martes, 20 de junio de 2017

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estima un recurso de Diego de Ramón sobre las cuotas participativas de la CAM

MURCIA.- La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de apelación del abogado murciano Diego de Ramón y otros sobre las cuotas participativas, siendo la tercera vez que se da la razón a los afectados en su legitimidad de poder personarse en la causa general contra la CAM, con independencia de la situación real contable de la entidad en la fecha de suscripción de dichos títulos.

La decisión afecta a unos 55.000 perjudicados con una emision de dichas cuotas por vez primera en el año 2008, por importe de 292 millones de euros.

Dicha Sala ha acordado estimar parcialmente los recursos de apelación formulados por las representaciones de las acusaciones ejercitadas por Diego de Ramón Hernández y otros, Adicae y otros y Josefa López Alburquerque y otros contra autos de 10 de abril y 3 de mayo de 2017 por los que el Juzgado Central de Instrucción nº 3 resolvió el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza de cuotas participativas de las Diligencias Previas nº 170/2011 y con revocación de dichos autos, ordenar la práctica de las testificales propuestas por la primera de dichas acusaciones en escrito presentado el 3 de abril de 2017, debiendo el juzgado a sus resultas decidir con libertad de criterio conforme al art. 779.1 de la LECrim.

La Sala dice en su acuerdo que se comunique al instructor mediante certificación y notificado este auto a las partes, con la advertencia de no ser susceptible de recurso ordinario alguno.

Tanto el fiscal como Banco de Sabadell, Fundación Obra Social de Caja Mediterráneo, Roberto López Abad, y María Dolores Amorós se oponían a las pretensiones del abogado murciano Diego de Ramón.

Por auto de 10 de abril de 2017 el Juzgado Central de Instrucción nº 3 acordó, dando por concluida la investigación en aplicación del art. 324.6 de la LECrim, el sobreseimiento provisional y archivo (arts. 641.1 y 779.1 1o del mismo texto legal) de la pieza de cuotas participativas de las Diligencias previas 170/11. 

El Juzgado Central dictó auto de fecha 3 de mayo de 2017 por el que desestimó los cuatros recursos de reforma y admitió a trámite conforme el art. 766.3 de la L.E.Crim. los recursos de apelación subsidiariamente formulados.

En el auto de 3 de mayo el juzgado, admitiendo que la representación de Diego de Ramón Hernández había presentado el 3 de abril de 2017 escrito proponiendo la testifical de ocho comercializadores de cuotas participativas, entendió que ello estaba fuera de plazo de cinco días y argumenta además que los seis meses de instrucción habían concluido antes del dictado de la providencia de 23 de marzo.

Sobre dichas bases el instructor, valorando las diligencias de investigación presentadas concluye en el sobreseimiento provisional de la causa por aplicación de los arts. 779.1.1a y 641.1 de la LECr.

En sus fundamentos de Derecho la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es taxativa al decir que "el juzgado no tiene en cuenta que la diligencia de investigación consistente en la toma de declaración a ocho de los comercializadores de las cuotas participativas se acordó de manera específica por auto de 30 de enero de 2017 dictado por esta Sección revocando el del juzgado de 7 de noviembre de 2016 por el que se había denegado la petición que al efecto habían hecho las acusaciones, fecha esta última a la que debe estarse a los efectos del cómputo reanudado el 11 de octubre de 2016, siendo el requerimiento de 31 de enero, la providencia de 23 de marzo y el escrito de la acusación de 3 de abril mera concreción de la diligencia de investigación solicitada dentro del término de duración ordinaria de la investigación y admitida a tal efecto por el auto de 7 de noviembre al quedar éste revocado por la resolución de esta Sala de 30 de enero de 2017, quedando así esta diligencia de investigación amparada por el apartado 7 del art. 324 tantas veces citado; precepto que sin embargo no permite la proposición de nuevas diligencias desde el momento en que reanudado el plazo ordinario el 7 de noviembre de 2016, ya se completó cuando recae el auto de sobreseimiento de 10 de abril de 2017".

Y la Sala remata diciendo que "en contra de lo que razona el instructor y mantienen las partes apeladas, no son computables los días inhábiles no obstante encontrándonos en la fase de instrucción ya que lo dispuesto en el art. 201 de la LECr. (“Todos los días y horas al año serán hábiles para la instrucción de los causas criminales, sin necesidad de habilitación especial”) y en iguales términos en el art. 184.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo inhábiles (art. 182.1 LOPJ) los sábados y domingos, entre otros, es aplicable a los actos o diligencias de instrucción, no a los actos de las partes a los efectos de cómputo de plazos tal y como de manera meridiana declara la STS 437/12, de 22 de mayo citada tanto por apelantes, como por apelados. 

Además, según el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2003 es de aplicación a las causas penales lo dispuesto en el art. 135.5 de la L.E.Civil que dispone que “La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviese sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo”; norma que aquí lleva a establecer que la petición –según el documento que la apelante acompaña al mismo (folio 36 del testimonio)- se efectuó antes del transcurso del llamado “día de gracia”.

miércoles, 31 de mayo de 2017

Sogorb admite discrepancias en las previsiones de beneficios de 2011 de la CAM

MADRID.- El ex director general de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Teófilo Sogorb, dijo este miércoles en el juicio contra ocho exdirectivos de la caja que las previsiones de beneficio para 2011 hechas por la propia entidad diferían de los presupuestos que se utilizaron para la fallida fusión con otras cajas.

A preguntas del fiscal, Sogorb explicó que la entidad redactó unos presupuestos con la información aportada por los distintos departamentos, que después eran contrastados con auditores internos y externos y con firmas como Boston Consulting o Analistas Financieros Internacionales (AFI).
De ahí que hubiera discrepancias entre esos documentos de trabajo y los que finalmente se aportaron al plan estratégico al que dio el visto bueno el Banco de España y que se emplearon en la fallida constitución de un SIP (sistema de protección de activos) con otras cajas.
Además, una vez intervenida la entidad, en julio de 2011, el FROB modificó sus criterios, por lo que "resultaba imposible conocer la imagen fiel de la entidad".
Para la constitución del SIP, explicó, previamente a la firma del contrato era necesario que el Banco de España autorizara un plan estratégico de integración, "y así se hizo en este caso", con las cuatro cajas.
En junio de 2010 se hizo llegar a la comisión ejecutiva del Banco de España ese plan estratégico, que fue aprobado por el organismo, que establecía planes de actuación con despidos, cierre de oficinas y otros puntos.
En ese plan estratégico se incluían los objetivos de la caja para 2011, con 218 millones de euros comprometidos como beneficio, aunque después se vio que si no se actuaba, dada la delicada situación económica del país, habría resultados negativos.
Cuando el fiscal Luis Rodríguez Sol le pregunto si en las reuniones previas a la constitución del SIP se llegaron a poner sobre la mesa los documentos que mostraban que la caja tendría unos resultados negativos de 400 millones de euros, Sogorb aseguró que él no lo presentó.
Sí explicó que Roberto López Abad y Dolores Amorós, ambos acusados en la causa, estaban al corriente de toda la información, el primero como director del Banco Base en ese momento y la segunda como directora general.
En el plan estratégico, indicó, figuran unos resultados y en las previsiones tendenciales, otros, siendo éstas últimas peores que las primeras, aunque en todo caso perfectamente conocidas por el grupo de trabajo del Banco Base.
Sogorb expresó la tranquilidad que proporcionaba contar con la presencia constante, "todos los meses del año" de los auditores externos de KPMG, que intervenían en la supervisión de la redacción de los estados financieros y de todo tipo de informes.
Acerca de las titulizaciones de activos, explicó que la caja encargó un peritaje externo realizado por KPMG Asesores para que evaluara si las opciones de las que disponía la caja podían ser dadas de baja del balance de resultados, una maniobra permitida por la normativa contable del Banco de España siempre que no afectara a las dotaciones de capital.
Sin embargo, una posterior revisión de la situación del primer semestre de 2011 puso de manifiesto "otras opciones", desconocidas por el propio equipo de Sogorb, cuyo riesgo no habría sido trasferido y que infló las cuenta de resultados en 168,8 millones de euros.
Un "problema" que, dijo, comunicó a uno de los administradores del FROB que dirigieron la CAM tras su intervención, quien a su vez solicitó un informe específico que llevó a la "reexpresión" contable.
Cuestionado acerca de su papel al frente del departamento, aseguró que sólo el área de inversiones, liderado por el también acusado Francisco José Martínez, conocía que estas opciones no habían aparecido en la contabilidad, descartando cualquier responsabilidad directa sobre estas operaciones como sí le atribuye uno de los peritajes aportados a la causa.
"Yo no he ocultado nada al FROB", insistió a la sala.
Asimismo, defendió la política de dotación de provisiones y recordó que, tras una circular del Banco de España que ampliaba el volumen de estos colchones, la CAM empleó un 90% de fondos genéricos para hacer frente a las nuevas exigencias, aunque hasta ese momento la dotación para provisiones se elevaba al 125 %.

La banalidad de la CAM / Ángel Montiel *

Hannah Arendt nos alertó sobre ´la banalidad del mal´ al detectar que detrás del horror sólo hay mediocridad. Esta evidencia añade horror al horror, pues ni siquiera cabe que las víctimas puedan acogerse a una implacable predestinación, sino que lo son de parte de lectores del Marca y de apacibles jugadores de dominó. Gente corriente. 

Modesto Crespo, presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, declaró ayer en sede judicial que su función se limitaba a acompañar a señoras a comprar bolsos o a recibir homenajes del Misteri del Elche, y que no tenía ni pajolera idea de lo que se traficaba en la CAM, entidad que presidía. 
Todo esto no lo expuso como autocrítica, sino como excusa para zafarse de responsabilidad. Y en boca de un empresario que, como tal, debiera tener conciencia de lo que significa presidir un Consejo de Administración. Probablemente, como presidente del Consejo de su empresa particular no se dedicaría a comprar bolsos para las señoras de sus clientes, sino que llevaría las cuentas al céntimo. Mediocre hasta el final y, por tanto, exponente del horror. 

Porque podría haber dicho con mayor convicción: yo era un lacayo de Gerardo Camps, consejero de Economía de la Generalidad valenciana; gracias a mi cargo me llevaban en andas en mi pueblo donde hasta entonces era un simple vendedor de coches; mi posición me permitía hacer favores importantes, gozar de privilegios insospechados, acceder a préstamos y concederlos, figurar como un santón por donde quiera que fuera, meter miedo a quien me importunara, ser mirado con alguna delectación imposible en otra circunstancia por determinado tipo de señoras, además de almorzar y cenar en los mejores restaurantes, probar los más exclusivos caldos, ser invitado e invitar, cobrar dietas por fichar en reuniones somnolientas en que se decidía sobre el destino y los sueños de miles de personas, viajar gratis total por el planeta Tierra, dormir en los mejores hoteles, ser transportado en vehículos de alta gama por chóferes expertos y discretos, aparecer ante mi mujer y mis hijos como un hombre extraordinario aunque ocultándoles que no disponía de otro mérito que el de haber sido elegido como un mindundi necesario para hacer el trabajito sordo (es decir, sucio) al estamento político, constituido a su vez por otros lectores del Marca, como el figura que preside el país. 

Todos del mismo nivel intelectual y moral. Y lo peor es que ponen en mal lugar a un gran periódico como el Marca y a un juego entretenido como es el dominó. Arrasan con todo. 
Podría haber concluido Crespo su declaración de manera más sincera: «Sí, soy el responsable por omisión de la ruina de miles de incautos clientes de la CAM que se dejaron engañar por las cuotas participativas, fui el presidente de la entidad que para mantener mi culo en sillones de cuero curado ignoró que se falsificaban los resultados de la entidad sólo con el propósito de que sus gestores cobraran incentivos mientras la marca se venía abajo, soy el tipo que se cargó la CAM, la caja de ahorros más potente y confiable, que tuvo que ser rescatada con el dinero de todos para ser vendida por un euro al Banco de Sabadell».

Pero es verdad que todo esto le sobrepasa, sin duda. Es posible que ni siquiera sea consciente del desastre. Tal vez aún espera que sus amigos vengan a rescatarlo también a él, que sólo se prestó a figurar mientras los más listos, como Roberto López Abad, exdirector general, se jubilaban anticipadamente a la hecatombe con la soldada del historial laboral de mil obreros, según el cálculo espinosiano. 

Lo terrible es que nuestra ruina personal y colectiva se debe a estos pobres hombres, a los que ni siquiera podemos reprochar una maldad intencionada. Son así, un producto colateral y vulgar del poder, que a su vez es una máscara detrás de la cual sólo hay otros lectores del Marca, también inconscientes del daño que nos hacen. Es la banalidad absoluta, conformada por honestos padres de familia a los que políticos desalmados nombraban para altos cargos del poder financiero con la exclusiva obligación de acompañar a las señoras a comprar bolsos y que después se daban golpes de pecho como ridículos meapilas y falsos devotos en las fiestas de Elche. 

Ostentaban la representación de un mundo inamovible, perpetuo, que de pronto se vino abajo, y andan perplejos: «Yo sólo era un mandao». Pero los recuerdo. A los dos. Los veías y veías el Poder. A su alrededor todo eran sonrisas. Había gente que esperaba que le dijeran: «Pasa por mi despacho». Y así podrían llegar a final de mes. Eran dioses. Mediocres y banales. Objetivamente, malvados. 



El horror, según Hannah Arendt.



(*) Columnista

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/05/31/banalidad-cam/833700.html

martes, 30 de mayo de 2017

Los acusados de la CAM comienzan a contar mentiras ante el tribunal para eludir sus responsabilidades en la quiebra

MADRID.-El tribunal que juzga en la Audiencia Nacional a la excúpula de la CAM ha decidido mantener en la causa a los afectados por las cuotas pero lo limita a los que compraron entre marzo y julio de 2011. De este modo, rechaza expulsar a los damnificados por las participativas como pedían los acusados pero acota a los que da cobertura este proceso.

El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, el primero de los acusados del juicio contra la excúpula de la entidad financiera que se somete al interrogatorio en la Audiencia Nacional, ha declarado que él "no sabía lo que ocurría".
Crespo ha defendido que "nadie" le informó de que tenía problemas de solvencia sino que incluso una semana antes de la intervención de la caja en 2011 "las noticias eran positivas".
"Yo desconocía los procedimientos internos", ha dicho el expresidente de la entidad murciano-alicantina a preguntas del fiscal del caso Luis Rodríguez Sol, a quien le ha precisado que las cuentas aprobadas en 2010 y 2010 eran "positivas", salieron adelante "por unanimidad" del consejo de administración y venían respaldadas por el informe favorable de la auditora KPMG.
Crespo, para el que la acusación particular pide nueve años de cárcel, se ha referido así a la comunicación hecha por los gestores de la caja a las autoridades financieras de unos beneficios de 38,9 millones de euros pese a que tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones derivando en la quiebra de la Caja.
Hasta en cinco ocasiones ha rechazado conocer el contenido de documentos que firmó (como actas del consejo de administración) porque carecía de conocimientos para ello y porque tenía "absoluta confianza" en los directores Roberto López Abad y su adjunta Dolores Amorós, ambos encausados.
"Si me decían que tenía que firmar un documento, como presidente lo firmaba, acababa de aterrizar en la Caja y si personas que llevaban 35 años me lo pedían no tenía por qué desconfiar pero eso no quiere decir que tenga conocimientos porque no los tengo", ha recalcado.
El acusado ha reconocido también que no participó en una de las reuniones mantenidas entre directivos de CajaAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en Elche para integrar un Sistema Institucional de Protección (SIP) que diera luz verde al Banco Base porque no tenía "conocimiento" de los hechos que se iban a tratar.
"Yo presidía la Junta Rectora del Patronato del Misterio de Elche y el sábado por la mañana no asistí a esa reunión porque no tengo conocimiento y no había lugar. Me dediqué a acompañar a las señoras que vinieron y les llevé a visitar 'outlets' porque querían verse zapatos, bolsos y más menesteres", ha precisado Crespo, que ayer fue increpado a la salida de la Audiencia Nacional por afectados por la compra de cuotas participativas.
El exbanquero ha mostrado su "sorpresa" de que las tres cajas se desvincularan del proyecto ante los problemas de solvencia de la entidad alicantina que finalmente fue intervenida por el Banco de España y adjudicada en 2011 al Banco Sabadell por un euro simbólico tras haber recibido una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 2.800 millones de euros.
El acusado también ha rechazado tener responsabilidad alguna en las retribuciones otorgadas a los altos cargos de la Caja y que, según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, costaron a la CAM un desembolso total de 20 millones de euros junto con los bonus y las indemnizaciones que la cúpula se otorgó en 2011 cuando la situación era "crítica".
De igual forma ha respondido cuando el letrado del Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), que asumió el rescate de la Caja y ejerce la acusación particular en el procedimiento, le ha preguntado por qué fue facultado a realizar titulización de activos (uno de los medios empleados por la excúpula para simular la obtención de beneficios) pese a que de esa función ya se encargaban los directivos. "Ellos sabían que no tenía conocimiento alguno", ha respondido.
El expresidente de la Caja ha sido el primero de los ocho acusados en declarar ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo y que también juzgó el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. 
Los exbanqueros se enfrentan a una petición de la Fiscalía de penas que van desde los diez meses a los siete años y medio de prisión por los delitos de de falsedad en las cuentas anuales, estafa y apropiación indebida por su gestión.
Crespo ya fue juzgado y absuelto junto con López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, por haber favorecido dietas presuntamente irregulares de entre 9.000 y 308.700 euros para 19 miembros de la entidad por valor de 1,37 millones de euros.

lunes, 29 de mayo de 2017

Las acusaciones piden que se juzguen las cuotas de la CAM desde su origen


MADRID.- Las acusaciones particulares pidieron este lunes en la primera sesión del juicio oral sobre la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se añadan a la causa las cuotas participativas comercializadas por la entidad desde 2008, y que no se limite a las de 2011.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.
Pero ahora las acusaciones particulares en representación de los afectados solicitaron que se amplíe el perímetro, un criterio que no comparte el fiscal, Luis Rodríguez Sol.
Sí coincidió con las defensas al descartar que las citadas acusaciones puedan seguir reclamando indemnización alguna en este juicio que, dijo, se limita únicamente a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
Al igual que ya ocurriera durante el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM que alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- acudieron a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para increpar a los ocho exdirectivos acusados.
Entre los que pidieron que se amplíe a las cuotas emitidas desde 2008 figura el letrado Diego de Ramón, que representa a unos 1.000 afectados y que señaló que la falta de información veraz sobre dicho producto en estas primeras fechas "se constató en julio de 2011, cuando el Banco de España abrió un expediente a la caja por alteración contable de la información financiera y patrimonial".
Una decisión en la que insistió la defensa del ex director general de la CAM Roberto López Abad, Javier Boix, que alegó la falta de legitimidad de dos de las acusaciones particulares personadas en la causa, ya que los afectados a quienes representan suscribieron cuotas con anterioridad al citado periodo.
Al respecto, aseguró que de permitir que ambos letrados sigan en el juicio, "habría que solicitar su anulación" con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de todos aquellos clientes que figuran en la pieza separada de cuotas participativas para que puedan incorporarse a las vistas.
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la CAM acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como de cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
A Crespo le acusa el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
El expresidente sufre una cardiopatía que "quizás, a la larga", dijo su abogada, Adriana de Buerba, "le pueda impedir" acudir al juicio con regularidad, ya que "se acentúa en situaciones de tensión".
El escrito de la Fiscalía incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El juicio se reanudará mañana martes con la resolución de las cuestiones previas planteadas hoy, con lo que darán comienzo las declaraciones de los testigos.

Qatar exige a 'El Corte Inglés' que inicie el estudio de su proceso de salida a bolsa


MADRID.- El consejo de administración de El Corte Inglés está empezando a notar la presión de tener por primera vez en su historia a un accionista ajeno a la familia. Shahzad Shahbaz, el representante del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, ha pedido una nueva hoja de ruta que permita cumplir con el plan estratégico que se lanzó cuando el inversor catarí adquirió el 10% de la compañía, informa hoy http://www.elconfidencial.com.

Una petición que tendría como objetivo final profesionalizar la compañía y comenzar a preparar la salida a bolsa a partir del próximo año. El contrato que dio entrada a Al Thani en el capital de El Corte Inglés establecía en una de sus cláusulas que dicho accionista podía solicitar en cualquier momento que se pusiera en marcha el estudio de una OPV del grupo, fijándose un periodo de año y medio para la realización del informe.
La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha
Según las fuentes, el jeque ya se habría dirigido al consejo con el objeto de activar dicha cláusula. El propio presidente y consejero delegado de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, dejó caer en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía de Sitges que no descartaba sacar a bolsa la compañía en un futuro, aunque matizó que no era una opción que estuviera sobre la mesa. La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha.
Igualmente, Shahzad Shahbaz ha requerido a Cristina y a Marta Álvarez Guil, las dos herederas de Isidoro Álvarez, así como a Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría, en representación de la Fundación Ramón Areces, que aceleren la transformación del 'holding' debido a que, a pesar de la notable mejora del negocio en los últimos ejercicios, las cifras de crecimiento están lejos de lo que se estimó cuando en julio de 2015 entró en el capital.
Las mismas fuentes añaden que, a falta del cierre del ejercicio en curso —la compañía ya conoce los datos del año 2016-2017 acabado el 28 de febrero—, los objetivos se van a quedar cortos en cuanto a lo esperado por el catarí. Especialmente, en lo relativo al beneficio de explotación o ebitda, que se había calculado en 1.300 millones de euros para la temporada 2017-2018.
Este incumplimiento tendrá un impacto directo en el capital del grupo, ya que precisamente el jeque tendrá derecho a recibir una compensación en acciones por no alcanzar las cifras pactadas. Actualmente, Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani es dueño de un 10% desde una sociedad luxemburguesa, pero recibirá en julio del próximo año otro 2,5% porque los 1.000 millones de euros que invirtió por esa participación fueron en forma de un préstamo con un cupón anual del 5,25%.
Otras fuentes próximas al consejo de administración aseguran que el incumplimiento del contrato le dará otro 0,5%, por lo que en julio de 2018 tendrá como mínimo un 13% del capital. A ese porcentaje hay que añadir una penalización de un 1% adicional si, cuando se decida a salir a bolsa, la valoración de El Corte Inglés se queda por debajo de una tasación preliminar ya acordada. Se da por hecho así que llegará a cerca del 14%.
La decisión estratégica principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables
La principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables. En concreto, de hasta 21 de sus 100 puntos de venta de grandes dimensiones que internamente se definen como improductivos. Gimeno ha chocado varias veces con la oposición de Lasaga y Martínez Echevarría, que se oponen a bajar la persiana de algunos de los grandes almacenes que abrieron entre 2000 y 2010 bajo su mandato y el de Isidoro Álvarez, en plena crisis económica. En este listado están los de Leganés (Arroyosur), Jaén, Oviedo, Elche, Guadalajara, Talavera, Albacete o Eibar.
En el seno de El Corte Inglés preocupan y mucho las noticias de los cierres masivos que se están produciendo en Estados Unidos por el impacto del comercio 'online'. En lo que va de año, se han clausurado 3.600 establecimientos, y la previsión para el conjunto del ejercicio es de 10.000, según la consultora especializada en el sector F&D Reports
Por su parte, Moody's ha advertido de que un 13,5% de las compañías 'retailers' que cubren sus analistas de crédito está en grave riesgo de quiebra. La situación por la que atraviesa Sears, el gran 'holding' de la distribución estadounidense, ha alarmado al jeque catarí y a Gimeno, que ven con inquietud cómo sus acciones se han desplomado un 56% en nueve meses tras advertir de que duda sobre su capacidad para seguir con sus puertas abiertas el próximo año.
De momento, tras constituir un comité de dirección y otro de auditoría, el jeque ha pedido la creación de una comisión de nombramientos y retribuciones. El objetivo principal es separar la propiedad de la gestión a la hora de designar a la cúpula directiva o los próximos consejeros. Una decisión que se interpreta como un paso de cara a la futura salida a bolsa.

Juzgan desde hoy a la antigua cúpula de la CAM por las irregularidades que condujeron a la quiebra

MADRID.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy lunes, a punto de cumplirse cinco años desde que comenzó la instrucción de la denominada pieza principal de las siete abiertas por la gestión de la CAM, a los siete ex directivos que formaban parte de la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que autorizaron todas las irregularidades que condujeron a la entidad a la quiebra en 2011. 

La vista oral se fijó en un primer momento entre los meses de enero y marzo, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal modificó el calendario. El juicio comenzó a las diez de la mañana y se prolongará hasta el próximo 21 de julio. La CAM llegó a ser la cuarta caja del país y acabó vendiéndose a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.

Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para cada uno. 
Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.

Decomiso de las cantidades sustraídas

De igual modo, la Fiscalía pide el decomiso de determinadas cantidades en poder de los acusados: más de 1,4 millones de euros para Roberto López; 150.632 euros para Dolores Amorós; 122.623 euros para Francisco José Martínez; 108.615 euros para Teófilo Sogorb; y 429.475 euros para Vicente Soriano.
Según explica el escrito de acusación, los ex directivos de la CAM impulsaron un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010, reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos, de manera que consiguieron alterar el balance y la cuenta de resultados. También recurrieron a la titulización de activos y su incorrecta contabilización.
Uno de los motivos que llevó a la antigua cúpula a incrementar los beneficios de forma ficticia fue la integración con otras cajas para crear el Banco Base, pero también buscaban "asegurarse en 2011 el pago de una serie de complementos retributivos a los que sólo se tenía derecho si se alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior".
"De esta manera, los acusados se aseguraron que iban a cobrar, cuando la situación de la CAM ya era crítica, unas remuneraciones adicionales que no tenían derecho a percibir", indica el escrito del Ministerio Público.
Los acusados cobraron, así, paga de beneficios, aportaciones al plan de pensiones, incentivos anuales, un bono extraordinario a largo plazo y indemnizaciones por jubilación. En total, la CAM desembolsó indebidamente por todos estos conceptos algo más de 20 millones de euros.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros. 
Se les imputan los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y administración desleal, entre otros.
Una sala formada por los magistrados Juan Francisco Martel, Ángela Murillo y Paloma González (quien ya fue parte del tribunal del primer juicio de la CAM) tendrá que dilucidar a lo largo de las 20 sesiones señaladas si quedan probados unos hechos que la instructora concretó en tres apartados. 
Primero: «la posible alteración de las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, que incluyen conductas dirigidas a no reflejar la imagen fiel de la sociedad, como las referentes a la calificación de los créditos subestándar, dudosos o fallidos». Segundo: «Los posibles perjuicios concretos causados a los inversores como consecuencia directa de la publicidad de dichas cuentas anuales presuntamente falseadas». 
Y tercero: «Los supuestos perjuicios derivados de las presuntas irregularidades en materia de prejubilaciones, previsión social complementaria, incentivos y bono extraordinario a largo plazo». 
A instancias del fiscal, este proceso da también cobertura a aquellos compradores de cuotas participativas que las adquirieron durante el periodo en que presuntamente las cuentas no correspondían al estado real de la entidad dado que las transacciones, que el acusador público cifra en unas 46.000, no se hicieron de acuerdo al valor de estos títulos sino al que se publicó siendo presuntamente falso.
El Ministerio Público considera que Roberto López Abad, que ya estuvo en prisión provisional, y Dolores Amorós eran quienes "tomaban las decisiones económicas de CAM al más alto nivel". A ambos les imputa un delito continuado de falsedad contable más otro de estafa agravada y, alternativamente, de apropiación indebida en concurso con uno de administración desleal por el cobro de retribuciones indebidas.
Para cada uno pide una pena de siete años y medio de prisión y multa de quince meses con una cuota diaria de 400 euros. El castigo más leve es para Vicente Soriano, ex director general de Medios, para el que solicita diez meses de cárcel.
El fiscal no imputa a Modesto Crespo, expresidente no ejecutivo, a diferencia de otras acusaciones. "No consta que conociera la irregularidad de las operaciones realizadas para reflejar beneficios ficticios en las cuentas", dice su escrito.  
Modesto Crespo, el último presidente de la CAM ha presentado en el juicio un certificado médico en el que acredita que padece una cardiopatía, lo que podría dificultar su asistencia a todas las sesiones del juicio.
En el banquillo, y junto al fiscal Luis Rodríguez Sol, se sienta la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos además de la acusación popular que, bajo la representación letrada del abogado murciano Diego de Ramón (en la imagen), da voz a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas, además de los letrados de otros afectados por este producto.
Durante el juicio la Fundación CAM, el Banco de Sabadell y la mitad de los acusados han pedido que se expulse a los afectados por las cuotas. 
La Sala ha aceptado la mayoría de las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la declaración, en calidad de testigos o de peritos, de cuatro inspectores del Banco de España que reclamaban el fiscal, la Fundación y el Fondo.
Como responsable civil directo se señala a la aseguradora Caser (titular de la póliza de responsabilidad civil de los antiguos directivos) y al Banco Sabadell y a la Fundación como subsidiarios.
El Tribunal deberá determinar si la mala gestión de la cúpula es constitutiva de delito penal por todos o parte de los ocho acusados que se sientan en el banquillo. Dictará sentencia Ángela Murillo, la misma magistrada que condenó en febrero a exconsejeros de Caja Madrid por el caso de las tarjetas black.
El salvamento de la CAM fue sufragado por la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos y costó 5.249 millones de euros. Por eso este fondo está personado como acusación particular en el juicio.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

domingo, 28 de mayo de 2017

Un empleado en Alcoy le gana al Banco de Santander un pleito laboral por vulnerar sus derechos fundamentales

ALICANTE.- Es la primera vez que el Banco Santander ha sido condenado por vulneración de derechos fundamentales y la indemnizacion de 50.000 euros por daños y perjuicios morales a un empleado en la oficina de Alcoy es relevante (la mayor parte de las veces es simbólica y en otras no pasa de 10.000 euros). 

El mobbing o acoso laboral como forma de violencia psicológica con deterioro de salud se ha acreditado en este caso y la 'maldad' del Banco con el traslado constante del actor, parece que tambien, según opinan los expertos en Derecho Laboral consultados, que ven esta resolución como un gran precedente de jurisprudencia en el sector bancario ya con miles de prejubilaciones, bajas incentivadas y despidos improcedentes.

El célebre  y condecorado letrado laboralista murciano Antonio Checa de Andrés (en la imagen) le ha ganado al Banco Santander, en lo calificado por los especialistas como 'un gran pleito laboral' por la puerta que se abre para otros empleados de banca en las mismas o muy parecidas circunstancias sufridas o por sufrir.
 
Ahora, en una sentencia de 26 folios, la magistrada del Juzgado nº 7 de lo Social en Alicante, Aurora Gutiérrez Gutiérrez, admite parcialmente las pretensiones en su demanda del empleado, Javier Fernández de Diego, y declara nulo su traslado forzoso a la provincia de Tarragona por lo que supone de vulneración de derechos fundamentales así como la reposición en su original puesto de trabajo de Alcoy en las mismas condiciones que regían antes de su último traslado forzoso y contra su voluntad, con la advertencia en el fallo de que debe cesar toda conducta vulneradora del derecho del demandante, condenando igualmente a Banco de Santander a una indemnización de 50.000 euros como reparación por los daños morales causados al actor, que lleva más de un año en tratamiento médico.

La demanda fue interpuesta el día 6 de junio de 2016 por modificación sustancial de las condiciones de trabajo y contra el Banco de Santander y dos de sus responsables de RR. HH., así como contra los representantes de la sección sindical por UGT, CC OO, STS y FITC, que han quedado absueltos en el citado fallo que declara nulo de pleno derecho el traslado forzoso impuesto a Javier Fernández de Diego como el último escalón de un largo proceso de acoso laboral desde la cúpula regional de la entidad con sede en Valencia.

Todo comienza cuando el actor solicita a su empresa un traslado a Murcia o inmediaciones cuando sea posible por ser allí donde reside su futura esposa con la que muy pronto iba a contraer matrimonio, consigue incluso por conciliación familiar solicitar la permuta de su puesto con la de un compañero destinado en Lorca que deseaba un puesto en la provincia de Alicante. Y todo por parte del actor para evitar hacerse a diario 270 kilómetros con el riesgo vial añadido que eso supone. No recibe respuesta a sus múltiples requerimientos en ese sentido pese a que su evaluación de 2011 y 2012 sugiere que posiblemente aumentaría de rendimiento si fuese destinado a una localidad cercana a su lugar de residencia en Murcia.

A partir de ese momento Banco Santander le rebaja de categoría aunque le mantiene la retribución de director de oficina que había alcanzado, primero en la sucúrsal 3354 en Alcoy y posteriormente la oficina 3894 en Jávea. Y empieza para De Diego un peregrinar constante por oficinas de la entidad en la zona de Alcoy-Ibi-Cocentaina sin parangón con otros compañeros, que le llevan a solicitar una primera baja médica por ansiedad aunque luego vendrían otras por trastornos depresivos ratificados por informes médicos psiquiátricos e informe pericial. Mientras, se producen cinco traslados a Murcia por comisión de servicio y a puestos de su nivel pero el actor queda excluido de ellos.

En esa circunstancia y, ante la absorción de Banesto por el Santander con el consiguiente ERE, se le ofrece una baja incentivada que el actor no había solicitado ni aceptaba por lo que, aduciendo necesidades del servicio es trasladado a la sucúrsal 3442 en una pequeña localidad agrícola de Tarragona, Mont-Roig del Camp, a unos 500 kilómetros de Murcia, donde en una vivienda hipotecada con el Santander propiedad de ambos, reside y trabaja su esposa e hija ya escolarizada en guardería, sin que la sección sindical del banco accediese a plantear su caso a la dirección regional de RR . HH. de Banco de Santander en Valencia, que adujo era contraproducente hablar del mismo.

Ahora De Diego se muestra dispuesto a renunciar a la indemnización de 50.000 euros impuesta por la magistrada de lo Social al Banco de Santander, a cambio de conseguir su anhelado traslado a Murcia o localidad colindante, que le permita conciliar por fín su vida familiar con su empleo.

martes, 23 de mayo de 2017

El Taibilla tendrá agua este verano pese a la situación complicada por la falta de trasvases

CARTAGENA.- El presidente de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT), Adolfo Gallardo de Marco, dijo este martes que el abastecimiento tendrá agua este verano a pesar de que la situación es complicada al no haber recursos del trasvase y que tampoco los habrá en los próximos meses, ya que cuentan con desalación y otras alternativas.

Gallardo, que hizo estas declaraciones tras exponer la situación al consejero murciano de Agua, Francisco Jódar, explicó que las cuatro desaladoras de las que disponen, las dos alicantinas y las dos de San Pedro del Pintar, están al 100 por cien de producción aportando 8 hectómetros cúbicos cada mes durante el verano, a lo que se suman aportaciones de pozos de sequía de la cuenca del Segura.
A ellas se podrá sumar la desalinizadora de Valdelentisco, en Isla Plana (Cartagena), para lo que ya ha sido tramitada la petición como cliente a la sociedad Aguas de la Cuenca Mediterránea (Acuamed), de la que depende, de la máxima asignación posible, de en torno a 13 hectómetros cúbicos de agua para los tres meses de verano, a los que se sumarían otros 13 del acuífero de El Molar.
A Valdelentisco se unirán las desalinizadoras de Águilas y Torrevieja (Alicante). También se trabaja con reservas estratégicas mediante contratos de cesión de derechos con comunidades de regantes.
Preguntado por la repercusión en el precio del recibo del agua debido al recurso de agua desalada (A la MCT le cuesta a 50 céntimos el metro cúbico) en lugar de agua del trasvase, respondió que hasta el momento la MCT se ha apretado el cinturón y a corto plazo no se contemplan modificaciones de las tarifas, como tampoco se contemplan restricciones de agua.
En este sentido, comentó la inversión de más de veinte millones de euros para llevar agua desalada a Molina y Murcia.
Al final del año hidrológico, el 1 de octubre, la MCT está espectante ante la evolución de la cabecera del Tajo porque el recurso del trasvase "es fundamental" para el abastecimiento humano de esta población del levante español.
La MCT abastece de agua potable a 79 municipios, 43 de Murcia, 34 de Alicante y 2 de Albacete, lo que representa una población de 2,5 millones de habitantes, que en época estival puede llegar a los tres millones, con unas necesidades estimadas de entre 19 y 20 hectómetros cúbicos de agua al mes en verano.
En los meses de junio y de septiembre el consumo de agua baja a los 15-16 hectómetros cúbicos.
Por último, remarcó que "no se había visto una primavera así desde hace muchos años", en referencia a la escasez de lluvias de los meses de abril y mayo, y a la escasez, por tanto, de aportaciones en los embalses de la cabecera, las más bajas de la serie histórica, indicó el director de la MCT, Carlos Conradi.

miércoles, 17 de mayo de 2017

TUI reduce la pérdida neta un 19,1 % en su primer semestre fiscal

FRÁNCFORT.- El grupo turístico TUI redujo la pérdida neta atribuida un 19,1 %, hasta 362,9 millones de euros, en el primer semestre de su actual año fiscal, que comenzó en octubre.

TUI informó hoy de que su transformación en un grupo de hoteles y cruceros sigue su curso.
También señaló que el flujo comercial de cara al verano de 2017 confirma las expectativas.
"La bajada de la demanda para Turquía y Egipto se compensa con el aumento de la demanda para Grecia, España, Cabo Verde, Chipre y destinos de largo recorrido, como el Caribe", añade TUI.
La facturación se incrementó en el mismo periodo un 3,3 %, hasta 6.383,4 millones de euros.
Las marcas propias de hoteles y cruceros impulsan el crecimiento, añadió TUI.
El presidente de la junta directiva de TUI, Firtz Joussen, dijo que "nuestra transformación en una empresa turística integrada sigue su curso".
"Las marcas de hoteles y cruceros están consiguiendo un crecimiento sólido. El grupo está cambiando rápidamente; las previsiones siguen intactas pese a las dificultades coyunturales", según Joussen.
Estos dos segmentos aportan la mitad de los ingresos operativos de TUI en base al año completo.
La división de Hoteles y Complejos incrementó el resultado operativo bruto (Ebita) en el primer semestre un 27 % hasta los 122,8 millones de euros.
RIU ha aumentado la tasa de ocupación de sus hoteles propios en un punto porcentual, mientras los ingresos medios por cama aumentan en un 7 %.
Robinson también ha aumentado los ingresos medios por cama en un 3 %, con una ocupación algo más baja (menos un punto porcentual).
Hoteles y Complejos tiene las marcas RIU, Robinson, TUI Blue, TUI Magic Life y Diamond Hotels, del grupo canadiense Sunwing, en el que TUI tiene una participación del 49 %.
TUI va a abrir más hoteles de las marca TUI Hotels & Resorts a lo largo del año: un TUI Blue hotel en Croacia, dos Robinson Clubs en las Maldivas y Tailandia y un RIU hotel en México a finales de año.
El Ebita antes de extraordinarios de la división de Cruceros asciende a 75 millones de euros, un 52,1 % más que en el año fiscal 2015/2016.
TUI Cruises y Thomson Cruises han logrado un sólido crecimiento gracias a la expansión de sus flotas durante el verano de 2016, con el Mein Schiff 5 y el TUI Discovery, respectivamente.
Thomson Cruises inauguró la semana pasada en Málaga el "TUI Discovery 2".
En 2018, el "TUI Explorer" (que actualmente opera con el nombre "Mein Schiff 1") se sumará a esta flota y, en 2019, el "Mein Schiff 2" será transferido a la flota de Thomson Cruises para proseguir con su programa de modernización.
El rendimiento de los mercados de origen se vio afectado por las fechas de Semana Santa y las bajas por enfermedad en la aerolínea TUI fly en octubre de 2016, que tuvieron un coste de 24 millones de euros.
Los Región Norte (Reino Unido e Irlanda, países nórdicos, Canadá, Rusia) han logrado un crecimiento general del 5 % en volumen de clientes.
Pero el resultado operativo estuvo influido por las fechas tardías de Semana Santa y otros extraordinarios, como el aumento de las reservas de mantenimiento de los aviones y el aumento de los costes del servicio de pensiones en Reino Unido.
El resultado de la Región Norte también ha sufrido el impacto de los costes de mercadotecnia para el cambio a la marca TUI y la bajada de la demanda para Turquía y Egipto.
Blue Diamond Hotels y Thomson Cruises ya no presentarán sus resultados en el marco de la Región Norte.
La Región Central (Alemania, Austria, Suiza, Polonia), ha sufrido el impacto del aumento de las bajas por enfermedades del personal de TUI fly, que se enfermó repentinamente en octubre porque temía que se fueran a recortar empleos al crear un nuevo grupo aéreo formado por TUIfly y Air Berlin.
Estas bajas médicas del personal causaron numerosos retrasos y cancelaciones de vuelos.
TUI prevé que el Ebita antes de extraordinarios crezca al menos en un 10 % en su ejercicio 2016/2017.