A partir de ahí se inicia lo que Ortega llama tibetización
de España, es decir, el aislamiento de nuestro país de los aires
ilustrados que soplaban en el resto de Europa, mientras aquí no sólo
seguíamos haciendo una burda filosofía escolástica y se obviaba la gran
aventura de la ciencia moderna, sino que tampoco la nueva sensibilidad
moral hizo mella en la Península.
Es este alejamiento intelectual y moral de la corriente que configuró
culturalmente a las naciones europeas lo que le hacía escribir a Manuel
Azaña en plena guerra civil que “Las cosas españolas no quedan bien
traducidas a una lengua extranjera, ni pueden, por tanto, entenderse
rectamente con la simple traducción literal de los nombres. Así, siendo
equivalentes las palabras, no denotan lo mismo. Traducidas al idioma de
cualquier gran país ciertas palabras, por ejemplo: regimiento,
universidad, obispo, escuadra, catolicismo, masonería, ametralladora,
general, escuela, reforma agraria, etc., la representación de lo español
que adquiere el extranjero mediante la versión de tales palabras, es
falsa.”
No es de extrañar, por ello, que el juez del Tribunal Supremo Pablo
Llarena encuentre tanta incomprensión por parte de los jueces europeos
en la atribución de delitos a los nacionalistas catalanes. Y lo más
significativo y gravoso de estas “traducciones erratas” es que donde los
jueces alemanes o belgas no ven delito tal como lo plantea el
instructor del Tribunal Supremo, en el reino de España los
“delincuentes” nacionalistas padecen prisión provisional sin posibilidad
de remisión por un criterio poco homologable por la justicia europea.
Es una parte de las “peculiaridades” que diferencian al reino de España
del resto de las democracias: la continuidad histórica de un tiempo
político y moral destinado a pasar.
La crisis del régimen de poder del 78, régimen construido para darle
continuidad enjalbegada al franquismo sociológico, se produce cuando ya
es imposible, mediante la apariencia y la propaganda devenida en
uniformidad mediática, mantener el autoritarismo estructural del sistema
bajo la traza de una democracia en exceso degradada. El régimen se
atrinchera, para lo cual criminaliza el malestar y la protesta
ciudadana, la discrepancia y la alternativa política, convirtiendo todo
ello en materia de orden público y delito común.
El hecho de que todos
los resortes del Estado, en su vertiente más retardataria y coactiva,
incluyendo la uniformidad en los partidos, con independencia de la
autodefinición ideológica, se hayan volcado contra el nacionalismo
catalán desde los elementos institucionales más represivos y
autoritarios es porque éste se ha posicionado desde el tímido reformismo
a la ruptura con el régimen de poder vigente.
Se podía haber producido este movimiento de ruptura democrática como
decantación del conflicto social, sin embargo, la demolición controlada
del mundo del trabajo por las mismas organizaciones políticas llamadas
de progreso ha privado de instrumentos de autodefensa social a las
clases populares, así como el control por las minorías económicas de los
mass media y la industria cultural, mediatiza la influencia de los
intelectuales con compromiso social en favor de los adocenados y
complacientes con el sistema.
Cataluña es el foco, sin embargo, el ciclo
represivo del régimen de la Transición es global y los poderes del
Estado, ejercidos ya sin atrezo, sujetos al concepto predemocrático de:
unidad de mando y diversidad de funciones, no supone ya la
judicialización de la política, sino, además, la abolición de la misma
política como instrumento de convivencia democrática y ejercicio libre
de la voluntad de la ciudadanía.
(*) Periodista
