechazó en diciembre de 2010 un primer recurso, de reforma, sobre este asunto, recuerda 'El País'.

Si prosperase, Camps habría salvado otra situación apurada y la causa entraría en una senda imposible de prever, dado que las pruebas con delitos más graves que el de cohecho regresarían al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no puede juzgar a Camps por ser presidente de otra comunidad autónoma.

No es la primera vez que el PP intenta entorpecer el proceso. De hecho, ha recurrido prácticamente cada movimiento de Pedreira, siempre para tratar de beneficiar a Camps. La estrategia, dirigida por Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, en plena coordinación con los abogados de Camps, consiste en dilatar el proceso para que no culmine antes de las elecciones autonómicas. Así, Camps podrá decir que las urnas le han absuelto, y a partir de ahí tomar cualquier decisión.

Este tipo de estrategia, aunque da sus frutos -no habrá juicio antes de las elecciones-, tiene molestos a muchos dirigentes. Los retrasos benefician a Camps, pero no a Mariano Rajoy. De seguir así, tendrá que enfrentarse a la precampaña de las generales de 2012 con Camps sentado en el banquillo y el caso Gürtel en un momento judicial de máxima actualidad. Pero Trillo no ha recibido contraorden de Rajoy y mantiene su estrategia dilatoria.

El PP argumenta en su escrito que el traslado de una parte de la causa al tribunal valenciano "dificulta la acción popular" que está realizando y aclara que recurre para "defender el nombre y la honorabilidad" de este partido político, "dado que el Estado no está sabiendo velar porque no se produzcan las interesadas filtraciones a la prensa que se vienen produciendo desde 2009". Los populares ya han recibido varios avisos tanto de los fiscales como del juez de que están utilizando su personación en la causa de forma torticera. Están allí como acusación popular, esto es como supuestos ofendidos, pero actúan como una defensa más con recursos a cualquier movimiento del juez.

En su enésimo recurso, el PP entiende que la decisión del juez les obliga a incorporarse como parte "a otro proceso ya iniciado", esto es, en Valencia. El PP alega con tono de reproche que de acordarse la inhibición se verá obligado "a desplazarse a otra ciudad, a contratar al menos a otro procurador y a asumir el resto de perjuicios evidentes que de manera natural se deducen de todo cambio de esta naturaleza".

Además, sostiene el PP que la escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto provocará "una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores".

El PP pide ahora que se revoque la inhibición acordada en julio de 2009 por el juez Antonio Pedreira para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia instruyera nuevas pruebas, además del regalo de trajes, contra Camps y su Gobierno. El Tribunal Supremo ya determinó por unanimidad el 12 de mayo de 2010 que el juez valenciano José Flors podía seguir adelante con el caso por cohecho impropio.

El PP tiene ahora otra preocupación: la causa por cohecho propio, malversación y financiación ilegal que deriva de contundentes informes policiales. El Tribunal Superior de Valencia debe decidir en breve si acepta a trámite el asunto, después de meses de dilaciones también con recursos del PP. Los populares creen que el tribunal valenciano decidirá enviarlo al Supremo para que sea este quien decida si debe ser el tribunal madrileño o el valenciano quien lo investigue, lo que supondría una dilación más y un nuevo éxito de la estrategia de Trillo.

Fuentes judiciales creen sin embargo que el Tribunal valenciano sí aceptará la competencia y designará al juez José Ceres como instructor. La instrucción, pues, se iniciaría antes de las elecciones del 22 de mayo. En los informes de la policía y de la Inspección del Estado hay indicios de que al menos cuatro constructoras que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat pagaron actos del PP valenciano. Además, hay contratos públicos -muchos de ellos irregulares- con la red Gürtel por valor de siete millones de euros y una presunta comisión ilegal de al menos un millón de euros en la visita del Papa.