Autonomías y grandes municipios están arruinando España

MADRID.- La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 15,7% interanual en el primer trimestre, hasta los 145.118 millones de euros (el 13,5% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

   Además, la deuda de las comunidades autónomas experimentó un incremento del 3,5% respecto al cierre de 2011, cuando se situó en 140.083 millones de euros.

   Los datos muestran que desde el año 1995 el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

   Además, la deuda de la Administración Central aumentó un 13,6% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2011, hasta 592.572 millones, mientras que la deuda de las corporaciones locales descendió un 1,2% y se situó en 36.860 millones.

   La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer trimestre fue nuevamente Cataluña, con 42.000 millones de euros, cantidad que representa el 28,9% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

   Detrás de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (20.832 millones de euros), que ocupó el segundo lugar por delante de la Comunidad de Madrid, cuya deuda ascendió a 16.572 millones de euros. Entre las tres acumulan el 54,7% del total del endeudamiento regional.

   A continuación, figuran Andalucía (15.373 millones de euros), Galicia (7.381 millones), País Vasco (6.798 millones), Castilla-La Mancha (6.287 millones), Castilla y León (5.557 millones de euros), Baleares (4.479 millones), Canarias (3.779 millones), Aragón (3.731 millones) y Murcia (3.055 millones).

   Completan la lista Navarra (2.725 millones), Asturias (2.242 millones), Extremadura (2.045 millones), Cantabria (1.301 millones) y La Rioja (960 millones).

   En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año. Los incrementos más destacados se localizaron en Navarra (+44%), País Vasco (35,1%) y Murcia (30,1%).

   Tomando el ratio deuda/PIB, Cataluña se situó a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 21% de su PIB, seguida de Comunidad Valenciana (20,2%), Baleares (16,7%), Castilla-La Mancha (16,6%) y Navarra (14,5%), todas ellas por encima de la media (13,5%).

   Los porcentajes son menores en Galicia (12,8%), La Rioja (11,7%), Extremadura (11,7%), Aragón (10,9%), Murcia (10,8%), Andalucía (10,6%), País Vasco (10,2%), Cantabria (9,8%), Asturias (9,7%), Castilla y León (9,7%), Canarias (9,1%) y Comunidad de Madrid (8,7%).

   Por su parte, las corporaciones locales sumaron una deuda de 36.860 millones de euros en el primer trimestre del año, el equivalente al 3,4% del PIB, con un descenso del 1,2% respecto al mismo periodo de 2011. Con todo, este saldo se incrementó un 4% en relación al cierre del pasado año.

   Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.344 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un descenso del 2,1%, y de esta cifra, 14.755 millones pertenecen a capitales de provincia.

   La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.716 millones de euros, lo que supone una bajada del 2,4%.

   Destaca, el descenso de la deuda del ayuntamiento de Madrid, que sumó 6.733 millones de euros y bajó un 3,9% respecto al primer trimestre de 2011. La deuda del consistorio de Barcelona bajó un 1% y sumó 1.090 millones.

El abogado Diego de Ramón presenta una tercera querella contra los exdirectivos de la CAM

ALICANTE.- El abogado Diego de Ramón ha presentado ante la Audiencia Nacional una querella -la tercera, en este caso en representación de 174 clientes- contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM), a la que acusa de delito societario, estafa, apropiación indebida, falsedad documental y engaño con abuso de poder en la gestión de la caja de ahorros alicantina.

La querella se dirige contra el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exvicepresidente Ángel Martínez, el ex director general adjunto Agustín Llorca Ramírez y otros directivos de la entidad.

En su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, Diego de Ramón solicita que la querella sea unida a las dos que presentó con anterioridad, y que ya han sido admitidas a trámite por el Juzgado Central de Instrucción número 3: una a título personal como acusación popular, y otra en representación de la Plataforma CAM, a la que ya se han adherido cerca de 400 clientes de la caja.

Como medida cautelar, el abogado solicita al juez que imponga a los querellados una fianza de 4.792.000 euros, para responder de su responsabilidad civil por las pérdidas que han sufrido los 174 firmantes de la querella en la compra de productos financieros de CAM.

En declaraciones a Abc, Diego de Ramón anunció su decisión de enviar a la directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, al presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, y al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durao Barroso, una copia en inglés de las tres querellas que ha presentado ante la Audiencia Nacional, así como de todas las diligencias posteriores, para que estos tres organismos se interesen por exigir responsabilidades penales a los responsables de la quiebra de CAM.

De Ramón quiere responder así a las informaciones que indican que los tres organismos internacionales que componen la troika quieren tutelar la reestructuración del sistema financiero español, como condición para hacer efectivo el rescate de hasta 100.000 millones de euros destinado a la banca. En su querella, a la que ha tenido acceso Abc, el abogado señala que Caja Mediterráneo (CAM) colocó productos financieros «tóxicos», como las cuotas participativas y las opciones preferentes, eligiendo de forma sistemática a los clientes por su «bajo índice de conocimientos culturales o de entendimiento», con frecuencia entre personas mayores o extranjeros que carecían de información suficiente.

Pero además, a su juicio, estos clientes fueron engañados, ya que la entidad declaró un beneficio de 38,9 millones de euros en el primer trimestre de 2011, cuando en realidad, según los administradores del FROB, en dicho periodo se registraron unas pérdidas por valor de 1.1136 millones, que alcanzaron los 2.713 millones en el conjunto del ejercicio. Puesto que la rentabilidad de las cuotas y participaciones preferentes estaba ligada a la cuenta de resultados de la caja, los clientes nunca hubieran comprado estos productos si hubieran conocido la situación real de la entidad, argumenta la querella.

Al respecto, alude a la sentencia del Juzgado de lo Social nº 4 de Alicante que confirmó el despido procedente de la ex directora general María Dolores Amorós y que consideró probado que la entidad alteró su realidad contable para maquillar sus resultados, en lo que podría suponer un delito societario.

En su denuncia, Diego de Ramón atribuye la quiebra de CAM, en buena medida, al hecho de que la caja diera créditos multimillonarios, que luego han resultado impagados, a grandes empresas inmobiliarias sin exigirles garantías suficientes.

Miembros de Compromís se concentran ante una sede de Bankia de Elche y piden que "se rescate a las personas"

ELCHE.- Varios componentes de la coalición Compromís per Elx se han concentrado este jueves a modo de protesta ante una sede de Bankia para reclamar que "se rescate a las personas" y han lucido pancartas con lemas como 'Personas sí, chorizos no', 'Queremos que Bankia sea pública', o 'La crisis que la paguen los que la han provocado', según ha informado la formación política en un comunicado.

   Además de los mensajes que han lucido frente a la entidad, entre los que también se han podido leer '#RescatemPersones' --'Rescatamos personas'--, o '¿Crisis? ¡Estafa!', los asistentes al acto de protesta han gritado y silbado para criticar los "excesos" que, a juicio de la coalición, se han cometido en las cajas de ahorros de la Comunitat Valenciana "con el dinero de los clientes y con dinero público".

   En este sentido, el portavoz adjunto de Compromís per Elx, Carlos Conejo, ha afirmado que la formación política ha escogido concentrarse ante una oficina de Bankia por su "simbolismo, puesto que este banco ha recibido más de 24.000 millones de euros de dinero público por sus pérdidas, mientras sus directivos se ponían sueldos astronómicos".

   "La crisis que todos sufrimos es una crisis de deuda privada, que viene provocada por la locura de esta burbuja de la construcción irracional, pero los poderosos quieren transformar esta deuda privada en deuda pública y que paguemos todos por sus excesos", ha señalado.

   Tras la concentración, los presentes a las puertas de la entidad han entrado a la sucursal, donde han continuado gritando sus reivindicaciones y han entregado un documento a uno de los trabajadores de la oficina, si bien la directora se ha negado a recogerlo, según ha indicado Compromís.

El PP levanta la suspensión al exedil Tormo y la alcaldesa de Elche le invita a trabajar por el partido

ELCHE.- El comité nacional del PP ha acordado levantar la suspensión cautelar de militancia al exedil 'popular' en el Ayuntamiento de Elche, Emigdio Tormo, suspendido en 2009, tras lo que la alcaldesa de la localidad y presidenta de la gestora del partido de la población alicantina, Mercedes Alonso, le ha "invitado" a sumarse "a trabajar por el partido en la ciudad", según ha informado este jueves la formación política en un comunicado.

   Así, Alonso se ha mostrado "satisfecha" con el acuerdo establecido, y ha afirmado que espera que Tormo "se sume al proyecto ilusionante que el Partido Popular está realizando en la ciudad de Elche y, sobre todo, a trabajar en todos los proyectos que se están realizando para mejorar la calidad de vida de los ilicitanos".

   El Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP suspendió en octubre de 2009 cautelarmente de militancia al entonces edil 'popular' en el Ayuntamiento de Elche Emigdio Tormo, a petición de la asamblea local ilicitana, a cuyo frente estaba la entonces portavoz del PP, Mercedes Alonso.

   El comité nacional 'popular' tomó esta decisión a petición de la asamblea local del PP, que había elevado un informe sobre la "conveniencia de suspender a Tormo por su actitud y por su desobediencia". De este modo, el comité atendió la solicitud y abrió un expediente disciplinario.

Nuevo tesorero del Misteri

La Junta Rectora del Patronato del Misteri, reunida este jueves en la Casa de la Festa, ha elegido al patrono Francisco Rodríguez Trives para el cargo de Tesorero, en sustitución de María Dolores Asencio, que dejó el cargo en la última sesión.

   Según ha informado este organismo en un comunicado, en esa sesión también se ha aprobado que se inicie el montaje de las tramoyas el lunes 16 de julio a las 8.00 horas, para la alta, y a las 20.00 horas del mismo día, en el caso de la tramoya baja.

   Además, la Junta Rectora ha dado el visto bueno a que los ensayos en la basílica de Santa María comiencen el día 23 de julio tanto para la escolanía como para la Capella.

   Por último, se ha designado al patrono Pepe Antón en representación del Misteri como miembro en la asamblea general de Visitelche.

El Comité de Empresa de RTVV convoca una huelga el domingo coincidiendo con las 'cremà' de las Hogueras de Alicante

VALENCIA.- El Comité de Empresa de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) ha convocado una huelga para el domingo que coincide con la 'cremà' de las Hogueras de Alicante, y así protestar contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) proyectado sobre el ente y para "subrayar lo necesaria que es para el pueblo valenciano la radio y la televisión públicas".

   En un comunicado, los representantes de los trabajadores han indicado que será la primera vez en 23 años que no se emita por Canal 9 la 'cremà' de las Hogueras. Asimismo, han advertido de que no permitirán "ninguna maniobra irregular por parte de la empresa para anular la eficacia de la huelga".

   En este sentido, han denunciado que la dirección del ente público "podría estar negociando con la empresa de un antiguo directivo de la casa para contratar una unidad móvil ajena con personal no trabajador de RTVV para sustituir a los huelguistas que protestan en defensa de sus puestos de trabajo".

   Al respecto, desde el Comité de Empresa han recordado que esta actuación que persigue "esconder las repercusiones de la movilización" es una acción "que vulnera el derecho constitucional a la huelga" y, si termina concretándose, exigirán las responsabilidades judiciales oportunas.

   Las mismas fuentes han señalado que se ha llegado a esta situación como consecuencia de la "falta de diálogo" por parte de la Generalitat y la dirección de RTVV, que no han buscado alternativas al proyecto de "desmantelamiento" del ente y ha puesto a sus trabajadores "en una situación de tensión máxima" que hace necesaria la adopción de "medidas excepcionales".

   Han recordado que el ERE afectará previsiblemente a más de un millar de trabajadores, dos de cada tres, y supone el desmantelamiento de RTVV. Frente a esto, los trabajadores reclaman un proyecto de viabilidad empresarial que suponga el mantenimiento de los puestos de trabajo, para apostar por un medio de comunicación al servicio de la ciudadanía que dé una información "objetiva y veraz" y potencie la cultura y lengua valenciana".

   "No queremos una televisión al servicio de ninguna formación política o gubernamental, un modelo que ha provocado el hundimiento político, económico y moral de nuestra empresa y que nos ha condenado a una crisis que podría significar la desaparición de la radiotelevisión de todos los valencianos", han concluido.

El dispositivo para la Operación paso del Estrecho contará con 95 efectivos entre Policía y Guardia Civil

ALICANTE.-   La Operación Paso del Estrecho que comienza este viernes en el puerto de Alicante contará con 95 efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, repartidos entre 55 miembros de Guardia Civil y 40 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, según ha informado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Alberto Martínez.

   Martínez ha explicado este jueves a los periodistas el dispositivo que se desplegará para la Operación Paso del Estrecho tras participar en la Junta Local de Seguridad junto la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

   El subdelegado del Gobierno en la provincia ha indicado que "ya está todo perfectamente planificado" para la citada operación, tras una reunión previa con el Ministerio del Interior para organizar el protocolo a seguir.

   Martínez ha explicado que en 2011 el puerto de Alicante tuvo un movimiento de aproximadamente 90.000 personas y 22.000 vehículos durante la Operación Paso del Estrecho, y que este año serán tres barcos de flota los encargados de realizar los transportes.

   Del mismo modo, ha subrayado que para este verano el Puerto contará con una permanente atención sanitaria por parte de Consellería y Cruz Roja, y que va a estar abierta la estación marítima "para cualquier necesidad que tengan los pasajeros", ha subrayado.

   Además, habrá un despliegue de asistentes sociales, intérpretes y efectivos de Protección Civil, por lo que, a juicio de Martínez "no hay ningún fallo en el dispositivo".

   Por otra parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia ha incidido en el hecho de que entre el 20 de julio y el 18 de agosto muchos pasajeros de religión musulmana que realizan la travesía celebran el tradicional mes de Ramadán, por lo que Martínez ha remarcado que espera que "no haya problemas ni dificultades".

   Igualmente, ha indicado que para las fechas de Ramadán se prevé la puesta en marcha de un "dispositivo especial", ya que durante esos días "puede haber más accidentes de desmayos y demás" debido al régimen de ayuno de los pasajeros de religión musulmana.

   Por último, ha considerado que "el dispositivo está completamente preparado", y que, si fuera necesario incrementar el número de efectivos sanitarios o de seguridad, los distintos organismos "prestarían esa ayuda sin problemas".

Fabra lanza un mensaje de "tranquilidad" a los valencianos porque los bancos son "más seguros que hace unos días"

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha lanzado este jueves un mensaje de "tranquilidad" a los valencianos que puedan estar preocupados por sus ahorros, ya que, según ha asegurado, los bancos españoles y los de la Comunitat son ahora "más seguros que hace unos días y que hace unos años".

   Fabra ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la sesión de control al presidente de la Generalitat en las Corts, en respuesta a una pregunta formulada por el síndic del PSPV, Antonio Torres, sobre la "respuesta" que va a ofrecer el Consell a los valencianos que tienen sus ahorros depositados en la CAM, en Bancaja o en el Banco de Valencia.

   Torres, durante su intervención, ha destacado la necesidad de "exigir responsabilidades" a los "malos gestores" de las entidades valencianas y ha instado al jefe del Consell a "actuar ante los organismos competentes para preservar los ahorros de los valencianos".

   El portavoz socialista ha criticado que el Gobierno valenciano "ha utilizado a capricho a las cajas para financiar proyectos ruinosos", y ha acusado a los 'populares' de haber "permitido y alentado la exposición al ladrillo de las cajas". Así, ha puntualizado que en el caso de la CAM "la exposición al ladrillo" fue del 98 por ciento, y en el del Banco de Valencia, del 66 por ciento.

   Asimismo, ha denunciado los "sueldos escandalosos", las indemnizaciones y pensiones "millonarias" y las "autoconcesiones" de prestamos "muy ventajosos". En esta línea, ha preguntado a Fabra si va a aceptar la creación de una comisión de investigación en las Corts sobre Bancaja, y cree que "está obligado a dar respuestas y soluciones" porque han generado "una gran alarma social".

   Antonio Torres ha asegurado que gran parte de los consejeros de las entidades valencianas fueron nombrados por el PP. No obstante, el presidente de la Generalitat ha indicado que también ha habido consejeros socialistas "y ninguno de ellos ha renunciando a su sueldo".

   Para Fabra, los socialistas "no pueden y no están legitimados para dar lecciones de ética y de democracia". En esta línea, se ha preguntado qué hicieron los dirigentes del PSOE durante los siete años en los que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno.

   El jefe del Consell ha hecho hincapié en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está llevando a cabo medidas para lograr "un sistema financiero solvente" algo que, a su juicio, "se tenía que haber hecho hace muchos años". "Ahora el Gobierno ha pedido ayuda al eurogrupo para resolver el problema de confianza que existe en las entidades financieras", ha apostillado.

   Asimismo, ha señalado que "las funciones de disciplina, inspección y sanción" de las cajas correspondÍan al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, "nombrado por el PSOE y un cargo socialista".

   En su opinión, "los socialistas españoles, cuando vieron que el sistema financiero iba mal, quisieron segur presumiendo" y dejaron a los pies de los caballos a los ciudadanos valencianos y españoles".

   Alberto Fabra, en otro momento de su intervención, ha lamentado que la oposición critique a Bancaja y ha asegurado que el resto de entidades que integran Bankia "también han tenido exposición al ladrillo".

   Por su parte, el portavoz adjunto del PSPV Rafael Rubio ha preguntado si la Generalitat tiene previsto acudir a los tribunales para que se determinen las responsabilidades que ha habido por haber "hundido" a las entidades financieras valencianas.

   El conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, ha respondido que desde el Ejecutivo valenciano van a "colaborar totalmente con la justicia para esclarecer cualquier responsabilidad".

   Buch ha denunciado las críticas del vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, al Banco de Valencia y ha asegurado que "lo que mejor podía hacer es callarse". En este momento, desde su escaño, el diputado socialista Josep Moreno ha preguntado: "¿van a denunciar a Almunia o a Olivas?".  Asimismo, el parlamentario del PSPV Francisco Toledo a instado a los 'populares': "elijan entre Olivas o los valencianos"

Uno de cada tres ancianos ayuda con su pensión a sus familiares, según la Cruz Roja

BARCELONA.- Uno de cada tres ancianos han ayudado económicamente a alguno de sus familiares con sus pensiones en los últimos dos años, y uno de cada cuatro han tenido que acoger de nuevo a algún hijo en su casa, ha concluido el III Observatorio de Vulnerabilidad de la Cruz Roja de Cataluña. 

   El presidente de la entidad, Josep Marquès, ha explicado en rueda de prensa que las personas mayores se están convirtiendo en "un pilar imprescindible para paliar las secuelas de la crisis" y son un colectivo que debe cuidarse para evitar un efecto dominó que alcance al conjunto de la sociedad.

   Tras analizar el impacto de la crisis en 674 usuarios mayores de 65 años, la entidad de ayuda humanitaria ha detectado que el 70% de ellos han visto disminuir su capacidad de ahorro, debido al encarecimiento de los precios y al incremento de las cargas familiares.

   También el 70% creen que "esta crisis es más grave que las anteriores" y que las nuevas generaciones vivirán peor que las actuales debido al deterioro del Estado del Bienestar.

   "Cualquier política referida a la vejez puede tener repercusiones sobre el conjunto de las familias y la sociedad", ha recordado Marquès, animando a las instituciones a abordar medidas en este ámbito.

    El estudio revela que se han invertido los flujos de solidaridad intergeneracional por los cuales los más jóvenes contribuyen al bienestar de los mayores a través de la financiación del sistema de pensiones.

   "Ahora ya son más los mayores de 65 años que apoyan a las generaciones más jóvenes", ha destacado Marquès, cifrando en un 20% los ancianos que prestan ayuda económica a sus hijos, un 10% los que ofrecen apoyo alimentario y un 6,5% los que han acogido a algún hijo en casa.

   El impacto de la crisis económica tiene consecuencias sobre la alimentación de los mayores ya que, un 20% de ellos asegura no poder comer con regularidad fruta, carne ni pescado.

   Además, el hecho de tener que destinar sus pensiones a ayudar a sus familiares ha obligado a la mitad de ellos a privarse de ir al dentista y revisarse la visión.

   Marquès ha alertado de que dos de cada cuatro ancianos no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada y que el 80% de ellos no pueden permitirse ningún gasto en ocio y descanso.

   Debido a todos estos factores, los mayores "tienen la percepción de ruptura del progreso social a causa del deterioro del Estado del Bienestar".

El Sabadell adelanta que no habrá crédito

BARCELONA.- El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha augurado este jueves que la reforma financiera y el rescate de la banca española no conllevará una mejora de la fluidez del crédito, sino al contrario, que el crédito disminuirá.

   "El rescate puede ser la reforma definitiva en términos de la reestructuración, pero en términos macroeconómicos no será el mecanismo para impulsar el crecimiento", ha avisado.

   Lo ha dicho en una mesa redonda en el XII Coloquio Servicio Público-Gestión Privada de Iese en la que también han participado los economistas José García Montalvo y Germà Bel.

   Guardiola ha negado la afirmación de que el rescate arreglará los bancos, lo que hará que fluya el crédito y lo que, en consecuencia, provocará un crecimiento de la economía.

   "No podemos esperar nada del crédito; al contrario, el crédito bajará", ha sentenciado, y ha criticado las regulaciones internacionales y europeas, demasiado estrictas a su entender, que no posibilitan la recuperación del crédito.

   Según Guardiola, las elevadas provisiones que se requieren a los bancos españoles castigan las reservas de las entidades, lo que acaba afectando a su capital, que solo se puede recuperar reduciendo los créditos.

   En cuanto a la deuda pública, el consejero delegado de la entidad catalana ha asegurado que "la única salida razonable" sería que el Banco Central Europeo (BCE) comprara deuda y bajara la prima de riesgo en 300 puntos con la condición de que España hiciera sus deberes a nivel de reformas.

Banco Sabadell acaba de adquirir por un euro la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Fabra defiende la política de grandes eventos

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha defendido la política de grandes eventos del Gobierno valenciano, a pesar de ser  "tan criticada", porque "hace que se superen los 9.000 millones de euros y ha generado más de 270.000 empleos acumulados y cerca de 75 millones de visitantes". En este sentido, ha asegurado que el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA), "tan criticado por algunos", es el centro más visitado de España desde 2011, "por encima de la Alhambra, El Prado o la Sagrada Familia".

   Fabra se ha expresado de esta manera en la sesión de control en las Cortes con motivo de la pregunta sobre el turismo valenciano, formulada por el portavoz en funciones del PP, Rafael Maluenda, --que ha sustituido al síndic titular, Rafael Blasco, que ha delegado sus funciones ante su posible imputación en la trama de las ayudas de cooperación después de que la juez crea que hay indicios de hechos de naturaleza delictiva en su actuación al frente de la Consejería de Solidaridad--.

   El jefe del Consejo, que ha puesto CACSA como ejemplo de la política de grandes eventos dirigida al turismo en la Comunidad, ha afirmado que este complejo "genera 157 millones de euros de gasto turístico al año y el gasto turístico total se traduce en un impacto de 73,2 millones de euros en términos de renta, lo que genera o mantiene 3.400 empleos".

   Dada la importancia del turismo para la Comunidad, según ha resaltado el jefe del Consejo, ha reclamado una oficina de monitorización de mercados internacionales para conocer los mercados y coordinar acciones con Turespaña y ha señalado la necesidad de realizar un congreso de formación turística "al más alto nivel".

   De esta manera, ha explicado que el sector turístico es "fundamental" para la economía porque supone casi el 13 por ciento del PIB y casi el 13 por ciento del empleo en la Comunidad. Por tanto, "hablar de Turismo es hablar de Comunitat, porque somos referente nacional e internacional". "Somos el tercer destino para los españoles y el quinto para los extranjeros" y esto "no es fruto de la casualidad porque se ha trabajado muchos años para poner en valor los activos de la Comunitat", ha aseverado.

   Asimismo, ha destacado que se ha conseguido "desestacionalizar un sector gracias al esfuerzo del Consell y del sector privado".

 "Las inversiones han puesto en valor el sector y han permitido poder llegar a más gente y diversificando los productos", ha agregado Fabra, quien ha apuntado que "somos un destino preferente a nivel internacional porque hemos sabido proyectar la imagen al exterior, de la mano del sector privado".

   El 'popular' Rafael Maluenda ha sido el encargado de formular la pregunta de control de su grupo al presidente de la Generalitat como "portavoz en funciones", tal y como le ha definido el presidente de las Cortes, Juan Cotino, en sustitución del síndic titular, Rafael Blasco.

El Gobierno quiere reducir vacaciones a los funcionarios

MADRID.- La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.

   En concreto, en el borrador se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a los empleados públicos.

   En el borrador, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.

   En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas semanales.

   En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios no se contempla la jornada intensiva.

   De hecho, en una carta el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción operada en el periodo estival para completar dicho cómputo".

   En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.

   De aprobarse esta nueva resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.

   La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los empleados públicos de estas áreas.

   En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de duración inferior a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los horarios y de los niveles de absentismo.

   El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar "unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

   En dicha ley, recuerda CC.OO., se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es "inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".

   Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las administraciones públicas, "que seguirán probablemente el camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".

   Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco Camarillo, también ha expresado su malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como determina el EBEP.

   Camarillo ha calificado este procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los empleados públicos.

   Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor", ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.

Alicante, Almería y Murcia sólo tendrán dos vías férreas en el corredor mediterráneo ferroviario

MADRID.- El Ministerio de Fomento quiere tener terminado en el año 2016 el tercer carril del Corredor Mediterráneo de mercancías, aunque este calendario solo es válido por ahora para el tramo entre Valencia y Barcelona. La Región de Murcia, Almería y Alicante no entran en estos planes a la vista de la información que ofreció la ministra de Fomento, Ana Pastor, en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno. 

En respuesta a una pregunta de Convergencia i Unió, Pastor adelantó que el proyecto constructivo de este carril estará terminado en el primer trimestre de 2013 y que el plazo de ejecución será de tres años, según las primeras estimaciones de los técnicos.

El proyecto para la implantación del tercer carril en dicho corredor ha sido encargado a Ineco, la consultora de ingeniería del Grupo Fomento, a la que está sirviendo de base para su elaboración un informe técnico «muy completo» de los gobiernos autónomos de Valencia y Cataluña, detalló la ministra. Dicho informe deja fuera a la Región de Murcia.

Ana Pastor reiteró su apuesta por el Corredor Mediterráneo, infraestructura que «tiene una importancia trascendental en nuestro país» y cuya ejecución es «fundamental para este Gobierno». Ha adelantado, asimismo, que en julio presentará en Tarragona, tal y como se comprometió con los representantes de la industria petroquímica, los estudios que se están elaborando, «para que todos los empresarios y la sociedad civil puedan aportar a este proyecto lo que sea lo mejor para la industria petroquímica, pero también para la industria del sector del automóvil». 

Pastor ha destacado la importancia que este tramo del Corredor Mediterráneo tendrá para la actividad de los puertos que muestran una evolución creciente, con un incremento del 8,6 % hasta el mes de mayo. El portavoz de Fomento del grupo parlamentario catalán, Pere Macias, ha subrayado la importancia del tercer carril, porque el futuro e inversiones de muchas empresas, como la Ford, o la industria química de Tarragona, dependen del calendario de su puesta en marcha.

Los bancos pequeños en apuros tendrán que quebrar para que salgan el resto adelante

BRUSELAS.- La Unión Europea pedirá a España como condición para recibir el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros pactado el pasado fin de semana que cierre las entidades problemáticas cuya quiebra no desestabilice la economía.

   "No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario", ha asegurado un alto funcionario europeo. "Hay casos en que habrá que liquidar entidades", ha agregado.

   Ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad futura sin subvenciones y limite las distorsiones de competencia.

   Además, las entidades que pidan fondos públicos deberán abonar un interés de al menos el 8,5% (frente a entre el 3% y el 4% que pagará España por la ayuda europea). El objetivo de este tipo "casi prohibitivo" es empujar a los bancos a intentar al máximo lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado, con la venta de activos o fusiones.

   "Si alguna entidad por los mecanismos de mercado no llega a cubrir esas necesidades y se considera que su liquidación podría tener un impacto sistémico en la economía española ahí habría intervención pública, con condiciones muy estrictas", han explicado las fuentes consultadas.

   La UE quiere "evitar al máximo que se utilice dinero público", de modo que "si hay entidades que deben quebrar, quebrarán".

   Bruselas cree que pude haber actores en el mercado, tanto nacionales como internacionales, interesados en adquirir activos en el mercado bancario español. Aunque en estos momentos ninguna operación puede considerarse libre de riesgo, "hay inversiones que pueden ser prometedoras" porque la crisis terminará y el sistema financiero español resulta "interesante" por su proyección en otras regiones del mundo como América Latina.

   "Puede interesar a los inversores que quieran apostar a largo plazo", señalan las fuentes.

Almunia, de acuerdo

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de  Competencia, Joaquín Almunia, ha apostado también por una liquidación ordenada de entidades financieras no viables y ha considerado que es una opción normal que ya ha sido adoptada por diferentes países europeos.
   El vicepresidente de la CE ha señalado que es "lógico" que se opte por una liquidación ordenada cuando el coste de reestructurarla y vender sus activos es superior. "Tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza" ante este tipo de medidas, ha recalcado.
   "Cuando el coste de reestructurar y de poner en un lugar más seguro a una entidad es superior al coste de liquidar esa entidad de manera ordenada y de vender sus activos, de distribuirlos entre otras partes del sector financiero, pues es lógico que en nombre de los contribuyentes, en nombre de quienes pagan el rescate, se prefiera una liquidación ordenada a no mantener a costa del dinero público una entidad que no alcanza los niveles de viabilidad mínimos", ha concretado.

El colapso de la eurozona afectaría al turismo

FRANCFORT.- Un colapso de la zona euro tendría un efecto paralizante en las aerolíneas y grupos hoteleros de Europa, debido a que los consumidores y las empresas reducirían sus presupuestos de viaje y los precios se derrumbarían, dijo la consultora del mercado Euromonitor International.

En el peor de los casos, es decir, una disolución desordenada de la zona euro, Euromonitor indicó que el número de turistas que entran en los países europeos caería hasta un 11 por ciento, en medio de una profunda recesión y graves consecuencias para la economía mundial.

El gasto de los turistas se reduciría a un ritmo aún mayor, de un 17,3 por ciento, con los consumidores a la busca de ofertas y la baja demanda impactando en los precios, dijo en un informe basado en las conclusiones de una revisión de crisis económicas previas en tiempos de inestabilidad macroeconómica.

Un escenario menos severo sería una salida de Grecia, mientras que el resto de la eurozona quedaría intacto. Este panorama generaría una caída del 2,8 por ciento en el número de turistas, según estimó Euromonitor.

Si no ocurre ninguna de estas alternativas, la llegada de turistas a la zona euro caería un 0,7 por ciento este año, agregó.

Los griegos afrontan unas elecciones clave el domingo, que algunos temen que desencadene su salida del euro. Un quinto de los ingresos económicos del país provienen del turismo. Otros creen que Grecia podría beneficiarse de una salida de la zona euro, tras una caída del 15 por ciento en los ingresos turísticos en el primer trimestre de 2012.

El operador turístico británico Thomas Cook, que compite con TUI Travel, entre otros, dijo el mes pasado que prevé un aumento de las reservas a Grecia si la economía abandona la divisa común, ya que las vacaciones en la nación mediterránea serían más baratas.

En un derrumbe total de la zona euro, los hoteles verían un colapso del 15 por ciento de sus ingresos. El gasto en pasajes aéreos caería casi un 20 por ciento, con las compañías reduciendo los billetes baratos y los turistas cancelando sus planes u optando por trenes o autocares para ahorrar dinero.

"El impacto macroeconómico de una desintegración de la zona euro sería catastrófico", agregó.

Sin embargo, aerolíneas de bajo coste como Ryanair y EasyJet sufrirían mucho menos que compañías de bandera como la alemana Lufthansa o la británica British Airways, ya que se quedarían con los pasajeros más preocupados por el coste.

Arias Cañete quiere recuperar el "espíritu" del Plan Hidrológico de 2001

TOLEDO.- El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha insistido en que quiere recuperar en el futuro Pacto Nacional del Agua el espíritu del Plan Hidrológico Nacional de 2001, diseñado entre otros puntos para trasvasar más de mil hectómetros cúbicos anuales del Ebro a las cuencas mediterráneas que, según ha indicado, apoyaron prácticamente todas las comunidades autónomas, incluidas Cataluña y Castilla-La Mancha.

   Así, ha explicado que este Pacto Nacional del Agua "obedece a la necesidad de poner orden en las políticas de aguas" que se desarrollan en España y cumplir con las obligaciones del país en la UE.

   Igualmente, ha avanzado que será "de larga duración" y tendrá carácter "estratégico y vertebrador" para todo el territorio nacional, además de dar como resultado la propuesta de un nuevo Plan Hidrológico Nacional, "que contemple acuerdos y materialice sus objetivos".

   En su comparecencia, ha explicado a petición de la Izquierda Plural que la ruptura de ese consenso y la modificación del Plan Hidrológico Nacional dieron paso a un nuevo periodo donde se pasó de acusar al anterior Gobierno de realizar "obras faraónicas para trasvasar agua", a planificar e iniciar, que no finalizar, "obras faraónicas para desalar agua".

   Con ello, ha indicado que el programa de desaladoras ha dado los siguientes resultados: de las 51 instalaciones programadas, tan sólo 17 están en explotación, y 15 todavía en trámite de construcción. Igualmente ha señalado que se ha realizado una inversión de 1.664 millones de euros y faltan otros 762 millones para poner en funcionamiento aquellas todavía en ejecución.

   "Hay instalaciones produciendo a la mitad de su capacidad por falta de demanda y algunas no llegan ni al tercio de su capacidad instalada. Y todo con precios de producción difícilmente asumibles para el abastecimiento humano e inasumibles para el regadío y la agricultura", ha agregado.

   En este sentido, Arias Cañete ha recordado que en España no se depuran todas las aguas y se debe dar cumplimiento a lo que establece la directiva europea del Consejo sobre aguas residuales. De hecho, ha señalado que cinco años después de poner en marcha el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración 2007-2015, con una inversión prometida de 6.233 millones de euros, la Comisión Europea ha iniciado dos procedimientos sancionadores y un requerimiento contra España.

   Sobre la planificación hidrológica, el ministro ha resumido que se debería haber concluido en diciembre de 2009 y que para España se han definido 25 demarcaciones: 16 intracomunitarias, cuya planificación es competencia de las comunidades autónomas, y nueve intercomunitarias, en que la responsabilidad planificadora es del Ministerio.

   En total 25 planes, de los cuales, hasta la fecha, sólo se ha culminado uno de cuencas intracomunitarias, el de Cataluña. Por este motivo, dice que la Comisión Europea también ha abierto un procedimiento de infracción a España.

   "La situación descrita obliga a la realización de una profunda reflexión y un planteamiento de medidas más adecuadas. Se debe abordar este nuevo periodo desde otra perspectiva y sin aplicación de criterios partidistas, solucionando los problemas generados, cumpliendo con nuestras obligaciones con la UE, pero sobre todo, planteando soluciones racionales que duren en el tiempo", ha añadido.

   Con ello, ha indicado que este "importante reto" ha comenzado con la definición de una nueva estructura de gestión y decisión, con una mayor coordinación entre la Dirección General del Agua y las Confederaciones Hidrográficas, para agilizar los procedimientos y finalizar los planes hidrológicos "lo antes posible".

   De hecho, ha puntualizado que el avance "más significativo" en este proceso ha sido la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua de Aragón y el inicio del periodo de información y participación pública del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.

   "El Gobierno trabajará para lograr que, a lo largo del año 2012, el Consejo Nacional del Agua pueda aprobar los planes de las demarcaciones de Galicia - Costa, Tinto - Odiel - Piedras, Guadalete - Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas, Miño - Sil y Baleares, los cuales serán posteriormente aprobados por el Consejo de Ministros", ha finalizado.

   En cuanto al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Arias Cañete ha manifestado que España no se opone, ni romperá el consenso europeo, a que se transforme en el organismo especializado de la ONU para el Medio Ambiente.

   Así, ha explicado a petición del PSOE la consideración que aporta el Ejecutivo a dicho programa y de que España lo presida y ha destacado con ello que el Gobierno ha asumido hasta febrero de 2013 la presidencia de dicho programa.

   Igualmente, el ministro ha explicado cómo en la última de sus reuniones, el foro se centró en el tema general de 'La agenda ambiental en un mundo de transformación: de Estocolmo a Río', y el debate se articuló en torno a tres áreas, las perspectivas del medio ambiente mundial, la economía verde y el marco institucional para el desarrollo sostenible.

   Desde la oposición, Leire Pajín, del PSOE, ha criticado que el Gobierno haya diseñado una hoja de ruta contraria a lo que pide la comunidad internacional y dice que no se puede ir a la futura cumbre de Rio +20 y prometer una hoja de ruta sostenible y después en el país "hacer lo contrario". En este sentido, cree conveniente que el ministro convoque y escuche a los portavoces parlamentarios para consensuar la postura española en dicha reunión internacional.

   En materia de agua, ha preguntado a Arias Cañete si los grupos parlamentarios van a tener la posibilidad de participar en el acuerdo y sobre qué premisas se va a sustentar dicho consenso. "Usted ha hablado de proyecto faraónicos y de desaladoras que van a tener que poner en marcha de forma muy clara", le ha advertido.

   Desde ICV, Laia Ortiz le ha recordado que el plan hidrológico de 2001 generó conflictos territoriales. "Me preocupa si el referente es volver a ese escenario de amenaza de trasvases. Lo que nos preocupa es la salud de nuestros ríos y ese plan hidrológico es lo que menos tenía en cuenta", ha agregado. Igualmente, ha avisado que, hasta ahora, lo propuesto por el Gobierno va en contra de la directiva marco de agua. "La alarma que fija este plan hidrológico y vuelve la pesadilla del trasvase y seguro que no es el mejor contexto para el trasvase", agrega.

Hallan restos en la exhumación de dos supuestos bebés robados

ALICANTE.- Las labores de exhumación de tres supuestos bebés robados realizadas este miércoles en la provincia de Alicante han permitido encontrar restos en dos de los casos, que serán sometidos a las pruebas de ADN, mientras que en un tercero caso los restos hallados "no son compatibles con la información facilitada" por los afectados, por lo que la diligencia ha concluido "sin éxito", según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

   La primera de las búsquedas, todas ellas realizadas por petición de Fiscalía y con la presencia de las familias afectadas, se ha iniciado a las 10.00 horas en un panteón familiar del cementerio de Monóvar (Alicante), y ha permitido localizar los restos de un bebé, que serán sometidos a los oportunos análisis de ADN.

   A las 12.00 horas, se ha procedido a una exhumación en un enterramiento particular dentro del cementerio de la misma localidad, si bien, en este caso "la zona no estaba clara". En la ubicación determinada por la familia afectada se han encontrado restos de adultos y bebés, pero "no compatibles con la información facilitada", por lo que la diligencia se ha dado por concluida y "sin éxito".

   También se ha practicado otra exhumación en un nicho del cementerio de la partida de Torremendo, en Orihuela, donde han sido hallados restos de un bebé que serán sometidos a las oportunas pruebas de ADN.

El Gobierno valenciano dice que los casos de corrupción son "aislados"

VALENCIA.-   El consejero de Justicia y Bienestar Social del gobierno valenciano, Jorge Cabré, ha asegurado este miércoles que desde el Gobierno valenciano "se están adoptando todas las decisiones para que haya absoluta transparencia y nadie pueda dudar de la cooperación al desarrollo valenciano". En este sentido, se ha referido al caso que investiga el juzgado 21 de Valencia sobre la supuesta trama de desvío de fondos de cooperación internacional y ha apuntado que la Justicia es "lenta pero efectiva".

   Cabré se ha expresado de esta manera en la sesión de control al Consell en las Cortes Valencianas con motivo de la pregunta formulada por la diputada socialista Clara Tirado en relación a las actuaciones que ha realizado el Gobierno valenciano para "depurar las responsabilidades políticas", tras conocerse el contenido del sumario de la instrucción del caso de cooperación.

   En esta línea, el titular de Justicia ha afirmado que se trata de "casos aislados" y "no merece la cooperación que por ellos se dé una imagen" negativa de ella. Por ello, ha apostado por que cuando le pregunten por la cooperación "en sentido negativo" su respuesta será en "positivo".

   La diputada socialista, Clara Tirado, sin embargo, ha criticado que hace 18 meses que denunció el caso y dio "todos los detalles de una trama" que afecta al actual portavoz del PP en las Cortes valencianas y exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, presente en el hemiciclo. "Entiendo que cuando lo denuncié, lo primero que deberían haber hecho es ir a la Consejería a comprobar" la veracidad de estas informaciones, ha dicho porque ahora han sido "ratificadas" por el juzgado número 21 de Valencia, ha apostillado.

   Tirado ha acusado al PP y al Consell de haber pasado 18 meses "tapando el escándalo y colaborando con la trama", y "poniendo velas al santo a ver si no imputaban a Blasco, por el pánico que le tienen. No han hecho nada, ni cuando los amigos de Blasco hablaban de violar diputadas, o eran racistas. No hicieron nada".

   La parlamentaria socialista, asimismo, ha criticado la "incongruencia" del PP porque "mantienen a diputados implicados en los peores casos de corrupción" y a otro que califican de talibanes a los profesores, "lo despachan", ha dicho en relación al que fuera director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva de la Conselleria de Educación, Mariano Vivancos.

   Tirado ha insistido en que, mientras a Vivancos le han "apartado" por llamar "talibanes" a los profesores, a Carlos Fabra, "imputado por graves delitos, le hacen presidente de Aerocas"; a Alfonso Rus, que llamó "gilipollas" a los profesores, "le hacen candidato a la presidencia del PP de la provincia de Valencia"; a Sonia Castedo, que "pactó el plan urbanismo de Alicante, le hacen candidata a la Alcaldía de Alicante". Por tanto, "como ya sabemos cómo funcionan las cosas en el PP, señor Blasco repita conmigo: ta-li-ban", ha concluido.

   Por otro lado, el socialista José Manuel Sánchez ha preguntado a la consejera de Educación, Formación y Empleo, María José Catalá, por las causas por las que han "impedido" al Server hacer efectivo el reintegro de 200.000 euros adeudados por la Federación Valenciana de Asociaciones de Vecinos (Favcova).

   Sánchez ha explicado que el Consell lleva cinco años con esta deuda pendiente y lo ha atribuido que el PP "mira hacia otro lado" en este caso porque "nos encontramos en otro caso de saqueo a las arcas públicas bajo el amparo del PP".

   Al respecto, ha denunciado que los 'populares' "se ha dedicado a potenciar a golpe de talonario determinadas asociaciones para construir una red clientelar que le sirva para sus intereses". Sánchez ha apuntado que el Gobierno valenciano ha destinado "12 millones de euros para entidades bajo el paraguas de Central Ciudadana y Favcova" con el "mismo modus operandi que en cooperación".  

   La consejera de Educación ha respondido que desde el Gobierno valenciano "vamos a exigir hasta el último euro" a esta entidad y, para ello, "el Server ha iniciado los procesos de reintegro en los plazos correspondientes" para que no incurra en prescripción.

   De esta manera, ha explicado que el Server ha instruido ya cuatro expedientes para pedir las cantidades adeudadas. De hecho, ha añadido, ya se ha hecho efectivo la incautación del aval que se pide cuando se otorgan estas ayudas. Català ha remarcado que el Servef "está cumpliendo todos los requisitos legales" para efectuar el reintegro de las ayudas. "Desde el Servef está cumpliendo taxativamente con la Ley General de Subvenciones", ha afirmado.

El Congreso pide revisar los blindajes de directivos de entidades rescatadas

MADRID.- El grupo parlamentario de CiU ha pactado con PP, PSOE y PNV instar al Gobierno a que revise los blindajes de los directivos de entidades bancarias que requieran ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para evitar su materialización aunque dichas indemnizaciones ya hayan sido devengadas, como es el caso de la CAM.

   Según consta en el texto acordado por los diferentes grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso Europa Press y que será votado este martes en el Pleno del Congreso, se pide al Ejecutivo que revise "la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, aunque ya hayan sido devengadas, de entidades financieras que hayan requerido de ayudas del FROB".

   Además, en lugar de pedir la anulación o declaración de invalidez de estos blindajes, como figuraba en la iniciativa original, CiU pide que se "impida la materialización" de dichos pagos, y precisa que la revisión "sólo afectará a las entidades financieras que hayan requerido ayuda al FROB", dejando fuera a las entidades sanas que se fusionen con otras problemáticas para que no se vean castigadas por este tipo de operaciones.

   Finalmente, el PNV ha introducido en el texto una enmienda propia en la que se recoge que estos principios deberán "ser tenidos en cuenta" durante la tramitación como proyecto de ley de la reforma del sector financiero aprobada el pasado mes de mayo.

Tras una tarde de gran trasiego por los pasillos del Congreso, CiU ha decidido sacar de su iniciativa la petición de anular o, al menos, limitar las pensiones e indemnizaciones de los directivos de cajas de ahorros que reciban apoyo público del FROB no sólo en 2012 y mientras subsista el apoyo financiero público, sino también con carácter retroactivo a ejercicios anteriores si de la gestión de aquellos ejercicios se derivara la posterior situación de necesidad de ayuda pública.

   En cualquier caso, el portavoz nacionalista catalán de Economía, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que con el nuevo texto se mantiene el objetivo de "impedir que con dinero público se puedan pagar indemnizaciones millonarias, incluso con carácter retroactivo, a los administradores o directivos de entidades financieras que hayan sido intervenidas por el Estado o que hayan recibido ayudas públicas a través del FROB".

   Su aliado en la negociación, Pedro Azpiazu (PNV), se ha congratulado del acuerdo aunque ha reconocido que su grupo prefería que estas medidas no se limitaran únicamente a las entidades con ayudas públicas, sino que se incluyeran en los códigos de conducta y los estatutos de los bancos. Además, ha exigido que "la iniciativa se convierta cuanto antes en ley de obligado cumplimiento mediante su inclusión en el proyecto de ley de la reforma financiera".

   El socialista Jesús Caldera ha destacado que este acuerdo, aunque "parcial", es "muy importante" para acabar con un comportamiento que "no es ético y tampoco tiene sentido económico". "Las remuneraciones excesivas llevan a la asunción de riesgos excesivos, y es importante que hagamos que quienes no han hecho un buen trabajo y no han aportado valor a sus empresas no puedan percibir indemnizaciones millonarias, especialmente en un momento tan delicado como éste", ha defendido.

   Además, el exministro ha deseado que a partir de este acuerdo se pueda hacer "un debate de más profundidad" y "con transparencia" sobre este asunto para "establecer códigos de conducta" que impidan que estas situaciones se repitan en el futuro.

   También el diputado 'popular' Fernando López-Amor se ha congratulado de este acuerdo para frenar un fenómeno "absolutamente execrable", aunque ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy "ya había tomado las medidas adecuadas" en este sentido, prohibiendo los bonus en el futuro en entidades que reciban ayudas públicas.

   A renglón seguido, ha aprovechado para reprochar al PSOE que, "en ocho años de Gobierno y viendo que no había un saneamiento adecuado del sector, no tomó medidas ni desde el punto de vista del saneamiento ni desde el punto de vista ético y de razonabilidad". "Esperamos que en la tramitación del proyecto de ley de la reforma financiera se puedan plasmar estas medidas de acuerdo con todos los grupos", ha concluido López-Amor.

   Por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el diputado Joan Coscubiela ha aplaudido que se intente abordar un problema como éste, que es "una de las causas" de la actual crisis, si bien ha reconocido tener "la sensación de que se pretende dar la imagen de que se abordan los problemas sólo para dar la imagen de que se hace algo". Por eso, ha condicionado su voto "de buena fe" a que el PP se comprometa a plasmar estos principios en la reforma financiera y también a llevarlos a la práctica.

   El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha apoyado la medida si bien ha señalado que debería extenderse a todas las entidades, y no sólo a las que pidan ayuda al FROB, y ha recordado que con este acuerdo se aborda "una de las partes donde radica la crisis", pero no se abordan las responsabilidades de quienes "tenían que regular y vigilar el sistema y no lo hicieron", permitiendo que "comportamientos obscenos" de algunas entidades para obtener beneficios hayan llevado a un gran apalancamiento del sistema que ahora provoca problemas generalizados al sistema.

   En este sentido, la diputada de ERC Teresa Jordà ha aprovechado para señalar que los directivos de las entidades con problemas "no sólo no merecen los premios económicos sino que merecen una comisión de investigación y, muy probablemente, un castigo penal de dimensiones similares a sus escandalosas indemnizaciones". "Es ruin que entidades intervenidas con dinero de todo regalen indemnizaciones multimillonarias a sus directivos", ha zanjado.

   Finalmente, el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha reconocido que le gustaba la propuesta inicial de CiU y ha lamentado la nueva "propuesta edulcorada" que "mira hacia adelante" y pierde la petición de retroactividad más allá de lo devengado y no cobrado. "No se puede ignorar esto, no se puede decir que se han llevado esas cantidades por hundir las entidades y, como mínimo, hay que congelar cautelarmente (estas indemnizaciones) mientras la justicia actúa. Si no, será una solución en falso", ha advertido.

EU pide la comparecencia de Zaplana, Camps y Olivas en las Corts para explicar su gestión en el control de las cajas

VALENCIA.- El grupo de Esquerra Unida (EU) en las Corts Valencianes ha pedido este martes la comparecencia en la Cámara autonómica de los ex presidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana, Francisco Camps y José Luis Olivas, este último también ex presidente de Bancaja y Banco de Valencia, para que expliquen "cuál fue su responsabilidad y su gestión" en las competencias del Consell para "dirigir, investigar y supervisar" la actividad de las cajas valencianas.

   Igualmente, ha exigido "responsabilidad" y "cárcel" por la pérdida de las entidades de ahorro valencianas y del tejido financiero de la Comunitat. Así lo ha explicado la coordinadora de EUPV y portavoz de esta formación en las Corts, Marga Sanz, durante el acto que varios de sus miembros han celebrado frente a la sede principal de Bancaja en la ciudad de Valencia para exigir "la depuración de responsabilidades políticas y penales por la quiebra y pérdida de las cajas de ahorro valencianas".

   Junto a Sanz estaban el también diputado autonómico Ignacio Blanco; la diputada provincial de EU en la Diputación de Valencia Rosa Pérez; el portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, y la otra concejala de EU en esta corporación Rosa Albert. Todos se han concentrado durante unos minutos ante la central de Bancaja tras una pancarta en la que se podían leer en valenciano las frases 'Judici als Bankers' ('Juicio a los Banqueros') --esta última palabra imitando el logotipo de Bankia-- y 'No paguem els seus deutes' ('No paguemos sus deudas').

   Con esta convocatoria, EU ha querido también apoyar la creación de una 'Comisión de la Verdad' en el Congreso sobre la crisis de las entidades financieras que esta tarde defenderá en la Cámara Baja el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y portavoz parlamentario, Cayo Lara. Esta comisión busca "investigar qué ha pasado en el sistema financiero español" y saber "si han habido fraudes" y "qué responsabilidad ha tenido en todo el Banco de España y el Gobierno".  

   Marga Sanz ha indicado que "los más de 170.000 millones que la banca ya está absorbiendo de dinero público exige responsabilidad y cárcel" porque "no es posible que en estos momentos la gente esté pagando, con 6 millones de parados y con recortes en los derechos fundamentales de educación y de sanidad, lo que la banca se está tragando por culpa de haberse metido en una dinámica de especulación, en un sistema productivo que nos ha llevado al caos".

   "En estos momentos exigimos responsabilidades", ha reiterado Sanz, que ha precisado que a prisión deben ir "todos aquellos que se han quedado con dinero de los españoles y que han mentido a la ciudadanía sobre cuáles fueron los balances que se dieron en su momento". Ha agregado que EU quiere saber "con qué balance se presentó Bancaja en la SIP de Bakia, qué valoración tuvieron esos activos" y que se diga "qué ha pasado con el dinero de los valencianos y valencianas y qué va a pasar también con sus ahorros en el Banco de Valencia".  

   La diputada ha anunciado que EU ha registrado este martes en el Parlamento Valenciano "una petición de comparecencia de Zaplana, Camps y Olivas para que expliquen en el pleno de las Corts cuál fue su responsabilidad y su gestión al frente de las competencias que tenía el Consell para poder dirigir, investigar y supervisar la actividad de las cajas en este periodo que se está cuestionando". No ha descartado pedir también una comisión de investigación.

   Marga Sanz ha confiado en que la Cámara autonómica "pueda dar eco a estas explicaciones" que exige la ciudadanía. "Es un escándalo que está afectando al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que hoy, más que nunca, exigen responsabilidades de quienes nos han hundido, los bancos, de quienes han hundido la economía y de quienes han provocado que hoy no tengamos cajas que podrían ser banca pública para incentivar nuestra economía y a nuestras empresas".

   Ha considerado que así se podría "poner en marcha una dinámica diferente" para salir de la crisis y hacer que su impacto "sea mucho menor". En este sentido, preguntada por la denuncia del FROB contra la cúpula del Banco de Valencia, Sanz ha respondido que "todo está metido en la misma dinámica", al tiempo que ha pedido que la "lógica" actuación de este organismo en este momento se dé junto a "una explicación política de qué ha pasado en el Banco de Valencia".  

   Respecto a si EU tiene previsto iniciar algún tipo de acción legal por estos hechos, ha asegurado que quiere discutirlo primero en sede parlamentaria porque "si realmente hay voluntad política de investigar desde las instancias públicas lo que ha pasado" desde ahí "se derivarán ante el Ministerio Fiscal las valoraciones" necesarias.