La Comunitat Valenciana es la tercera con mayor tasa de mujeres en situación de prostitución

 VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es la tercera autonomías, tras Baleares y Cataluña, con una mayor tasa de mujeres que se prostituyen a través de anuncios en sitios web, con 73,50 mujeres por cada 10.000 mujeres mayores de 18 años.

Es una de las principales conclusiones que ofrece el 'Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres: una aproximación cuantitativa', cuyos primeros avances ha presentado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El informe señala que en la Comunitat Valenciana hay 16.314 mujeres en situación de prostitución, la tercera mayor cifra en número absolutos tras Cataluña y Madrid.

En toda España, un total de 114.576 mujeres están en situación de prostitución y 92.496 podrían estar en riesgo de trata, según ha avanzado también la ministra en la rueda posterior al Consejo de Ministros, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este 23 de septiembre.

Según ha expuesto Redondo, los datos se desprenden de un primer avance de un macroestudio sobre trata y explotación sexual en España. En este sentido, ha añadido que se han analizado 645.000 anuncios de prostitución o citas.

Asimismo, ha recalcado que hay más de 114.500 mujeres que se encuentran en situación de prostitución y que esta cifra supone un 0,56% del número total de mujeres mayores de edad en España.

Respecto a las más de 92.000 que podrían estar en riesgo de trata, la ministra ha apuntado que en el estudio de han evaluado algunos elementos utilizados como la novedad, la disponibilidad, el rasgo de personalidad, las fotos que se incorporan a los anuncios o los servicios que se prestan y que se publicitan. 

En este sentido, ha agregado que 9.000 estarían en riesgo alto de ser tratadas con fines de explotación sexual porque en estos casos se evalúan dos, tres o más criterios que coinciden.

Por edades, el estudio refleja que el 28% de las mujeres que están en situación de prostitución tienen entre 18 y 24 años; de 25 a 36 años el 32%; de 37 a 45 años el 7% y de 46 a 55 años un 1,6%. Además, el estudio señala que en el 31% de los anuncios no se refleja la edad.

En cuanto a la procedencia, el 51% son latinas, el 16% europeas y del 29% no se tienen datos fiables. Si se tiene en cuenta la nacionalidad, Colombia está a la cabeza con el 28%; seguido de España con un 13% o Brasil y Venezuela con un 5%.

Este avance del estudio también señala las comunidades autónomas con la mayor tasa de mujeres en situación de prostitución por cada 10.000 mujeres mayores de edad. Baleares es la comunidad a la cabeza con 121 mujeres por cada 10.000; le sigue Cataluña con 103, Valencia con 73 y Cantabria también con 73. La media en España es de 56 mujeres en situación de prostitución por cada 10.000 mujeres mayores de edad.

En números absolutos Cataluña, con 34.759 mujeres, encabeza las comunidades con mayor número de mujeres en situación de prostitución, seguida de Madrid con 20.549, Valencia con 16.314 y Andalucía con 9.026 mujeres.

La ministra ha destacado que se trata de un estudio pionero en Europa que por primera vez ofrece una aproximación cuantitativa a la situación de trata, explotación sexual y prostitución de mujeres en España en 2023. 

El estudio completo se dará a conocer en el mes de octubre. Para Ana Redondo este trabajo contribuye al conocimiento del sistema prostitucional en nuestro país, y servirá para diseñar políticas públicas tendentes a erradicar esta esclavitud que sigue existiendo en pleno siglo XXI.

"De lo que no se habla no existe. Es necesario, por tanto, tener una cifra aproximada de una población oculta y de difícil acceso como son las mujeres y niñas víctimas de trata, explotación sexual y prostitución, para poder conocer la magnitud del problema y, en consecuencia, abordarlo desde las políticas públicas", ha destacado Redondo.

La titular de la cartera de Igualdad también ha querido destacar que el estudio ayuda a conocer la magnitud de las organizaciones que abusan y tratan a las mujeres ya que "a través de un mismo número de teléfono se anuncian hasta 363 mujeres diferentes".

 Redondo ha insistido en que se trata de una realidad que hay que "combatir con todos los mecanismos".

 "La prostitución y la trata son manifestaciones violentas y crueles de la desigualdad", ha subrayado.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Así, la declaración califica la trata como "la esclavitud moderna" y añade que utiliza a las personas más vulnerables "como simple mercancía, violando de forma flagrante los derechos humanos".

El texto recuerda que, en España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el 97,6% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. Estos datos denuncia que reflejan que la trata con fines de explotación sexual tiene una "innegable dimensión de género".

Por otro lado, la declaración institucional hace referencia a los impactos de la tecnología digital en la trata de personas. "Las nuevas tecnologías proporcionan medios innovadores para prevenir y abordar el fenómeno de la trata, pero también para la captación y el control de las víctimas. 

Además, las oleadas migratorias y el desplazamiento forzado de personas por los conflictos armados son un caldo de cultivo para la trata de personas, lo que exige el máximo compromiso y coordinación internacional", concluye.

El Consell "confía" en que se pague "con justicia" a los citricultores al reducirse su cosecha

 VALENCIA.- El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha manifestado que "confía" en que a los citricultotes "se les va a pagar con justicia lo que merecen" porque el descenso de la cosecha de cítricos supondrá mayor demanda.

El titular autonómico de Agricultura se ha manifestado así, ante los medios de comunicación, preguntado por las previsiones del Ministerio que apuntan a un aforo inicial de producción citrícola en España de 5,842 millones de toneladas para la campaña 2024/2025, un 1% por debajo de las cifras provisionales de la temporada 2023/2024 y un 8,6% inferiores a la media de las últimas cinco campañas.

Barrachina ha indicado que ha habido una reducción del 7% en los cultivos de secano y que algunas cosechas se han perdido en su totalidad. En el caso de los cítricos, a pesar de su reducción, "siguen aportando casi el 50% del cítrico nacional", ha recordado.

El conseller, que ha abordado con los agricultores este martes las ayudas del Consell por la sequía, ha lamentado que los cultivos de secano valencianos son "víctimas, primero, de la falta de lluvias y, segundo, del abandono de casi un 30% del territorio cultivado".

 "El abandono del territorio cultivado hoy son incendios mañana", ha advertido.

"La Comunitat Valenciana ha sido récord europeo en abandono de tierras y, por tanto, consecuencia de esa reducción de casi un 30% de nuestro suelo cultivado es una merma en la cosecha de un 7%, que yo espero que para los agricultores sea sobradamente compensada con los precios", ha insistido.

Las ayudas del Consell por la sequía se ingresarán sin necesidad de que los agricultores tramiten la solicitud

 VALENCIA.- El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha explicado que el Consell aprobará "muy probablemente" la próxima semana las ayudas autonómicas por la sequía y que estas se ingresarán directamente a los agricultores y ganaderos sin que tengan que tramitar la solicitud, a partir de los datos de los que ya dispone la administración.

Así lo ha detallado este martes, en declaraciones a los medios, tras reunirse con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) para informarles sobre el plan extraordinario de ayudas anunciado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la pasada semana con 17 millones de euros para paliar la sequía para todo el sector de secano y la ganadería extensiva o semi extensiva de la Comunitat Valenciana. De este montante, 15 millones serán para la agricultura de secano y dos millones para la ganadería.

A la reunión han asistido el presidente de Cooperatives Agroalimentàries, Cirilo Arnandis; el secretario general de La Unió, Carles Peris; el responsable de servicios técnicos de AVA ASAJA, José Francisco Sales; el secretario técnico de ASAJA ALICANTE, Ramón Espinosa; el secretario general de UPA, Ricardo Bayo, y el secretario de organización de CCPVCOAG, Josep Ramon Duato.

Barrachina ha precisado que se realizará "un ingreso directo en la cuenta corriente de todos aquellos ganaderos y agricultores de secano que muchos de ellos han perdido la totalidad de su cosecha". 

De esta manera, los 30.000 agricultores y 500 ganaderos beneficiarios se evitarán esperas y trámites, ha destacado.

En concreto, cuando la semana que viene se apruebe la orden de ayudas, incluirá "el listado de todos los beneficiarios directamente" y se abrirá un plazo de 15 días hábiles para poder corregir el reparto en caso de ser necesario y recibir los datos de "la minoría" de explotaciones de las que la administración no conoce su cuenta corriente. 

Las primeras ayudas se empezarán a abonar entre finales de octubre y principios de noviembre. Se ingresarán progresivamente hasta el 31 de diciembre.

Así, se está contando con las cooperativas y las organizaciones agrarias como entidades colaboradoras para "llegar al mayor número de agricultores posible, además de las 35 oficinas comarcales que van a recoger las solicitudes de aquellos agricultores de los cuales no tenemos su cuenta corriente", ha puntualizado Barrachina.

La Generalitat ya dispone de los datos de las cuentas corrientes de la totalidad de las 500 explotaciones ganaderas a las que se destinarán dos millones de euros. Para el resto, se abre "la vía digital como siempre pero siendo conscientes de que no hay identificación digital en buena parte de nuestra agricultura de secano".

 También se les atenderá en las oficinas comarcales y a través de ayuntamientos, organizaciones agrarias y 180 cooperativas que colaboran con la Generalitat.

El titular de Agricultura ha precisado que las ayudas para cultivos oscilarán entre los 200 y 4.500 euros y se asignarán en función del número de hectáreas y separando cereal de árboles.

En el caso de las ganaderías, se repartirán dependiendo del número de animales y se recibirá una media de 4.000 euros por explotación. Barrachina ha destacado que "una sola vaca bebe al día 60 litros de agua y, por tanto, el ganadero que tiene 100 vacas necesita 6.000 litros diarios".

Barrachina ha puesto en valor que el Consell está realizando un "esfuerzo en solitario" a través, además, de "un procedimiento de modernización y de simplificación".

 "Al final nos ayudamos a nosotros mismos porque cada cultivo de secano que se abandona es un incendio al año siguiente", ha remarcado Barrachina, antes de resaltar al sector como "héroes de lo cotidiano que con rentabilidades nulas siguen trabajando sus campos".

El conseller ha criticado que el Ministerio de Agricultura, en "cuatro ocasiones consecutivas", se ha "negado a ayudar a la Comunitat Valenciana", "con la justificación de que ha habido en otras autonomías en las que efectivamente ha llovido mucho". 

Con ello, a su juicio, "hemos perdido la condición de españoles porque sólo se ayuda cuando en otras comunidades autónomas lo piden".

Sobre la carta que envió al Gobierno central pidiendo la convocatoria de la Mesa de la Sequía, Barrachina ha explicado que la Conselleria ha recibido "una contestación muy cordial en la que no se nos emplazaba a nada como las restantes".

Barrachina ha criticado que es un "auténtico crimen" que se envíe agua a Portugal cuando el país luso "tiene agua en exceso es un auténtico crimen.

 "Nos quitan 100 hectómetros del trasvase Tajo-Segura para enviarlo a Portugal, que recibe 2.500 hectómetros de más sobre lo firmado con ellos en el tratado de Albufeira", ha denunciado.

Barrachina ha explicado en algunos cultivos como el olivo o el almendro han registrado "pérdidas del 100% y por tanto buena parte de las cosechas no se van a recoger porque es impracticable". A su juicio, "la situación ha sido dramática". 

El conseller ha lamentado además que la Comunitat Valenciana tiene "un récord europeo en abandono de tierras", tras reducir "casi un 30%" su terreno cultivado.

Garriga avisa a Mazón que "tendrá que escoger si se abraza al 'Botánico' o a Vox" para sacar adelante los presupuestos

 VALENCIA.- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este martes al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, que «tendrá que escoger entre si se abraza al Botánico --en alusión al anterior gobierno valenciano del Botànic de PSPV y Compromís-- o al cambio real de las políticas que representa Vox» para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025.

«La gran pregunta en este curso político es preguntarle a Mazón qué va a hacer (...). No somos el coche escoba ni el seguro de vida de nadie», ha insistido a los periodistas tras reunirse con el grupo de Vox en Les Corts, preguntado por si apoyarán o no los segundos presupuestos de Mazón al frente del Consell después de la salida de su partido de los gobiernos autonómicos el pasado julio.

Garriga ha hecho hincapié en que su partido será «coherente» con sus principios en materia de inmigración o seguridad, aunque no ha querido concretar qué medidas serán una línea roja para apoyar o no los presupuestos de la Generalitat.

A partir de ahí, ha garantizado que habrá «un diálogo abierto» respecto a las cuentas autonómicas y que el objetivo de Vox es ofrecer una alternativa al PP. 

«Como todas las decisiones que se toman en Vox, se hablan, se meditan y se toman de manera unitaria», ha indicado respecto a si el apoyo o el rechazo a los presupuestos se decidirá desde Madrid.

En cualquier caso, ha remarcado que Vox no se ha movido de los principios que le llevaron a firmar el pacto de gobierno con Mazón, un acuerdo que ha recordado que se rompió porque «el PP ha decidido abrazar las políticas de la inmigración ilegal del Partido Socialista».

«Yo no sé en qué Partido Popular está Mazón, si en el de Feijóo o en el de Mazón, pero la realidad es que siguen amparando las políticas de la inmigración ilegal, no apuestan de manera decidida por garantizar la libertad lingüística, no apuestan por una revolución fiscal como nosotros proponemos», ha apuntado, y ha insistido en que «la gran pregunta es si el presidente de la Generalitat está dispuesto o no» a apoyar estos principios: «La elección es suya».

Preguntado por qué medidas consideran imprescindibles para apoyar los presupuestos, Garriga ha descartado revelarlas porque «forma parte del trabajo interno del grupo parlamentario, de la mano de la dirección nacional (de Vox) y que evidentemente se va a ir desgranando en las próximas semanas». 

«Hay que ser prudente», ha añadido.

Respecto a si cree que el Consell va por buen camino, ha señalado que «no va por el buen camino» porque en Vox no comparten «muchas de sus políticas».

 «Valencia tiene una creciente inseguridad, acoge a personas en situación irregular, no se está garantizando la libertad lingüística como nos gustaría...», ha descrito, pero ha rechazado entrar en una «oposición destructiva».

En cuanto a si Vox mantiene la misma postura en el ámbito municipal, al compartir el gobierno en ayuntamientos como Valencia, Elche o Castellón de la Plana, Garriga ha asegurado que negociarán «presupuesto a presupuesto» valorando las circunstancias de cada comunidad o localidad.

PP y Vox pactan la ZBE de Alicante sin sanciones ni restricciones al tráfico

 ALICANTE.- Los grupos municipales del PP y Vox han cerrado un acuerdo sobre la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante que no contempla sanciones ni restricciones al tráfico, tal y como ambas formaciones han venido anunciando en los últimos meses.

La ordenanza se aprobó este martes en la Junta de Gobierno Local y en los próximos días pasará el trámite de la comisión municipal correspondiente antes de su aprobación definitiva en Pleno, con el objetivo de que entre en vigor en enero de 2025, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La aprobación de esta ordenanza se hace efectiva en cumplimiento de la normativa europea desarrollada en la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética que obliga a todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes a implantar ZBE para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan los vehículos más contaminantes.

En concreto, la ZBE de Alicante se orienta "al fomento de la movilidad sostenible, la desincentivación de las alternativas más contaminantes y la educación ciudadana para generar hábitos más saludables", según el consistorio.

Las actuaciones en esta ZBE se deben conjugar "con mejoras del espacio público para peatones y ciclistas e incrementar la masa verde y arbórea para contribuir a mejorar el espacio público y reducir la temperatura ambiente", tal y como subraya el Ayuntamiento que ha desarrollado en actuaciones recientes en el frente litoral, la avenida de la Constitución y el eje Gadea-Soto-Marvá, entre otras actuaciones de transformación urbana.

El ámbito de aplicación de la ZBE se configura en el marco de tres anillos convenientemente señalizados: el primero se circunscribe al Casco Antiguo, el segundo al centro tradicional y el tercero está delimitado por la circunvalación urbana de la Gran Vía.

Todos los vehículos podrán circular libremente por los anillos II y III, correspondientes al centro tradicional y la Gran Vía, sin restricciones ni sanciones, mientras que en el entorno del Casco Antiguo (anillo I) se mantiene una zona señalizada con limitación de accesos.

Alicante dispone desde 2011 de esa zona con limitación de accesos en el interior del perímetro comprendido por el Casco Antiguo, entre la Rambla de Méndez Núñez, la avenida de Jaime II, la ladera del Castillo de Santa Bárbara y las calles Jorge Juan y Altamira, con más de 10 hectáreas de superficie, en la que se limita la entrada de vehículos, mediante controles de acceso, a vecinos, comerciantes o vehículos autorizados, de modo que se utilice este espacio como "zona residencial" con prioridad del peatón respecto al vehículo.

Del mismo modo, todos los vehículos podrán entrar y circular sin necesidad de verificación de la etiqueta ambiental en los anillos II y III, que servirán "como zonas de estudio, monitorización y toma de datos para una gestión más eficiente de la movilidad en la ciudad y para ayudar en el futuro a la toma de decisiones relacionadas tanto con el tráfico y la ZBE como con otros servicios municipales".

En la línea de promover el uso de vehículos menos contaminantes que preconiza la ZBE, el Ayuntamiento de Alicante ya ofrece bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) por bajo consumo y emisión de contaminantes. Estos incentivos fiscales llegan hasta el 75%, según la calificación energética, y son accesibles para vehículos eléctricos y aquellos que no superen la tasa de 160 gramos por kilómetro de emisión de CO2.

La implantación de esta ZBE tendrá una vigencia "permanente" y es "coherente" con los instrumentos municipales de planificación urbana estratégica y la normativa de calidad del aire y de acción contra el ruido. El Ayuntamiento fomentará la concienciación ciudadana y la educación ambiental, que están considerados "pilares" de esta ordenanza en aras a seguir avanzando en la mejora de la calidad del aire.

Para conseguir más información sobre la ZBE se puede consultar la web municipal y las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento y próximamente entrará en servicio una plataforma informática para realizar cualquier trámite, autorización, gestión o consulta al respecto.

"Con esta ordenanza, la ciudad de Alicante convierte la obligación de implantar una Zona de Bajas Emisiones en una nueva oportunidad para contar con una ciudad más saludable, más inteligente y con mayor calidad de vida para los alicantinos", ha destacado el vicealcalde y concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar.

"Estamos garantizando una gestión eficiente del tráfico en la ciudad y protegemos el medio ambiente con el fomento de la movilidad sostenible; y para ello ya hemos peatonalizado varias áreas del espacio público en el centro", ha añadido.

Villar ha agregado que la implementación de la ZBE en Alicante también reporta "un considerable incremento de las inversiones en obras de transformación urbana de gran envergadura como la rehabilitación del frente litoral en el Paseo de los Mártires de la Libertad, la peatonalización de la avenida de la Constitución y la regeneración del eje Gadea-Soto Marvá, que han supuesto un considerable avance para el calmado de tráfico y la mejora de la accesibilidad peatonal tras una inversión conjunta de más de ocho millones de euros".

Por su parte, la portavoz de Vox, Carmen Robledillo, ha destacado que con esta ordenanza "se da cumplimiento a una de las exigencias de nuestra formación incluidas en el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de 2024 y con uno de nuestros pilares fundamentales como partido como es el evitar que las políticas de extrema izquierda, que solo buscan hundir a familias y negocios, sean las que imperen en nuestra ciudad. Queda mucho trabajo por hacer y, como oposición útil a los alicantinos, vamos estar vigilantes para asegurar el respeto a los derechos y libertades de nuestros vecinos".

A su vez, el portavoz adjunto de esta formación, Mario Ortolá, ha añadido que esta normativa sobre la ZBE "cumple con lo que Vox viene exigiendo desde 2021, que no es otra cosa que el no discriminar entre alicantinos que puedan permitirse un coche eléctrico y alicantinos que se vean obligados a moverse por Alicante en patinete o bicicleta, además de no hundir los pequeños negocios con sanciones previstas para el 70% del caso urbano, que es lo que preveía la ZBE original".

"Las familias y trabajadores en Alicante serán más libres que en otras ciudades gracias al trabajo de los concejales de Vox que, a pesar de no estar en el gobierno, negociamos y acordamos siempre en búsqueda del bien común", ha concluido.

Morant reclama a Mazón que "rectifique y garantice" Medicina en la Universidad de Alicante

 VALENCIA.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, que "rectifique y garantice" el grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA), ya que considera que "no hay razones universitarias ni sanitarias" que justifiquen la anulación de estos estudios.

Así se ha expresado este martes la ministra en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, donde el senador de Compromís Enric Morera, ha preguntado a Morant por la posición del Ejecutivo respecto a los estudios de Medicina en la Universidad de Alicante.

Al respecto, Morant ha pedido a Mazón que "recapacite, rectifique y garantice" el grado de Medicina en la UA, después de que la Generalitat Valenciana decidiera el pasado agosto retirarse del proceso judicial que inició la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche sobre la impartición del Grado en Medicina en la Universidad de Alicante.

Morant ha lamentado que el alumnado de primero y segundo curso de Medicina en la UA haya iniciado el curso con "angustia", así como sus familias, la rectora, Amparo Navarro, y la comunidad universitaria, tras la decisión a su juicio "injustificada" del Consell y que "no tiene precedentes en este país, que con el cambio de color y de signo político caiga una decisión y un grado universitario".

"Mi posición es muy clara. Defiendo abiertamente y con total rotundidad el derecho de la Universidad de Alicante de formar a los futuros médicos de la provincia y defiendo el derecho de los alumnos y de las alumnas a estudiar en su universidad, que es la Universidad de Alicante", ha aseverado.

Asimismo, ha recalcado que "no hay razones universitarias ni sanitarias" para que no se imparta Medicina en la UA, puesto que ha señalado que este grado es "el más demandado, con la nota de corte más alta y han quedado 1.536 estudiantes en lista de espera" en la universidad alicantina; así como por la "falta de médicos".

"Lo dice hasta el propio presidente Mazón, que ha tenido problemas este año, porque formar a un médico cuesta diez años y los recortes de hace diez años de un gobierno del Partido Popular están pasando factura ahora. Por tanto, no podemos volver a recortar en medicina. Así que, si no hay razones universitarias y no hay razones sanitarias, ¿por qué se suspende otra vez un grado de Medicina? Por puro sectarismo. Ya ocurrió con Zaplana hace 28 años y ha hecho falta que volviera un presidente del PP a gobernar para volver a suprimir un grado necesario en la provincia de Alicante", ha aseverado.

En la misma línea, Morant ha añadido que Alicante es la cuarta provincia más poblada de España y "tiene el menor número de plazas universitarias públicas, por debajo de la mitad de lo que se ofrece en el resto de provincias por cada 100.000 habitantes". 

"Con estas cifras queda absolutamente injustificado este ataque a la Universidad de Alicante, que para mí es un ataque a la universidad pública valenciana", ha censurado.

Por su parte, durante su intervención, el senador de Compromís Enric Morera ha expresado su "profunda preocupación" por el impacto de la posible supresión de Medicina en la UA.

 "En lugar de comenzar el curso académico con ilusión, la Universidad de Alicante y sus estudiantes están enfrentando incertidumbre y angustia debido a la reciente decisión del Consell", ha denunciado.

Además, Morera ha cuestionado la postura de Mazón y ha señalado que "quizás quiere seguir el modelo de otras comunidades autónomas de creación de universidades privadas para que le cueste a los ciudadanos de Alicante 20.000 euros el curso, cuando en la pública, con mejores investigaciones, mejores profesionales y mejor igualdad, se puede conseguir de una forma más económica".

La granada mollar de Elche pierde más del 60% de la producción por una plaga de trips

 ELCHE.- El presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de la Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva, ha advertido de la "difícil situación que está viviendo el sector como consecuencia de los problemas derivados de las altas temperaturas y la aparición de una plaga de trips que está afectando al 60% de la producción de granadas", con pérdidas de entre 12 y 15 millones de euros.

Esta plaga de insectos (Scirtothrips aurantii) proviene de África y Yemen, llegó a Huelva en noviembre de 2020 y este año se ha detectado por primera vez en la Comunitat Valenciana afectando a varios cultivos como la granada, según ha explicado la DOP en un comunicado.

En el caso de la granada mollar de Elche, según el presidente de la DOP, las temperaturas cálidas de este invierno han favorecido el desarrollo y dispersión de esta plaga y los principales daños se han producido durante la floración y el cuajado del fruto.

En la actualidad, ese deterioro provocado por el trip se observa en el fruto en forma de cicatrices alrededor de la corteza. Francisco Oliva ha señalado que a todo ello hay que sumar las elevadas temperaturas que venimos padeciendo en los últimos años y que producen daños por sol en la corteza conocidos como albardado.

Por estos motivos, "mucha granada se está tirando al suelo con el fin de favorecer que las que se quedan en el mismo tengan más calibre y calidad", ha explicado la DOP.

En un primer análisis de la situación, el Consejo Regulador estima que de las 40.000 toneladas de granadas que en los últimos años se vienen cosechando en los 40 municipios amparados por la DOP (comarcas de L'Alacantí, Baix Vinalopó y Vega Baja) más de 24.000 toneladas (alrededor del 60%) se van a ver perjudicadas por esta situación lo que supone unas pérdidas económicas de entre 12 y 15 millones de euros.

Francisco Oliva ha apuntado que el verdadero daño se verá cuando empiece la campaña de recolección y afloren todos esos problemas tanto en el campo como en el almacén. 

De hecho, todavía no se sabe cuánta granada de Elche se va a poder certificar con el sello de calidad de la Denominación de Origen porque el Consejo Regulador tiene unos estándares de calidad muy elevados (solo se certifica la granada de primera y extra y si los daños superan el 25% no se puede etiquetar con DOP), y todavía es pronto para saber cuánta se podrá vender con este sello.

En cualquier caso, ha añadido el presidente de la DOP, las granadas que lleguen al mercado, con sello o sin él, estarán en buenas condiciones para su consumo.

Francisco Oliva ha explicado que la próxima semana la DOP se reunirá con el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, ante esta situación "desastrosa" para un sector que acumula malas campañas por la sequía, los efectos del cambio climático, descenso del consumo por la inflación, precios bajos en el campo, aumento de la competencia internacional, presencia de nuevas variedades.

El objetivo es que el conseller conozca de primera mano la situación y los daños que prevén sufrir tanto agricultores como comercializadores con el fin de "buscar apoyos y encontrar soluciones".

Por otra parte, Oliva ha señalado que el trip es consecuencia de la importación de fruta fresca o árboles de terceros países donde tienen menos controles sanitarios y necesitamos que se incremente la seguridad en los protocolos de importación y reforzar los puestos de inspección fronterizos para evitar casos como éste.

Villena solicita a la Generalitat la declaración de Municipio Turístico de Relevancia

 VILLENA.- La Concejalía de Turismo de Villena ha solicitado a la Conselleria la declaración de la localidad alicantina como Municipio Turístico de Relevancia de la Comunitat Valenciana y su inclusión dentro de los destinos "más atractivos", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta medida permitiría a la ciudad "disfrutar de una mayor difusión y promoción a través de los canales de la Conselleria y un mayor acceso a las diferentes fuentes de financiación y subvención para el desarrollo del sector turístico local".

La medida se sustenta en el incremento de las plazas hoteleras del 56 por ciento desde 2021 hasta el último año completo, el pasado 2023. En total, son 331 las plazas hoteleras que ofrece Villena, frente a las 212 registradas en 2021.

Este incremento se ha producido en todas las modalidades de alojamiento, pasando de las 56 plazas en la categoría de hoteles y hostales a 83; de las 35 a las 48 en alojamientos rurales; mientras que se ha duplicado en la categoría de apartamentos o viviendas turísticas, de 83 a 162. Por contra, permanece inalterable el número de plazas en la modalidad de camping, que sigue siendo de 38.

Con estos datos, según el consistorio, "Villena cumple los requisitos para esta nueva catalogación autonómica, gracias a su consolidada oferta y recursos turísticos, el incremento sostenido en el número de visitas año tras año, así como el aumento de las plazas hoteleras".

La edil de Turismo, Paula García, ha apuntado que este incremento de plazas hoteleras "es el que ha propiciado que desde la Concejalía de Turismo de Villena se solicite la nueva catalogación de Municipio Turístico, en este caso como Municipio Turístico de Relevancia, lo que supondrá además de un mayor reconocimiento o prestigio para nuestro municipio en el panorama turístico autonómico, un incremento en la cuantía que anualmente Turisme Comunitat Valenciana ofrece a como ayuda destinada a sufragar los costes que la actividad turística".

En la actualidad son 64 los municipios catalogados como turísticos en la Comunitat Valenciana, 18 en las modalidades de Relevancia y Excelencia, y 28 en la modalidad de singularidad.

 Villena ya dispone de la condición de Municipio Turístico de Singularidad por Resolución de 30 de marzo de 2023.

Grecia prohibirá los alquileres temporales en Atenas durante al menos un año

 ATENAS.- El Gobierno griego ha prohibido la concesión de nuevas licencias para alquileres de corta duración en tres distritos del centro de Atenas durante al menos un año. Al igual que muchos otros destinos turísticos europeos, Grecia busca equilibrar un sector rentable impulsado por plataformas en línea como Airbnb con las necesidades de la población local, que se enfrenta a una escasez de viviendas. 

La falta de vivienda y el aumento del costo de la vida han llevado al país a anunciar este mes el aumento de un impuesto sobre los alquileres de corta duración, la prohibición de nuevas licencias en el centro de Atenas y la concesión de incentivos a los propietarios para que se pasen a los alquileres de larga duración.

La ministra griega de Turismo, Olga Kefalogianni, explicó este lunes que la prohibición de conceder nuevas licencias de alquiler a corto plazo en tres distritos del centro de Atenas podría prolongarse más allá del plazo inicial de un año. 

«Hemos descubierto que (los alquileres de corta duración) funcionan de alguna manera como hoteles, mientras que también hay mucha presión sobre la sociedad», dijo Kefalogianni a la prensa. Dado que muchos propietarios optan por el alquiler a corto plazo, a los atenienses les resulta difícil encontrar una casa asequible para alquilar. 

«Estuve buscando casa durante 8-9 meses y acabé en la que estoy ahora», dijo Alma Lazi, de 34 años, trabajadora del sector privado que vive en el céntrico barrio ateniense de Pangrati.

«Incluso durante ese periodo, cuando estuve buscando y ampliando el abanico de zonas que barajaba, no encontré nada que pudiera permitirme mantener». El impuesto diario sobre los alquileres de corta duración, que ayuda al país a hacer frente al impacto de las catástrofes naturales relacionadas con el cambio climático, pasará de 1,5 euros a 8 euros en el periodo de abril a octubre, anunció el ministro de Hacienda, Kostis Hatzidakis. 

El impuesto pasará de 0,5 euros a 2 euros en los meses de invierno en el hemisferio norte. El Gobierno no especificó cuándo entrarán en vigor las nuevas medidas. Grecia espera que sus ingresos por turismo alcancen los 22.000 millones de euros este año, otro máximo histórico, según Kefalogianni.

El país mediterráneo, de playas de aguas cristalinas, registró el año pasado unos ingresos turísticos récord de 20.600 millones de euros. Los datos hasta ahora indicaban que 2024 será otro buen año, añadió Kefalogianni. 

«Grecia está entre los diez destinos turísticos más populares del mundo», afirmó. 

«Podemos confiar en que los ingresos alcancen los 22.000 millones de euros». El año que viene entrará en vigor una tasa de 20 euros a los cruceristas que visiten las islas de Santorini y Mykonos durante la temporada alta de verano boreal, otra medida anunciada a principios de mes para combatir el exceso de turismo, dijo Kefalogianni.

El ministro de Cultura se pone al frente de la iniciativa para abolir los toros: 'Es maltrato animal'

 

MADRID.- El ministro de Cultura Ernest Urtasun ha apoyado la iniciativa legislativa popular (ILP) con la que se pretende derogar la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia y evitar así "financiar el maltrato animal con los impuestos de los españoles".

Urtasun ha hecho esta reflexión en la Jornada Parlamentaria de Protección Animal, Tauromaquia y siglo XXI celebrada en el Congreso de los Diputados y que ha clausurado junto al portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, que ha agradecido al ministro su decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia.

El ministro ha recodado que cuando anunció la retirada de este premio que se otorgaba desde su departamento, le acusaron "de todo", de practicar la censura y de ser "antiespañol", entre otros epítetos.

Pese a esas protestas, Urtasun ha defendido que la mayoría de los españoles está a favor del bienestar animal y, por tanto, lo que expresa la ILP "es de sentido común: evitar financiar el maltrato animal con los impuestos de los españoles".

El objetivo, ha dicho, es que las administraciones públicas ya no estén obligadas a financiar estas prácticas del maltrato animal, como sucede ahora al ser la fiesta de los toros patrimonio cultural.

Si bien reconoce que la tauromaquia forma parte de la historia de España, ha observado que en ningún sitio está escrito que tenga que formar parte de su futuro, tal y como ocurrió en su día con los animales en el circo.

Por su parte, Errejón ha destacado que esta iniciativa forma parte del compromiso de Sumar "con la modernización de España" y de reconciliar "el país oficial con el país real".

Los pantanos de la cuenca del Segura pierden 5 hectómetros cúbicos en la última semana

  MURCIA.- Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 189 hectómetros cúbicos, cinco menos que la semana pasada, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos este martes.

Los embalses del Segura disponen de 98 hectómetros cúbicos menos que en la misma fecha del año anterior, y 187 menos que la media que suelen almacenar en esta época (376 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 16,6% de su capacidad total.

Por su parte, los embalses de la cuenca del Júcar han perdido de nuevo agua en la última semana y se sitúan al 41,2 por ciento --0,4 puntos menos que la semana anterior--, mientras que los del Segura han descendido al 16,6% --también 0,4 puntos menos que la semana previa--, ya que las precipitaciones han afectado a la vertiente atlántica y han sido «muy escasas» en la vertiente mediterránea.

Así lo revelan los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico este martes, según los que los embalses del Júcar almacenan ahora mismo 1.173 hm3 --10 menos que la semana anterior--, también por debajo de los 1.364 hm3 de reserva que había a estas alturas del año pasado, y ligeramente por debajo de la media de 1.193 hm3 de los últimos diez años.

Materialismo fracasado / Guilermo Herrera *

Está avanzando con toda su fuerza el proceso de desenredo para eliminar al fisgón, acechador o merodeador Lurker, según Cobra. En un ataque sorpresa el 7 de septiembre, las fuerzas de la Luz eliminaron por completo la red negativa de Agartha y la red oscura tibetana, y sólo quedó en pie el núcleo de la base subterránea principal en el norte del Tíbet. Esa base desaparecerá en un mes o menos.

Inmediatamente después de ese ataque, entraron en pánico los hipócritas porque se dieron cuenta de que no contaban con el apoyo espiritual negativo que habían tenido hasta ahora durante muchos siglos. Desde entonces, han desencadenado una cadena de eventos negativos a nivel mundial que los llevará a su caída en contra de todas sus expectativas.

Los inicuos quieren mantener a la Humanidad en un bucle temporal materialista, físico y eterno, sin ningún acceso a dimensiones superiores, porque eso garantiza la máxima entropía de la Matrix. Debido al proceso de desenredo del Lurker, fracasará su proyecto materialista.

Lo que queda ahora es la red oscura principal en la superficie del planeta, que consta de capas interconectadas a nivel mundial. El Lurker se enreda subcuánticamente con todas esas facciones y las guía con empujones e impulsos.

ESCALADA

La facción negativa es la más preocupante de ellas, ya que intenta manifestar la tercera fiesta mundial: Los mundialistas intentan convertir la guerra en Ucrania en una catástrofe mundial antes de las elecciones. Hubo suficiente conciencia entre la población para evitar los intentos de escalada durante el período del 1 al 9 de septiembre, pero inmediatamente después de eso, se intensificó su esfuerzo. 

Las fuerzas de la Luz son capaces de difuminar el 99% de esas escaladas, pero para el 1% restante necesitan el apoyo de los misioneros de la Luz de la superficie.

Los altos mandos de las facciones negativas tienen acceso a tecnología avanzada de otros planetas. El tránsito de Plutón en Acuario, a partir del 19 de noviembre, obligará a que salgan a la luz esas tecnologías. Algunos de los principales generales fueron una vez comandantes de Sirio. 

Durante las misiones en las guerras galácticas, fueron capturados e implantados por fuerzas oscuras, se les lavó el cerebro y se les puso en un ciclo de reencarnación. El sistema estelar de Sirio está comenzando su activación, que alcanzará su punto máximo en 2025, y está enviando una energía fuerte, con la esperanza de que puedan cruzar al lado de la Luz.

En 1996, un pequeño grupo de seres oscuros de otro universo se infiltró en el núcleo negativo, que trajo consigo una pequeña cantidad de piedras negras. Estas piedras se encuentran ahora en ciertas bases militares de todo el mundo. 

Son parecidas a la gran piedra negra que fue despejada en 2017, pero son mucho menos poderosas. Las fuerzas de la Luz las disolverán con la tecnología Mjolnir, pero eso llevará algún tiempo. Los grupos mercenarios son la intersección entre el complejo militar y el complejo financiero negativo.

Tendemos a pensar en la guerra como un ejército nacional contra otro ejército nacional, pero han cambiado drásticamente las guerras desde Irak. Los mercenarios son más poderosos de lo que la mayoría cree, lo que es un grave descuido.

 Quienes suponen que son imitaciones baratas de las fuerzas armadas nacionales, no tienen ni idea de lo que está ocurriendo. Los guerreros con fines de lucro son una especie de combatientes completamente diferente.

Black Rock (nombre en clave de la Piedra Negra) está en el núcleo del complejo financiero y controla el Mundo. Los mundialistas poseen una riqueza extrema, normalmente de miles de millones, y pueden vivir en cualquier parte del Mundo que elijan.

 Tienen intereses comerciales internacionales diversificados, a menudo compartidos con otros mundialistas, y reciben con frecuencia invitaciones a eventos como Davos.

Las familias de la nobleza negra, especialmente los Orsini, en cooperación con el lado negativo, están gestionando los biolaboratorios oscuros, deseando otra crisis. El objetivo final de las familias de la nobleza negra es el colapso de la civilización occidental, porque se ven a sí mismos en la cima de la cadena alimentaria del neofeudalismo.

AVANCES

Las fuerzas positivas luchan contra esto, y están poniendo el meme de arrestar a los malos en la corriente principal. Donald Trump ha advertido que sería encarcelado de por vida Mark Zuckerberg o cualquier otra persona que interfiera ilegalmente en las elecciones si gana la presidencia.

Están colapsando ciertos acuerdos de desescalada entre la luz y las fuerzas oscuras, y ciertos miembros del lado oscuro pueden no estar seguros. Después de que el proceso de desenredar el Lurker alcance una cierta etapa superior, la Fuente y las fuerzas de la luz comenzarán a desenredar las redes oscuras del Lurker, y también a desenredar el campo de interferencia entre la humanidad y las fuerzas oscuras.

Están ocurriendo enormes cambios en la Galaxia, preparándose para el cambio. Los ángeles galácticos comenzaron a habitar nuevamente el espacio interestelar por primera vez desde 1996. Se retiraron a un estado latente en forma de esporas en el plano mental superior, y ahora están resurgiendo nuevamente, haciendo crecer y expandiendo las alas de sus cuerpos mental, astral y etérico por toda la Galaxia y vivificando el glorioso y luminoso plasma interestelar que se extiende desde la nube interestelar local a través del sistema estelar de Sirio hacia la heliopausa. 

Traerán mucha luz a este sistema solar en los próximos meses y años.

Nuestro Sol también se está volviendo mucho más activo, y es muy obvio que nuestro máximo solar actual será muy fuerte ahora. La física convencional comienza a comprender los agujeros de gusano finalmente, y también están empezando a comprender los taquiones.

https://2012portal.blogspot.com/

NOTICIAS DEL RESETEO

• Charlie Ward dice que la batalla comenzará pronto. Estén preparados.

  https://beforeitsnews.com/alternative/2024/09/charlie-ward-show-the-battle-will-soon-begin-video-3820882.html

• “Todo lo que no esté en resonancia con la Voluntad Suprema te lo van a exprimir, y duele” dice Perro Poeta.

  http://www.visibleorigami.com/2024/09/everything-which-is-not-in-resonance.html

• Gazetteller dice que el anuncio de Gesara del 11 de septiembre de 2024 fue abortado por un sabotaje de la élite y que las operaciones están ahora en pleno apogeo.

• Esa batalla llegó a su punto más crítico el domingo 15 de septiembre, cuando se produjo un segundo intento de asesinato contra Donald Trump.

• Ocurrió justo antes de que Trump estuviera a punto de anunciar el lunes 16 de septiembre por la tarde un sistema llamado World Liberty Financial o Libertad Financiera Mundial, una revolución sin bancos por la libertad y el empoderamiento financiero que devuelva el poder a la gente que transferiría el dinero al pueblo desde los bancos centrales.

   

  (*) Periodista
  

El CSIC y la UCV impulsan el uso de medusas como fuente sostenible en biomedicina

 

 VALENCIA.- El Instituto de Investigación en Medio Ambiente y Ciencia Marina de la Universidad Católica de Valencia (IMEDMAR-UCV) y el Institut de Ciències del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICM-CSIC) han arrancado el proyecto de investigación 'Colágeno de medusas: un recurso innovador del Mediterráneo en biotecnología azul (COLMED)', que quiere impulsar el uso de medusas como una fuente sostenible para el desarrollo de biomateriales en el campo de la biomedicina.

Además, la iniciativa pretende contribuir a reducir los impactos socioeconómicos que generan las proliferaciones de medusas en los sectores turístico y pesquero. El proyecto se enmarca en las políticas de economía circular y residuo cero y establecerá alianzas con el sector pesquero, el Gobierno y la Unión Europea, detalla la institución académica.

La medusa de barril (Rhizostoma pulmo) y la 'huevo frito' (Cotylorhiza tuberculata) son especies muy abundantes en el Mediterráneo español, aparecen frecuentemente en las capturas accidentales de los pescadores artesanales y son conocidas en la comunidad científica por su alto contenido en colágeno. Las altas temperaturas registradas en los últimos años en el Mediterráneo, junto con otros factores, han favorecido su aumento.

Por ello, los investigadores buscan potenciar el colágeno procedente de medusas como una materia prima innovadora para aplicaciones y productos que "mejoran significativamente el bienestar y la salud de las generaciones futuras en biomedicina, nutracéutica y cosmecéutica". Su uso es una alternativa sostenible al colágeno derivado de la piel y huesos procedente de mamíferos terrestres como bovinos y porcinos, expone José Tena, investigador principal del proyecto y director del IMEDMAR-UCV.

Paralelamente, las proliferaciones o 'blooms' de medusas han aumentado en frecuencia e intensidad en las últimas décadas, debido a factores como el cambio climático y la sobrepesca. Uno de los sectores más perjudicados es el pesquero, pues la obstrucción de las artes y redes de pesca, la mortandad de las capturas, el aumento del tiempo de pesca y el consumo de combustible afectan a los pescadores artesanales que operan cerca de la costa con barcos de dimensiones reducidas y que utilizan, entre otros artes, las redes de enmalle y trasmallo.

Es por eso que el proyecto busca utilizar estas capturas accidentales de medusas. "No podemos desperdiciar este recurso de alto valor, sobre todo en el marco de políticas de economía circular y residuo cero", apunta Ainara Ballesteros, investigadora del IMEDMAR-UCV.

Debido a los cambios que se observan desde hace años en los ciclos de vida y la dinámica poblacional, el proyecto COLMED colaborará con la plataforma de ciencia ciudadana marina Observadores del Mar y Proyecto Alerta Medusas para complementar la base de datos sobre presencia y ausencia de estos organismos en la Comunitat Valenciana y Cataluña y analizar así las tendencias de las poblaciones frente al cambio climático.

"La fase adulta de estas especies estaba presente entre julio y septiembre años atrás y ahora las estamos viendo desde abril hasta noviembre", señala la investigadora del ICM-CSIC Macarena Marambio.

El equipo de investigadores del proyecto COLMED trabajará en colaboración con las cofradías de pescadores de Moraira y de Xàbia en la Comunitat Valenciana y El Port de la Selva, Cadaqués y Roses en Cataluña. Las cofradías serán las encargadas de extraer, recolectar y almacenar las medusas.

Se realizarán jornadas de capacitación para elaborar planes de gestión del recurso consensuados entre ambos colectivos y asegurar así la integridad de las capturas en los procedimientos biotecnológicos.

 "En los últimos años, los pescadores de algunas cofradías nos preguntaban si podíamos utilizar las medusas que pescaban como un recurso alternativo a su actividad para complementar su fuente de ingresos", explica Josep-Maria Gili, investigador del ICM-CSIC.

El proyecto COLMED se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

El precio del alquiler sube un 8,6% interanual en la Comunitat Valenciana en agosto

 VALENCIA.- El precio de la vivienda en alquiler se ha incrementado en un 8,6% en la Comunitat Valenciana durante agosto, si se compara con el mismo mes del año pasado, pero ha caído un 0,7% respecto a julio, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. El precio se ha situado así en 12,38 euros/m2 en el mes en agosto.

Este incremento interanual (8,6%) es el segundo más bajo detectado en 2024. La Comunitat Valenciana ha pasado de una variación interanual del 15% de agosto de 2023 al 8,6% detectado en el mismo periodo de 2024. 

En los últimos 12 meses analizados el precio de la vivienda ha pasado de los 11,40 euros/m2 al mes de agosto de 2023 a los 12,38 euros/m2 al mes de agosto de 2024.

Si se analiza los precios del alquiler respecto a los de hace un año, todas las comunidades incrementan el precio interanual en agosto. La Comunitat Valenciana presenta la séptima mayor subida y es la séptima más cara.

En las tres provincias se incrementa el precio interanual de la vivienda en alquiler en agosto de 2024: Valencia (10,4%), Castellón (9,6%) y Alicante (5,3%).

En cuanto a los precios en agosto, dos provincias superan los 10,00 euros el metro cuadrado al mes. El orden de las provincias por el precio de metro cuadrado es: Valencia con 13,86 euro/m2 al mes, Alicante con 11,25 euro/m2 al mes y Castellón con 8,71 euro/m2 al mes.

En 15 de los 20 municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. La ciudad de Benicarló (Castellón) es la que más incrementos acumula en agosto con un 14,1%. 

Le siguen Torrevieja (13,7%), Sagunt (13,5%), Castellón de la Plana (13,5%), El Campello (12,4%), Dénia (11,9%), Peñíscola (11,3%), Alcoi (10,9%), Ontinyent (10,2%), Valencia capital (8,9%), Vinaròs (8,8%), Paterna (8,6%), Alicante / Alacant (6,6%), Sant Vicent del Raspeig (2,2%) y Benidorm (0,9%).

Por otro lado, Valencia lleva 29 meses con incrementos en cadena superiores al 10%, exceptuando este mes de agosto con 8,9%.

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, el 58% de los municipios sobrepasan los 10,00 euro/m2 al mes y los diez con mayor precio son Finestrat con 17,98 euro/m2 al mes, Benidorm con 17,30 euro/m2 al mes, Alboraya con 17,05 euro/m2 al mes, Valencia con 15,07 euro/m2 al mes, La Pobla de Farnals con 14,29 euro/m2 al mes, Sueca con 14,16 euro/m2 al mes, Canet d'En Berenguer con 13,89 euro/m2 al mes, El Campello con 13,70 euro/m2 al mes, Mislata con 13,68 euro/m2 al mes y Alicante / Alacant con 13,32 euro/m2 al mes.

Por otro lado, las diez ciudades en donde el precio del alquiler por metro cuadrado es más económico son Alzira con 6,06 euro/m2 al mes, Ontinyent con 6,15 euro/m2 al mes, Elda con 6,39 euro/m2 al mes, Alcoy / Alcoi con 6,63 euro/m2 al mes, Burriana / Borriana con 7,13 euro/m2 al mes, Benicarló con 7,19 euro/m2 al mes, Elche / Elx con 7,44 euro/m2 al mes, Vinaròs con 7,77 euro/m2 al mes, Vila-real con 8,38 euro/m2 al mes y Orihuela con 8,69 euro/m2 al mes.

El rector de la UMH ve un "grave incumplimiento de la ley" en la implantación de Medicina en la UA"

 ELCHE.- El rector de la Universidad de Elche (UMH), Juan José Ruiz, considera que ha habido un «grave incumpliento de la ley» en el proceso de implantación del Grado en Medicina en la Universidad de Alicante (UA) y ha pedido «respeto a la ley, a la gestión de dinero público y a los estudiantes».

En estos términos se ha expresado el rector en artículo de opinión, difundido por la UMH, y que asegura que escribe «no tanto como rector sino como funcionario del sistema público de universidades valencianas, preocupado por la falta de respeto que se está manifestando últimamente por las leyes universitarias, por la gestión del dinero público y, sobre todo, por la falta de respeto a los estudiantes de Medicina».

A su juicio, lo sucedido en la tramitación de la autorización del Grado en Medicina en la UA «no son simples errores administrativos fácilmente subsanables» sino que constituye «un grave incumplimiento de la ley, que pudiera llegar a ser objeto de reproche penal».

Ruiz ha explicado que, durante más de dos años (2019-2022), «una comisión presidida por la consellera de Universidades y conformada por la rector de la UA, el de la UMH, los dos presidentes de los dos consejos sociales, el decano de la Facultad de Medicina de la UMH y el de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UA, intentó llegar a un acuerdo para compartir con la UA el Grado en Medicina de la UMH».

Por ello, ha afirmado que esta idea no surgió «por generación espontánea» sino que «lleva algunos años bajo estudio y análisis».

Según sostiene en el artículo, «tras el rechazo continuo por parte de la UA a dicha colaboración, el por entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció sorpresivamente en rueda de prensa el 26 de abril de 2022 que el gobierno de la Generalitat había aprobado ese día la creación de la Facultad de Medicina en la UA y que, a partir de ese mismo día, la rectora podía decidir el calendario y la organización del nuevo grado».

A este respecto, ha considerado que esta decisión por parte de Puig supuso «una grosera deslealtad con la negociación anterior» y ha tildado de «falso» el anuncio. 

«Pero no una falsedad que necesite un juzgado para demostrarse, sino una falsedad evidente, ya que la Generalitat no aprobó el nuevo Grado hasta casi cuatro meses después, en agosto de 2022», ha argumentado.

Así, ha criticado que cuando Ximo Puig anunció la aprobación del grado en el mes de abril, «todos los informes eran negativos» y, una semana antes de la aprobación real, en agosto de 2022, «aparece un informe etéreo firmado el 25 de julio de 2022, que ni tan siquiera especifica si es favorable o no».

Y continua: «No está firmado por el jefe del servicio, que es el técnico con competencias en la materia. Pero lo más grave (...) es que según la Abogacía de la Generalitat el tan ansiado y esperado informe está firmado por un subdirector, cargo político, de otro servicio sin competencias en la materia».

En este sentido, Ruiz ha rechazado que la Generalitat se haya «allanado de forma sorpresiva y extemporánea al final del contencioso y no al principio» como afirma que ha alegado la rectora de la UA, entre otras voces que se han pronunciado sobre el tema. 

Así, ha expuesto que el jefe del Servicio de Acreditación, que firmó los informes negativos, «compareció en el juzgado como parte de la prueba testifical solicitada por la UMH el 7 de mayo de 2024» y ha apuntado que el informe de Abogacía de la Generalitat «es de fecha 12 de junio de 2024».

«Me consta que hubo negociaciones discretas a muy alto nivel, pero finalmente el allanamiento de la Generalitat, en base al citado informe de su Abogacía, se produce el 2 de agosto. Qué importante es la lealtad, en cualquier negociación», ha indicado.

Por otro lado, Juan José Ruiz ha indicado que el gasto que supone el Grado en Medicina «no se puede comparar» con el de otros y que, en este caso, ascendería a casi 10 millones de euros anuales, durante los seis años que dura frente «a los 500.000 euros anuales que supondría ampliar ese mismo número de plazas en la Facultad ya existente en Sant Joan d'Alacant», según afirma que ha calculado un informe pericial visado por el Colegio de Economistas de Alicante y que ellos han presentado en el contencioso en marcha.

En cuanto a la situación de los alumnos, el rector de Elche ha incidido en que se está asistiendo a una campaña «desinformativa» en la que se pretende realizar «una política de hechos consumados» mediante «acusaciones de irresponsabilidad a la Generalitat y a la UMH por dificultar o poner en duda la continuidad de los estudios de 172 estudiantes de Medicina en la UA».

«Es una acusación muy cínica», ha aseverado y ha insistido en que el Grado en Medicina en la UA se implantó por parte de sus responsables «tras una profunda deslealtad en un proceso de negociación, teniendo además pleno conocimiento de que la disponibilidad de centros hospitalarios era muy limitada».

En esta línea, ha destacado que «al día siguiente de aprobarse en falso el Grado, responsables de la UA ya estaban pidiendo a la consellera de Sanidad de entonces --al igual que lo están haciendo al actual conseller de Sanidad--, acceso a los hospitales convenidos con la UMH para prácticas de sus estudiantes. Todo ello en clara contradicción con el compromiso que firmaron en la memoria ANECA para la creación del grado».

A este respecto, Ruiz afirma que no se disponían de los recursos económicos necesarios para la implantación de este «costoso» grado y ha asegurado que este coste «no solo tiene repercusión en sus finanzas internas, sino que afecta a todo el sistema público de universidades» porque «están demandado públicamente a la Generalitat mayor financiación para el Grado en clara contradicción con lo firmado en las alegaciones al contencioso».

Asimismo, ha criticado la falta de una memoria económica por parte de la UA para la implantación del grado ya que la rectora de la UA aseguró que este se impartiría «sin coste adicional». 

"¿Conocen algún Grado de Medicina en el mundo que se haya desarrollado sin presupuesto añadido?, ha cuestionado.

En este punto, ha indicado que en la UA la disponibilidad de profesorado especializado es «muy limitada» lo que supone «un grave problema para el mantenimiento de la excelencia» y ha resaltado que en los dos primeros cursos del Grado en Medicina de la UA, «tan solo el 20%» de los responsables de asignaturas son médicos mientras que en la UMH el porcentaje en esos dos cursos es «del 80%».

«No son ni la UMH ni la Generalitat los que están comprometiendo la continuidad de los estudios de 172 estudiantes. Todo lo contrario. La UMH continúa con su generosa oferta de compartir el Grado en Medicina, en línea con la propuesta del 'president' de la Generalitat de generar un campus interuniversitario, que daría solución a los tres puntos anteriores, compartiendo hospitales, recursos de infraestructuras y económicos, y profesorado», ha aseverado.

Finalmente, ha señalado que esta oferta es «responsable, coherente con el respeto a las leyes y a la gestión de los fondos públicos, y »la más adecuada para servir a la sociedad alicantina como funcionarios públicos que somos, manteniendo el número de plazas ofertadas en la universidad pública y garantizando la calidad de la docencia a todos los estudiantes de Medicina de la provincia de Alicante. A todos", ha concluido.

El Gobierno integrará un sistema de controles sanitarios en frontera para "desburocratizar" Puestos de Control Fronterizo

 

VALENCIA.- El Gobierno ha anunciado un acuerdo entre los ministerios de Agricultura, Sanidad y Política Territorial para «desburocratizar y simplificar» el trabajo de los Puestos de Control Fronterizo mediante el establecimiento de un sistema integrado de controles sanitarios en frontera. 

El nuevo modelo actualiza el vigente de hace más de 30 años y lo adapta y «homogeneiza» a los países del entorno de la Unión Europea, para aprovechar así también las posibilidades de la digitalización.

De esta manera lo ha anunciado este lunes el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, durante una visita a las instalaciones del Puesto de Control Fronterizo (PCF) ubicadas en el Puerto de Valencia, acompañado por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Concretamente, este nuevo sistema supone la integración de los dos servicios veterinarios de inspección en frontera --uno del Ministerio de Agricultura y otro del de Sanidad-- en un único servicio de inspección veterinaria dependiente de Agricultura. Esta integración de la actuación veterinaria permitirá, a su vez, unificar actuaciones «hasta ahora duplicadas», para «agilizar» la actuación inspectora, aunque con «idénticas garantías sanitarias».

Un ejemplo de esta unificación de actuaciones, por ejemplo, es el control que se realiza en vegetales importados de terceros países y destinados al consumo humano. Hasta este momento, el importador tenía que pasar dos controles sanitarios para un mismo producto y facilitar la información necesaria en seis aplicaciones informáticas distintas. A partir de ahora, la unificación de actuaciones permitirá integrar toda la información en una aplicación informática.

Asimismo, esta mejora supondrá una «evidente» reducción de tiempos para los operadores y para los inspectores, especialmente puesto que se trata principalmente de productos frescos, altamente perecederos. 

Además, la «optimización de recursos» derivada de la simplificación de actuaciones permitirá también asignar más a la gestión de exportaciones, con lo que se «favorece la agilidad» en la salida de mercancías a otros mercados y se «gana en competitividad».

El nuevo modelo se implantará tras un proyecto piloto que se pondrá en marcha en octubre, para el que ya se han ultimado los desarrollos informáticos necesarios, según han avanzado desde el Ministerio de Política Territorial.

En este contexto, el secretario de Estado ha agradecido al personal de los Puestos de Control Fronterizo su trabajo «imprescindible no solo para que todo lo que consumimos en nuestros supermercados que viene de otros países y lo que exportamos cumpla con todas las garantías sanitarias y de salud, sino también porque eso facilita que nuestras empresas, tanto las que importan como las que exportan, sean más competitivas».

Así, Arcadi España ha valorado que, cuanto «más agilidad tenga el sector público, mejor funcionarán nuestras empresas y tendrán más calidad de vida».

 «Siempre es importante que la Administración haga sus deberes y una parte importante tiene que revertirse en las empresas y en la calidad de la ocupación», ha continuado.

En esta línea, ha resaltado que el Gobierno «ha hecho sus deberes» con esta «desburocratización y simplificación» de los Puestos de Control Fronterizo, al mismo tiempo que garantiza «el mismo control, pero en menos tiempo». 

«No significa que el control vaya a bajar, será el mismo que es muy elevado y de gran calidad, pero se permitirá hacerlo en menos tiempo», ha aclarado.

El secretario de Estado ha reconocido que el modelo actual, que llevaba 30 años en funcionamiento, necesitaba «una actualización más coordinada y más flexible», por lo que ha destacado que este acuerdo redundará en «una mejora para nuestras empresas y para todos sus trabajadores».

Finalmente, preguntado por si esta simplificación puede suponer un problema para el sector de la automoción --por la entrada de automóviles fabricados en países no comunitarios--, Arcadi España ha defendido que el Gobierno «cumple la normativa» y ha garantizado que aplicará «cualquier decisión que se tome por parte de las instituciones comunitarias» al respecto. 

«Más allá de los aranceles que se decidan poner a nivel europeo, cumpliremos todas las normas y todos los criterios», ha recalcado.

Valencia planteará el corte de luz, agua y otros suministros a los pisos turísticos ilegales

 VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros de los apartamentos turísticos ilegales de este término municipal. Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de la capital valenciana, María José Catalá, durante el Debate sobre el estado de la ciudad celebrado en este consistorio.

La primera edil ha avanzado también que esta administración local va a solicitar al gobierno de la Generalitat «las competencias para sancionar a los pisos turísticos ilegales» y ha precisado estos «se podrán enfrentar a multas de hasta 600.000 euros».

Catalá ha subrayado que el consistorio valenciano seguirá «luchando contra la actividad ilegal» de este tipo de alojamientos. «La actividad irregular es el verdadero problema. Quien no cumpla en esta ciudad, lo pagará caro», ha manifestado.

Durante su intervención, en el que es el primer Debate sobre el estado de la ciudad del actual mandato y el primero de María José Catalá como alcaldesa, esta ha hablado de turismo y ha señalado que a su ejecutivo, formado por PP y Vox-- no le ha «temblado el pulso a la hora de tomar decisiones que durante años nadie se atrevió a ejecutar» en este ámbito.

La primera edil ha aseverado que «el turismo es un sector fundamental para la economía» de Valencia. «Aporta el 15 por ciento al PIB. Por tanto, hay que cuidarlo. Pero también tenemos claro que esta ciudad no puede morir de éxito. Necesitamos ordenar el turismo y apostar por un turismo de calidad que respete y cuide nuestra ciudad, que ponga al vecino primero y en el centro de todas las decisiones», ha expuesto.

María José Catalá ha manifestado que «esto merece, de nuevo, nuevas políticas que cuenten con el mayor consenso».

 «Porque la convivencia vecinal, cuidar y proteger nuestra ciudad dependen de ello», ha detallado.

Respecto a los apartamentos turísticos, la alcaldesa (PP) ha indicado que «el 75 por ciento de todas las viviendas» de este tipo «se dieron de alta durante las dos legislaturas anteriores», en las que Compromís y PSPV --los dos grupos de la oposición en la actualidad-- formaban parte de ese ejecutivo.

«Y no sólo eso, sino que, hasta ahora, no se había hecho nada para frenar la proliferación de apartamentos turísticos», ha insistido la alcaldesa. Asimismo, ha censurado la decisión, «en 2018», de modificar «la normativa urbanística para permitir apartamentos turísticos en bajos comerciales».

 «Fue un auténtico error», ha afirmado.

Catalá ha resaltado que cuando llegó a la Alcaldía «no había ni ordenanza ni equipos para inspeccionar los apartamentos turísticos» y ha subrayado que ha sido su gobierno «el único que ha puesto el cascabel al gato y ha decretado una moratoria de apartamentos turísticos para poder ordenar el sector y dar seguridad jurídica».

«Además, hemos aprobado la prohibición total de nueva vivienda turística en prácticamente toda Ciutat Vella, porque este gobierno sí que quiere un centro vivible», ha apostillado.

La primera edil ha censurado que se dejara a la actividad irregular «a campar a sus anchas durante años» y ha remarcado que ante ella su gobierno «ha creado cuatro equipos de inspectores para poner coto a quien opera al margen de la legalidad». Ha apuntado que «la inspección de apartamentos turísticos se ha incrementado un 454 por ciento».

A este respecto, ha detallado que en el primer semestre 2023 hubo 48 inspecciones, mientras que en el primer semestre 2024 ha habido 266 inspecciones. Igualmente, ha relatado que «la actividad policial contra los apartamentos turísticos ilegales ha pasado de 73 actas en 2022, a 449 en lo que llevamos de 2024» y ha señalado que «ya se han emitido 278 órdenes de cese».

«Quiero una ciudad vivible con un turismo de calidad, regulado y sostenible», ha dicho, además de remarcar que su equipo ha puesto a Valencia «por encima de todo».

 «Hemos priorizado la convivencia y el derecho al descanso del ciudadano», ha manifestado, tras lo que ha declarado que seguirá «luchando contra la actividad ilegal».

Villena modificará el PGOU para frenar el decreto del Consell que "impone la implantación de fotovoltaicas"

 VILLENA/VALENCIA.- El Ayuntamiento de Villena prepara una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como respuesta al Decreto 7/2024 del Consell que "impone la implantación de plantas fotovoltaicas" y "aligera las condiciones de implantación de los proyectos de plantas solares".

"Con el decreto se ha puesto una alfombra roja a los proyectos de plantas solares y al Ayuntamiento un camino de piedras y obstáculos para ordenar nuestro propio territorio. Nuestra intención es lograr la autonomía municipal a la hora de ordenar cuántas, dónde y cómo queremos las plantas solares en nuestro territorio, y solo nos cabe una modificación puntual del Plan General", expone el concejal de Urbanismo, Francisco Iniesta.

Esta es la respuesta al último decreto del Consell que, entre otras medidas, eliminaba la posibilidad de establecer una suspensión general de licencias de obras como había establecido el Ayuntamiento en el pleno de julio, "dejando sin opciones a los municipios que habían optado por esta vía", argumenta el consistorio en un comunicado.

La intención del Ayuntamiento de Villena es recuperar la "autonomía municipal en la gestión del territorio", puesto que "a pesar de todos los informes y alegaciones que hemos presentado contra diferentes plantas solares, las administraciones con competencia (Conselleria y Ministerio) han ido autorizando casi todas".

"La modificación puntual del PGOU es la única opción que nos queda, ahora que tenemos menos herramientas para gestionar las solicitudes de instalación de plantas solares", remarca el edil.

De hecho, la junta local de gobierno ha aprobado este lunes la planta Argos, que tiene una potencia de 84 MW y que en su momento recibió informes contrarios por parte del Ayuntamiento y diferentes alegaciones. 

 "Pero ante las autorizaciones que ha logrado de otras administraciones no nos queda otra que su aprobación. Eso sí, estaremos muy atentos al cumplimiento escrupuloso de las exigencias y requisitos que tiene que cumplir en su desarrollo", avisa el responsable de Urbanismo.

Su previsión es que, tal y como está la norma en vigor, se puedan implantar casi 15 proyectos en el término de Villena "con las consecuencias que ello conlleva, especialmente en zonas limítrofes a Sierra Salinas o La Encina, que mayor presión recibe".

A principios del próximo mes de octubre, el concejal mantendrá una reunión con responsables de la Generalitat para conocer de primera mano los efectos y las posibilidades reales que los ayuntamientos tendrán tras la entrada en vigor del Decreto 7/2024.

En concreto, según apunta el Ayuntamiento, esta norma amplía la superficie ocupada por proyectos fotovoltaicos del 3% al 10% del territorio, lo que supone que en Villena cabrían unas 15 plantas en todo su término. 

También reduce la capacidad municipal, puesto que sus informes pasan a ser 'no vinculantes' y se establece un silencio positivo a favor de las empresas solicitantes de licencias para ubicar una instalación de este tipo.

La medida, que entró en vigor en agosto, elimina la necesidad de disponer de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) a este tipo de proyectos de energía renovable y reduce las exigencias en cuento a garantías económicas y canon, además de prohibir a los Ayuntamientos las suspensiones generales de licencias, medida que Villena quería implantar este año.

"La energía renovable debe desarrollarse, pero no a cualquier precio, y no en contra de destruir paisaje o de modificar usos de suelo. De esta manera, no queremos energía renovable", subraya el edil de Urbanismo, quien mantendrá reuniones con colectivos y asociaciones para explicar la situación y establecer en su caso medidas de presión y manifestación contra la decisión del Consell.

Sumar pide un IVA del 21% para pisos turísticos

 MADRID.- Sumar quiere que el contrato indefinido sea el contrato por defecto para las viviendas en alquiler, como ocurre con los contratos laborales, y que se establezca un régimen sancionador en la Ley de Vivienda para garantizar su cumplimiento.

Así lo recoge la formación en un documento que ha presentado este lunes con sus prioridades presupuestarias para 2025 y en el que, en materia de vivienda y ante la "inacción" de algunas comunidades para aplicar la Ley de Vivienda, propone condicionar el conjunto de ayudas públicas a la vivienda destinadas a las CCAA a que utilicen los instrumentos de esta Ley para limitar los precios del alquiler.

"Hay un problema que es la centralidad, a día de hoy, de la desigualdad. Se llama vivienda. Es el derecho fundamental que no se está protegiendo. El 50% de las personas que tienen un contrato de arrendamiento en nuestro país tienen riesgo de acabar en la exclusión social", ha denunciado la vicepresidenta segunda e impulsora de Sumar, Yolanda Díaz.

Sumar plantea además mejorar el Índice de Precios de Referencia recogido en la Ley de Vivienda, considerando la mediana de los precios como referencia e incluyendo elementos "objetivables" en los datos de las viviendas para la conformación del índice.

Asimismo, propone topar el precio de las viviendas en alquiler en zonas tensionadas al 30% de la renta de los hogares que alquilan, y prohibir temporalmente la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible.

"El acceso a una vivienda digna y adecuada es un derecho constitucional. Por ello, en la actual situación de emergencia que vive nuestro país la compra de vivienda no puede tener un fin especulativo", subraya Sumar, que precisa que, para los casos de comunidades autónomas con derecho civil y foral propio, esta medida se ha de tomar respetando sus competencias.

Para acabar con los alquileres turísticos ilegales y desincentivar el alquiler turístico en zonas tensionadas, Sumar plantea apoyar mediante recursos "condicionados" a los ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan hacer cumplir la normativa en materia de pisos turísticos y vivienda en general.

Asimismo, pide elevar la fiscalidad estatal de los pisos turísticos para recortar "drásticamente" su rentabilidad, haciendo que tributen al 21% de IVA y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprima en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas. 

También en zonas tensionadas, plantea elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF en los periodos de no ocupación en el IRPF.

La formación aboga además por revisar la fiscalidad de las socimi para fomentar el alquiler permanente; obligar a las plataformas de alquiler turístico a facilitar información para garantizar el cumplimiento de la normativa y regular el alquiler de temporada y por habitaciones.

En este sentido, reclama que en la Ley de Arrendamientos Urbanos se extienda a los inquilinos de alquiler de temporada y por habitaciones los derechos que ya reconoce a los inquilinos de larga duración; limitar las deducciones en el IRPF a las rentas por arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda a aquellos casos en que éstas se sitúen por debajo del límite máximo establecido en el sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Asimismo, quiere que dicha limitación se amplíe para los beneficios fiscales reconocidos a las socimi por el régimen fiscal especial en el Impuesto sobre Sociedad, y la eliminación inmediata de las Golden Visa.

Sumar apuesta también por reforzar la defensa legal de los inquilinos "frente a los abusos" modificando la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir como causa de oposición la existencia de cláusulas abusivas, establecer una portabilidad real para las hipotecas entre entidades e introducir una hipoteca a tipo fijo regulada.

Defiende, además, la puesta en marcha de un programa de erradicación de los desahucios por hipotecas de primera vivienda mediante el que el Estado se haría cargo de la vivienda y la hipoteca, incorporando la vivienda al parque público, y la familia continuaría en la misma con un alquiler social relacionado con sus ingresos.

Para solucionar el problema de la vivienda de manera estructural, Sumar plantea destinar el 1% del PIB anual a la inversión en parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. Su financiación durante los primeros años correría a cargo de un fondo estatal dotado con 40.000 millones procedentes de créditos blandos procedentes de fondos europeos.

Este fondo tendría como objetivo condicionar a ayuntamientos y comunidades autónomas para que amplíen de forma efectiva el parque de vivienda en alquiler asequible y se distribuiría en función del volumen de tensión en el acceso a la vivienda, se redistribuirá en el caso de no ser utilizado y estará condicionado al desarrollo de diversas actuaciones.

Sumar quiere además que esta legislatura se construyan 500.000 viviendas de alquiler social de entre 400 y 600 euros en aquellas zonas tensionadas donde la movilización de la vivienda vacía sea insuficiente; y cambiar el objeto social de la Sareb con el fin de emplear preferentemente sus activos en la creación del parque público de vivienda para el alquiler asequible.

En materia laboral, Sumar subraya que desde el Ministerio de Trabajo se seguirán impulsando medidas para subir los salarios reales y mejorar la distribución de la productividad como la reducción de jornada, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el refuerzo de la negociación colectiva. Para el Iprem, plantea un alza del 5%.

Asimismo, la formación apuesta por reforzar el poder de negociación individual y colectivo de los trabajadores llevando la información económica del Observatorio de Márgenes Empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos sectoriales.

Con el fin de controlar el precio de los alimentos, aboga por introducir un gravamen para reducir los márgenes excesivos de las grandes empresas de la cadena de producción y distribución que penalice y corrija comportamientos "abusivos y anticompetitivos" y por la creación de un Fondo de Estabilización de Productos Alimenticios Básicos que reduzca las fluctuaciones en los precios ante la volatilidad en las cosechas. También pide una mayor monitorización y regulación de los márgenes empresariales.

En pensiones, pide avanzar en la mejora de las pensiones mínimas y no contributivas, con incrementos superiores a la inflación y, en Función Pública, alzas salariales pactadas con los sindicatos que garanticen su poder adquisitivo, incluyendo una cláusula de garantía salarial.

Sumar también reclama prorrogar para 2025 de las subvenciones al transporte público vigentes en 2024 en sus mismos términos, lo que implica, entre otras medidas, la gratuidad en los desplazamientos recurrentes en trenes de la red de cercanías y de media distancia y en la reducción del 50% de los abonos de transporte urbano.

También plantea desarrollar de un programa público de leasing social de vehículos eléctricos similar al puesto en marcha en Francia, consistente en un alquiler con derecho a compra de 100 euros al mes para vehículos urbanos y de 150 para vehículos familiares para personas con rentas bajas y medias.