sábado, 11 de octubre de 2014

El Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de Cartagena colabora en la Volvo Ocean Race


CARTAGENA.- Hoy sábado por la tarde está prevista la salida desde el puerto de Alicante de la regata Volvo Ocean Race alrededor del mundo, en ruta hacia Ciudad del Cabo por el Estrecho de Gibraltar, en la que participan siete barcos, de los cuales tres tienen algún miembro de su tripulación de nacionalidad española. Menos de dos horas después de su salida, los barcos estarán frente a Cartagena tras doblar el Cabo de Palos.
   La primera etapa les llevará desde Alicante hasta Ciudad del Cabo. La siguiente, que saldrá de Ciudad del Cabo el día 19 de noviembre, les llevará hasta Abu Dhabi. Será en esta etapa, cuando los participantes en la regata pasarán por la zona donde se desarrolla la operación ATALANTA, en la cual existe amenaza de piratería.
   De este modo, durante todo el tiempo de tránsito por zonas "calientes" se mantendrá el seguimiento de estos veleros participantes en la regata, según han informado fuentes de la Armada en un comunicado.
   El Centro de Operaciones de Vigilancia y Seguridad Marítima (COVAM) de la Armada en Cartagena efectúa permanentemente un seguimiento de todos los buques que tienen vinculación nacional, ya sea por tener armador español, pertenecer a una compañía española o tener tripulación española, cuando navegan por esa zona.
   Este seguimiento permite alertar a dichos barcos cuando exista alguna amenaza de piratería en zonas próximas a su derrota. En el caso de la 'Volvo Ocean Race', la organización dispone de un sistema propio de seguimiento, mediante el cual, la Armada Española, conectada a dicho sistema, tendrá conocimiento de la situación de los veleros, y permitirá informar a éstos si se produce alguna alerta.
   Los barcos llevan un sistema de seguimiento y localización, y disponen de teléfono satélite. El COVAM constituye una de las herramientas fundamentales de la Fuerza de Acción Marítima (FAM) para la gestión del Conocimiento del Entorno Marítimo y presta servicio no sólo a la Armada, sino también a otros estamentos de la comunidad marítima.
   Esto permite una eficiente realización de las misiones de los buques de la FAM, al tiempo que facilita las relaciones de apoyo a otros organismos y organizaciones que desarrollan su actividad en la mar.

viernes, 10 de octubre de 2014

El Gobierno aprueba el Reglamento de Ley de Costas


MADRID.- El Consejo de Ministros ha acordado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Costas con el fin de garantizar la protección ambiental del litoral, la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y el desarrollo en condiciones de sosteniblidad de las actividades económicas en la zona, según ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Saénz de Santamaría ha destacado que, para la elaboración del texto, se ha contado con participación de ciudadanos, ONG, empresas, CCAA y ayuntamientos, además de incorporar las recomendaciones del Defensor del Pueblo, haber sido sometido al Consejo Asesor del Medio Ambiente y contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Entre otras novedades, el Reglamento introduce cambios en la tramitación de los procedimientos de deslinde, con el fin de sea obligatorio su registro y la adecuada coordinación entre Costas, Registro de la Propiedad y Catastros para lograr la seguridad jurídica con la que han de contar los interesados a la hora de conocer si los bienes forman parte del dominio público marítimo terrestre, y evitar que se pueda comprar una vivienda u otros bienes en la costa y descubrir después que no le pertenecen porque son de uso público.
Respecto a la prohibición de edificar en la costa, destaca la prohibición de nuevas edificaciones y construcciones en la costa así como de las obras que supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie de las edificaciones existentes y la exigencia de eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras que se autoricen en los edificios en la costa. Además, el Reglamento exige un informe ambiental autonómico para autorizar la prórroga de concesiones de actividades potencialmente contaminantes que recoge la Ley.
El texto también contempla la máxima protección de los tramos naturales de las playas y diferencia entre los tramos urbanos y naturales de las playas. El Reglamento desarrolla esta diferenciación legal y concreta el régimen de ocupación y de uso de ambos tramos, restringiendo las ocupaciones en los tramos naturales de las playas, mientras que en los urbanos se garantiza una adecuada prestación de servicios siempre que sea compatible con su uso común.
Además, la norma garantiza el uso público de las playas, de cualquier clase, por todos los ciudadanos y, en cuanto a los eventos en las playas, concreta los requisitos, límites y condiciones en los que son posibles, garantizando su conservación y entendiendo que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
En el capítulo de concesiones, destaca el plazo máximo por el que pueden ser otorgadas, dentro del límite de 75 años establecido en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, y se regulan tres supuestos distintos con máximos de 75, 50 y 30 años. Para la determinación de los plazos se recogen los criterios a tener en cuenta como la adecuación al medio de la instalación, el grado de interés que represente para el dominio público marítimo-terrestre o sus usuarios, su ubicación en ribera del mar o fuera de la misma y el contenido del estudio económicofinanciero o, en su defecto, el volumen de la inversión a amortizar.
Se abre la posibilidad de prorrogar estas concesiones por un plazo de hasta 75 años (en el caso de las autorizaciones de hasta cuatro años), con el requisito de que se acredite su sostenibilidad ambiental y se permite la transmisión de los derechos de las concesiones, previa autorización. Al respecto, se recoge la posibilidad de trasmitir las concesiones 'inter vivos', siempre que la Administración reconozca el cumplimiento por parte del adquiriente de las condiciones establecidas en la concesión.
La Ley de Costas prevé que puede facilitar la generación de cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica en la costa. En este sentido, Medio Ambiente indica que la clarificación sobre los criterios para el establecimiento de actividades en la costa que establece el Reglamento puede asegurar la situación a unos 1.000 hoteles ya existentes de forma legal, que ahora podrán prolongar los negocios y hacer reformas para modernizarse y ganar calidad.
Asimismo, asegura que se ordena definitivamente la situación de unos 3.000 chiringuitos y da seguridad jurídica a 13.000 viviendas que se construyeron en su día legalmente en las costas españolas, que podrán prorrogar sus concesiones, entre otros avances.
El documento también recoge las previsiones de la Ley de 2013 respecto a los efectos del Cambio Climático en el litoral. En este sentido, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señala que está elaborando una Estrategia para la Adaptación de la costa al Cambio Climático que en la actualidad está en fase de evaluación ambiental estratégica y que se presentará antes del fin de la legislatura, en coordinación con las CCAA.

miércoles, 8 de octubre de 2014

Expedientan a seis empresas de turrón por pactar precios, entre ellas 'Almendra y Miel' y 'Enrique Garrigós'

ALICANTE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra seis empresas turroneras por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de otras condiciones comerciales y de servicio.

En el mismo comunicado, la CNMC añade que estas empresas podrían haber incurrido en el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español.
Tras iniciar una información reservada el pasado mes de noviembre, la CNMC ha observado indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, por lo que ha incoado expediente sancionador contra las empresas Delaviuda Alimentación, Almendra y Miel, Sanchís Mira, Turrones Picó, Enrique Garrigós Monerris, y Turrones José Garrigos.
"Esta conducta se considera una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa", ha precisado la CNMC.
Se inicia a partir de ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, "sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación", concluye la nota.
Por su parte, Almendra y Miel ha informado de que ha recibido la notificación de la CNMC sobre el inicio de la investigación por posibles prácticas anticompetitivas y ha añadido su "total disposición" a colaborar.
De esta manera, se compromete a ayudar a "esclarecer lo hechos y demostrar que Almendra y Miel siempre ha cumplido con la legalidad y desarrollado una estrategia comercial independiente".

El juez Bermúdez imputa a 19 consejeros de la CAM, Luis Esteban y Armando Sala entre ellos

MADRID.- El juez Javier Gómez Bermúdez ha citado a declarar como imputados entre el 28 de octubre y el 13 de noviembre a los 19 consejeros de CAM que aprobaron que el expresidente Modesto Crespo cobrara con carácter retroactivo 300.000 euros en dietas por ser consejero de una participada de la caja. 


En un auto, el magistrado de la Audiencia Nacional ha llamado a comparecer como testigo a Alfonso Rodríguez, administrador único de Tinser Cartera, sociedad de la que Crespo fue nombrado presidente en una reunión del Consejo del 27 de noviembre de 2009.
Con ello, los 19 consejeros presentes en esa reunión dieron su visto bueno a que cobrara con efecto retroactivo 300.000 euros en concepto de dietas por los dos últimos trimestres del año.
Así, el 28 de octubre interrogará a partir de las 10:00 horas a Ángel Martínez Martínez, Antonio Gil-Terrón Puchades y Armando Sala Lloret, y un día después a José Forner Verdú, Aniceto Benito Núñez y Natalia Caballé Tura.
El 30 de octubre será el turno de Luis Esteban Marcos, Natalia Ferrando Amorós y José García Gómez, y ya el 5 de noviembre el de Jesús Navarro Alberola, Manuel Navarro Bracho y Benito José Nemesio Casabán.
Mientras, el 11 de ese mes declararán Raquel Páez Muñoz, Ginés Pérez Ripoll y Salvador Piles Besó, el 12 Elia María Rodríguez Pérez, José Rovira Garcés y Martín Sevilla Jiménez y el 13 Ángel Óscar Estrada junto con el testigo Alfonso Rodríguez.
La Fiscalía Anticorrupción pidió la imputación de estas 19 personas en un escrito, porque "no se puede afirmar que la autoría de los hechos recaiga exclusivamente sobre Modesto Crespo", ya que la propuesta, que partió del exdirector general Roberto López Abad, fue aceptada por unanimidad por los consejeros.
Para el Ministerio Público, la dieta anual de 300.000 euros que percibió Crespo "no se corresponde con ninguna actividad que conlleve dedicación de tiempo, esfuerzo o responsabilidad".
Y ello, prosigue, por dos razones: primero, "porque si fuera así, no habría ningún motivo para que la dieta la cobrara solo el presidente" y no los consejeros, y segundo, porque la mitad de esa cantidad "correspondían a un periodo de tiempo ya pasado" en el que Crespo no desempeño ningún cargo en la sociedad.
Tras este informe, Gómez Bermúdez abrió una pieza separada de la causa principal en la que investiga a la cúpula de la caja alicantina por irregularidades en su gestión, y en la que imputó a Crespo por apropiación indebida de esos 300.000 euros.
En la principal, Crespo está imputado por delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas junto a los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López, y los exdirectores de Recursos y Planificación Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.
Asimismo, en otra de las piezas separadas, consta en un informe del Banco de España, el expresidente de CAM se embolsó más de 640.000 euros entre 2009 y 2011, cantidad que equivale a 30 veces las dietas que le correspondían por su cargo y que "nunca" fue aprobada por la asamblea de la entidad.
Según el documento, Crespo, aprovechando su presencia en otros puestos de empresas participadas en exclusiva por la Caja, engordó sus ingresos en los últimos años antes de la intervención de la entidad.

Pospuesta 'sine die' la declaración judicial de la alcaldesa de Alicante por el 'plan Rabasa'

ALICANTE.- El juez que investiga las supuestas ilegalidades en el plan urbanístico de Rabasa ha pospuesto las declaraciones de las próximas semanas de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del resto de imputados hasta resolver el incidente de nulidad presentado por el constructor Enrique Ortiz. 

El titular del juzgado de Instrucción nº 6, el magistrado Juan Carlos Cerón, ha emitido una providencia con fecha de 6 de octubre, por la que aplaza las declaraciones de los imputados hasta la resolución del recurso presentado por el abogado de Ortiz y por otros dos del gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la responsable jurídica de ese área.
Ante la decisión cabe recurso de reforma ante el mismo juzgado en el plazo de tres días.
Además, el magistrado ha determinado el sobreseimiento provisional de la causa con respecto al antecesor de Castedo en la alcaldía alicantina, el también popular Luis Díaz Alperi, y a la ex secretaria autonómica y actual presidenta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), María Ángeles Ureña.
El juez ha considerado que el informe policial en torno a un viaje de Díaz Alperi a Oporto (Portugal) para una reunión con los responsables de Ikea, multinacional que tiene previsto abrir una macrotienda en el entorno del plan Rabasa, no concreta "indicio alguno" de posible delito del exalcalde.
El juzgado nº 6 instruye las diligencias sobre la tramitación del plan urbanístico Rabasa, que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados y en cuyo entorno está previsto situar una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.
Se trata de una de las piezas separadas del caso Brugal, y el pasado 17 de septiembre el magistrado citó a ocho personas para declarar como imputados, entre ellos Castedo (27 de noviembre), Díaz Alperi y Ortiz, éste último como empresario supuestamente beneficiado por las ilegalidades.
Se da la circunstancia de que la alcaldesa popular ya figuraba como imputada en otra de las ramas del Brugal, que investiga el juzgado de Instrucción nº 5, la relativa al presunto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del mismo empresario: Enrique Ortiz.
La investigación sobre Rabasa se activó a raíz de una denuncia presentada hace dos años por Esquerra Unida, y a los imputados se les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

jueves, 18 de septiembre de 2014

El PSPV estudia pedir prisión provisional para Castedo "por riesgo de destrucción de pruebas"

ALICANTE.- El PSPV de Alicante estudia pedir prisión provisional para la alcaldesa, Sonia Castedo, tras su imputación por presunto trato de favor al constructor Enrique Ortiz en la tramitación del Plan Rabasa, al estimar que existe "riesgo de destrucción de pruebas" y ante la "alarma social".

   Así, el secretario general del Partido Socialista alicantino, Gabriel Echávarri, ha explicado que ya le he pedido a los abogados de su partido que estudien la posibilidad de pedir prisión provisional para la primera edil, también imputada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
   Según el dirigente socialista, "creemos que concurren los requisitos" para que la primera edil espere en prisión a declarar como imputada el próximo 27 de noviembre, ya que se dan dos de las condiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
   Por un lado, "riesgo de que se destruyan pruebas". El secretario general del PSPV ha sostenido que "la alcaldesa lo sigue siendo, sigue dando órdenes directas a los funcionarios y sigue teniendo acceso directo a cada uno de los expedientes" bajo investigación, por lo que "está en posición de destruir pruebas si quiere".
   En segundo lugar, Echávarri ha indicado que el otro requisito es el de "alarma social". 
"Cuando el CIS dice que la segunda preocupación de los españoles es la corrupción, es que todo caso de corrupción genera alarma social", ha asegurado.
   Según el dirigente local del PSPV, Castedo "cumple de forma estricta" ambas condiciones. "Con que concurra uno de los requisitos bastaría su ingreso en prisión", ha matizado.
   Asimismo, ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que expulse a Sonia Castedo del Partido Popula". 
"Si la expulsa pasaría al grupo de los No Adscritos" en la corporación municipal, "y por tanto la mayoría podría elegir" otro alcalde, ha afirmado.
   "A Rajoy se le llena la boca en Madrid de hablar de regeneración democrática, de decir que son intolerantes contra la corrupción, y mantienen en Alicante a una persona que está imputada ya en dos causas y por cinco delitos graves", ha apuntado Echávarri.
   En este sentido, ha criticado que la "línea roja" del 'president' de la Generalitat, Alberto Fabra, "no cuenta en Alicante", por lo que no van a demandar al jefe del Consell "que expulse a Castedo del PP o la quite de alcaldesa".
   El dirigente socialista también ha indicado que "no vamos a pedirle --a Castedo-- que dimita, porque no lo va a hacer, le importa muy poco la imagen de Alicante". Echávarri ha dicho que su partido tampoco va a solicitar al grupo popular en el Ayuntamiento "que se aclaren entre ellos y la sustituyan, porque no lo van a hacer".
 "Han tenido mil oportunidades de hacerlo", tanto con Castedo como con Andrés Llorens, ha sostenido Echávarri.
   A preguntas de los periodistas, ha defendido que su formación se posiciona contra la corrupción "caiga quien caiga", en referencia a miembros de su partido que podrían verse involucrados en el proceso judicial. "A mí me repugna la corrupción de mi partido", ha mantenido Echávarri, y ha añadido que "seremos los más duros con la gente de nuestro partido".
   De esta manera, el secretario general ha reconocido el "error" del voto inicial a favor del plan Rabasa en un pleno en la legislatura 2003-2007, aunque ha incidido en que "se varió el criterio" posteriormente y "ya no se aprobó". "Nosotros lo llevamos al TSJ y lo declaramos nulo", ha sostenido.
   "Entiendo que todos los concejales que votaron ese día no conocían que detrás había delito", ha afirmado Echávarri, aunque ha exceptuado en esta cuestión a Sonia Castedo, por entonces edil de Urbanismo.
   Sobre la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que aprobó el Consell para instaurar la tienda Ikea en Alicante, en Rabasa, el dirigente socialista ha aseverado que "entendemos que la tramitación de la ATE tiene que ser suspendida, porque no puede venir Ikea con una tramitación urgente a unos terrenos que están bajo sospecha y judicializados".

miércoles, 17 de septiembre de 2014

Fabra dice que un cargo público debe ser "ejemplo" y que Castedo "debe valorar" su situación en la Alcaldía

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a preguntas de los medios sobre si debe dimitir la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en por un presunto trato de favor en la tramitación del Plan Rabasa, ha mantenido que su postura para las personas que estén en cargo público es que deben ser "un ejemplo para todos los ciudadanos". En este punto, ha recordado que el acta de concejal es personal y, por tanto, debe ser la propia Castedo la que "valore en cualquier momento lo que significa para ella y para la institución".

   Fabra se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios en relación a la imputación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa.
   El jefe del Consell ha precisado que, además de "insistir" en la cuestión de la línea roja "no podemos hacer nada más", salvo a la hora de elaborar las listas electorales donde el partido "sí tiene algo que decir". En este sentido, ha remarcado que las personas imputadas por corrupción no podrán concurrir con el PPCV a las elecciones.
   "A pesar de lo que algunos ahora puedan compartir, a mí me han criticado mucho por la línea roja" pero "tengo las cosas muy claras y creo que hace falta ganar esa honorabilidad y honestidad de los cargos públicos frente a los ciudadanos", ha remarcado Fabra.
   Fabra ha continuado destacando que se sabe "de sobra" cuál es su  actitud frente a los casos de corrupción y lo que espera "tanto de la alcaldesa de Alicante, como de cualquier otro cargo público que pueda ser imputado, a la hora de elaborar las listas electorales".
   "Debemos ser muy transparentes y hacer ver que no hay nada que pueda hacer avergonzar a los ciudadanos sobre el comportamiento de cualquier cargo público representando a una institución", ha defendido el jefe del Consell, quien ha afirmado que están "poniendo las bases para que el ciudadano pueda comprobar que en las instituciones y en mi partido haya personas que no puedan tener sombra de duda sobre su comportamiento".
   Preguntado por la actitud de la alcaldesa, Fabra ha insistido en que ya ha dicho "cuál va a ser el siguiente paso" y es que en las listas electorales "no va a haber ninguna persona que esté imputada por casos de corrupción".
 "Poco más tengo que decir porque es lo que he ido diciendo desde hace mucho tiempo". Asimismo, ha reconocido que no ha hablado con Castedo estos días.
   Por otro lado, en relación a las ausencias de Castedo en algunos actos regionales del PPCV, el también presidente 'popular' valenciano ha dicho que las responsabilidades del cargo "hacen que no siempre pueda acompañar a los actos que el partido pueda hacer".
 "Una persona que ostenta una alta responsabilidad como es la Alcaldía de Alicante, debe dedicarse a sus vecinos y es comprensible" esas faltas.
   "Desde luego, no creo que sea cuestión de si acude a un acto o no. Lo primero es la atención a los ciudadanos de Alicante", ha señalado Fabra, que preguntado por su valoración sobre el papel de Castedo como alcaldesa, ha dicho que guarda para él su opinión.

El juez imputa a Sonia Castedo por presunto trato de favor a Ortiz en el Plan Rabasa

ALICANTE.- El titular del juzgado de instrucción nº 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, ha imputado a la alcaldesa de la ciudad, la 'popular' Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortíz, en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación del Plan Rabasa, lugar en el que se prevé la instalación de un centro de la multinacional sueca Ikea.

En un auto de fecha de este martes, el juez ha citado a la alcaldesa de Alicante para declarar por presunta prevaricación y tráfico de influencias el 27 de noviembre a las 10.00 horas. En la resolución se cita igualmente como imputados por el mismo motivo al constructor Enrique Ortíz para el 27 de octubre a las 10.00 horas; a dos técnicos del Ayuntamiento --Enrique Sanus e Isabel Campos-- para el 28 de octubre y a otros dos del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado al día siguiente.
El juez ha preguntado al fiscal y al resto de partes personadas --EUPV y PSOE-- si procede la declaración como imputados del exalcalde de Alicante y predecesor de Castedo, Luis Díaz Alperi, y de la exsecretaria autonómica de Territorio y actual responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, María Ángeles Ureña.
El magistrado ha adoptado esta decisión tras recibir el informe policial realizado por los funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante del que, según consta en la resolución, se desprende que durante la tramitación del expediente administrativo del 'Plan Rabasa' y estando suspendida la ejecución del plan parcial desde diciembre de 2009 por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana --sala de lo contencioso-administrativo--, el Ayuntamiento continuó el proceso.
En el pleno de 29 de enero de 2010 se aprobó someter a exposición pública el proyecto de convenio entre el consistorio y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L. e Ikea Ibérica SAU para regular las condiciones de implantación de un centro comercial en el sector Lagunas de Rabasa. El juez subraya que en el informe policial "existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses" del empresario Enrique Ortíz.
El informe policial fue realizado por funcionarios del Grupo de Blanqueo de Capitales que llevaron a cabo la intervención de las comunicaciones ordenadas por el juzgado de Instrucción nº 3 de Orihuela, que fue el órgano que inició la tramitación del conocido como 'caso Brugal', del que se han desligado esta pieza que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del 'plan Rabasa' y otra que instruye las del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. En esta última causa están igualmente imputados Castedo y Ortíz.
El juez, que acuerda la unión a la causa del informe, señala que de su contenido se desprenden indicios de que los cuatro funcionarios "pudieron dar un trato de favor" en el ejercicio de sus funciones al empresario Enrique Ortíz en la tramitación del expediente administrativo de Rabasa, unos hechos que considera que en este momento se puede considerar que son constitutivos de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias. Asimismo, acuerda dar traslado a Sonia Castedo como denunciada del contenido de la denuncia y de todas las actuaciones.
La alcaldesa de Alicante está también imputada en la parte del 'caso Brugal' que investiga presuntas irregularidades en el PGOU por los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El caso se instruía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana hasta el pasado mes de mayo cuando Castedo presentó su renuncia al acta de diputada, por lo que volvió a los juzgados de Alicante.

domingo, 24 de agosto de 2014

¿Rebota de nuevo la crisis global? / Francisco Poveda *

Un ingeniero valenciano de 62 años formado en la Universidad Politécnica de Madrid, Jaime Caruana, ex gobernador del Banco de España, ex consejero del FMI, ex miembro del Grupo de los 30, del Comité de Basilea y actual director general del Banco de Pagos Internacionales acaba de advertir de un rebrote de la actual o de la más que probable llegada de otra gran crisis global de base financiera cuando el Mundo conoce una situación pre bélica en Europa y Oriente Medio.

Caruana comanda hasta 2017 el banco central de 58 bancos centrales nacionales y se le supone lógicamente uno de los dirigentes más y mejor informados de nuestro planeta puesto que el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, es pilar fundamental del sistema económico unificado mundial, diseñado por la élite global, que hoy representa el 75% de la actual producción económica mundial hasta llegar a alcanzar los 51 billones de dólares anuales.

Pues bien, este miembro de la clase dirigente planetaria piensa que el sistema financiero mundial es ahora más frágil que antes de la crisis iniciada en 2007 puesto que el ratio de endeudamiento es un 20% mayor en las economías más desarrolladas, hasta alcanzar el 275% del PIB. 

También piensa que los desequilibrios financieros masivos que trajeron esa crisis de 2007 han ido a más. Y lo peor de todo: que el actual divorcio entre la pujanza de los mercados financieros y la evolución económica mundial llevará pronto a una corrección masiva.

Existe seria preocupación, si seguimos escuchando a Caruana, por el aumento del nivel de deuda y de euforia de los mercados financieros - "el inversor ignora el riesgo cegado por su búsqueda voraz de rendimiento"- tras un aumento del 40% de deuda pública global, que sólamente en Estados Unidos ha crecido hasta los 17'5 billones de dólares y hasta los 710 la burbuja mundial de productos derivados. Como consecuencia inmediata, los grandes bancos, esos que no podemos permitir que quiebren para evitar una eclosión de todo el sistema, han crecido un 37% desde el inicio de la reciente crisis económica mundial.

Pero Caruana no es el único que sabe la que se avecina de no reaccionar con suma urgencia. El director del Banco de la Reserva de la India, uno de los actuales grandes países emergentes, y ex directivo del FMI, Raghuran Rajan, advierte, igualmente, de una nueva crisis financiera global por las débiles políticas monetarias de los países más desarrollados. Ello se traduce, a su experto juicio, en una gran vulnerabilidad de los mercados financieros por trufados de acciones y activos inflados. "El Mundo está ahora menos capacitado que en 2007 para resistir su coste", ha concluido Raghuran.

Por algo la consultora internacional KPMG ha pedido recientemente a la banca europea medidas preventivas, previas a las pruebas de estrés del próximo otoño, para demostrar su fortaleza y consistentes en establecer una relación sutil entre capital, activos y apalancamiento.

Finalmente, un analista norteamericano de renombre y autor de varios libros de predicción económica, Harry Dent, ha calificado de lamentable el estado de la economía estadounidense que, a su juicio, acabará estallando como una burbuja y llevará a una confrontación inevitable entre los ciudadanos de a pie y la élite, no solo en EE.UU. sino en todo Occidente.

Las manipulaciones de los bancos y los esfuerzos por aplazar una crisis financiera de una manera artificial, han distorsionado el ciclo natural económico, lo que desembocará en la ruina del mundo occidental, predice Dent.

La burbuja extendida de la economía de EE.UU. ya se ha hinchado tanto como podía y está a punto de estallar, lo que evidencia la vuelta de la desigualdad extrema en los ingresos de la llamada clase media y la élite norteamericana. 

"Nos estamos acercando rápidamente al punto en que, a menos que algo cambie, las personas corrientes iniciarán una revuelta", asegura este analista de largo recorrido.

Dent supone que debido al descontento de la mayoría de la población por las ganancias extremas de la clase alta, EE.UU. no será el único país en vivir "la rebelión de las masas", sino que "la gente común empezará a rebelarse en todos los países desarrollados", piensa él. 

"Sin duda, la próxima revolución occidental no será agradable, pero va a marcar el comienzo del próximo gran resurgimiento de la clase media en los países desarrollados y acelerará la nueva oleada de clase media en los países emergentes", concluye el analista.

No anda desencaminado Dent puesto que Estados Unidos, que dice crecer ya al 3% anual, no logra embridar el desempleo, hasta el punto de que se llega a hablar de un 21% de tasa real pese a que el presidente Obama revelase hace unos días que su país había creado diez millones de empleos en los dos últimos años.

La Eurozona no le anda a la zaga. El presidente electo de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker acaba de reconocer que no se ha superado la crisis porque  falta crecimiento y empleo en una Unión Europea donde, oficialmente, el 11,5% de su población activa se encuentra de brazos cruzados en espera de una recuperación, ahora ralentizada por las crisis geopolíticas de Ucrania y Oriente Medio, y que también afecta en su retardo indirectamente a Estados Unidos como principal socio comercial de los europeos y por constituir, además, un riesgo añadido para la recuperación global.

Tanto el Banco Central Europeo como el Bundesbank alemán coinciden en que la Eurozona en particular y la Unión Europea en general están soportando los riesgos inherentes a esas tensiones geoestratégicas, que llevan a una lenta recuperación del empleo y que también se traduce en una menor demanda externa por parte de China y Estados Unidos, lo que todavía no impide un superávit comercial en la Eurozona pese a las añadidas sanciones rusas que tanto afectan a Alemania y a la Europa del Este.

Curiosamente, por primera vez el mercado del petróleo no se muestra sensible para peor ante el presente escenario mundial ya que ha vuelto el rango de unos 100 dólares el barril. Parece también cansado de las crisis además de sufrir mucha menor especulación financiera y una coyuntura económica débil, que acusa su demanda ante una política de oferta estructuralmente distinta al superar ya la producción de Estados Unidos a la de Rusia y Arabia Saudí.

Como colofón, el millonario norteamericano Donald Trump se apunta al grupo de los pesimistas y se suma a Caruana, Rajan y Dent en las predicciones sobre lo que puede pasar si el rumbo no se corrige con premura.

A su juicio, la economía de EE.UU. está a punto de alcanzar la ruina financiera. Y así asegura que los inmensos niveles de deuda, la alta tasa de desempleo y la inevitable reducción de la calificación crediticia son todos los ingredientes necesarios para que eso llegue de un momento a otro.

"Cuando no eres rico, tienes que salir a pedir dinero prestado. Estamos pidiéndoles prestado a los chinos y a otros. Muy pronto nuestra deuda será de  más de 18 billones", afirma.

 Trump sostiene que la tasa de desempleo real en EE UU es más del doble de lo que se informa en este momento, y señala que la cifra de desempleo del 8,2% "no es un número real". La tasa verdadera ha ascendido al 16%, e incluso algunos creen que es tan alta como un 21%, revela el multimillonario.

(*) Periodista y profesor