Camps dice que no está nervioso ante el juicio por la 'causa de los trajes'

VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha asegurado a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde va a ser juzgado por la llamada 'causa de los trajes' derivada del 'caso Gürtel', que no se encuentra nervioso. 

   Camps se ha personado sobre las 09.20 horas en la sede judicial, donde le esperaban decenas de periodistas. A la pregunta de uno de ellos sobre si estaba "nervioso" el exjefe del Consell se ha limitado a contestar que "no" con una sonrisa.

   Francisco Camps, que ha llegado en coche y acompañado de su abogado Javier Boix, ha saludado seguidamente a varios diputados y miembros del PPCV que le esperaban en la puerta --como Maria José García Herrero, la exconsejera de Cultura Trini Miró, el exconsejero de Educación Alejandro Font de Mora, y la directora del IVAM, Consuelo Císcar-- junto a su mujer, Isabel Bas, que ha llegado unos minutos antes.

   El expresidente también ha dado la mano a algunos agentes de la Policía y medios gráficos antes de entrar.

   Por su parte, el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa ha llegado sobre las 09.30 horas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), en compañía únicamente de su abogado y sin realizar ninguna declaración antes de entrar en la sede judicial.

   A su llegada, decenas de medios esperaban al actual diputado 'popular', que no ha contestado a las preguntas de los periodistas y se ha limitado a saludar a los presentes con un "buenos días'. 

   Costa, que ha llegado diez minutos después del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, se ha acercado al Palacio de Justicia andando junto a un abogado del despacho de Hermosilla, que le representa.
   Trajes con la etiqueta de 'pagado', personas cubiertas con mascarillas sanitarias y caretas del movimiento de 'anonymous' han recibido al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde desde este lunes van a ser juzgados por la 'causa de los trajes' derivada del caso Gürtel.

   Francisco Camps ha sido el primero en llegar al TSJCV, sobre las 09.20 horas, y lo ha hecho en el coche del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, quien, además, conducía el vehículo. Ricardo Costa ha accedido a la sede unos diez minutos después, a pie, y en compañía de su abogado.   

   Más de medio centenar de personas estaban concentradas a las puertas del palacio de justicia, algunas de ellas convocadas por el Col·lectiu contra la Corrupció y detrás de una gran pancarta en la que se puede leer el lema 'No a la corrupció, Camps dimissió' (No a la corrupción, Camps dimisión), que ya han lucido en otras ocasiones.

   Estos grupos llevaban también pancartas de menor tamaño con otras consignas, como 'Camps culpable devuelve la pasta', 'Adiós presidente adiós', 'Inocente=mentira, falta Fabra', una caricatura del expresidente vestido de presidiario como 'El niño del traje a rayas', y otros carteles alusivos al presidente nacional del PP como ¿Dónde está hoy Rajoy?'.

   Varios de los manifestantes llevaban las máscaras que ha popularizado el movimiento 'Anonymous' y trajes en los que se ve una etiqueta de 'pagado'. Otros han preferido colocarse mascarillas sanitarias para simbolizar su rechazo a la corrupción y en las que han escrito 'Gürtel apesta' o camisetas con el rótulo 'still free' (aún libre). 

   Entre los cánticos más coreados que se estaban escuchando figuran 'Valencia despierta', 'Yo me he pagado mi traje' o 'Dónde están, no se ven, los chorizos del PP'. 

   Después de la entrada de Camps y Costa, un transeúnte ha increpado a las personas que protestaban ante el TSJ y estas le han replicado: "no nos mires, a ti también te roban".

   Por otra parte, desde primera hora de la mañana un grupo reducido de ciudadanos se ha acercado al TSJCV para, según han explicado, ver "el espectáculo que se monta por cuatro trajes". 

   Asimismo, había una fuerte presencia de la Policía Nacional y la Policía Local estaba regulando el tráfico para facilitar la circulación frente al Palacio de Justicia valenciano.

Rajoy pide a los dirigentes del PP no hacer cosas de las que tengan que avergonzarse

MADRID.- El presidente electo, Mariano Rajoy, ha pedido hoy a los dirigentes de su partido que no hagan cosas de las que tengan que avergonzarse y reclamó sensatez y austeridad con el dinero público.

   Mariano Rajoy realizó estas afirmaciones durante su intervención en la Junta Directiva Nacional del PP que se ha celebrado en la sede popular de la calle Génova, de Madrid. El dirigente popular explicó que tendrán que hacer muchas cosas durante esta Legislatura y que pueden acertar y en ocasiones equivocarse y eso la gente lo puede entender.

   Pero advirtió que lo que "la gente no va a entender" es que hagan "cosas de las que" tengan que "avergonzarse". En este punto, pidió a sus compañeros que hagan "el mayor esfuerzo para hacer las cosas bien".

"Pido a todos que actuemos con responsabildiad y sensatez, que seamos austeros, tanto en el manejo del dinero público, que es de todos, como en las actitudes, gestos y comportamientos personales", recalcó.

  En opinión de Rajoy, "esto es importante siempre, es la primera obligación de un dirigente o un gobernante, pero hoy es más importante que nunca y debemos darle toda la importancia". Tras realizar estas afirmaciones dijo estar trasladando el sentir de "todos" los que estaban presentes.

   Rajoy también pidió que se preste la mayor atención posible al partido ahora que hay mucha gente que "ha pasado del partido a las instituciones". Reclamó que los órganos se reúnan, que siga funcionando, incorporando gente, estando en los debates sociales y, añadió, "que no dejemos de ser, como partido, el enlace con la sociedad y el instrumento para trasladar lo que siente la gente".

   Añadió que todos los que estaban allí presentes, de los que dijo que algunos son muy "brillantes", están ahí por ser miembros del PP. Por ello, insistió en que hay que "preservar las siglas del PP, hay que preservarlo, mejorarlo y tenerlo siempre a punto".

"La actividad partidaria que tentemos por delante la conoceis y pido la máxima atención a ello", apostilló.

La elección del jurado que juzgará a Camps, la más larga en los últimos años con nueve horas

VALENCIA.- La elección del tribunal del jurado para juzgar al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al exsecretario general del PPCV y diputado en las Corts, Ricardo Costa, que se ha prolongado durante toda la jornada, hasta alcanzar las nueve horas de duración, se ha convertido en uno de los trámites más largos de selección de miembros de jurado celebrados en España desde la entrada en vigor de la ley que regula estos procedimientos.

   La selección del jurado de la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel' comenzó a las 10.15 horas, realizó un receso a las 14 horas y, tras reanudarse a las 17 horas, se ha dado por concluida a las 22.00 horas, tras quedar conformado por siete hombres y dos mujeres.

   De hecho, a mitad tarde únicamente las partes habían entrevistado a ocho de los 19 seleccionados en un sorteo previo de entre las 29 personas convocadas para formar parte del tribunal popular.

   Uno de los procesos mediáticos donde la selección del jurado se prolongó durante más tiempo, con un total de cinco horas, fue el conocido como 'crimen de la calle Oporto' de Vigo, en el que se juzgó a un hombre, Jacobo Piñeiro, acusado de matar a dos homosexuales en el año 2006. El jurado lo declaró culpable y esta decisión fue ratificada por la Audiencia de Pontevedra, que le condenó a cumplir 58 años de prisión.

   Otra de las vistas en las que la selección del jurado se alargó hasta las cuatro horas puesto que se agotaron las ocho recusaciones posibles fue el 'caso Tous', por el que se juzgó al yerno y jefe de seguridad de la familia Tous, Lluís Corominas, acusado de haber matado de un disparo a un ladrón en 2006. El jurado lo absolvió al considerar que mató al ladrón en legítima defensa.

   También cuatro horas costó seleccionar a un jurado para juzgar en el año 2001 a María Dolores Vazquez, acusada de la muerte de la joven de Mijas, Rocío Wanninkhof, en octubre de 1999. La mujer fue condenada y tras pasar 17 meses en prisión, fue absuelta de los delitos de los que se le acusaba. Seguidamente, el tribunal condenó por estos mismos hechos al británico Tony Alexander King.

   Asimismo, en la Audiencia de Valencia, la selección del jurado para juzgar a un hombre acusado de matar a un camionero que había atropellado mortalmente a su hijo de 22 meses en el barrio valenciano de Nazaret en 1998 se prolongó durante cuatro horas. Este juicio concluyó con una condena para José Muñoz, mientras que se absolvió a su mujer, Soledad.

   El pasado 26 de octubre, 36 personas --20 hombres y 16 mujeres-- fueron preseleccionadas para formar parte del jurado que juzgará a Camps y a Costa. Todas ellas fueron elegidas por sorteo en una vista pública en la Ciudad de la Justicia. En total, la lista definitiva sobre los candidatos a jurado para este año ascendía a 2.372, ordenada por municipios de la provincia de Valencia y correlativamente desde el número 1 hasta el 2.372.

   Estos candidatos, cuya identidad no es pública, recibieron seguidamente un cuestionario con eventuales faltas de requisitos así como supuestos de excusas que podían alegarse. En total, de las excusas presentadas, se admitieron siete --tres de ellas por ser mayor de 65 años, una por tener programado un parto y el resto por enfermedad--.

   Por su parte, en esta vista no pública en la que se examinaron las excusas presentadas, las defensas de Camps y Costa recusaron a una de las precandidatas por haber ido en las listas del PSPV-PSOE como independiente. No obstante, el magistrado presidente la rechazó por presentarse fuera de plazo, por lo que esta personas también ha sido convocada al trámite de hoy, junto a 28 precandidatos más.

   De estas 29 personas, se ha realizado un sorteo y se han seleccionado a un total de 19, a las que las distintas partes les han sometido a un cuestionario con el objetivo de determinar si querían recusarles como jurado o no. Cada parte -acusaciones y defensas-- podían a recusar a cuatro personas.

Rajoy defiende que habrá que hacer reformas porque "la austeridad no lo resuelve todo"

MADRID.- El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este lunes ante la Junta Directiva Nacional del PP la necesidad de emprender reformas para que la economía española empiece a crecer, porque "la austeridad no lo resuelve todo", y ha avisado de que el control del déficit público "en los primeros momentos no va a producir efectos positivos" en el crecimiento e incluso "puede ocurrir lo contrario".

   Rajoy ha vuelto a defender ante los dirigentes de su partido que la economía es "la urgencia y la mayor prioridad" de los españoles y así será también la de su Gobierno. Por ello, ha defendido que está "obligado" a adoptar decisiones y a hacerlo "de manera rápida".

   Algunas de ellas se pondrán en marcha el próximo 30 de diciembre, ya que el presidente del Gobierno electo ha dicho que ese día, en el segundo Consejo de Ministros, podrían tomarse "algunas decisiones importantes de cara al próximo año", que no ha precisado.

   El líder del PP ha hecho un breve resumen de la situación de la economía española, que este año habrá crecido "por debajo del 1%", y con previsiones para el próximo año que arrojan "cifras similares". Mientras tanto, hay que "corregir" las cifras de déficit público y deuda pública y superar las dificultades que tienen las pequeñas y medianas empresas para crear empleo y las administraciones para atender a su presupuesto de gasto.

   A lo que hay que añadir, indicó, los problemas de financiación de la deuda pública y privada y el "entorno difícil" en Europa y, en general, en todo el mundo.

   A partir de aquí, ha recordado cuáles son sus prioridades para afrontar esta situación: las decisiones que se tomen en el marco de la Unión Europea, el control del déficit público, las reformas y la reestructuración del sistema financiero.

   En concreto, ha recordado los acuerdos a 26 que se han alcanzado en Bruselas y que ahora habrá que plasmar. A su juicio, son decisiones importantes porque muestran la "voluntad decidida" de los Estados miembros en la lucha contra el déficit y la deuda pública. Además, ha garantizado que su Gobierno trabajará para que España tenga "el peso que le corresponde".

   En relación con el déficit público, ha recalcado que las últimas decisiones del Banco Central Europeo han sido positivas y han servido para "aliviar la situación", pero ha alertado de que el "mejor alivio" y el crecimiento dependerá de si los países son capaces de hacer sus "deberes en casa".

   También ha vuelto a defender la necesidad de hacer reformas para "mejora la competitividad" y ha explicado que son fundamentales para "poder competir en un mundo abierto y global, para producir mejor y por tanto a menor coste".

   De ellas, ha avanzado que la "más importante" será la reforma laboral", para la que espera que haya un acuerdo entre los agentes sociales. Rajoy ha dicho que esperará a conocer su opinión pero ha vuelto a asegurar que, en cualquier caso, tomará las decisiones que crea que son las mejores para los intereses generales de los españoles.

   Después, ha indicado, vendrán la reforma fiscal, de la educación, de la política energética, y habrá que hablar de innovación, emprendedores o internacionalización de la empresa, entre otras cosas.

   Finalmente, sobre su cuarta prioridad, la reestructuración del sistema financiero, ha avanzado que se hará un esfuerzo para sanear los balances de las entidades y para que en España "haya un grupo, necesariamente menor del que hay, de entidades financieras que cumplan su función de dar crédito y no generen la más mínima duda sobre su situación".

   Rajoy ha explicado que expondrá estos asuntos en su discurso de investidura, el próximo lunes, y ha señalado que su "idea" es presentar con "la mayor celeridad posible" una propuesta de previsión de crecimiento para 2012, porque esto lo "condiciona todo".

   Además, ha garantizado que, aunque en las elecciones generales el PP obtuvo una amplia mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, tratará de buscar acuerdos en todas estas cuestiones, porque está convencido de que la situación por la que pasa España "es de todos". 

"Este partido buscará el consenso y el acuerdo, pero de la misma manera que digo esto digo que este partido no va a abdicar de su responsabilidad", ha recalcado.

   Asimismo, ha apelado a la responsabilidad de las comunidades autónomas, a las que convocará en breve, y de las corporaciones locales, para que contribuyan al "gran objetivo nacional" y ha avisado que el control del déficit público también es cosa suya. También ha avanzado que habrá que "modificar la legislación básica en algunos aspectos", donde también será "capital" el papel de las autonomías.

   Y dicho esto, Rajoy ha asegurado que tratará de gobernar "con justicia", repartiendo "de manera equitativa los costos de esta crisis económica".

Impositores de CAM piden al Sabadell una solución digna

ALICANTE.- La Asociación de Impositores Valencianos de Caja Mediterráneo-CAM ha enviado un burofax al presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, en el que le piden "una solución digna para los impositores con cuotas participativas".

   En la carta, hecha pública por la asociación este lunes, los impositores advierten a Oliu de que en estos momentos la CAM "ha pedido la confianza de lo valencianos y murcianos, hasta el punto de presentar una demanda por contrataciones irregulares de productos".

   En su opinión, "la recuperación de esta confianza sólo vendría con una solución digna para los impositores con cuotas participativas". A este respecto, han indicado que las cuotas "tendrán ahora un valor económico poco significativo --en relación con las propias palabras de Oliu--, pero pueden tenerlo para la entidad".

  "El Banco Sabadell ha de valorar que su actuación, por activa o por pasiva, en este tema afectará a la fidelización de la marca para los actuales clientes", ha señalado el presidente de Aivcam, Víctor Baeta.

El panel de previsiones de Funcas recorta el crecimiento del 2012 al 0,2%

MADRID.- El panel de previsiones que elabora la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) ha recortado hasta el 0,2% la previsión de crecimiento del PIB para 2012, frente al 1% de la estimación anterior.

   Cinco de los participantes en el panel prevén, de hecho, una tasa negativa. La previsión más elevada es la del BBVA, con un 1%, mientras que la más baja es la de Funcas, con una estimación del -0,5%.

   Las peores previsiones se deben al empeoramiento de las condiciones económicas que tuvo lugar en el tercer trimestre y que se ha intensificado al inicio del cuarto, a tenor de los indicadores disponibles.

   Los panelistas destacan también que a la debilidad de la demanda interna, derivada en buena parte del ajuste a la baja del gasto público, hay que añadir el deterioro de las perspectivas para la economía europea y el "recrudecimiento" de la crisis de la deuda soberana, que está "asfixiando" la actividad por la vía de la congelación de los flujos de crédito y del incremento de la incertidumbre.

   En cambio, la previsión de crecimiento para 2011 se mantiene sin cambios en el 0,7%, aunque se ha revisado a la baja el resultado esperado para el último trimestre del año, que ahora es de -0,1%.

El supervisor financiero británico culpa a los directivos de RBS del colapso de la entidad

LONDRES.- El colapso de Royal Bank of Scotland (RBS), arrastrado por la crisis financiera desatada en la segunda mitad de 2008, se debió principalmente a las malas decisiones adoptadas por sus directivos, cuyos efectos negativos se vieron agravados por las deficiencias en el régimen de capitalización de las entidades y de la regulación de sus niveles de liquidez, según refleja el informe de la Autoridad de Servicios Financieros de Reino Unido (FSA) sobre la quiebra de la entidad, que provocó la práctica nacionalización del banco, en el que el Gobierno controla un 83% de su accionariado.

   Concretamente, el informe identifica seis elementos clave a la hora de explicar la caída de RBS, incluyendo su "significativa debilidad de la posición de capital", la sobredependencia del banco de la financiación a corto plazo, así como las dudas sobre la calidad de sus activos y las pérdidas sustanciales de la entidad en las actividades de 'trading', y el impacto negativo de la adquisición de ABN Amro, que no fue suficientemente calibrado por RBS.

   Asimismo, el informe señala que "las múltiples malas decisiones adoptadas por RBS" sugieren que, probablemente, hayan existido deficiencias subyacentes en el modelo de gestión y gobernanza de la entidad, lo que puede considerarse como un séptimo factor, señala el informe.

   "La gente quiere saber por qué se produjo el colapso de RBS y por qué nadie ha sido castigado", indicó el presidente de la FSA, Adair Turner, quien apuntó que "los errores de juicio y ejecución" de los ejecutivos del banco desembocaron en que RBS fuera una de las víctimas de la crisis financiera.

   A este respecto, Turner admitió que el hecho de que ninguna persona haya asumido responsabilidades legales por la caída de la entidad pone en cuestión la idoneidad de las reglas existentes y la necesidad de cambiarlas.

   "En una economía de mercado, las empresas asumen riesgos en representación de sus accionistas y si cometen errores, los accionistas pueden despedir a los directivos", explicó el presidente de la FSA.

   "Pero los bancos son diferentes, puesto que una excesiva asunción de riesgos por parte de las entidades, incluyendo agresivas adquisiciones, puede dar como resultado el colpaso de una entidad, pérdidas para los contribuyentes y un mayor daño a la economía. Su caída es una cuestión de carácter público, no sólo para los accionistas", apuntó.

Hacienda recauda 10.400 millones por la lucha contra el fraude en 2011

MADRID.- La Agencia Tributaria espera recaudar 10.400 millones de euros este año por actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, lo que supone un incremento del 3,6% en comparación con 2010, según ha señalado la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado.   

   En total, fruto de la lucha contra el fraude, se han recuperado 55.833 millones de euros desde 2005, más de la mitad (28.562 millones), ingresados en los últimos tres ejercicios.

   En 2011, la recaudación directa por actuaciones de control, incluyendo la minoración de devoluciones, asciende a 9.400 millones, un 10,6% más, mientras que la recaudación por regulaciones voluntarias ha caído un 35%, hasta los 1.000 millones de euros.

La CNC amplía el expediente sancionador contra las navieras que operan entre España y Marruecos

MADRID.- La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) continúa la investigación que lleva a cabo en el expediente sancionador contra compañías navieras que operan entre la Península y Marruecos, ampliando dicha investigación a un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios y/o condiciones comerciales en el servicio de transporte marítimo de carga.

   El organismo lleva investigando desde comienzos de año posibles prácticas anticompetitivas en el sector de transporte marítimo regular de pasaje, vehículos en régimen de equipaje y carga entre la Península y el Norte de África.

   Con fecha 15 de marzo de 2011 la Dirección de Investigación incoó el expediente sancionador S/0331/11 contra Compañía Trasmediterránea, Europa Ferrys, Cenargo España, Ferrimaroc, Balearia Eurolíneas Marítimas, Euromaroc 2000, Förde Reederei Seetouristik Iberia, Förde Reederei Seetouristik Maroc, International Maritime Transport Corporation, Compagnie Maritime Marocco-Norvegiènne, Líneas Marítimas Europeas, Comanav Ferry, CMA-CGM y COMANAV.

   La Comisión consideraba que se había producido una presunta infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), consistente en una conducta colusoria de reparto de mercado, fijación de precios y de condiciones comerciales, en el servicio de transporte marítimo de pasajeros y vehículos en régimen de pasaje entre la Península y Marruecos.

   En un comunicado, la CNC recordaba que las inspecciones "no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades inspeccionadas" y que se enmarca en el reforzamiento de la facultad de inspección que le otorgó la Ley de Defensa de la Competencia.

   Ahora, en el marco de la instrucción del mencionado expediente, la Dirección de Investigación ha tenido acceso a determinados documentos recabados en el transcurso de las inspecciones realizadas por la CNC el 25 de mayo de 2011 en las sedes de diversas navieras, de los que puede deducirse la existencia de indicios racionales de reparto de mercado y fijación de precios en el sector del transporte marítimo de carga entre la Península y Marruecos.

   Se habría producido por parte de Compañía Trasmediterránea, Europa Ferrys, Cenargo España, Ferrimaroc, International Maritime Transport Corporation, Compagnie Maritime Marocco-Norvegiènne, Líneas Marítimas Europeas, Comanav Ferry, CMA-CGM y COMANAV. Por ello procede ahora a ampliar la incoación del expediente original a esta nueva conducta.

   La Comisión asegura que la ampliación de la incoación no prejuzga el resultado final de la investigación, manteniéndose vigente el período máximo de 18 meses desde la fecha de la incoación inicial (15 de marzo de 2011) para la instrucción y resolución de este expediente por la CNC.

Zapatero niega que abandone la Presidencia del Gobierno dejando a España al borde la ruina

MADRID.- El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este lunes que no abandona el cargo dejando a España al borde de la ruina, pues, según ha argumentado, la deuda pública española está 20 puntos por debajo de la media europea y el déficit público alcanzará el 6%, sólo "uno o dos puntos por encima de la media europea".

   Zapatero, en declaraciones a ABC Punto Radio, ha precisado que "no es una afirmación correcta" decir que se va de la Presidencia del Gobierno dejando a España al borde de la ruina. "No sé entonces cómo se considera a países como Francia y Alemania", ha añadido Zapatero, cuya deuda pública está muy por encima de la media comunitaria.  

   El presidente del Gobierno en funciones ha subrayado que España tiene activos para garantizar la estabilidad financiera y abordar la creación de empleo, y ha advertido que no sería "objetivo" aproximarse a lo que ha pasado en la economía española en los últimos tres años sin tener en cuenta el contexto europeo.

   Además, Zapatero ha indicado que detrás de esta crisis se esconde el avance de los países emergentes, sobre todo de los asiáticos, y la pérdida de peso de Europa frente a ellos. Así, ha señalado que Europa y los países desarrollados tienen ante sí un reto de "proporciones gigantescas": ganar competitividad a los países emergentes.

   Preguntado por si pensó en dimitir en mayo de 2010, cuando tomó fuertes medidas de ajuste para reconducir el déficit, entre ellas la reducción del salario de los empleados públicos y la congelación salarial de las pensiones, Zapatero ha afirmado que no dejó su cargo "por sentido de la responsabilidad".

   "Cuando uno afronta una situación que exige tomar decisiones difíciles, costara lo que costara, las tiene que asumir, porque haber puesto a nuestro país en aquel momento en un proceso electoral y no tomar las decisiones hubiera sido un riesgo evidente", ha analizado Zapatero.

   El presidente del Gobierno en funciones ha señalado además que España no tuvo presión de los mercados para financiarse hasta el mes de abril de 2010, cuando estalló la crisis griega. Zapatero ha explicado que tomó medidas "duras y difíciles" y ha precisado que "sin aquellas medidas de mayo, España no hubiera podido financiarse por sí misma".

   Respecto al acuerdo alcanzado por los líderes europeos la semana pasada, Zapatero ha destacado el "avance importante" que, a su juicio, ha supuesto que para usar el fondo de rescate no se necesite unanimidad, sino una mayoría cualificada del 85%.

   Aunque ha admitido que el presidente electo, Mariano Rajoy, le pidió que defendiera el 90% para permitir que España también tuviera derecho de veto en la toma de decisiones sobre el uso del fondo, Zapatero ha indicado que no ha tenido ningún problema con Rajoy al respecto, porque él sabe que el 85% es la regla que se aplica en el FMI y porque lo que le interesa a España es que el fondo de rescate sea lo menos rígido posible.

   En cuanto a la elevada tasa de paro española y sus promesas de que España llegaría al pleno empleo, Zapatero ha indicado que el programa electoral se elaboró antes de la caída de Lehman Brothers y de todo lo que vino detrás. "Se me ha reprochado que no lo vi, lo asumo", ha dicho el presidente en funciones, que ha recordado además que tampoco lo vieron los organismos internacionales ni el PP, que hablaba también de pleno empleo en su programa electoral.

   En cualquier caso, Zapatero ha apuntado que la economía española tiene un problema estructural que hace que el paro se dispare en épocas de crisis por encima del 20%. Para él se trata de un problema que va más allá de la legislación laboral y, aunque espera que Rajoy "acierte" con su reforma, ha insistido en que lo que falla es la estructura del mercado laboral español.

   Preguntado por su relación con el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su papel durante la crisis, Zapatero ha afirmado que su relación con Fernández Ordóñez es "normal-buena", ha expresado su respeto por el gobernador, y ha resaltado tanto la independencia de esta institución como la del Banco Central Europeo (BCE).

   "El gobernador del Banco de España es el único cargo que nombra el presidente del Gobierno, pero no lo puede cesar (...). Si uno compara el número de grandes bancos, de bancos medianos, que en Europa han tenido que ser intervenidos, el modelo de banca en España ha resistido mejor que el de los grandes países", ha resaltado.

La vida después del poder

MADRID.- Después de casi ocho años al frente del país, España, a José Luis Rodríguez Zapatero y a los miembros de su Gobierno les toca recoger la próxima semana sus despachos y emprender una nueva vida dentro o fuera de la política. ¿Qué les deparará el futuro?

El presidente del Gobierno ha decidido apartarse de la primera línea política y ocupará uno de los asientos del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Ejecutivo. Zapatero siempre ha mostrado su deseo de volver a su ciudad natal, León, después de su estancia en el Palacio de la Moncloa, pero finalmente ha alquilado una casa en las afueras de Madrid donde se alojará junto a su familia.

Por otra parte, el presidente en funciones permanecerá como líder de los socialistas hasta febrero, cuando se celebrará el congreso ordinario en el que se elegirá a su sucesor, proceso en el que mantendrá un papel "neutral" para no interferir en esta designación.

Precisamente, la ministra de Defensa, Carme Chacón, y el ex vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba aspirarán previsiblemente a ocupar el puesto de Zapatero al frente de la secretaría general del partido.

Hasta que llegue el cónclave de los socialistas el próximo año, centrarán su actividad en el Congreso de los Diputados, donde Rubalcaba ejercerá como presidente del grupo parlamentario socialista y dará la réplica a Mariano Rajoy en el debate de investidura.

La Cámara Baja acogerá, además de a Chacón, a otros ocho componentes del actual Gobierno en funciones (Manuel Chaves, Trinidad Jiménez, Francisco Caamaño, Antonio Camacho, Valeriano Gómez, Ramón Jáuregui, Leire Pajín y Rosa Aguilar).

La mayoría de ellos ya saben lo que es la vida parlamentaria desde el sillón de diputado, como es el caso de Jiménez, Jáuregui y Aguilar, aunque esta última debuta como parlamentaria bajo las siglas del PSOE, y no de Izquierda Unida.

Después de más de 20 años, Chaves volverá al Palacio de la Carrera de San Jerónimo como diputado y también ejercerá como presidente del PSOE hasta la cita de los socialistas en febrero.

En el Congreso debutará esta legislatura el jefe de gabinete de Zapatero, José Enrique Serrano, uno de sus más estrechos colaboradores.

Pero no todos los miembros del Gobierno han decidido seguir en política. La vicepresidenta, Elena Salgado, no se presentó en estos comicios en las listas del PSOE y se dedicará a colaborar con ONUSIDA después de dejar su despacho de la calle Alcalá.

También abandonará la vida política el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que ocupó el puesto de rector de la Universidad Autónoma y presidente de la Conferencia de Rectores antes de la llamada de Zapatero.

A las aulas universitarias volverá también el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que es profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Las ministras de Cultura y de Ciencia e Innovación, Ángeles González Sinde y Cristina Garmendia, respectivamente, regresarán a sus ámbitos profesionales después de su experiencia ministerial.

El propio Rubalcaba explicó durante el periodo de confección de las listas electorales del PSOE para el 20-N que Garmendia era, antes de llegar al Gobierno, una "empresaria de éxito" que ha hecho "un gran esfuerzo por su país y quiere volver a su profesión", al igual que González-Sinde al cine.

Anteriores miembros del Gabinete de Zapatero ya han tenido la experiencia de buscar trabajo después de secundar al jefe del Ejecutivo. Su primera vicepresidenta, María Teresa Fernández De la Vega, ocupa ahora un puesto en el Consejo de Estado desde su etapa en Moncloa, por lo que volverá a coincidir próximamente con el que fuera su jefe durante seis años.

Otros ministros de su primera etapa tienen su lugar de trabajo en Europa, como Magdalena Álvarez, en el Banco Europeo de Inversión, y Juan Fernando López Aguilar, líder de los socialistas españoles en el Parlamento europeo.

También buscará ahora un empleo el ex ministro de Defensa y presidente del Congreso, José Bono, que primero se irá a descansar unos días a Orlando y Panamá y luego terminará de perfilar su libro de memorias. Ha confesado que posteriormente, en su condición de abogado, intentará trabajar en una empresa como consultor o asesor.

Tras preparar el traspaso de poderes en reuniones con representantes del Partido Popular, apenas les quedan unos díez días en funciones al frente de sus ministerios, donde sus retratos decorarán los pasillos dentro de unos años.

Ahora es tiempo de despedidas. La primera: el almuerzo que les ofrecerán los reyes y los príncipes de Asturias en el Palacio Real de Madrid el martes.

Camps llega este lunes a juicio, el final de su "ratito largo" y de los más de "dos escaloncitos"

VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps se sentará mañana lunes en el banquillo en la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para ser juzgado por un delito de cohecho impropio pasivo, acusado de recibir trajes como regalo de la trama Gürtel. De este modo, lo que él mismo en una sesión de control en las Corts el 12 de marzo de 2009 calificó como un "ratito largo", llega a su fin con el juicio en el que un jurado popular determinará su culpabilidad o inocencia.

   No obstante, para diversos cargos del PP valenciano, que han ocupado responsabilidades en la administración valenciana, éste no es el final de las derivadas de la trama Gürtel en la Comunitat, ya que queda pendiente la causa que se sigue por supuesta financiación irregular del partido, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008 y en la que en julio de este año el magistrado instructor en el TSJCV, José Ceres, pidió nuevas diligencias.

   En concreto, en esa causa se están investigando, entre otros, además de a Ricardo Costa, a los diputados Vicente Rambla --exvicepresidente primero del Consell y exconseller de Presidencia y de Industria--, David Serra, Milagrosa Martínez --expresidenta de las Corts-- y Yolanda García.

   La del "ratito largo" no ha sido la única expresión utilizada por el expresidente de la Generalitat para referirse al proceso del 'caso Gürtel', cuya relación con la Comunitat Valenciana se conoció a principios de febrero de 2009, con el registro de la sede de Orange Market, una empresa dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes', por parte de la Policía y por orden del juez Baltasar Garzón.

   Así, ha hecho alusión a él con la frase, pronunciada el 7 de julio de 2009, de que quedaban "uno o dos escaloncitos y toda esta cuestión tan absurda y estrafalaria habrá pasado al pasado", en el momento en que el instructor del caso en el TSJCV, José Flors, consideraba que los hechos que se le atribuían podrían ser objeto de cohecho.

   "La verdad está más cerca que nunca", auguraba en ese momento, en el que afirmaba tener el "cariño de la mayoría de los valencianos, que en los últimos años me han dado su apoyo", y apostaba por que "la fuerza de la democracia" se llevaría "por delante esta cuestión".

   En la misma línea, el 30 de abril de 2009, a raíz de la insistencia de la oposición en las Corts Valencianes para que aclarara una conversación telefónica con Álvaro Pérez publicada en los medios --y al que se dirigía como 'amiguito del alma'--, afirmaba tener unas "ganas locas, pero locas" de explicar "qué hay" en este caso, ya que afirmaba que no había "nada".

   El 19 de febrero de ese año se publicaron las primeras informaciones sobre la vinculación de Camps con la trama y el expresidente de la Generalitat compareció, flanqueado por todo su gobierno y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para desmentirlo.

   Aseguró sentirse "profundamente indignado" por las informaciones que se hacían eco de que la Fiscalía le implicaba en el caso a raíz de unas grabaciones a una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para él. El entonces presidente de la Generalitat enmarcó la situación a un "extraño proceso de sumario y de filtraciones interesadas" para "dividir" el partido ya que atribuía su "culpa" en este caso a las encuestas que daban una mayoría superior al PP sobre el PSPV para las elecciones.

   "Saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia, de esta amarga situación", aventuraba Camps, que revalidó su mayoría absoluta al frente del Gobierno valenciano en las elecciones de mayo de 2011, sin que el efecto de esta causa hiciera mella en el resultado.

   Sin embargo, dimitió dos meses después, el 20 de julio, después de que el instructor de la causa decidiera abrir juicio oral contra él y los cuatro acusados, y tras valorar si pagaba la multa para evitar el juicio, y cuando ya estaba todo dispuesto para que firmara su conformidad en este procedimiento. Ni él ni el el ex secretario general del PPCV y actual diputado, Ricardo Costa, lo hicieron. Sí admitieron su culpabilidad los otros dos: Rafael Betoret y Víctor Campos, que declararán como testigos en el juicio.

   "Ofrezco mi sacrificio a España", pronunció Camps, que se declaró "completamente inocente", con menos dinero que cuando llegó al Consell y con la pretensión de no ser "un obstáculo" para que Mariano Rajoy pudiera ganar los comicios de noviembre.

   "Conmigo otras personas también están acusadas de infamias y mentiras por el solo hecho de no poder ganarnos en las urnas nunca", proclamó, y auguró que "muchas personas" tendrían que "bajar la cabeza por la barbarie que durante estos años han ido cosiendo para intentar tapar la ilusión democrática, legítima y de libertad del pueblo valenciano".

   La primera vez que aseguró públicamente que se pagaba sus trajes fue el 10 de marzo de 2009 en una conferencia organizada por un medio de comunicación, donde, preguntado por si se pagaba sus trajes, contestó: "claro, yo me pago mis trajes" y daba las gracias a quienes se habían acercado a él para decirle "adelante presidente, adelante Paco, adelante compañero".

   No obstante, el expresidente del Consell no se prodigó en declaraciones públicas en sus últimos años de gobierno ya que sus comparecencias fueron cada vez más reducidas y sin aceptar preguntas.

   La oposición ha criticado en reiteradas ocasiones asimismo su ausencia de las Corts, calificándole como "presidente ausente". En la misma línea, en su declaración ante el juez instructor, realizada el 20 de mayo de ese año, Camps aseguró que "nunca" pide el ticket de compra de sus adquisiciones y que paga con dinero en efectivo que le da su mujer y compra "muy poco". Asimismo, negó mantener alguna relación de amistad con 'el Bigotes' y atribuyó su contacto a "relación de partido".

   "Niego la mayor. Que esto sinceramente, no tiene sentido alguno, que a mi nadie, nunca jamás, me ha pagado un traje, nunca, que no lo habría permitido", aseguró al juez.

   Por su parte, Ricardo Costa llega al juicio únicamente con el cargo de parlamentario y tras dos años en los que Génova le llegó a suspender de militancia durante diez meses por atribuirse la condición de número dos del partido en la Comunitat cuando la dirección nacional del PP le daba por cesado por su actitud ante este caso.

   Durante una comparecencia ante los medios el 13 de octubre de 2009, horas antes de quedar "suspendido" de sus cargos, exigió al PP que defendiera su imagen porque no veía razonable ser una "cabeza de turco", negaba haber recibido ningún traje regalado y calificaba de "desafortunadas" algunas conversaciones que mantuvo con personas imputadas en la causa, publicadas por los medios, por las que pidió disculpas. Tras diez meses de suspensión de militancia, el PP le levantó la sanción por buen comportamiento y colaboración con el partido.

La Generalitat aplicará un plan para ahorrar 350.000 euros en la red de CdT de la Comunitat

VALENCIA.- La Conselleria de Cultura y Turismo ha establecido una serie de medidas para la red de Centros de Turismo (CdT) --un siete por ciento respecto al presupuesto de 2011--. Una apuesta que se centra sobre todo en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de las información y la comunicación.  

   Entre las propuestas de la Conselleria a los CdT, destaca la posibilidad de alquilar "determinados espacios" de los centros; la formación a distancia de los alumnos de hostelería con un canal de televisión propio conectado a la red para dar cursos de cocina en directo. Además, se ahorrará en la utilización de material con el logotipo del CdT y se "optimizará" la publicidad a través de las redes sociales.

   Uno de los conceptos más desarrollados para favorecer el ahorro se basa en la 'e-formación'. En este sentido, la Conselleria afirma que la formación a distancia "permite un ahorro económico en un sistema con capacidad de alcance ilimitada, sin límites temporales o geográficos, y con una disponibilidad de recursos que se actualizan al momento". Asimismo, se entregará el material didáctico en formato digital.

   El objetivo a alcanzar es el incremento en el porcentaje actual (5,16 por ciento) de participantes en cursos on line, "lo que facilitaría llegar a más participantes, con la consiguiente reducción en las cifras presupuestarias".

   Otra de las apuestas en materia de formación es la El canal CdT TV. Así, se instalarán cámaras robotizadas que permitan conexiones en directo desde Internet para retransmitir cursos en vivo tanto de cocina y servicio como de gestión y otras áreas. "Todo ello permite un ahorro en la formación al extender actuaciones formativas presenciales a alumnos on line".

   En este sentido, se contará también con un Campus Virtual. Para su puesta en marcha se ha contado con el servicio e-formación de la Generalitat y con el programa 'Salario Joven' y los contenidos se han elaborado con medios propios de la Red CdT.

   Por otro lado, se ha puesto en marcha una secretaría virtual en los CdT con el objeto de facilitar y acercar al usuario la utilización de ciertos servicios que actualmente prestan las Secretarías de los Centros.

   El ahorro de este servicio supone una optimización del personal, y un ahorro en material de oficina, fotocopias, impresos, espacios, etc... Con la puesta en marcha de la 'gestión documental' a partir de septiembre, se eliminará prácticamente el papel, archivos, expedientes físicos, con lo que ello conlleva en términos de ahorro económico y medio ambiental.

   La Conselleria ha apuntado que con esta medida, y en los dos meses que lleva en funcionamiento, ya se han tramitado un total de 1.920 expedientes.

   Finalmente, se apuesta por la optimización de la publicidad, propaganda y comunicación de los CdTs. En cuestión de material promocional, en el último año se ha eliminado la edición e impresión externa en papel de los folletos con la programación de los cursos para cada trimestre, sustituyéndose por la edición, en la mayor parte de los CdT con medios propios, de un resumen de cursos, con tiradas mínimas en papel cuando se cree necesario.

   La publicidad de cursos en cada CdT se ha focalizado en el empleo de las redes sociales. Así, la difusión en muro y mediante eventos en Facebook "ha sido determinante para llegar no sólo a futuros participantes, sino también a prescriptores de dichos cursos". En el mismo sentido destaca el efecto de la presencia en otras redes, plataformas y medios como Twitter, You Tube, Flickr y Rss.

EUPV pedirá explicaciones al Consell sobre la "descabellada" gestión de Terra Mítica

ALICANTE.- El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Esquerra Unida en Les Corts, Lluís Torró, ha anunciado que su formación presentará en la Cámara autonómica una batería de iniciativas para pedir al Consell que "rinda cuentas" sobre la "descabellada" gestión de Terra Mítica y para evitar que se vuelva a reproducir una situación semejante.

   Según ha informado en un comunicado, la gestión de este parque de ocio llevada a cabo por la Generalitat "demuestra que las cosas se han hecho siempre con criterios que no tienen nada a ver con la rentabilidad económica o social que, supuestamente, tenían este tipo de proyectos".

    El pasado viernes la portavoz del Consell, Lola Johnson, informó de la venta por parte de la Generalitat a la empresa Aqualandia la participación de la empresa Sociedad de Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) en Terra Mítica, de un 22,31%, por 65 millones de euros.

   Torró ha lamentado que Terra Mítica "no ha aportado nada decisivo al turismo en Benidorm" y se ha preguntado "quién puede beneficiarse de una operación garantizada con fondos públicos".

   "Ante el evidente fracaso de la gestión de Terra Mítica, alguien tendrá que dar explicaciones; este tipo de operaciones que se hacen desde el Consell son totalmente irracionales", ha concluido Torró.

Los portavoces de la oposición piden la dimisión de Camps como diputado ante el inicio del juicio

VALENCIA.- Los portavoces de los grupos de la oposición en Les Corts han reclamado la dimisión del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, como diputado en la Cámara autonómica ante el inicio, este lunes, del juicio en el que será juzgado por un delito de cohecho impropio pasivo, acusado de recibir trajes como regalo de la trama Gürtel.


   En este sentido, el portavoz del PSPV, Jorge Alarte, ha exigido al jefe del Consell y secretario general del PPCV, Alberto Fabra, que obligue a Camps a que dimita y que "si no quiere, le envíe al Grupo Mixto".
   Así, ha criticado que Fabra haya permitido que Camps, que también es miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC), "vaya a sentarse en el banquillo en posesión de sus cargos, lo cual es un deshonor y una indignidad para Les Corts y para el pueblo valenciano".
   Además, ha anunciado que si el expresidente valenciano resulta condenado, los socialistas propondrán en Les Corts "que se le suspenda la aplicación de la Ley del Estatuto de Expresidentes".
   "Para el buen nombre y la credibilidad de nuestras instituciones, Camps debería sentarse en el banquillo sin más condición política que la de ex President, ex diputado y ex miembro del CJC, sin más derechos que los que tenemos los restantes 5 millones de valencianos, y con plenitud de sus ejercicios constitucionales, incluida la presunción de inocencia", ha argumentado.
   Por último, Alarte ha censurado que la corrupción, "que afecta a todas las instituciones por las que el PP ha pasado con más o menos intensidad, se traduce en la práctica en millones de euros que han servido para enriquecer a unos pocos en lugar de construir colegios u hospitales y que han erosionado gravemente la imagen de la Comunitat".
   Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha destacado que a Camps "los mismos que le aplaudían a su entrada" en el hemiciclo de las Corts, ahora "le han abandonado", por lo que ha apuntado que el expresidente se ha "quedado solo".
   Asimismo, Morera ha recordado que Camps dijo que "tenía ganas de declarar" pero hasta llegar a la fecha del juicio el próximo lunes "ha hecho todo lo posible por dilatar el proceso". De esta manera, el síndic de Compromís considera que esta vista en el TSJCV es la "culminación de un proceso de negación de la realidad" por parte el expresidente 'popular' valenciano.
   Morera también ha advertido de que el caso de los trajes es la "punta de una pirámide" que "esconde el saqueo a las arcas públicas" y la "financiación ilegal" del PP.
   La portavoz de EUPV Marga Sanz, ha lamentado que un expresidente "tenga que sentarse en el banquillo de los acusados" y ha responsabilizado de esta situación al PP, que a su juicio, "ha generado una situación muy delicada en las instituciones valencianas, llegando a minar la credibilidad democrática de las mismas".
   "El PP ahí tiene una responsabilidad tremenda de haber aguantado a un presidente durante todo este tiempo que sabía que al final iba a sentarse en el banquillo de los acusados", ha insistido.
   Por ello, ha exigido que antes del lunes el expresidente Francisco Camps "presente su renuncia al escaño en las cortes y como miembro del CJC" para dejar, de este modo, fuera a las instituciones del proceso judicial.
   "Nosotros entendemos que la Justicia va a situar sobre la mesa todos los elementos para esclarecer el asunto y confiamos en que los valencianos podamos ver la salida a un embrollo político que nos ha perjudicado muchísimo durante dos años y medio", ha concluido.

El PSPV critica que Fabra "hipoteque" el futuro de los valencianos al apostar por eventos "ruinosos"

VALENCIA.- La portavoz de Grandes Proyectos del grupo socialista en Les Corts, Eva Martínez, ha criticado este sábado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, continúe "gastando el dinero de todos los valencianos e hipotecando su futuro al apostar por eventos ruinosos" y se ha preguntado "cuántas empresas valencianas se hubieran salvado y cuántos empleos podrían haberse mantenido con los 110 millones de euros que costará a los valencianos la Fórmula 1 hasta el año 2014". 

   Así se ha pronunciado la diputada socialista en un comunicado, en el que ha resaltado que el Consell había presupuestado para grandes eventos para el año 2012 un total de 587.787 millones de euros, aunque "el gasto será mucho mayor", ya que debe, tal y como ha apuntado, 1.700 millones a los que habrá que sumar 30 millones por la compra de Valmor, que genera el gasto "de 60 millones de euros anuales sólo en pago de intereses".

   Martínez ha censurado de este modo la decisión del Consell de comprar Valmor y gestionar el Gran Premio de Fórmula 1, de vender Terra Mítica a Aqualandia, de 'agilizar' la venta de un solar de Cacsa y de cambiar la gestión de la Ciudad de La Luz.

   "Fabra ha querido que Ecclestone cobre puntualmente año tras año mientras que los valencianos y valencianas están sin medicamentos porque Fabra no quiere pagarlos, los dependientes siguen sin cobrar sus prestaciones, los jóvenes siguen sin empleo y sin formación, y la situación económica continúa agravándose cada día con las equivocadas e irresponsables decisiones de un Fabra preocupado sólo por ser noticia, a cualquier precio", ha cuestionado.

   Por ello, ha exigido al jefe del Consell que "deje de gastar el dinero que no tenemos" y que "rectifique a su consellera portavoz y admita que se ha equivocado". 

"Que diga que el Consell no puede absorber la gestora de la Fórmula 1 para quedarse con 30 millones de euros de una deuda que no es de los valencianos; todo ello mientras dice que no encuentra 5 millones para el Centro de Investigación Príncipe Felipe", ha recriminado.

   Asimismo, le ha reclamado que explique "por qué cuando hay beneficios se los lleva Ecclestone y cuando hay perdidas las tenemos que pagar entre todos los valencianos" y "por qué mientras no quiere cobrar el Impuesto de Patrimonio a los más ricos, sí ayuda a unos pocos a que se deshagan de sus chapuzas a costa del erario público".

Camps se sentará en el banquillo tras una instrucción de dos años y medio

VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y el exsecretario general del PP y diputado en las Corts, Ricardo Costa, se sentarán a partir de este lunes en el banquillo por la conocida como 'causa de los trajes' dentro del 'caso Gürtel', un procedimiento cuya instrucción se ha prolongado algo más de dos años y medio, y en el que las partes han presentado alrededor de un centenar recursos, la mayoría de ellos desestimados. 

   Las partes y los candidatos a jurado están citados a las 10.00 horas, aunque las declaraciones de los acusados no empezarán hasta que no quede constituido el tribunal popular.

   Camps y Costa serán juzgados acusados de haber recibido trajes como regalos de la trama Gürtel en Valencia, lo que se ha calificado de un delito de cohecho pasivo impropio. La causa llevó a Camps a presentar su dimisión el 20 de julio de este año, cinco días después de que el juez instructor José Flors decidiera abrir juicio oral. Al dejar el cargo, reivindicó su "completa inocencia" y alegó que no pretendía ser un "obstáculo" para que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ganara las elecciones.

   La Fiscalía Anticorrupción pide tanto para Camps como para Costa una multa de 41.250 euros, mientras que el PSPV --acusación popular-- eleva la petición hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los dos acusados, que incluyen multa o inhabilitación.

   La acusación pública atribuye a Camps --que fue el primer presidente en ejercicio de una comunidad autónoma al que los jueces acordaron sentar en el banquillo ante un jurado popular-- la recepción de al menos cinco trajes y tres americanas entre finales de 2005 y septiembre de 2006 por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano; cinco trajes y tres pares de zapatos entre finales de 2006 y julio de 2007 por 5.393,5 euros, adquiridos en Forever Young; y dos trajes, una americana y dos pares de zapatos, valorados en 2.680 euros, también de este último establecimiento.

   Por su parte, sostiene que Costa recibió al menos tres trajes entre enero y agosto de 2006 por valor de 2.400 euros adquiridos en Milano, y seis pantalones y un traje entre finales de 2006 y julio de 2007 por importe de 4.925 euros de Forever Young. La acusación cuantifica el importe de los regalos en 14.021,50 euros en el caso de Camps; y de 7.325 en el caso de Costa.

   En esta causa --que cuenta con 56 tomos y casi 19.000 folios, y cuya vista está previsto que se prolongue durante dos semanas-- ya han sido condenados otros dos acusados, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el que fuera jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, quienes mostraron su conformidad con los hechos que se les imputaba y aceptaron pagar una multa de 9.600 euros. Además, Betoret devolvió los trajes, valorados en 13.499 euros, y el tribunal ha preguntado a las partes del proceso que destinos les dan.

   Esta causa, que ha pasado por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dio comienzo por decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien abrió las diligencias previas 275/2008 para investigar una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP y liderada por Francisco Correa.

   En el caso de la Comunitat, en febrero de 2009, funcionarios de Justicia reclamaron en la Conselleria de Turisme los contratos adjudicados para el stand de Fitur a la empresa Orange Market, vinculada a la trama y la Policía detuvo en Valencia a su responsable Álvaro Pérez, alias 'El Bigotes', relacionado con Correa y que había trabajado en la organización de actos del PPCV.

   Fue en ese mismo mes cuando se publicaron por primera vez informaciones que vinculaban a Camps con la investigación de esta trama por el regalo de varios trajes por parte de las empresas implicadas. La Fiscalía Anticorrupción le implicó por la frase de un imputado que aludía al pago en trajes para él.

   El exjefe del Consell desmintió en ese momento "indignado" la relación y anunció que iba a emprender todas las acciones legales en defensa de su honor, del PP y del cargo que representaba. Sin embargo, se filtraron conversaciones telefónicas grabadas por la Policía entre Álvaro Pérez y Camps, donde el expresidente de la Generalitat se refería al responsable de Orange Market como 'amiguito del alma'.

   En el mes de marzo, Garzón se inhibió en parte de la investigación en favor del TSJCV al encontrar indicios de responsabilidad penal en Camps y en Ricardo Costa. Además, implicó al exsecretario general de Organización del partido y exvicepresidente, Víctor Campos, y al exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turisme, Rafael Betoret.

   La sala de lo civil y penal del TSJCV se declaró el 21 de abril de 2009 competente para asumir la investigación, en la que el instructor sería el magistrado José Flors. Tras la toma de declaración a los imputados y a numerosos testigos, entre ellos, a 35 altos cargos y funcionarios de la Generalitat, Flors halló indicios racionales de delito contra Camps, Costa, Betoret y Campos. Sin embargo, la Sala, tras estudiar los recursos interpuestos contra esta decisión, acordó en agosto de ese año el sobreseimiento con el voto de dos de los tres magistrados que la componían, entre ellos, el de Juan Luis de la Rúa, al que el propio Camps consideró en un acto público "más que un amigo".

   Fiscalía y el PSPV recurrieron esta decisión ante el Tribunal Supremo, que en mayo de 2010 acordó reabrirla. Así, las actuaciones volvieron a Flors, quien practicó algunas diligencias más y, tras concluir la instrucción, el 15 de julio de 2011 acordó abrir juicio oral contra Camps y los otros tres imputados.

   En estos dos años y medio de investigación, la dirección del PP decidió destituir a Ricardo Costa como secretario general del PPCV después de unas declaraciones que realizó en las Corts Valencianes, en las que aseguraba que continuaba en el cargo pese a que ya se le había dado por suspendido por Génova por su "actitud" en relación con este caso.

   Además, en este tiempo, el PP en las Corts propició una investigación contra el entonces portavoz socialista en la Cámara, Ángel Luna, por exhibir un informe de la Policía bajo secreto de sumario desde la tribuna de oradores del hemiciclo valenciano. Tras la apertura de juicio oral contra Luna, acusado de un delito de encubrimiento, el TSJCV decidió absolverle.

   Asimismo, el abogado José Luis Mazón interpuso una queja contra el TS después de que el CGPJ archivara su denuncia contra Juan Luis de la Rúa por no abstenerse en la resolución que sobreseyó inicialmente la trama valenciana del 'caso Gürtel'. El Alto Tribunal también archivó la pretendida sanción disciplinaria al no estimar "circunstancias subjetivas de temeridad".

   En octubre de 2010, el pleno del CGPJ designó como presidenta del TSJCV a la magistrada Pilar de la Oliva, en sustitución de De la Rúa. Desde su toma de posesión, ha sido parte de la sala civil y penal que ha intervenido en la última parte del proceso.

Fabra carga al erario público los proyectos megalómanos de Camps y Zaplana

VALENCIA.- "Esta reorganización va a suponer un ahorro de 12 millones de euros al año", anunciaba ayer la portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana, Lola Johnson. La "reorganización" supone dar carpetazo a varios de los proyectos estrella de los gobiernos autonómicos comandados por Francisco Camps y Eduardo Zaplana. Y el "ahorro" se adivina cuanto menos discutible, se escribe hoy en 'Público'.

El Consell acordó vender Terra Mítica. Proyectado como el primero de los grandes proyectos de cuño propio ideados por el primer gobierno del PP en el País Valencià, el parque temático de Benidorm, de la mano de Eduardo Zaplana, costó 377 millones de euros (107 más de los presupuestados en el proyecto inicial) y no dejó de generar pérdidas desde su inauguración en julio del año 2000. 

Ninguna de las previsiones proyectadas por el Consell en su día se cumplió en ningún momento. Ni llegaron los 3 millones de visitantes anuales estimados (el pasado año fueron 520.000 y ningún año se superó el millón), ni se generaron los empleos prometidos se anunció que se crearían 8.000 entre directos e indirectos, cuando el último ERE planteado por la dirección aseguraba que sobraban 197 de los 550 trabajadores de la plantilla. 

El parque nunca se movió de esa tesitura y ya en julio de 2005 se hablaba de su venta (era propiedad de Bancaja, CAM y la Generalitat) "nunca por menos de 80 millones". Ayer Johnson cifraba la transacción del porcentaje de la Generalitat (el 22,3%) en 65 millones de euros, de los cuales cabría restar 15 ya "invertidos en el parque", mientras que el resto se destinará a resolver parte de su "deuda histórica".

El Consell acordó también la compra de Valmor Sports, que gestiona la prueba de Fórmula 1 en Valencia. La empresa, integrada por Bankia, el expiloto Jorge Martínez Aspar y el presidente del Villareal CF, Fernando Roig, será adquirida al simbólico precio de 1 euro y su deuda actual se cifra en 30 millones. La prueba automovilística en el circuito urbano de Valencia fue incluida como promesa electoral de Francisco Camps para su reelección al frente de la Generalitat en los comicios de 2007 bajo la premisa de que no costaría "un solo euro" a los valencianos. 

 Pero lo cierto es que el erario ha absorbido el coste de en torno a 100 millones de euros por la construcción del circuito urbano y el canon de la prueba desde su tercera edición: se estima que el precio que se paga a Bernie Ecclestone, dueño de la prueba, se sitúa entre los 17 y los 19 millones anuales, aunque el Consell nunca ha sacado a la luz ese dato.

Los halagüeños pronósticos realizados por el Gobierno de Camps respecto a la prueba no se cumplieron. Al "coste cero" que se convirtió en el centenar largo de millones invertido hasta la fecha, habría que sumar el cálculo nunca alcanzado de 140.000 espectadores por carrera este año fueron 85.000, invitados incluidos, y la promesa del "impacto positivo" en creación de empleo, que, de ser cierto, no evitó el crecimiento de desempleo en la ciudad de Valencia entre 2007 y 2010 por encima de la media estatal.

No fueron estos dos los únicos grandes proyectos que tomaron ayer un nuevo rumbo. La portavoz del Consell anunció también que tiene la intención de externalizar la gestión de la Ciudad de la Luz. Los estudios cinematográficos ubicados en la provincia de Alicante un proyecto original de Zaplana, heredado y rediseñado por Camps, que elevó su coste de los 100 millones del presupuesto inicial a más de 170, nunca obtuvieron beneficio y fueron sumando pérdidas a un ritmo de 20 millones anuales desde su apertura. 

Los estudios, que pagaban por albergar rodajes (en 2009 se contabilizaron 4,9 millones de su presupuesto en este concepto, mientras que en 2006 se pagaron 4,6 sólo para que aterrizara allí el rodaje de Astérix en los Juegos Olímpicos), estaban gestionados actualmente por la sociedad Aguamarga, a la que se pagaba por realizar esta función. El objetivo del Consell es que en adelante sea una empresa privada la que lo realice a cambio de un canon.

Además, Johnson avanzó que el Consell buscará nuevas fórmulas para vender el solar sobre el que estaban previstas las torres de Calatrava, por cuyo diseño la Generalitat pagó 15 millones de euros.

Compromís asegura que los delegados del Consell "son totalmente ilegales" y suponen una forma de "mantener enchufados"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, ha denunciado que las figuras de los delegados del Consell en las tres provincias "son totalmente ilegales porque no existe ninguna ley valenciana que hable de estos cargos" y suponen, a su juicio, "una forma más de mantener enchufados del partido a sueldo de la administración".

   En un comunicado, ha criticado que esa figura es "un invento de Francisco Camps, que hizo en su día para tener delegados en Alicante para frenar a sus opositores zaplanistas" y ha remarcado que ese cargo "no tiene ningún sentido ni ninguna validez legal".

   Así, ha lamentado que el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "mantenga una tradición de derroche injustificado iniciada por su dimitido antecesor" y le ha pedido que "dé un ejemplo de cordura y buena gestión y elimine esos cargos de delegados del Consell, que nadie sabe qué hacen ni para qué sirven".

   Morera ha indicado que la regulación valenciana relativa a los cargos públicos del Consell "es muy clara" y ha precisado que la ley 5/1983 de 30 de diciembre "habla de los secretarios, subsecretarios y direcciones generales como cargos públicos dentro de las 'consellerías' y en ningún momento cita a esos delegados del Consell".

   En concreto, ha aludido al delegado del Consell de Alicante como un "claro caso de pago de favores políticos o un burdo intercambio de cromos", ya que Juan Rodríguez Marín "era el suplente de Gerardo Camps como senador territorial en el mes de junio, y en julio, ya le buscaron un acomodo a costa del erario público".

   Morera ha reprobado que "el problema del mapa del enchufismo valenciano del PP no es sólo que muchísimos militantes están accediendo a cargos y empleos de la administración pública", sino que esta formación también "se inventa altos cargos bien remunerados para poner a todos aquellos que no han podido colocar en otros lugares".

Instan al Ayuntamiento de Alicante a que los residentes no paguen la ORA

ALICANTE.- El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbí, ha recomendado al Ayuntamiento de Alicante que estudie la posibilidad de adoptar alguna medida para facilitar el aparcamiento a los residentes de las zona ORA y, en tal sentido, regular alguna medida "de exención o consideración".

   Así consta en una recomendación del defensor del pueblo valenciano tras una queja de un vecino de Alicante en la que manifestaba que, como consecuencia del establecimiento de la ORA en la zona donde reside, se ve obligado para poder aparcar su vehículo, pese a ser residente de la zona, a satisfacer el precio público establecido.

   Para el promotor de la queja, este hecho "constituye una discriminación en relación con el resto de vecinos y vecinas de la ciudad". Asimismo, criticaba que pese haber solicitado a la administración municipal una solución a este problema, hasta la fecha no había recibido ninguna contestación.

   Al respecto, el Síndic también pide al Ayuntamiento de Alicante que, en situaciones como la analizada, "se extremen al máximo los deberes legales" que se extraen del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y en tal sentido, dicte resolución motivada en contestación a todas y cada una de las cuestiones planteadas por el promotor de la queja.

   El Ayuntamiento de Alicante, tras varios requerimientos, remitió un informe al Síndic el 19 de septiembre en el que señalaba que la regulación del estacionamiento en superficie con limitación horaria en el término municipal de Alicante se fundamenta en dos ordenanzas actualmente en vigor, y añadía que en el contenido de estas dos normas no se contempla ningún tipo de exención por el hecho de residir en una calle o zona concreta.

   "La modificación de cualquier circunstancia respecto a la gestión del servicio de regulación que afectara al equilibrio económico --tasa-- del mismo implicaría la modificación de ambas ordenanzas, lo que correspondería, si así se estimase procedente, al pleno de este Ayuntamiento", indicaba el consistorio.

   El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, en su recomendación, explica que no constituye función suya intervenir "en el ejercicio de la potestad de autoorganización y utilización de los recursos públicos" de las administraciones.

   No obstante, matiza que en la medida que diga gestión pudiera constituir "una discriminación en relación con una parte de la ciudadanía", si que le compete recomendar a la administración que "se analiza y estudie la situación, a fin de intentar erradicar o reducir, y en tal sentido modificar, aquellas medidas o decisiones que pudieran contribuir al mantenimiento y consolidación de decisiones administrativas que pudieran ser discriminatorias".

   Asimismo, recuerda que la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, y su modificación posterior contenida en la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que "el plazo máximo para resolver las solicitudes que se formulan por los interesados será el que resulte de la tramitación del procedimiento aplicable en cada caso" y que, cuando la norma de procedimiento no fije plazos, "el plazo máximo de resolución será de tres meses".

   Según José Cholbí, el derecho a obtener una resolución sobre lo peticionado a la administración impone a ésta un plazo máximo para resolver, con el fin de evitar esperas interminables del ciudadano, so pena de aplicar reglas del silencio positivo o negativo".

   Del mismo modo, destaca que, según la legislación, "el silencio administrativo, positivo o negativo, no debe ser instituido jurídico normal", sino "la garantía que impida que los derechos de los particulares se vacíen de contenido cuando su Administración no atienda eficazmente y con celeridad debida las funciones para las que se ha organizado".

   "La administración está obligada a responder al ciudadano que acude a ella, no dando más de lo que puede y debe hacer, pero tampoco menos de los que razonablemente puede esperarse", subraya el defensor del pueblo valenciano, que continúa afirmado que "lo mínimo que ha de ofrecer al ciudadano es una respuesta directa, rápida, exacta y legal".