Más fortalecimiento para pymes en estado de insolvencia / Ángel Tomás Martín *

Los seis años transcurridos de la actual crisis han producido efectos desastrosos con importantes pérdidas de tejido empresarial, de empleo y de otros inevitables efectos colaterales por contagio. Más del 90% de las empresas que solicitaron el concurso de acreedores acabaron liquidándose al no poder hacer frente a su pasivo exigible. En España, las de menos de diez empleados representan el 94% de las más de las 3.145.000 empresas censadas en diciembre de 2013; más del 50% eran empresas individuales o autónomos con menos de tres empleados, y sólo el 4% superaba veinte en sus nóminas.

Dentro de las llamadas PYMES se encuentran también, aunque en menor porcentaje, sociedades con responsabilidad limitada a la cuantía del capital y reservas que figuraba en sus balances. Los emprendedores individuales, en auténtica desventaja al serles de aplicación en caso de insolvencia el artículo 1911 del Código Civil y el 6 del Código de Comercio, respondían con todos sus bienes presentes y futuros. España es el país con mayor número de micro-empresas, y esto requería una reforma legal en profundidad que fortaleciese el marco de insolvencia de las PYMES.

Ante la evidencia de los hechos expuestos y por recomendación, en su día, de la propia Comisión Europea, el Ejecutivo emprendió reformas legales especialmente dirigidas en apoyo y ayuda de las empresas individuales y autónomos altamente endeudados o en quiebra. Se promulga la Ley 14/2013, reguladora de la figura del "emprendedor de responsabilidad limitada", gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual, pero bajo determinadas condiciones y cumpliendo otras establecidas en el nuevo marco jurídico. 

En este sentido será operativa dicha limitación desde la inscripción y publicidad a través del Registro Mercantil y de la Propiedad. Se exceptúan de la limitación las deudas de derecho público. Tampoco podrá beneficiarse el deudor si hubiese actuado con fraude o negligencia grave. Siguiendo con las reformas, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto- Ley, convalidado unánimemente por el Congreso, que concluyó en el Real Decreto-Ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, vigente desde el 9 de Marzo de 2014, con el objetivo de mejorar el marco legal preconcursal de los acuerdos de refinanciación.

A pesar de las medidas mencionadas adoptadas, el Fondo Monetario Internacional no ha visto en la nueva legislación española una ayuda suficiente a las PYMES y autónomos, que siguen quedando en inferioridad de condiciones con relación a las sociedades de capital, y ha elaborado y hecho llegar al Gobierno un informe titulado FORTALECIMIENTO DEL MARCO DE INSOLVENCIA PARA LAS PYMES. Este informe ha reconocido avance en la legislación mencionada, pero la considera insuficiente y carente de fortaleza a la capacidad institucional. 

Considera un solapamiento entre los negocios y activos de los hogares y las deudas, con claro abuso de hipotecas y avales exigidos por las entidades de crédito. Tampoco se facilita el rescate de las empresas "viables", siendo escasa la esperanza de los deudores para poder liquidar la deuda al final del proceso, y muy difíciles de acometer los planes de reemprendimiento o venta del negocio en marcha. El FMI no considera justo la exclusión de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social), al considerarlos la Ley como preferentes.

De la lectura del informe queda claro el espíritu de la reforma que se exige en nuestro país, que se concreta en el incremento de la protección a la pequeña empresa como colectivo mayoritario nacional, la reducción de la alta protección de los acreedores privilegiados públicos y, de forma especial, abrirles un nuevo horizonte a la reconversión y viabilidad de los pasivos excesivos y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Todo ello ya es una realidad en otros países de nuestro entorno, como Italia, Alemania y Reino Unido.

En el amplio contenido del informe que se debatirá en la visita a España de una delegación del FMI, que tendrá lugar entre los días diecinueve al veintitrés del mes en curso con el Ejecutivo, se contienen catorce apartados entre los que destacamos de forma muy resumida, por carecer de espacio, algunos contenidos:

 -El régimen concursal español, sus procesos judiciales y no judiciales que pueden llevarse a cabo por las PYMES. -Deficiencias actuales con relación al Régimen de Insolvencias y su carácter demasiado restrictivo y rígido. -Falta de incentivos eficaces para acometer restricciones extrajudiciales, a pesar de la inclusión del plan OCAP para tratar de manera específica las dificultades financieras. -Modificar el sistema para incluir un marco de trabajo para las personas físicas financieramente responsables. -Eliminar los límites al contenido del plan para incluir a asegurados y acreedores públicos, con imposición jurídica para los acreedores disidentes. -Eliminar los límites a la extensión de la condonación o moratoria.- Incluir oficinistas de contratación para ayuda a jueces y a la aceleración de los procedimientos. -Respaldar a los empresarios y su internacionalización. -Acuerdo de un plan individual que permita llegar a un contrato de pre-insolvencia con uno o varios de sus acreedores, para evitar la puesta en marcha del proceso de insolvencia. -Defender el valor de mercado razonable de los activos inmovilizados para evitar la quiebra, y proteger la viabilidad de la actividad frente a la presión abusiva de los acreedores privilegiados.

La protección a las micro-empresas, necesaria y aceptada en gran parte de los mercados internacionales, es la exigencia que tanto el FMI como la Comisión Europea piden a España para que se estudien y aprueben las soluciones a la mayor urgencia. Sin embargo, a nuestro juicio, ni se consideró ni se incluye en el informe la dudosa "viabilidad" de aquellas empresas que acabaron en liquidación inevitable y posterior desaparición ocasionada por la incompetencia, negligencia o falta de visión de sus gestores, con el consiguiente perjuicio a proveedores, financiadores y empleados. 

Sin abandonar en estos casos la aplicación de la protección legal para la continuidad de la actividad, debe supeditarse al cambio de dirección y del consejo de administración, en su caso, o se corre el riesgo de que se repita el fracaso anterior con repercusiones aún más graves.

 No es tarea fácil establecer el criterio a seguir para la selección de un nuevo gestor en el que concurran eficacia, conocimiento del sector, buen coordinador, innovador y capacidad para el reemprendimiento y el cambio de modelo. Una vez elegido, el responsable debe analizar los motivos que ocasionaron la insolvencia en el pasado, la situación económico-financiera actual, y definir y aplicar una nueva estructura para el futuro. Sólo así, para estos casos concretos, se alcanzaría el éxito pretendido.

(*)  Economista y empresario

El juez Elpidio Silva reclamará fortalecer la Oficina contra el Fraude si logra el domingo un escaño en el Parlamento Europeo de la mano de 'Movimiento Red'

ALICANTE.- El juez Elpidio Silva, candidato por España al Parlamento Europeo, ha anunciado hoy en Alicante que "la primera medida" que impulsará, en caso de lograr el escaño, será reclamar que se "fortalezca" la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF).

"Tiene una dotación de escasamente 50 empleados, lo que explica el desacierto, los desmanes y el campo ancho por el que han discurrido los corruptos en este país", ha indicado el juez suspendido provisionalmente de funciones.

En ese sentido ha manifestado que "la responsabilidad política --de la Unión Europea, al no auditar las inversiones y las ayudas ejecutadas en España--, debe traducirse con una quita de la deuda española", que ha calculado "entre un 20 y un 25 por ciento".
El juez ha reiterado que el Movimiento Red, por el que se presenta a las elecciones europeas del domingo, lo hace "sin dopajes" económicos e "íntegramente ciudadano" porque "no cree en los políticos", con excepciones como "Miguel Ángel Revilla, que merecen nuestro respeto".
Silva ha manifestado que le consta por "un compañero militante del Movimiento Red en Alicante que con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pasa algo similar a lo sucedido en Caja Madrid. Es el mismo proceso de promiscuidad entre lo político, entendido de una manera perversa, y la gestión bancaria, que en el caso de las cajas es la gestión del patrimonio de todos", ha asegurado.
Ha subrayado que "la reapertura judicial del caso Blesa permitirá que no se sustraiga al conocimiento de los españoles que la gestión desacertada manifiestamente de Caja Madrid pudo ser constitutiva de un delito societario cometido en régimen de organización criminal y que pudo ser la causa del rescate bancario y de la quiebra del sistema financiero español".
A su juicio, "este relato es imprescindible, porque en este relato posiblemente esté introducido el tripartito constitutivo del régimen que nos ha llevado a esta situación, puesto que es imposible en una gestión bancaria de esta naturaleza sin que, de alguna manera, no estén implicados tanto el PP como IU y el PSOE".
"Ni izquierdas ni derechas, este tipo de actividad política está detrás y hay que investigarlo muy severamente en la quiebra de Caja Madrid y, me imagino, que con las demás cajas de ahorro que han ido a la quiebra habría que hacer algo parecido", ha apuntado.
Silva ha anunciado que este mismo viernes el Movimiento Red Contra la Corrupción ha presentado ante el Banco de España la petición formal para que la entidad reguladora emita una certificación de irregularidad de la concesión del crédito de 26,6 millones de euros por parte de la entidad Caja Madrid al exjefe de la patronal y antiguo consejero, Gerardo Díaz Ferrán.
Silva ha destacado que, este reconocimiento por parte del Banco de España, a su juicio, permitirá reabrir el 'caso Blesa', después de que la Audiencia de Madrid anulara la investigación sobre este préstamo en junio de 2013, que realizó Silva.
Además, el candidato al Parlamento Europeo ha solicitado al Banco de España que certifique que "todas y cada una de las alertas" fueron "socavadas" por Caja Madrid para conceder el crédito.
A juicio de Silva, el Banco de España "sabe" y le "constan" las irregularidades y "lo sabe como poco" por la declaración del inspector que redactó esa certificación. En esta línea, sostiene que, de la mano de ese reconocimiento, se reabrirá la causa por la "clamorosa irregularidad en que incurre ese crédito" y junto con el informe de la Intervención General del Estado "acreditativo de que la gestión del Banco era como poco manifiestamente infractora de todo tipo de alertas y protocolos bancarios".
El juez ha indicado que la petición al Banco de España responde a la necesidad de que "declare que la certificación que emitió en su día, acreditativa supuestamente, de que el crédito concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán no reunía ninguna irregularidad es como poco una certificación manifiestamente errónea". El juez ha señalado además que hacen suyos los argumentos del sindicato Manos Limpias sobre que la quiebra de Marsans, empresa de Díaz Ferrán, "sea declarado culposa y ahí se pone de manifiesto que cuando se le presta dinero, Caja Madrid ya debería saber que la empresa de base, Air Comet, ya estaba quebrada".
Silva, que actualmente está apartado de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, aguarda que se fije de nuevo el juicio contra él por presunta prevaricación en su investigación al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Biografía

Elpidio José Silva (Granada, 1959) estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, donde fue el número uno de su promoción y obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en la especialidad de Derecho Público.
Lleva veintidós años en la judicatura, desde mayo de 1991, cinco de ellos ejerciendo como magistrado-juez de instrucción en Madrid, y es experto en delitos económicos.
Ha sido  juez de Primera Instancia e Instrucción, encargado del Registro Civil, presidente de diversas Juntas Electorales, magistrado-juez de lo Penal y de Vigilancia Penitenciaria en Ceuta, además de magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de la Audiencia Provincial de Cuenca, así como del Jurado Provincial de Expropiación de esa provincia. Desde el año 2008 ejerce como magistrado-juez de Instrucción en Madrid capital.
Se formó en la Université Panthéon-Assas (París 2), en la Universidad de Cádiz y en la Università di Bologna (Italia).
También ejerció un mes como juez del Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, en Córcega (Francia).
Ha ejercido como profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz. Para doctorarse obtuvo una ayuda del Consejo de Europa, que le permitió realizar estudios de Derecho Comparado en Francia e Italia.
Actualmente es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte cursos y dirige estudios de grado y postgrado sobre Derecho Penal y Criminología.
También ha sido docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ponente y conferenciante en numerosas seminarios y congresos nacionales e internacionales.

Ha publicado dos libros de poesía en la editorial sevillana Qüásyeditorial: 'Memoria Inconjugable' (finalista del Premio Adonais) y 'Memoria del Olvido'.
Más recientemente, en 2014, ha publicado 'La justicia desahuciada. España no es país para jueces', donde realiza un análisis de la situación de la Administración de Justicia española.
Desde el 1 de abril de 2014 se encuentra en Excedencia Voluntaria en la carrera Judicial, situación administrativa que le fue concedida con motivo de su candidatura en las Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, bajo las siglas del partido Renovación Democrática Ciudadana (RED). Este partido fue constituido por un grupo de ciudadanos con el ánimo de luchar contra la corrupción.
Silva fue elegido mediante aprobación de actas en las que se le nombra presidente por consenso por la junta la junta de gobierno de movimiento red.
El 29 de abril se hizo público el documento oficial que figura en la web del Movimiento RED recogiendo un método basado en el esquema problema-solución-método. Este programa se presenta en las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

Devoción y tradición popular caminan de la mano de 300.000 alicantinos

ALICANTE.- Devoción cristiana y tradición popular caminaron ayer en romería, y de la mano de 300.000 alicantinos, hasta el monasterio de la Santa Faz, donde desde hace más de cinco siglos se venera uno de los pliegues del sudario de Cristo.

Como todos los años, esta tradicional romería que se repite el segundo jueves después de la Pascua ha combinado el fervor religioso y el ambiente festivo, y, acompañada por el buen tiempo, en esta ocasión ha batido récord de participación.

Familias, grupos de amigos y representantes políticos y de numerosas instituciones y entidades han recorrido los casi ocho kilómetros que separan la concatedral de San Nicolás, en el centro de Alicante, del monasterio regido por las monjas clarisas.

Ataviado con el clásico blusón negro de labrador, el pañuelo blanquiazul y la caña de romero, como manda la tradición, los peregrinos han acudido, un año más, a su encuentro con la Santa Faz, una cita que se remonta a 1489.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha participado en "La Peregrina", como así se llama a esta romería, junto al alcalde en funciones de Alicante, Andrés Llorens, ya que la titular, Sonia Castedo, está de baja maternal.

Ambos y el obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, Rafael Murgi, han estado al frente de una comitiva en la que también estaban varios miembros del Consell y la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León, entre otros.

Marcados por el veloz ritmo que marcaban los portaestandartes religiosos de la Santa Faz, las autoridades civiles y religiosas han tardado unos noventa minutos en recorrer la caminata pese a la gran cantidad de gente que se topaban en el itinerario.

Ni siquiera han parado a tomar los clásicos rollitos de anís y mistela que se ofrece a los peregrinos a la mitad de un recorrido que recuerda el camino que Jesucristo hasta la crucifixión a lo largo de catorce estaciones de penitencia.

A lo largo del recorrido, la comitiva se ha encontrado con dos protestas de trabajadores de la ya extinta Radio Televisión Valenciana (RTVV), quienes han increpado a Fabra.

El president ha felicitado a todos los alicantinos por demostrar "lo que es su devoción hacia la Santa Faz" y "su capacidad por compartir un camino conjunto para llegar a su destino, a este monasterio".

"La unión hace la fuerza y nada puede parar la voluntad de todo un pueblo", ha añadido el jefe del Consell, minutos después de asistir a la misa que ha presidido el cardenal Manuel Monteiro de Castro, exnuncio de la Santa Sede en España.

Otras formaciones políticas han querido participar en esta jornada festiva en el marco de la ya conocida como "marcha cívica", en la que se han dado cita aunque por separado representantes del PSOE, Compromís, Bloc y Esquerra Unida, entre otras.

La presencia de estas formaciones de la izquierda política ha sido este año más breve, ya que muchos de sus cargos han regresado rápidamente a Alicante para participar en la manifestación del Primero de Mayo.

Antes de iniciar esta marcha, el líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha subrayado que la unidad demostrada de los alicantinos en esta romería refleja que con "el apoyo conjunto de todos" se pueden lograr muchos objetivos, como "salir de la crisis".

Ya en el templo, y custodiada bajo cuatro llaves, la reliquia ha sido sacada a la plaza del caserío donde la esperaba la imagen de la Santa Mujer de la Verónica, procedente de la localidad de Sant Joan d'Alacant. El encuentro, que ha arrancado algunas lágrimas entre los asistentes, ha sido aplaudido por los asistentes.

En su homilía, monseñor Monteiro ha animado a los fieles a "vivir en unidad con Dios" y a "pedirle" cuando sea necesario, pero también a saber perdonar y "pedir perdón".

Aunque no ha habido ningún caso grave, en las primeras horas se ha atendido a medio centenar de personas, principalmente, por lipotimias, rozaduras y caídas.

Sonia Castedo firma su renuncia como diputada regional ante notario, que presentará hoy

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el 'caso Brugal', ya ha firmado ante notario la renuncia a su acta de diputada en las Cortes, que será presentada hoy viernes en el registro de entrada de la Cámara autonómica dado que el jueves ha sido festivo, según han confirmado fuentes municipales. 

No obstante, no se ha señalado quién será la persona encargada de presentar la renuncia por el registro de entrada dado que Castedo se encuentra de baja por maternidad, según han comentado las mismas fuentes. El actual alcalde de Lorcha, Guillermo Moratal, será el sustituto de Castedo en las Cortes, según han apuntado fuentes parlamentarias.

Castedo, imputada en la ramificación del 'caso Brugal' que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ya mostró en agosto de 2012 su intención de dimitir para "dedicarse por completo a la ciudad de Alicante" y el pasado mes de julio renunció a su sueldo como diputada.

Con la renuncia ya no quedan aforados en la causa de Brugal que se seguía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con lo que el procedimiento volvería a juzgado ordinario de Alicante.

De este modo, cuando se haga oficial la renuncia de Castedo el grupo popular en las Cortes Valencianas, integrado actualmente por 54 de los 99 parlamentarios que forman la cámara autonómica, mantendrá a cuatro diputados imputados en el 'caso Gürtel'.

Se trata de los 'populares' Ricardo Costa, David Serra, Vicente Rambla y Yolanda García, que están imputados en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por la presunta financiación irregular del PPCV, derivada del 'caso Gürtel'.

La última renuncia fue la del ex alcalde alicantino, Luis Díaz Alperi, que dejó su escaño "por motivos de salud". Díaz Alperi también está procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio en otra causa en la que ya se ha acordado la apertura de juicio oral y en la que el instructor ha considerado que existen indicios de que el diputado pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Con la salida de Castedo, serán 21 los diputados de las Cortes Valencianas que han dejado su escaño desde que empezó la legislatura. El pasado 21 de marzo renunció la ex consellera de Turismo y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, y tres semanas antes lo hizo la también ex consellera Angélica Such, ambas procesadas en el 'caso Gürtel'.

También renunció a su acta Pedro Hernández Mateo, tras ser condenado a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad alicantina de Torrevieja.

Por su parte, Alicia de Miguel dejó la cámara autonómica por motivos "estrictamente personales", el mismo día en que el juez del 'caso Gürtel' le imputó por contratos suscritos en su etapa al frente de la Conselleria de Bienestar Social con empresas de la trama.

Por otro lado, Gerardo Camps, Mario Flores, Belén Juste y Manuel Cervera renunciaron al acta en las Cortes al ser elegidos diputados al Congreso, mientras que Eva Ortiz lo hizo para ir al Parlamento Europeo.

También dejó el escaño Paula Sánchez de León, al ser nombrada delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, así como César Augusto Asencio, designado vicepresidente de la Diputación de Alicante.

Recientemente ha dejado las Corts Luis Ibáñez, quien ha pasado a ocuparse de la Secretaría Autonómica de Sanidad. Asimismo, renunció José Marí para dedicarse a su actividad privada como abogado en un despacho propio, además de María José Masip por "motivos personales" y Antonio Ángel Hurtado por cuestiones "personales y profesionales".

El PP comenzó la legislatura con 55 diputados y en junio del año pasado se quedó con 54, al pasar al grupo de no adscritos el ex conseller Rafael Blasco, pendiente ya de sentencia en la primera pieza del 'caso Cooperación' tras la celebración del juicio.

Por parte de los grupos de la oposición, desde que comenzó la legislatura ha habido tres cambios, todos en la bancada socialista. Ferrán Verdú dejó su acta por las dificultades para compatibilizar su labor como alcalde de Jijona con el trabajo parlamentario y su puesto docente en la Universidad de Alicante. Asimismo, destacan los fallecimientos de los diputados del PSPV Dolores Huesca y Vicent Esteve.

El presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, ha señalado que de confirmarse la renuncia de la alcaldesa de Alicante se trataría de "una decisión personal muy respetable" y ha comentado, sobre si repetirá como cabeza de lista para las próximas elecciones municipales, que "se hablará cuando tengamos que hablar".

Fabra, tras participar ayer en la tradicional romería de la Santa Faz, ha señalado al respecto que "tiene que ser prudente" ante "los rumores" que apuntan a que la renuncia de Castedo se presentará este viernes en el registro de las Cortes.

En cualquier caso, ha comentado que es "una cuestión personal" y al respecto ha recordado que "lo cierto es que hace tiempo que había mostrado su voluntad de abandonar las Cortes para dedicar más tiempo al Ayuntamiento". 

"Es muy respetable pero hay que esperar a que se produzca para hacer más valoraciones", ha señalado.

El abogado Mazón denuncia al Rey y a Felipe González en base al libro de Pilar Urbano sobre el 23-F

MADRID.- El partido político ‘Soberanía’, presidido por el célebre abogado oriolano José Luis Mazón Costa, ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al ex presidente del Gobierno, Felipe González Márquez, y al rey Juan Carlos de Borbón y Borbón por su cooperación –“ hasta ahora secreta”-, por hechos que pueden ser constitutivos de cooperación en un delito de rebelión acaecida el 23 de febrero de 1981, según consta en la denuncia, ahora transformada en querella, tras la admisión por el juez Santiago Pedraz.

En un auto fechado el pasado 8 de abril, el juez central nº 1 de la Audiencia Nacional, registró la querella interpuesta por el citado partido politico contra la trama civil oculta del 23-F;  Pedraz, sin entrar a valorar aun los hechos, asegura que por lo demás la querella reúne los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Inicialmente Soberanía presentó denuncia, que luego transformó en querella, sobre la cual resuelve ordenando su tramitación el auto del juez Pedraz.

Las diligencias de la querella por la trama oculta del 23-F objeto de querella han sido registradas bajo el número 28 del año 2014.

La denuncia contra Felipe González lo es por “presunto cooperador necesario, quien estaba o figuraba en la lista del nuevo gobierno que iba a salir del golpe militar, en calidad de vicepresidente, según se publica en la información histórica contenida en el libro de Pilar Urbano, cuyos datos extracta en una entrevista elmundo.es”

Según “las mismas informaciones verosímiles publicadas”, Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España, “era el verdadero jefe, el cerebro visible del golpe militar frustrado que dirigió el general Armada”.

La denuncia agrega que al gozar el rey de inviolabilidad, “será citado en calidad de testigo, para cooperar en el esclarecimiento de los hechos. Si no es que se interpreta que la inviolabilidad constitucional no puede amparar la participación de un jefe de Estado en un golpe de Estado”.

La circunstancia de ‘Soberanía’ considera que si “el delito podría estar prescrito no es óbice para la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Y se citan como ejemplos el procedimiento seguido contra Baltasar Garzón Real ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los patrocinios de los cursos de Nueva York, en donde el instructor señor Marchena concluyó una investigación que luego declaró prescrita por unos hechos que ya estaban establecidos desde el comienzo de la investigación”.

“La posible implicación de Felipe González Márquez en el golpe militar como cooperador necesario dcl general Armada a la hora de dar su consentimiento a la integración en la lista del nuevo gobierno que, como consecuencia del golpe militar, iba a sustituir al que hasta entonces presidía Adolfo Suárez, reclama una investigación que impone el principio de legalidad penal en relación al artículo 23.1 de la Constitución, el cual garantiza la democracia y el derecho de los ciudadanos a la participación en el poder político, lo que combinado con el precepto penal del delito de rebelión, exige un esclarecimiento de los hechos. Y la respuesta a la pregunta ¿dio su consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el gobierno opuesto por el general Armada, donde aparecía como vicepresidente?”, se dice en otro de los párrafos de la denuncia.

La denuncia pide que se llame a González a declarar como testigo, “ y de aparecer evidencias de su colaboración con el golpe militar del 23 F, que ahora son indicios o sospechas, se hiciera en calidad de imputado con independencia de que de hallarse el delito prescrito acudiría con la tranquilidad de no poder ser castigado en caso de responsabilidad de cooperador necesario en los planes del general Armada quien a su vez ejecutaba según las informaciones publicadas la voluntad del rey de España, que también debe de prestar su testimonio en calidad de testigo de no ser posible la interpretación del articulo 56.3 de la Constitución (inviolabilidad del rey) en el sentido de que dicha inviolabilidad no le protege frente a actos tan fuera de sus funciones como planificar un golpe de Estado acabando con un gobierno democrático para imponer otro de su libre configuración”.

La denuncia se apoya en “una completa credibilidad tanto por provenir de una periodista, Pilar Urbano, tradicionalmente ligada al Palacio de la Zarzuela, como por el medio que la publica, el diario ‘El Mundo’. El alegato final de la denuncia de ‘Soberanía’, reza así: “Y si la Justicia de ahora no investiga estos hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del régimen monárquico bipartidista que tan gran estafa ha cometido contra el pueblo. cooperando en un golpe militar del que se nos presentaban como los salvadores”.

La querella recoge el siguiente párrafo:

"Básicamente el juicio del 23-F fue cerrado en falso y constituyó una gran estafa al conjunto del pueblo español. Ahora se  ha descubierto que hubo una trama civil que pasó desapercibida y resultó impune, porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey que tenía interés en que no se supiera que había pasado en realidad en el golpe de Estado del 23F donde él mismo era uno de los personajes principales ocultos tras la cortina que se ha caído al cumplir la edad de Cristo, los 33 años, el tiempo máximo que aguanta en España un gran fraude institucional, una gran mentira al pueblo español".

El TSJ rechaza un recurso de Alperi contra el auto de procesamiento por delitos contra la Hacienda y cohecho impropio

VALENCIA.- La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso apelación-nulidad que había interpuesto el exalcalde de Alicante y exdiputado del PP en las Corts, Luis Díaz Alperi, contra el auto que le procesaba por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.

   En el auto recurrido, el magistrado abrió juicio oral a Alperi --junto a unos empresarios--, y les requería a que prestaran o garantizaran el pago de las responsabilidades pecuniarias que pudieran ser declaradas y que ascienden en el caso de Díaz Alperi a 1,4 millones de euros.

   De igual modo, procesaba por cohecho impropio a Díaz Alperi por no pagar el amarre de su embarcación en las instalaciones de la Marina Deportiva del Puerto de Alicante --donde estuvo entre 2008 y 2013-- y al gerente de la instalación, al entender que se lo permitió personalmente de forma gratuita "en consideración a su influencia en la ciudad y su condición pública".

   En su recurso, el exprimer edil alicantino pedía apelación-nulidad del apartado IV del auto de apertura de juicio oral y, en concreto, respecto al acuerdo de practicar una prueba anticipada (un requerimiento a una entidad bancaria para dar información sobre retiradas de efectivo) al considerar el recurrente que el instructor carecía de competencia funcional para acordar la práctica de dicha prueba.

   Entendía la representación de Alperi que el juicio oral "está tasado y comprende únicamente tres decisiones: acordar la apertura de juicio oral, resolver medidas cautelares y señalar el órgano competente para el conocimiento y el fallo de la causa, y, en cambio, la admisión o inadmisión de las pruebas propuestas para el juicio es de competencia exclusiva del órgano de enjuiciamiento, estimando que la resolución recurrida es nula en la medida en que ha sido dictado por un órgano carente de competencia funcional para adoptarla".

   Sin embargo, la sala aclara que la mencionada prueba anticipada no solamente había sido solicitada por la acusación particular sino también por el Ministerio Fiscal, por lo que "el resultado del presente recurso, máxime canalizado a través de nulidad, debiera afectar a ambas peticiones".

   En todo caso, la sala argumenta este auto --fechado hoy jueves-- que el auto de apertura de juicio oral resulta "irrecurrible", salvo supuestos previstos por ley, y añade que en la propia resolución, en su parte dispositiva, reiteraba que no cabía recurso alguno contra la misma excepto lo relativo a la situación personal y sin perjuicio de la facultad de reproducir ante el órgano de enjuiciamiento las peticiones no atendidas".

   "Lo mismo podría decirse --prosigue-- respecto de las resoluciones sobre la prueba anticipada porque según dispone el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra la decisión sobre la admisión o inadmisión, al igual que contra el resto de pruebas, no cabe recurso alguno".

   Añade que la parte recurrente "está en su derecho de reaccionar procesalmente contra la decisión (...) pero , y en el caso lo ha realizado a través de una solicitud de nulidad contra dicha decisión incluida dentro del auto de apertura, pero se trata de una resolución irrecurrible, por lo que podrá acudir a los medios que establezcan las leyes procesales y que la parte podrá valorar, pero sin que quepa promover un recurso de apelación para defender dicha nulidad cuando no está legalmente prevenido para la resolución dictada".

   Por todo ello, el tribunal considera "indebidamente admitido el recurso de apelación interpuesto y, en su consecuencia, procede a  declararlo convirtiendo la causa de inadmisión en causa de desestimación".        

   Esta causa contra Alperi partió de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior contra el exalcalde en la que el ministerio público  --en base a un informe de la Agencia Tributaria--, ponía de manifiesto pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 que podían constituir tres delitos contra la Hacienda Pública, así como de falsedad en documento mercantil.

    El exdirigente popular está imputado también por los supuestos delitos de revelación información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en la causa separada del 'caso Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante

El Consell aprueba una modificación presupuestaria de 29,6 millones para pagar indemnizaciones en RTVV

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha informado este jueves de que el pleno del Gobierno valenciano ha aprobado una modificación presupuestaria de 29,6 millones para financiar un crédito destinado a pagar las indemnizaciones de los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción de Radio Televisión Valenciana.

   Císcar, que se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha recordado que las indemnizaciones que se acordaron por parte del consejo de liquidación y los sindicatos ascendía a 81 millones. De esta cantidad, ahora se pagaba el 60 por ciento --51,6 millones-- y se tenía que compensar también ahora el 50 por ciento de las indemnizaciones que se dieron en el ERE de anulado de 2012, que asciende a 10,9 millones.

   Así, la diferencia entre lo que se tiene que pagar, descontado de la compensación del 50 por ciento del ERE de 2012, es de 40,7 millones, que es lo que se tiene que abonar en estos momentos.

Díaz Alperi renunciará hoy al escaño en las Cortes valencianas por "motivos personales y de salud"

VALENCIA.- El exalcalde de Alicante y diputado de las Cortes Valencianas, Luis Díaz Alperi, tiene previsto presentar a lo largo de este miércoles su renuncia al escaño en la cámara autonómica por "motivos personales y de salud", han confirmado fuentes 'populares'.

   Díaz Alperi es uno de los parlamentarios del grupo popular que se encuentra imputado en alguna causa judicial. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abrió el pasado mes de marzo juicio oral contra el ex primer edil alicantino por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.

   Además, está imputado en el caso Brugal, en el que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

 Junto con Alperi está imputada la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el promotor Enrique Ortiz, entre otros. Por esta causa, fue llamado a declarar en noviembre de 2012 ante el alto tribunal.

Crónica histórica de una experiencia periodística: De Campoamor a La Moncloa / Francisco Poveda

Coincidiendo con la reciente muerte de Adolfo Suárez ha vuelto a resurgir la figura histórica del primer ex-presidente del Gobierno de la Democracia y se ha hecho pública la razón de fondo por la que tuvo que dimitir a comienzos de 1981, abandonado por la confianza del rey Juan Carlos I y la presión definitiva del sector más inmovilista del Ejército. Con la celebración del funeral de Estado en la catedral de La Almudena se cierra definitivamente un importante capítulo de la actual Historia de España que los investigadores aún tienen que expurgar a fondo para que la verdad resplandezca por encima de una austera lápida de la catedral de Ávila.

En la primavera de 1978, y tras un período de reflexión, Adolfo Suárez accedió  a conceder su primera entrevista solicitada como presidente del Gobierno a un periodista. Hasta un año después, no concedería la segunda ; sería al entonces director de “El País”, Juan Luis Cebrián. De aquel 12 de mayo se esbozan aquí recuerdos y prolegómenos que, vistos con la perspectiva actual, sirven de documentación a la crónica  inconclusa de aquellos años.

En aquel tiempo era la entrevista más codiciada. Pero  el Presidente no estaba por la labor debido a la complejidad del ambiente político. Muchos otros colegas de Madrid y extranjeros lo habían intentado ya, sin suerte, y las posibilidades de una aceptación definitiva eran remotas.

Suárez, Adolfo, el otrora campeón estival de tenis en la Dehesa de Campoamor cuando le conocí por primera vez diez años antes, se sentaba ahora en uno de los sillones más difíciles de este país, sacudido por el terrorismo y la crisis económica. Y enrolado en el proceso de pasar sin violencia de una autocracia a una democracia enmedio de un agrio debate popular de si hacerlo con ruptura o con reforma. Él apostaba y era líder de lo segundo como centrista converso desde las filas del partido único oficial. Pocos meses después conseguiría sacar adelante, con consenso y refrendo popular, una nueva Constitución democrática: la que más ha durado en toda nuestra historia como país aunque ahora se la cuestione.

El Presidente me recibió a las ocho de la tarde del viernes 12 de mayo, después del Consejo de Ministros. Antes, Fernando Ónega, en aquella fecha jefe de Prensa de la Presidencia del Gobierno, me había mostrado la parte oficial de un Palacio de la Moncloa, aún sin reformar para adaptarlo a su nueva función, y tal como estaba para ser residencia de jefes de Estado de visita en España. Suárez surgió, impecable, de la zona provisional de su residencia y, tras recordar nuestros veranos en la finca de los Tárraga-Segura, me invitó a pasar a su despacho de estilo clásico francés.

Mi objetivo profesional se estaba a punto de cumplir. Era yo el primer periodista en lograr un tiempo del Presidente para charlar distendidamente sin más restricciones que no tomar notas o enchufar la grabadora. Estuvimos casi dos horas, sin contar lo que hablamos mientras me acompañó a la puerta para despedirme y recordar que “Campoamor es uno de los sitios donde más me he divertido”. Definitivamente, me pareció más seductor que tahúr.

La labor previa había dado su fruto. Aparte de esgrimir nuestros comunes veraneos, y amigos jerezanos como Federico González de la Peña, el luego librero de Brönte, hube de utilizar conexiones personales de confianza para los dos, entre otros, el ahora muy famoso Antonio Navalón, uno de sus asesores personales, y Pepe Duato, gobernador civil de Alicante, y desterrado por la Dictadura tras haber asistido en su juventud al “contubernio de Munich”, además de ser padre del bailarín Nacho Duato.

El mètodo, mi oferta, y las conexiones profesionales habían convencido al, hasta entonces, desconfiado y hermético Adolfo Suárez. La fórmula de compromiso era hablar como presidente de UCD más que del Gobierno, en un contacto oficioso y amistoso. Las condiciones me recordaron las que Abilio Bernaldo de Quirós me puso un quinquenio atrás para lograr entrevistar a Henry Ford II, el magnate mundial del automóvil, de Detroit.

Años después, alguno de esos mismos intermediarios me procuraron la elaboración de un proyecto periodístico para España de “News Corporation”, la empresa mediática del judío australiano Rupert Murdoch, que, finalmente, no se desarrolló ante argumentos estratégicos nacionalistas de otras empresas periodísticas madrileñas.

La actitud del Presidente se explicaba, más que por estrategia de partido, por prudencia para no poner en peligro la política de Estado que él se proponía, de acuerdo con el Rey Don Juan Carlos, para restablecer la convivencia en un país muy estigmatizado todavía como consecuencia de la secuelas dejadas por la Guerra Civil y el régimen de Franco en una sociedad ya madura para la democracia. A Suárez no le gustaban las entrevistas periodísticas formales y prefería la charla amistosa inteligente porque consideraba prudente no emitir públicamente juicios de valor sobre personas y hechos recientes que pusiesen en riesgo sus propósitos, más o menos confesados genéricamente. Bastante tenía con convencer, calmar o neutralizar a los más ortodoxos franquistas. Su obsesión, consolidar una democracia para todos, incluidos los satanizados comunistas.

Pero nueve años al frente de TVE le hacían comprender la importancia de los medios de comunicación. Además, el periodista era joven, 25 años, y con pocos prejuicios pese a haber asistido desde las agitadas aulas de la Universidad Complutense, a la misma vez que Aznar, Ana Botella, Helena Hedilla o Pérez-Reverte, a los estertores del régimen, magnicidio de Carrero Blanco (uno de los mentores de Suárez desde los tiempos de la Dehesa de Campoamor), y muerte de Franco, residiendo en un colegio mayor donde tenía por vecino de planta al ya entonces inquieto y locuaz Álvarez Cascos.

Suárez no rehuye entrar a todos los temas que le planteo sin cuestionario previo, salpicando la conversación amistosa con pronunciamientos como que “nada me hace decaer ni me desalienta. Mis banderas son las de la libertad y la justicia”. De fondo, en la librería, destacan una foto con el Rey vestido con uniforme militar de campaña; otra de su esposa, Amparo Illana; y una tercera del falangista liberal Fernando Herrero Tejedor, su primer gran mentor, “padrino” político, y padre del periodista Luis Herrero, en medio de muchas otras con jefes de Estado o de Gobierno.

Cordial y accesible, Suárez llenó de colillas el cenicero; contó anécdotas y gastó bromas. Llegó a revelar tácticas pero silenció estrategias. Jugaba mucho con el factor tiempo y calculaba perfectamente toda contestación al cambio político en la duración de su efecto psicológico y el momento de darlo a conocer. Preveía todas las reacciones a sus decisiones, y el paso siguiente. “Mi designación por el Rey causó hasta risa”, me dijo al revelarle mi sorpresa de aquel 4 de julio de 1976 al conocer la noticia de agencia en la mesa de Redacción de “La Verdad”.

Porque Suárez sólo contaba 44 años. A continuación me reveló que su ambición secreta desde siempre era llegar a presidente del Gobierno. Por eso, tiempo atrás y mediante contactos discretos, había presentado sus proyectos de transición y su visión de la reforma desde dentro al entonces Príncipe de España. Lo que más convenció a Don Juan Carlos fueron las mayores posibilidades de Suárez de materializar esos proyectos de evolución frente a las fórmulas que le presentaron también otras figuras políticas del momento.

En tono distendido, entre temas muy serios, volvíamos una y otra vez a cuestiones más triviales. “Cuando no me dedico activamente a la política es cuando me pasa todo lo malo de mi vida”, parece que vaticinó aquel 12 de mayo a tenor de lo que ha sufrido después con la enfermedad y muerte de su mujer y de una de sus hijas. “Soy un chusquero”, recalcó tras enumerar todas las funciones políticas desempeñadas en los diversos niveles de la Administración del Estado, desde gobernador de Segovia a presidente del Gobierno pasando por director general y ministro. ”Tengo colmados todos mis deseos de poder". Precisamente Suárez me confesó que le gustaba ir al Congreso de los Diputados y dirigir personalmente la estrategia de su partido (normalmente eso lo hacía Abril Martorell) cuando había que adoptar decisiones importantes.

Quizá el momento de más interés de las dos horas fuese cuando se mostró seguro de que los empresarios y banqueros apoyaban sus reformas económicas, que, ya entonces, pasaban por la supresión de privilegios e introducir la economía de mercado tras decenios de práctica autárquica “para que ésta funcione correctamente”. Suárez aventaba difícil salida a la crisis económica que sufríamos y me confirmó su gran preocupación internacional por el Estrecho de Ormuz, lugar de paso de la mayoría del crudo mundial y vía estratégica del suministro de petróleo a Occidente. Confiaba en la entrada de divisas gracias al turismo, una reserva monetaria que antes de llegar él ya era importante, pero mostraba cautela al decirme que “no basta con tener una Constitución democrática para lograr la reactivación”.

Quería hacer política de Estado, se mostraba satisfecho conque la Izquierda hubiese aceptado a la Monarquía de Don Juan Carlos tras asumir los intereses supremos de España, y no se arrepentía del cambio de su trayectoria política desde el franquismo porque pensaba que “lo más normal y racional es tender al centro”. No le gustaban, según me dijo, los cambios bruscos y pendulares. Y pasaba bastante de las críticas personales porque “las etiquetas las da el pueblo y las refrenda un determinado comportamiento. Se han dicho de mi cosas falsas en la Prensa”. Aproveché su locuacidad en el trayecto desde su despacho hacia los jardines y la salida del edificio de Presidencia para testar su resistencia a modificar límites territoriales entre las regiones que iban perfilando la España de las Autonomías.

Como colofón, antes de la preceptiva foto de despedida en la puerta a las escaleras exteriores, le recordé la entrevista que muchos meses antes yo le había hecho a su hija Laura en la casa de verano que el director general de Seguridad, Mariano Nicolás y su esposa, Mari Jiménez, fallecidos en accidente hace años, tenían en Denia. Sin reprobar mi logro por accesibilidad a aquellos anfitriones, Suárez me despidió diciéndome:“A mis hijos les tengo prohibido hacer declaraciones por si sueltan algún disparate”.

El origen de las crisis / Ángel Tomás Martín *

El siglo XX ha transcurrido con una serie de crisis de influencia inevitable sobre la economía mundial, que se inició con la más profunda, la del año 1929 conocida como "La Gran Depresión", de la que se obtuvieron experiencia y conclusiones una vez transcurridos los siguientes quince años. Sin duda, la actual iniciada en el último trimestre de 2007, ha sido la peor desde los años treinta, y transcurridos siete años se sigue trabajando intensivamente para la recuperación, sin que exista pleno acuerdo todavía sobre cuales han sido las razones que la provocaron. 

Podemos afirmar, sin aspirar a conclusiones definitivas, que se sigue desconociendo la relación entre la economía global y los movimientos financieros internacionales. Estos últimos, a nuestro juicio, al estar incontrolados y constituir un poder colectivo que atrae a los inversores de todos los países, beneficiándose especialmente los encubiertos analista-gestores de los grandes bancos de inversión, son los verdaderos culpables de las crisis y sus consecuencias nefastas. Los movimientos financieros incontrolados y perturbadores de la economía real, no se tenían en cuenta hasta la aparición de La Gran Depresión, y aunque se haya avanzado en su control, sigue siendo escasa la atención que los gobiernos le prestan.

En los principales centros de investigación económica se considera ahora la necesidad de introducir sistemas de control sobre los movimientos de los poderosos mercados financieros, convencidos de que son las ideas especulativas y no los intereses de la economía real el verdadero origen de la inestabilidad de los precios de los activos que aquellos provocan para la obtención de beneficios rápidos. Sólo la intervención de los bancos centrales puede impedir las turbulencias económicas que periódicamente soportamos.

El comportamiento de los mercados financieros, la gran volatilidad muchas veces provocada de los precios de los activos, la ausencia de prevención por parte de los gobiernos que carecen del dinamismo necesario para corregir los impactos de aquellos, que sí actúan apoyando a los mercados para celebrar los resultados positivos en la fase alcista del ciclo, pero que retiran la liquidez ante la aparición de una burbuja provocando: pánico, ventas de urgente realización, caída del consumo y desplazamiento de la actividad industrial, son el verdadero causante de casi todas las crisis. 

Los gestores de la economía casi nunca aciertan en la adopción de medidas, ni en el diagnóstico de las causas que provocan los grandes desajustes. Los Gobiernos deberían centrar la mayor atención en el control de los movimientos financieros desestabilizadores, y en el respeto y cumplimiento de los Presupuestos Generales de las Administraciones Públicas. Tal vez la penalización de su incumplimiento, y de las macroinversiones de difícil amortización y de nula rentabilidad, sería una de las soluciones más efectivas en la buena dirección de unapolítica económica útil, acertada y creadora de confianza.

Si contemplamos la deuda de nuestras Administraciones Públicas en base de lo expuesto anteriormente, comprenderemos mejor el impacto macroeconómico que la crisis ha ocasionado. La deuda a finales de 2013 se aproxima a los 1.000 millones de €, más del doble de los 435.000 millones en que se encontraba al principio de 2.008, por tanto, ha pasado del 40% sobre el PIB a superar el 90% al comienzo de 2014. El profesor de Harvard Kenneth Rogoff, llegó a la conclusión de que la deuda elevada disminuye la posibilidad de crecimiento, y cuando se supera el 90% del PIB se hace muy difícil el progreso de la economía.

Si se llega a la conclusión de que cuando el sector financiero alcanza niveles insoportables, presiona sobre la economía real ocasionando recesión y dificulta volver al crecimiento, sólo es posible crear riqueza si hay ideas capaces de potenciar nuevas fuentes o sectores donde la inversión se reactive creándose tejido empresarial y empleo.

Cuando faltan ideas se suele recurrir, como camino único, a la subida de la presión fiscal con el fin de recaudar más para hacer frente al servicio de la deuda de las Administraciones Públicas. Esta medida adoptada en medio de una crisis aún sin crecimiento, aunque se haya superado la recesión, es un error demostrado, ya que oprime a la empresa y al emprendimiento, obstaculizando el desarrollo económico sin conseguir aumentar la recaudación. Ésta solo es posible si el sistema fiscal estimula la actividad obteniendo efectos positivos recaudatorios más rápidos.

Los errores cometidos no deben repetirse y para ello "no debemos olvidar al sector financiero especulativo", el desajuste presupuestario, la mesura en la presión fiscal, contar con un sistema bancario saneado y con liquidez equilibrada, y una presión moderada del coste financiero de la deuda pública. El sistema de regulaciones administrativas continuado, es otro de los motivos que infunden desconfianza e inseguridad cuya práctica debe abandonarse.

(*) Economista y empresario

Un recuerdo personal sobre Adolfo Suárez / Francisco Poveda *

Era viernes 12 de mayo. Año 1978. Su jefe de prensa, Fernando Ónega, quiso enseñarnos la parte oficial de La Moncloa mientras Adolfo Suárez se cambiaba de ropa tras un largo Consejo de Ministros. Era amigo, porque habían trabajado juntos hacía años en Vigo, de mi fotógrafo gallego, Perfecto Arjones, lo que procuraba entre los tres una atmósfera incluso mejor que entre colegas. 

Tras una vuelta por el jardín, conocimos diversas dependencias del palacio que, antes de ser la sede de la Presidencia del Gobierno, había sido residencia oficial de los jefes de Estado en visita oficial a España. Era una forma sutil de que Ónega fuera midiendo nuestra profesionalidad 'ad hoc' antes del encuentro con su señorito y avisarle de percepciones si fuese necesario.

De pronto, apareció Suárez en lo alto de una escalera y se aproximó a nosotros cordial, encantador, directo... como si nos conociésemos de toda la vida. Nos invitó a pasar a su despacho oficial mientras encendía el primero de toda una serie de cigarrillos de tabaco negro 'Ducados'. Y nos sentamos para intentar la primera entrevista que concedía a un periodista como jefe del Gobierno que era desde el 3 de julio de 1976. No fijó tiempo alguno y, tras unos momentos coloquiales y de situación, de forma natural fueron surgiendo las preguntas que estaban en la mente de todos.

No resultó fácil conseguir la entrevista pero gracias a varias intervenciones de terceros, Suárez accedió sin reparos ni exigencia de cuestionario previo. En primer lugar, del gobernador civil de Alicante, el democristiano antifranquista ya desaparecido, José Duato, padre del luego famoso bailarín Nacho Duato; en segundo, del conseguidor alicantino y amigo de ambos, Antonio Navalón, también más que famoso luego por sus polémicos asesoramientos a Ruíz-Mateos y Mario Conde, y hombre muy cercano ya entónces al Presidente. Y en tercero, por la existencia de un muy buen amigo común de nuestros veraneos mediterráneos en la Dehesa de Campoamor. Esa combinación le hizo acceder... aunque con condiciones desveladas por él mismo muy poco antes de comenzar.

Esas condiciones eran ni grabar la entrevista ni tomar notas escritas. Hablar de lo que se nos ocurriera pero nada más. Una hora aproximadamente en la que Suárez, sin llegar a ser espontáneo, tuvo momentos de cierta espontaneidad calculada sin dejar de lado que estaba con periodistas que querían saber lo máximo, conscientes del privilegio que suponía ser los primeros en poder charlar cara a cara con el primer presidente de Gobierno de la nueva democracia española.

Creo recordar que hablamos de casi todo lo que era actualidad política del momento y de aspectos muy puntuales de su acción de gobierno. Aunque sobre estrategia inmediata se nos escapó varias veces por la tangente. El fondo de su argumentación era siempre el mismo de sus declaraciones públicas e intervenciones parlamentarias aunque alguna 'guinda' sí que logramos, como una, repito, calculada concesión a sus ocasionales visitantes llegados de la periferia peninsular y su prensa de provincias. 

El resultado luego tuvo mucho que ver con la excelente memoria que en aquella época aún conservábamos mi compañero y yo. Porque nada más abandonar La Moncloa, tras la despedida y foto de rigor con Suárez en la puerta del palacio, aparcamos nuestro 'R-12' en la Ciudad Universitaria y nos pusimos a recordar juntos lo recientemente vivido y a tomar notas como locos. Dos días después, domingo 14, apareció la entrevista en el diario "Información", de Alicante, coincidiendo con una visita del Presidente a esta provincia en su calidad de líder de UCD.

Aún recuerdo las veces que Suárez se dirigió a mí para comentarla, mientras intentaba avanzar en loor de multitud, en Elche, Elda, Alicante... Me confesó lo sorprendido que estaba de nuestra memoria a la vista de lo que pudo leer nada más aterrizar en el aeropuerto de El Altet. Años después, en Alcorcón, durante una campaña del CDS a las elecciones municipales, al verme entre los periodistas que seguían la campaña electoral, volvió a recordarme esa entrevista que, por otra parte, era más una narración de lo hablado que el clásico esquema de pregunta-respuesta.

Con el paso de los años tuve ocasión de verle algunas veces más y comprobar que esa primera entrevista seguía siendo un recuerdo entrañable para él, con el que yo había quedado irremediablemente asociado. Confieso que, haberlo podido tratar en directo en su despacho y en las condiciones tan especiales que se dieron, me provocó una especie de 'síndrome de Estocolmo' positivo porque Suárez era capaz de secuestrar el ánimo de cualquiera con su seducción de inteligencia emocional, muy bien trabajada desde que militó en la 'Acción Católica' de Ávila.

Aquella entrevista con la que me distinguió profesionalmente Suárez también me marcó para siempre al quedar entre los compañeros como uno de mis hitos periodísticos. Pero he de confesar que me dejó, hasta hoy mismo, enganchado al personaje, de forma que todo lo que afectaba al ex presidente me interesa en extremo, hasta llegar a lamentar profundamente sus sufrimientos de todo tipo durante todos estos años y de los que he tenido conocimiento de primera mano gracias a ex políticos de UCD, como el también ex gobernador de Alicante y embajador de España, José María Sanz-Pastor Mellado, que han logrado visitarlo en su casa de La Florida.

La imagen que tengo fijada de él desde aquel día de primavera madrileña, en los comienzos de esta democracia española, es la de un auténtico 'animal político' que, además, es una muy buena persona y un español con sentido extremo de la necesidad de convivencia frente a la confrontación. Aquella gente como él, que hizo posible un país alineado con su entorno, hace tiempo que comenzó a desaparecer junto al espíritu de la Transición; un espíritu que en aquel despacho de La Moncloa, recuerdo aún hoy, ví rezumar por todas partes. Y ahora echamos de menos. Como hace una década nos pasa con Adolfo Suárez. Porque realmente hace tiempo que se nos fué con todo su bagaje de árbitro de situaciones difíciles.

(*) Periodista

Fallece Manuel Peláez, un emigrante granadino convertido en empresario en Alicante desde su condición autodidacta

ALICANTE.- El empresario granadino afincado de años en Alicante, Manuel Peláez Castillo, ha fallecido esta mañana tras haber permanecido varias semanas hospitalizado en nuestra ciudad como consecuencia de una oclusión intestinal por el cáncer de colon que padecía y que lo ha tenido varios días en la UCI. Era actualmente presidente de Estructuras y Cimientos Insulares S.A. (ECISA), empresa fundada y dirigida por su hermano desde Las Palmas de Gran Canaria durante muchos años.

Manuel Peláez nació en Benalúa de las Villas, junto a Guadix, en Granada, hace 76 años (en 1937), de donde emigró, primero a la Costa del Sol y luego a Alicante en 1968 como empleado de Felipe Fuster S.A. aunque no en su fábrica de abonos de la actual carretera de Cartagena sino en Estructuras Alicante S.A. como gerente. Luego se vinculó a 'Nuevas Estructuras' con sede en El Altet, dirigida por su propietario y aparejador Fernando Bendito, hasta que se convirtió en delegado y socio local de su propio hermano en ECISA, una empresa familiar de contratación de obras para terceros, especializada en cimentaciones y estructuras de hormigón armado con el entonces novedoso sistema plano reticular, que en la década de 1970 sustituyó al tradicional de vigas. A principios de la década de 1980 ECISA extendió su actividad a las obras de edificación completa, con una importante presencia en el mercado de la obra pública.
Desaparece precisamente este empresario autodidacta, que desde los años 90 se volcó en la diversificación a favor de la obra civil, la promoción inmobiliaria, el medio ambiente y la gestión de proyectos concesionales, lo que le permitió contar con una plantilla de hasta 1.000 empleados, cuando su empresa conoce los momentos más bajos de su historia por despidos continuos y dificultades de liquidez ante la falta de suficiente carga de trabajo en España para la dimensión adquirida. Aunque ahora dice tener obra contratada en Qatar, Abu Dhabi, Argelia, Marruecos, Irlanda, Portugal, Ghana, Mozambique, Chile y Taiwan.
Peláez, que nunca consiguió cargos en la estructura empresarial territorial ni en la Cámara de Comercio era, sin embargo, vicepresidente no ejecutivo de SEOPAN y consejero de la Confederación Nacional de la Construcción, desde 1984. Había sido miembro del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana y presidente, entre 1995 y 2008, de la Asociación de la Empresa Familiar, que fundó en Alicante en 1995. También formaba parte del Consejo Social de la Universidad de Alicante, de la que había recibido su Medalla de Oro.
Presidió la Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas de Alicante (APECOP). Desempeñó la vicepresidencia del Club de Inversores de Alicante y formó parte de la Asociación Valenciana de Empresarios. Era asimismo consejero de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.
En 2004 constituyó, ventajas fiscales aparte, la fundación que lleva su nombre, fue impulsor de Proyecto Hombre en Alicante, era patrono fundador de la Fundación Iglesia de Santa María y en 2008 fue nombrado "Alicantino de adopción", título concedido por la Diputación Provincial.
La capilla ardiente con los restos mortales de Manuel Peláez está instalada en el 'Tanatorio Santa Faz', de San Juan de Alicante.

Fue fundador y primer presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante; presidente del Club de Alta Dirección Empresarial, de FUNDESEM y de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Obras Públicas de Alicante (APECOP). Desempeñó la vicepresidencia de Seopan y del Club de Inversores de Alicante y formó parte del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana; del Instituto de la Empresa Familiar y de la Asociación Valenciana de Empresarios.Además, fue desde 1984 consejero de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

Leer más:  Fallece Manuel Peláez, fundador de la constructora alicantina Ecisa - elEconomista.es  http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/sghome/valenciana/noticias/5591644/03/14/Fallece-Manuel-Pelaez-fundador-de-la-constructora-alicantina-Ecisa.html#Kku8QUv5vWEHuhiU

El PSPV pide a Fabra que Díaz Alperi no siga en el escaño por "indigno"

VALENCIA.- La presidenta del grupo socialista en Les Corts, Ana Barceló, ha pedido al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que no consienta que "alguien que no es decente esté sentado en un escaño representando a los valencianos", en referencia al diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi.

Barceló ha hecho estas declaraciones después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya decidido la apertura de juicio oral contra Díaz Alperi por tres delitos contra Hacienda y cohecho impropio.

En un comunicado, la dirigente socialista ha destacado que, en los años en que se le acusa de haber cometido fraude (de 2008 a 2010), Díaz Alperi ya era diputado y ha asegurado que "esta acusación es tan intolerable como la de cualquier imputado por corrupción".

Barceló se ha preguntado "cuántas varas de medir tiene Fabra" y le ha pedido "que se deje ya de excusas y lo expulse del grupo popular, porque los ciudadanos y los políticos honestos y honrados estamos hartos de que la imagen de la política se desprestigie de forma constante por culpa de este tipo de personas".

Ha subrayado que "lo que está pasando en la Comunitat Valenciana supera cualquier línea roja o umbral ético" y ha señalado que a Díaz Alperi "se le piden ahora 1.600.000 euros por estos supuestos delitos, pero no hay que olvidar que también está imputado por revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante".

La parlamentaria socialista ha destacado que "por decencia política cualquier persona que defrauda a Hacienda debería ser expulsada de la política".

Barceló ha hecho referencia a otros escándalos que han salpicado al PP en el resto de España, como el del senador Granados, que finalmente dimitió y abandonó sus cargos institucionales "algo que no estamos acostumbrados a ver en la Comunitat Valenciana, donde los diputados del PP se aferran a sus sillones sin que Fabra sea capaz de dar ejemplo y expulsarlos".

Juicio contra el diputado del PP Díaz Alperi por delitos contra Hacienda y cohecho

VALENCIA.- El magistrado de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Antonio Ferrer ha abierto juicio oral contra el exalcalde de Alicante y diputado del PP en las Corts Valencianes, Luis Díaz Alperi, por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio al considerar que existen indicios de que pudiera haber cometido fraude en los años 2007, 2008 y 2010 en el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en una cuantía que excede en cada ejercicio los 120.000 euros, para lo que se podría haber valido de personas interpuestas.

Junto a Alperi, el tribunal valenciano también abre juicio oral contra tres empresarios --Antonio M.R., Antonio S.Y., y Javier P.L.-- por estos mismos delitos, según consta en un extracto de la resolución facilitada por el TSJCV. Se determina como órgano jurisdiccionalmente competente para el enjuiciamiento y fallo de la causa a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal.

Así mismo, en la citada resolución, el tribunal requiere a Luis Díaz Alperi, Antonio M.R., y a Antonio S.Y. que presten una fianza o garanticen a través de cualquiera de los medios admitidos en derecho el pago de las responsabilidades pecuniarias que pudieran ser declaradas, en las siguientes cantidades: 2.300.000 euros, 1.500.000 euros y 900.000 euros, respectivamente. También da diez días a las defensas para que formulen sus escritos.

Tanto Fiscalía como el Abogado del Estado habían solicitado la apertura de juicio oral contra estos procesados. En concreto, el ministerio público acusa a Díaz Alperi de tres delitos contra la Hacienda Pública y de uno de cohecho, y le reclamaba una fianza de 1.600.000 euros.

Asímismo, Fiscalía acusa a Antonio M.R. y a Antonio S.Y. de tres delitos contra la Hacienda Pública y les solicitaba una fianza de 1.000.000 euros y de 600.000, respectivamente. Y también acusa a otro empresario, Javier P.L. --quien permitió el amarre de la embarcación de Alperi--, de un delito de cohecho.

La causa partió de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Superior contra Díaz Alperi en la que el ministerio público --en base a un informe de la Agencia Tributaria-- ponía de manifiesto pagos dudosos avalados por tres sociedades en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 que podían constituir tres delitos contra la Hacienda Pública, así como de falsedad en documento mercantil.

Según recoge el magistrado en el auto de procesamiento, dictado el pasado mes de diciembre, en el caso del ejercicio de 2007, y en relación con una operación de crédito de 942.678 euros relacionada con el exalcalde y dos de los empresarios, presenta la "apariencia" de tratarse de una operación "totalmente simulada" que en la medida que le ha determinado un aumento patrimonial no justificado, llevó a Hacienda a considerar, tras una investigación, que procedería realizar una regulación en la declaración del IRPF por 405.351 euros.

Sobre 2008, los hechos giran sobre la adquisición de un catamarán --'Akra Uno'-- por parte del ex primer edil valiéndose de una sociedad patrimonial, en la que parte del precio fue abonado por uno de los empresarios procesados.

Según el magistrado instructor, desde el momento en el que, de acuerdo con la investigación de Hacienda, la embarcación podría pertenecer a Alperi, que es quien la usa y asume sus gastos, --a lo que se une que la sociedad carece de actividad-- se debe considerar como una ganancia no declarada la aportación del empresario, que alcanzó los 264.500 euros y una necesidad de regularizar la cuota de 144.862 euros.

Esta situación se repitió en 2010 cuando, a través de la simulación de diversas operaciones de compra-venta de participaciones de esta sociedad con la intervención del mismo procesado, se habrían producido nuevos pagos por tercero para la adquisición de la embarcación y el exalcalde facturó ingresos derivados de su actividad profesional a nombre de la entidad, lo que supondría ingresos no declarados de 308.209 euros y la necesidad de regularizar con Hacienda 132.468.

El exalcalde está imputado también por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en la causa separada del 'caso Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Alicante.

La Audiencia Nacional abre juicio oral contra Roberto López y le da 24 horas para prestar una fianza de 1,9 millones de euros

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decretado la apertura de juicio oral para el exdirector general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), el alcoyano Roberto López Abad, y el expresidente de la Comisión de Control de la Caja, el murciano Juan Ramón Avilés, a los que ha concedido un plazo de 24 horas para depositar una fianza por responsabilidad civil de 1,9 y 6,6 millones de euros respectivamente. 

En el auto el magistrado acusa a ambos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario y añade, en el caso de Avilés, un cuarto delito, de otorgamiento de contrato simulado. Los dos están acusados de fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares.

López Abad se enfrenta a penas de entre 4 y 14 años de prisión mientras que Avilés podría ser condenado a entre 2 años y seis meses y 16 años y seis meses de cárcel, de acuerdo con los escritos de acusación provisionales presentados por la Fiscalía Anticorrupción y la propia CAM a través del Fondo de Restructuración Ordenado Bancario (FROB).

El magistrado designa además, como partícipes a título lucrativo a 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones, participada por la CAM, a los que acusa de haber cobrado dietas de entre 9.000 y 308.000 euros. También considera partícipes a título lucrativo a la mujer, el hermano y dos hijos de Avilés.

Según precisan Anticorrupción y el FROB en sus escrito a partir del año 2005, el acusado López Abad , que había sido nombrado director en 2001, "buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos".

Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de sobrepasar los límites económicos establecidos por los estatutos de la caja, López Abad dió los pasos necesarios para la creación de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI) y que debía funcionar como Comisión de Control de todas las empresas participadas por la caja.

En opinión de la Fiscalía este órgano "fue un mero y burdo instrumento ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre Cajas de Ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".

La Junta General de TI, reunida el 26 de junio de 2006 acordó doblar las anteriores retribuciones y estableció para el segundo semestre de 2006 una 'dieta' de 16.400 anuales --frente a los 8.200 que tenía establecida la caja hasta ese momento-- y para los años sucesivos de 32.800. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y estableció que los "cargos internos" cobrarían el doble.

En 2008 TI acordó elevar la anterior "dieta" a la cantidad de 80.000 euros anuales para el presidente, cargo que había asumido para entonces Juan Ramón Avilés, 40.000 anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 anuales para el resto de los miembros. En septiembre de 2011 la Comisión de Seguimiento y Control de TI fue suprimida, y todos sus miembros cesados, por decisión de los administradores provisionales de CAM designados por el FROB.

La Comisión se reunió en 16 ocasiones y en todos estos encuentros y con excepción de los casos en que procedía hacer algún nombramiento dentro de la propia estructura, "la actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva que los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y control de la sociedad". Avilés llegó a cobrar en concepto de dietas un total de 308.700 euros. El y otros 20 integrantes del órgano, dos de ellos fallecidos, cobraron casi 1,5 millones de euros.

El escrito también recoge la participación de ambos exdirectivos en una simulación de venta de acciones de la sociedad 'La Vereda de Sucina', dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.

Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.

El Banco Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a 'La Vereda de Sucina' fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente "impagados".

La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo "créditos en condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia.

La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años de prisión para el exdirector de la CAM, Roberto López Abad

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de prisión para el exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad por la comisión de un delito de apropiación indebida y dos años y seis meses para el expresidente de la Comisión de Control de la Caja, Juan Ramón Avilés, al que imputa un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

   En un escrito de acusación remitido al juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, Anticorrupción pide, además, la imposición de una indemnización de 1.494.029 que deberá abonarse al Banco Sabadell, que adquirió la Caja por el precio simbólico de un euro.

   La Fiscalía pide que esta cantidad sea aportada de forma solidaria por López Abad, Avilés y otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de la Tenedora de Inversiones, participada por la CAM, y a los que acusa de cobrar dietas irregulares de entre 9.000 y 308.000 euros. El Ministerio Público solicita que se imponga una multa de 90.000 euros al exdirector.

   La CAM ha solicitado este miércoles, a través del Fondo de Restructuración Ordenado Bancario (FROB)  una pena de seis años para López Abad y de 10 para Avilés, además de la imposición de sendas multas de 146.000 y el pago una indemnización de cinco millones de euros que quedaría depositada en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

   El escrito de acusación de Anticorrupción especifica que a partir del año 2005, el acusado López Abad, que había sido nombrado director en 2001, "buscó la fórmula para superar límites retributivos fijados por la caja y posibilitar que los directivos de CAM cobrasen mayores emolumentos".

   Entre las maniobras que llevó a cabo con la intención de cercenar los límites económicos establecidos por los estatutos de la caja, López Abad dió los pasos necesarios para la creación de Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI) y que debía funcionar como Comisión de Control de todas las empresas participadas por la Caja.

   En opinión de la Fiscalía este órgano "fue un mero y burdo instrumento ideado por López Abad para permitir que los miembros de la Comisión de Control de CAM "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre Cajas de Ahorro y los propios estatutos de CAM, sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad que justificara dichas retribuciones".

   La Junta General de TI, reunida el 26 de junio de 2006 acordó doblar las anteriores retribuciones y estableció para el segundo semestre de 2006 una 'dieta' de 16.400 anuales --frente a los 8.200 que tenía establecida la caja hasta ese momento-- y para los años sucesivos de 32.800. Un año después ratificó las anteriores retribuciones y estableció que los "cargos internos" cobrarían el doble.

   En 2008 TI acordó elevar la anterior "dieta" a la cantidad de 80.000 euros anuales para el presidente, cargo que había asumido para entonces Juan Ramón Avilés, 40.000 anuales para el vicesecretario y el secretario, y 20.000 anuales para el resto de los miembros.

   En septiembre de 2011 la Comisión de Seguimiento y Control de TI fue suprimida, y todos sus miembros cesados, por decisión de los administradores provisionales de CAM designados por el FROB.

   Anticorrupción destaca en su escrito que la Comisión se reunió en 16 ocasiones y dice que en todos estos encuentros y con excepción de los casos en que procedía hacer algún nombramiento dentro de la propia estructura, "la actitud de sus miembros fue meramente pasiva, limitándose a escuchar las informaciones facilitadas por el administrador de la sociedad, sin que en ninguna de las actas de estas reuniones conste una sola aportación sustantiva que los miembros de esta Comisión hicieran para el efectivo seguimiento y control de la sociedad".

   Según especifica el escrito, Avilés llegó a cobrar en concepto de dietas un total de 308.700 euros. Él y otros 21 integrantes del órgano, dos de ellos fallecidos, cobraron casi 1,5 millones de euros.

   El escrito también recoge la participación de ambos imputados en una simulación de venta de acciones de la sociedad 'La Vereda de Sucina', dedicada a inversiones inmobiliarias, por parte de la esposa de Avilés a la hermana de éste a través de un pago de 90.000 euros que la compradora ficticia había sido ingresado previamente.

   Esta operación causó una pérdida de 4,91 millones de euros al Banco CAM, sucesor del negocio de la caja de ahorros, después de que la entidad desistiera de solicitar los créditos concedidos a la empresa, que fueron autorizados por el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas.

   El Banco Sabadell, que adquirió la CAM por un euro, informó el 27 de noviembre de 2013 que los préstamos concedidos a 'La Vereda de Sucina' fueron refinanciados en abril de 2011 y se encuentran actualmente "impagados".

   La investigación partió de un informe del Banco de España emitido el 25 de enero de 2012 en el que se apuntaba que Avilés habría cobrado dietas irregulares entre los años 2007 y 2011 y obtuvo "créditos en condiciones ventajosas" para empresas vinculadas a su familia.

El PSOE tramita la suspensión cautelar de exalcalde de Elche, Alejandro Soler, acusado de maltrato

MADRID.- El PSOE ha comenzado a tramitar la petición de suspensión cautelar de militancia del portavoz del grupo socialista de la Diputación de Alicante y exalcalde de Elche, Alejandro Soler, hasta la celebración del juicio por la denuncia que su exmujer ha interpuesto contra él por presuntos malos tratos.

Según han confirmado fuentes de la dirección federal, la interrupción cautelar de militancia llevará aparejada también la suspensión de todos sus cargos orgánicos, entre ellos el de miembro de la Ejecutiva Federal, de la que es vocal desde 2012.

Hoy mismo Soler ha comparecido ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, de Elche, después de que ayer declarara en la Comisaría por una denuncia presentada por su exmujer por un presunto delito de violencia de género.

Tras abandonar el juzgado, Soler ha anunciado a los periodistas que para "no dañar" a su partido solicitará la suspensión temporal de militancia y cargos hasta la celebración del juicio, fijado para el próximo 26 de febrero en un juzgado de lo Penal.

"Quedará clara mi inocencia", ha aseverado Soler, quien ha mostrado su confianza en la justicia, pues, según ha agregado, "el día 26 se esclarecerán los hechos".