La Comunidad Valenciana (CV) forma parte de las comunidades autónomas (CCAA) con menor renta por habitante.
Solo cinco de las diecisiete están por detrás. No es un hecho reciente
ni puntual. Se inició hace más de cuarenta años. Hasta entonces, por más
de una centuria
el indicador estuvo situado por encima de la media. Desde 1990 la divergencia, con la media, con la Comunidad de Madrid (CAM) o con las regiones avanzadas del resto de Europa, no ha dejado de aumentar.
Por el contrario, la CAM ocupa el primer lugar ayudada por los
beneficios de su capitalidad ejercida sin tregua. Pero su posición es
inseparable de las consecuencias de la última ola de innovaciones
tecnológicas. Durante ella, la actividad económica se ha concentrado
(todavía más) en grandes centros de actividad (hubs) amplificando el
tamaño, y el atractivo para los trabajadores cualificados, de algunas
grandes ciudades. En Europa, Londres y Paris o en parte Milán, pero también Madrid.
Observado desde la periferia, en España hoy pervive el centralismo, coronado por el madrileñismo político de Ortega, ese
que convierte, aun sin malicia escribía él en 1928, la política de
Madrid en la política nacional. Aun con ello, cabe poner límites al
aserto de Mesonero Romanos de la ciudad como fábrica de funcionarios. Madrid, es capital desde 1561 y como todas se beneficia de ello.
Sin embargo, cuando, según el INE,
su ratio entre empleo público y privado es inferior al de la Comunidad
Valenciana (y a la media) y la ciudad concentra, entre otros
indicadores, a más de uno de cada cuatro empleos en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es una simplificación convertir el efecto capitalidad en el cajón de sastre de explicación de todo. El mapa del talento de España, sintetiza bien el porqué de su posición.
La CV, por el contrario, tiene porcentajes de empleo en STEM o en High Tech
sobre el total por debajo de la media e inferiores a la mitad de los de
la CAM. Y la ciudad de Valencia, cuyo centralismo sobre el resto de la
CV poco se menciona, no ha conseguido sumarse al éxito de otras ciudades intermedias del continente en la atracción de talento (Múnich, Rotterdam, Cracovia, Gotemburgo, Lyon, Manchester, …).
Así pues, la -según su himno- marcha triunfal de la región que
trabaja y lucha para ofrendar nuevas glorias a España no incluye el
bienestar. Y menos todavía en la provincia de Alicante,
“la millor terra del món” (la mejor tierra del mundo), como se repite
desde 1841, y de donde provienen gran parte de los actuales gobernantes
de la Generalitat Valenciana con su presidente, Carlos Mazón, a la cabeza. Su renta por habitante apenas supera la mitad de la de la CAM.
Y desde hace más de veinte años no ha dejado de perder posiciones.
En 2000 ocupaba el puesto 28 entre las 50 provincias. Hoy se sitúa en
el 40 con un valor inferior, por ejemplo, al de Ceuta y similar al de
Melilla (INE Contabilidad Regional serie 2000-2020).
Las causas del declive
A la hora de explicar este declive, los economistas insistimos en la
baja productividad -del trabajo, del capital y de la combinación de
ambos- origen también de unos salarios medios un 22% inferiores (37% en
el caso de Alicante en las cifras de la AEAT) a los madrileños. Pero su
raíz última se ha analizado menos.
Sí sabemos bien qué no hacen la inmensa mayoría de los empresarios valencianos. Como su bajo nivel de inversión o de interés por la economía del conocimiento y, en general, por los activos intangibles. Pero se ha indagado poco en por qué no hacen aquello que los economistas consideramos imprescindible para elevarla y así frenar esta creciente divergencia.
Una explicación rigurosa de lo anterior incorporará, sin duda los animal spirits, esos comportamientos irracionales que mencionara Keynes.
Pero también, y con mayor peso, su adaptación plenamente racional -en
tanto que maximizadora- al marco institucional, entendido como el
conjunto de reglas del juego en el cual tiene lugar su actuación.
Una
adaptación guiada por el papel acomodaticio de las políticas públicas (no solo la presupuestaria) a los intereses de los grupos de interés de las actividades de bajo valor añadido. Sobre todo, desde el inicio del proceso de desindustrialización a fines del siglo XX.
Una transformación que continua hoy
y es responsable, por ejemplo, de que desde 2000 la provincia de
Alicante haya reducido a la mitad el peso de la manufactura en su PIB,
hoy solo el 7,5% (frente al 29% en Castellón y el 14% en Valencia) (INE, Contabilidad Regional, serie 2000-2020).
Porque desde la pérdida de la ventaja competitiva de los sectores
manufactureros (con excepción parcial de la cerámica) provocada por la
Globalización, el grueso de las políticas públicas ha dado la espalda al fomento de la economía del conocimiento.
Por el contrario, con facilidades y ayudas de todo tipo, la Generalitat
Valenciana, las diputaciones y los ayuntamientos ávidos por aumentar la
recaudación del IBI y de tasas diversas, han promovido e invertido en
el uso ¡y abuso! de los activos medioambientales, fomentando un aumento sin límite de los visitantes. Un turismo masificado cuya escasa competitividad, según parece, no puede resistir una tasa turística como sí existe en Bulgaria o en las repúblicas caribeñas.
Simplificación de las soluciones
Todo ello en un contexto dominado por dos grandes lastres estrictamente
valencianos. Por un lado, la negación, próxima al escapismo colectivo,
de cualquier responsabilidad autóctona en el declive, cuando no su misma
negación. Por otro, una inmensa y continua exageración de algunas
iniciativas, publicitadas a modo de bálsamo de Fierabrás, para contrarrestarlo. En la sociedad valenciana actual la simplificación es el mensaje.
En unas ocasiones en la forma de una gran infraestructura, ahora el Corredor Mediterráneo y la ampliación del puerto de Valencia, como solución de todos los problemas. En otras atribuyendo estos a la competencia fiscal de Madrid o a la insultante infrafinanciación, que obliga a un mayor endeudamiento para poder prestar los mismos servicios que en otras comunidades.
Pero siempre obviando qué se está haciendo mal dentro de la
CV. Soslayando siempre, en el primer caso, cualquier posible efecto
negativo o coste de oportunidad de esas grandes infraestructuras y, en
el segundo, el modesto peso de las bonificaciones fiscales de la CAM en
los ingresos no financieros totales de las CCAA (3,15% en 2017).
O que el efecto capitalidad de Madrid no afecta en exclusiva a los
valencianos sin que dentro de las comunidades de régimen común (todas
menos País Vasco y Navarra) se aprecie correlación entre su financiación
por habitante y su nivel de desarrollo económico.
Como hace siglos constatara el arbitrista González de Cellorigo
ante la decadencia castellana, también hoy se podría escribir sobre la
Comunidad Valenciana: “A este modo ha venido nuestra república, al
extremo de ricos y de pobres, sin haber medio que los acompase (…)
Porque los que pueden no quieren, y los que quieren no pueden; y así
está el campo sin labrar, las artes sin seguir, los oficios sin
ejercitar y muchas cosas que son necesarias para el bien público por
comenzar”.
O lo que es lo mismo, el desafío de los valencianos es conseguir representantes públicos capaces de modificar las reglas del juego estableciendo otros incentivos a la actuación empresarial, y que dejen
de considerar siempre a otros como responsables del declive. En ello nos
va evitar lo que hoy parece inexorable: nuestra pertenencia a la España
pobre y por tanto a la Europa marginal.
(*) Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de València hasta su jubilación anticipada en 2014.
https://blogs.elconfidencial.com/amp/espana/tribuna/2023-12-11/valencianos-madrilenos-cada-ano-mas-lejos_3788147/
