martes, 25 de febrero de 2025

El Gobierno aprueba el anteproyecto para crear el registro de medios de comunicación, que controlará la CNMC

 MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio Digital y Función Pública, el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, con el que se prevé crear un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos, y que controlará la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Así lo ha anunciado este martes el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro. En este registro, según fuentes de su departamento, los medios deberán inscribir su estructura de propiedad y los fondos públicos (nacionales y extranjeros) que reciben en concepto de publicidad.

Las mismas fuentes señalan que será un procedimiento dirigido por la CNMC para evaluar los procesos de concentración de medios y "garantizar, de esta manera, que se respete la pluralidad informativa y la independencia editorial".

En este sentido, López ha destacado que el registro de medios de comunicación dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y no del Gobierno.

"Es registro de medios, tal y como establece la legislación europea, tendrá que contener la propiedad de los medios, transparencia absoluta sobre la propiedad de los medios y también sobre la publicidad institucional que reciben esos medios", ha manifestado.

El ministro ha recalcado que los medios tendrán que "mantener actualizada" esa información en ese registro que tendrá la CNMC, que será quien "vele por el cumplimiento de esta normativa europea".

De este modo, con esta ley el Gobierno atribuyen esa competencia a la CNMC para, como ha comentado López, "tenga ese registro y para que haya esa transparencia sobre la propiedad y sobre la financiación pública a través de campañas institucionales de los medios de comunicación".

Para el responsable de Transformación Digital, se trata de una ley "importante que refuerza a todos, a los derechos de todos los ciudadanos".

 "Y mucho más en un contexto como el actual, donde hemos visto retrocesos, por ejemplo, en sistemas de verificación, en redes sociales, en medios de comunicación".

Esta norma, que adaptará el ordenamiento jurídico español a la normativa europea sobre servicios digitales y medios de comunicación, "propicia un entorno digital seguro, predecible, plural y fiable tanto para la innovación tecnológica como para el acceso a la información".

Además, busca reforzar el derecho de los ciudadanos a acceder a una información veraz en un entorno mediático plural y, para ello, establece la creación de un registro estatal de medios de comunicación accesible a los ciudadanos, donde deberán inscribir su estructura de propiedad y los fondos públicos (nacionales y extranjeros) que reciban en concepto de publicidad, así como un procedimiento, dirigido por la CNMC, para evaluar los procesos de concentración de medios y garantizar, de esta manera, que se respeta la pluralidad informativa y la independencia editorial.

En cuanto a los servicios digitales, la ley "avanzará en la protección de los derechos digitales y en la defensa de la calidad de la democracia".

Para ello, se nombra a la CNMC coordinador de servicios digitales, con lo que colaborará con la Comisión Europea para velar por que los proveedores de servicios digitales (plataformas y buscadores) cumplan con el Reglamento europeo de servicios digitales; designar 'alertadores fiables', que son entidades acreditadas para alertar sobre contenidos ilícitos; propiciar que los proveedores de servicios de internet se doten de canales de denuncia de contenidos ilícitos; exigirles transparencia sobre los criterios de recomendación del algoritmo y sobre la publicidad presente en sus plataformas; y proteger a los consumidores cuando realizan contratos online.

En relación con el registro de la CNMC, López ha incidido en que han decidido cumplir con la normativa europea "que exige que haya un registro de medios donde se vea la propiedad de los medios, la financiación a través de campañas públicas y también evitar la concentración para que haya pluralismo".

 "El Gobierno de España ha decidido que esa competencia recaiga en una autoridad independiente como es la CNMC", ha aseverado.

"La palabra es transparencia y yo creo que los ciudadanos merecen saber quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe de campañas de comunicación institucional o si se produce una concentración", ha comentado.

En este punto, López ha explicado que para acceder y para formar parte del registro que exige Europa para formar parte de los medios de comunicación, hay que "tener transparencia sobre la propiedad, sobre la financiación pública y también sobre la concentración".

"Europa dice que tiene que haber un registro donde se vea la propiedad y se establezcan esos límites", ha insistido el ministro, destacando que esos límites "se discutirán con Europa y se abordarán en la CNMC cuando se haga el reglamento".

Esto, según ha advertido, en materia de medios digitales "es mucho más difícil" porque las televisiones "son pocas y es fácil".

 "Pero eso es una discusión que habrá que tener con Europa", ha apostillado.

El Congreso español tramitará una ley para dar la nacionalidad a los saharauis nacidos antes de 1976


MADRID.- El Congreso español tramitará una proposición de ley de Sumar para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los saharauis que vivieron bajo la administración española del Sáhara Occidental, es decir, aquellos nacidos antes de 1976, después del abandono por parte de España de la antigua colonia. 

Lo hará sin el apoyo del PSOE, que se ha quedado con su voto en contra de la iniciativa. En 2022, los socialistas también rechazaron un texto similar presentado por Unidas Podemos, tras el giro de posición del Gobierno con respecto al Sáhara Occidental.

La iniciativa ha sido aprobada con 195 votos a favor, 116 en contra y 33 abstenciones. La propuesta ha sido apoyada por Sumar, el Partido Popular, PNV, Junts, Podemos, Coalición Canaria, EH-Bildu, ERC y el BNG, según han constatado sus representantes en el hemiciclo. El grupo socialista es el único que ha votado “no”, pues Vox ha decidido abstenerse. 

“El PSOE hoy vota en contra de las miles de familias de acogida. Vamos a seguir trabajando para que esta ley no se quede congelada.”, ha declarado la diputada de Sumar, Tesh Sidi, tras la votación. “Celebramos este gran logro de todos los saharuis”, ha añadido.

La parlamentaria, nacida en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), ha sido una de las encargadas de presentar la propuesta, para lo que ha hablado en primera persona con el objetivo de describir desde su propia experiencia las razones por las que su grupo considera necesaria esta medida. 

“Yo llegué a España en 2002 y pasaron 20 años hasta que se me otorgó la nacionalidad”, ha indicado Sidi para denunciar las trabas con las que se encuentran los saharauis en su intento de obtener la ciudadanía, pese a proceder de una antigua colonia española.

Además de sus pasaportes, la representante de Sumar también ha mostrado al hemiciclo la cartilla de la Seguridad Social de su padre, quien forma parte de esa generación de saharauis que residieron en la llamada “provincia número 53” de España.

 “Mi padre estaba censado en el Sáhara Occidental [durante la época colonial]. Este documento está firmado por el Ministerio de Hacienda español”, ha incidido la diputada. Es a ellos, los ciudadanos nacidos en territorio saharaui antes de 1976, a los que va destinada la principal medida incluida en la iniciativa parlamentaria, que conlleva otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza. 

La propuesta de Sumar también incluye la reducción de los plazos (de diez a dos años) exigido a los saharauis para obtener la nacionalidad, debido a los lazos históricos y culturales que unen a ambos territorios, como ocurre con los ciudadanos de América Latina o Guinea Ecuatorial, entre otros. 

Aunque el PSOE, que en un primer momento no dejó claro si se abstendría o daría su “no”, ha acabado votando en contra de la iniciativa de su socio de gobierno. “Estando cerca de la proposición de ley en las personas que podían tener derecho a facilitar los trámites de la nacionalidad, no estamos de acuerdo en que el proceso sea el de carta de naturaleza”, ha dicho el diputado socialista, Sergio Gutiérrez. 

 “No compartimos el procedimiento jurítico- técnico de la propuesta”, ha zanjado el parlamentario, quien ha apostado por otro planteamiento centrado únicamente en reducir los plazos exigidos a los ciudadanos saharauis para obtener la ciudadanía.

Por su parte, Carmelo Barrio, diputado del PP, ha evidenciado su apoyo a la propuesta. “Es oportuno que este debate se repita en la Cámara para recordar desde esta lamentable actitud y esperemos que en esta ocasión se complete su trámite y tengamos pronto una ley para que los y las saharauis puedan acceder a la nacionalidad”, ha defendido.

Recordando la responsabilidad histórica de España con respecto al Sáhara Occidental, Barrio ha recordado el rechazo del PP al giro de Pedro Sánchez con respecto a la posición española sobre el conflicto saharaui.

 “Se van a cumplir tres años del envío de la carta de Sánchez a Marruecos, una misiva que complacía de una manera forzada e ilógica a Marruecos. Con unas pretensiones unilaterales que no se sostienen por las Naciones Unidas ni por el derecho internacional, sin ningún tipo de explicación, sin dar cuentas de esta, de esa decisión a este Congreso, ni siquiera al propio Gobierno”, ha increpado el parlamentario popular, recordando el abandono de la antigua colonia durante los últimos días del franquismo. 

“Sánchez se comportó en 2022 igual que el régimen [de Franco] lo hizo en el 75, unilateralmente y con desconocimiento de cómo se resuelve un problema de descolonización”, ha sentenciado.

La proposición de ley es muy similar a la que presentó durante la legislatura pasada Unidas Podemos, salvo por algunas cuestiones en la exposición de motivos que la coalición ha incluido tras recibir las aportaciones del Movimiento de Solidaridad con el Pueblo Saharaui. 

Ese texto llegó a ser tomado en consideración por el Pleno del Congreso en 2022, el primer paso para su posterior aprobación, pero con el fin abrupto de la legislatura, el texto decayó. En ese momento, el PSOE rechazó la toma en consideración, tras el giro de posición del Gobierno con respecto al Sáhara Occidental. El trámite salió adelante gracias al apoyo de los socios habituales del Gobierno y también al ‘sí’ del PP.

En su texto, Sumar recuerda los vínculos existentes entre España y el territorio no autónomo, actualmente ocupado parcialmente por Marruecos. Durante la época colonial, los habitantes del Sahara Occidental, conocido como la provincia española número 53, contaban “con representación en las Cortes de la Dictadura, poseían documento nacional de identidad español, estudiaban en las Universidades españolas, podían acceder a la Función Pública, e, incluso, ser miembros de nuestro ejército”, recuerda el grupo parlamentario en la exposición de motivos del texto.

El texto tiene en cuenta las dificultades que la población saharaui encontraría para acreditar el cumplimiento de los requisitos, dado que muchos de los potenciales beneficiarios viven exiliados desde hace décadas en campamentos de refugiados levantados en el desierto argelino. 

La inicativa permitiría la justificación a través de varias vías: un documento nacional de identidad español, aunque esté caducado; un certificado de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por Naciones Unidas; así como un certificado de nacimiento emitido por las autoridades saharauis de los campamentos de refugiados en Tinduf y legalizado por la Representación del Frente Polisario en España. 

También ofrece otras alternativas como una “partida de nacimiento, libro de familia, documentos que acrediten la condición de empleado público expedidos por la administración española en el Sahara Occidental” o “cualquier otro documento de una autoridad administrativa española que acredite el nacimiento en el Sahara Occidental antes del 26 de febrero de 1976”. 

Más allá de los nacidos en el Sáhara durante la época colonial, Sumar quiere extender la reducción de plazos para la obtención de la ciudadanía a todos los saharauis, apelando a la conexión histórica existente con la antigua colonia. 

Las personas procedentes de Latinoamerica, por ejemplo, pueden pedir la nacionalidad con dos años de residencia en España, en contraposición con los diez años exigidos actualmemte a los saharauis. 

“Sus lazos con la antigua metrópoli siguen hoy tan vivos como hace ya más de cuatro décadas, por su conocimiento del idioma, la estrecha cooperación desarrollada desde todas las instituciones oficiales españolas y el sentimiento generalizado de vinculación con el pueblo saharaui del pueblo español”, sostiene la exposición de motivos del texto.

La proposición también busca facilitar los trámites de nacionalidad a los hijos de los saharauis nacionalizados. El texto propone un plazo de cinco años desde la inscripción en el Registro Civil de sus antecesores para que pudieran solicitar también la nacionalidad española. 

En caso de salir adelante, no sería la primera vez que se concede la nacionalidad por carta de naturaleza a poblaciones con una fuerte vinculación histórica con España. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó otorgar la ciudadanía española por esta vía a los sefardíes originarios de España, en concreto a los descendientes de las comunidades expulsadas por el Edicto de Granada de 1492. 

Entonces, tras el anuncio de esta medida, colectivos de saharauis denunciaron sentirse olvidados, debido a las muchas trabas con las que se chocan para obtener la nacionalidad.  

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, auspiciado por las Naciones Unidas, pero el rechazo de Marruecos, las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes han impedido hasta el momento su convocatoria.

La presidenta de las Cortes Valencianas denuncia la «injerencia inaceptable» del Parlamento catalán por apoyar la unión lingüística

 VALENCIA.- La presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, ha remitido una carta a su homólogo en el Parlamento de Cataluña, Josep Rull, criticando duramente la aprobación el pasado 13 de febrero de una moción en la que se incluyen puntos que aseveran que «catalanes y valencianos hablamos una misma lengua» o se pide, entre otras cosas, «la retirada de la ley de libertad educativa del País Valenciano».

Además, Massó ha instado formalmente a que se «proceda a la retirada de los puntos de la moción aprobada por el Parlamento de Cataluña que constituyen una injerencia inaceptable en las competencias exclusivas de la Comunidad Valenciana y un menoscabo a la voluntad del pueblo valenciano expresada a través de sus legítimos representantes».

Asimismo, la presidenta las Cortes pide una «una disculpa formal por la aprobación de dicha moción, en tanto que supone un atentado contra el principio de lealtad institucional y una falta de respeto a las competencias y atribuciones que corresponden en exclusiva a las Cortes Valencianas».

En la carta, Massó ha señalado que «la única denominación oficial de nuestra región es la de Comunidad Valenciana y la lengua propia de nuestra región es el valenciano. El pancatalanismo no es una expresión de amistad ni de fraternidad entre nuestras regiones, sino el intento de imposición de una ideología separatista, que no sólo es desleal con la Comunidad Valenciana, sino también con España en su conjunto», ha insistido.

Por último, ha lamentado que «esta cuestión no se reduce meramente a un debate sobre la legalidad formal de una declaración, sino que afecta directamente a los principios de legitimidad, respeto mutuo y lealtad institucional», ha concluido.

La Justicia tumba la última intentona nacionalista valenciana para impedir la consulta de la lengua educativa

 VALENCIA.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha denegado la suspensión cautelar de la consulta prevista para este martes por la que los padres y representantes legales de los alumnos han de elegir la lengua base educativa que se aplicará a partir del próximo curso escolar, 2025-2026.

Los magistrados, que desestiman así las medidas solicitadas por Acció Cultural del País Valencià y Famílies pel Valencià, junto a varios particulares, recuerdan que la orden que regula esa consulta, dictada el pasado 7 de febrero por la Consejería de Educación, es «netamente de derecho adjetivo» y «cumple con un mandato de la Ley 1/2024», de libertad educativa, que es la «norma sustantiva».

La Sala explica que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley, pero rechazó suspenderla cautelarmente en una providencia de fecha 19 de noviembre de 2024, por lo que «está en vigor y resulta aplicable».

Así, los recurrentes combaten en realidad en su escrito «los efectos que determina la Ley 1/2024, es decir, los derechos y obligaciones» que esa norma establece, por lo que estimar la medida cautelar solicitada «implica suspender de facto la ley», cuestión que está «fuera de la jurisdicción» del Tribunal Superior y corresponde al Tribunal Constitucional (TC).

«Suspender la eficacia de la vigencia de la orden de la consulta por el régimen y sistema que la Ley establece, o por los posibles efectos en función de sus resultados, supondría en cierta medida admitir la inconstitucionalidad de la Ley. Función que solo compete al Tribunal Constitucional», argumenta la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso.

Ya en el análisis de los motivos que fundamentan la adopción de medidas cautelares según la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Alto Tribunal valenciano descarta que la aplicación de la orden recurrida suponga un «daño o perjuicio de imposible o difícil reparación».

Por otro lado, «cuando se trata de impugnación de disposiciones generales es prioritario el examen de la medida en que el interés público, implícito en la propia naturaleza de la disposición general, exija la ejecución», añade el Tribunal.

Los magistrados no aprecian tampoco una «manifiesta ilegalidad» de la orden de la Consejería de Educación, pues tanto el mandato legal que desarrolla como la propia consulta «gozan de presunción de juridicidad», sin perjuicio del «devenir de juicio de constitucionalidad» que debe hacer el TC.

Mompó afirma que Mazón no estaba en el Cecopi cuando se envió alerta


VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no había llegado al Cecopi cuando el pasado 29 de octubre se envió el mensaje SMS de alerta a la población por la dana, a las 20.11 horas, según ha informado este martes el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, al resto de portavoces políticos de la corporación provincial. 

Tampoco se conectó de forma telemática al Centro de coordinación operativa de la emergencia en ningún momento de la tarde, ha detallado Mompó en la primera sesión de la comisión de investigación de la dana, celebrada este martes, y sobre cuyo contenido han informado Carlos Ferández Bielsa, portavoz socialista, y Dolors Gimeno, de Compromís. 

Ambos portavoces han confirmado esta información que les ha transmitido Mompó, y que el presidente de la Diputación no ha desmentido al ser preguntado por ella al término de la comisión.

La Diputación de Valencia ha celebrado este martes la primera sesión de la comisión no permanente de estudio sobre la gestión de la emergencia el día de la riada y para la recuperación de las comarcas afectadas. Esta primera reunión se ha centrado en la gestión informativa del ente provincial durante el 29 de octubre y los días posteriores a la tragedia.

Al término de la misma, la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha explicado que, a preguntas suyas y del resto de portavoces, Mompó ha revelado que Mazón no estaba presente en el Cecopi cuando se envió el SMS de Es_Alert a la población, un hecho que considera «especialmente grave». 

El portavoz socialista y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, también ha confirmado esta información y ha pedido explicaciones al PP sobre «por qué se afirmó que Mazón estaba a las 20:11 en el Cecopi cuando se envió la alerta».

Bielsa ha calificado de «vergonzoso que se haya engañado de esa manera a los valencianos durante todos estos meses, cuando hay un clamor popular que exige saber la verdad por una cuestión de dignidad». 

Preguntado por la presencia de Mazón en el Cecopi, Mompó se ha limitado a apuntar: «no voy a desmentir a los portavoces, que han dicho lo que yo he dicho en la comisión», y ha precisado: «no se retrasó el mensaje porque se estuviese esperando a nadie».

«Si Mazón estaba hablando por teléfono evidentemente no estaba allí. Yo tengo mi idea sobre cuándo llegó. Hay una investigación judicial en marcha y si me llaman a declarar lo diré. Por prudencia no puedo hacerlo ahora mismo», ha añadido. 

Y ha agregado: «Mazón no era miembro del Cecopi, sí lo es Pilar Bernabé (delegada del Gobierno). Hemos de mirar adelante y no tratar de sacar rédito político o pescar en esta situación. Yo no voy a participar en esa guerra, me da tristeza». 

El presidente de la corporación provincial se ha mostrado convencido de que esta comisión «no es un ejercicio de revisión estéril, sino una implicación firme en el aprendizaje y la mejora continua».

 Entre otros objetivos, tendrá el de «confeccionar un manual de buenas prácticas que sirva como referencia para que podamos actuar de manera más eficaz y coordinada ante situaciones similares», según Mompó.

La comisión se reunirá de nuevo el martes que viene. En esta ocasión se analizará la emergencia y comparecerá el inspector jefe del Cuerpo Provincial de Bomberos de Valencia y jefe de la emergencia de la dana del 29 de octubre, José Miguel Basset.

Será el primero de los expertos que participará en esta comisión que, en principio, se desarrollará en seis sesiones y en las que se estudiará el trabajo realizado referente al agua y los residuos, la asistencia a municipios o la reconstrucción, entre otros.

Ferran Torrent, novelista afectado por la DANA: “Mazón es un irresponsable y creo que lo pagará por la vía penal”



https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/ferran-torrent-novelista-afectado-dana-mazon-irresponsable-creo-pagara-via-penal_1_12072878.html

Carlos Mazón evita aclarar cuándo llegó al Cecopi el día de la Dana

 VALENCIA.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este martes que el pasado 29 de octubre, día de la Dana, estuvo en el Palau de la Generalitat desde que acabó de comer y hasta que llegó al Cecopi, a una hora que no ha revelado "por respeto al procedimiento judicial".

Tras visitar la feria Cevisama, Mazón ha sido interrogado por varias cuestiones relativas al proceso judicial sobre las responsabilidades en la gestión de la emergencia generada por la Dana.

Así, se le ha preguntado si realizó alguna llamada antes de las 17.37 horas interesándose por la emergencia, a lo que ha respondido: "estuvimos toda la mañana atentos a la información que nos trasladaba la consellera. El Cecopi empezó a las 17 horas y unos minutos después ya estábamos recibiendo información".

Ante la insistencia en saber si realizó alguna llamada desde que abandonó el Palau de la Generalitat para ir a comer y las 17.37 horas (punto en el que el propio Mazón inició su explicación ayer de las llamadas realizadas el 29 de octubre), el president ha señalado que "hubo varios whatsapp" y ha insistido en que eligió ese momento porque "a las 17 horas empezaba el Cecopi".

"Desde luego, lo que no estábamos era incomunicados, eso no es verdad, es falso. No se puede criticar estar incomunicado y lo contrario, a ver si nos aclaramos", ha agregado.

Preguntado por dónde estuvo desde que salió de comer hasta que llegó al Cecopi, Mazón ha dicho que "en el Palau de la Generalitat".

Según su propio detalle de llamadas de aquella jornada, habló con la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, a las 19.43, por lo que se le ha preguntado si todavía no estaba en el Cecopi y a qué hora llegó, extremos a los que no ha respondido por "respeto al proceso judicial".

"Cuando se responsa a la jueza, que será en breve, les atenderé. Lo estoy deseando", ha agregado.

En referencia a la negativa de la jueza instructora a admitir una denuncia contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al mando del Cecopi, Mazón ha considerado "compatible" lo que expone la jueza en uno de sus últimos autos sobre la competencia exclusiva del Consell en materia de Protección Civil y "la normativa".

"La normativa lo marca claramente, hay una presidencia del Cecopi y una codirección, con el mando compartido. Las decisiones se tomaron de forma conjunta y coordinada entre la Conselleria de Emergencias y la Delegación del Gobierno", ha concluido.

El cooperativismo reivindica su importancia para la economía valenciana con 62.605 empleos

 MADRID.- El cooperativismo valenciano ha reivindicado su importancia para la economía de la Comunitat con la generación de 62.605 empleos y una facturación cercana a los 10.000 millones de euros equivalente a 7,18 % del PIB autonómico.

Así queda recogido en el informe elaborado conjuntamente por la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (Concoval) y Valestat, el Portal Estadístico de la Economía Social Valenciana de CIRIEC-España.

Los datos han sido presentados en rueda de prensa por el presidente de Concoval, Emilio Sampedro, y el director ejecutivo de CIRIEC-España, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de València y coordinador del grupo asesor del INE para la elaboración de las cuentas satélite de la Economía Social en España, José Luis Monzón.

En la misma se ha puesto de manifiesto que las cooperativas valencianas representan uno de los sectores más potentes de la economía valenciana, con una facturación cercana a los 10.000 millones de euros (9.592 millones de euros) equivalente al 7,18 % del Producto Interior Bruto (PIB) autonómico. El cooperativismo cuenta en la actualidad con 2.590 empresas que generan 62.605 puestos de trabajo directos.

Sampedro ha señalado que estas magnitudes representan "las cuentas" del cooperativismo, pero ha reivindicado también "el discurso de la calidad frente a la cantidad". 

"Estamos hablando de una fórmula empresarial comprometida con el territorio, generadora de empleo estable y de calidad y socialmente responsable, porque va más allá de la actividad económica y busca potenciar el interés colectivo y general", ha afirmado.

Monzón, por su parte, ha resaltado la buena salud del sector que "crece de forma continuada tras el bache de la pandemia".

El informe refleja que en 2024 hubo 114 cooperativas más operando en la Comunitat Valenciana, "pero lo verdaderamente importante es ver cómo crecen la base social, el empleo y la cifra de negocio", ha constatado y ha agregado que en 2024, las cooperativas valencianas generaron 1.123 nuevos puestos de trabajo directos y su facturación se ha incrementado en más de medio millón de euros respecto al año anterior.

La Comunitat Valenciana cuenta con 2,7 millones de personas que son socias, al menos, de una cooperativa, lo que representa más de la mitad de la población. Estas cifras "ayudan a que la autonomía se encuentre en el Top 3 de España tanto en el número de cooperativas como en la cantidad de empleo generados a través de esta fórmula".

Emilio Sampedro ha señalado al respecto que el cooperativismo históricamente ha tenido una fuerte presencia en el tejido empresarial valenciano, que se ha consolidado con los años.

"Tenemos muchas cooperativas centenarias, algo que no pueden decir todas las regiones españolas, y nuestra base social, en los pueblos y ciudades de la Comunitat, de norte a sur, y desde el interior a la costa, es para sacar pecho", ha agregado

Por sectores de actividad, la inmensa mayoría de la actividad económica (el 86 %) se concentra en el sector servicios, que incluye a las cooperativas agro-alimentarias y a las de distribución comercial, que son las más potentes en términos económicos. Otros sectores, como la industria, la construcción, la producción primaria y las finanzas, tienen una contribución más discreta.

En cuanto a la distribución territorial, las comarcas con más presencia son Valencia, L’Alacantí, L’Horta Oest, La Ribera Alta, La Vega Baja y La Plana Alta. Una distribución que se ha elaborado teniendo en cuenta el municipio donde se encuentra la sede social, no los centros de trabajo. De tener en cuenta este parámetro, algunas comarcas -como por ejemplo L’Horta Sud- tendrían una concentración mucho mayor.

El informe refleja que el sector crea 62.605 puestos de trabajo directos, de los que 1.123 se han generado en el último año.

Así, las cooperativas con sede en la Comunitat Valenciana concentran más del 16 % del empleo directo de las cooperativas españolas y en el caso de la provincia de Valencia se convierte en el territorio de España con más empleo cooperativo.

El informe también refleja que, a diferencia de lo que sucede en otros lugares de España, como Euskadi, Andalucía, Galicia o Cataluña, donde el cooperativismo está más sectorializado, la Comunitat Valenciana tiene un modelo más plural y variado.

Las cooperativas agroalimentarias son el principal agente de vertebración territorial y desarrollo rural en la Comunitat y protagonistas indiscutibles del sector exportador, donde adquieren un valor estratégico para la economía valenciana: exportan más del 88 % del valor de la producción que comercializan, según el informe.

Récord de rehabilitación de viviendas en España en 2024, con un 8 % más que en 2023

 MADRID.- España registró un récord en rehabilitación de viviendas en 2024, con aproximadamente 10 millones de metros cuadrados autorizados, lo que supone un crecimiento del 8 % respecto al año anterior y un 120 % en comparación con 2019.

Los datos los ha facilitado Adrián Escobar, consejero técnico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, quien ha intervenido este martes de forma telemática en el Foro Biziberri 2025, que se celebra en Pamplona bajo el lema ‘Rehabilitando el presente, construyendo el futuro’.

“Los datos reflejan un impacto positivo”, ha asegurado, mientras “las deducciones fiscales vinculadas a la rehabilitación se han prorrogado hasta 2026, beneficiando a unas 120.000 viviendas con desgravaciones que han supuesto un ahorro de unos 300 millones de euros en el IRPF, con deducciones de hasta el 60 %”.

Escobar ha puesto el foco en el plan de recuperación Next Generation, que “ha supuesto un cauce fundamental de fondos, que han llegado a alcanzar hasta los 1.800 millones de euros en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios”.

“Los fondos se han canalizado a través de distintos instrumentos”, ha explicado, como el programa de ayudas a actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, que “contaba con unos 3.420 millones de euros y se enfocaba en intervenciones que buscaban una reducción de hasta un 30 % en el consumo de energía primaria no renovable”.

Además, “se promovieron reducciones en la demanda energética, que, dependiendo de la zona climática, oscilaban entre el 25 % y el 35 % del consumo anual tanto en calefacción como en refrigeración”, ha valorado.

Las ayudas directas de Next Generation suponían entre un 40 % y un 80 % de la financiación de la rehabilitación energética, ha detallado, con cuantías que oscilaban entre 6.000 y 18.000 euros.

Además, ha mencionado el programa de rehabilitación de edificios públicos, "que ha canalizado aproximadamente 480 millones de euros para la rehabilitación sostenible de estos inmuebles”.

“Más allá de la financiación, es importante destacar el desarrollo de estrategias a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación”, ha afirmado.

“Hasta el momento, se han elaborado tres estrategias y la última ha priorizado medidas para reducir el consumo de energía en edificios y fomentar la descarbonización; y también se han reforzado los mecanismos de comunicación y coordinación entre comunidades autónomas y entidades locales”, ha enumerado.

Esto ha supuesto, según Escobar, “una movilización sin precedentes de recursos locales y un gran desafío para los centros directivos encargados de canalizar los fondos mediante actuaciones y subvenciones”.

“Además, se ha realizado un esfuerzo significativo para mejorar el marco normativo en distintos ámbitos, incluido el fiscal, lo que ha generado un impacto importante en el sector”, ha indicado.

Ha situado entre los “desafíos” a futuro la “falta de cultura de rehabilitación en España, reflejada en una tasa más baja en comparación con otros países europeos de características similares”.

“También persiste cierto desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre las ayudas disponibles, así como dificultades en la tramitación de las mismas”, ha añadido; mientras “el sector ha enfrentado problemas de capacidad para absorber el volumen de estímulos, lo que ha generado dificultades en la ejecución de las obras”.

Según Escobar, “aunque el desconocimiento ciudadano ha sido una de las limitaciones, se ha observado una creciente sensibilización sobre la rehabilitación energética”, lo que se ha reflejado en un aumento del número de solicitudes.

España licitó casi 2.000 millones de euros en vivienda pública en 2024, un 51% más que en 2023

 MADRID.- Las administraciones públicas españolas licitaron en su conjunto cerca de 2.000 millones de euros en obras de vivienda pública en 2024, lo que representa un incremento del 51% respecto al año 2023.

Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre la licitación oficial por tipología de obra, el aumento supone en torno a 655 millones de euros más de inversión en comparación con el año anterior.

"En esta subida tiene mucho peso el incremento presupuestario del Gobierno de España en materia de vivienda, con unos presupuestos que multiplican por ocho el último presupuesto de la administración anterior, y que reflejan el peso en la economía real de los fondos europeos", defienden desde el Ministerio.

La licitación total en edificación, tanto residencial como no residencial, llegó a los 9.250 millones de euros, dentro de la cual la vivienda concentró 1.930 millones de euros, distribuidos en 755 millones en vivienda familiar y 1.170 millones en establecimiento colectivos (edificios de viviendas).

La Administración General del Estado y la Seguridad Social licitó en torno a 15,5 millones de euros y los entes territoriales, el resto, unos 1.915 millones de euros (755 en vivienda familiar y 1.160 millones en edificios).

Americanos en la Sierra de Aitana



https://youtu.be/kLhqQDJ4kTU?si=VI-sxwTcNjFty61j

Europa no es pacifista / Guillermo Herrera *



Se ha producido un avance monumental que puede conducir finalmente a la paz en Ucrania. Antes de que estallara la guerra, hubo reuniones urgentes entre los pleyadianos y los altos mandos militares rusos, y estos pleyadianos desaconsejaron una operación militar rusa a gran escala en Ucrania y que se negaran a reaccionar a las provocaciones que querían crear una tercera guerra mundial para cumplir las profecías del fin de los tiempos, según Cobra.

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A su juicio, Putin sucumbió a la presión de algunos de sus asesores controlados por los jesuitas en el ejército ruso y en la Iglesia Ortodoxa, y los jesuitas consiguieron la guerra que querían, pero no salió como lo habían planeado. Su principal objetivo fue desmilitarizar Ucrania para proteger a Rusia de amenazas militares inmediatas, limpiar laboratorios biológicos peligrosos y purgar a Ucrania de elementos neonazis.

EVIDENCIAS

FOCOS DE OSCURIDAD

Según Cobra, se están produciendo grandes avances en EEUU, pero todavía quedan tres grandes focos de oscuridad que es necesario abordar: Europa, Israel y China. Cuando gane más impulso la luz, también serán visibles los cambios positivos en esas regiones.

ORIENTE MEDIO

CHINA

LIMPIEZA

Las fuerzas de la luz acaban de terminar de limpiar una red de enormes depósitos de sustancia negra o veneno etérico de araña quimera, que estuvo almacenado en contenedores en lugares de sacrificios humanos debajo de iglesias, sinagogas, templos y catacumbas durante muchos cientos de años, a veces milenios.

Estos contenedores eran la principal fuente de poder para los magos oscuros de la nobleza negra de Europa, el culto a la muerte de Baal en Israel y la red oscura tibetana en China. Muchas almas atrapadas en estos depósitos están liberadas ahora y se ha eliminado con éxito la sustancia negra. Esto reducirá significativamente el poder de las fuerzas oscuras. Todo esto se enredó por el acechador Lurker, pero ahora el Lurker está eliminado al menos en un 70%.

Las principales ubicaciones de estos depósitos se encontraban cerca de Roma, París, Londres, Kiev, Odessa, Jerusalén, Kiryat Shmona, Urumqi y Pekín. Aunque dichos depósitos fueron limpiados, los lugares mencionados siguen siendo uno de los principales focos de las fuerzas oscuras.

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lunes, 24 de febrero de 2025

El PSPV pide incluir en el presupuesto del Patronato de Turismo los 700 años de Benidorm y los 500 de Villena


ALICANTE.- El grupo socialista de la Diputación de Alicante ha pedido que se incorpore dentro del presupuesto del Patronato de Turismo Costa Blanca una partida específica --de 50.000 euros en total-- para el 700 aniversario de la Carta Pobla o título de ciudad de Benidorm y los 500 años de la de Villena, que se celebran el 8 de mayo y el 25 de febrero, respectivamente.

El portavoz del PSPV en la institución provincial, Vicente Arques, ha defendido en un comunicado que "los actos conmemorativos de ambas efemérides en estos municipios requieren de una dotación específica que dignifique su visibilidad y entidad turística de ambos municipios".

"Hemos presentado la solicitud de una subvención nominativa de 25.000 euros para cada municipio con este fin. Desde el grupo socialista, entendemos que no hay municipios de primera y de segunda y que todos merecen tener las mismas oportunidades para promocionar sus patrimonios locales", ha agregado.

En este sentido, Arques ha pedido al presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, que muestre su "total predisposición, aceptación y sensibilidad" ante la propuesta.

"No podemos dejar que las partidas económicas de la Diputación sean destinadas a los programas y municipios que solo interesan a determinados partidos", ha sentenciado el portavoz socialista.

Compromís pide a Cultura evaluar el "mal estado" del castillo de Santa Bárbara, "sin plan director actualizado"

 ALICANTE.- El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, Rafa Mas, ha registrado un escrito dirigido a la Dirección Territorial de la Conselleria de Cultura con el fin de que elabore un informe sobre el "mal estado" del castillo de Santa Bárbara, declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), porque, según ha destacado, "se está cayendo a pedazos". Además, asegura que el gobierno local todavía no ha presentado un plan director actualizado.

En esta línea, "tras comprobar cambios, modificaciones y obras de restauración y reparación en el castillo" sin contar con dicho documento, desde la coalición piden a la administración autonómica que haga una inspección y un dictamen ante "probables irregularidades en materia de intervención arquitectónica y/o reparaciones y actuaciones en elementos".

En un comunicado, Mas acusa al PP de "hacer postureo con el patrimonio, sacar pecho de las cifras de visitantes y decir que es el monumento más visitado de la Comunitat, pero tenerlo abandonado". 

Además, ha lamentado que la fortaleza "no tenga un plan director, de accesibilidad, de evacuación ni de emergencias" y afea a los 'populares' que "se dieran mucha prisa en externalizar la gestión turística".

El portavoz de la coalición también ha alertado de que aún no se ha presentado el plan director del castillo, cuya redacción adjudicó el Patronato de Turismo en 2022 a una empresa de arquitectura --Estudio Boix-- por 160.000 euros y que "debió ser presentado en junio de 2023".

"Lo tienen en un cajón, sin hacer absolutamente nada. Las concejalías de Cultura y Turismo se echan la culpa unas a otras, pero en realidad el castillo está abandonado y hay dos personas que se han matado en los dos últimos dos años, más las personas que se caen", ha sostenido Mas.

Así, Compromís recalca que este documento es "fundamental" porque "traza las prioridades" en las restauración de este enclave y "señala cuáles son los usos permitidos en el conjunto del inmueble", reconocido como BIC.

De otro lado, Mas alerta de un "abandono" de personal en el castillo. A su juicio, es insuficiente el número de profesionales contratados, "que trabajan muy bien, pero que no dan más de sí".

"El castillo de Santa Bárbara es el principal hito visual y patrimonial de la ciudad de Alicante, pero se encuentra en mal estado malo de conservación, en especial las murallas. Este plan debe ayudar a conservar el patrimonio arquitectónico, establecer criterios para actuaciones de instalaciones, mobiliario, mantenimiento, accesibilidad y seguridad, definir un plan de usos capaz de generar un recinto sostenible en los aspectos ambientales, turísticos, económicos y de ocio, compatibles con la preservación patrimonial, así como plantear una estructura organizativa de gestión, custodia y divulgación del castillo y todo el monte Benacantil", defiende la coalición.

En este sentido, en el escrito dirigido a la Conselleria se indica que "en la parte interna y externa del castillo se pueden comprobar numerosos desperfectos y pequeñas obras de remodelación y reparación de muros, muretes, fachadas y otros elementos arquitectónicos a simple vista".

Además, se apunta que el artículo 14 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, sobre inspección y vigilancia, vela por asegurar el patrimonio cultural y el cumplimiento de las disposiciones de esta norma, y que dichos órganos estarán integrados por personal especializado en la protección del patrimonio cultural que dependerá funcionalmente de la Conselleria.

También se indica que el artículo 41 sostiene que los bienes declarados de interés cultural no podrán ser sometidos a tratamiento alguno ni a cambio en el uso que de ellos se viniera haciendo, sin autorización de la administración autonómica.

La UA y el Ayuntamiento de Orihuela se reúnen para "revitalizar" relaciones y abordar el futuro de la Sede Universitaria

 ALICANTE.- La rectora de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, se ha reunido este lunes con el alcalde de Orihuela, José Vegara, para "revitalizar" la relación entre ambas instituciones y abordar el futuro de la Sede Universitaria de este municipio de la Vega Baja, según ha informado la institución académica en un comunicado.

El objetivo de ambos mandatarios es "reforzar" una relación que se remonta al 1982 y que arrancó a tres bandas, junto con el Obispado, y contemplaba, además de la creación de la sede, la cesión a la UA de los derechos históricos de la Universidad Histórica de Orihuela y la puesta en marcha de la Cátedra Arzobispo Loaces.

La apuesta del actual consistorio incide en "consolidar y reforzar" estos vínculos con la intención, tal y como ha apuntado Vegara, "de convertir a Orihuela en una ciudad universitaria".

Tanto el alcalde como la rectora han puesto sobre la mesa distintas propuestas encaminadas a poner en marcha un "ambicioso proyecto docente y de extensión universitaria conjunto", que se plasmará próximamente en un convenio de colaboración.

Durante el encuentro, la rectora ha recordado a Vegara que la icónica escultura de la mano, que lleva por título 'Dibuixar l'espai', obra de Josep Azorín, apunta desde su lápiz a Orihuela, en señal de los lazos que unen a la ciudad y a la UA "como herederos históricos de la tradición universitaria".

La reunión ha contado con la participación de una delegación de ambas entidades. Por parte del Ayuntamiento, además de Vegara han asistido el concejal de Educación, Vicente Pina; el de Urbanismo y Patrimonio, Matías Ruiz, y el asesor jurídico, Emilio Fernández.

Por parte de la UA han acudido la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas, Rosabel Roig; el secretario general, Josep Ochoa; el coordinador académico de la Cátedra Arzobispo Loazes, Gregorio Canales, y la directora del Instituto de Arqueología y Patrimonio Histórico (Inaph), Carolina Doménech.

Elche anuncia la prohibición de vehículos de más de 2,2 de ancho cerca de playas para evitar acampadas

 ELCHE.- El Ayuntamiento de Elche ha anunciado que la Policía Local comenzará a informar y advertir desde este martes sobre la prohibición del paso a vehículos de más de 2,20 metros de ancho en el Camino del Carabassí, junto a la ermita, en el linde del término municipal de Santa Pola, y también en La Marina, en la zona de acceso a la playa, para "evitar acampadas ilegales" y "frenar el arrojo de aguas residuales al mar".

Así lo ha anunciado la edil de Turismo, Irene Ruiz, quien ha señalado que el consistorio hace una "apuesta firme por la protección y defensa del litoral", según ha apuntado el gobierno municipal en un comunicado.

La medida persigue "proteger este entorno natural, evitar acampadas ilegales en zonas donde no está permitido pernoctar y frenar el arrojo de aguas residuales de vehículos al mar, una práctica frecuente y que pone en riesgo a bañistas, sobre todo en los meses de verano".

Durante esta semana, la Policía Local de Elche está colocando los carteles provisionales disuasorios en estas zonas y está previsto que las señales definitivas estén implantadas a partir de Semana Santa.

Al respecto, Ruiz ha avanzado que estos paneles se están instalando en las zonas "más conflictivas", en una acción "coordinada" con Santa Pola, que ha efectuado la misma delimitación en toda la zona del cabo.