domingo, 22 de abril de 2012

Compromís acusa al Consell de incumplir el Plan Valenciano de Formación Profesional 2011-13

VALENCIA.- Compromís ha denunciado este domingo el incumplimiento por parte del Consell del Plan Valenciano de Formación Profesional 2011-13 al no haber hecho "absolutamente nada" para desarrollarlo y no haberlo dotado de los recursos económicos necesarios para su puesta en marcha.

   En un comunicado, la formación ha anunciado la presentación en las Corts de una proposición no de ley para instar el Consell a tomar de manera urgente las medidas necesarias para ejecutar un plan acordado en febrero de 2011 en el seno del Consejo Valenciano de Formación Profesional.
   Según la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, el Gobierno del PP "ha vuelto a engañar a todo el mundo" al no dotar con los recursos pertinentes un plan que el Consell "vendió en su día como una herramienta fundamental para mejorar el mercado laboral porque adecuaba la formación a las necesidades del tejido productivo".
   "Todo palabras vacías en el enésimo ejercicio de publicidad engañosa del gobierno del PP, que se dedica a presentar planes y proyectos que nunca cumple", ha apuntado la diputada, para quien resulta "inadmisible" que después de un año de trabajo del equipo técnico del Consejo Valenciano de Formación Profesional elaborando este acuerdo, el PP "lo deje de lado hasta el punto de hablar ahora de iniciativas en materia de FP al margen del propio plan".
   A su juicio, es "muy preocupante la absoluta inoperancia del Ejecutivo de Alberto Fabra", al que ha acusado de haber "abandonado toda acción de Gobierno destinada a crear empleo y mejorar la situación económica" y dedicarse "únicamente a aplicar los drásticos recortes de los servicios públicos que le marcan desde Madrid".

Alberto Fabra convoca a todos los colectivos implicados a la presentación de un estudio sobre el Corredor Mediterráneo

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, presidirá mañana lunes junto a la Ministra de Fomento, Ana Pastor, el acto de presentación del Estudio de Implantación del Ancho Estándar Europeo en el Corredor Mediterráneo, al que ha convocado a todos los colectivos implicados en el proyecto ferroviario. 

   El acto tendrá lugar en el Palau de la Generalitat a las 12.30 horas y está prevista la asistencia del secretario general de Ferrmed, Joan Amorós; el presidente de Adif, Enrique Verdeguer, así como el de Fecoval, Eduardo Beut, o de la Fundación Pro-AVE, Federico Félix, así como los máximos dirigentes de entidades empresariales como CEC, COEPA, CEV, AVE y Cierval.
   Además, el acto contará también con la presencia de los presidentes de las Cámaras de Comercio de Alicante, Castellón y Orihuela y del presidente del Consejo de las Cámaras de Comercio, así como de los presidentes de las autoridades portuarias de Alicante, Valencia y Castellón, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
   También asistirá el presidente de ASAJA-Alicante, de AVA-ASAJA, de Mercadona o de Ford España, junto a los alcaldes de las tres capitales de provincia y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
   Con anterioridad a este acto, Fabra recibirá en audiencia a la Ministra Ana Pastor y, tras la presentación del proyecto, ambos acudirán al almuerzo-coloquio de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) e inaugurarán las obras del dique de abrigo de la ampliación del Puerto de Valencia.
   Las mismas fuentes han recordado que el jefe del Consell ha mantenido una veintena de reuniones con el sector económico y empresarial valenciano, con otros presidentes autonómicos y con líderes europeos para defender el Corredor Mediterráneo como una infraestructura prioritaria para el futuro de la Comunitat Valenciana y de España.

El Consejo Audiovisual de Andalucía requiere a Editorial Prensa Alicantina

SEVILLA.- El Pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha acordado requerir a los dos operadores de televisión de ámbito autonómico que emiten en Andalucía, Metropolitan TV y Editorial Prensa Alicantina, que envíen al Consejo toda la información relativa a la programación subtitulada, audiodescrita y traducida al lenguaje de signos que están emitiendo, en cumplimiento de lo establecido en este sentido en la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual, que desarrolla el derecho de accesibilidad de las personas con discapacidad sensorial a los contenidos de los medios audiovisuales.

   Según ha señalado en una nota, el CAA es el órgano encargado de verificar que las televisiones andaluzas están emitiendo un porcentaje de su programación acompañada de mecanismos de accesibilidad, un derecho que recoge el Estatuto de Autonomía y la propia Ley de Creación del Consejo.
   De momento, el CAA "solo ha recibido información relativa a este asunto por parte de la RTVA". En este sentido, ha aclarado que las televisiones locales están eximidas de aplicar estos mecanismos de accesibilidad que el resto de operadores han de implantar de forma gradual hasta 2013.
   La norma es "más exigente" con los operadores públicos en los umbrales de programación accesible, ha concretado. Para verificar el cumplimiento de la legislación en materia de accesibilidad, el Consejo aprobó en enero de 2011 una Instrucción en la que define los umbrales mínimos de programación que las televisiones autonómicas andaluzas han de hacer accesible y se estableció que cada tres meses, los operadores remitieran al CAA toda la información relativa a las horas emitidas por semana de programación subtitulada, traducida al lenguaje de signos y audiodescrita, así como las horas de programación semanal emitidas sin mecanismos de accesibilidad.
   Con estos datos, el Consejo elaborará un informe anual sobre la implantación de estos mecanismos y seguimiento del calendario, valores y tiempos establecidos en la legislación vigente en los operadores bajo su ámbito de competencia.
   Los criterios que fija la Ley para las televisiones privadas, sitúan en un 45 por ciento el porcentaje de programación con subtítulos que debían emitir semanalmente durante 2011, un porcentaje que se eleva al 65 por ciento semanal para este año hasta alcanzar el 75 por ciento en 2013.
   En el caso de los contenidos traducidos al lenguaje de signos, se situó en una hora a la semana en 2011, una hora y media a la semana durante este año y dos horas semanales en 2013.
   No obstante, los canales de nueva emisión disponían de un plazo de cuatro años, a contar desde 2010, para cumplir estos umbrales, por lo que el Consejo requiere a dichos operadores toda información relativa a posibles dificultades técnicas o económicas que puedan estar experimentando a la hora de implantar estas medidas.

IU pide que la Agencia Tributaria actúe de oficio contra responsables de corrupción y prevaricación

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, pide en una pregunta escrita al Gobierno que la Agencia Tributaria (AEAT) pueda actuar de oficio contra los responsables de casos de corrupción y prevaricación, y también pregunta cómo se recuperarán los fondos públicos que han sido "desviados" en ese tipo de tramas.

En la pregunta Lara apunta que "en los sucesivos casos de corrupción, prevaricación y otros que se están dictaminando en los juzgados sale continuamente a la luz la existencia de facturas de bienes y servicios que no tienen un reflejo mercantil y que se han realizado para desviar importes dinerarios".
Así, defiende que en este tipo de casos la AEAT debería poder "personarse de oficio" ya que las prácticas que se hayan podido realizar para "disfrazar" una presunta actividad económica mediante la presentación de declaraciones por IVA estas prácticas corruptas también afectan a las arcas públicas "a través de la deducción de gastos en el Impuesto sobre Sociedades, así como en el IVA soportado de esas empresas dadivosas".
Por todo ello, el dirigente de IU pregunta "qué medidas tiene adoptadas el Gobierno para la recuperación de fondos públicos desviados por causas de corrupción y prevaricación" y si la AEAT "tiene instrucciones para revisar las declaraciones fiscales de empresas o particulares implicados en esos asuntos". Además, reclama información sobre las cantidades recuperadas por la Agencia Tributaria en 2010 y 2011 procedentes de este tipo de tramas.

sábado, 21 de abril de 2012

Compromís pregunta al Gobierno sobre el porcentaje que representa la economía sumergida en el PIB de la Comunitat

VALENCIA.- El diputado de Compromís-Equo por Valencia, Joan Baldoví, ha pedido al Gobierno que precise si tiene estimaciones sobre el porcentaje que representa la economía sumergida en el Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat Valenciana y si se ha detectado un aumento de esta actividad como consecuencia de la crisis.

   En una pregunta publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), Baldoví también reclama al Ejecutivo que explique si se han llevado a cabo medidas de aumento de la inspección para detectar y sancionar este tipo de actividades fraudulentas y si hay algún plan operativo en previsión para mejorar la lucha contra una acción que supone "un fraude social y de ley" y que, además, "aumenta la debilidad del mantenimiento de la sociedad del bienestar".
   El diputado sostiene en el texto de la pregunta, para la que solicita respuesta por escrito,que la economía sumergida es un fenómeno que tiene especial incidencia en las comarcas alicantinas y que, "desgraciadamente, ha sido un fenómeno asociado a determinadas industrias tradicionales del sur del territorio".
   No obstante, aunque "parecía haber remitido en la época de bonanza económica, según estimaciones no oficiales, podría haber vuelto a repuntar con la llegada de la crisis". Así, podría situarse, señala el parlamentario de Compromís, "en porcentajes próximos a los existentes en la década de los 80 del pasado siglo".
   A su juicio, este tipo de actividad "representa un fraude social" y "precariza hasta el extremo las condiciones laborales de los trabajadores, que ni cotizan, ni tienen cobertura laboral", al tiempo que "impacta directamente en la capacidad de generar ingresos en las arcas públicas que puedan ser destinados al mantenimiento de los servicios públicos y la sociedad del bienestar".
   Por ello, desde Compromís-Equo consideran una prioridad que se destinen recursos a conseguir aflorar la economía sumergida y a luchar contra el fraude fiscal "para no tener que aplicar los durísimos recortes sociales y laborales que se están aplicando por los diferentes gobiernos".

EUPV presenta una Proposición No de Ley para que se convoque un referéndum sobre la Monarquía

VALENCIA.- El portavoz adjunto de EUPV en las Corts, Ignacio Blanco, ha presentado una Proposición No de Ley (PNLL) para instar al Estado a que convoque un referéndum, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución Española, para que la ciudadanía decida entre monarquía y república. 

   La PNL también pide a las Cortes Generales que si en dicho referéndum gana democráticamente la opción republicana, se ponga en marcha el procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 168 de la Constitución Española, según ha informado a través de un comunicado.
   Blanco ha recordado que 34 años después del referéndum constitucional del 1978, "la mayoría de la población no votó en aquel referéndum, puesto que todos los que hoy tienen menos de 52 años no habían cumplido la mayoría de edad y muchos ni siquiera habían nacido".
   "El apoyo de la ciudadanía a la institución monárquica ha ido reduciéndose según se manifiesta en todos los estudios de opinión", ha señalado el portavoz haciendo referencia a los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas.
   Así, ha indicado que este proceso se ha acelerado en el último año al conocerse "varios hechos presuntamente delictivos y otros de dudosa ética política por los cuales el propio monarca ha tenido que pedir ejemplaridad o disculpas".

La Generalitat vende en subasta 42 vehículos por cerca de 85.000 euros

VALENCIA.- La Generalitat ha vendido este sábado los 42 vehículos del parque móvil del Gobierno autonómico que han salido a subasta por un importe cercano a los 85.000 euros. Los precios de salida de los mismos oscilaban entre 1.270 y 1.945 euros. 

   El acto público de subasta ha tenido lugar en el Centro de Archivo y Logística de la Generalitat, ubicación en la que han estado expuestos desde el 12 de marzo los 42 coches incluidos en esta primera subasta de vehículos, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
   El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha mostrado su satisfacción por el éxito de esta primera subasta de vehículos, a la que han asistido 150 personas. Asimismo, durante el periodo de exposición, más de 500 personas se han acercado a verlos.
   El proceso de enajenación, coordinado y gestionado por la Hacienda y Administración Pública, forma parte de las actuaciones adoptadas por el Consell para reducir en más de un 50 por ciento su parque móvil, medida enmarcada dentro del Plan de Optimización del Patrimonio de la Generalitat para controlar el gasto y racionalizar los recursos.
   La subasta pública se ha realizado a viva voz, unida a la apertura de un total de ocho ofertas recibidas en sobre cerrado. Todos los coches vendidos son marca Ford, modelo Focus o Mondeo, y han partido de un precio de salida fijado, sin incluir los tributos y gastos derivados de la transmisión de titular, que deberán ser asumidos por el adjudicatario.
   Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la subasta, la mesa de la subasta redactará el acta que contendrá la propuesta de adjudicación que deberá ratificar definitivamente el director general de Patrimonio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.
   Las resoluciones de las adjudicaciones las notificará la Administración a la Jefatura Provincial de Tráfico, para dar constancia de la transmisión de los vehículos.

El STEPV rechaza el aumento de las tasas universitarias y la disminución de la oferta de titulaciones

VALENCIA.- El STEPV ha mostrado su rechazo al encarecimiento de los estudios, a la disminución de la oferta de titulaciones, y a la reducción de la plantilla del profesorado y del personal investigador.

   Al respecto, el sindicato ha indicado en un comunicado que la subida de las tasas universitarias en más de un 50 por ciento, junto con la reducción de un 12 por ciento del presupuesto de becas --166.400.000 menos que en 2011--, "limitan el acceso a la universidad pública para ciudadanos de niveles de renta medios y bajos".
   Asimismo, considera que la propuesta de adecuación de la oferta de titulaciones a un número mínimo matrícula, además de que no responde a una realidad que pueda ser controlada legalmente desde el Ministerio, "no se puede pretender una planificación basada exclusivamente en la demanda del alumnado".
   A su juicio, estas propuestas "continúan errando el diagnóstico sobre las necesidades del sistema universitario español, haciendo recaer, una vez más, sobre el alumnado el coste y las posibilidades de sus estudios; y sobre el profesorado la responsabilidad de las disfunciones que pueda presentar el sistema".
   Este conjunto de medidas --ha agregado-- son "incompatibles" con los objetivos principales de la Estrategia Universitat 2015, ya que faltan al "compromiso" de servicio público de la educación superior universitaria, "abandonando la función social de una universidad pública que debería permitir la incorporación de cualquier persona a la educación superior, independientemente de su nivel económico o social", ha dicho.
   En su opinión, la universidad pública "requiere del gobierno la atención suficiente sobre su profesorado y su alumnado, fiscalizando la eficacia de la inversión pública y evaluando resultados, no impidiendo el acceso a los estudios o criminalizando la actividad docente y limintando las posibilidades de desarrollo académico e investigador".

Las reformas del Gobierno en Sanidad y Educación

MADRID.- - El Gobierno español detalló finalmente los recortes de 10.000 millones de euros anunciados hace dos semanas en las áreas de Sanidad y Educación, tradicionalmente protegidas en España. Las medidas, aprobadas en sendos decretos, requieren la participación de las comunidades autónomas, que tienen transferidas ambas competencias. El Gobierno estima en 7.000 millones el ahorro que se obtendrá en Sanidad y en 3.000 millones de euros el de Educación.

SANIDAD
* Pago de medicamentos. Se modifica el sistema de pago de los medicamentos con receta en función de edad, renta y enfermedad. Sanidad tiene previsto un ahorro de cientos de millones de euros con esta modificación.
* Lucha contra el turismo sanitario. Se aplicará una directiva europea para evitar el abuso del sistema sanitario por parte de extranjeros. El Gobierno espera ahorrar 1.500 millones de euros con ello.
* Plataforma de compras. Las Comunidades Autónomas adquirirán los fármacos de forma colectiva para reducir su precio.
* Dosis. Las farmacias distribuirán la dosis de medicamentos prescrita por el médico.
* Cartera de servicios básicos. Se establece un catálogo común de servicios básicos y otro de prestaciones suplementarias, con miras a igualar la atención de las diferentes comunidades. También se incorpora un Fondo de Garantía Asistencial al Fondo de Cohesión para garantizar la atención de pacientes que viven en zonas limítrofes entre comunidades.
* Revisión del vademécum. Se revisará la lista de tratamientos, medicamentos y terapias ofertados para retirar los que hayan quedado obsoletos o superados por productos más modernos.
* Recursos Humanos. Se fomentará la movilidad del personal médico.
* Pacto sociosanitario. Se estudiarán medidas de coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales.
* Nuevas tecnologías. Se extenderá a toda España herramientas tecnológicas como recetas electrónicas e historiales clínicos informatizados.

EDUCACIÓN
* Se establece un margen del 20 por ciento sobre los límites de alumnos por clase en colegios e institutos.
* Los profesores impartirán más horas lectivas y se modificará la forma en que compensaban sus horas extras.
* Las bajas de docentes inferiores a 10 días se cubrirán con recursos del propio centro, y no con sustitutos.
* No se crearán más complementos retributivos para los profesores.
* Bachillerato. Los centros ya no tendrán obligación de ofertar al menos dos de las tres modalidades de bachiller
* Formación Profesional. Se aplaza al curso 2014-15 la introducción de los módulos de FP de 2.000 horas.

UNIVERSIDADES
* Matrícula universitaria. Las comunidades autónomas podrán aumentar hasta el 25 por ciento la proporción de las tasas universitarias que paga el alumno, y que hasta ahora tenían un máximo del 15 por ciento del coste real del curso.
* Los profesores universitarios que no investiguen elevarán sus horas lectivas.
* Carreras ofertadas. Se estudiará la reducción de títulos ofertados en los diferentes centros, estableciendo un mínimo de alumnos por carrera y centro.
* Las universidades tendrán que atenerse a criterios de estabilidad presupuestaria.
* Contratación de personal. Se limitará la contratación de empleados públicos.

Los chinos concentraron siete de cada diez altas de autónomos extranjeros

MADRID.- Los chinos siguieron sumando afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante el primer trimestre del año, al suponer casi siete de cada diez nuevas altas de autónomos extranjeros durante el primer trimestre.

   En concreto, entre enero y marzo se dieron de alta en el RETA 543 cotizantes chinos, lo que elevó el número total de afiliados de esta nacionalidad a 37.084, un 1,5% más que en diciembre. En conjunto, los emprendedores procedentes de China suponen ya el 17,7% del total de autónomos extranjeros afiliados al RETA.
   Les siguen los rumanos, que representan el 11,2% del total de inmigrantes autónomos y que entre enero y marzo elevaron su cifra de cotizantes en 293 personas (+1,3%), hasta los 23.380. Sumando ambas nacionalidades se obtiene que casi el 29% de los trabajadores extranjeros con un negocio propio en España es o chino o rumano.
   Además de los autónomos chinos y rumanos, la marroquí ha sido otra nacionalidad que ha visto incrementada significativamente su presencia en el RETA durante el primer trimestre, al sumar 135 cotizantes en estos tres meses, un 1,1% más.
   El resto de las nacionalidades mayoritarias o registraron muy pocos afiliados, caso de Alemania e Italia (14 y 13 ocupados más, respectivamente) o cerraron el trimestre con menos cotizantes, especialmente Argentina, que perdió 453 afiliados (-7,9%).
   Durante el primer trimestre del año, el RETA registró 792 altas de autónomos extranjeros, un 0,4% más, hasta situarse en 209.304 trabajadores, según un informe de la organización de autónomos ATA, que ha destacado que el colectivo inmigrante está amortiguando en parte la pérdida de autónomos españoles.
   De hecho, en el conjunto del RETA se perdieron entre enero y marzo un total de 20.871 afiliados, en contraste con los 792 autónomos extranjeros que decidieron darse de alta en este periodo.
   Asturias (+1,3%), Baleares (+1,2%) y Cataluña (+1,1%), además de las ciudades autónomas de Ceuta (+5,2%) y Melilla (+2,2%), fueron las comunidades que lideraron el crecimiento relativo de autónomos extranjeros durante el primer trimestre del año.
   Con repuntes superiores a la media nacional (0,4%) se situaron también las comunidades de Navarra (0,8%), Andalucía (0,7%) y Madrid (0,5%).
   En valores absolutos, Cataluña concentró casi el 60% de las nuevas altas de emprendedores extranjeros registradas en el primer trimestre, con 473 nuevos afiliados. Le siguieron Madrid (189 autónomos extranjeros más), Andalucía (179 altas) y Baleares (145 altas).
   Por el contrario, en ocho de las 17 comunidades se perdieron emprendedores extranjeros hasta marzo. En términos absolutos, las mayores caídas se las anotaron Canarias (90 inmigrantes menos), Galicia (-53) y Castilla y León (-49).

El Gobierno sancionará a las autonomías que no cumplan con el déficit con retirada de financiación

BARCELONA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado este sábado que el Gobierno podrá sancionar a las comunidades autónomas que no cumplan con el déficit, un mecanismo que se contemplará como último paso antes de la intervención.

   En declaraciones a los periodistas tras participar en una reunión de la dirección del PP catalán, ha detallado que si una autonomía o una corporación local no cumple con el objetivo de déficit la sanción se materializará a través de "su participación en los ingresos del Estado".
   Este mecanismo está contemplado en la Ley de Estabilidad, y Montoro ha defendido que es una normativa que proviene de Europa y que el Gobierno se limita a aplicar a España para así afrontar la salida de la crisis con garantías.

Los familiares de las víctimas del Yak-42 echan fuego con el Gobierno tras el indulto de militares condenados

MADRID.- El presidente de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Miguel Ángel Sencianes, se ha mostrado "furioso" por el indulto parcial concedido por el Gobierno de Mariano Rajoy a dos oficiales condenados en el caso sobre el accidente del Yakolev 42, al considerarlo "inhumano y una burla". 

   "Señor Rajoy, así no se hace memoria de 62 militares. Esto es inhumano y una burla", expresó Sencianes, visiblemente compungido, en rueda de prensa, para después garantizar que los familiares estarían dispuestos a ir "al infierno" para hacer justicia por el incidente de mayo de 2003 en Turquía.
   El presidente de la asociación además aseguró que ya se esperaban este indulto, si bien quiso dejar claro que no se explican el porqué. Y esgrimió que la causa llevaba pendiente dos años.  
   Para Sencianes, los comandantes "profanaron" cadáveres y "falsearon" documentos oficiales, por lo que exigió la salida del ejército de los implicados.
   "España ahora no sólo tiene crisis económica, sino también democrática, pues se da un golpe al Estado de Derecho", explicó, al tiempo que aseguró que el Ejecutivo de Rajoy se alinea con esta decisión en el lado de los "delincuentes".
   Por último, la asociación anticipó que seguirán buscando esclarecer los hechos en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Desde los servicios jurídicos de la asociación apuntaron que la estrategia a seguir aún no está definida, pero recordaron que un indulto "no borra" la condición de culpables de los comandantes.  
   El Consejo de Ministros aprobó este viernes la concesión del indulto parcial para el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, condenados por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42. Los indultos afectan únicamente a las penas de inhabilitación de un año que les fueron confirmadas a ambos por el Tribunal Supremo.
   Los dos oficiales fueron condenados en 2009 como cómplices de un delito de falsedad documental por su responsabilidad en el accidente aéreo que provocó la muerte de 62 militares en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, siendo ministro de Defensa el diputado del PP por Alicante, Federico Trillo, actual embajador del Reino de España en Gran Bretaña.

viernes, 20 de abril de 2012

Las Corts aplazan al 2 de mayo la comisión de investigación de la CAM por la negativa de los comparecientes a asistir

VALENCIA.- Las Corts Valencianes han aplazado el inicio de las comparecencias en la Comisión de Investigación de la CAM --prevista para este lunes--, después de que un total de siete directivos del Banco de España y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) rechazaran acudir a declarar a esta comisión, según han informado hoy fuentes parlamentarias. 

   La decisión se ha adoptado después de que se presentarán varios escritos a la Presidencia de las Corts excusando la presencia del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el exsubgobernador de la entidad, José Viñals; el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez; los responsables de Inspección, Pedro González y Ángel Rico; y el director general y el exdirector del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Mariano Herrera y Julián Atienza, respectivamente.
   Así, alegan que su actuación está sujeta al control político de las Cortes Generales, pero no "al ámbito de actuación de aquellas comisiones de investigación que pudieran crearse en el seno de parlamentos autonómicos".
   Ante estas negativas a comparecer, la Mesa de la comisión de investigación de la CAM ha solicitado un informe a los servicios jurídicos del parlamento valenciano para conocer cómo actuar. De este modo, podrían incluso llegar a la Fiscalía.
   Las citadas fuentes han explicado que todavía no hay un orden del día de intervenciones para la reunión de la comisión del 2 de mayo.

Ciscar afirma que el Consell no se plantea la reducción de sueldos de la Mesa de les Corts

VALENCIA.- El portavoz del Consell, José Císcar, ha apuntado que en estos momentos el Gobierno valenciano no se plantea tomar ninguna medida para reducir el sueldos de los cinco miembros de la Mesa de Les Corts para que no cobren más que el presidente de la Generalitat, aunque ha considerado que se trata de un debate que "está bien plantearlo". 

  Así, en rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha contestado a si el Gobierno valenciano piensa extender a los miembros de la Mesa de les Corts la homologación de los sueldos con el del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ya que en estos momentos cobran unos 30.000 euros más.
  Al respecto, Císcar ha recordado que el decreto de homologación de los sueldos que aprobó el Gobierno valenciano afectaba a los directivos de empresas y fundaciones públicas. No obstante, ha considerado que extender esta reducción de los emolumentos a los miembros de la mesa de les Corts es "una debate que está bien plantearlo, que no hay que esconderlo y se trata de un buen tema de debate" ya que es "una realidad lo que está ocurriendo".
  No obstante, ha matizado que de momento el Gobierno "no se ha planteado ninguna medida al respecto respetando la autonomía de las Cortes".

El Gobierno autoriza una prórroga de operaciones de endeudamiento a la Comunitat por 2.882 millones

MADRID.-   El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunitat Valenciana a realizar, hasta el 30 de junio de 2012, las operaciones de endeudamiento autorizadas por los Acuerdos del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011 y del 2 de diciembre de 2011, por un importe conjunto de 2.882 millones de euros.

   En concreto, la Comunitat Valenciana había solicitado la ampliación del plazo para utilizar las autorizaciones mencionadas hasta el 30 de junio de 2012 debido a la situación de los mercados de capitales.
   Esta prórroga en la autorización de endeudamiento a la región valenciana, que supera los dos mil millones de euros, mantiene inalterado el resto de las condiciones de la operaciones autorizadas.

Rectores valencianos temen que la subida de tasas provoque abandonos

VALENCIA.- Rectores de las universidades públicas valencianas han abogado por que el incremento de las tasas universitarias se realice de una forma "progresiva" y "con mesura", al tiempo que han expresado su temor de que la subida de hasta 540 euros por la primera matrícula pueda provocar abandonos por parte de los estudiantes. 

   Así, el rector de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo, ha señalado que desde el Ministerio de Educación se ha planteado un incremento porcentual muy importante de las tasas --para hacer que la aportación del estudiante pase del 12-15 por ciento actual, al 25 por ciento-- y ha considerado que la postura de los rectores de las instituciones públicas "no puede ser favorable a una subida tan sustancial" en un momento de crisis.
   En opinión del rector --que ha realizado estas manifestaciones a los medios antes de firmar la donación de obras del artista Javier Calvo--, en todo caso, el aumento "tendría que mantener una progresividad a lo largo de una serie de años y con un incremento también de las becas que asegurase que ningún talento se pierde por falta de recursos económicos".
   "Pero si fuese un escalón tan importante desde el punto de vista del peso porcentual, obviamente, esto tendrá unas dificultades muy serias para ser asumido directamente por las comunidades universitarias", ha augurado Morcillo, que ha insistido en que, "por parte de los rectores de las universidades públicas no cabe esperar más que el apoyo a sus estudiantes y a sus comunidades universitarias".  
   Preguntado por si los responsables universitarios temen que haya abandonos de alumnos con menos recursos económicos, el mandatario de la UV ha comentado que, "si se hay un incremento desde el punto de vista porcentual tan elevado y no va acompañado por una política de becas muy eficiente, claro que se podrían producir abandonos estudiantiles por causas económicas, lo cual no sería deseable". 
"No nos podemos permitir, en un escenario en el que insistimos en el cambio de modelo productivo, el abandono de personas con capacidades en el ámbito universitario público", ha sentenciado.
   Asimismo, se ha mostrado convencido de que próximamente la consellera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, convocará una reunión con los rectores y los vicerrectores de Estudios para valorar la aplicación de las medidas en la Comunitat, ya que "lo que va a plantear el Ministerio, supongo, es una horquilla de posibilidades y cada comunidad tendrá que tomar una decisión final".
   En este sentido, Morcillo ya ha remarcado que esta competencia "recae sobre la Generalitat: las universidades pueden ser oídas pero no son los rectores quienes deciden sino el Gobierno (valenciano), que tendrá que asumir su responsabilidad a este respecto".
   Sobre este asunto, ha puntualizado que "es verdad que la tasas tienen un peso algo distinto según qué comunidad autónoma y que la Valenciana tradicionalmente ha sido de las más bajas del Estado aunque también es cierto que el año pasado se planteó un incremento del 7,5 por ciento, uno de los más altos" del conjunto del país.
   Morcillo se ha referido a la reordenación del mapa de titulaciones y ha manifestado que "a los rectores no les parece mal estudiar una racionalidad mayor". No obstante, ha precisado que hay titulaciones que, aunque tengan una demanda relativamente baja, "no se deben reproducir en muchas universidades pero tampoco deben desaparecer del mapa porque tienen una cierta importancia académica y social".
   Por su parte, el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), Juan Julià, ha declarado que comparte "la filosofía de las medidas propuestas por el Ministerio pero no el desarrollo" de algunas de ellas, como es el caso de la subida de tasas o la asignación de horario docente.  
   Así, el responsable de la UPV --que ha remarcado que habla a título de rector de la universidad valenciana y no como vicepresidente de la CRUE, ya que la conferencia de rectores españoles aún no se ha reunido para hacer una valoración oficial-- ha reconocido que puede admitirse que "hoy y en el futuro sea necesario revisar los precios públicos". Sin embargo, ha enfatizado que esto ha de hacerse de forma "mesurada" y siempre "indisociable a la mejora de la política de becas para evitar que ninguna familia con hijos que se esfuerzan quede fuera o tenga que abandonar por una situación económica difícil".
   Igualmente, ha señalado que el aumento debe ser menor en la primeras matrículas y mayor a partir de la segunda para "legitimar" la ayuda pública con el rendimiento académico y que los umbrales que se fijen sean más bajos para titulaciones con mayor dificultad, algo que se hace en otros países del entorno.  
   Acerca del riesgo de que el sistema pierda alumnos por motivo económicos, ha opinado que esto pasará "sin duda alguna si no se acompañan estas medidas de un incremento de becas", especialmente, ha dicho, en el caso de los másteres.
   Por lo que se refiere a la asignación horaria, ha apelado al "respeto a la autonomía universitaria" y ha instado a la implantación de un "verdadero sexenio de transferencia". "La gran asignatura pendiente de nuestro sistema no es mejorar nuestra producción científica, que está razonablemente bien, sino la transferencia porque en patentes estamos en el 0,80 por ciento", ha argumentado.
   Por último, Julià se ha mostrado de acuerdo con otras acciones abordadas en la Conferencia General de Política Universitaria, como la estabilidad presupuestaria y una mejor ordenación y ajuste de la oferta y la demanda en el mapa de titulaciones.
   Por otra parte, a Esteban Morcillo se le ha preguntado por un informe del Tribunal de Cuentas que alude a las condiciones de prejubilaciones de catedráticos. El rector ha apuntado que esa política no existe ya en la Comunitat. "En la Universitat se suprimió al principio del actual mandato rectoral porque se entendió que no era viable desde el punto de vista económico pero tampoco razonable desde un punto de vista social".  
   Ha agregado que esta política "existió en muchas universidades publicas españolas en un contexto que hay que entender, puesto que no se planteó como una especie de ventaja corporativa sino para poder facilitar acceso a plazas de profesorado de personas más jóvenes y en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior".

Valenciano dice que la Comunitat es "el exponente más dramático" de la política del PP en las autonomías

VALENCIA.- La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha mostrado este viernes su "preocupación" por la Comunitat Valenciana, una región que, a su juicio, "es probablemente el exponente más dramático de lo que ha sido la política del PP en los gobiernos de las comunidades autónomas".

   Valenciano se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa celebrada tras su reunión con el secretario general del PSPV, Ximo Puig, en la sede del partido en Valencia, donde ha afirmado el compromiso "firme y sólido" de la Dirección Federal del PSOE con la región.
   Según ha señalado, los socialistas están "seriamente preocupados por el futuro de esta comunidad" y sumarán esfuerzos con la dirección del PSPV "para diseñar y trabajar en un proyecto que le dé futuro, que le dé aliento y que le dé perspectivas" a la región.
   Por su parte, Ximo Puig ha lamentado durante su intervención que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya "abandonado a la Comunitat" al llegar a La Moncloa. "Quiere borrar del mapa a la Comunitat Valenciana", ha insistido el dirigente socialista, quien ha recordado que hace poco tiempo el propio Rajoy "venía y decía que quería hacer lo mismo que había hecho (Francisco) Camps en la Comunitat y que se pondría delante, detrás, a un lado", mientras ahora "no quiere saber nada" de ella.
   No obstante, ha señalado que los socialistas valencianos le exigirán "que cumpla aquello que dijo" y ha subrayado que su objetivo es construir un proyecto alternativo "potente" para solucionar los problemas, con el compromiso del PSOE y de su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. "No estamos aquí esperando ver pasar por delante el cadáver de la Comunitat Valenciana, porque ese cadáver es el nuestro", ha resaltado.
   Ximo Puig ha criticado que los 'populares' no están gobernando desde la autoridad, sino "desde el recorte" y ha lamentado que la política económica actual conduce a una situación "lamentable". El socialista ha criticado duramente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012, ya que dejan a la comunidad en una situación "muy negativa", ya que "atacan directamente a los sectores productivos valencianos" con la reducción en Industria y dejan, además "en el aire" la inversión pública en el Corredor Mediterráneo.
   Asimismo, ha lamentado que la subida de tasas universitarias anunciada esta semana supone "atacar un instrumento de cohesión social e igualdad" y supone "poner la mirada en el retrovisor del pasado" en materia de educación superior, al tiempo que acabará con "lo mejor que nos ha pasado, que ha sido la cualificación de los jóvenes".
   Puig ha reiterado que el PSPV estará al lado de estudiantes, profesores y rectores en defensa de una universidad de calidad, y ha puesto como ejemplo de ello las instituciones universitarias valencianas.
   Por último, ha lamentado que el PPCV no enviara la pasada semana a ningún representante para defender en el Congreso la reforma estaturaria valenciana, cuyo debate "decayó ante la vergüenza generalizada de los valencianos". La reforma aprobada en 2011, que parte de la denominada 'cláusula Camps', reclamaba al Gobierno central que tuviera en cuenta el peso de la población en sus inversiones por un periodo de siete años y la creación una comisión bilateral para negociar estas inversiones.
   Al respecto, el líder del PSPV ha recordado que su partido apoyó esta reforma y estaba dispuesto a votar a favor en el Congreso. A su juicio, aunque no hay que caer en el victimismo ni en "políticas neonacionalistas", el Gobierno debe actuar "con solidaridad" con todas las comunidades, incluida la valenciana.

Cecoval advierte de que la ampliación de horarios causaría un "grave perjuicio" para el sector del comercio

VALENCIA.- La Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (Cecoval)  advierte de que la ampliación de horarios supondrá un "grave perjuicio" para el comercio y que "irremediablemente implicará el cierre de negocios y la pérdida de un gran número de puestos de trabajo", según ha indicado en un comunicado.

   En este sentido, la patronal del sector en la Comunidad Valenciana quiere poner de relieve su oposición, ante el anuncio esta semana por parte del Gobierno de una posible ejecución de un plan para aumentar la libertad de apertura de establecimientos comerciales. Así se ha reflejado en las reuniones tanto en el marco de la Confederación Española de Comercio (CEC), entidad en la que Cecoval ostenta una vicepresidencia, como en la junta directiva de la organización empresarial celebrada el jueves por la tarde.
   Asimismo, y ante las declaraciones del conseller de Economía, Máximo Buch, en las que aludía a la posibilidad de estudiar una eventual ampliación de horarios "siempre y cuando los comerciantes consideren que se trata de una buena medida", Cecoval ha destacado que "no es momento para abordar una liberalización de horarios".
   Entienden que los efectos serían "devastadores para el pequeño y mediano comercio y no repercutiría en un aumento del consumo, ni tampoco supondría reducir la inflación, sino que provocaría un impacto totalmente negativo y un claro desequilibrio para el sector minorista".
   La presidenta de Cecoval, Isabel Cosme, ha apuntado que la medida "no responde a una reivindicación ni por parte del sector ni a una necesidad real del consumidor", dado que el comercio tiene un horario lo "suficientemente amplio" como para satisfacer las demandas de los clientes.
   En este sentido se hace "completamente innecesaria una ampliación de horarios comerciales, que sólo repercutiría en pérdidas y en detrimento de los trabajadores del sector del comercio", que en la Comunitat es uno de cada cinco.

Las televisiones autonómicas deberán evitar el déficit si se las quedan los gobiernos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un proyecto de ley que permitirá a los gobiernos autonómicos decidir qué hacen con sus televisiones autonómicas: si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada. En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque "no se permitirán desequilibrios en los presupuestos".

Así ha resumido la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el texto que el Ejecutivo remite ahora a las Cortes Generales con la intención de que se tramite por vía de urgencia. Según ha explicado, el Ejecutivo responde así a la petición que habían realizado "muchos" gobiernos autonómicos "ante las dificultades por las que atraviesan esos servicios de televisión".
La vicepresidenta ha subrayado que la intención del Gobierno es "ampliar la capacidad de las Comunidades Autónomas para decidir cómo se presta la actividad de televisión autonómica" y dotar además estos servicios de "mayor eficacia y eficiencia".
La reforma abre la puerta también a que las Comunidades Autónomas que decidan dejar de tener una televisión autonómica pública puedan sacar a concurso las correspondientes licencias audiovisuales, según ha avanzado Sáenz de Santamaría.
En caso de que, "como consecuencia de su normativa o de una decisión de esa Comunidad Autónoma" deciden prestar el servicio público de televisión autonómica podrán hacerlo de una manera directa, como hasta ahora obligaba la ley, con sus propios medios humanos o materiales, u optar por "fórmulas de gestión indirecta", una opción que 'de facto' ya aplicaban algunas comunidades.
En cualquier caso, la Comunidades Autónomas que decidan quedarse con las televisiones autonómicas tendrán que cumplir los mismos "principios de estabilidad presupuestaria" que el conjunto de las administraciones territoriales tienen que cumplir como consecuencia de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. "No se permitirán desequilibrios en los presupuestos, ni en los gastos ni en ingresos", ha subrayado.
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto --con la compensación de los ingresos publicitarios-- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).

El Gobierno cambia la Ley para evitar que los extranjeros vengan a España a recibir asistencia sanitaria

MADRID.- La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Gobierno español va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria.

   En este sentido, ha explicado que se clarificarán trámites para que el empadronamiento no sea el único "requisito" para recibir asistencia sanitaria. Así, se van a establecer unos requerimientos de modo que, se va a tener en cuenta, "las personas que de verdad viven en España".
   Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria".
  "Es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo", por ello la titular de Sanidad ha explicado que el Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que "mucho no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria".
   Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros.
   Pero, ha recordado Mato que este dato no esta completo si se tiene en cuenta que "hay muchos extranjeros que nos son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios".
   Así, a partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, "los mismo que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria", ha explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que "de verdad", ha recalcado, viven en España; y los que tienen residencia fiscal en España, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos".
   Además se incluirá el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.
   La directiva ya está incorporada al derecho español, "lo sorprendente es que se incorporo completa salvo este articulo que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria. "Por ese motivo muchas personas se han desplazado a nuestro país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario", ha añadido.
   El ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación.
   A su juicio, "se ha utilizado mal la asistencia sanitaria en la sanidad por parte de los extranjeros, tanto europeos como de otros países". Y, precisamente, este es el motivo que hace que esta media sea "imprescindible".
  Toda personas que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países", aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, porque "todas las personas tienen derecho a la asistencia sanitaria básica en España".
   El artículo 12 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, modificada en el año 2009, reconoce que "los extranjeros empadronados en el municipio en el que tengan su domicilio habitual" tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".
   Con todo, sin necesidad de estar empadronados, tienen derecho a la "asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica". Asimismo, se reconoce el derecho de las embarazadas extranjeras a recibir asistencia durante la gestación, el parto y el posparto.
   El mismo artículo recoge el derecho de los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles".
    De este modo, con la reforma se pretende garantizar la universalidad de la sanidad y, al mismo tiempo, pone fin a los abusos en las prestaciones sanitarias y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud". Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria.