martes, 28 de octubre de 2014

El torero alicantino Jose Mari Manzanares fallece "por causas naturales" a los 61 años en su finca extremeña


ALICANTE.-La capilla ardiente con los restos mortales del torero alicantino José Mari Manzanares se instalará mañana en la plaza de toros de Alicante, según ha anunciado la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, en su perfil de Facebook.

El coso abrirá sus puertas desde las 13.00 hasta las 22.00 horas ininterrumpidamente. El jueves, la plaza permanecerá abierta desde las 8.00 hasta las 10.00 horas, ya que a las 11.00 se celebrará una misa por el torero en la Concatedral de San Nicolás de Bari.
El cadáver del diestro  fue hallado esta mañana en una habitación de la finca "Ronda Ganadera", propiedad del diestro y donde residía habitualmente desde hace casi veinte años.
El torero retirado José María Manzanares ha fallecido hoy "por causas naturales", según un comunicado de la oficina de prensa de su hijo Jose María, que expresa, junto al resto de su familia, su enorme tristeza por la "inesperada pérdida" del diestro, al que se sentían "muy unidos".En la nota, sus hijos Ana María, Yeyes, Manuel y Jose María, también torero, comunican que José María Dolls Abellán, como se llamaba en realidad el diestro, ha fallecido hoy "en su finca de Extremadura por causas naturales".
"Su familia recuerda en estos momentos al maestro, que forma parte ya de la historia más grande de la tauromaquia, pero sobre todo al padre cariñoso y cercano que fue", añade el comunicado.
El cuerpo del torero alicantino ha sido encontrado sin vida esta mañana en su finca de Cáceres, donde residía, y aún se desconocen las causas de la defunción.
"Nada hacía prever este fatal desenlace, pues ayer se despidió de su hijo antes de partir a México, e incluso habló con sus nietos. Estamos destrozados. Se ha ido una gran persona", señalaron hoy fuentes familiares.
Manzanares (Alicante, 1953) fue uno de los grandes toreros de la época de los 70, 80 y 90, hijo del banderillero Pepe Manzanares y padre del actual matador de toros que lleva su nombre y del rejoneador Manuel Manzanares.
Debutó de luces en la plaza jiennense de Andújar en 1969, vistiendo un traje blanco y plata que había sido de Palomo Linares, y pronto comenzó un rápido ascenso que le situó como figura de los novilleros, junto al gaditano José Luis Galloso, y que culminó con su salida a hombros en su presentación en Las Ventas, el 6 de junio de 1971.
Se retiró definitivamente el 1 de mayo de 2006 en la Maestranza de Sevilla, donde su hijo del mismo nombre, hoy también matador de toros, le cortó la coleta.

domingo, 26 de octubre de 2014

El juez Gómez Bermúdez interrogará a los consejeros de la CAM que avalaron dietas de Modesto Crespo

MADRID.- El juez Javier Gómez Bermúdez comenzará a interrogar la próxima semana como imputados a los 19 consejeros de la CAM que aprobaron que el expresidente Modesto Crespo cobrara con carácter retroactivo 300.000 euros en dietas por ser consejero de una participada de la Caja.

Gómez Bermúdez decidió, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, imputar al Consejo en pleno que, en su reunión del 27 de noviembre de 2009, dio su visto bueno al nombramiento de Crespo como presidente de Tinser Cartera y a que cobrara esa cantidad en concepto de dietas por los dos últimos trimestres de ese año.
Comenzará el próximo martes con Ángel Martínez, Antonio Gil-Terrón y Armando Sala, para seguir el miércoles con José Forner, Aniceto Benito Núñez y Natalia Caballé y el jueves con Luis Esteban Marcos, Natalia Ferrando y José García.
El magistrado retomará los interrogatorios el día 5 de noviembre con los de Jesús Navarro, Manuel Navarro y Benito José Nemesio Casabán.
Mientras, el día 11 están citados Raquel Páez, Ginés Pérez y Salvador Piles; el 12 Elia María Rodríguez, José Rovira y Martín Sevilla y el 13, Ángel Óscar Estrada junto con el testigo Alfonso Rodríguez, administrador único de Tinser Cartera.
La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de estas 19 personas porque "no se puede afirmar que la autoría de los hechos recaiga exclusivamente sobre Modesto Crespo", ya que la propuesta, que partió del exdirector general Roberto López Abad, fue aceptada por unanimidad por los consejeros.
Para el Ministerio Público, la dieta anual de 300.000 euros que percibió Crespo "no se corresponde con ninguna actividad que conlleve dedicación de tiempo, esfuerzo o responsabilidad".
Y ello, prosigue, por dos razones: primero, "porque si fuera así, no habría ningún motivo para que la dieta la cobrara solo el presidente" y no los consejeros, y segundo, porque la mitad de esa cantidad "correspondía a un periodo de tiempo ya pasado" en el que Crespo no desempeño ningún cargo en la sociedad.
Tras este informe, Gómez Bermúdez abrió una pieza separada de la causa principal en la que investiga a la cúpula de la caja murciano-alicantina por irregularidades en su gestión, y en la que imputó a Crespo por apropiación indebida.
En la principal, Crespo está imputado por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas junto a los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, y los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
Asimismo, en un informe del Banco de España aportado a otra de las piezas separadas del caso, el expresidente de la CAM se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011, cantidad que equivale a 30 veces las dietas que le correspondían por su cargo y que "nunca" fue aprobada por la asamblea de la entidad.
Según el documento, Crespo, aprovechando su presencia en otros puestos de empresas participadas en exclusiva por la Caja, engordó sus ingresos en los últimos años antes de la intervención de la entidad.

sábado, 11 de octubre de 2014

El Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de Cartagena colabora en la Volvo Ocean Race


CARTAGENA.- Hoy sábado por la tarde está prevista la salida desde el puerto de Alicante de la regata Volvo Ocean Race alrededor del mundo, en ruta hacia Ciudad del Cabo por el Estrecho de Gibraltar, en la que participan siete barcos, de los cuales tres tienen algún miembro de su tripulación de nacionalidad española. Menos de dos horas después de su salida, los barcos estarán frente a Cartagena tras doblar el Cabo de Palos.
   La primera etapa les llevará desde Alicante hasta Ciudad del Cabo. La siguiente, que saldrá de Ciudad del Cabo el día 19 de noviembre, les llevará hasta Abu Dhabi. Será en esta etapa, cuando los participantes en la regata pasarán por la zona donde se desarrolla la operación ATALANTA, en la cual existe amenaza de piratería.
   De este modo, durante todo el tiempo de tránsito por zonas "calientes" se mantendrá el seguimiento de estos veleros participantes en la regata, según han informado fuentes de la Armada en un comunicado.
   El Centro de Operaciones de Vigilancia y Seguridad Marítima (COVAM) de la Armada en Cartagena efectúa permanentemente un seguimiento de todos los buques que tienen vinculación nacional, ya sea por tener armador español, pertenecer a una compañía española o tener tripulación española, cuando navegan por esa zona.
   Este seguimiento permite alertar a dichos barcos cuando exista alguna amenaza de piratería en zonas próximas a su derrota. En el caso de la 'Volvo Ocean Race', la organización dispone de un sistema propio de seguimiento, mediante el cual, la Armada Española, conectada a dicho sistema, tendrá conocimiento de la situación de los veleros, y permitirá informar a éstos si se produce alguna alerta.
   Los barcos llevan un sistema de seguimiento y localización, y disponen de teléfono satélite. El COVAM constituye una de las herramientas fundamentales de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) para la gestión del Conocimiento del Entorno Marítimo y presta servicio no sólo a la Armada, sino también a otros estamentos de la comunidad marítima.
   Esto permite una eficiente realización de las misiones de los buques de la FAM, al tiempo que facilita las relaciones de apoyo a otros organismos y organizaciones que desarrollan su actividad en la mar.

viernes, 10 de octubre de 2014

El Gobierno aprueba el Reglamento de Ley de Costas


MADRID.- El Consejo de Ministros ha acordado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Costas con el fin de garantizar la protección ambiental del litoral, la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y el desarrollo en condiciones de sosteniblidad de las actividades económicas en la zona, según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Saénz de Santamaría ha destacado que, para la elaboración del texto, se ha contado con participación de ciudadanos, ONG, empresas, CCAA y ayuntamientos, además de incorporar las recomendaciones del Defensor del Pueblo, haber sido sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente y contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Entre otras novedades, el Reglamento introduce cambios en la tramitación de los procedimientos de deslinde, con el fin de sea obligatorio su registro y la adecuada coordinación entre Costas, Registro de la Propiedad y Catastros para lograr la seguridad jurídica con la que han de contar los interesados a la hora de conocer si los bienes forman parte del dominio público marítimo terrestre, y evitar que se pueda comprar una vivienda u otros bienes en la costa y descubrir después que no le pertenecen porque son de uso público.
Respecto a la prohibición de edificar en la costa, destaca la prohibición de nuevas edificaciones y construcciones en la costa así como de las obras que supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie de las edificaciones existentes y la exigencia de eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autoricen en los edificios en la costa. Además, el Reglamento exige un informe ambiental autonómico para autorizar la prórroga de concesiones de actividades potencialmente contaminantes que recoge la Ley.
El texto también contempla la máxima protección de los tramos naturales de las playas y diferencia entre los tramos urbanos y naturales de las playas. El Reglamento desarrolla esta diferenciación legal y concreta el régimen de ocupación y de uso de ambos tramos, restringiendo las ocupaciones en los tramos naturales de las playas, mientras que en los urbanos se garantiza una adecuada prestación de servicios siempre que sea compatible con su uso común.
Además, la norma garantiza el uso público de las playas, de cualquier clase, por todos los ciudadanos y, en cuanto a los eventos en las playas, concreta los requisitos, límites y condiciones en los que son posibles, garantizando su conservación y entendiendo que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
En el capítulo de concesiones, destaca el plazo máximo por el que pueden ser otorgadas, dentro del límite de 75 años establecido en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y se regulan tres supuestos distintos con máximos de 75, 50 y 30 años. Para la determinación de los plazos se recogen los criterios a tener en cuenta como la adecuación al medio de la instalación, el grado de interés que represente para el dominio público marítimo-terrestre o sus usuarios, su ubicación en ribera del mar o fuera de la misma y el contenido del estudio económicofinanciero o, en su defecto, el volumen de la inversión a amortizar.
Se abre la posibilidad de prorrogar estas concesiones por un plazo de hasta 75 años (en el caso de las autorizaciones de hasta cuatro años), con el requisito de que se acredite su sostenibilidad ambiental y se permite la transmisión de los derechos de las concesiones, previa autorización. Al respecto, se recoge la posibilidad de trasmitir las concesiones 'inter vivos', siempre que la Administración reconozca el cumplimiento por parte del adquiriente de las condiciones establecidas en la concesión.
La Ley de Costas prevé que puede facilitar la generación de cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica en la costa. En este sentido, Medio Ambiente indica que la clarificación sobre los criterios para el establecimiento de actividades en la costa que establece el Reglamento puede asegurar la situación a unos 1.000 hoteles ya existentes de forma legal, que ahora podrán prolongar los negocios y hacer reformas para modernizarse y ganar calidad.
Asimismo, asegura que se ordena definitivamente la situación de unos 3.000 chiringuitos y da seguridad jurídica a 13.000 viviendas que se construyeron en su día legalmente en las costas españolas, que podrán prorrogar sus concesiones, entre otros avances.
El documento también recoge las previsiones de la Ley de 2013 respecto a los efectos del Cambio Climático en el litoral. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señala que está elaborando una Estrategia para la Adaptación de la costa al Cambio Climático que en la actualidad está en fase de evaluación ambiental estratégica y que se presentará antes del fin de la legislatura, en coordinación con las CCAA.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Expedientan a seis empresas de turrón por pactar precios, entre ellas 'Almendra y Miel' y 'Enrique Garrigós'

ALICANTE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra seis empresas turroneras por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de otras condiciones comerciales y de servicio.

En el mismo comunicado, la CNMC añade que estas empresas podrían haber incurrido en el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español.
Tras iniciar una información reservada el pasado mes de noviembre, la CNMC ha observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que ha incoado expediente sancionador contra las empresas Delaviuda Alimentación, Almendra y Miel, Sanchís Mira, Turrones Picó, Enrique Garrigós Monerris, y Turrones José Garrigos.
"Esta conducta se considera una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa", ha precisado la CNMC.
Se inicia a partir de ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, "sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación", concluye la nota.
Por su parte, Almendra y Miel ha informado de que ha recibido la notificación de la CNMC sobre el inicio de la investigación por posibles prácticas anticompetitivas y ha añadido su "total disposición" a colaborar.
De esta manera, se compromete a ayudar a "esclarecer lo hechos y demostrar que Almendra y Miel siempre ha cumplido con la legalidad y desarrollado una estrategia comercial independiente".

El juez Bermúdez imputa a 19 consejeros de la CAM, Luis Esteban y Armando Sala entre ellos

MADRID.- El juez Javier Gómez Bermúdez ha citado a declarar como imputados entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre a los 19 consejeros de CAM que aprobaron que el expresidente Modesto Crespo cobrara con carácter retroactivo 300.000 euros en dietas por ser consejero de una participada de la caja. 


En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional ha llamado a comparecer como testigo a Alfonso Rodríguez, administrador único de Tinser Cartera, sociedad de la que Crespo fue nombrado presidente en una reunión del Consejo del 27 de noviembre de 2009.
Con ello, los 19 consejeros presentes en esa reunión dieron su visto bueno a que cobrara con efecto retroactivo 300.000 euros en concepto de dietas por los dos últimos trimestres del año.
Así, el 28 de octubre interrogará a partir de las 10:00 horas a Ángel Martínez Martínez, Antonio Gil-Terrón Puchades y Armando Sala Lloret, y un día después a José Forner Verdú, Aniceto Benito Núñez y Natalia Caballé Tura.
El 30 de octubre será el turno de Luis Esteban Marcos, Natalia Ferrando Amorós y José García Gómez, y ya el 5 de noviembre el de Jesús Navarro Alberola, Manuel Navarro Bracho y Benito José Nemesio Casabán.
Mientras, el 11 de ese mes declararán Raquel Páez Muñoz, Ginés Pérez Ripoll y Salvador Piles Besó, el 12 Elia María Rodríguez Pérez, José Rovira Garcés y Martín Sevilla Jiménez y el 13 Ángel Óscar Estrada junto con el testigo Alfonso Rodríguez.
La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de estas 19 personas en un escrito, porque "no se puede afirmar que la autoría de los hechos recaiga exclusivamente sobre Modesto Crespo", ya que la propuesta, que partió del exdirector general Roberto López Abad, fue aceptada por unanimidad por los consejeros.
Para el Ministerio Público, la dieta anual de 300.000 euros que percibió Crespo "no se corresponde con ninguna actividad que conlleve dedicación de tiempo, esfuerzo o responsabilidad".
Y ello, prosigue, por dos razones: primero, "porque si fuera así, no habría ningún motivo para que la dieta la cobrara solo el presidente" y no los consejeros, y segundo, porque la mitad de esa cantidad "correspondían a un periodo de tiempo ya pasado" en el que Crespo no desempeño ningún cargo en la sociedad.
Tras este informe, Gómez Bermúdez abrió una pieza separada de la causa principal en la que investiga a la cúpula de la caja alicantina por irregularidades en su gestión, y en la que imputó a Crespo por apropiación indebida de esos 300.000 euros.
En la principal, Crespo está imputado por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas junto a los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López, y los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
Asimismo, en otra de las piezas separadas, consta en un informe del Banco de España, el expresidente de CAM se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011, cantidad que equivale a 30 veces las dietas que le correspondían por su cargo y que "nunca" fue aprobada por la asamblea de la entidad.
Según el documento, Crespo, aprovechando su presencia en otros puestos de empresas participadas en exclusiva por la Caja, engordó sus ingresos en los últimos años antes de la intervención de la entidad.

Pospuesta 'sine die' la declaración judicial de la alcaldesa de Alicante por el 'plan Rabasa'

ALICANTE.- El juez que investiga las supuestas ilegalidades en el plan urbanístico de Rabasa ha pospuesto las declaraciones de las próximas semanas de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del resto de imputados hasta resolver el incidente de nulidad presentado por el constructor Enrique Ortiz. 

El titular del juzgado de Instrucción nº 6, el magistrado Juan Carlos Cerón, ha emitido una providencia con fecha de 6 de octubre, por la que aplaza las declaraciones de los imputados hasta la resolución del recurso presentado por el abogado de Ortiz y por otros dos del gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área.
Ante la decisión cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días.
Además, el magistrado ha determinado el sobreseimiento provisional de la causa con respecto al antecesor de Castedo en la alcaldía alicantina, el también popular Luis Díaz Alperi, y a la ex secretaria autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña.
El juez ha considerado que el informe policial en torno a un viaje de Díaz Alperi a Oporto (Portugal) para una reunión con los responsables de Ikea, multinacional que tiene previsto abrir una macrotienda en el entorno del plan Rabasa, no concreta "indicio alguno" de posible delito del exalcalde.
El juzgado nº 6 instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados y en cuyo entorno está previsto situar una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.
Se trata de una de las piezas separadas del caso Brugal, y el pasado 17 de septiembre el magistrado citó a ocho personas para declarar como imputados, entre ellos Castedo (27 de noviembre), Díaz Alperi y Ortiz, éste último como empresario supuestamente beneficiado por las ilegalidades.
Se da la circunstancia de que la alcaldesa popular ya figuraba como imputada en otra de las ramas del Brugal, que investiga el juzgado de Instrucción nº 5, la relativa al presunto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del mismo empresario: Enrique Ortiz.
La investigación sobre Rabasa se activó a raíz de una denuncia presentada hace dos años por Esquerra Unida, y a los imputados se les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

jueves, 18 de septiembre de 2014

El PSPV estudia pedir prisión provisional para Castedo "por riesgo de destrucción de pruebas"

ALICANTE.- El PSPV de Alicante estudia pedir prisión provisional para la alcaldesa, Sonia Castedo, tras su imputación por presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan Rabasa, al estimar que existe "riesgo de destrucción de pruebas" y ante la "alarma social".

   Así, el secretario general del Partido Socialista alicantino, Gabriel Echávarri, ha explicado que ya le he pedido a los abogados de su partido que estudien la posibilidad de pedir prisión provisional para la primera edil, también imputada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
   Según el dirigente socialista, "creemos que concurren los requisitos" para que la primera edil espere en prisión a declarar como imputada el próximo 27 de noviembre, ya que se dan dos de las condiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
   Por un lado, "riesgo de que se destruyan pruebas". El secretario general del PSPV ha sostenido que "la alcaldesa lo sigue siendo, sigue dando órdenes directas a los funcionarios y sigue teniendo acceso directo a cada uno de los expedientes" bajo investigación, por lo que "está en posición de destruir pruebas si quiere".
   En segundo lugar, Echávarri ha indicado que el otro requisito es el de "alarma social". 
"Cuando el CIS dice que la segunda preocupación de los españoles es la corrupción, es que todo caso de corrupción genera alarma social", ha asegurado.
   Según el dirigente local del PSPV, Castedo "cumple de forma estricta" ambas condiciones. "Con que concurra uno de los requisitos bastaría su ingreso en prisión", ha matizado.
   Asimismo, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que expulse a Sonia Castedo del Partido Popula". 
"Si la expulsa pasaría al grupo de los No Adscritos" en la corporación municipal, "y por tanto la mayoría podría elegir" otro alcalde, ha afirmado.
   "A Rajoy se le llena la boca en Madrid de hablar de regeneración democrática, de decir que son intolerantes contra la corrupción, y mantienen en Alicante a una persona que está imputada ya en dos causas y por cinco delitos graves", ha apuntado Echávarri.
   En este sentido, ha criticado que la "línea roja" del 'president' de la Generalitat, Alberto Fabra, "no cuenta en Alicante", por lo que no van a demandar al jefe del Consell "que expulse a Castedo del PP o la quite de alcaldesa".
   El dirigente socialista también ha indicado que "no vamos a pedirle --a Castedo-- que dimita, porque no lo va a hacer, le importa muy poco la imagen de Alicante". Echávarri ha dicho que su partido tampoco va a solicitar al grupo popular en el Ayuntamiento "que se aclaren entre ellos y la sustituyan, porque no lo van a hacer".
 "Han tenido mil oportunidades de hacerlo", tanto con Castedo como con Andrés Llorens, ha sostenido Echávarri.
   A preguntas de los periodistas, ha defendido que su formación se posiciona contra la corrupción "caiga quien caiga", en referencia a miembros de su partido que podrían verse involucrados en el proceso judicial. "A mí me repugna la corrupción de mi partido", ha mantenido Echávarri, y ha añadido que "seremos los más duros con la gente de nuestro partido".
   De esta manera, el secretario general ha reconocido el "error" del voto inicial a favor del plan Rabasa en un pleno en la legislatura 2003-2007, aunque ha incidido en que "se varió el criterio" posteriormente y "ya no se aprobó". "Nosotros lo llevamos al TSJ y lo declaramos nulo", ha sostenido.
   "Entiendo que todos los concejales que votaron ese día no conocían que detrás había delito", ha afirmado Echávarri, aunque ha exceptuado en esta cuestión a Sonia Castedo, por entonces edil de Urbanismo.
   Sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que aprobó el Consell para instaurar la tienda Ikea en Alicante, en Rabasa, el dirigente socialista ha aseverado que "entendemos que la tramitación de la ATE tiene que ser suspendida, porque no puede venir Ikea con una tramitación urgente a unos terrenos que están bajo sospecha y judicializados".