VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido esta mañana en el desarrollo de una operación contra la corrupción que coordina el Juzgado de Instrucción nº 9 de Valencia.
Junto al
también alcalde de Ontinyent hay otras cinco personas detenidas. Entre
ellas, su jefe de Gabinete, Ricard Gallego, los dos gerentes de la empresa pública Divalterra, Agustina Brines y Xavier Simón, el secretario del consejo de administración, Jorge Cuerda y un asesor de Presidencia, Manuel Reguard.
Rodríguez está retenido en su despacho del Ayuntamiento de Ontinyent y Brines y Simón en la sede de la empresa pública.
La causa, cuyas diligencias están secretas, se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos
en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía
Anticorrupción de Valencia a raíz de la denuncia de un ex trabajador.
Se investigan irregularidades en la contratación en 2015 de personal de
alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, una de las empresas
públicas más salpicada por los escándalos, ya que sirvió de tapadera a
las irregularidades denunciadas por Marcos Benavent, el yonki del
dinero, y que condujo a la detención del ex presidente Alfonso Rus
Sin embargo, según fuentes consultadas por El Mundo, la llamada Operación Alquería tiene más focos al margen de las siete contrataciones de 2015, tres de las cuales están extinguidas, aunque fueron adjudicadas a personas que ni fueron a trabajar. También se investigan también contratos duplicados, fraccionados para eludir el concurso y sin presupuesto previo ni vigilancia posterior.
En el marco de estas acturaciones, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.
Sin embargo, según fuentes consultadas por El Mundo, la llamada Operación Alquería tiene más focos al margen de las siete contrataciones de 2015, tres de las cuales están extinguidas, aunque fueron adjudicadas a personas que ni fueron a trabajar. También se investigan también contratos duplicados, fraccionados para eludir el concurso y sin presupuesto previo ni vigilancia posterior.
En el marco de estas acturaciones, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están practicado hoy registros en la Diputación de Valencia, en las dos sedes de las que dispone el Ayuntamiento de Ontinyent, y en la sede social de Divalterra.
El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares:
la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.
En el
dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros
simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además
de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de
la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de
Valencia.
Las contrataciones en Divalterra habían sido objeto de denuncia por parte de los partidos de la oposición,
PP y Ciudadanos, que argumentaban que eran hecho al margen del consejo
de la empresa pública. Las denuncias de ambos partidos ante la Fiscalía
fueron adjuntadas a unas diligencias ya abiertas, según contestaron fuentes judiciales a los denunciantes.
Golpe político a Puig
La detención de Jorge Rodríguez es un golpe directo al corazón de la dirección del PSPV que lidera Ximo Puig, puesto que Rodríguez es, a su vez, portavoz de la dirección regional de los socialistas y miembro destacado del equipo de Puig.
De hecho, esta portavocía fue el premio de Puig por el hecho de que Rodríguez renunciara a la batalla por hacerse con la secretaría provincial del PSPV en Valencia cuando los seguidores de Pedro Sánchez, enfrentados a Puig por el poder orgánico en el partido, presentaron como candidata a Mercedes Caballero, una persona de la confianza de Sánchez y del secretario de Organización el PSOE, José Luis Ábalos.
Rodríguez era hasta hoy uno de los cargos dirigentes del partido destinados a participar en la sucesión de Puig. El también alcalde de Ontinyent siempre ha mantenido un perfil institucional como alcalde y como presidente de la Corporación Provincial.
De hecho, esta portavocía fue el premio de Puig por el hecho de que Rodríguez renunciara a la batalla por hacerse con la secretaría provincial del PSPV en Valencia cuando los seguidores de Pedro Sánchez, enfrentados a Puig por el poder orgánico en el partido, presentaron como candidata a Mercedes Caballero, una persona de la confianza de Sánchez y del secretario de Organización el PSOE, José Luis Ábalos.
Rodríguez era hasta hoy uno de los cargos dirigentes del partido destinados a participar en la sucesión de Puig. El también alcalde de Ontinyent siempre ha mantenido un perfil institucional como alcalde y como presidente de la Corporación Provincial.
También se destacaba por atajar radicalmente todos aquellos
asuntos que pudieran tener alguna sombra de duda, como los que afectaron
a José Manuel Orengo, actual asesor de Puig en Presidencia. Rodríguez cortó por lo sano y buscó la manera de deshacerse de Orengo como vicepresidente de la Diputación. Y lo logró.
Suya fue la iniciativa de tratar de cambiar el perfil de Divalterra, la
sociedad pública dependiente de la Diputación de la que han provenido
sus problemas judiciales.
Divalterra es la heredera de Imelsa, centro de la corrupción en la etapa de su antecesor, Alfonso Rus.
La Diputación de Valencia está gobernada por un cuatripartito, con el PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida con las carteras repartidas. La posible caída de Rodríguez abre una panorama absolutamente incierto en el gobierno de la corporación provincial.
La Diputación de Valencia está gobernada por un cuatripartito, con el PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida con las carteras repartidas. La posible caída de Rodríguez abre una panorama absolutamente incierto en el gobierno de la corporación provincial.
