Alicante temblará de frío este lunes y ya está en alerta amarilla

MADRID.- A pesar de que subirán ligeramente las temperaturas en el norte peninsular, la semana comenzará con otra jornada de frío extremo en España que dejará a 48 provincias en alerta por bajas temperaturas y nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

   En concreto, este lunes permanecerán en alerta naranja (riesgo importante) por bajas temperaturas las provincias de Madrid, Navarra, Almería, Granada, Jaén, Huesca, Zaragoza, Guadalajara, Segovia, Soria, Girona y  Lleida donde podrían llegarse a registrar hasta los menos doce grados.

   Además, la alerta amarilla (riesgo) se ha activado en Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla, Teruel, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, León, Zamora, Valladolid, Barcelona, Tarragona, Alicante, Valencia, Castellón, Badajoz, Cáceres, Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca, Guipúzcoa, La Rioja y Murcia donde podrán alcanzar temperaturas por debajo de los diez grados negativos.

   Aunque el temporal sigue instalado en la Península dejando temperaturas mínimas, este lunes los termómetros registrarán un ligero ascenso en el norte, mientras en el resto no habrá cambios respecto a jornadas anteriores.

   Asimismo, se prevé la formación de heladas débiles a moderadas en el archipiélago balear y la Península, que serán localmente fuertes en la mitad norte peninsular.

   Además, Cantabria, Burgos, León, Palencia, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Asturias estarán en alerta amarilla por nevadas en donde podría llegarse a acumular hasta ocho centímetros en algunos puntos.

   La cota de nieve baja en este inicio de semana y hay que situarla entre los 600 metros y los 800 metros en el Cantábrico y la Meseta, y a partir de los 300 metros en Baleares.

   Mientras, los cielos permanecerán muy nubosos en el área Cantábrica, alto Ebro, Baleares y extremo norte de Castilla y León, con precipitaciones débiles que podrían ser localmente moderadas en el norte peninsular.

   También se extenderán los chubascos pero de forma más débil y dispersa en el resto del extremo norte peninsular, este de Castilla y León, sistema Central, litoral de Alborán y norte del archipiélago canario.

   En el resto de Canarias se prevé intervalos nubosos, mientras el sur peninsular comenzará la semana con despejados.

   Después de varias jornada con fuerte viento en distintos puntos de la Península, este lunes solamente Girona permanecerá en alerta amarilla con posibilidad de registrar rachas superiores a los 70 kilómetros por hora.

   Por último, este lunes predominarán los vientos de componente norte que soplarán con intervalos fuertes en el nordeste de la Península y Baleares. Concretamente, Mallorca y Menorca estarán en alerta amarilla por fuerte oleaje.

El Banco de España abre expediente sancionador a 49 ex altos cargos de la CAM

MADRID.- El Banco de España ha abierto expediente sancionador a los anteriores administradores de la CAM desde 2008 por haber llevado a la entidad a una situación de insolvencia. Son 49 personas, integrantes del consejo de administración (y por tanto de la comisión ejecutiva) y de la comisión de control y los ex directores generales, es decir, María Dolores Amorós y Roberto López Abad.

El supervisor realiza cinco acusaciones, tipificadas la mayoría de ellas como muy graves: deficiencia en el control del riesgo, prácticas contables para alterar la realidad patrimonial, incumplimiento sobre las autorizaciones administrativas en relación con las retribuciones, encubrimiento de la morosidad e incumplimiento de los requerimientos del Banco de España sobre el coeficiente de solvencia exigible a la caja. 

Junto a los exdirectores María Dolores Amorós y Roberto López Abad, se encuentran también afectados por el expediente sancionador Vicente Soriano, jefe de Recursos Humanos; Joaquín Meseguer, responsable de Participaciones Empresariales; Agustín Llorca, director general adjunto; y Gabriel Sagristá, director de la zona Norte

 En esta ocasión, las irregularidades eran en algunos casos profundas, aunque, sobre todo, la entidad es muy grande y por lo tanto hay donde investigar. Desde el supervisor no confirmaron la apertura del expediente y explicaron que en general este tipo de procesos son muy largos porque hay que analizar mucha información y argumentar con mucha profundidad cada una de las razones por las que se incoa.

Los anteriores administradores, encabezados por el expresidente, Modesto Crespo, se enfrentan a multas millonarias, ya que la Ley de Economía Sostenible eleva a un millón de euros la sanción por cada infracción grave cometida por la entidad, y a medio millón las llevadas a cabo por los gestores.

El Banco de España ya abrió un acta de inspección a la entidad en diciembre de 2010 por no haber realizado las provisiones antimorosidad necesarias (algo que se considera infracción muy grave si la cuantía es elevada), por deficiencias en el control interno de riesgos y por poner en riesgo la solvencia del grupo.

Los gestores se enfrentan, además, a la posibilidad de ser inhabilitados para la administración de entidades financieras. 

El supervisor ya ha enviado una carta a la entidad con su decisión de iniciar ese expediente. Finalizado el plazo de 20 días para presentar alegaciones, emitirá un pliego de cargos y sanciones contra la entidad y los ex directivos que considere responsables.

El Banco de España ha entregado a los afectados un pliego con los cargos para que puedan presentar sus alegaciones. Después vendrá una propuesta de resolución a la que los implicados pueden también responder. Finalmente, llegará una resolución definitiva donde el Banco de España sugerirá una sanción en función de la infracción cometida. Su propuesta debe ser sancionada por el Ministerio de Economía.

Fuentes del antiguo consejo de la CAM aseguraban que estaban esperando la apertura de este expediente, que se ha demorado más tiempo del que preveían.

Modesto Crespo dimite como presidente del Patronato del Misteri d'Elx

ELCHE.- El expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha presentado esta semana su dimisión como presidente ejecutivo del Patronato del Misteri d'Elx y su renuncia a la condición de patrono.

   Según ha informado el Patronato, Crespo ha tomado esa determinación para "centrar toda su atención en resolver el expediente" que el Banco de España ha abierto a los directivos de la caja alicantina y para que esa situación "no repercuta en la gestión de la Festa".

   Modesto Crespo ha agradecido el apoyo que ha recibido del Patronato, de la Junta Rectora y de todas aquellas personas vinculadas al Misteri durante todo el tiempo que ha estado al frente del mismo.

   Según las mismas fuentes, la Junta Rectora se reunirá "en próximas fechas" para proceder a la elección de nuevo presidente.

El Banco de España duda que Roberto López se adhiriera dentro de plazo al ERE de la CAM

ALICANTE.- El Banco de España considera que «existen dudas razonables» de que la adhesión del ex director general de la CAM Roberto López al programa de prejubilaciones de la antigua Caja Mediterráneo se realizase dentro del plazo establecido, «aunque formalmente es así», según consta en el expediente que abrió el supervisor a la cúpula y consejeros de la CAM por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión, tal como recoge el diario 'Información'.

Roberto López se prejubiló el 29 de junio de 2011, con una indemnización de 5,6 millones. Y según llama la atención el supervisor, la adhesión al Expediente de Regulación de Empleo (ERE), «no consta en ningún acuerdo de la comisión de retribuciones ni del consejo de administración», ni, al parecer, se encontraba en situación de jornada especial, como habría ocurrido con otros miembros del comité de dirección que entraron en el mismo ERE. Este Expediente de Regulación de Empleo fue aprobado por la Autoridad Laboral el 24 de enero de 2011 y en el mismo se contemplaba como periodo de adscripción el comprendido entre el 25 de enero y el 25 de febrero de 2011.
Dentro de la investigación, en el análisis sobre las retribuciones de la alta dirección, se estima, además, que a los seis miembros del comité de dirección prejubilados se les habría aplicado supuestamente «condiciones económicas distintas, mejores, que al resto de plantilla acogidas al ERE», sobre cuya inclusión en el mismo la inspección expresa sus dudas, ya que en uno de los párrafos hace referencia a que «en el supuesto de que la alta dirección se pueda acoger a un ERE...» El importe total en concepto de prejubilaciones percibido por los integrantes del comité directivo asciende a 15,5 millones.
Estos altos ejecutivos fueron, además de Roberto López, Vicente Soriano, director general de recursos; Agustín Llorca, director general adjunto, Gabriel Sagristá, director territorial, Joaquín Meseguer y Daniel Gil Mallebrera, presidente de empresa participada.
Por otra parte, en el análisis de los documentos aportados por la entidad sobre las retribuciones de la alta dirección, el supervisor considera que «se han cumplido los requisitos legales y de normativa interna aplicables al establecimiento de remuneraciones, salvo en algunos aspectos sobre la retribución variable, la previsión social complementaria y las prejubilaciones.
En el caso de la retribución variable por cumplimiento de objetivos, la investigación dice que «se liquida anticipadamente» el Bono Extraordinario a Largo Plazo (2008, 2009, 2010), «que supuso un importe pagado de 1,3 millones en conjunto para los doce miembros del comité», a pesar de que no se habían cumplido los objetivos fijados para tener derecho a esa cantidad. 

En esta nómina se incluyen los seis ya citados –a excepción de Daniel Gil–, además de Ildefonso Riquelme y Bernardo Chulià, que ocupaban cargos de directores territoriales; José Pina, director general de la secretaría general; Teófilo Sogorb, director de planificación y control; la entonces directora general María Dolores Amorós, así como Francisco Martínez, director general de inversiones y riesgos y el dirrector territorial, Pedro Torres.
Asimismo, la investigación pondría en cuestión la previsión social complementaria para directivos. En este caso, las primas de las 13 personas beneficiarias ascenderían a 31,6 millones de euros.
No obstante, al parecer, se pagaron 57,9 millones de euros al haberse incluido supuestamente de forma «indebida» en el cómputo las retribuciones variables, lo que obligó a regularizar la situación en marzo de 2011 –ya fracasado el proceso de SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura–. Esta regularización, se realizó de «motu propio» por la entidad, según el cita la propia investigación.
En otro apartado del expediente del Banco de España, los inspectores señalan que, cuando el exdirector general de la entidad, Roberto López Abad, dejó este cargo para ocupar un puesto de responsabilidad en el entonces Banco Base (la cabecera de la fusión que la CAM había acordado con Cajastur) pactó que mantendría su salario en el caso de que decidiera volver a la caja. Para que se produjera este regreso bastaba con la voluntad del propio López Abad, sin más condiciones. 

Sin embargo, el documento también señala que, a pesar de su renuncia y su marcha a la cabecera del SIP, el ejecutivo siguió recibiendo de la caja sus retribuciones como director general. Fue en base a este mismo salario cómo se fijó su indemnización el día en que decidió acogerse al plan de prejubilaciones de la CAM.

La Plataforma de afectados pide un proceso penal y administrativo contra los exdirectivos de la CAM

ALICANTE.- La Plataforma CAM de afectados pedirá al Banco de España el expediente sancionador que ha abierto a los antiguos directivos de Caja Mediterráneo, con la intención de sumarlo a la denuncia que este colectivo presentó contra los exresponsables de la Caja y promover así una vía administrativa y otra penal.

Así lo ha anunciado el presidente de la Plataforma CAM, Carlos Pena, después de que la comisión ejecutiva del Banco de España haya decidido abrir el expediente sancionador por presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de esos exdirectivos.

El pasado 26 de enero, la Plataforma CAM presentó en la Audiencia Nacional una denuncia colectiva contra la anterior cúpula directiva de la Caja, con la firma de 120 afectados por las cuotas participativas y participaciones preferentes.

Ahora este colectivo desea sumar el expediente sancionador abierto contra los exdirectivos de CAM a su denuncia para impulsar un proceso penal y administrativo.

El anuncio de la intención de la plataforma se ha producido tras la manifestación que este colectivo ha celebrado en Alicante para protestar por los productos "tóxicos" que CAM vendió en forma de cuotas participativas o participaciones preferentes.

Pena ha valorado "positivamente" la decisión adoptada por el Banco de España de abrir un expediente sancionador contra los antiguos directivos de la Caja.

A su juicio, cada día se dan "las pruebas necesarias" para que esta plataforma pueda "reclamar y recuperar" el dinero de los afectados.

El próximo jueves entregarán las últimas 80 firmas recibidas y una cantidad de 6.000 euros que el juez que instruye el caso les solicitó a modo de fianza.

"Una vez se emita el fallo de esta causa solicitaremos el embargo de la Obra Social CAM y de otras cuentas, algunas abiertas en países de la Unión Europea", para pagar la deuda que la entidad mantiene con los afectados por los citados productos financieros, ha avanzado Pena.

Por otro lado, Pena ha vuelto a culpar al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández, de las pérdidas de más de 2.700 millones de euros que la entidad alicantina registró en 2011, a raíz de las declaraciones que hizo en las que opinaba que la CAM era "lo peor de lo peor".

Además, ha afirmado que esas pérdidas no son positivas ni para los afectados de esta plataforma, "ni para la Comunidad Valenciana, ni para los empleados".

Por esa razón, la última manifestación realizada en Alicante por la plataforma concluyó esta semana ante la sede del Banco de España en esta ciudad, un acto "reivindicativo" para que este órgano "se moje", ya que es "el actual dueño de la CAM, no el Sabadell", según fuentes del colectivo.

Ésta era la segunda manifestación convocada por la Plataforma CAM en Alicante y, en este sentido, Pena ha reiterado que es "indignante" tener que ver a "abuelos de 80 y 90 años detrás de una pancarta para que le devuelvan su dinero".

En referencia al expediente sancionador abierto por el Banco de España a los exdirectivos de CAM, el sindicato CGT en la citada entidad se ha "congratulado" de la decisión y ha indicado en un comunicado que espera que esa medida culmine con "sanciones ejemplares a la dirección anterior de la Caja, partidos políticos PP y PSOE, así como a los sindicatos Sicam, UGT y Csica".

Los directivos de la CAM percibieron 2,4 millones en metálico en 2011

MADRID.- Los siete directivos que permanecieron al frente de la Caja de Mediterráneo (CAM) tras la intervención de la entidad percibieron 2,372 millones de euros brutos en metálico durante 2011, incluyendo a la exdirectora general, María Dolores Amorós, que fue despedida el pasado 28 de septiembre.  

   Según consta en la información detallada de las retribuciones individuales de Banco CAM, estos directivos recibieron un sueldo de 2,332 millones de euros, más 15.470 euros que percibieron en dietas y 14.400 euros en otros conceptos.

   Sólo uno de esos siete directivos, Teofilo Sogorb Pomares (padre del joven detenido semanas atrás por varios presuntos delitos, entre otros uno de amenazas al director del diario local 'Información'), desglosa de forma individualizada la retribución en efectivo que percibió desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del pasado ejercicio.

   En concreto, Sogorb Pomares cobró 265.560 euros en metálico y 660 euros en concepto en dietas. El resto de directivos se acogió a la normativa de protección de datos para no consentir la publicación detallada de sus sueldos en la entidad que se transformó en banco el 21 de junio de 2011.  

   En cuanto a sistemas de ahorro a largo plazo, seis directivos de la entidad alicantina formada recibieron unas retribuciones de 2,26 millones, que se suman a los 250.360 euros que correspondieron por este concepto a Sogorb. Ahora bien, estas cantidades incluyen aportaciones realizadas por la entidad y por el propio beneficiario y también derechos acumulados.

   Así pues, la retribución bruta total destinada por la CAM a los siete directivos que permanecieron en la entidad ascendería a 2,6 millones de euros, que en el caso de Sogobr Pomares fue de 288.010 euros.

   Los directivos no recibieron remuneraciones por cláusulas de blindaje, ni sistemas de retribución en acciones. La entidad además no retribuyó durante 2011 a los miembros del consejo de administración ni del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su calidad de administrador provisional.  

   El Banco de España ha abierto expediente disciplinario a la cúpula de la CAM, que podría afectar tanto a los exdirectores generales como al consejo de administración.

CCOO cree necesario el embargo preventivo de las cuentas de los directivos de la CAM expedientados

ALICANTE.- El sindicato CCOO ha considerado necesario que el Banco de España proceda al embargo preventivo de las cuentas de los 49 directivos de la CAM que han sido objeto de un expediente "para garantizar la devolución de los importes", según ha indicado en un comunicado CCOO.

   A su parecer, el conjunto de irregularidades detectadas por el Banco de España "ratifican la certeza, manifestada reiteradamente por CCOO, sobre el expolio continuado de las arcas de la CAM y la nefasta gestión realizada por sus directivos, lo que ha conducido a su intervención y a la venta de la entidad".

   Además, ha subrayado que "todo este proceso ha tenido un impacto y unas consecuencias terribles para miles de ciudadanos que han perdido sus ahorros --en forma de cuotas participativas--, para los trabajadores de la entidad, que han vivido un calvario durante este tiempo, y para el conjunto de la economía de la Comunitat Valenciana".

   El sindicato recuerda que, independientemente del inicio del expediente sancionador por parte del Banco España, en todo este proceso "hay una gravísima responsabilidad política por parte de la Generalitat valenciana, que, lamentablemente, nadie del Consell ha asumido".

   En el mismo plano de asunción de responsabilidades, CCOO incluye al Banco de España, ya que en su opinión "es muy difícil entender que todas las irregularidades conocidas ahora no las haya detectado antes como supervisor del sistema".

   Por ello, CCOO ha insistido en reclamar que se depuren las responsabilidades "al más alto nivel" y ha mostrado su confianza en que la resolución del expediente del Banco de España "sea una herramienta fundamental en la denuncia presentada por los sindicatos ante la Fiscalía Anticorrupción y que también esta investigando la Audiencia Nacional.

   En este sentido, la central sindical ha estimado precisa "la máxima agilidad en la depuración de las responsabilidades penales si las hubiera", según las mismas fuentes.

   Además, CCOO entiende que las indemnizaciones que ha cobrado la cúpula directiva, "en un contexto tan negativo como el actual, son un insulto para los trabajadores y ciudadanos, por lo que deberían ser devueltas de forma inmediata".

   A su parecer, "si existe constancia de que se han cobrado de forma indebida, el Banco de España debería iniciar un embargo preventivo de las cuentas de los directivos expedientados, que garantice la devolución de los importes cobrados indebidamente".

La morosidad de la CAM se disparó hasta el 24 % el año pasado

MADRID.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo sufrió en 2011, el año de su intervención por el Banco de España, un fuerte deterioro en su gestión, que provocó que la morosidad de sus clientes se disparara del 9 al 23,6%.

En el amplio informe anual remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de casi 450 páginas, se atribuye este incremento a la crisis, pero también a la "reducción de la actividad de seguimiento y control" de los créditos en el primer semestre del año.

Fue precisamente el periodo en el que la caja estuvo gestionada por la directora general, Maria Dolores Amorós, y su equipo, hasta que fueron destituidos por el Banco de España el 22 de julio de 2011.

Hoy se ha sabido que el Banco de España ha abierto un expediente disciplinario contra Amorós, su equipo directivo, y el consejo de administración.

Tras la intervención, la entidad pasó bajo el control de un equipo de administradores del Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) nombrados por el Banco de España, y que estarán al frente hasta que pasen el relevo al Banco de Sabadell, posiblemente el próximo mes de marzo.

En estos momentos, ya la Caja de Ahorros del Mediterráneo "no ostenta ninguna participación en el Banco CAM", por lo que según la legislación vigente deberá renunciar a actuar como entidad de crédito y transformarse en una fundación.

Pese al esfuerzo de los administradores por retener el negocio bancario del Banco CAM, la entidad sufrió en el último trimestre del año la salida del 7 por ciento de los depósitos de clientes.

Al cierre del año, los recursos de clientes del banco CAM sumaban 48.712 millones de euros, frente a los 52.551 millones del mes de septiembre.

Los créditos aumentaron, sin embargo, pues pasaron de 50.825 a 51.583 millones de euros.

Finalmente, la Caja de Ahorros del Mediterráneo cerró 2011 con unas pérdidas de 2.713 millones de euros, en parte debido a los saneamientos realizados por los administradores del Banco de España a final del ejercicio, y que ascendieron a 3.100 millones de euros.

Fuentes del Banco Sabadell, que adquirió la entidad en una subasta pública el pasado mes de diciembre, no han querido valorar estas cifras, aunque consideran que "los actuales administradores del FROB hacen su trabajo y muy bien".

"Nuestro único objetivo es estar preparados para que cuando se produzca la toma de control podamos, junto con el actual talento del equipo de CAM, devolverla lo antes posible a la senda de beneficios", indicaron desde la entidad catalana.

Del análisis de las cuentas se deduce su fuerte exposición al sector inmobiliario, como prueba el alto volumen de bienes inmobiliarios adjudicados que poseía al cierre del año, un total de 1.970 millones de euros. La mayor parte, 1.887 millones, son edificios o promociones adjudicadas.

El Banco Sabadell ha mostrado su intención de realizar un ajuste de las oficinas, para dejarlas en torno a 600. No obstante, la entidad alicantina ya realizó un recorte a lo largo del año 2011, con el cierre de 120 sucursales, hasta un total de 843.

Desde el año 2008, la CAM se ha deshecho del 25% de sus sucursales, 279 oficinas.

La CAM perdió 2.713 millones de euros durante 2011

MADRID.- Banco CAM, heredero del negocio financiero de la antigua caja alicantina, perdió 2.713 millones de euros el pasado año. Los números rojos de la entidad persisten y se incrementan mes a mes. El banco perdió 1.893 millones entre enero y octubre, por lo que en los últimos dos meses del año sus pérdidas engordaron en otros 820 millones de euros.

El margen de intereses de la entidad, el que refleja el negocio típico bancario de captar recursos para dar créditos, se situó en 501 millones y el margen bruto, en 572 millones. Este importe, sin embargo, fue insuficiente para cubrir los gastos de explotación (755 millones de euros) y las provisiones. La entidad dotó 2.383 millones de euros por deterioro de activos financieros y otros 490 millones por activos no financieros, fundamentalmente, inmuebles. La plantilla de la entidad a cierre del pasado año se situó en 7.295 empleos.
CAM fue intervenida por el Banco de España el pasado mes de julio de 2011. Meses después se inició un proceso de subasta en el que mostraron su interés Banco Sabadell, Santander, BBVA, La Caixa, Ibercaja, Barclays y el fondo norteamericano JC Flowers. Finalmente, tan sólo la entidad catalana presentó una oferta vinculante y se adjudicó CAM en diciembre con un Esquema de Protección de Activos (EPA) valorado en 24.000 millones de euros.

La caja alicantina seguirá en manos del Fondo de Reestructuración hasta el próximo mes de marzo.

Almunia advierte a las firmas contra el abuso de patentes

PARÍS.- El responsable antimonopolio de la Unión Europea, Joaquín Almunia, advirtió a las empresas contra el uso de sus patentes para ahogar a la competencia, alegando que estaba dispuesto a imponer multas a quienes quebranten las normas de la UE.

Las palabras de Almunia en un discurso en París se producen mientras los reguladores comunitarios de la competencia estudian la batalla legal entre Samsung Electronics y Apple por los derechos de propiedad intelectual en diez países.

La Comisión, que actúa como autoridad de la competencia en los Veintisiete, está investigando también al grupo estadounidense Honeywell International y a la firma de productos químicos DuPont y si sus acuerdos de patentes sobre un nuevo refrigerante para aires acondicionados puede ser anticompetitivo.

"Los propietarios de tales patentes esenciales están dotados de un poder en el mercado que no se puede permitir que malgasten", dijo Almunia en la conferencia de Concurrences Journal.

"Estoy decidido a usar las normas antimonopolio para impedir el mal uso de derechos de patentes en detrimento de un mercado accesible y fuerte. He iniciado investigaciones sobre este tema en varios sectores y veremos el resultado a su debido tiempo", dijo.

La Comisión puede multar a las compañías con hasta un 10 por ciento de su producción mundial por infringir las normas de la UE.

El PP pierde dos puntos de apoyo en apenas unas semanas

MADRID.- El Partido Popular ha sufrido un desgaste en tan solo unas pocas semanas en el Gobierno de España y si se celebrasen elecciones generales en este momento recibiría el 42,7% de los votos, según una encuesta de estimación de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada el lunes.

En las elecciones del 20-N, el PP obtuvo una importante victoria con el 44,6% de los votos, alzándose con una amplia mayoría absoluta que ha empezado a utilizar para poner en marcha medidas de ajuste con las que combatir la crisis económica, financiera y social que vive España, lo que está causando malestar en la sociedad.

No obstante, el PSOE también pierde apoyo popular, con un 28% de estimación de voto, frente al 28,7% que logró en noviembre tras sufrir la peor derrota electoral de su historia.

La encuesta realizada a domicilio a casi 2.500 personas se llevó a cabo entre el 4 y 15 de enero. El nuevo Gobierno conservador celebró su primer Consejo de Ministros el 23 de diciembre.

En la valoración de los líderes políticos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, saca una nota del 4,5, por delante del nuevo líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, cuya nota es de 4,2. Rubalcaba, al que Rajoy ya derrotó en noviembre, destacó el prematuro revés en el respaldo a los 'populares'.

"Es la primera vez en la historia de nuestra democracia, estoy casi seguro, que un gobierno que acaba de ganar unas elecciones pierde apoyo en vez de subir", afirmo en una rueda de prensa en Madrid.

La política más valorada, aunque tampoco aprueba, vuelve a ser la líder de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, con un 4,7.

La situación económica general de España es considerada muy mala y mala para el 86% de los preguntados, y más de la mitad (56,4%) cree que el próximo año será peor.

De forma apabullante, el paro despunta como el primer problema que tiene España con el 83,3% de las repuestas, seguido por los problemas de índole económica, mencionados por el 53,7%, y ya lejos, el tercer lugar lo ocupan la clase política y los partidos, con un 17,8 por ciento.

Estas respuestas claramente negativas con el entorno económico chocan curiosamente con las contestaciones sobre la situación personal de los encuestados.

Casi la mitad (48,8%) dice que su situación económica es regular y casi tres de cada diez (29,4) que es buena. Sólo dos de cada diez califica su situación de mala (15,4) o muy mala (4,9), algo que llama la atención en un país con más de cinco millones de parados, un gran nivel de endeudamiento tanto público como familiar e importantes recortes en las prestaciones sociales.

Sobre la composición del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, la impresión es buena para un 40 por ciento y mala para un 33 por ciento. Una mayoría del 50,6 piensa que se caracteriza por su "iniciativa y decisión para afrontar los problemas del país".

El 43,3% piensa que con este gobierno las cosas van a ir mejor o mucho mejor que con el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, frente a un 20% que cree que irá algo peor o mucho peor.

La confianza que inspira el presidente Rajoy es ninguna o poca para casi 6 de cada 10 preguntados.

Entre sus ministros, el mejor valorado es el titular de Justicia y antiguo alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, con una nota de 5,4, seguido por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, con un 5,08. El tercer aprobado en el Gabinete es la ministra de Fomento, Ana Pastor, con un 5,05.

La Plataforma en Defensa del Puerto rechaza la instalación de una planta de residuos

ALICANTE.- La Plataforma en Defensa del Puerto ha mostrado su "rechazo total" a la decisión del consejo de Administración del Puerto de Alicante de dar luz verde a la concesión de la licencia para la construcción de una planta de recogida y tratamiento de residuos en las instalaciones portuarias, según ha informado en un comunicado este colectivo.

   La Plataforma en Defensa del Puerto ha anunciado que utilizará, en el momento procesal oportuno, todas las posibilidades que, conforme a derecho le asistan para "frenar este atropello a la ciudad de Alicante, especialmente a los más afectados por la citada medida", al igual que hicieron con la planta química de biodiesel.

   Así, este colectivo espera conocer el resultado de la votación en el consejo de Administración "para valorar la coherencia del voto de los distintos representantes municipales en relación con lo aprobado en el Pleno municipal sobre el Plan especial del puerto".

   "Los firmantes del manifiesto y los 1.500 ciudadanos pedimos la no instalación de una planta que almacenará residuos peligros y cancerígenos, tal y como se refleja en la documentación pública que presentó Marpol Alicante", ha indicado.

   Así mismo, ha insistido en que los vecinos han solicitado en sus alegaciones que no se instale esta planta en la ubicación actual "junto a colegios públicos, parques, hoteles y miles de vecinos".

   Por ello, la Plataforma en Defensa del Puerto ha instado "al Ayuntamiento de Alicante, la Conselleria de Medio Ambiente y los partidos firmantes del manifiesto a realizar cuantas acciones consideren oportunas para denegar la autorización ambiental integrada".

ESABE abandona la limpieza del Hospital General de Alicante

ALICANTE.- CCOO ha pedido la inhabilitación de la empresa ESABE, anterior concesionaria de los servicios de limpieza del Hospital General de Alicante y de los centros de salud del área para volver a prestar servicios a la administración pública, después de que haya terminado su periodo de prestación de servicios "sin abonar las nóminas", según ha informado en un comunicado el sindicato.

   Tras la resolución del nuevo concurso de limpieza de los Hospitales y Centros de Salud dependientes de la Conselleria de Sanidad, la administración acordó una prórroga en la prestación del servicio con las actuales contratas, por motivos administrativos, hasta el día 1 de marzo, fecha en la que entrarían en vigor las nuevas adjudicaciones. Sin embargo, un mes antes del plazo el servicio de limpieza en el Hospital General de Alicante y en centros de salud del área pasa a depender de la empresa 'Kluh Linaer'.

   El sindicato considera "probada la ineficacia y la mala fe en la actuación de la adjudicataria, que deja a 300 trabajadores y trabajadoras una deuda que supera los 800.000 euros". CCOO ha censurado la actuación de la empresa Esabe, porque, en su opinión, "sale por la puerta de atrás" dejando de prestar el servicio desde el día 1 de febrero, adeudando la nómina del mes de enero a 300 personas.

   Además del salario del pasado mes, "también se adeudan las correspondientes liquidaciones", por lo que según la estimación realizada por la Federación de Actividades Diversas de CCOO, "la deuda supera los 800.000 mil euros".

   Según CCOO, "la política habitual de esta empresa ha sido de impagos generalizados, que han derivado en un deterioro del servicio y en conflictos como las huelgas de limpieza en el Hospital General de Alicante, La Fe de Valencia o la del personal de servicios de seguridad en los Centros Sanitarios en la provincia de Alicante". En Valencia, según CCOO, las 450 personas del servicio de limpieza del Hospital La Fe, en el que ESABE "continuará hasta el 1 de marzo, a día de hoy tampoco han cobrado sus nóminas".

   Finalmente, el sindicato ha exigido a la Conselleria de Sanidad que realice "un pago delegado, a cuenta de la deuda que mantiene la Generalitat con esta mercantil, que permita que el personal afectado pueda cobrar inmediatamente sus nóminas".

   Además, el sindicato "también ha solicitado que no se realice ninguna transferencia económica a ESABE, mientras no salde la deuda que mantiene con los trabajadores y trabajadoras".

LA SGR aprueba 34 operaciones de aval por un importe de 35.142.552 euros, destinadas a las pymes

VALENCIA.- La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ha aprobado este lunes un total de 34 operaciones de aval por un importe de 35.142.552 euros, destinadas a las pymes de la Comunitat Valenciana, según ha informado la entidad en un comunicado. 

   La SGR mantiene vigentes más de 30 convenios de colaboración con la mayor parte de las entidades de crédito que operan en la Comunitat Valenciana y con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), lo que supone más de 1.300 millones en líneas financieras en condiciones de coste y plazo más ventajosas que la media de mercado, ha indicado.

   La propia entidad ha destacado que es un instrumento financiero valenciano "imprescindible" para el funcionamiento de muchas pymes a las que se les facilita el acceso a la financiación.

Puig tendrá conversaciones con gente de dentro y fuera del PSPV antes de intentar liderarlo

CASTELLÓN.- El diputado socialista en el Congreso y alcalde de Morella, Ximo Puig, ha explicado este lunes que mantendrá conversaciones con militantes y con otras personas tanto de dentro como de fuera del PSPV para tomar una decisión sobre su posible candidatura para liderar la formación socialista.

   Ximo Puig ha realizado estas declaraciones, preguntado por si tiene previsto presentar su candidatura para disputarle al actual secretario general del PSPV, Jorge Alarte, su liderazgo en el partido.

   El parlamentario socialista ha señalado que, tras el Congreso Federal del PSOE, es el momento de que el PSPV lleve a cabo una "profunda reflexión". En esta línea, ha indicado que tendrá conversaciones con gente de dentro y de fuera del partido "para ver cómo ven la situación y, en función de esos contactos, tomar una decisión".

   No obstante, ha hecho hincapié en que no se trata de una decisión "de alcance personalizado", ya que "la solución al PSPV no es una cuestión personal, sino de formar una alternativa potente para ganar la Generalitat en 2015" y poder "dar una respuesta política a la agresión que está sufriendo la sociedad valenciana por parte de la derecha gobernante".

   Asimismo, ha incidido en que los socialistas tiene que "trabajar intensamente" para que el XII Congreso Nacional del PSPV-PSOE, que se celebrará en Alicante los días 30 y 31 de marzo y 1 abril, "sea un éxito".

El Puerto de Alicante autoriza a Marpol la instalación de una planta de tratamiento de residuos

ALICANTE.- El consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante (APA) ha aprobado la concesión a Marpol Alicante para construir una planta de tratamiento de residuos en la zona sur del recinto portuario, autorización que está supeditada a que, en el plazo de diez meses, reciba el visto bueno ambiental de la Generalitat valenciana, según ha explicado el presidente de la APA, José Joaquín Ripoll.

   Al término de la reunión celebrada este lunes en la sede de la Autoridad Portuaria, Ripoll ha detallado que Marpol Alicante es una filial de la empresa Urbaser, y ha conseguido la autorización para hacer una planta con una superficie total de 2.400 metros, que dará empleo directo e indirecto a unas 20 personas, y que podría entrar en funcionamiento en el plazo de un año.

   En esta planta, se realizará el tratamiento de los residuos que los barcos vierten al mar en el Puerto y en la bahía de Alicante. Este tratamiento consistirá en separar el combustible del agua marina a través de un proceso de calentamiento que, según Ripoll, "no provoca emisiones de humo ni malos olores".

   El consejo de Administración había recibido casi un millar de alegaciones, buena parte de ellas de colectivos vecinales contrarios a su instalación, que este lunes han sido rechazadas, si bien, la APA "ha recogido una parte importante de las demandas de los vecinos", según ha explicado su presidente.

   Así, el Puerto exigirá una serie de medidas de protección ambiental adicionales, que obligarán a Marpol Alicante a ser "más estricto" en el transporte de los residuos a la planta, y a crear una barrera vegetal para ocultar la presencia de los depósitos de la planta, que tendrán nueve metros de altura.

   De igual modo, el consejo de Administración ha acordado por unanimidad solicitar a Adif que ponga en servicio definitivamente el ramal ferroviario que llega directamente al Puerto de Alicante, para que en el futuro pueda llegar el AVE sin pasar por la estación de Alicante.

   Esta infraestructura permitirá que trenes con un largo de 500 metros, longitud considerada rentable para este tipo de transportes, puedan acceder al recinto portuario.

   Según Ripoll, "esta infraestructura nos permitirá ser competitivos respecto a otros puertos de la fachada mediterránea --Tarragona, Valencia y Cartagena-- y de la fachada Sur --Sevilla, Cádiz y Huelva-- en el tráfico de mercancías con Canarias y el de buques feeders. Por ello, el ferrocarril es imprescindible en el puerto".

   El presidente del Puerto de Alicante ha dicho que el ramal tiene una longitud de 1.385 metros lineales y para su puesta en servicio únicamente faltaría instalar los desvíos y la señalización.

   Por otra parte, el consejo de Administración ha sido informado del cierre del ejercicio de 2011, en el que el tráfico de mercancías del Puerto obtuvo un crecimiento del 2,2 por ciento respecto al año anterior, y detuvo el descenso experimentado desde 2007, con un total de 2.250.982 toneladas.

   El presidente de la APA ha destacado que este incremento se apoya en el tráfico de mercancía en contenedor, que "de nuevo sube un 17'65 por ciento el pasado mes de diciembre, acumulando un aumento anual en 2011 del 11'53 por ciento". Al respecto, ha subrayado la carga de mármol, que ha crecido un 219'55 por ciento, "lo que supone que el puerto ha movido 165.354 toneladas más que en 2010".

   Respecto a los graneles sólidos sin instalación especial, en 2011 se han movido 34.750 toneladas más que en el año anterior, gracias al  tráfico de clínker, que con 417.385 toneladas, ha sido "el motor actual de esta clasificación, donde también destaca el tráfico de coque de petróleo sin calcinar que registra un incremento del 31'50 por ciento".

   Por su parte, el tráfico de cruceros ha registrado 108.435 cruceristas en 2011, 32.640 más que en 2010, lo que eleva el acumulado al 43'06 por ciento. En 2011, 57 cruceros han atracado en el Puerto de Alicante, 10 más que en 2010, lo que supone un incremento del 21'28 por ciento.

Los abogados alicantinos Antonio Panea y José Luis Mazón piden hasta cinco años de cárcel para el juez Garzón

MADRID.- La acusación popular en la causa abierta contra el juez Baltasar Garzón por su gestión de unos cursos organizados en la Universidad de Nueva York solicita penas de hasta cinco años de prisión e inhabilitación de hasta 30 años para el juez por considerar delictiva su actuación respecto de cinco grandes empresas españolas (Santander, Endesa, Telefónica, BBVA y Cepsa) a las que éste se habría dirigido para obtener el patrocinio de dichas conferencias, celebradas entre 2005 y 2006, cuando disfrutaba de un permiso de estudios.

   Los abogados alicantinos Antonio Panea y José Luis Mazón, que ejercen la acusación popular --la Fiscalía no acusa en este procedimiento--, han presentado este lunes su escrito de calificación provisional de los hechos a petición del instructor de la causa, el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, quien les había dado plazo para realizar este trámite tras terminar su investigación y concluir que la conducta del juez suspendido de la Audiencia Nacional podría incardinarse en un delito de cohecho impropio.

   En su escrito, la acusación incluye hasta cuatro calificaciones diferentes. En primer lugar, y en consonancia con lo señalado por Marchena, esta parte solicita para Garzón una pena de multa de 27.000 euros (30 meses de multa a 900 euros el mes) por un delito de cohecho impropio aunque en régimen continuado, al considerar que la conducta del juez supuso en realidad 7 delitos diferentes de cohecho.

   Añade además esta parte en su escrito otras tres "calificaciones alternativas". Según la primera, piden para Garzón 5 años de prisión, inhabilitación para cargo público por diez años y multa del montante total de la dávida por un delito continuado de cohecho propio del artículo 419 del Código Penal (siete cohechos en relación con los patrocinios del Banco Santander); más inhabilitación por cinco años y multa por otro delito continuado de cohecho propio del artículo 421 del Código Penal (en relación con los regalos de Telefónica, BBVA, CEPSA y Endesa).

   A ello suman un petición de condena de prevaricación por asumir una querella presentada en su día contra Emilio Botín "estando incurso en causa de abstención por amistad e interés con los querellados". Este último delito conlleva una pena de 15 años de inhabilitación.

   Una segunda alternativa sería la condena de Garzón por un delito continuado de extorsión, por lo que esta parte pide hasta 4 años de cárcel. Según Mazón y Panea, Garzón habría incurrido en "ascendencia intimidatoria" por estar investigando las cuentas ocultas de la familia Pinochet en el Santander y utilizar esta circunstancia cuando se dirigió a esta entidad para solicitar dinero para sus cursos en Nueva York.

   En el caso del BBVA, dicha extorsión, según esta parte, estaría relacionada con el proceso abierto a la cúpula del BBVA que dio lugar a los cambios en la dirección del banco; mientras que podría haber tratado de intimidar a los directivos de Telefónica con su petición de dinero por haber tramitado anteriormente el "caso Endemol" y el "caso Sintel".

   Finalmente, la presión a Endesa, según esta parte, se sustentaría por el reclamo a esta compañía del pago pendiente que quedaba por realizar para los cursos (la eléctrica habría solicitado entregar el patrocinio  por partes) utilizando para ello un sobre oficial del juzgado, "capaz de intimidar a cualquiera".

   La última alternativa que los abogados querellantes incluyen en su escrito es la de condena al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco por un delito de asociación ilícita, por considerar que entre Garzón y los responsables de la Universidad de Nuevay York se habría organizado una estructura de recaudación ilícita de fondos de empresas españolas "a cargo del juez que podría meter en la cárcel, llegado el caso, a los directivos de todas ellas si alguna denuncia o querella caía en su juzgado".

   Por este delito piden  2 años de prisión, multa de doce meses a 900 euros el mes e inhabilitación absoluta por doce años.

   Mazón y Panea no solicitan indemnización ni pago de costas, por considerar que han actuado "en defensa del derecho y la justicia". Lo que si piden es que se anule el archivo dictado en su día por Garzón en el "caso de las cesiones de crédito" y que el asunto se reabra por otro juez imparcial.

   Además de la declaración en el juicio de todos los directivos que han ido testificando durante la instrucción de esta causa, entre los que se encuentra el presidente del Santander, Emilio Botín, esta parte aporta pruebas nuevas como la carta anónima que recibieron los querellantes en su despacho en marzo de 2010, firmada por un "jubilado" que sabía de los patrocinios denunciados.

   El pasado 27 de enero, el magistrado Marchena notificó el auto por el que daba concluida la instrucción de la causa abierta a Garzón en relación con el dinero que obtuvo de las distintas empresas que patrocinaron unos cursos que él dirigió en el centro académico norteamericano. En esta resolución, el magistrado del alto tribunal concluye que existen indicios de comisión por el juez de un delito de cohecho impropio, que conlleva una pena de multa de 3 a 6 meses.

   Así, Marchena aprecia indicios de comisión de un delito de cohecho impropio del articulo 426 del Código Penal por tres motivos: que Garzón era autoridad o funcionario público en el momento de los hechos, que las dádivas o regalos fueron entregadas a su condición de juez y que ello implico obtención de una ventaja o aprovechamiento personal o de un tercero.

   Por su parte, la defensa de Garzón en esta causa, que ejerce el abogado Enrique Molina, ha presentado también este lunes un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la citada resolución de Marchena, en el que se insiste en los argumentos sostenidos desde el principio por el acusado, en el sentido de que nunca cobró de lo aportado por las citadas empresas a los cursos del centro universitario. Igualmente, niega la existencia de cuentas ocultas en las que el juez suspendido pudiera haber ocultado los pagos.

   Además, el abogado de Garzón insiste en la necesidad de aportar a la causa diversas pruebas que han sido rechazadas varias veces por el instructor y que, a su juicio, servirían para aclarar el papel de Garzón en todo este asunto. Concluye que la causa debe ser sobreseída por no existir delito alguno.

La corrupción irrumpe como cuarto problema de España

MADRID.- La preocupación por la corrupción y el fraude ha experimentado un fuerte aumento en enero. Concretamente, ha subido más de seis puntos, doblando su cota de diciembre y se ha colocado como el cuarto problema nacional, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al pasado mes de enero, dado a conocer este lunes. 

   Esta encuesta, se basa en 2.480 entrevistas realizadas entre los días 4 y 15 de enero, un trabajo de campo que coincide en el tiempo con los ecos mediáticos de casos relevantes como el juicio contra el expresidente valenciano Francisco Camps por la 'causa de los trajes' desgajada del 'caso Gürtel', las noticias sobre el proceso sobre el expresidente balear Jaume Matas, la investigación al Instituto Nóos que dirigía el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín , o las acusaciones de un empresario gallego contra el exministro socialista José Blanco.

   La relación de problemas de España sigue estando encabezada por el paro, con un 83,3 por ciento de menciones, 1,2 puntos más que en el mes anterior. En el segundo lugar repiten los problemas económicos, citados en el 53,7 por ciento de los cuestionarios, y anotándose una subida de más de tres puntos.

   La clase política y los partidos continúan como tercer problema, un puesto que ocupan ininterrumpidamente desde febrero de 2010, aunque su porcentaje baja dos puntos respecto a diciembre.

   La 'sorpresa' del barómetro del enero aparece en el cuarto lugar del 'ranking' de problemas que, por primera vez, lo ocupan la corrupción y el fraude, que cosechan un 12,3 por ciento de menciones, más del doble del 6 por ciento que sumaban tan solo un mes antes.

   En los últimos dos años la corrupción había alcanzado su puesto más alto en abril de 2010, cuando se colocó en el sexto puesto con un 9,4 por ciento. En noviembre del año anterior se había anotado un 10,4 por ciento y ahora se queda con un 12,3. Pese a este incremento, sus cifras aún quedan lejos de su récord de enero de 1995, cuando su porcentaje de alusiones se situó en el 33,5 por ciento, por los casos de corrupción que salpicaban entonces al Gobierno de Felipe González.

   Con la subida de la corrupción al cuarto puesto de la lista de problemas, la sanidad, que ocupó esta plaza en diciembre, figura ahora como quinto problema, con un 8,1 por ciento, frente al 9,34 por ciento del barómetro anterior. En el sexto puesto, que antes era para la educación aparece ahora la inmigración, con un 7,5 por ciento, mientras que el séptimo lugar es para la inseguridad ciudadana. La preocupación por la educación y la vivienda comparten el octavo puesto con un 5,6 por ciento.

   En esta ocasión y coincidiendo con la llegada del PP al Gobierno el CIS ha introducido una pregunta no habitual en su barómetro para conocer qué previsiones hacen los encuestados sobre algunos de los principales problemas nacionales.

   De las respuesta se desprende que lo único que claramente mejorará en 2012 será la lucha contra el terrorismo (46,7%). Por contra, los que se creen que el paro irá a peor (46,7%) doblan a los que creen que mejorará y lo mismo pasa con la inseguridad ciudadana, la educación y las pensiones que suscitan malos augurios al entorno del 41 por ciento de los consultados.

   Las diferencias son aún mayores en el caso de la asistencia sanitaria, ya que, frente al 16,5 por ciento que pronostica que mejorará hay un 55,2 por ciento que teme que empeore, y la vivienda, puesto que un 18 por ciento cree que ira a mejor pero un 45 por ciento opina justo lo contrario.

   Por otra parte, para el 86,6 por ciento la situación económica es "mala" o "muy mala", que sólo es "buena" o "muy buena" para el 1,2 por ciento. Frente al casi 30 por ciento que cree que dentro de un año será peor, hay un 21 por ciento que sospecha que mejorará. Respecto a la situación política, es "mala" o "muy mala" para el 53 por ciento y "buena" o "muy buena" para el 8,3. El 22,7 por ciento la juzga peor que hace un año y los que creen que en 2012 mejorará (23,2%) superan pero por poco a los que pronostican que irá se deteriorará (19,6%).

   Otra pregunta novedosa tiene como objetivo recabar la opinión de los ciudadanos sobre tres afirmaciones para saber con cuál está más de acuerdo. Así, la mitad dice compartir que "hay que sacrificarse en el presente pensando en el futuro", uno de cada cuatro considera que "el futuro es tan incierto que es mejor vivir al día" y cerca del 20 por ciento defiende que "hay que confiar en el futuro porque al final las cosas salen bien".

   El paro (45%) y los problemas de índole económica (43,3%) se mantienen en cabeza de la relación de preocupaciones personales, en la que las pensiones se reservan el tercer puesto (8,2%), seguidas de la sanidad (7%) y la educación (5,9%).

Arias Cañete, contra el fin de la historia… de los trasvases

MADRID.- La incontinencia verbal ha vuelto a jugarle una muy mala pasada al flamante ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Miguel Arias Cañete parece que, doce años después, no ha aprendido la lección. Su declaración de intenciones de revertir prácticamente todos los escasos avances ambientalistas conseguidos durante las dos legislaturas zapateristas, en la mejor línea ideológica del tradicional reaccionarismo español, ha sido seguida por su declaración de retomar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que en su día hizo el Gobierno de José María Aznar sin consenso y valiéndose exclusivamente de la mayoría absoluta de que gozó en su segunda legislatura (2000-2004), según publica hoy http://www.cuartopoder.es.

 

Además, el ministro parece dispuesto, a tenor de sus propósitos declarados, a que la reedición de la Guerra del Agua que ocasionará si lleva adelante su propuesta afecte también a su propio partido. En su ánimo parece pesar muy mucho la frase más escuchada en los cenáculos populares de Valencia y Murcia la aciaga noche del 14 de marzo de 2004, cuando el PP perdió inopinadamente las elecciones generales: “Nos hemos quedado sin Trasvase del Ebro”.

Doce años después, la nueva entrada de elefante en cacharrería hidrológica de Arias solo ha suscitado reacciones favorables en esas dos comunidades. De momento, la mismísima secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, salió el viernes al paso del trasvasismo del ministro, al menos en lo que a su comunidad se refiere, diciendo que no ve posible una transferencia de agua desde el Tajo medio al Segura. A partir de ahí, habrá que aclarar quién es más influyente en Mariano Rajoy: el ministro o la secretaria general del partido.

Sin olvidar que los populares extremeños tienen tan difícil apoyar esa solución desde el embalse de Villacañas como los aragoneses dar su aprobación al envío de agua del Ebro hacia el sur. O los catalanistas de Artur Mas hacer lo propio. Si se producen esas aquiescencias, el terremoto político interno en el PP puede ser terrible.

Antes de llegar a ese punto, habría que aclarar necesariamente algún otro extremo. El primero y principal es el de cómo piensa el titular de Agricultura que se va a financiar el trasvase que está proponiendo implícitamente en su propuesta expresada en el Congreso de los Diputados. No nos llamemos a engaño. Cuando el PP habla de PHN, está hablando de trasvase o trasvases. Y esas obras de mastodóntica ingeniería tienen un coste enorme en términos dinerarios estrictos, dejando a un lado los ambientales.

En su día, se calculó que la ejecución de la obra para canalizar agua desde el Ebro hasta el Segura costaría unos 4.000 millones de euros. Y esa cantidad no incluiría otros costes derivados como los necesarios para regulación, administración, energía, etcétera. En el caso del Tajo medio, los costes serían menores pero también importantes, aunque no existen tantos estudios y tan detallados como en el supuesto anterior.

El ministro Arias Cañete haría bien en explicar a sus compañeros de gabinete Luis de Guindos (Economía) y Cristóbal Montoro (Hacienda) cómo piensa obtener la financiación necesaria para ejecutar la obra en un entorno como es el actual: crisis económica galopante en Europa, gravísima en España e imposición de objetivos de déficit que llevan a la depresión económica a corto y medio plazo.

No cabe la menor duda de que el titular de Agricultura no debe haber contado con la opinión de sus dos compañeros citados antes de tirarse a la piscina del trasvase para las fieles comunidades de Valencia y Murcia. Es su estilo, pues llegados a este punto y para demostrarlo conviene reproducir íntegra la frase tan famosa que se le ha recordado sólo parcialmente tras su paso por la tribuna del Congreso y que fue pronunciada en septiembre del año 2000 en Jumilla (Murcia), referida al Trasvase del Ebro que el PP incluía en su PHN de entonces:

“No, salir, sale por cojones… Porque el  Plan Hidrológico o sale en esta  legislatura o no sale nunca. Porque pasan dos cosas: que tenemos mayoría y hemos perdido en Aragón. Yo se lo digo ahora que va a ser así. Esta vez sale por narices…En diciembre sale de las Cortes y entra a tramitarse la ley, que va a ser un paseo militar. Tenga usted la seguridad que el presidente ha dicho en el Consejo de Ministros -estando yo– que esto salía por huevos”.

No sabemos, todavía, si Rajoy ha dicho delante de Arias Cañete algo similar a lo que en su día Aznar dijo, según el ministro. Lo que puede pasar es que, mientras la bronca sobre el agua y sus trasvases enrarece el panorama político –aunque todos lo nieguen–, se ejecuten otros cambios reaccionarios como los también anunciados por el titular de Agricultura relativos a la práctica totalidad de la legislación ambiental española.

Los grandes patrimonios se fugan de la CAM

VALENCIA.- Los clientes más pudientes de Caja Mediterráneo (CAM) vieron como sus inversiones a través de las sociedades de inversión de capital variable -las populares Sicav- de la entidad alicantina se redujeron durante el pasado año, según publica http://www.valenciaplaza.com.

Así se explica que el patrimonio de las cuatro Sicav gestionadas por Gestimed -la gestora de patrimonios de la caja ahora integrada en Banco CAM- cayó un 17,12% hasta los 8,654 millones de euros frente a los 10,442 millones con los que contaban las cuatro sociedades.

Todas estas sociedades están presididas por Enrique Mira-Perceval, director general de Gestimed, además de estar domiciliadas en Alicante.

Pero la cosa no queda ahí porque a lo largo de los últimos años la CAM ha pasado de tener once de estas peculiares sociedades para grandes patrimonios a las cuatro actuales, así como de contar con un patrimonio en torno a los 30 millones de euros a quedarse en esos 8,654 millones. Síntoma evidente de la huída de los inversores más adinerados, siguiendo los pasos de los partícipes de fondos de inversión desde que comenzó la crisis actual. 

Al cierre del pasado año, únicamente Mijalu registró una ganancia patrimonial, mínima eso sí (+0,44%), al pasar de los 2,943 millones de euros hasta los 2,956 millones. Una mejora gracias a su distribución de la cartera donde el 92% correspondía a activos de renta fija incluyendo depósitos e imposiciones a plazo fijo.

Todo lo contrario que Alicante Capital, la Sicav de la CAM que más patrimonio perdió en 2011 (un 30,02%), después de estrecharse de los 2,705 millones de euros hasta los 1,893 millones. Buena culpa de ello -por no decir toda- la tuvo su elevada exposición a la renta variable, que era del 60%.
Y, entre las diferentes inversiones, con participaciones en las propias 'acciones' de la caja, es decir, en cuotas participativas. 

Un descenso muy similar sufrió Inversiones Coridith (27,43%), puesto que vio como su patrimonio descendía desde los 2,680 millones de euros hasta los 1,945 millones. Una Sicav que también acusó su elevada presencia en acciones incluyendo algunas cuotas participativas.

Por su parte, Moderate sufrió un recorte de un 12,02%, que sale de los 2,114 millones de euros que mantenía a buen recaudo hace un año y los 1,860 millones que le quedaban a 31 de diciembre pasado. Una sociedad con un mayor peso también en la renta variable (55,32%), además de contar con un buen número de títulos de cotizadas extranjeras.

Mientras tanto, Antonibel Inversiones -otrora Sicav de la CAM-, pasó a manos de Banco Banif (Grupo Santander) el pasado 30 de octubre y cerró el ejercicio con un patrimonio de 2,844 millones de euros y dos tercios de sus inversiones en renta fija.

Etimo Inversiones fue traspasada cuatro meses antes a La Caixa, despidiendo 2011 con un volumen de 2,936 millones de euros ligeramente por debajo de los 2,966 millones del año anterior.

Por cierto, al frente de dicha Sicav figura José González Baeza, antiguo director de Gesfinmed -el holding financiero de la caja- y después adscrito al área de la ex directora general María Dolores Amorós.

Peor suerte han corrido Bolsaid Inversiones, Fomensa Inversiones, Medic Prestigio, Inversiones Esbe e Inversiones Cañarico, antiguas sociedades de inversión de capital variable de la CAM, que se encuentran en proceso de disolución/liquidación.