martes, 4 de septiembre de 2012

Un Estado moderno / Salvador Sostres *

Rajoy continúa sin hacer lo que tiene que hacer, que es crear las bases de un Estado moderno y verdaderamente útil a sus ciudadanos, y no este insalvable lastre. Sobra el 40% de los funcionarios, pero no sólo por la crisis, sino porque un Estado no puede ser esta demencial maquinaria de burócratas. Ni los maestros ni los médicos tienen que ser funcionarios, ni que la Sanidad y la Educación sean servicios universales significa que la red que los provee tenga que ser pública. Sobran 15 autonomías, con sus 15 parlamentos y sus 15.000 cargos duplicados. 

La paga extra de los funcionarios, que según Rajoy se ha suprimido de forma temporal, tiene que suprimirse para siempre y como concepto, porque nadie tiene que recibir nada extra por realizar bien su trabajo; y tiene, en cambio, que poder ser despedido si su rendimiento no es satisfactorio. Del mismo modo, la prestación por desempleo no sólo tiene que reducirse a siete meses, sino que tendría que quedar como un mero cojín de emergencia -uno o dos meses para parar el golpe- y que ir al paro no fuera una opción como lo ha sido hasta ahora para muchos caraduras, que trabajaban lo mínimo para poderse pasar luego largas temporadas cobrando del Estado sin hacer nada. 

Las subvenciones anulan la voluntad, el esfuerzo y la tensión que nos hacen vivir despiertos y aprovechar cada oportunidad como si fuera la única. Cuando perder el empleo no sea visto por tantos gandules como una ocasión de tomarse un descanso pagado, y todos tengan claro que sin su trabajo no son nada, tal vez lo cuiden con más responsabilidad y menos días personales, y entonces seremos una sociedad mucho más dinámica y competitiva. 

Hay que eliminar también el concepto de las vacaciones pagadas, y que nadie vuelva a creer nunca más que va a cobrar sin trabajar. Es justo que nos paguen por nuestro trabajo, pero si tenemos la ocurrencia de querer vacaciones, que sea por nuestra cuenta (y, sobre todo, riesgo, tal como están las cosas). 

He de decir igualmente que me sorprende escuchar tantas voces preocupadas por la crisis, y tantos discursos sobre la solidaridad, y que ningún trabajador haya tenido el gesto de renunciar a sus vacaciones para arrimar el hombro y emplearse a fondo en el propósito de ayudar a su empresa y de proteger su puesto de trabajo. Cuando en septiembre te encuentres en la calle, no digas que no te lo esperabas y pregúntate si hiciste algo para salvarte. Estoy harto de los que tantos discursos dan sobre la solidaridad sin que nadie vaya nunca a reclamársela. 

Tampoco es suficiente reducir un 20% las subvenciones a partidos políticos y sindicatos. Tanto unos como otros tendrían que vivir de las cuotas de sus militantes y afiliados, y de las contribuciones privadas que recibieran. Si no hay suficientes afiliados para mantener a los sindicatos es porque ya no representan a nadie, ni defienden a nadie más que a sus cuadros de secretarios, agitadores profesionales y liberados. Ésta es la única verdad de unos sindicatos que viven fuera de la realidad y que son contrarios a la prosperidad. 

No se trata sólo de ahorrar, sino de establecer un nuevo contrato entre el Estado y el ciudadano basado en la libertad y en la iniciativa personal, en nuestras cualidades de hombres y nuestra misión de desarrollarlas. Se trata de aceptar el reto, de recuperar el espíritu explorador y el sentido del honor, de alzarnos y de alargar los dedos hasta tocar la cara de Dios. 

(*) Columnista de El Mundo

lunes, 3 de septiembre de 2012

Mireia Mollà acusa a la Generalitat de ser una "pieza fundamental" en los "abusos financieros" de la CAM

ALICANTE.-   La diputada en Les Corts de la coalición Compromís, Mireia Mollà, ha considerado que la autorización por parte del Gobierno autonómico del PP de concesión de créditos ICO al presidente de la comisión de control de la CAM, Juan Ramón Avilés, "de manera presuntamente irregular", confirma que el ejecutivo valenciano ha sido "una pieza fundamental en los abusos financieros que se han cometido en los últimos años", según informa en un comunicado la formación de izquierdas.

   Mollà ha afirmado que la Conselleria de Economía "aprobó que se dieran créditos ICO a Avilés, a pesar de que sabía que sus sociedades no cumplían los requisitos para acceder a esta línea de financiación de la que el presidente de la comisión de control obtuvo más de cuatro millones de euros".
   En este sentido, la diputada ha añadido que "esta nueva irregularidad que habría cometido el Gobierno valenciano se suma a la larga lista de acciones que ha llevado a cabo durante los últimos años para alimentar la burbuja inmobiliaria o construir grandes eventos fallidos, unos fenómenos que han generado numerosos abusos financieros como los que cometieron algunos directivos de la CAM".
   "El PP, ante la indignación ciudadana, no ha tenido otro remedio que criticar los excesos cometidos por los directivos de las cajas, pero ha llegado el momento de que reconozca también su culpa al hacer que hayamos llegado hasta la situación actual", ha indicado la diputada de Compromís.
   Por otro lado, la diputada ha exigido que "se actúe con contundencia" con Juan Ramón Avilés "si se confirma que habría ejercido presiones para acceder en estas líneas de crédito del ICO, conseguir 17 millones de euros de la CAM en condiciones ventajosas para sus empresas y para ganar unos 300.000 euros en dietas irregulares de una de las filiales de la caja", ha indicado.

Aplazamiento

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha aplazado al próximo día 18 de septiembre la declaración como imputado del expresidente de la comisión de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Juan Ramón Avilés en la causa en la que se investiga la concesión al exdirectivo de créditos por valor de 17 millones de euros.
   El magistrado mantiene, no obstante, la citación para mañana de otros siete directivos de la entidad. Así, Gómez Bermúdez interrogará a Segundo Romero Sánchez, exjefe de Riesgo Inmobiliario; Francisco Martínez García, que fue director general de Inversiones y Riesgo; Manuel Josep Lerma Fenoll, que se ocupó del área de Riesgo Crediticio; e Ildefonso Riquelme, que fue director territorial en Murcia.
   Los otros tres comparecientes son Enrique Carrión Carmona, director de Empresas en Murcia; Vicente Sánchez Asencio, directora general de Tenedora de Inversiones; y Sonia Torres, responsable de la entidad en Cartagena.
   El juez, ha aplazado también para el día 18 la declaración de los peritos de la compañía PwC que realizaron un informe en mayo de 2012 en el que analizaban la situación financiera de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011.
   Gómez Bermúdez imputa a Avilés delitos societarios y de administración indebida tras haber admitido una querella que presentaron los gestores del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).
   La querella sostiene que el exdirectivo habría obtenido los créditos a través de cuatro sociedades distintas y se habría hecho con dietas irregulares en una sociedad participada por la caja que habrían ascendido a 300.000 euros. Además, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 que se le imponga una fianza de 2,8 millones de euros.
   Se trata de la segunda causa sobre la gestión de la CAM que investiga el juez Gómez Bermúdez, que mantiene imputados en otro procedimiento a los exdirectores generales de la entidad María Dolores Amorós y Roberto López Abad; el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol; el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo.
   A todos ellos el juez les ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros a petición del FROB tras imputarles la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida. Los cinco altos ejecutivos de la CAM se habrían repartido 15,5 millones de euros en prejubilaciones antes de que la entidad alicantina fuera intervenida, según figuraba en la carta de despido de Amorós.
   Tras la intervención, el Banco de España sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.
   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

El Ayuntamiento de Alicante aprueba la llegada de 140.000 toneladas de basura de Valencia a la planta de Fontcalent

ALICANTE.- La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este lunes la firma de un convenio con el Consorcio de Residuos del Plan Zonal de las áreas X, XI y XII, correspondientes a varias comarcas de Valencia, para el tratamiento y eliminación de basuras domésticas en la planta alicantina de Fontcalent, por el que se regulará la llegada de 140.000 toneladas anuales, según ha explicado el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens.

   La rúbrica del acuerdo implica el tratamiento de 140.000 toneladas anuales de Residuos Domiciliarios (RD) hasta que las citadas áreas construyan su propia planta de tratamiento. El Consorcio del Plan Zonal X, XI y XII aglutina varias comarcas del sur de la provincia de Valencia como la Costera, la Canal de Navarrés, la Safor, la Vall d'Albaida y el Valle d'Ayora.
   En un encuentro informativo ofrecido junto a la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Marta García-Romeu, Llorens ha defendido que esta iniciativa conlleva un "beneficio" para Alicante, dado que las instalaciones de Fontcalent actualmente se encuentran "infrautilizadas".
   La planta "dispone de una capacidad de tratamiento de hasta 245.000 toneladas, y los futuros aportes derivados del convenio permitirán utilizar al menos un 80 por ciento" de la capacidad de la planta, ha apuntado.
   Además, ha asegurado que este acuerdo permitirá dar una solución a un "problema logístico y ambiental", al tiempo que el Ayuntamiento consigue "un ahorro de 6,8 millones de euros que permitirán financiar una gran parte del servicio de limpieza y recogida de residuos de Alicante".
   Así, con este nuevo contrato, el precio establecido por tonelada de basura será de 49,11 euros, de los cuales inicialmente 18 euros por tonelada serán para el Ayuntamiento y 31 euros serán para la empresa adjudicataria Inusa. No obstante, una vez aprobado definitivamente el nuevo pliego en los próximos meses, los 49,11 euros por tonelada irán destinados íntegramente a sufragar el servicio.
   Por otra parte, la junta local también ha validado este lunes las subvenciones a asociaciones en el ámbito de los servicios sociales, para las que se ha fijado una cantidad total de 525.000 euros. A la convocatoria para recibir estas ayudas se presentaron 82 solicitudes, de las cuales 63 correspondieron a proyectos y programas, y las 19 restantes a gastos corrientes de mantenimiento y funcionamiento. Del total, fueron admitidas 70 y desestimadas 12.
   Las subvenciones de mayor cuantía --25.000 euros cada una-- corresponden al Hogar Residencia de la Asociación Pro-Deficientes Psíquicos de Alicante (APSA) y al Programa de Respiro Familiar y Vida Social 2012, que desarrolla la Fundación San Francisco de Borja para Personas con Discapacidad Intelectual.
   En cuanto a la ayuda de menor presupuesto --600 euros--, es la que percibirá la Asociación de Personas con Discapacidad Física de Alicante (Adifia) para realizar las terceras jornadas 'La discapacidad en la educación de los niños'.

Los sindicatos hacen un llamamiento para la marcha contra los recortes del 15 de septiembre en Madrid

ALICANTE.- Los sindicatos CCOO y UGT de Alicante han realizado este fin de semana una concentración frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno de la ciudad, en la que han clamaron contra las "políticas de recortes económicos y sociales del Gobierno", al tiempo que han hecho un llamamiento para la movilización a la manifestación prevista para el próximo 15 de septiembre en Madrid.

   El acto, en el que se dieron cita unas 300 personas, según los sindicatos, estuvo enmarcado en la campaña de movilizaciones "contra las políticas de recortes y de deterioro de los servicios públicos en Sanidad, Educación, o Dependencia, que afectan a los trabajadores", según ha explicado a los periodistas la secretaria general intercomarcal de CCOO en l'Alacantí-Les Marines, Consuelo Navarro.
   La sindicalista ha resaltado que en la provincia de Alicante hay más de 41.000 familias que no tienen "ningún tipo" de ingreso, por lo que ha aprovechado para denunciar "los recortes en el sistema público de protección al desempleo".
 "A los desempleados se les señala como los culpables de la falta de políticas de creación de empleo y se les culpabiliza de una situación imposible para encontrar un empleo digno, no miserable y de subsistencia, como están planteando algunos dirigentes del PP y algunos empresarios de este país", ha enfatizado.
   Navarro también ha recalcado que a esta concentración, además de los sindicatos CCOO, UGT e Intersindical Valenciana, se habían sumado proyectos y organizaciones sociales de Alicante, las cuales, a su juicio, "están en la cuerda floja, ya que la Generalitat valenciana no paga las subvenciones a las que se compromete".
   En sus declaraciones, ha indicado que los sindicatos están preparando la cumbre social del próximo 10 de septiembre, y la "gran" manifestación, "le pese a quien le pese", del día 15 del próximo mes prevista en Madrid, y que transcurrirá bajo el lema 'Quieren arruinar el país'.
   "Estamos seguros que la sociedad organizada y la no organizada va a estar en Madrid denunciando que no compartimos esta manera de gestionar a costa de nuestra vida, a costa de nuestra calidad de vida, de nuestro bienestar. Hay otras maneras de hacerlo, siendo valiente y tomando decisiones no contra la gente, sino contra los grandes poderes especuladores que quieren mantener un 'status quo' que cada vez nos haga más pobres y más pequeños", ha subrayado.
   Al ser preguntada sobre si CCOO tiene previsiones de una cifra de personas que pueden desplazarse a la capital de España para participar en la manifestación, Navarro ha mostrado su convencimiento de que serán "miles y miles", y ha apuntado que "se espera que ese día lleguen a Madrid más de un millón y medio de personas para manifestar el malestar y las propuestas" de los sindicatos y de los colectivos sociales.
   Igualmente, ha recordado que las centrales sindicales van a pedir un referéndum para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "se entere de que la gente se da por engañada y no se cree nada de lo que está diciendo en estos momentos".
   Por su parte, el secretario general de UGT en l'Alacantí, Óscar Llopis, ha indicado que la temporada estival ha dado, "entre comillas, un ligero respiro" en el ascenso del desempleo, si bien ha apuntado su temor a que una vez acabado el verano, se vuelva "a la cruda realidad, que significa un aumento importante del desempleo y que colectivos como el juvenil tengan unas peores condiciones".
   "Los jóvenes son el blanco de las políticas económicas del PP, este país no es para jóvenes, porque se les están dando pocas alternativas, que son quedarse y asumir las consecuencias negativas, salir a buscar trabajo fuera del país, o vivir a costa de sus padres", ha criticado.

Las desaladoras salvan el suministro de Alicante y Murcia en verano

MADRID.- Las desaladoras del sureste peninsular han salvado el abastecimiento de tres millones de personas —en localidades tan turísticas y relevantes como Torrevieja, La Manga, Murcia y Alicante—. Una avería en el trasvase Tajo-Segura y la sequía ha llevado a las autoridades del PP a multiplicar por 20 la producción de agua desalada en las cuatro plantas ya terminadas y a acelerar las tres que faltan. La ironía es que el PP criticó duramente estas instalaciones en la oposición, según 'El País'.

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad de Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo de Marco, explica que las desaladoras de San Padro del Pinatar I y II y Alicante I y II funcionan desde julio “al 100%, aunque con pequeñas incidencias”. El Taibilla, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, abastece a 77 municipios de Murcia, Alicante y Albacete, que en verano suman tres millones de habitantes. La producción de agua desalada en julio fue de 6,5 hectómetros cúbicos y en el mismo mes de 2011 fue de solo 0,3 hectómetros cúbicos, 21 veces menos. En 2010 funcionaron a mayor ritmo, pero no tanto como ahora. A la sequía se le ha sumado una avería en el ramal de la margen izquierda del trasvase Tajo-Segura. Un hundimiento impide llevar el agua a varias de las potabilizadoras de la mancomunidad.
Sin las desaladoras, “probablemente habría habido problemas de suministro; han sido una buena solución”, explica Gallardo. Un 30% del consumo de la cuenca ya procede de agua desalada, que llega a la ciudad de Murcia, a 40 kilómetros del litoral. El resto procede del río Taibilla y del trasvase. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, señaló como fracaso del plan de desaladoras que, tras una inversión de 1.600 millones de euros, en 2011 solo funcionaron al 16% de su capacidad. En 2012 esa cifra será mayor, entre otras cosas porque la Comisión Europea ha exigido a España que funcionen tras aportar la mayor parte del dinero para su construcción. La desalación ha resultado ser un sistema de emergencia para afrontar sequías. La desaladora de Alicante I abrió en 2003 y la de San Pedro estaba a medias cuando el PSOE llegó al Gobierno. Las otras dos se construyeron en el plan de desalación que sustituyó al trasvase del Ebro. En 2003, antes de su puesta en marcha, el Taibilla decretó cortes de agua tras un verano muy seco.
La reparación del túnel del trasvase Tajo-Segura, destrozado a finales de junio por la acción de una falla, concluirá como pronto en enero, por lo que la necesidad de las desaladoras continuará. Además, el Gobierno ha recurrido a pozos de emergencia. Una de las consecuencias es que el recibo del agua en la zona tendrá que subir, ya que el agua desalada es mucho más cara que la del trasvase, como señala Gallardo. El Gobierno ha dado la orden de destinar el líquido de la desalación al abastecimiento. Ante la delicada situación de la cabecera del Tajo, el agua del trasvase, que es más barata, irá al regadío.
Manuel Aldeguer, secretario de Agua del PSOE de Alicante y excomisario de Aguas del Segura, lamenta las pegas que han puesto Administraciones del PP a las desaladoras, especialmente en la Comunidad Valenciana: “Si no se repara pronto la avería del trasvase puede haber problemas. Y la desaladora de Torrevieja, que puede producir 80 hectómetros cúbicos al año [la mayor de Europa], está sin terminar por las trabas que le puso el PP”.
El Gobierno de Alberto Fabra dio los últimos permisos para la desaladora de Torrevieja en noviembre de 2011, unos pocos días antes de las elecciones generales. Antes, Esteban González Pons había dicho que las desaladoras eran “nucleares del mar”. Otras dos desaladoras en Murcia (Águilas y Valdelentisco) no tienen suficiente conexión eléctrica ni bastantes conducciones para sacar toda su producción. En otras zonas del litoral, como en Castellón, las desaladoras se construyeron en previsión de grandes desarrollos inmobiliarios que nunca llegaron y siguen ociosas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ya declaró en el Congreso en mayo que su intención era poner en marcha las desaladoras: “Sería una irresponsabilidad por parte de este ministerio no poner en uso las inversiones realizadas en desaladoras, inversiones que han sido financiadas con fondos propios y cofinanciadas en otra parte con fondos europeos”.
Ángel Cajigas, director de la patronal de desalación ATTA, señala que “las desaladoras son un elemento de garantía. Es muy complicado que funcionen al 100% todo el tiempo, pero en una sequía cualquier avería hace necesario ponerlas en marcha”. Sobre el alto precio del agua desalada, matiza: “Es cara, claro. Pero el agua más cara es la que no hay. ¿Qué estaría dispuesto a pagar al día un ciudadano por el agua que no sale del grifo? No se pueden criticar las desaladoras y, luego, cuando falta el agua, usarlas”.

Ryanair se enfrenta a la justicia francesa por "trabajo clandestino"

PARÍS.- Ryanair será juzgada por la justicia penal francesa tras la investigación abierta por las autoridades galas en 2010 por "trabajo clandestino" en el aeropuerto de Marsella en el que basó cuatro aviones y contrató unas 200 personas en 2006.

Según recoge el periódico francés
Le Figaro, ya en 2010 la compañía de bajo coste conocía las investigaciones, motivo por el que amenazó con abandonar la ciudad gala, destacando que el impacto económico de tal salida supondría 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

No obstante, a principios de 2011 la
low cost continuó con sus operaciones entre Marsella y otras grandes ciudades europeas, aunque mantuvo el descanso de la tripulación en la ciudad francesa, y trasladó la base de sus aviones a Roma, Dublín y Londres.

En varias ocasiones, el presidente de la aerolínea, Michael O'Leary, ha destacado que el aeropuerto de Marsella ya no es rentable para la empresa, ya que el pasado año registró un millón de pasajeros, 500.000 viajeros menos que en 2010.


Por ello, O'Leary consideró que estaba autorizado para contratar personal francés bajo las leyes sociales y fiscales de Irlanda, mucho más favorables, eludiendo la ley gala, motivo por el que ya fue condenada la aerolínea británica easyJet.

domingo, 2 de septiembre de 2012

Otoño caliente / Ignacio Ramonet

Como si las vacaciones de verano fuesen un manto de olvido que disipase la brutalidad de la crisis, los medios de comunicación han tratado de distraernos con dosis masivas de embrutecimiento colectivo: Eurocopa de fútbol, Juegos Olímpicos, aventuras estivales de ‘famosos’, etc. Desean hacernos olvidar que una nueva andanada de recortes se avecina y que el segundo rescate de España será socialmente más lastimoso… Pero no lo han conseguido. Entre otras razones, porque los audaces aldabonazos de Juan Manuel Sánchez Gordillo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han roto el conjuro y mantenido la alerta social. El otoño será caliente.

En una conversación pública mantenida en agosto pasado (1) con el filósofo Zygmunt Bauman coincidíamos en la necesidad de romper con el pesimismo imperante en nuestra sociedad desengañada del modo tradicional de hacer política. Debemos dejar de ser sujetos individuales y aislados, y convertirnos en agentes del cambio, en activistas sociales interconectados. “Tenemos el deber de tomar el control de nuestras propias vidas –afirmó Bauman–. Vivimos un momento de grave incertidumbre donde el ciudadano no sabe realmente quién está al mando, y esto hace que perdamos la confianza en los políticos y en las instituciones tradicionales. El efecto en la población es una situación constante de miedo, de inseguridad… Los políticos sugestionan a los ciudadanos para que siempre tengan miedo, y así poder controlarlos, constreñir sus derechos y limitar las libertades individuales. Estamos en un momento muy peligroso, porque las consecuencias de todo esto afectan nuestra vida diaria: nos repiten que debemos tener seguridad en el trabajo, mantenerlo a pesar de las duras condiciones de empleo y de precariedad, porque así obtendremos dinero para poder gastar... El miedo es una forma de control social muy poderosa”.

Si el ciudadano ya no sabe quién está al mando es porque se ha producido una bifurcación entre poder y política. Hasta hace poco, política y poder se confundían. En una democracia, el candidato (o la candidata) que, por la vía política, conquistaba electoralmente el poder Ejecutivo, era el único que podía ejercerlo (o delegarlo) con toda legitimidad. Hoy, en la Europa neoliberal, ya no es así. El éxito electoral de un Presidente no le garantiza el ejercicio del poder real. Porque, por encima del mandatario político, se hallan (además de Berlín y Angela Merkel) dos supremos poderes no electos que aquél no controla y que le dictan su conducta: la tecnocracia europea y los mercados financieros.

Estas dos instancias imponen su agenda. Los eurócratas exigen obediencia ciega a los tratados y mecanismos europeos que son, genéticamente, neoliberales. Por su parte, los mercados sancionan cualquier indisciplina que se desvíe de la ortodoxia ultraliberal. De tal modo que, prisionero del cauce de esas dos rígidas riberas, el río de la política avanza obligatoriamente en dirección única sin apenas margen de maniobra. O sea: sin poder.

“Las instituciones políticas tradicionales son cada vez menos creíbles –dijo Zygmunt Bauman– porque no ayudan a solucionar los problemas en los que los ciudadanos se han visto envueltos de repente. Se ha producido un colapso entre las democracias (lo que la gente ha votado), y los dictados impuestos por los mercados, que engullen los derechos sociales de las personas, sus derechos fundamentales”.

Estamos asistiendo a la gran batalla del Mercado contra el Estado. Hemos llegado a un punto en que el Mercado, en su ambición totalitaria, quiere controlarlo todo: la economía, la política, la cultura, la sociedad, los individuos… Y ahora, asociado a los medios de comunicación de masas que funcionan como su aparato ideológico, el Mercado desea también desmantelar el edificio de los avances sociales, eso que llamamos: “Estado de bienestar”. 

Está en juego algo fundamental: la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, se está privatizando (o sea: transfiriendo al mercado) de forma silenciosa la educación. Con los recortes, se va a crear una educación pública de bajo nivel en el que las condiciones de trabajo estructuralmente van a ser difíciles, tanto para los profesores como para los alumnos. La enseñanza pública va a ­tener cada vez más dificultades para favorecer la emegencia de jóvenes de origen humilde. En cambio, para las familias acomodadas, la enseñanza privada va a conocer seguramente un auge mayor. Se van a crear de nuevo unas categorías sociales privilegiadas que accederán a los puestos de mando del país. Y otras, de segunda categoría, que sólo tendrán acceso a los puestos de obediencia. Es intolerable.

En ese sentido, la crisis probablemente actúa como el shock, del que habla la socióloga Naomi Klein en su libro La Doctrina del shock (2): se utiliza el desastre económico para permitir que la agenda del neoliberalismo se realice. Se han creado mecanismos para tener vigiladas y bajo control a las democracias nacionales, para poder aplicar (como está pasando en España y pasó antes en Irlanda, Portugal o Grecia) feroces programas de ajuste vigilados por una ­nueva autoridad: la troika que ­forman el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo; unas instituciones no democráticas cuyos miembros no son elegidos por el pueblo. Instituciones que no representan a los ciudadanos. 

Y sin embargo, esas instituciones –con el apoyo de unos medios de comunicación de masas que obedecen a los intereses de grupos de presión económicos, financieros e industriales– son las encargadas de crear las herramientas de control que reducen la democracia a un teatro de sombras y de apariencias. Con la complicidad complaciente de los grandes partidos de gobierno. ¿Qué diferencia hay entre la ­política de recortes de Rodríguez Zapatero y la de Mariano Rajoy? Muy poca. Ambos se han ­inclinado servilmente ante los especuladores financieros y han obedecido ciegamente a las consignas eurocráticas. Ambos han liquidado la soberanía nacional. Ninguno de los dos tomó decisión política alguna para ponerle freno a la irracionalidad de los mercados. Ambos consideraron que, ante los dictados de Berlín y el ataque de los especuladores, la única solución consiste –a semblanza de un rito antiguo y cruel– en sacrificar a la población como si el tormento inflingido a las sociedades pudiera calmar la codicia de los mercados.

En semejante contexto, ¿tienen los ciudadanos la posibilidad de reconstruir la política y de regenerar la democracia? Sin duda. La protesta social no cesa de amplificarse. Y los movimientos sociales reivindicativos se van a multiplicar. Por ahora, la sociedad española aún cree que esta crisis es un accidente y que las cosas volverán pronto a ser como eran. Es un espejismo. Cuando tome conciencia de que eso no ocurrirá y de que estos ajustes no son “de crisis” sino que son estructurales, que ­vienen para quedarse definitivamente, entonces la protesta social alcanzará probablemente un nivel importante. 

¿Qué exigirán los protestatarios? Nuestro amigo Zygmunt Bauman lo tiene claro: “Debemos construir un nuevo sistema político que permita un nuevo modelo de vida y una nueva y verdadera democracia del pueblo”. ¿A qué esperamos?

(1) En el marco del Foro Social organizado en el seno del Festival Rototom Sunsplash en Benicàssim (Castellón) del 16 al 23 de agosto de 2012. www.rototomsunsplash.com/es
(2) Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Paidós, Barcelona, 2007.

sábado, 1 de septiembre de 2012

El valor del Sabadell se acerca a la paridad con el canje de las preferentes de CAM

ALICANTE.- Los ahorradores que en su momento adquirieron participaciones preferentes de la extinta Caja Mediterráneo (CAM), y que aceptaron luego la oferta de canje realizada por Banco Sabadell tras absorber la entidad alicantina van a tener suerte, según 'Abc'. 

El buen comportamiento del banco en bolsa ha revalorizado los títulos en un tiempo récord y, apenas un mes después de que se cerrara el plazo para convertir preferentes en acciones, éstas han llegado a alcanzar un valor de 2,15. Una subida que acerca los títulos al 2,30, el valor al que fue realizado el canje y que en el momento de su formalización, en el mes de julio, rondaba aproximadamente el 1,52.
De confirmarse la tendencia, los clientes de la CAM con un perfil inversor más conservador, que en los meses pasados vivieron en la incertidumbre al ver bloqueado su capital depositado en participaciones preferentes, podrían definitivamente recuperar la totalidad de su inversión.
Si bien todavía no se ha registrado una presión vendedora especialmente llamativa, algunas oficinas sí reconocen que son muchos los titulares que han pedido información para realizar la operación de forma inminente si se mantiene la tendencia alcista. Algunos incluso renunciando al diferencial, cada vez menor, entre el valor actual y aquel al cual fue realizado el canje. Al cierre de esta edición, si un accionista proveniente del canje decidiera vender sus títulos, la pérdida sobre su inversión inicial estaría incluso por debajo del 10 por ciento.
Cabe recordar que los tenedores de estas acciones tienen libertad para operar con ellas. No obstante, los que aguanten su posición tienen asegurado por parte de la entidad un 24 por ciento adicional al valor nominal en efectivo, a través de un pago diferido que Sabadell realizará trimestralmente durante cuatro años -a razón de un 1,5 por ciento en cada pago-. De esta forma la entidad garantiza la recuperación de la inversión.

El 95,7% aceptó el canje

La operación del canje de acciones por participaciones preferentes, que se ha llevado a cabo con una aceptación del 95,7 por ciento de los clientes de CAM, ha permitido además a Sabadell reforzar con 1.404 millones de euros su estructura de capital, y elevar su ratio de core capital en 173 puntos básicos, hasta el 10,04%. Este puede ser, precisamente, uno de los motivos que explican el alza en las acciones, ya que los inversores están cerrando las posiciones cortas habida cuenta de la actual solidez del banco, y empieza a generalizarse la idea de que el Sabadell estará en el «grupo cero» -es decir, entidades que no necesitarán ayudas de la Unión Europea-.
Además, el ERE y la reestructuración de la red de oficinas en los que se halla inmerso la entidad (y por el que puede llegar a reducir en 1.773 empleados la plantilla) también podría haber sido bien recibido por los inversores.

Los imputados de la CAM no pagarán la fianza a la espera de la decisión del juez

ALICANTE.- Ignorar mientras sea posible la resolución del juez Javier Gómez Bermúdez que ordena el depósito de una fianza solidaria de 25,8 millones de euros, y esperar acontecimientos mientras se resuelve su recurso contra dicha resolución. Esa es la estrategia trazada por las defensas de los cinco exdirectivos de la antigua Caja Mediterráneo (CAM) imputados por el magistrado de la Audiencia Nacional, que les atribuye los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros, según 'Abc'.

Gómez Bermúdez imputó a finales de junio al expresidente de la caja, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los exdirectivos Teófilo Sogorb y Vicente Soriano. Todos ellos han pasado ya por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, para prestar declaración en calidad de imputados, y el magistrado ha adoptado medidas cautelares contra algunos de ellos. En el caso de López Abad o Amorós, por ejemplo, con la retirada del pasaporte.
Al mismo tiempo, Gómez Bermúdez fijó la citada fianza de 25,8 millones de euros en un auto firmado el pasado 26 de julio. El magistrado concedía a los cinco imputados -la fianza es solidaria- un plazo de quince días, que venció la semana pasada. Sin embargo, fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron que no se ha producido depósito alguno.
Para el martes está prevista la declaración como imputado del presidente de la comisión de control de CAM, Juan Ramón Avilés, tras la querella del FROB que lo acusa de obtener créditos en condiciones ventajosas -una acusación por la que Avilés, a su vez, se querelló hace varios meses contra los inspectores del Banco de España-. Al igual que los cinco imputados en la causa principal de la CAM (cabe recordar que Gómez Bermúdez ha abierto una causa diferente para Avilés), éste tampoco tiene intención por el momento de hacer efectiva la fianza de 2,8 millones de euros que solicita el FROB en su querella.
El jefe de la comisión de control de CAM presentó ya un recurso contra la admisión de la querella del FROB, en el que rechaza las acusaciones de los administradores provisionales de la caja. Los otros cinco imputados, mientras, esperan que se resuelva el recurso que presentaron en su momento contra la fianza. Si bien dicho recurso no les eximía de realizar el depósito de los 25,8 millones, sus defensas apuestan por esperar acontecimientos. El juez, mientras, no ha adoptado ninguna decisión al respecto.
Por otra parte, una vez finalizada la primera toma de contacto entre la dirección del Banco Sabadell y los sindicatos, todo apunta a que el ERE que debe acometer la entidad tras adquirir el Banco CAM implicará 1.000 despidos, al margen de prejubilaciones y bajas voluntarias. Tal como adelantó 'Abc' el pasado sábado, la intención de Sabadell es llevar a cabo 600 prejubilaciones en CAM y otras tantas en su propia plantilla, para completar los 2.200 puestos de trabajo a extinguir por orden de Bruselas. Las negociaciones se abrirán de forma oficial el jueves.

El Sabadell recupera el fallido proyecto de Caja Mediterráneo en México

ALICANTE.- El Banco Sabadell intenta poner en orden y rentabilizar uno de los mayores embrollos inmobiliarios en los que se metió la CAM de la mano de sus anteriores gestores y de la constructora alicantina Hansa Urbana: el proyecto para construir un megacomplejo turístico en el estado mexicano de Baja California, en Cabo Cortés, junto a un espacio natural protegido, según el diario 'Información'. 

Tras verse obligado a renunciar al proyecto original ante la fuerte oposición de los ecologistas -que hace dos meses forzaron al Gobierno mexicano a revocar los permisos que había concedido- el banco ha conseguido reunir a un grupo de inversores y, con el asesoramiento de la constructora OHL, ya ha presentado a las autoridades medioambientales un nuevo plan urbanístico con la esperanza de conseguir su visto bueno y poder edificar.
Para ello la nueva sociedad que el Sabadell ha creado con sus socios, La Riviera Desarrollos, ha tenido que rebajar la edificabilidad prevista, aunque esto suponga una rentabilidad menor. El objetivo es evitar que el desarrollo del complejo siga estancado o, lo que es peor, que no llegue a construirse nunca lo que acarrearía cuantiosas pérdidas para los nuevos propietarios del ahora Banco CAM, que habría invertido alrededor de 100 millones en la compra de los terrenos.
Así, frente a las 27.000 habitaciones de hotel y 8.000 viviendas que contemplaban los planos en un primer momento, la nueva solicitud prevé sólo 3.450 habitaciones hoteleras y 6.650 viviendas, según consta en el boletín oficial que edita esta institución, aunque ayer varios medios locales del país azteca hablaban de 23.000 plazas hoteleras citando a una organización ecologista, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que ya ha mostrado su oposición también al nuevo planteamiento.
El megacomplejo ocupa una superficie de casi 38 millones de metros cuadrados y también incluye dos campos de golf, una marina deportiva, una aeropista, clubes deportivos y una planta desaladora para abastecer la urbanización.

jueves, 30 de agosto de 2012

La Comunidad Valenciana pedirá 4.500 millones al Gobierno

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha confirmado que la Comunidad solicitará 3.500 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), así como otros 1.000 millones más para atender los pagos relacionados con los conciertos con ayuntamientos, subvenciones y ayudas a colectivos y asociaciones que no entraban dentro del Plan de Pago a Proveedores del Gobierno. El instrumento a través del que recibirá esta segunda partida de dinero no se ha concretado.

   Fabra ha explicado que la cifra exacta no se sabe "porque hay una cantidad prevista por el Gobierno para el Fondo de Liquidez Autonómico de 18.000 millones de euros y será en función de las peticiones que se hagan desde las distintas comunidades autónomas". Asimismo, ha apuntado que la Comunidad necesita un anticipo del FLA hasta que éste se formalice.
   Fabra se ha pronunciado así durante una visita que ha realizado a la empresa BP Oil en Castellón, tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre el importe total que pedirá la Comunidad Valenciana al Fondo de Liquidez.
   Alberto Fabra ha indicado que es "curioso" que la Comunidad Valenciana fue la primera en solicitar acogerse al FLA, lo que le acarreó críticas. "Ahora, como ya anunciamos, son varias las comunidades, e imagino que habrá más que tendrán que solicitar ese instrumento del Gobierno, que viene a decir que tenemos que cumplir con los vencimientos establecidos y es una garantía para poder obtener el dinero que teníamos previsto a través de la emisión de deuda en las mejores condiciones", ha añadido.
   El jefe de Consejo ha aclarado que, en el caso de la Comunidad Valenciana, "sólo la emisión de deuda, que era el 1,5 por ciento, supone 1.600 millones de euros y el nivel de vencimientos hasta final de año es de 2.000, lo que hace una cantidad superior a los 3.500/3.600 millones de euros".
   Además, ha destacado que se ha acometido el pago a proveedores a través del Plan del Gobierno, aunque ha subrayado que "hay una cantidad que no estaba contemplada en el Plan de Pago a Proveedores, como los conciertos con ayuntamientos, subvenciones y ayudas", por lo que ha explicado que pretenden que el Gobierno les dé "la posibilidad" de ponernse al día con esas instituciones, colectivos y asociaciones, que ha cuantificado en más de 1.000 millones de euros.
   No obstante, ha aclarado que "hay distintos instrumentos que puso el Gobierno a disposición de las comunidades autónomas, como el Plan del Pago a Proveedores" y ha especificado que desconoce "cuál será al final" el que les dé la posibilidad de poder atender esas necesidades. "Nuestro compromiso con los proveedores es poder hacer el pago cuanto antes porque no tiene sentido que podamos generar tensiones importantes y dificultades económicas ante la falta de pago", ha explicado Fabra.
   Según ha resaltado, "vamos a intentar que, dentro de las posibilidades de esos 18.000 millones de euros, además de los vencimientos y de la emisión de deuda, podamos conseguir el máximo para atender esas obligaciones que tenemos, pero no lo sabremos hasta que no se haga el reparto entre todas las comunidades autónomas".
   Preguntado por si la adhesión al FLA supondrá nuevos ajustes para la Comunidad Valenciana, ha aclarado que "éste es un instrumento como ha habido otros a lo largo de este año, pues la comunidades necesitamos la ayuda del Gobierno y éste necesita también el compromiso de las comunidades autónomas, y ese no es otro que no excedernos del 1,5 por ciento de déficit, porque eso significa dar credibilidad y confianza a los mercados exteriores".
   "Gobierno y comunidades autónomas tenemos que trabajar para conseguir el objetivo común, que no es otro que no excedernos del déficit establecido, que en nuestro caso es el 1,5 por ciento", ha subrayado el presidente de la Generalitat, quien ha argumentado que "lo que viene a decir el Gobierno es que nos presta la posibilidad de esos nuevos instrumentos pero con la obligación y mayor compromiso de cumplir con ese nivel de déficit establecido".
   En este sentido, ha recordado que la Comunidad Valenciana está dispuesta a trabajar, "pues hemos hecho ajustes en todo lo que consideramos que es necesario para reducir el coste de la Administración y poder no sobrepasar ese 1,5 por cien --del déficit-- que el Gobierno nos fijó a principios de año".
   Respecto a si es necesario pedir un adelanto del dinero, Alberto Fabra ha afirmado que "hay que tener en cuenta que en el Presupuesto hay 1.600 millones de euros que los dejamos para emisión de deuda que todavía no han llegado y que necesitamos para poder afrontar los pagos establecidos".
   En este sentido, ha advertido de que "cuanto más se retrase el FLA, estamos dejando de atender esas necesidades que tenemos comprometidas ya, por ejemplo, con los farmacéuticos y con otros colectivos". 
"Hasta que no se formalice el FLA, necesitamos que el Gobierno nos dé un anticipo del mismo para poder atender esas necesidades", ha reiterado.

lunes, 27 de agosto de 2012

El juez Gómez Bermúdez retoma la causa contra la cúpula de CAM

ALICANTE.- El juez Javier Gómez Bermúdez, que instruye la causa contra la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM) tras la querella de un grupo de afectados, se reincorporó hoy a su puesto en la Audiencia Nacional. Así, según explicaron fuentes de este órgano judicial, en los próximos días podría producirse alguna decisión del magistrado respecto a los cinco imputados, que debían depositar una fianza de 25 millones de euros para cubrir su posible responsabilidad civil, tal como solicitó la acusación particular, tal como recoge 'Abc'.

El auto de Gómez Bermúdez en el que ordenaba el depósito de dicha fianza concedía a los cinco imputados -el expresidente de la caja Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, y los dos exdirectivos Teófilo Sogorb y Vicente Soriano- un plazo de quince días que expiraba el pasado lunes. No obstante, Gómez Bermúdez se encontraba de vacaciones durante la semana pasada, por lo que cualquier novedad al respecto se producirá presumiblemente en las próximas horas.
Cabe recordar que los cinco imputados recurrieron el auto del magistrado, aunque las mismas fuentes señalaron que dicho recurso no exime de la obligación de realizar el depósito. Si los imputados no hicieran efectiva la fianza, Gómez Bermúdez podría ordenar el embargo de bienes para cubrir dicha cantidad. En cualquier caso, al magistrado se le acumularon varias causas a principios de mes, algunas de ellas relacionadas con el terrorismo, por lo que la causa de la CAM podría tardar algunos días en avanzar, según las mismas fuentes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional acusa a la antigua cúpula de CAM de los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros.
Mientras, la dirección del Sabadell y los sindicatos comenzarán a negociar a partir de mañana martes el ERE que el banco debe aplicar tras la adquisición de Banco CAM. Tal como publicó 'Abc' el pasado sábado, la intención del Sabadell es llevar a cabo 600 prejubilaciones en su propia plantilla, así como otras 600 o 700 en la de CAM, con lo que aún restarán por ejecutar unos 1.000 despidos. También debe cerrar 450 oficinas de ambas redes.

sábado, 25 de agosto de 2012

Las cajas de ahorro preparan una nueva oleada de despidos masivos para el otoño

MADRID.- Los empleados de las cajas de ahorro se enfrentan a un otoño caliente, con una nueva ronda de despidos que en algunos medios digitales cifran en más de 5.000 personas. La fecha clave para el pistoletazo de salida se producirá tras la primera quincena de septiembre, cuando las auditorías independientes detallen qué entidades recibirán ayudas del rescate europeo, según http://www.elboletin.com.

Según los cálculos de los sindicatos, desde que se inició la crisis más de 30.000 trabajadores de los bancos y cajas han perdido su empleo, un 11,1% de las plantillas que existían en 2008. La nueva ronda de ayudas del rescate de 100.000 millones de euros llevará aparejadas nuevas condiciones de reestructuración por parte de Bruselas. En otras palabras, más despidos y cierres de sucursales.

Una entidad que podría tener que recibir ayudas es BMN. La entidad, de la que el ministro de Economía, Luis De Guindos, fue consejero antes de asumir su cartera, quedó fuera de la nueva ronda de fusiones y tiene difícil poder realizar los saneamientos del ladrillo a cargo de sus resultados. El grupo surgido de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès, necesita algo más de 1.000 millones de euros para realizar las provisiones exigidas por los dos reales decretos aprobados por el Gobierno este año.

Por lo pronto, BMN ha iniciado en la segunda quincena de agosto el ‘Segundo Plan de Adecuación Laboral’, que estará ejecutado previsiblemente para principios de octubre. 389 trabajadores han presentado solicitudes para adherirse a esta nueva reestructuración de la plantilla, de los que 353 han pedido bajas voluntarias, 25 suspensiones y 11 excedencias.

Las entidades en procesos de fusión también deberán recortar sus plantillas al regreso del verano si finalmente reciben parte del rescate. Es el caso del proceso de Unicaja y Caja España Duero. Los rumores apuntan a que 1.800 empleados podrían abandonar la entidad. En su momento, la fusión de Caja España y Caja Duero ya vino acompañada de un expediente de regulación de empleo (ERE) de 846 trabajadores.

Más complicado es el caso de la fusión a tres bandas entre Ibercaja, Liberbank y Caja3, ya que, según han publicado algunos medios digitales, si el proceso finalmente requiriese ayudas públicas, Ibercaja podría plantearse romper el acuerdo o, como poco, reformular el reparto de poder.

Se da el hecho de que Liberbank surgió precisamente de una fusión rota, cuando Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, las tres entidades que la conforman, rompieron su acuerdo con la CAM hace aproximadamente un año. Su unión ya provocó un ajuste que afectó a 1.227 empleados, un 17% de su plantilla.

Casos aparte son los de las tres entidades nacionalizadas, Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa, que aglutinarán la mayor parte de las ayudas públicas, y cuyo futuro está incluso en el aire al abrirse la puerta a que el FROB liquide entidades.

Bankia, formada por Caja Madrid, Bancaja y las cajas de Avila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Laietana, ya aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 3.700 trabajadores, el 16% de la fuerza laboral, tras su fusión.

Mientras, Novagalicia ha eliminado un total de 1.904 empleos para cumplir con las exigencias de su plan de reestructuración, a los que se sumarán 700 puestos de trabajo más hasta el 2013, según el expediente de regulación de empleo (ERE) en vigor, que contempla además otras 1.400 suspensiones de contratos. CatalunyaCaixa eliminó 1.300 puestos de trabajo con la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa. Otra incógnita es qué ocurrirá con Banco de Valencia, que cuenta con 2.000 empleados.

domingo, 19 de agosto de 2012

Ocho cosas que no hay que olvidar / Eduardo Punset *

Lo peor que le puede ocurrir a los españoles en este mes de agosto es creerse que les viene un mal año encima. Es paradójico que el conocimiento más sencillo indique a las claras que «se acabó lo que se daba» y que no hay más remedio que volver a empezar, esta vez en serio; y que podemos hacerlo perfectamente si no nos empeñamos en decir que la culpa es de los alemanes. Tal vez por ello valga la pena recordar las ocho cosas que no debiéramos haber olvidado nunca.
  • Primera. Aunque pocos se acuerden, hubo una cosa llamada «el milagro español», que, obviamente, muchos creían que se había instalado para siempre. Ni aquello podía durar toda la vida, como creían muchos políticos y un gran número de ciudadanos, ni la crisis de ahora va a durar eternamente. El milagro español empezó a mediados de los años 60 con los primeros turistas; el famoso boom inmobiliario lo mantuvo hasta 2007.
  • Segunda. La demanda de pisos fue la mayor registrada por ningún país industrializado, de tal manera que el sector público y, sobre todo, el sector privado no pararon de aceptar préstamos del extranjero hasta situarse en el segundo puesto de países más endeudados del mundo. Solo nos ganaba en deuda con el extranjero Estados Unidos, con la gran diferencia de que el dólar seguía siendo una moneda que cualquiera quería aceptar como reserva y que el endeudamiento en porcentaje del producto no representaba ni de lejos el estrafalario porcentaje de España.
  • Tercera. Poco a poco fuimos aceptando que con el euro habíamos empezado la casa por el tejado, constituyendo la unión monetaria antes de la unión económica; de manera que cada uno podía ir a su bola y anular el invento si no se imponían medidas de precaución.
  • Cuarta. Habrá habido quien haya recordado el pasado nazi de los alemanes y su responsabilidad en las dos guerras mundiales, olvidándose de que España estuvo al lado de los supuestamente culpables y por mucho más tiempo.
  • Quinta. El Gobierno alemán, gracias a su influencia en Bruselas y en el Banco Central Europeo, ha sabido recordar a los políticos españoles que había llegado el momento de la verdad. Que era imposible volver a empezar a pedir prestado sin apenas condiciones y sin iniciar en serio las reformas necesarias para salir del atolladero.
  • Sexta. Que la negociación con la Unión Europea no es una negociación similar a la que tiene un estado autonómico con su Gobierno central. Ni el Gobierno de Cataluña ni el Gobierno andaluz pueden comportarse como niños malcriados alegando que, pase lo que pase, ellos tienen sus propias prioridades que pasan por encima de todo el resto. La Unión Europea es la suma de varios Estados que en su conjunto tienen un peso específico y un proyecto de futuro bastante más serio que el nuestro.
  • Séptima. El Fondo Monetario Internacional ha comprobado el sistema elemental para medir la situación económica y financiera de un país. Mi experiencia de economista del Fondo Monetario Internacional –en la que cada dos meses estaba de analista de lo que le pasaba a un país del universo– es que muy a menudo los economistas y políticos instalados en el país observado no sabían o no querían aprender lo que les pasaba. Y sin embargo, bastaba con conciliar las cuatro tablas de la balanza de pagos, del sistema bancario, del acumulado fiscal y de la evolución del producto para saberlo.
  • Octava. Si en lugar de insultarse, este país decidiera sacar pecho no para arremeter contra los demás, sino para poner en marcha procesos tan serios como los que fue capaz de llevar a cabo en el pasado –salir de la dictadura a la democracia e iniciar el proceso de apertura al exterior–, los españoles podrían pasar un buen año.

sábado, 18 de agosto de 2012

Frutas y legumbres, estrellas de la exportación española

MADRID.- Hay sectores ecónomicos que crecen, como es el caso de las exportaciones. Las ventas de productos fabricados en España, lejos de contraerse, crecieron un 3,4% en el primer semestre del año con ingresos de 109.974,4 millones de euros. Gracias a estos incrementos, el saldo comercial con la Unión Europea registró un superávit de 5.539,5 millones, mucho mayor que el de 1.587 millones del mismo semestre de 2011, según Abc

En comparación con el resto de socios europeos, desde que empezó la crisis en 2009 (y hasta finales de 2011), las exportaciones españolas son las que más han crecido, un 36%, frente al 32% de subida en Alemania y el 30% de Italia. Además, la previsión total para 2012 sitúa a España por delante de las grandes potencias europeas, con un aumento del 2,1% anual, frente al 1,3% de Francia, el 1,7% de Alemania o el 0,9% calculado para Italia, según el Fondo Monetario Internacional. 

Pero, ¿cuáles son los productos españoles que nos hacen triunfar en el extranjero? Todos los sectores suben de forma global, excepto el decadente sector del automóvil, con un marcado protagonismo de las frutas y legumbres, maquinaria para la industria y material para la construcción de transporte, según el último informe de comercio exterior del Ministerio de Economía.

Bienes de equipo

Las exportaciones del sector de bienes de equipo registraron un aumento del 0,2% interanual en el primer semestre y reportaron un total de 21.166 millones de ingresos por productos incluidos en esta área. Dentro de ella, destaca la maquinaria para la industria que reportó 5.935,6 millones y el material para la construcción de transporte (4.859 millones), con especial relevancia en volumente del utilizado en las carreteras (aunque disminuyó respecto al año pasado). Sí cayó especialmente la exportación del material para la construcción de buques con un 71,6% menos.

Alimentos

La venta de productos alimentarios gana peso (16.746,2 millones de euros), un 9,5% más interanual, en detrimento de otros sectores como el del automóvil, que perdió un 9,9% de importancia en el primer semestre. La huerta española fue la reina en este ámbito con un monto de 6.893,9 millones de euros obtenidos con la venta de frutas y legumbres. Por detrás se situó la carne (2.229,6 millones), bebidas (1.558,4 millones) y la pesca (1.412 millones). Pese al buen dato de exportaciones, hay que tener en cuenta que España mantuvo un nivel alto de compras de alimentos en el extranjero que supusieron un total de 13.459 millones de euros, con un peso predominante de las bebidas importadas del exterior.

Automóvil

Pese a ser el tercer sector en ventas con 16.238 millones, fue el único que registró una caída interanual del 9,9% de enero a junio. El descenso de la compra de coches también hizo caer las importaciones en este área un 9,3%, aunque todavía suponen una cifra elevada de 12.787 millones.

Productos químicos

Representaron un total de 15.894 millones en ingresos. En este sector, los más exportados fueron los medicamentos por valor de 4.338,3 millones y en segundo lugar, los plásticos (4,211,9 millones).

Textiles, calzado y juguetes

Las cifras positivas en este área (8.932 millones en el segundo semestre) quedaron eclipsadas por un dato aún mayor de los bienes que fueron importados, 11.648 millones de euros. No obstante, la tendencia evoluciona claramente a favor de España con un aumento de las exportaciones (6,8%) frente a un descenso de las importaciones (-8,5%).

Sector energético

Aquí encontramos el talón de Aquiles de España. Tenemos una gran dependencia del exterior en productos energéticos (31.145 millones en importaciones en el primer semestre de 2012) como el petróleo y derivados (24.173 millones), gas (5.941 millones) y carbón y electricidad (1.031,4 millones). Las exportaciones expañolas en este área se quedan muy lejos y supusieron apenas 7.398 millones en el mismo periodo.

Los países que más compran a España

El recurso de Crespo y Amorós no les exime de depositar la fianza

ALICANTE.- Los cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) imputados en la causa abierta por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 por presunta estafa han recurrido ya la fianza conjunta y solidaria de 25,8 millones de euros que les impuso el juez Javier Gómez Bermúdez, según confirmaron a Abc fuentes de la Audiencia Nacional.

El último en presentar su recurso ha sido el expresidente de la antigua caja de ahorros alicantina Modesto Crespo. Con anterioridad lo habían hecho los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, así como el exdirector de Recursos Vicente Soriano Terol y el exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb. Todos ellos están imputados por presunta estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros delitos.

No obstante, la interposición de estos recursos, que deberán ser resueltos por el magistrado, no exime a los cinco exdirectivos de depositar la fianza conjunta de 25,8 millones de euros, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la notificación del auto dictado por Gómez Bermúdez el pasado 26 de julio. El juez impuso la fianza -que deberán depositar entre los cinco, respondiendo si es preciso con su patrimonio- a petición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que los imputados cubran de forma cautelar las pérdidas ocasionadas a la CAM por su gestión.

Cuotapartícipes afectados

Esta cifra incluye la prima que los exdirectivos cobraron indebidamente -estaba vinculada a unos beneficios de la caja que luego se han revelado irreales- y la cantidad pagada de más a la aseguradora Caser para garantizarse las indemnizaciones por prejubilación.

No obstante, el abogado que ejerce la acusación particular, Diego de Ramón, ha solicitado al juez que una parte de esta cantidad -12 millones- se destine a cubrir las pérdidas de sus representados, más de medio millar de inversores que compraron cuotas participativas de la CAM y que ahora han perdido sus ahorros.

La elevada fianza impuesta por el juez supone que cada uno de los cinco imputados tendrá que depositar más de cinco millones de euros ante la Justicia para responder de su posible responsabilidad penal. 

Algo que, en principio, no debería suponer un excesivo problema para el exdirector general Roberto López Abad, quien cobró de la CAM una indemnización de 5,5 millones de euros por prejubilarse el 29 de junio de 2011, un mes antes de que la caja tuviera que ser intervenida por el Banco de España. 

Por su parte, Vicente Soriano se prejubiló el 1 de marzo de 2011 y cobró 1,7 millones de euros de indemnización. 

María Dolores Amorós fue despedida por los administradores del FROB tras la intervención. Acudió a la Justicia para reclamar una indemnización de 10 millones, pero la juez desestimó sus pretensiones y, además, anuló su pensión vitalicia.

Gómez Bermúdez retoma este lunes la causa

El juez Javier Gómez Bermúdez se reincorpora el lunes al Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, en el que retomará la causa abierta a la antigua cúpula de Caja Mediterráneo (CAM) por presunta estafa, apropiación indebida y falsedad en las cuentas, entre otros delitos.

Uno de sus primeros cometidos tras el período de vacaciones será resolver los recursos que los cinco imputados -el expresidente de CAM, Modesto Crespo, los ex directores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, el ex director de Recursos Vicente Soriano Terol y el ex director de Planificación Teófilo Sogorb- han presentado contra la fianza de 25,8 millones de euros que el juez les impuso para resarcir los daños que presuntamente ocasionaron a la antigua caja de ahorros alicantina debido a su gestión.

Pero la interposición de estos recursos no exime a los cinco exdirectivos de CAM de depositar, de forma conjunta, la fianza de 25,8 millones impuesta, a razón de algo más de 5 millones de euros cada uno.

Fuentes judiciales indicaron a Abc que, dada la elevada cuantía de esta cifra, muy probablemente será aportada con avales bancarios, que pueden ser otorgados utilizando los bienes inmuebles de los imputados como garantía.

En caso de que los imputados no hayan podido satisfacer esta cantidad, indicaron las mismas fuentes, el juez Gómez Bermúdez dictaría un auto ordenando el embargo de los bienes por el importe que haya quedado impagado. 

Por su parte, el abogado que ejerce la acusación particular en representación de 500 afectados por las cuotas participativas de la CAM, Diego de Ramón, ha anunciado que si los imputados no abonan la fianza interpondrá contra ellos una querella por un presunto delito de alzamiento de bienes, por considerar que su patrimonio les permite atender la petición del juez.

martes, 14 de agosto de 2012

El legado de Miguel Hernández llega este martes a la provincia de Jaén

JAÉN.- El legado de  Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942) abandona definitivamente la ciudad de Elche, donde ha permanecido los últimos 27 años, y se instalará desde este martes en la provincia de Jaén. La familia del poeta ha alcanzado un acuerdo con la Diputación de Jaén y con el Ayuntamiento de Quesada –el municipio de donde era natural la esposa del poeta, Josefina Manresa- para que los 5.000 documentos, manuscritos y objetos personales lleguen a la tierra que más sirvió de fuente de inspiración al autor de Andaluces de Jaén.

El protocolo que este martes firmarán en la Diputación de Jaén la nuera del poeta, Lucía Izquierdo, y los nietos del poeta María José y Miguel Hernández, contempla que el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) llevará a cabo el estudio y la catalogación del legado, que posteriormente se expondrá en Quesada, en concreto en un edificio anexo al Museo del pintor Rafael Zabaleta. De momento, se desconoce la contraprestación económica que los herederos del poeta, que llevaban varios meses negociando, recibirán de las instituciones jiennenses.
El legado de Miguel Hernández se encontraba hasta ahora en la caja fuerte de un banco de Elche condenado a la oscuridad, sobre todo tras la decisión del gobierno local, del PP, de revocar el acuerdo firmado por el anterior alcalde socialista ilicitano para que los documentos siguieran en la ciudad otros 20 años. La nueva alcaldesa, Mercedes Alonso, dejó de pagar las retribuciones a la familia y consideró que dada la actual coyuntura económica se hacía imposible pagar tres millones en 20 años. Sin embargo, los herederos reclaman cerca de 1,5 millones de euros por la rescisión unilateral del acuerdo firmado en 2010, según ha desvelado el presidente de la Diputación de Jaén, el socialista Francisco Reyes.
La intención del Ayuntamiento quesadeño, también gobernado por el PSOE, es apoyar un ambicioso proyecto cultural que impulse el turismo en este municipio del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. “La idea es que el legado pueda autofinanciarse con las visitas del público”, indica su alcalde, Manuel Vallejo. La familia del poeta ha valorado la ligazón de Quesada con Josefina Manresa, la mujer que más luchó para preservar el legado tras la muerte de su marido. Miguel Hernández estuvo muy implicado con Quesada y con Jaén, donde combatió contra las tropas sublevadas durante la Guerra Civil. Desde su llegada a esta tierra, el 3 de marzo de 1937, el poeta, enrolado en el Altavoz del Frente, un órgano encargado de la propaganda de la zona republicana, alumbró parte de su corta pero intensa obra poética, entre ellos el poema Andaluces de Jaén, que el cantautor Paco Ibáñez llevó a la música.
Precisamente, la Diputación de Jaén también ha alcanzado un acuerdo con la familia del poeta alicantino para la cesión de los derechos del poema Andaluces de Jaén, que pasará a convertirse en el himno oficial de la provincia, según aprobó el pleno de la Diputación el pasado 29 de febrero. El himno se producirá con el texto de Andaluces de Jaén y con los arreglos musicales del Conservatorio Superior de Música de Jaén. La intención es que esté listo para el año 2013, cuando se conmemora el bicentenario de la creación de la Diputación de Jaén, según la crónica de hoy en 'El País'.

Ceaccu denuncia a Ryanair por los aterrizajes forzosos en Valencia por falta de combustible

MADRID.- La Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (Ceaccu) ha elaborado una demanda que presentó esta mañana ante la Dirección General de Aviación Civil contra la compañía Ryanair por el incidente ocurrido el pasado 26 de julio en el aeropuerto de Valencia cuando tres aviones tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia por falta de combustible.

   El abogado de la confederación de consumidores, Eugenio Ribón, explicó que en caso de que se comprueben los hechos, se trata de una "infracción grave" por comprometer la seguridad de los pasajeros, que conllevaría una multa de cuatro millones de euros y tres años de suspensión de licencia para volar por España.
   Los hechos ocurrieron cuando tres aviones de Ryanair tuvieron que ser autorizados a efectuar un aterrizaje de emergencia el pasado jueves 26 de julio en el aeropuerto de Valencia, al que fueron desviados desde Barajas, tras lanzar un aviso por falta de combustible, según informó el 'Sunday Independent', de Dublín.
    En la ciudad levantina tuvieron que permanecer en cola en vuelo, a la espera de recibir permiso para aterrizar, algo que se adelantó a raíz de la llamada de emergencia emitida por los comandantes de Ryanair, que alertaron de que no disponían de combustible suficiente y consiguieron prioridad para aterrizar.
   El combustible que deben cargar los pilotos de la aerolínea irlandesa para sus viajes está estipulado en un plan de eficiencia presupuestaria de la compañía, del que se ha informado a la tripulación en al menos dos memorándum en los últimos meses.
   Así, se obliga a los pilotos a repostar la cantidad "mínima necesaria" para cumplir su plan de vuelo, y cualquier exceso debe ser justificado por escrito. Sin embargo, según el 'número dos' de la Dirección de los pilotos de Ryanair y capitán de la base de Stansted, Shane McKeon, "continúa habiendo un pequeño número de comandantes que parecen tener problemas" con este protocolo.
   "Algunas de las explicaciones dadas por los comandantes de vuelo para cargar fuel de más no son aceptables. La excusa más irracional es que les gusta aterrizar con tres toneladas de combustible. Ésa no es la política de Ryanair, es totalmente inaceptable y no es para lo que se les paga", ha afirmado McKeon.

En Baleares, 20 directores de sucursales bancarias, denunciados por estafa por sus clientes

PALMA.- Mientras siguen abiertas las investigaciones de los grandes casos de corrupción de las Islas, a la Justicia balear se le ha abierto un nuevo frente: el bancario. Los juzgados de Instrucción de Palma han registrado en los últimos meses 25 querellas criminales contra una veintena de directivos de sucursales bancarias en las islas por «presunta estafa» y «abuso de confianza». Les acusan de 'colocarles' preferentes como depósitos. Son 25 querellas y suman un millón de euros. En Baleares hay 5.000 afectados, según 'El Mundo'

Sus clientes les acusan –cada querella lo hace de forma individual– de colocarles participaciones preferentes como si fueran depósito garantizados. Los afectados denuncian que les vendieron acciones de «alto riesgo», sólo recuperables si se logran vender en mercados secundarios –una especie de mercado de reventa de productos financieros– haciéndoles creer, sin embargo, que ponían sus ahorros en depósitos más que garantizados que podrían recuperar en cuanto quisieran. Las querellas se basan en que el Banco de España obliga a las entidades a informar correctamente a los clientes del riesgo de estos productos y al no hacerlo, denuncian, la compra de preferentes «se hizo sin su consentimiento». La mayoría de denunciantes apunta al director de su sucursal como quien les recomendó la inversión presentándola sin ningún riesgo. También en la mayoría de los casos, cliente y director mantenían una relación de confianza.
El relato de los hechos es similar en las 25 querellas que, a través de la Asociación de Consumidores Facua Baleares, los clientes han interpuesto ante el juez. Y que suman en total, cerca del millón de euros.
Ahora, según recuerdan desde Facua, estas 25 querellas no son más que una primera fase de lo que está por llegar. Se esperan muchas más tras el verano. No sólo porque estas primeras pertenecen sólo a dos entidades bancarias que operan en las Islas cuando las participaciones preferentes se vendieron en muchas más, sino porque sólo alcanzan un millón de euros mientras la cifra invertida por isleños en este producto, en principio sin conocer los riesgos, es bastante más alta. Desde Facua Baleares su presidente, Alfonso Rodríguez, explica que sólo en su asociación tienen registrados «380 afectados» baleares, que suman un total de ocho millones de euros.