Lo primero 
que llama la atención tanto del informe del 4º trimestre del 2017 del
 Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como de la 
comparecencia de su presidente, Jaime Ponce, en el Congreso de los 
Diputados ante la Comisión de Presupuestos, es la falta de confianza en
 que se vayan a recuperar cantidades significativas de las 
aportadas a Bankia para su salvamento. 
Su
 comparecencia ha vuelto a plantear una cuestión mayor: ¿Cuánto le va a 
costar al contribuyente español haber inyectado tanto dinero en su 
reflotamiento? ¿Mucho más de lo que su ex presidente Rodrigo Rato y, lo 
que es más importante, de lo que el Banco de España estimaba que fuera 
necesario?
Un resumen apresurado de lo más llamativo de lo mucho que ha vuelto a
 decir en su comparecencia en el Congreso es que todo se podía haber 
hecho mucho mejor. Cuestiona además las alabanzas que han hecho en su 
reciente visita a España los inspectores del Banco Central Europeo y de 
la Comisión, dando por zanjada la crisis y bendiciendo el modelo de 
saneamiento del sector. Por supuesto cuestionan el exceso de 
autocomplacencia del equipo de José Ignacio Goirigolzarri.
Como primera consecuencia, en Bankia no se va a cumplir el plazo de 
la privatización y difícilmente se podrá recuperar algo significativo de
 lo mucho invertido que queda por recuperar. La cotización tan baja 
obligaría a vender a pérdidas, como se ha tenido que hacer hasta ahora, 
debido sobre todo a la presión que vienen ejerciendo desde la actual 
gestión de la entidad para acelerar la privatización.
El equipo de Goirigolzarri, con el propio presidente a la cabeza, no 
deja pasar una oportunidad para mostrar que quieren quitarse de encima 
el control del Estado a toda costa. Aunque habrá que esperar. La 
cuestión exige analizarla con más detalle, como ya están haciendo en el 
equipo del nuevo ministro de Economía, Ramón Escolano.
No es lo único que tiene previsto revisar o analizar, aunque la 
presión a la que ha sido sometido para que conserve a todo el núcleo del
 equipo de Guindos no le facilitará el trabajo. Bien es cierto, que una 
vez que se asiente en el ministerio Escolano, todo será posible.
Volviendo a la comparecencia de Jaime Ponce, también fue muy 
importante lo que dio a entender sobre la información elaborada por la 
auditora que llevó a la intervención del Banco Popular. Es otra voz más 
que se suma a quienes sugieren que el informe de valoración final, del 
que prometió que se publicaría en cuanto lo recibieran, se ha estado 
pensando para justificar el informe inicial que condujo a la 
intervención.
Esta nueva actitud vendría a explicar, al menos en parte, el cambio 
que se ha producido en la emisión de los mensajes lanzados desde 
diversas instituciones para tratar de justificar la injustificable 
manera en que se resolvió el caso del Banco Popular.
Les va a costar mejorar la imagen de la desastrosa gestión de 
comunicación que se hizo en este caso. Hasta la presidenta de la Junta 
Única de Resolución, Elke König, que mostró un claro menosprecio por el 
trabajo que realiza la Comisión de Investigación del Congreso de los 
Diputados, ha admitido, a su manera, que quizás se equivocaron en algo.
No han sido solo estas las únicas explicaciones del presidente del 
FROB que han desorientado a algunos diputados en la Comisión de 
Presupuestos. Tanto entre los diputados populares como entre los 
representantes de Ciudadanos  las menciones  a la cuestionada gestión de
 la SAREB, con un presidente que cobra unos 450.000 euros, abre otro 
frente de investigación para los próximos meses sobre cómo se está 
gestionando las postrimerías de la crisis.
(*) Periodista

 
 
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