‘Fashion victim’, tres másteres… La abogada antidesahucios que ha dado Alicante al PP

MADRID.- Nerea Belmonte es una de esas personas que tienen el perfil de LinkedIn redactado en inglés. No necesita recurrir al traductor de Google para cuadrar su presentación. Hizo un programa de Erasmus en la Universidad de Essex (Reino Unido) en 2007, completó un máster en Leyes Internacionales en Derechos Humanos en la misma universidad inglesa en 2013 y cursó un programa de intercambio internacional con la Universidad de Ottawa entre 2009 y 2010. Con ese bagaje, la lengua de Shakespeare no le es para nada ajena, revela El Confidencial.

Si no está haciendo 'un Cifuentes’, la concejala tránsfuga que ha entregado la alcaldía de Alicante al Partido Popular con su voto en blanco presenta un currículo académico que epata y que incluye, además, la licenciatura de Derecho por la Universidad de Granada y otros dos másteres: uno en Comunicación Corporativa por OBS Business School y otro en Formación del Profesorado por la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Su llegada a la política, sin embargo, está vinculada a la actividad que desarrolló como abogada de la plataforma Stop Desahucios, que la llevó a entrar en contacto con activistas del 15-M y otras plataformas de derechos sociales para formar parte del grupo fundador de Podemos en Alicante. 

La formación de la extensión alicantina podemista fue conflictiva desde el principio. Belmonte trató de asaltar la secretaría general local, pero fue derrotada por muy pocos votos en un proceso que posteriormente se reveló fraudulento y por el que fueron expulsados sus rivales bajo la acusación de haber inflado el censo y manipulado las votaciones.

Esta primera y tumultuosa experiencia orgánica no desalentó a Belmonte, que en 2015 concurrió a las elecciones municipales en una lista compartida con Esquerra Unida (EU) liderada por el que, a la postre, se ha convertido en el enemigo número uno de la concejala tránsfuga, Miguel Ángel Pavón, portavoz de EU en la anterior legislatura. La candidatura dio la campanada y obtuvo seis actas. Belmonte iba la sexta.

La inquina entre ambos comenzó a fraguarse cuando se supo que la edil, que había asumido el área de Acción Social y Vivienda tras una alambicada negociación con el PSOE (Gabriel Echávarri, alcalde ahora dimitido) y Compromís (Natxo Bellido), había adjudicado dos contratos menores de 7.260 euros y 4.000 euros a la empresa TechData, vinculada a personas que habían formado parte de su lista para tratar de liderar Podemos Alicante. 

Fueron las mismas personas que la invitaron y la acompañaron al desfile del diseñador de moda Iron Fiz en la Mercedes Benz Fashion Week de septiembre de 2015. El viaje conjunto a Madrid trascendió y elevó la presión política sobre la concejala.

No había pasado un año desde las elecciones y la abogada ya estaba en el punto de mira. Echávarri, entonces alcalde, pidió su cabeza y sus compañeros de coalición, con Pavón al frente, no dudaron en dejarla caer, aunque ella atribuyó esos contratos, que no eran ilegales, a su inexperiencia y desconocimiento del funcionamiento interno de la Administración local. "Si se considera que mi error estético es suficientemente grave como para que tenga que abandonar el proyecto, por el bien del proyecto, lo haré”, señaló entonces.

Una apestada para sus compañeros, invitada a abandonar el barco por todos los grupos, ella optó finalmente por el enroque denunciando una operación interna de IU por no seguir sus directrices. Se negó a entregar el acta y Echávarri le arrebató las competencias y el sueldo. El mismo salario que ahora ha exigido en la negociación con PSOE, Compromís y Guanyar para hacer alcaldesa a Eva Montesinos. 

Y de nuevo se ha topado con Pavón, al que incluso ha reclamado en las negociaciones que renuncie a sus competencias en Urbanismo si quiere su apoyo. "Hay que preguntar al señor Pavón por qué, aun a sabiendas de que era mi derecho restituir mi honor y mis derechos tanto económicos como políticos, no ha querido dar su brazo a torcer”, afirmó este jueves para justificarse.

La consecuencia de su desencuentro fue el voto en blanco que ha devuelto la alcaldía a un Partido Popular que todavía está digiriendo las causas por corrupción de sus anteriores representantes en el Ayuntamiento de Alicante.

Una plaga de medusas muy venenosas llega a la playa de San Juan

ALICANTE.- Una plaga de medusas venenosas, denominadas carabelas portuguesas, con picadura muy dolorosa que puede llegar a ser mortal, ha llegado a la playa de San Juan, tras ser arrastradas por la corriente desde la zona de Cádiz y Huelva, donde suelen tener sus zonas de cría, según dice hoy el diario Información. 

Un grupo de bañistas han encontrado hoy varios ejemplares en diferentes puntos de la playa de San Juan y no han dudado en retirarlas del agua. Miguel Segovia es uno de los jóvenes que hoy se encontraba en esta zona jugando con las palas y ha visto a una de ellas, todavía viva, en la misma orilla.

Juan Guillen, biólogo del Instituto de Ecología Litoral, ha explicado a este medio que se trata de un "animal propio de esta época" y que el protocolo marca izar la bandera roja hasta que desaparezcan. Son poco habituales en el Mediterráneo pero la última borrasca que ha provocado la entrada de agua atlántica las ha arrastrado. 

Aunque esta especie pelágica tiene su hábitat en las aguas cálidas de todos los océanos del mundo, es más habitual verla en el Atlántico. Tienen color fosforescente, sus tentáculos pueden mediar hasta 30 metros y tienen 10 veces más veneno que un ejemplar normal.

El biólogo ha pedido precaución a los deportistas que practican surf o nadan en aguas abiertas porque pueden producir parálisis momentánea o incluso, en casos extremos, provocar la muerte. 

El Instituto de Ecología Litoral estima que cuando llegue la época de baño, esta especie ya habrá abandonado las playas del Mediterráneo.

La Generación Z cambiará las estrategias de las empresas y los hábitos de consumo

MADRID.- Los na­tivos di­gi­ta­les, glo­ba­les, mul­ti­ta­rea, hi­per­co­nec­tados y muy pre­coces a la hora de con­sumir pueden cam­biar los es­quemas que hasta en­tonces te­níamos en todos los ám­bi­tos. También en el em­pre­sa­rial. Estos con­su­mi­dores que acaban de ate­rrizar en el mer­cado han obli­gado a las marcas a cam­biar de es­tra­tegia de ma­nera ra­di­cal. Una di­ná­mica que irá a más a me­dida que au­menten sus re­tri­bu­ciones una vez que en­tren de lleno en el mer­cado la­bo­ral. La ca­rrera ya ha co­men­zado, según Capital Madrid. 

Aunque haya varios factores que vayan de la mano de la generación anterior, los millennials, existen muchas características que hacen a los Z únicos. Sin embargo, lo destacable y lo que puede afectar al ámbito empresarial en los próximos años es los hábitos de consumo que desarrollan y que, efectivamente, terminarán repercutiendo a la hora de conformar líneas estratégicas por parte de los equipos gestores.

Sin ir más lejos, Klik & Pay, la plataforma de pagos digitales especializada en Pymes que permite a las pequeñas y medianas empresas vender online a nivel internacional en más de 15 monedas, 11 idiomas y todo tipo de medios de pago, daba su punto de vista en cuanto a cuáles son las costumbres de esta generación. Una manera de comprar que, evidentemente, cambiará los esquemas de las compañías para conseguir captar mayor facturación y clientela.

  Así, los Z tienen una mentalidad absolutamente cortoplacista y que no compromete su libertad. De hecho, se decantan por el el uso del débito en sus compras. Ha crecido en un ambiente de crisis económica que ha asentado en su consciencia el hecho de que los créditos no pagados ocasionan problemas en el corto plazo. 

La visión de la Generación Z es cortoplacista, por ello, prefieren pagar sus compras a débito para no endeudarse. Y si las cantidades son altas, en lugar de pagar a crédito prefieren optar por el pago diferido en lugar del crédito, de esta manera mantienen su "libertad" financiera y huyen de los sistemas tradicionales de financiación que consideran de la vieja escuela. Así pues, las empresas que se enfocan a los medios de pago ya están en procesos de innovación para conseguir llamar la atención de estos jóvenes que vienen apretando muy fuerte.

Por su parte, las ventas online admiten muchas más formas de pago que el clásico pago directo a débito/crédito con tarjeta y las nuevas generaciones reclaman cada vez opciones más diversificadas en este sentido. 

Si bien es cierto que la generación Z prefiere pagar a débito, exige nuevas formas diferentes a la habitual introducción de los datos bancarios.  

Además, no hay compra que realicen sin haber hecho cinco comparaciones en otras tiendas online distintas. De esta manera, las compañías no tendrán más remedio que seguir adaptándose al entorno digital y tener aún mayor competitividad con respecto a sus homólogas.

En esta línea, esta generación revisa con mucho detalle lo que adquieren o no, pero también investiga cuidadosamente las opiniones de otros usuarios y, en concreto, las de los influencers. Aunque el precio es un elemento clave, su importancia desaparece si el producto ha sido recomendado por un influencer a través de sus redes sociales. Por tanto, las empresas deberán dedicar más atención aún a la difusión por estos canales. Más de lo que ya lo están haciendo.

Inmediatez y exceso de información

Esta generación quiere estar “sobre informada” ya no de la tipología del producto que adquiere, sino también del origen de la empresa, por qué se ha creado unos productos en concretos, con qué objetivo, cuáles son las recomendaciones para utilizarlos, cuándo se va a producir el cobro de su compra, cuánto tiempo tardará en ser enviado y entregado su pedido online, etc.

De modo que las firmas del futuro deberán tener mucho cuidado en aras de comunicar correctamente lo que vende. Asimismo, la inmediatez y la transparencia son características clave de esta generación, si perciben opacidad en el proceso, se sentirán defraudados y no solo no volverán a comprar, sino que se asegurarán de que su grupo de amigos. Algo que afecta a la toma de decisiones empresariales.

Pasajeros por el litoral, mercancías por Zaragoza: el peculiar Corredor Mediterráneo que plantea 'Adif'

VALENCIA.- Ha pasado cerca de un año desde que el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, anunciara en València la conversión al ancho internacional del tramo ferroviario del Corredor Mediterráneo entre Castellón y la localidad catalana de Vandellós, una apuesta con indiscutibles ventajas para el transporte ferroviario de pasajeros que, por contra, encierra a medio plazo un importante contratiempo para el de mercancías.

El problema consiste en que el grueso de los actuales convoyes de mercancías españoles solo pueden transitar por las vías de ancho ibérico heredadas del franquismo -más amplias que el ancho estándar de Europa-, de modo que, tal y como subrayó Valencia Plaza, les será imposible discurrir por el mencionado trayecto cuando concluyan las obras (anunciadas entonces para el año 2019).

La opción descartada de mantener el ancho ibérico en el tramo Castellón-Vandellós incorporando un tercer hilo para el ancho internacional sí les permitía seguir utilizando el trazado, pero finalmente se utilizarán las traviesas polivalentes ya existentes, que solo permiten la instalación de uno de los dos anchos: el ibérico o el internacional -que es el escogido-.

Ante tal problema, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ya ha iniciado conversaciones con los operadores ferroviarios con el objetivo de solucionarlo, y entre ellas, según ha podido saber Valencia Plaza, Adif sigue poniendo sobre la mesa la opción rocambolesca de que los convoyes de ancho ibérico se desvíen por Zaragoza para hacer el tramo entre Sagunto y Tarragona . Es decir: en caso de aplicarse esta fórmula, para los trenes de ancho ibérico el desarrollo del Corredor Mediterráneo supondría un retroceso, pues se verían obligados a recorrer 168 kilómetros más que en la actualidad.

Según detallan las mismas fuentes, en caso de que esta fuera la única opción para los convoyes de mercancías de ancho ibérico, el Gobierno articularía ayudas con el objetivo de compensar tal perjuicio, subvenciones para las que Adif debería hallar una fórmula acorde con la normativa europea que evite una posible sanción por ayudas de estado. Además deberían cumplirse las inversiones anunciadas para la modernización del tramo Sagunto-Teruel-Zaragoza, una inversión que el Estado sí está implementando a buen ritmo por el momento.

El hecho de que Adif contemple la posibilidad de desviar trenes de mercancías por Zaragoza contrasta con las declaraciones realizadas desde Fomento tras anunciar el ancho internacional entre Vandellós y Castellón. "Se programará y coordinará tanto la provisión del material rodante necesario para el transporte de mercancías en ancho internacional -como no puede ser de otra manera en un corredor transeuropeo- así como las actuaciones necesarias con las empresas demandantes de este servicio para garantizar el acceso a sus instalaciones y terminales", afirmaron entonces fuentes del ministerio preguntadas al respecto por Valencia Plaza.

Por suerte para los operadores no se trata todavía de una decisión tomada, y entre las opciones que estudia Adif también se encuentra la opción de que, en efecto, el Estado proporcione a las empresas material rodante con el que discurrir entre Vandellós y Castellón.

Los inconvenientes en este caso son dos: acertar con la solución técnica y costear el siempre elevado coste del material rodante. En este sentido, según detallan las mismas fuentes, Adif ha trasmitido a las empresas la posibilidad de proporcionar ejes OGI para vagones de mercancías, una tecnología utilizada en los convoyes de pasajeros para adaptarse a cualquiera de los dos tipos de ancho de vía con la utilización de intercambiadores.

Según las explicaciones de Adif a los operadores, este sistema también estaría siendo probada para transportes pesados. Está por ver si finalmente se convierte en una opción real y alcanzable en términos económicos, si bien cabe subrayar en el capítulo económico que el ahorro por no instalar el tercer hilo y apostar directamente por el ancho internacional entre Vandellós y Tarragona está cifrado en más de 1.000 millones de euros.

Incertidumbre empresarial

Preguntada al respecto por este periódico, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) subrayó tras el anuncio de Fomento la importancia de que el ministerio vaya a montar directamente la doble vía de ancho internacional entre Castellón y Vandellós. 

"Habrá que dar solución a los operadores que solo tengan ancho ibérico, pero es una buena noticia. Todo lo que suponga la construcción de ancho internacional entre Francia y Algeciras es una buena noticia, aunque de momento se trata solo de un anuncio que esperamos que se materialice", indicaban.

Por su parte, el secretario general adjunto de Ferrmed y miembro junta gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, Federico García Calvo, si bien coincidía en que la última apuesta de Fomento es "más barata y eficiente" por tratarse de una actuación definitiva de cara al escenario futuro al que se aspira -con ancho europeo en todo el litoral hasta Francia-, destacaba en la misma línea que "se plantea un problema de explotación en el que las dudas son enormes".

Ocho mentiras (y muchas más) / José Antich *

El Parlamento del Reino Unido ha presentado un informe encargado a un experto norteamericano en redes sociales que debía establecer si era cierta la teoría de que Rusia fomentaba el independentismo en Catalunya a través de diferentes páginas web que publicaban noticias falsas. 

Quizás lo recuerden. Durante varios días se estuvo hablando el pasado mes de septiembre y en días posteriores en los medios, ya que tanto el diario El País como el think tank español de referencia, el Real Instituto Elcano, lideraron una campaña de intoxicación en este sentido. 

Ambos sostenían sin margen de error que se estaba produciendo una interferencia rusa en el proceso catalán y que actuaban también, al mismo tiempo, una legión de bots —perfiles de redes sociales automatizados capaces de convertir en tendencia cualquier información— para favorecer la independencia de Catalunya. 

El informe del Parlamento británico no ha podido ser más contundente y asegura que la teoría de la injerencia de los rusos se basa en una investigación "descuidada y sesgada", que los argumentos son "débiles e imprecisos"; el texto contiene otras numerosas perlas más de este estilo que descalifican la labor del medio informativo. Punto y final.

No es la primera vez que sucede, pero a veces la velocidad de la información nos impide reflexionar sobre la gran mentira mediática en la que estamos inmersos y asistimos sin herramientas suficientes a la construcción de falsedades sin que muchas veces podamos hacer muchas cosas más que quejarnos o alzar la voz. Más allá de este caso, ya grave de por sí, citaré aunque solo sea a título de ejemplo otros siete de estos últimos días, unos políticos y otros económicos. Aunque solo sirva para ver cómo se deconstruye una mentira en tiempo real.

El Gobierno catalán ha llevado a cabo un acto de rebelión. Una acusación grave que ha puesto encima de la mesa el Tribunal Supremo y que cuestiona la justicia de diferentes países. Alemania la ha rechazado en el caso del president Puigdemont, Suiza ha expresado una distancia sideral, Bélgica gana tiempo y sus jueces tampoco lo ven y en Escocia han retrasado hasta julio el juicio. Al final, todo parece quedar en una rebelión de uso local, ya que si el delito exige violencia ahora se trata de construir la primera rebelión sin violencia.

Ha habido malversación de dinero público. Ha sido el propio Ministerio de Hacienda por boca de su responsable, Cristóbal Montoro, quien ha abierto una vía de agua considerable en el sumario del Tribunal Supremo. Lo ha dicho el ministro en una entrevista y una alto cargo en sede parlamentaria. El juez parece haber tenido suficiente con los informes de la Guardia Civil y no ha requerido el imprescindible informe de los técnicos de Hacienda. Mal hecho. Ahora, Llarena propone un careo entre el ministro y el jefe de la UCO de la Guardia Civil. Sensacional. Made in Spain.

El procés será letal para la economía catalana. Aunque Catalunya ha tenido que soportar un atentado yihadista en Barcelona y Cambrils en pleno mes de agosto y una represión policial sin parangón de sus ciudadanos en las calles de decenas de poblaciones del país, el crecimiento económico ha sido del 3,4% respecto al 2016, tres décimas más que en España y un punto por encima de la zona euro. Con todo en contra, la propulsión de la economía catalana es muy buena. Han tenido que reconocer esta semana su error el FMI y la AIReb. ¿Cuál sería su límite en unas condiciones diferentes?

Las exportaciones catalanas se resentirán. En los meses de enero y febrero, los últimos datos conocidos, el crecimiento ha sido del 4,9% y supone el 24,4% de todas las exportaciones españolas. No hace falta decir nada más.

El turismo caerá en picado. Ha sido una afirmación también falsa. En enero, el crecimiento ha sido el máximo de España después de Canarias. Y en febrero también ha crecido respecto al 2017. Volvemos a lo del crecimiento económico: ¿Y si la policía no hubiera impactado en el extranjero con aquellas duras imágenes?

El puerto de Barcelona tendrá una regresión. Los datos de su presidente, Sixte Cambra, harían sonrojar a muchos. Es el que más crece de Europa y en el primer trimestre lo ha hecho en un 18,5%, lo que es una bestialidad.

Y, finalmente, el aeropuerto del Prat. Séptima posición en el ranking europeo y el de mayor crecimiento en el top ten del continente.

Ocho mentiras son más que suficientes. De hecho, una ya descalificaría a cualquiera. Y la lista podría seguir. 

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-ocho-mentiras-y-muchas-mas_260523_102.html?

Periodistas amenazados / Guillermo Herrera *

Cuando escribí mi artículo sobre “Periodistas del misterio” me dejé en el tintero algunos casos de compañeros presionados que merecen reconocimiento público. La oscuridad gana poder cuando nos acojonamos, y lo pierde cuando publicamos sus secretos.

 

El caso más reciente es el del director de “La Tribuna de Cartagena”, Josele Sánchez, al que le han ofrecido mucho dinero para que deje de investigar el posible asesinato de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander.

http://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/director-tribuna-cartagena-insiste-posible-asesinato-emilio-botin/20180205110356040429.html

Josele prepara más capítulos, centrados en la trama colombiana, del narcotraficante Jesús Samper, de la familia del que fue presidente colombiano. Por otro lado denuncia una campaña de acoso y amenazas hacia su persona por parte de individuos y colectivos.

Si lo hubiera aceptado, no nos hubiéramos enterado de nada, porque también hay periodistas sobornados, como en toda familia hay un garbanzo negro. Se les distingue porque son muy aburridos: tratan temas anodinos que no molesten el poder, y a veces se les ve mucho el plumero cuando hacen la pelota.

El caso más dramático es el del periodista y abogado Juan Ignacio Blanco, compañero de mi promoción, a quien le arruinaron la vida, la carrera, y hasta le provocaron un cáncer, por tratar de investigar el crimen de las niñas de Alcácer, igual que hicieron con el padre de Miriam por el mismo motivo. En su momento me solidaricé con él a través de un artículo de opinión.

También fue amenazado el famoso periodista y escritor Juan José Benítez (cuyos libros me encantan, y están prohibidos por el Opus Dei) para que no investigara determinadas conspiraciones, pero él no quiso arriesgar la seguridad de su familia. No se lo reprocho, porque la familia es lo primero.

Una secta amenazó también al periodista Pepe Rodríguez, especializado en sectas, pero él se defendió depositando ante notario una información comprometedora sobre dicha secta, con la orden de hacerla pública en el caso de que le ocurriera algo malo. Desde entonces no han vuelto a molestarle.

A Javier Sardá le cerraron sus “Crónicas marcianas” porque quiso invitar a Alberto Canosa a su programa, el personaje más censurado en todos los medios de comunicación. Canosa es abogado e investigador de enigmas y misterios, pero nadie quiere que hable de la Cueva de Hércules en Toledo o de los cuerpos de gigantes enterrados en rocas.

El propio Iker Jiménez engañó a Alberto Canosa cuando le sacó información sobre la Cueva de Hércules, para publicarla en su programa, sin mencionar para nada a su autor y descubridor, porque está absolutamente prohibido por los de arriba.

Canosa tuvo que autoexiliarse en Alemania porque le mataron a su abogado y fue engañado por Antena-3 cuando firmó un contrato ante notario que nunca cumplió, porque la cadena fue amenazada de cierre también por “los de arriba”.

Precisamente el infarto súbito del doctor Jiménez del Oso llegó justo en el momento el que quiso entrevistar a Alberto Canosa. A él no lo han podido asesinarle porque está muy protegido.

Por tocar estos temas, el periodista Santi Prados recibió una amenaza de muerte por teléfono, cuya grabación escuché. En cambio a la investigadora Virtu Pontes le quemaron el ordenador y hasta intentaron volverla loca por el mismo motivo.

A mi no me han amenazado nunca, pero me han ‘aconsejado’ paternalmente que no toque algunos temas “por mi propio bien”.

¿Libertad de expresión? ¡Ja! Estamos dominados por mafias de poder como en la edad media, y al que se sale del rebaño van a por él.

Son malos tiempos para la ética, pero todavía quedan muchos héroes anónimos y conocidos que son ejemplo de integridad y que merecen todo honor y respeto por la gente de bien.

Los casos deben ser infinitos, pero yo sólo conozco unos pocos, y he querido dar testimonio de ellos para iluminar la oscuridad con el conocimiento público. Joaquín Abad me llamó “paranoico retorcido” pero la triste realidad de este oficio de tinieblas me da la razón.

Cuando dije que la investigación de enigmas y misterios es el trabajo más apasionante que conozco, olvidé añadir que puede ser tan adictivo como una droga y tan peligroso como un trapecio. Por eso nos aconsejaban “no te metas en estos temas que te vas a volver chalado”.

(*) Periodista

Hacienda se prepara para una batalla legal con miles de interinos que temen por su plaza

MADRID.- El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración. Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto, según www.elindependiente.com.

El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al puesto.

Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, aseguran que se toparon con varias sentencias judiciales que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.

Ahora, miles de interinos se están organizando y están acudiendo a despachos de abogados para recurrir los términos en los que se va a realizar esta transición. Algunos de ellos argumentan que el Estatuto Básico del Empleado público recoge que “sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Insisten, por tanto, en que poder se puede.

La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada el pasado martes, tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante la oleada de recursos que se avecina, más aún que el acuerdo alcanzado en marzo de 2017 con los sindicatos empieza a moverse y ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para los funcionarios.

También lo insinuaba poco antes en respuesta a la oposición. Admitía que “la plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante, como en Andalucía, está cobrando fuerza”. 

“Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un proceso que no respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, añadía.

Collado se refería a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), una organización igualmente denostada por CCOO y UGT, que lleva alrededor de un año sumando apoyos para revocar el acuerdo entre los sindicatos y la Administración por considerarlo, de facto, un ERE en el sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales ‘dueños’.

El último paso que ha dado esta organización es la presentación el pasado 9 de abril de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para revocar los acuerdos entre sindicatos y Gobierno, aunque esta iniciativa está pendiente de aprobación parlamentaria para abrir en ese momento el plazo de 9 meses para recabar las 500.00 firmas preceptivas. ANIL ha llevado estas reivindicaciones también hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, aún sin contar con una repercusión firme.

“Nuestra posición ahí, con franqueza, es que los interinos tienen una gran oportunidad”, señaló el pasado martes Collado, para añadir a renglón seguido que “en la Función Pública se ingresa como se ingresa”.

“A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar, pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. No debemos parar este proceso y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia, conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios de carrera”, añadió.

Luis Barcala: “Espero que la Generalitat no dé la espalda a Alicante por el cambio político”

ALICANTE.- El nuevo alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha expresado este viernes su confianza en que la Generalitat Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, "no dará la espalda a la ciudad por el cambio del signo político” registrado en la corporación, según recoge El País. 

Tras hacerse ayer con la vara de mando contra todo pronóstico, gracias al voto en blanco de la concejal tránsfuga Nerea Belmonte (expulsada de Podemos y de la coalición Guanyar), Barcala ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para informar de la configuración de su equipo de gobierno.

El nuevo primer edil ha eliminado la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática, cuyas competencias pasarán a Cultura. La memoria histórica fue uno de los frentes en los que el PP fijó su labor de oposición al tripartito de izquierdas (PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant) surgido tras las últimas elecciones municipales. 

De hecho, un recurso del grupo municipal popular llevó a una jueza a anular el cambio de nomenclatura del callejero franquista que pervivía en la ciudad para que fuera consensuado por todos los partidos a través del pleno.

Barcala se ha reservado para sí mismo las áreas de Presidencia y Asesoría Jurídica. Su número dos, la persona con más peso en su equipo, será Mari Carmen de España, hija de Julio de España, quien presidió la Diputación de Alicante entre 1995 y 2003. 

De España, que es también diputada provincial, será la portavoz municipal y la responsable de Urbanismo, Vivienda, Turismo, Educación y Plaza de Toros.

La vicealcaldesa, sin embargo, será Mari Ángeles Goitia, quien cedió al nuevo alcalde su puesto en la lista antes de la frustrada investidura de la socialista Eva Montesinos. Goitia se ocupará de una "gran área social" con Acción Social, Cooperación, Igualdad, Participación Ciudadana y Partidas Rurales.

Israel Cortés será portavoz adjunto y asumirá también Infraestructuras, Mantenimiento, Medio Ambiente, Limpieza, Atención Urbana, Parques y Juventud. 

Por su parte, Carlos Castillo, portavoz popular y vicepresidente en la Diputación Provincial, será concejal de Economía y Hacienda, así como responsable de la Agencia Local de Desarrollo. 

José Ramón González dirigirá Recursos Humanos, Seguridad, Transporte y Fiestas; María Dolores Padilla las áreas de Cultura, Contratación y Proyectos; y Marisa Gayo, Sanidad, Consumo y Comercio.

Barcala ha admitido en su comparecencia que gobernar con solo ocho concejales “no es lo ideal”. En esa línea, ha dicho no entender por qué Ciudadanos (C’s), con cinco regidores y que ayer votó a su propia candidata, su portavoz, Yaneth Giraldo, ha rechazado su oferta de entrar en el nuevo gobierno. 

"La ciudadanía pide entendimientos, hemos sido oposición al gobierno de izquierdas y hemos coincidido en votaciones. Quizá hubo precipitación en decir que no, ya que habrá entendimiento", ha señalado.

El nuevo primer edil reconoce que deberá trabajar “contrarreloj” y no dispone de tiempo “para hacer grandes cosas", pero confía en mejorar el funcionamiento y la “imagen” del ayuntamiento. Quiere que el traspaso de poderes no paralice “ni un solo día” el consistorio y ha anunciado también una ronda de contactos con otras administraciones.

Barcala ha fijado la limpieza viaria como una de las prioridades del año que queda de mandato. “Es lo que más preocupa a los ciudadanos”, señala, por lo que se reunirá con la empresa adjudicataria, propiedad de Enrique Ortiz, “para ver las carencias que existen y cubrirlas”, aunque ha aclarado que eso no significa un aumento de la partida presupuestaria correspondiente.

Por otro lado, ha abogado por pedir al Ministerio de Hacienda que “flexibilice” el plan de ajuste que impuso en su día al Ayuntamiento de Alicante, en lugar de reclamar su finalización, como pretendía el anterior gobierno municipal del PSOE. Del mismo modo, se propone favorecer la atracción de empresas y ha garantizado que respetará los actuales criterios en la asignación de asesores y dedicaciones exclusivas.

Abogado, amante de la pintura y de las Hogueras

El PP ha logrado recuperar un feudo que gobernó ininterrumpidamente con mayoría absoluta durante dos décadas (1995-2015). Tras un paréntesis de tres años en la oposición, los populares han vuelto a la alcaldía de la mano de Luis Barcala, abogado de profesión, aficionado a la pintura y al dibujo y amante de las fiestas locales, tanto de las Hogueras de San Juan como de la Semana Santa o los Moros y Cristianos.
Casado y con dos hijas, de 56 años de edad, fue responsable legal del extinto banco Banesto. Afiliado al PP desde 1987, entró en política de forma activa en 2011, cuando concurrió a las elecciones municipales en el número 19 de la lista encabezada por la exalcaldesa popular Sonia Castedo.
Pocos meses después, accedió a la corporación municipal por la renuncia del también popular y expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, y ha sido desde entonces concejal. Además, en 2012, Las Cortes le eligieron como consejero de RTVV antes de su desaparición.
En los últimos comicios, celebrados en mayo de 2015, ocupó el cuarto lugar de la lista del PP, tras Asunción Sánchez Zaplana, que dejó el acta para ser senadora, María Ángeles Goitia y José Císcar.
Barcala forma parte de la Asociación de Artistas Alicantinos, practica varios deportes y se declara amante de la fotografía y ávido lector.
Como portavoz del PP, en la presente legislatura, ha liderado la ofensiva jurídica que ha llevado a su antecesor, el socialista Gabriel Echávarri, a ser procesado por una supuesta prevaricación relacionada con el fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio. Tras la denuncia que él mismo interpuso en Fiscalía, Echávarri despidió a su cuñada, Catalina Rodríguez, una funcionaria interina, y se enfrenta por ello a una petición de 10 años de inhabilitación en un segundo proceso judicial.

La alcaldía de Alicante se hubiera comprado por un sueldo de 3.375 euros brutos al mes

MADRID.- Se llama Luis Barcala, es abogado de profesión y hasta hace un par de días era concejal portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante. Estaba percibiendo un sueldo público de 50.624 euros brutos anuales y a partir de ahora, ya como alcalde, tendrá una retribución asignada de 64.704 euros. Son 14 pagas de unos 4.620 euros. Si se mantiene en el cargo hasta el final del mandato, podrá cobrarlo hasta julio del año que viene, un mes depués, aproximadamente, de los comicios municipales previstos para el 9 de junio, según http://www.sueldospublicos.com.

El protagonista de la semana debería ser Barcala, que estrena cargo y el PP recupera un feudo que obtuvo en 1995 y que conservó sin fisuras hasta 2015. No en vano, la atención mediática se centró en una concejal no adscrita, Nerea Belmonte. Con todo, lo que ha pasado en Alicante es un clásico de la política española. Venderse o comprar al alguien con un sueldo público y doblegar voluntades por un puñado de dólares, como la famosa película. Por un plato de lentejas, para los más castizos.

La corporación municipal en la ciudad está formada por 29 concejales. Son ocho del PP, que ganó por mayoría simple en 2015, pero no pudo formar gobierno: seis del PSPV-PSOE, cinco de Guanyar Alacant (en la órbita de Podemos), cinco de Ciudadanos y tres de Compromís. Además, hay dos en el grupo de los no adscritos. Un concejal, que estaba en Ciudadanos y la mencionada Nerea Belmonte, que estaba en Guanyar Alacant.

Hacemos memoria. Esta semana se ha votado al nuevo alcalde porque el anterior, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE, dimitió el pasado 9 de abril tras las presiones de la oposición, de su propio partido y de sus socios de gobierno, Compromís, por un asunto de presunto delito administrativo relacionados con el fraccionamiento de contratos. 

La idea de los socialistas era conservar la la alcaldía poniendo al frente del consistorio a Eva Montesionos, también socialista. Pero todo ha saltado por los aires. Con calculadora en mano, el voto en blanco de Belmonte y el nulo del concejal no adscrito que estaba en Ciudadanos, Fernando Sepulcre -se votó a sí mismo- dejó las aspiraciones de Montesinos en el aire y la fuerza más votada hace casi tres años, el PP, recuperó la vara de mando.

¿Qué ha pasado para que Belmonte fuera apartada de su grupo y se haya 'vengado' de su anterior compañero de filas y líder de Guanyar Alcante, Miguel Ángel Pavón? Ella lo tiene claro sobre su postura y le echa la culpa a su antiguo compañero: “era mi derecho restituirme en mi honor y en mis derechos políticos y económicos, no ha querido dar su brazo a torcer, ha preferido no respetar mi dignidad y mi honor y que se produjese esa situación”. 

Sus “derechos económicos” es el sueldo público que dejó de cobrar. 

En 2016, Belmonte se aferró a su acta de concejal a pesar de que Podemos contrastó que dio contratos a compañeros de su candidatura. Exactamente, había adjudicado dos de carácter menor: uno de 7.260 euros y otro de 4.000 euros a la empresa TechData. Esta firma estaba vinculada con personas que habían formado parte de su lista para intentar liderar Podemos Alicante.

Estas mismas personas son las que le invitaron y acompañaron al desfile del diseñador de moda Iron Fiz en la Mercedes Benz Fashion Week de septiembre de 2015 en Madrid. Los detalles del viaje salieron en los medios de comunicación y la presión sobre Belmonte se hizo insostenible. 

Su grupo municipal decidió apartarla de sus funciones, dejó de llevar el Área de Acción Social y Vivienda y se quedó sin sueldo público. La diferencia es evidente. Así, Belmonte pasó de cobrar 3.375 euros brutos al mes (47.249 euros anuales como concejal con cartera) a 195 euros por cada asistencia a los plenos, según los datos publicados en el acta del pleno municipal de 29 de octubre de 2015.

Licenciada y con máster

En la página web del Ayuntamiento de Alicante leemos que Belmonte es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Ha cursado estudios en las Universidades de Essex en Reino Unido y Ottawa, en Canadá. Además, tiene un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos con especialidad en relaciones económicas por la Universidad de Essex. También posee un diploma de Especialización Profesional Universitario en Infracciones Urbanísticas por la Universidad de Valencia.

Belmonte es abogada, especializada en derechos sociales y derecho de consumo bancario. Ha ejercido la abogacía defendiendo los intereses de la Plataforma Stop Desahucios Alicante, de la Asociación de Consumidores Adicae y también ha trabajado en el bufete Martínez-Martínez Abogados & Asociados.

Es coautora del libro “España y la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: oportunidades y desafíos”. Ha hecho prácticas en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Camboya y en la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Essex.

Bonig: “La reconquista de la Comunitat Valenciana empieza en el sur”

VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha dado la enhorabuena al ‘popular’ Luis Barcala, nuevo alcalde de Alicante, a quien ha transmitido todo el apoyo y quien considera que “se va a dejar la piel” por la ciudad, al tiempo que ha indicado, con un lenguaje bélico, que “la reconquista de la Comunitat Valenciana empieza en el sur, junto con el norte, Castellón, para conquistar el centro, que es València”.

Bonig se ha manifestado así en declaraciones a los medios en Les Corts después de que Barcala se haya convertido en el nuevo alcalde de Alicante en el pleno de investidura al no alcanzar ninguna candidatura la mayoría absoluta y ser el PP la fuerza más votada en los comicios locales de 2015. Ha transmitido el “orgullo y apoyo” de la dirección general tanto a Barcala como al resto del grupo municipal, que ha hecho “una oposición magnífica y ha sido un partido de gobierno” que ha ofrecido una ayuda que “no han querido nunca”.

La dirigente del PPCV ha asegurado que asumen la alcaldía “con muchísima humildad, con muchísimo orgullo y muchísimas ganas de trabajar”, y también con “alegría”. 

“En un año que es lo que queda para las elecciones municipales poco se puede hacer”, ha advertido, aunque se dejarán “la piel” para “sacar a la ciudad de Alicante del ostracismo al que estaba sometido con estos gobiernos del cambio”.

Los ‘populares’, ha remarcado, siempre han estado “a lo que marcase la ley” y han dado “seguridad y responsabilidad”, sin hacer “cambalaches” y la opción de que Barcala fuera alcalde, tras la renuncia del socialista Gabriel Echávarri, era “una posibilidad que estaba ahí y se ha materializado”.

Bonig ha destacado que tres años de gobierno de PSPV, Compromís y Guanyar Alacant después de más de 20 años de mayorías absolutas del PP han sido “suficientes para demostrar que no hay proyecto político”. 

A su juicio, “cuando a uno le guía exclusivamente el odio y la venganza pasan estas cosas, a la política se viene a trabajar y su único proyecto era tirar al PP, lo consiguieron a pesar de ser la lista más votada y tenían un magnífico instrumento que era el ayuntamiento para llevar a cabo su proyecto pero tres años después hemos visto que no lo hay”.

“Hoy la ciudad de Alicante recupera a un alcalde, a un equipo de gobierno que se va a dejar la piel, porque Alicante no merece menos y la Comunitat Valenciana no merece menos. Mi enhorabuena y a trabajar, queda muchísimo por hacer”, ha concluido.

Mónica Oltra: "El Partido Popular vive atrapado en el tiempo"

VALENCIA.- La vicepresidenta de la Generalitat, Monica Oltra, ha valorado las últimas informaciones relacionadas con los pagos en 'B' del PP durante la etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat y a través de Orange Market, la empresa dirigida por Francisco Correa y que, según la información revelada por Levante-EMV, habría salpicado a la actual presidenta del Partido, Isabel Bonig, y al dirigente de la formación en Alicante, José Císcar. Para Oltra, lamentablemente "no supone nada nuevo" porque el PP en la Comunitat Valenciana vive "atrapado en el tiempo, en el día de la marmota".

Para la vicepresidenta, las informaciones diarias del caso revelan "la magnitud de la Gürtel y el desvío constante de dinero público en la Comunitat Valenciana". Además, "la riada de la corrupción se llevó a los exdirigentes, pero la rueda no se ha roto", ha señalado.
Oltra considera que la reflexión que debería hacer el partido es que, si se quiere dar la imagen creíble de que el PP ha superado la corrupción, deberían "hacer un corte" dentro del partido, porque se ha demostrado que los dirigentes actuales "se beneficiaron también en el pasado y han jugado con ventaja".

Podemos "está en su derecho"

La vicepresidenta se ha referido también a las últimas declaraciones desde Podemos que apuntaban a apartar del cargo público a los nombres que aparecen en los documentos del sumario sobre la financiación ilegal del PSPV y el Bloc en 2007. En concreto, afectaría al asesor del presidente Puig y exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo.
Oltra ha señalado que la formación morada esta "en todo su derecho", pero ella apuesta por "esperar a que los partidos presenten los informes" con toda la información recopilada.
Además, cree que para llevar a cabo un cese de un cargo, como solicita de forma velada Podemos, "primero hay que establecer un diálogo entre las fuerzas políticas y poner la petición encima de la mesa, valorarla, y establecer conclusiones".

El PP vuelve a Alicante

Tras el pleno del Consell, las preguntas acerca de la nueva situación política en el Ayuntamiento de Alicante han sido inevitables. Como vicepresidenta, Oltra ha querido felicitar al popular Luis Barcala como nuevo alcalde de la ciudad. 

Sin embargo, respecto a las declaraciones de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que aseguró que se trataba de una "reconquista" que continuaría en el norte, en Castelló, hasta llegar a València, Oltra ha restado crédito y ha asegurado que se mueve "en términos constitucionales y no bélicos".
Asimismo, se ha mostrado preocupada por que la ciudadanía "no se vea reflejada" en la nueva alcaldía ostentada por el PP, dado que en 2015 fueron "las fuerzas progresistas" las más votadas. 

"No me preocupa que la izquierda haya perdido, me preocupa que la sociedad no se identifique con el giro político del ayuntamiento".
Respecto al voto en blanco de la tránsfuga de Podemos, Nerea Belmonte, que se encuentra entre los no adscritos, la vicepresidenta cree que esto supone "una pérdida de credibilidad" cuando una tránsfuga "tiene el poder de cambiar un gobierno en contra de la mayoría social".

Los regantes del Trasvase piden a Pedro Sánchez que «puntualice sus declaraciones»

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, contestó este viernes a los comentarios del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anoche en Albacete, que quiso «poner fin a los trasvases y apostar por las desaladoras del Levante».

«Esperamos que el dirigente socialista Pedro Sánchez puntualice rápidamente sus declaraciones contra los trasvases, vertidas en Twitter. Apostar contra los trasvases no es ni bueno para la nación ni factible para el desarrollo del país. Son declaraciones muy desafortunadas para ser proferidas por un dirigente político que pretende gobernar los designios de la nación española», explica Jiménez.

En el comunicado el presidente de los regantes del Trasvase solicita al dirigente socialista que aclase «si su pretensión de acabar con los trasvases y apostar por la desalación como recurso estrella, es una medida extensible a todos los municipios abastecidos por los más de cuarenta trasvases existentes en la actualidad. 

Si, caso contrario, sólo se refiere a las regiones levantinas, sería de igual modo importantísimo saber cual es la opinión de los dirigentes autonómicos y locales de estas poblaciones ante dichas declaraciones y cuales serán las actuaciones a seguir. Dado que condenar al Levante, y sólo al levante a un futuro sin trasvases supondría un recorte inminente e importante de nuestras opciones de desarrollo futuro».

Concluye el comunicado considerando que «ha llegado el momento de parar con esta locura de declaraciones mediáticas, dejar el asunto del agua en manos técnicas, no demonizar una obra en concreto por el mero hecho de captar atención electoral y planificar el recurso del agua bajo un prisma aséptico y profesional».

Pedro Sánchez y Diego Conesa, enfrentados en Twitter por los trasvases

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, defendió esta mañana en Twitter el trasvase del Tajo como "imprescindible para beber y para vivir", y también considera imprescindibles las desaladoras.

Conesa ha hecho público este tuit después de que el líder socialista Pedro Sánchez anunciase hace doce horas en Albacete que "el PSOE pondrá fin a la política del agua del PP basada exclusivamente en trasvases", y que Cristina Narbona afirmase que hay que garantizar hoy y mañana agua en la cuenca del Segura, que gradualmente procederá cada vez más de sus propios recursos, aumentando la desalación y reduciendo así la necesidad de agua del Tajo".

Conesa manifestó en Twitter que defenderá "lo que es imprescindible para mi Región con la misma razón y pasión que defiendo lo que es imprescindible para el resto de España".  

"Y lo haré como sólo sé hacerlo: con la verdad,con sentido común y con la planificación que hoy brilla por su ausencia en el relato político regional y nacional, donde se gobierna a golpe de titular, vendiendo humo, enfrentando territorios y amordazando ideas y opiniones discrepantes", añadió en otro tuit. 

Alicante, feudo del PP / Salvador Enguix *

El PP, con sólo ocho de los veintinueve concejales, ha reconquistado la alcaldía del Ayuntamiento de Alicante. El episodio, uno más de la larga lista de “tamayazos” de la historia política española, refuerza el papel político de una formación que logró retener la Diputación Provincial en el 2015.

Y traduce la enorme dificultad, (¿o tal vez incapacidad?) de la izquierda - PSPV, Compromís y Guanyar Alacant (Esquerra Unida y Podemos) - para consolidar un proyecto político de cambio en la capital, a pesar de haber obtenido en el 2015 una mayoría absoluta suficiente entre las tres fuerzas. 

Alicante se consolida así como feudo del PP, con consecuencias no sólo en el terreno político, también en el social, cultural y económico (atentos a la oposición de las patronales de la provincia a seguir los dictados de la CEV autonómica que lidera Salvador Navarro).

Alicante no es cualquier ciudad; y permite al PP y a su líder, Isabel Bonig, recuperar una potente plaza política, a poco más de un año para las elecciones. Con sólo ocho concejales, además, podrá gestionar la corporación, sin necesidad de acudir al pleno excepto para los grandes asuntos. 

En paralelo, lo ocurrido desvela graves problemas de gestión de la izquierda en esta geografía, siempre dada a episodios políticos inusuales (¿recuerdan cómo Eduardo Zaplana logró la alcaldía de Benidorm?). El exalcalde socialista Gabriel Echávarri, carente de empatía y poco dado a generar complicidades, ha gestionado de la peor manera posible su salida, forzada por la dirección del PSPV. 

Y en ese trayecto, incluso antes de su imputación en dos causas, dinamitó muchos de los puentes que se habían construido con sus socios de gobierno. Socios que por cierto parece que en algunos momentos nunca entendieron el papel que debían jugar para evitar males mayores.

Analizado el caso, sorprende además el origen de este fracaso de la izquierda, focalizado en la concejal tránsfuga Nerea Belmonte, ex de Podemos y que ha renegado del proyecto de izquierdas que en su día defendió y en el que militó. Pero sería un grave error centrar toda la responsabilidad de lo ocurrido en esta concejala. Echávarri no sólo trituró complicidades con sus vecinos de ideología política, también con Ciudadanos, en momentos clave. Cuando de gobiernos tripartitos se trata, los liderazgos exigen transversalidad y generosidad, cualidades que Echávarri, más allá de las imputaciones, tampoco tuvo. Ahí está realmente el problema. Como ejemplo contrario estaría el caso de Elx. 

Que Alicante vuelva a manos del PP, justo unos días antes de que comience el juicio contra el exalcalde Luís Díaz Alperi por corrupción, confirma también la inquietante indefinición de Ciudadanos. Este partido votó a favor de Echávarri, con la clara intención de borrar las dos décadas de gobiernos con alcaldes imputados (también Sonia Castedo). Pero ahora ha preferido abstenerse ante la evidencia de que los populares iban a reconquistar una plaza que siempre consideraron propia. Extraño el papel de Ciudadanos, que ahora queda atrapado en sí mismo, ¿colaborará con el PP en las decisiones claves que aún se deben tomar en la corporación?

Ciudadanos debería, además, hacer una buena lectura de lo sucedido, pues en nada le beneficia a este partido y sí mucho al PP. El partido de Isabel Bonig recupera un potente altavoz, en una provincia clave y fundamental para ampliar mercado electoral de cara al 2019. Alicante, capital y Diputación, serán ahora arietes duros contra las políticas de Ximo Puig y del Botànic. La lectura ciudadana, además, será la de que la izquierda ha sido incapaz de gestionar con éxito una oportunidad de cambio; y son este tipo de lecturas las que acaban por modificar prospectivas electorales. 

Es decir, se frustra la ilusión, se fomenta la abstención entre los propios y se moviliza al voto contrario: siempre ha sido así, y los ejemplos abundan. El PP se hace fuerte en la capital y la provincia, justo en el momento que menos le convenía a la izquierda. 

(*) Periodista

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180419/442740665980/alicante-feudo-del-pp-salvador-enguix-gabriel-echavarri.html?facet=amp

Las universidades valencianas suprimen doce másteres y grados

VALENCIA.- El Consell ha aprobado, a petición de cuatro de las 9 universidades públicas y privadas valencianas, la supresión de seis másteres oficiales y seis grados. Todas las instituciones académicas consultadas por Levante-EMV desvinculan este procedimiento de ajuste de la oferta, que califican de «habitual», del caso del presunto máster por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid obtenido por Cristina Cifuentes, presidenta de esta región. 

No obstante, ambos procesos han coincidido en el tiempo. El escándalo del máster de la mandataria popular saltó el 21 de marzo pasado y el Consell de Govern de la Universitat de València (UV), por ejemplo, aprobó el siete días después solicitar la supresión de un máster interuniversitario que tiene con la Universidad de La Laguna. Aún así, insisten desde la UV, la tramitación de la eliminación del citado máster es muy anterior a la polémica del título de Cifuentes.

Todos los años las universidades valencianas, tanto públicas como privadas, suprimen o crean nuevos títulos oficiales adaptándolos a la demanda y actualizándolos. De hecho, la oferta de másteres se ha estabilizado en los dos últimos cursos en torno a los 4oo títulos oficiales. Este ejercicio 2017-18 las 9 universidades ofrecen 407 másteres (323 las 5 públicas y 83 las 9 privadas), tres menos que en el curso 2016-17. Ese año la oferta es 410 másteres: 325 las públicas y 85 las privadas.

Son muchos los factores que influyen en el agotamiento de un máster. El primero de ellos es la falta de demanda. Así, en la UV, si un máster no llega a una media de 15 alumnos en los últimos dos años, se deja de ofrecer. La excepción son aquellos másteres que conducen al doctorado en grados con pocos estudiantes, que no se dejan de ofrecer pues ello impediría el acceso del alumnado al tercer ciclo.

En la Universitat Politècnica de València (UPV) se tiene en cuenta el tamaño medio del grupo, y también se dejan de ofertar cuándo cae por debajo de los 15 alumnos. Los másteres más técnicos quedan obsoletos muy rápido, en dos o tres años, y es su renovación es continua conforme avanza la tecnología. Es más, algunos desaparecen porque dan lugar a un nuevo grado, como el de Ciencia de Datos (Big Data) que implantarán tanto la UPV como la UV el próximo curso.

Todos los másteres oficiales de nueva creación necesitan una doble verificación, tanto de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) como de su homóloga autonómica, que en la Comunitat la Agencia Valenciana de Avaluació i Prospectiva (AVAP). Cualquier modificación (nuevas materias, cambio de nombre, si deja de ser interuniversitario...) obliga a iniciar el proceso de acreditación. Además, la Aneca verifica todos los másteres cada cuatro años y los grados cada seis.

La oferta de títulos de las universidades públicas es más estable. En los tres últimos cursos la UV sólo ha suprimido tres másteres. En las privadas es más cambiante por su mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas del mercado. En este sentido, fuentes de la Universidad Europea de València (UEV), institución que ha pedido la supresión de dos grados, detallan que «es algo normal renovar los títulos para introducir nuevos programas».

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), la decana de las universidades privadas valencianas, ha suprimido cuatro másteres y otros tantos títulos de grado. Además, de la renovación de sus titulaciones para adaptarlas a la demanda, esta institución católica añade un tercer factor: «La supresión aprobada por el Consell es el trámite administrativo que hay que seguir para que se eliminen del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) aquellos másteres o grados que fueron verificados hace ya algún tiempo y que, o bien no se han llegado a implantar o sus contenidos han pasado a formar parte de otros títulos verificados posteriormente, no se imparten ya desde hace varios años».

«En este tipo de casos -insiste-, es necesario solicitar al gobierno autonómico (que tiene transferidas las competencias en Educación) que se eliminen dichos títulos del RUCT para que no se active el proceso de acreditación (una vez pasado el plazo correspondiente), dado que no se imparten y, por tanto, no hay nada que acreditar».

El presidente del FROB contradice el optimismo de Goirigolzarri y del Gobierno / José Hervás *

Lo pri­mero que llama la aten­ción tanto del in­forme del 4º tri­mestre del 2017 del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como de la com­pa­re­cencia de su pre­si­dente, Jaime Ponce, en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Presupuestos, es la falta de con­fianza en que se vayan a re­cu­perar can­ti­dades sig­ni­fi­ca­tivas de las apor­tadas a Bankia para su sal­va­mento. 

Su comparecencia ha vuelto a plantear una cuestión mayor: ¿Cuánto le va a costar al contribuyente español haber inyectado tanto dinero en su reflotamiento? ¿Mucho más de lo que su ex presidente Rodrigo Rato y, lo que es más importante, de lo que el Banco de España estimaba que fuera necesario?

Un resumen apresurado de lo más llamativo de lo mucho que ha vuelto a decir en su comparecencia en el Congreso es que todo se podía haber hecho mucho mejor. Cuestiona además las alabanzas que han hecho en su reciente visita a España los inspectores del Banco Central Europeo y de la Comisión, dando por zanjada la crisis y bendiciendo el modelo de saneamiento del sector. Por supuesto cuestionan el exceso de autocomplacencia del equipo de José Ignacio Goirigolzarri.

Como primera consecuencia, en Bankia no se va a cumplir el plazo de la privatización y difícilmente se podrá recuperar algo significativo de lo mucho invertido que queda por recuperar. La cotización tan baja obligaría a vender a pérdidas, como se ha tenido que hacer hasta ahora, debido sobre todo a la presión que vienen ejerciendo desde la actual gestión de la entidad para acelerar la privatización.

El equipo de Goirigolzarri, con el propio presidente a la cabeza, no deja pasar una oportunidad para mostrar que quieren quitarse de encima el control del Estado a toda costa. Aunque habrá que esperar. La cuestión exige analizarla con más detalle, como ya están haciendo en el equipo del nuevo ministro de Economía, Ramón Escolano.

No es lo único que tiene previsto revisar o analizar, aunque la presión a la que ha sido sometido para que conserve a todo el núcleo del equipo de Guindos no le facilitará el trabajo. Bien es cierto, que una vez que se asiente en el ministerio Escolano, todo será posible.

Volviendo a la comparecencia de Jaime Ponce, también fue muy importante lo que dio a entender sobre la información elaborada por la auditora que llevó a la intervención del Banco Popular. Es otra voz más que se suma a quienes sugieren que el informe de valoración final, del que prometió que se publicaría en cuanto lo recibieran, se ha estado pensando para justificar el informe inicial que condujo a la intervención.

Esta nueva actitud vendría a explicar, al menos en parte, el cambio que se ha producido en la emisión de los mensajes lanzados desde diversas instituciones para tratar de justificar la injustificable manera en que se resolvió el caso del Banco Popular.

Les va a costar mejorar la imagen de la desastrosa gestión de comunicación que se hizo en este caso. Hasta la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, que mostró un claro menosprecio por el trabajo que realiza la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, ha admitido, a su manera, que quizás se equivocaron en algo.

No han sido solo estas las únicas explicaciones del presidente del FROB que han desorientado a algunos diputados en la Comisión de Presupuestos. Tanto entre los diputados populares como entre los representantes de Ciudadanos las menciones a la cuestionada gestión de la SAREB, con un presidente que cobra unos 450.000 euros, abre otro frente de investigación para los próximos meses sobre cómo se está gestionando las postrimerías de la crisis.

(*) Periodista

Asociaciones, gobernantas de hoteles y sindicatos urgen a mejorar las leyes laborales de las ‘kellys’

MADRID.- Asociaciones de camareras de piso, gobernantas de hoteles, representantes de UGT, CCOO y de la Asociación Progresista de Inspectores de Trabajo, han pedido mejoras en las condiciones laborales de las denominadas "kellys", que han vuelto a pedir que se prohíba la extrenalización de la actividad troncal de una empresa.

La Comisión de Empleo del Senado ha abordado este jueves un intenso debate sobre el mundo laboral del colectivo, que actualmente afecta a unas 100.000 personas, en su mayoría mujeres, y cuyo trabajo consiste en limpiar diariamente una media de 30 habitaciones de hotel pagadas, en muchos casos, a 2 euros.

La principal queja de estas asociaciones es la diferencia de contratos y derechos que tienen, ya que mientras hay camareras de piso empleadas por los propios hoteles (fijas y temporales), la mayoría son contratadas por empresas externas.

Este fue uno de los motivos que expusieron las kellys al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que debatirán los parlamentarios de cara a la iniciativa socialista que se tramita en el Congreso y que pide modificar el Estatuto de los Trabajadores.

Las kellys piden que se cambie el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para evitar “cesiones ilegales” de trabajadores a través de externalizaciones así como reducir la carga de trabajo, más inspecciones, colaboración de las Mutuas y que se amplíen las enfermedades profesionales.

El Portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), Fermín Yébenes, ha achacado a la reforma laboral de 2012 la precariedad laboral de las camareras de piso ya que permitió a las empresas descolgarse de convenios colectivos propios del sector y dar prioridad a los convenios de empresa.

La presidenta de la Asociación Autonómica de Gobernantas de Canarias, Mercedes Díaz también ha pedido la derogación de la última reforma laboral para no permitir la contratación externa y ha aludido a la impotencia que tienen frente a los responsables hoteleros y a la inmovilidad de muchos comités de empresa.

La delegada sindical de CCOO, Gladys Medina, ha abogado por mejorar las condiciones de la jubilación anticipada ya que en la mayoría de los casos no llegan activas a la edad de la jubilación legal.

También ha instado a hacer un estudio epidemiológico para ver qué enfermedades son las más repetitivas y poder incluirlas en el cuadro de enfermedades profesionales.

Tanto ella como la responsable de UGT en este ámbito, María del Carmen Casín son camareras de piso y se han quejado de la falta de colaboración de las Mutuas que “atienden el dolor” pero no la raíz de la enfermedad.

El investigador y coordinador de la Asociación Alba Sud, Ernest Cañada, ha coincidido en que la reforma de 2012 ha provocado la sustitución del empleo fijo por temporal o a tiempo parcial, lo que ha llevado a una pérdida salarial de las kellys de hasta el 40 %.

La mayoría de los partidos políticos del Senado han apoyado un cambio legislativo mientras el PP se ha mostrado dispuesto a negociar pero ha considerado importante saber cuál es la legislación internacional para poder valorar la eliminación de la externalización de trabajos troncales con el fin de no perder competitividad.

Uber se prepara para barrer al taxi con 30.000 VTC

MADRID.- El futuro del taxi, Uber y Cabify se decide ahora mismo mientras usted lee estas líneas. Unos y otros viven pendientes de dos acontecimientos clave: la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la liberalización o no del sector, y el real decreto que el Gobierno planea aprobar este viernes o el viernes 27 para dejar sin efecto ese mismo fallo del Supremo. 

Es una jugada 'in extremis': saltarse al alto tribunal para seguir imponiendo barreras a la actividad de Uber y Cabify. Sin embargo, Fomento ha esperado tanto a hacerlo que se va a encontrar con un serio problema de última hora: alrededor de 30.000 licencias VTC solicitadas desde 2015 hasta hoy que, por una carambola jurídica, podrían entrar en vigor para acabar de reventar por completo al taxi, a juicio de El Confidencial.

Se trata de las licencias que se han ido solicitando en toda España desde el 20 de noviembre de 2015. En esa fecha, el Gobierno cerró el grifo de los permisos VTC con la aprobación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), y estableció el famoso tope de 1/30 (una VTC por cada 30 taxis). 

En teoría, todas las licencias solicitadas con posterioridad serían denegadas. Pero muchas empresas de transporte las fueron pidiendo en previsión de un posible cambio legislativo en el futuro. Ese cambio puede llegar ahora en forma de liberalización por parte del Supremo. Y las peticiones se han disparado.

Los datos de los tres últimos años en Madrid sirven de ejemplo. En 2016, apenas se solicitaron 1.800 licencias VTC; en 2017, 1.600; pero en lo que va de año esa cifra ha volado a las 6.000 peticiones, con picos de 1.000 por día, según datos de la comunidad. 

Se estima que en toda España la bolsa total de licencias a la espera de luz verde ronda las 30.000. Esas son justo las que ahora pueden quedar aprobadas dependiendo de cómo y cuándo llegue la sentencia del Supremo y cómo y cuándo aterrice el real decreto del Gobierno.

"Es muy sencillo. Si el Supremo mueve ficha antes que el Gobierno, anuncia su sentencia y liberaliza el sector, esas 30.000 licencias VTC quedarían aprobadas y se podrían pedir miles más antes del real decreto de Fomento. Si ocurre al revés, y llega primero el real decreto y luego la sentencia del Supremo liberalizando el sector, las 30.000 licencias quedarían aprobadas pero no se podrían pedir más", explican fuentes del sector. La razón, según apuntan especialistas jurídicos, es que la nueva ley del Gobierno no tendría efecto retroactivo, pero la sentencia del Supremo sí.

Su puesta en marcha efectiva no sería tan directa y sencilla. "Es muy probable que la administración bloquease todas esas licencias en caso de que se diera este supuesto. Hablaríamos entonces de procesos judiciales que podrían durar de dos a cuatro años hasta dirimir la aprobación final o no de las licencias. Pero es una ventana legal que podría darse dadas las circunstancias actuales", explica una fuente del sector.

En otras palabras: Fomento llega tarde a taponar una inundación para salvar al taxi y se le pueden colar 30.000 permisos más. Teniendo en cuenta que hoy en día hay alrededor de 7.000 VTC activas en España (frente a 69.000 del taxi), solo esas 30.000 adicionales supondrían ya un golpe de muerte al sector. Y hay una empresa que está al acecho y sería la única y gran beneficiada de todo este galimatías judicial: Uber.

Directivos de la multinacional estadounidense están de hecho contactando a las grandes empresas VTC españolas para animarlas a pujar por las 30.000 licencias en el aire. Una de esas empresas es Moove Cars, gigante que cuenta con casi 8.000 licencias en su poder y que ha firmado un acuerdo con Uber para operar casi 5.000 en su plataforma. Sin embargo, ni Moove ni el resto de sus competidores están de momento por la labor. El motivo: quieren proteger su inversión.

Curiosamente, estos 'amos' de las licencias VTC en España (Moove Cars, Gesstaxi, Vector...) se están uniendo al taxi para empujar al Gobierno a aprobar un real decreto 'in extremis' saltándose al Supremo (y la separación de poderes). Todos menos Uber desean que se apruebe la nueva ley. Una liberalización del sector, como pretende la CNMC, supondría una avalancha de nuevas VTC y la caída del precio de los permisos. Las millonarias inversiones de decenas de empresarios, de repente, no valdrían casi nada.

Cabify es el otro 'bicho raro': ahora mismo prefiere que las cosas se queden como están a optar por una liberalización completa. "Lo dijo su propio abogado en la vista previa en el Supremo esta semana. Ellos quieren mantener el ratio actual real de VTC y taxis, un 1/9 o 1/7, no el 1/30. ¿Por qué? Han hecho una inversión brutal y quieren rentabilizarla. Además, son dueños de licencias a través de participaciones accionariales en empresas. Si hay una avalancha de nuevas VTC, ellos también perderían mucho dinero", explica una fuente del sector.

Una liberalización total o parcial supondría encima algo todavía más preocupante: la victoria del más fuerte, de la compañía con más dinero en los bolsillos. Y solo hay una en España que gana en ese frente: Uber. Sus 21.000 millones de dólares de financiación frente a los 400 millones de Cabify hacen que la batalla entre ambos sea ridículamente desigual.

Es quizás la mayor paradoja del puzle legal que se avecina: ver a enemigos máximos (taxi, Cabify e inversores y empresas de VTC) unidos ahora para apoyar al Gobierno en su real decreto antiliberalizador solo por puro interés económico. Unos y otros contienen la respiración ante la sentencia del Supremo, que tal vez no llegue hasta la semana que viene, ya que aún no se ha producido el señalamiento de votación y fallo. Si esto ocurre, el Gobierno tendrá la ventaja de mover primero. Pero la partida no ha hecho más que empezar.

El FROB esquiva la presión europea y estudiará más ventas de Bankia en mayo

MADRID.- Las pe­ti­ciones de la Comisión Europa y del Banco Central Europeo (BCE) para ace­lerar el pro­ceso de pri­va­ti­za­ción de Bankia pa­rece que se han to­mado con toda la calma en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Una ter­cera venta por parte del Estado se es­tu­diará ya en el mes de mayo, una vez co­no­cidas las cuentas del primer tri­mestre del grupo que pre­side José Ignacio Goirigolzarri y se com­pruebe una reac­ción po­si­tiva de los mer­cados para que la ac­ción vuelva a si­tuarse, como mí­nimo, por en­cima de los cuatro eu­ros, publica Capital Madrid. 

Tanto el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, como los principales gestores de Bankia, su presidente José Ignacio Goirigolzarri y el consejero delegado José Sevilla, se muestran más que confiados en que habrá "ventanas de oportunidad" para una nueva venta parcial de la participación del Estado en el grupo rescatado en 2012.

Por este motivo, según algunas fuente consultadas en círculos financieros, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no se toma como una imposición las recomendaciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) para acelerar la privatización de la entidad.

La evolución de la acción de Bankia se mantiene por debajo de los cuatro euros en las últimas sesiones y se confía en que la presentación de los resultados del primer trimestre, previstos para el próximo 27 de abril, sirvan para reactivar su cotización hasta los niveles en los que se produjo la última venta a mediados del pasado mes de diciembre y con la que el Estado ingreso más de 800 millones de euros con una ganancia de unos 136 millones de euros.

En algunos ámbitos ya se vio esta segunda venta del FROB a precio de derribo, en comparación a los más de seis euros a los que se produjo la primera hace unos años, antes del contrasplit realizado y que tampoco fue excesivamente rentable para las arcas públicas, aunque ya mostró la hoja de ruta prevista para Bankia.

El Estado aún mantiene una participación superior al 60% en Bankia, incluso tras el proceso de integración de BMN, la otra entidad bajo el control público. La presentación del nuevo plan estratégico y la celebración de su junta anual de accionistas reactivaron al alza, de manera leve, la cotización del grupo intervenido.

La confianza en la presentación de los resultados del primer trimestre del actual ejercicio parece firme. Bankia deberá comenzar a dar muestras de que tanto la integración de BMN como sus nuevos planes hasta 2020 comienzan a tomar forma en su cuenta de resultados pese a los bajos tipos de interés.

La subida del precio oficial del dinero por parte del Banco Central Europeo no se espera ya hasta bien entrado el ejercicio 2019. Para entonces, los plazos para la salida del Estado del capital de Bankia son cada vez más justos, por lo que deberá aprovecharse cualquiera de las oportunidades de venta que surjan en los próximos meses.

La segunda y última venta del FROB se hizo con un descuento del 2,7%, pero las acciones de Bankia se sitúan en la actualidad más de un 11% por debajo del precio que tenían a mediados de diciembre.

El Reino Unido ha vendido a pérdidas algunos de los bancos rescatados durante la crisis y algunos expertos consideran que sería la menos mala de las opciones para la privatización de Bankia en el medio plazo, antes de que los problemas políticos pudieran paralizar ese proceso de salida del Estado de su capital.