miércoles, 19 de julio de 2017

El Sabadell y la Fundación CAM deberán responder por las cuotas participativas de los minoristas

MADRID.- Banco Sabadell y Fundación Caja Mediterráneo deberán reintegrar las inversiones realizadas por los clientes minoristas que adquirieron cuotas participativas de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), después de que el Tribunal Supremo haya declarado su responsabilidad.

La sala de lo Civil del alto tribunal desestima así el recurso de casación interpuesto por Sabadell al considerar que mantiene su legitimación pasiva como sucesor universal de la CAM ya que, tras la fusión, pasó a ser responsable de las obligaciones que la antigua caja pudiera tener frente a terceros.
En concreto, expone que la entidad surgida tras la intervención del Banco de España en junio de 2011, el Banco CAM, asumió el compromiso irrevocable de hacerse cargo internamente de las obligaciones de reembolso que pudieran derivarse de las cuotas participativas.
Ello supuso, asegura la sentencia conocida este miércoles, una asunción de la deuda que se traspasó al Sabadell en 2012, cuando el Fondo de Garantía de Depósitos, que previamente había adquirido el 100 % del capital, vendió la estructura por el precio simbólico de un euro.
Una versión que contrasta con la del recurso del Sabadell, que alegó falta de legitimación porque las cuotas participativas, comercializadas a partir de junio de 2008, no fueron transmitidas en la operación de segregación, por lo que la responsabilidad recaería sobre la Fundación Obra Social.
La sala expone, sin embargo, que las cuotas fueron una fuente de financiación del negocio financiero "realizada por los empleados de la caja como parte de su actividad bancaria", con lo que pasaron a Sabadell, que "se había aprovechado del refuerzo de capital que había supuesto la suscripción de este producto".
Discurso similar para la Fundación CAM, a la que también hace responsable subsidiaria frente a Sabadell "no en su calidad de emisora, sino como sucesora frente a terceros de las obligaciones de la entidad comercializadora" al ser su titular formal. 

Los exdirectivos de la CAM alegan falta de competencias en las actividades sospechosas

MADRID.- Letrados de varios exdirectivos de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) alegaron este miércoles la falta de competencia de sus defendidos en la aprobación de las reclasificaciones de créditos y titulizaciones, operaciones que supuestamente habrían permitido generar beneficios artificiales.

Una acusación que refutó el abogado del exdirector de Riesgos Francisco Martínez, considerado por la Fiscalía como cooperador necesario de las irregularidades, quien, si bien admitió que la CAM pudo incurrir en una mala gestión de los riesgos, "ello no colma el delito del que estamos hablando".
Desmarcó así a Martínez tanto de la falsedad contable como de la estafa continuada por los que el Ministerio Público solicita siete años y medio de cárcel, en tanto que "ni procuró, ni ordenó, ni mandó rehabilitar créditos pues carecía de competencias para ello".
Sobre las titulizaciones, relató que éstas se hicieron no para generar falsas ganancias sino "porque la situación era crítica y la liquidez extrema", y sostuvo que los resultados "habrían sido los mismos con ellas que sin ellas".
En términos similares se mostró la defensa del exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, para quien el fiscal pide un año y dos meses de prisión, cuya participación, dijo, "era perfectamente intercambiable, pues si la mañana en la que se firmaron las titulizaciones no hubiera estado presente, lo habría hecho otra persona".
Por su parte, el abogado del exdirector de Financiación Juan Luis Sabater se refirió a su cliente como un "mero trabajador" que operó "bajo el principio de confianza, sin dolo y con actos neutrales".
La sesión, en la que también intervino la representación de la aseguradora Caser como responsable civil directo, estuvo condicionada por la noticia de la muerte del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, cuyo abogado se encontraba en una sala que, casualmente, fue la misma que condenó al exbanquero a seis años de cárcel por el caso de las tarjetas black con las que la entidad recompensaba a sus consejeros y directivos con dinero opaco al fisco.
Carlos Aguilar, letrado de Banco Sabadell en la presente causa, abandonó la sede al filo de las 11:30 horas tras un receso, visiblemente afectado y a la carrera, escapando de los periodistas presentes en la zona.
Media hora antes, el fallecimiento del que fuera presidente de Caja Madrid, encontrado esta mañana en una finca de la provincia de Córdoba con un disparo en el pecho, se filtraba en la sala, donde los letrados se pasaban unos a otros sus teléfonos móviles con claro gesto de desconcierto.
La jornada ha coincidido además con la publicación de la sentencia en la que el Tribunal Supremo obliga a Banco Sabadell y, subsidiariamente a la Fundación Caja Mediterráneo, a reintegrar las inversiones de los clientes minoristas que adquirieron cuotas participativas de la entidad.
Mañana la sección cuarta de la sala de lo Penal reanudará la lectura de informes precisamente con ambas instituciones en la que se prevé sea la última sesión del juicio contra la excúpula de la CAM, que comenzó el pasado 30 de mayo.
En esta recta final, la Plataforma CAM, grupo de afectados por la quiebra de la caja representados por Diego de Ramón, mostró su malestar e indignación ante el hecho "surrealista" de que el Ministerio Público sólo reclame indemnización a quien compró cuotas entre el 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese mismo año, fecha en la que la entidad fue intervenida.

lunes, 17 de julio de 2017

Anticorrupción mantiene los cargos contra la excúpula de la CAM por “hacer trampas” contables

MADRID.- El fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol ha elevado a definitiva este lunes su petición de penas de cárcel que alcanzan hasta los siete años y medio para los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se sientan en el banquillo de los acusados por falsear las cuentas de los ejercicios 2010 y primer trimestre de 2011 de manera “intencionada”.

En esta nueva sesión de vista oral que acoge la Audiencia Nacional dedicada a las conclusiones finales, el fiscal del caso ha insistido en que las cuentas no reflejaban la imagen real de la caja murciano-alicantina y que la excúpula reconoció beneficios en los estados financieros de esos ejercicios a través de dos mecanismos: la incorrecta calificación de provisiones y el mecanismo de las titulizaciones.
“Se ha hecho trampas, ustedes han engañado”, ha dicho el fiscal Anticorrupción a los acusados a quienes les han recordado que aunque sus acciones no fueron causa de la quiebra de la CAM, no se trató de un error sino de una actuación intencionada.

Por ello les imputa delitos de falsedad contable en los estados de 2010 y 2011 y estafa continuada y pide que indemnicen de forma solidaria al Banco Sabadell con 20 millones de euros y a los afectados por la compra de cuotas participativas entre marzo y julio de 2011, muchos de ellos personados como acusación en el juicio.

Penas de cárcel

El Ministerio Público pide siete años y medio de cárcel para el exdirector general de la entidad Roberto López Abad, la exdirectora general adjunta Dolores Amorós, el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez y de Planificación y Control Teófilo Sogorb.

Para los exdirectores de Financiación y de Información Financiera Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, respectivamente, solicita 1,2 años de cárcel y para Vicente Soriano (Recursos) diez meses. Exculpa al expresidente de la caja Modesto Crespo que se sientan en el banquillo a petición de las acusaciones.

Rodríguez Sol ha insistido en que como consecuencia de una incorrecta rehabilitación de créditos fallidos y dudosos a normales, los acusados presentaron en 2011 unos resultados que arrojaban beneficios de 65 millones de euros cuando en realidad existían unas pérdidas después de impuestos de 1.136 millones de euros. A esta conclusión llegaron los administradores provisionales nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tras la intervención del Banco de España en julio de 2011.

Culpables y cómplices

De López Abad ha dicho que, como principal administrador, dio las instrucciones para elaborar los presupuestos “sentando las bases” de lo que pasó en 2011. En concreto se ha referido a un correo electrónico enviado en noviembre de 2010 por el entonces director general en el que instaba a los principales ejecutivos a sacar 300 millones de euros de ganancias de cara al cierre del ejercicio.

El objetivo era facilitar la creación del Sistema de Protección Institucional (SIP) integrado por Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria que diera luz verde al Banco Base, proyecto que finalmente no vio la luz al retirarse el resto de cajas del proyecto ante las dudas de solvencia de la CAM, que acabó vendiéndose al Banco Sabadell por la cantidad simbólica de un euro. Por ello ha considerado al resto de acusados “cómplices” de los hechos que comenzaron a juzgarse el pasado 29 de mayo.

Respecto al papel del supervisor, el representante del Ministerio Fiscal ha dicho que los informes del Banco de España ya reflejaron que la situación de la caja alicantina era “crítica” ante la falta de liquidez y ha respaldado la versión otorgada por los peritos judiciales del mismo que declararon durante el juicio en calidad de testigos.

“No es lo mismo que el beneficio salga porque se han aplicado correctamente las normas contables que porque se han hecho trampas. Lo que no se puede hacer nunca es trampas y una vez hechas explicar que hubiéramos ganado igual. Ustedes han engañado”, ha espetado el fiscal en referencia a la versión de los acusados que insistieron en su declaración en calidad de investigados que el Banco de España les permitió ajustar contra reservas las plusvalías de la cuentas de 2010.

Imagen falsa al inversor

También se ha referido al mecanismo de las titulizaciones como herramienta empleada por la excúpula para maquillar las cuentas y presentar un resultado presupuestado en 2010 superior a los 200 millones de euros. Con esta incorrecta contabilización de préstamos hipotecarios aparentaron una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no se produjo.

En relación a la cuotas participativas Rodríguez Sol ha recordado que se ofreció una imagen falsa al inversor y que se le provocó un perjuicio con la emisión de este producto financiero cuyo valor quedó reducido a cero una vez vendida la caja murciano-alicantina al Banco Sabadell.

Igualmente ha insistido ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo, que los acusados cobraron indebidamente beneficios de la entidad quebrada en calidad de planes de pensiones, inventivos o prejubilaciones y que costaron a la caja un desembolso indebido superior a los 20 millones de euros. 

Al respecto ha defendido que la aseguradora Caser es la responsable real “casi sin ningún género de dudas” por la póliza de responsabilidad civil de los exaltos cargos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

jueves, 13 de julio de 2017

"Paraísos del toro", de José Luis Benlloch

PACO POVEDA

Hace más de 45 años que comencé a frecuentar con él algunas ferias taurinas como la de San Isidro, Hogueras o San Jaime por no hablar de ganaderos y ganaderías como la de Apolinar Soriano, en Cuenca, gracias a Joaquín colega en Ingeniería, y alguna otra en Andalucía, y a su impecable 'Mini' para tirar millas. 

Eran años de estudiantes universitarios en Madrid y José Luis Benlloch, hijo de ganadero de reses no bravas en su Valencia natal (Benaguacil-Líria), ya había debutado en la granadina Armilla, según acredita un cartel, como novillero sin caballos, antes de ingresar en la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia proveniente del colegio de los Jesuitas. 

Cuento todo ésto para centrar al autor de un libro que no necesita quizá ser tan contextualizado por conocido de sobra en el mundo del periodismo taurino internacional, incluso antes de editar y dirigir la revista 'Aplausos', hasta el punto de que en aquellos tiempos de alumnos de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense llegaba a exasperar - entre corrida y corrida de la feria madrileña- a la prima de un ministro del actual Gobierno cuando le decía que tenía trapío y ella  no lo entendía como un piropo sino como cosa propia de reses bravas.

Precisamente eso aborda el libro 'Paraísos del toro', editado por la Diputación de Valencia y que ya ha sido presentado en varios foros taurinos de diversas ciudades con tradición y afición a la Fiesta, justo en un momento de serias dudas sobre su futuro, y cuyo centro siempre he pensado que era mucho más el toro de lidia que el torero. Creo que debo coincidir con el autor sin ponerme de acuerdo aunque lo poco que creo saber de la tauromaquia ha sido por la cantidad de faenas taurinas de las que he disfrutado a su lado. 

Ahora que los animalistas dicen que salen en defensa del toro, este fondo literario salido en esencia de decenas de reportajes periodístico-taurinos en ganaderías castellanas, andaluzas y levantinas realizados por el autor a lo largo de toda su trayectoria profesional de quien ha hecho del periodismo y el toreo su vida, aborda aspectos que son casi condición 'sine quanon' para que cuando un toro salga a la plaza sea bravo y dé juego en todos los tercios. Para entendernos, 'Paraísos del toro' habla fundamentalmente del llamado rey del toreo en su hábitat natural. Y porque como dice el autor, "más allá del ruedo también hay gloria".

Benlloch ha hecho desde 1972 crónica y crítica taurina en 'Levante', 'Las Provincias', Canal 9, Radio Nou, Hoja del Lunes de Valencia, Cadena SER y brevemente en el diario 'Nueva Andalucía', de Sevilla, al comienzo de su condición de redactor. Y quizá ese paso por el sur matizó su visión levantina de la Fiesta y sirvió para acercarlo mucho más a su protagonista principal, que luego ha podido admirar durante años en La Maestranza, Las Ventas ó el coso de la calle Játiva. No hay feria taurina de postín que no haya frecuentado el autor del libro ni hierro al que no le haya ido tomando la medida incluso después de encastes que han mejorado genéticamente al bóvido como mucho más idóneo para su lidia.

Para esta obra de 400 páginas dedicada a Elisa, la mujer de su vida ahora más que nunca, Pepín (apelativo por el que lo nombramos desde siempre sus amigos de Molés al Soro y de los Montoliú a Ponce pasando por 'El Juli', Manzanares o los Rivera hasta decenas de personajes taurinos como El Litri) ha seleccionado sus múltiples experiencias en ganaderías, digamos de autor y variadas, como Fuente Ymbro, Los Derramadores, conde de Mayalde, Daniel Ruíz, Laurentino Carrascosa, Antonio Gavira o Ramón Sánchez y Gerardo Ortega, entre otras, para hacer pivotar este libro escrito con paciencia y dedicación en su retiro de las afueras de Valencia gracias al ánimo de algunos de sus amigos de la profesión y otros de dentro del mágico mundo llegado de Creta al sur de Francia y la Península Ibérica como sabia destreza artística del mundo clásico, empeñado en demostrar en tres secuencias la superioridad de la razón sobre la fuerza. Que no es otra cosa que el arte por el que este autor ha dedicado dos tercios de su vida y en lo que consiste nuestra Fiesta Nacional.

Tanta querencia por la Fiesta le hicieron a Benlloch inaugurar la crónica taurina en llengua valenciá como una innovación por el que cientos de aficionados de la Comunidad Valenciana le identifican y le recuerdan con cariño. Era un forma de acercar el lenguaje taurino a una cultura no menos española y, además, muy enraizada con este animal bravo en decenas de festejos de infinidad de pueblos de esta región, lo que justifica por otra parte el compromiso editor de la Diputación de Valencia como institución que apuesta por una tradición secular en la España mediterránea de más al este.

Dice Benlloch que supo desde el primer día el libro que quería escribir porque lo tuvo siempre en la cabeza. Y, desde luego, no sería para dogmatizar sobre el toreo sino desde el amplio espacio del parar, mandar y templar. Que quería algo más relacionado con el universo donde se enamoró definitivamente de ese mundo, pretendiendo sacar a la luz, sin desvelarlos, los secretos de los ganaderos, hasta comprender que no sabía tanto de toros como pensaba porque, en realidad, "de toros saben muy pocos". Pero, sobre todo, intentar recuperar para el libro las leyendas más hermosas.

'Paraísos del toro' es el zumo destilado de un periodista a lo largo de 40 años de dedicación intensa y extensa a una parcela periodística que no tiene nada de fácil hasta para los que creen que entienden de todo es esta profesión nuestra. Es la gran consecuencia de un conocimiento mucho más que superficial, diría que hasta filosófico, para poder detectar, identificar, vivir y analizar las esencias más ocultas de una entrega de tanta gente diversa por necesaria para que haya espectáculo.

Bien presentado, el autor confiesa salvar con el libro todo aquello que le gustó y sobre lo que no pudo extenderse. También confiesa que cuenta aspectos hasta ahora inéditos para que por estas páginas desfilen también soñadores, figuras, pícaros, terratenientes y hasta tiesos en algo que compendian toda una lectura apasionante sobre esta antropología y sociología tan especial como es el mundo del toro a través de la pluma de quien también pertenece por derecho a lo que él mismo bautiza como 'la aristocracia de lo bravo'.


Ficha del libro:

Autor: Benlloch Rausell, José Luis
Título: Paraísos del toro
Edición: Primera, 2015
Lugar: Valencia
Editorial: Hechizo Media S.L.
Nº de Páginas: 400
Diseño: Juan Cristóbal García
Fotos: Archivo de 'Aplausos'
Depósito legal: V 1231 - 2015
ISBN: 978-84-606-7599-0
Impresión: Mediterráneo Proceso Gráfico
Impreso en España


martes, 20 de junio de 2017

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estima un recurso de Diego de Ramón sobre las cuotas participativas de la CAM

MURCIA.- La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de apelación del abogado murciano Diego de Ramón y otros sobre las cuotas participativas, siendo la tercera vez que se da la razón a los afectados en su legitimidad de poder personarse en la causa general contra la CAM, con independencia de la situación real contable de la entidad en la fecha de suscripción de dichos títulos.

La decisión afecta a unos 55.000 perjudicados con una emision de dichas cuotas por vez primera en el año 2008, por importe de 292 millones de euros.

Dicha Sala ha acordado estimar parcialmente los recursos de apelación formulados por las representaciones de las acusaciones ejercitadas por Diego de Ramón Hernández y otros, Adicae y otros y Josefa López Alburquerque y otros contra autos de 10 de abril y 3 de mayo de 2017 por los que el Juzgado Central de Instrucción nº 3 resolvió el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza de cuotas participativas de las Diligencias Previas nº 170/2011 y con revocación de dichos autos, ordenar la práctica de las testificales propuestas por la primera de dichas acusaciones en escrito presentado el 3 de abril de 2017, debiendo el juzgado a sus resultas decidir con libertad de criterio conforme al art. 779.1 de la LECrim.

La Sala dice en su acuerdo que se comunique al instructor mediante certificación y notificado este auto a las partes, con la advertencia de no ser susceptible de recurso ordinario alguno.

Tanto el fiscal como Banco de Sabadell, Fundación Obra Social de Caja Mediterráneo, Roberto López Abad, y María Dolores Amorós se oponían a las pretensiones del abogado murciano Diego de Ramón.

Por auto de 10 de abril de 2017 el Juzgado Central de Instrucción nº 3 acordó, dando por concluida la investigación en aplicación del art. 324.6 de la LECrim, el sobreseimiento provisional y archivo (arts. 641.1 y 779.1 1o del mismo texto legal) de la pieza de cuotas participativas de las Diligencias previas 170/11. 

El Juzgado Central dictó auto de fecha 3 de mayo de 2017 por el que desestimó los cuatros recursos de reforma y admitió a trámite conforme el art. 766.3 de la L.E.Crim. los recursos de apelación subsidiariamente formulados.

En el auto de 3 de mayo el juzgado, admitiendo que la representación de Diego de Ramón Hernández había presentado el 3 de abril de 2017 escrito proponiendo la testifical de ocho comercializadores de cuotas participativas, entendió que ello estaba fuera de plazo de cinco días y argumenta además que los seis meses de instrucción habían concluido antes del dictado de la providencia de 23 de marzo.

Sobre dichas bases el instructor, valorando las diligencias de investigación presentadas concluye en el sobreseimiento provisional de la causa por aplicación de los arts. 779.1.1a y 641.1 de la LECr.

En sus fundamentos de Derecho la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es taxativa al decir que "el juzgado no tiene en cuenta que la diligencia de investigación consistente en la toma de declaración a ocho de los comercializadores de las cuotas participativas se acordó de manera específica por auto de 30 de enero de 2017 dictado por esta Sección revocando el del juzgado de 7 de noviembre de 2016 por el que se había denegado la petición que al efecto habían hecho las acusaciones, fecha esta última a la que debe estarse a los efectos del cómputo reanudado el 11 de octubre de 2016, siendo el requerimiento de 31 de enero, la providencia de 23 de marzo y el escrito de la acusación de 3 de abril mera concreción de la diligencia de investigación solicitada dentro del término de duración ordinaria de la investigación y admitida a tal efecto por el auto de 7 de noviembre al quedar éste revocado por la resolución de esta Sala de 30 de enero de 2017, quedando así esta diligencia de investigación amparada por el apartado 7 del art. 324 tantas veces citado; precepto que sin embargo no permite la proposición de nuevas diligencias desde el momento en que reanudado el plazo ordinario el 7 de noviembre de 2016, ya se completó cuando recae el auto de sobreseimiento de 10 de abril de 2017".

Y la Sala remata diciendo que "en contra de lo que razona el instructor y mantienen las partes apeladas, no son computables los días inhábiles no obstante encontrándonos en la fase de instrucción ya que lo dispuesto en el art. 201 de la LECr. (“Todos los días y horas al año serán hábiles para la instrucción de los causas criminales, sin necesidad de habilitación especial”) y en iguales términos en el art. 184.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo inhábiles (art. 182.1 LOPJ) los sábados y domingos, entre otros, es aplicable a los actos o diligencias de instrucción, no a los actos de las partes a los efectos de cómputo de plazos tal y como de manera meridiana declara la STS 437/12, de 22 de mayo citada tanto por apelantes, como por apelados. 

Además, según el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2003 es de aplicación a las causas penales lo dispuesto en el art. 135.5 de la L.E.Civil que dispone que “La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviese sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo”; norma que aquí lleva a establecer que la petición –según el documento que la apelante acompaña al mismo (folio 36 del testimonio)- se efectuó antes del transcurso del llamado “día de gracia”.

miércoles, 31 de mayo de 2017

Sogorb admite discrepancias en las previsiones de beneficios de 2011 de la CAM

MADRID.- El ex director general de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Teófilo Sogorb, dijo este miércoles en el juicio contra ocho exdirectivos de la caja que las previsiones de beneficio para 2011 hechas por la propia entidad diferían de los presupuestos que se utilizaron para la fallida fusión con otras cajas.

A preguntas del fiscal, Sogorb explicó que la entidad redactó unos presupuestos con la información aportada por los distintos departamentos, que después eran contrastados con auditores internos y externos y con firmas como Boston Consulting o Analistas Financieros Internacionales (AFI).
De ahí que hubiera discrepancias entre esos documentos de trabajo y los que finalmente se aportaron al plan estratégico al que dio el visto bueno el Banco de España y que se emplearon en la fallida constitución de un SIP (sistema de protección de activos) con otras cajas.
Además, una vez intervenida la entidad, en julio de 2011, el FROB modificó sus criterios, por lo que "resultaba imposible conocer la imagen fiel de la entidad".
Para la constitución del SIP, explicó, previamente a la firma del contrato era necesario que el Banco de España autorizara un plan estratégico de integración, "y así se hizo en este caso", con las cuatro cajas.
En junio de 2010 se hizo llegar a la comisión ejecutiva del Banco de España ese plan estratégico, que fue aprobado por el organismo, que establecía planes de actuación con despidos, cierre de oficinas y otros puntos.
En ese plan estratégico se incluían los objetivos de la caja para 2011, con 218 millones de euros comprometidos como beneficio, aunque después se vio que si no se actuaba, dada la delicada situación económica del país, habría resultados negativos.
Cuando el fiscal Luis Rodríguez Sol le pregunto si en las reuniones previas a la constitución del SIP se llegaron a poner sobre la mesa los documentos que mostraban que la caja tendría unos resultados negativos de 400 millones de euros, Sogorb aseguró que él no lo presentó.
Sí explicó que Roberto López Abad y Dolores Amorós, ambos acusados en la causa, estaban al corriente de toda la información, el primero como director del Banco Base en ese momento y la segunda como directora general.
En el plan estratégico, indicó, figuran unos resultados y en las previsiones tendenciales, otros, siendo éstas últimas peores que las primeras, aunque en todo caso perfectamente conocidas por el grupo de trabajo del Banco Base.
Sogorb expresó la tranquilidad que proporcionaba contar con la presencia constante, "todos los meses del año" de los auditores externos de KPMG, que intervenían en la supervisión de la redacción de los estados financieros y de todo tipo de informes.
Acerca de las titulizaciones de activos, explicó que la caja encargó un peritaje externo realizado por KPMG Asesores para que evaluara si las opciones de las que disponía la caja podían ser dadas de baja del balance de resultados, una maniobra permitida por la normativa contable del Banco de España siempre que no afectara a las dotaciones de capital.
Sin embargo, una posterior revisión de la situación del primer semestre de 2011 puso de manifiesto "otras opciones", desconocidas por el propio equipo de Sogorb, cuyo riesgo no habría sido trasferido y que infló las cuenta de resultados en 168,8 millones de euros.
Un "problema" que, dijo, comunicó a uno de los administradores del FROB que dirigieron la CAM tras su intervención, quien a su vez solicitó un informe específico que llevó a la "reexpresión" contable.
Cuestionado acerca de su papel al frente del departamento, aseguró que sólo el área de inversiones, liderado por el también acusado Francisco José Martínez, conocía que estas opciones no habían aparecido en la contabilidad, descartando cualquier responsabilidad directa sobre estas operaciones como sí le atribuye uno de los peritajes aportados a la causa.
"Yo no he ocultado nada al FROB", insistió a la sala.
Asimismo, defendió la política de dotación de provisiones y recordó que, tras una circular del Banco de España que ampliaba el volumen de estos colchones, la CAM empleó un 90% de fondos genéricos para hacer frente a las nuevas exigencias, aunque hasta ese momento la dotación para provisiones se elevaba al 125 %.

La banalidad de la CAM / Ángel Montiel *

Hannah Arendt nos alertó sobre ´la banalidad del mal´ al detectar que detrás del horror sólo hay mediocridad. Esta evidencia añade horror al horror, pues ni siquiera cabe que las víctimas puedan acogerse a una implacable predestinación, sino que lo son de parte de lectores del Marca y de apacibles jugadores de dominó. Gente corriente. 

Modesto Crespo, presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, declaró ayer en sede judicial que su función se limitaba a acompañar a señoras a comprar bolsos o a recibir homenajes del Misteri del Elche, y que no tenía ni pajolera idea de lo que se traficaba en la CAM, entidad que presidía. 
Todo esto no lo expuso como autocrítica, sino como excusa para zafarse de responsabilidad. Y en boca de un empresario que, como tal, debiera tener conciencia de lo que significa presidir un Consejo de Administración. Probablemente, como presidente del Consejo de su empresa particular no se dedicaría a comprar bolsos para las señoras de sus clientes, sino que llevaría las cuentas al céntimo. Mediocre hasta el final y, por tanto, exponente del horror. 

Porque podría haber dicho con mayor convicción: yo era un lacayo de Gerardo Camps, consejero de Economía de la Generalidad valenciana; gracias a mi cargo me llevaban en andas en mi pueblo donde hasta entonces era un simple vendedor de coches; mi posición me permitía hacer favores importantes, gozar de privilegios insospechados, acceder a préstamos y concederlos, figurar como un santón por donde quiera que fuera, meter miedo a quien me importunara, ser mirado con alguna delectación imposible en otra circunstancia por determinado tipo de señoras, además de almorzar y cenar en los mejores restaurantes, probar los más exclusivos caldos, ser invitado e invitar, cobrar dietas por fichar en reuniones somnolientas en que se decidía sobre el destino y los sueños de miles de personas, viajar gratis total por el planeta Tierra, dormir en los mejores hoteles, ser transportado en vehículos de alta gama por chóferes expertos y discretos, aparecer ante mi mujer y mis hijos como un hombre extraordinario aunque ocultándoles que no disponía de otro mérito que el de haber sido elegido como un mindundi necesario para hacer el trabajito sordo (es decir, sucio) al estamento político, constituido a su vez por otros lectores del Marca, como el figura que preside el país. 

Todos del mismo nivel intelectual y moral. Y lo peor es que ponen en mal lugar a un gran periódico como el Marca y a un juego entretenido como es el dominó. Arrasan con todo. 
Podría haber concluido Crespo su declaración de manera más sincera: «Sí, soy el responsable por omisión de la ruina de miles de incautos clientes de la CAM que se dejaron engañar por las cuotas participativas, fui el presidente de la entidad que para mantener mi culo en sillones de cuero curado ignoró que se falsificaban los resultados de la entidad sólo con el propósito de que sus gestores cobraran incentivos mientras la marca se venía abajo, soy el tipo que se cargó la CAM, la caja de ahorros más potente y confiable, que tuvo que ser rescatada con el dinero de todos para ser vendida por un euro al Banco de Sabadell».

Pero es verdad que todo esto le sobrepasa, sin duda. Es posible que ni siquiera sea consciente del desastre. Tal vez aún espera que sus amigos vengan a rescatarlo también a él, que sólo se prestó a figurar mientras los más listos, como Roberto López Abad, exdirector general, se jubilaban anticipadamente a la hecatombe con la soldada del historial laboral de mil obreros, según el cálculo espinosiano. 

Lo terrible es que nuestra ruina personal y colectiva se debe a estos pobres hombres, a los que ni siquiera podemos reprochar una maldad intencionada. Son así, un producto colateral y vulgar del poder, que a su vez es una máscara detrás de la cual sólo hay otros lectores del Marca, también inconscientes del daño que nos hacen. Es la banalidad absoluta, conformada por honestos padres de familia a los que políticos desalmados nombraban para altos cargos del poder financiero con la exclusiva obligación de acompañar a las señoras a comprar bolsos y que después se daban golpes de pecho como ridículos meapilas y falsos devotos en las fiestas de Elche. 

Ostentaban la representación de un mundo inamovible, perpetuo, que de pronto se vino abajo, y andan perplejos: «Yo sólo era un mandao». Pero los recuerdo. A los dos. Los veías y veías el Poder. A su alrededor todo eran sonrisas. Había gente que esperaba que le dijeran: «Pasa por mi despacho». Y así podrían llegar a final de mes. Eran dioses. Mediocres y banales. Objetivamente, malvados. 



El horror, según Hannah Arendt.



(*) Columnista

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/05/31/banalidad-cam/833700.html

martes, 30 de mayo de 2017

Los acusados de la CAM comienzan a contar mentiras ante el tribunal para eludir sus responsabilidades en la quiebra

MADRID.-El tribunal que juzga en la Audiencia Nacional a la excúpula de la CAM ha decidido mantener en la causa a los afectados por las cuotas pero lo limita a los que compraron entre marzo y julio de 2011. De este modo, rechaza expulsar a los damnificados por las participativas como pedían los acusados pero acota a los que da cobertura este proceso.

El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, el primero de los acusados del juicio contra la excúpula de la entidad financiera que se somete al interrogatorio en la Audiencia Nacional, ha declarado que él "no sabía lo que ocurría".
Crespo ha defendido que "nadie" le informó de que tenía problemas de solvencia sino que incluso una semana antes de la intervención de la caja en 2011 "las noticias eran positivas".
"Yo desconocía los procedimientos internos", ha dicho el expresidente de la entidad murciano-alicantina a preguntas del fiscal del caso Luis Rodríguez Sol, a quien le ha precisado que las cuentas aprobadas en 2010 y 2010 eran "positivas", salieron adelante "por unanimidad" del consejo de administración y venían respaldadas por el informe favorable de la auditora KPMG.
Crespo, para el que la acusación particular pide nueve años de cárcel, se ha referido así a la comunicación hecha por los gestores de la caja a las autoridades financieras de unos beneficios de 38,9 millones de euros pese a que tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones derivando en la quiebra de la Caja.
Hasta en cinco ocasiones ha rechazado conocer el contenido de documentos que firmó (como actas del consejo de administración) porque carecía de conocimientos para ello y porque tenía "absoluta confianza" en los directores Roberto López Abad y su adjunta Dolores Amorós, ambos encausados.
"Si me decían que tenía que firmar un documento, como presidente lo firmaba, acababa de aterrizar en la Caja y si personas que llevaban 35 años me lo pedían no tenía por qué desconfiar pero eso no quiere decir que tenga conocimientos porque no los tengo", ha recalcado.
El acusado ha reconocido también que no participó en una de las reuniones mantenidas entre directivos de CajaAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en Elche para integrar un Sistema Institucional de Protección (SIP) que diera luz verde al Banco Base porque no tenía "conocimiento" de los hechos que se iban a tratar.
"Yo presidía la Junta Rectora del Patronato del Misterio de Elche y el sábado por la mañana no asistí a esa reunión porque no tengo conocimiento y no había lugar. Me dediqué a acompañar a las señoras que vinieron y les llevé a visitar 'outlets' porque querían verse zapatos, bolsos y más menesteres", ha precisado Crespo, que ayer fue increpado a la salida de la Audiencia Nacional por afectados por la compra de cuotas participativas.
El exbanquero ha mostrado su "sorpresa" de que las tres cajas se desvincularan del proyecto ante los problemas de solvencia de la entidad alicantina que finalmente fue intervenida por el Banco de España y adjudicada en 2011 al Banco Sabadell por un euro simbólico tras haber recibido una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 2.800 millones de euros.
El acusado también ha rechazado tener responsabilidad alguna en las retribuciones otorgadas a los altos cargos de la Caja y que, según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, costaron a la CAM un desembolso total de 20 millones de euros junto con los bonus y las indemnizaciones que la cúpula se otorgó en 2011 cuando la situación era "crítica".
De igual forma ha respondido cuando el letrado del Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), que asumió el rescate de la Caja y ejerce la acusación particular en el procedimiento, le ha preguntado por qué fue facultado a realizar titulización de activos (uno de los medios empleados por la excúpula para simular la obtención de beneficios) pese a que de esa función ya se encargaban los directivos. "Ellos sabían que no tenía conocimiento alguno", ha respondido.
El expresidente de la Caja ha sido el primero de los ocho acusados en declarar ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo y que también juzgó el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. 
Los exbanqueros se enfrentan a una petición de la Fiscalía de penas que van desde los diez meses a los siete años y medio de prisión por los delitos de de falsedad en las cuentas anuales, estafa y apropiación indebida por su gestión.
Crespo ya fue juzgado y absuelto junto con López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, por haber favorecido dietas presuntamente irregulares de entre 9.000 y 308.700 euros para 19 miembros de la entidad por valor de 1,37 millones de euros.

lunes, 29 de mayo de 2017

Las acusaciones piden que se juzguen las cuotas de la CAM desde su origen


MADRID.- Las acusaciones particulares pidieron este lunes en la primera sesión del juicio oral sobre la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se añadan a la causa las cuotas participativas comercializadas por la entidad desde 2008, y que no se limite a las de 2011.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.
Pero ahora las acusaciones particulares en representación de los afectados solicitaron que se amplíe el perímetro, un criterio que no comparte el fiscal, Luis Rodríguez Sol.
Sí coincidió con las defensas al descartar que las citadas acusaciones puedan seguir reclamando indemnización alguna en este juicio que, dijo, se limita únicamente a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
Al igual que ya ocurriera durante el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM que alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- acudieron a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para increpar a los ocho exdirectivos acusados.
Entre los que pidieron que se amplíe a las cuotas emitidas desde 2008 figura el letrado Diego de Ramón, que representa a unos 1.000 afectados y que señaló que la falta de información veraz sobre dicho producto en estas primeras fechas "se constató en julio de 2011, cuando el Banco de España abrió un expediente a la caja por alteración contable de la información financiera y patrimonial".
Una decisión en la que insistió la defensa del ex director general de la CAM Roberto López Abad, Javier Boix, que alegó la falta de legitimidad de dos de las acusaciones particulares personadas en la causa, ya que los afectados a quienes representan suscribieron cuotas con anterioridad al citado periodo.
Al respecto, aseguró que de permitir que ambos letrados sigan en el juicio, "habría que solicitar su anulación" con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de todos aquellos clientes que figuran en la pieza separada de cuotas participativas para que puedan incorporarse a las vistas.
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la CAM acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como de cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
A Crespo le acusa el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
El expresidente sufre una cardiopatía que "quizás, a la larga", dijo su abogada, Adriana de Buerba, "le pueda impedir" acudir al juicio con regularidad, ya que "se acentúa en situaciones de tensión".
El escrito de la Fiscalía incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El juicio se reanudará mañana martes con la resolución de las cuestiones previas planteadas hoy, con lo que darán comienzo las declaraciones de los testigos.

Qatar exige a 'El Corte Inglés' que inicie el estudio de su proceso de salida a bolsa


MADRID.- El consejo de administración de El Corte Inglés está empezando a notar la presión de tener por primera vez en su historia a un accionista ajeno a la familia. Shahzad Shahbaz, el representante del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, ha pedido una nueva hoja de ruta que permita cumplir con el plan estratégico que se lanzó cuando el inversor catarí adquirió el 10% de la compañía, informa hoy http://www.elconfidencial.com.

Una petición que tendría como objetivo final profesionalizar la compañía y comenzar a preparar la salida a bolsa a partir del próximo año. El contrato que dio entrada a Al Thani en el capital de El Corte Inglés establecía en una de sus cláusulas que dicho accionista podía solicitar en cualquier momento que se pusiera en marcha el estudio de una OPV del grupo, fijándose un periodo de año y medio para la realización del informe.
La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha
Según las fuentes, el jeque ya se habría dirigido al consejo con el objeto de activar dicha cláusula. El propio presidente y consejero delegado de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, dejó caer en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía de Sitges que no descartaba sacar a bolsa la compañía en un futuro, aunque matizó que no era una opción que estuviera sobre la mesa. La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha.
Igualmente, Shahzad Shahbaz ha requerido a Cristina y a Marta Álvarez Guil, las dos herederas de Isidoro Álvarez, así como a Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría, en representación de la Fundación Ramón Areces, que aceleren la transformación del 'holding' debido a que, a pesar de la notable mejora del negocio en los últimos ejercicios, las cifras de crecimiento están lejos de lo que se estimó cuando en julio de 2015 entró en el capital.
Las mismas fuentes añaden que, a falta del cierre del ejercicio en curso —la compañía ya conoce los datos del año 2016-2017 acabado el 28 de febrero—, los objetivos se van a quedar cortos en cuanto a lo esperado por el catarí. Especialmente, en lo relativo al beneficio de explotación o ebitda, que se había calculado en 1.300 millones de euros para la temporada 2017-2018.
Este incumplimiento tendrá un impacto directo en el capital del grupo, ya que precisamente el jeque tendrá derecho a recibir una compensación en acciones por no alcanzar las cifras pactadas. Actualmente, Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani es dueño de un 10% desde una sociedad luxemburguesa, pero recibirá en julio del próximo año otro 2,5% porque los 1.000 millones de euros que invirtió por esa participación fueron en forma de un préstamo con un cupón anual del 5,25%.
Otras fuentes próximas al consejo de administración aseguran que el incumplimiento del contrato le dará otro 0,5%, por lo que en julio de 2018 tendrá como mínimo un 13% del capital. A ese porcentaje hay que añadir una penalización de un 1% adicional si, cuando se decida a salir a bolsa, la valoración de El Corte Inglés se queda por debajo de una tasación preliminar ya acordada. Se da por hecho así que llegará a cerca del 14%.
La decisión estratégica principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables
La principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables. En concreto, de hasta 21 de sus 100 puntos de venta de grandes dimensiones que internamente se definen como improductivos. Gimeno ha chocado varias veces con la oposición de Lasaga y Martínez Echevarría, que se oponen a bajar la persiana de algunos de los grandes almacenes que abrieron entre 2000 y 2010 bajo su mandato y el de Isidoro Álvarez, en plena crisis económica. En este listado están los de Leganés (Arroyosur), Jaén, Oviedo, Elche, Guadalajara, Talavera, Albacete o Eibar.
En el seno de El Corte Inglés preocupan y mucho las noticias de los cierres masivos que se están produciendo en Estados Unidos por el impacto del comercio 'online'. En lo que va de año, se han clausurado 3.600 establecimientos, y la previsión para el conjunto del ejercicio es de 10.000, según la consultora especializada en el sector F&D Reports
Por su parte, Moody's ha advertido de que un 13,5% de las compañías 'retailers' que cubren sus analistas de crédito está en grave riesgo de quiebra. La situación por la que atraviesa Sears, el gran 'holding' de la distribución estadounidense, ha alarmado al jeque catarí y a Gimeno, que ven con inquietud cómo sus acciones se han desplomado un 56% en nueve meses tras advertir de que duda sobre su capacidad para seguir con sus puertas abiertas el próximo año.
De momento, tras constituir un comité de dirección y otro de auditoría, el jeque ha pedido la creación de una comisión de nombramientos y retribuciones. El objetivo principal es separar la propiedad de la gestión a la hora de designar a la cúpula directiva o los próximos consejeros. Una decisión que se interpreta como un paso de cara a la futura salida a bolsa.

Juzgan desde hoy a la antigua cúpula de la CAM por las irregularidades que condujeron a la quiebra

MADRID.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy lunes, a punto de cumplirse cinco años desde que comenzó la instrucción de la denominada pieza principal de las siete abiertas por la gestión de la CAM, a los siete ex directivos que formaban parte de la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que autorizaron todas las irregularidades que condujeron a la entidad a la quiebra en 2011. 

La vista oral se fijó en un primer momento entre los meses de enero y marzo, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal modificó el calendario. El juicio comenzó a las diez de la mañana y se prolongará hasta el próximo 21 de julio. La CAM llegó a ser la cuarta caja del país y acabó vendiéndose a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.

Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para cada uno. 
Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.

Decomiso de las cantidades sustraídas

De igual modo, la Fiscalía pide el decomiso de determinadas cantidades en poder de los acusados: más de 1,4 millones de euros para Roberto López; 150.632 euros para Dolores Amorós; 122.623 euros para Francisco José Martínez; 108.615 euros para Teófilo Sogorb; y 429.475 euros para Vicente Soriano.
Según explica el escrito de acusación, los ex directivos de la CAM impulsaron un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010, reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos, de manera que consiguieron alterar el balance y la cuenta de resultados. También recurrieron a la titulización de activos y su incorrecta contabilización.
Uno de los motivos que llevó a la antigua cúpula a incrementar los beneficios de forma ficticia fue la integración con otras cajas para crear el Banco Base, pero también buscaban "asegurarse en 2011 el pago de una serie de complementos retributivos a los que sólo se tenía derecho si se alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior".
"De esta manera, los acusados se aseguraron que iban a cobrar, cuando la situación de la CAM ya era crítica, unas remuneraciones adicionales que no tenían derecho a percibir", indica el escrito del Ministerio Público.
Los acusados cobraron, así, paga de beneficios, aportaciones al plan de pensiones, incentivos anuales, un bono extraordinario a largo plazo y indemnizaciones por jubilación. En total, la CAM desembolsó indebidamente por todos estos conceptos algo más de 20 millones de euros.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros. 
Se les imputan los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y administración desleal, entre otros.
Una sala formada por los magistrados Juan Francisco Martel, Ángela Murillo y Paloma González (quien ya fue parte del tribunal del primer juicio de la CAM) tendrá que dilucidar a lo largo de las 20 sesiones señaladas si quedan probados unos hechos que la instructora concretó en tres apartados. 
Primero: «la posible alteración de las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, que incluyen conductas dirigidas a no reflejar la imagen fiel de la sociedad, como las referentes a la calificación de los créditos subestándar, dudosos o fallidos». Segundo: «Los posibles perjuicios concretos causados a los inversores como consecuencia directa de la publicidad de dichas cuentas anuales presuntamente falseadas». 
Y tercero: «Los supuestos perjuicios derivados de las presuntas irregularidades en materia de prejubilaciones, previsión social complementaria, incentivos y bono extraordinario a largo plazo». 
A instancias del fiscal, este proceso da también cobertura a aquellos compradores de cuotas participativas que las adquirieron durante el periodo en que presuntamente las cuentas no correspondían al estado real de la entidad dado que las transacciones, que el acusador público cifra en unas 46.000, no se hicieron de acuerdo al valor de estos títulos sino al que se publicó siendo presuntamente falso.
El Ministerio Público considera que Roberto López Abad, que ya estuvo en prisión provisional, y Dolores Amorós eran quienes "tomaban las decisiones económicas de CAM al más alto nivel". A ambos les imputa un delito continuado de falsedad contable más otro de estafa agravada y, alternativamente, de apropiación indebida en concurso con uno de administración desleal por el cobro de retribuciones indebidas.
Para cada uno pide una pena de siete años y medio de prisión y multa de quince meses con una cuota diaria de 400 euros. El castigo más leve es para Vicente Soriano, ex director general de Medios, para el que solicita diez meses de cárcel.
El fiscal no imputa a Modesto Crespo, expresidente no ejecutivo, a diferencia de otras acusaciones. "No consta que conociera la irregularidad de las operaciones realizadas para reflejar beneficios ficticios en las cuentas", dice su escrito.  
Modesto Crespo, el último presidente de la CAM ha presentado en el juicio un certificado médico en el que acredita que padece una cardiopatía, lo que podría dificultar su asistencia a todas las sesiones del juicio.
En el banquillo, y junto al fiscal Luis Rodríguez Sol, se sienta la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos además de la acusación popular que, bajo la representación letrada del abogado murciano Diego de Ramón (en la imagen), da voz a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas, además de los letrados de otros afectados por este producto.
Durante el juicio la Fundación CAM, el Banco de Sabadell y la mitad de los acusados han pedido que se expulse a los afectados por las cuotas. 
La Sala ha aceptado la mayoría de las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la declaración, en calidad de testigos o de peritos, de cuatro inspectores del Banco de España que reclamaban el fiscal, la Fundación y el Fondo.
Como responsable civil directo se señala a la aseguradora Caser (titular de la póliza de responsabilidad civil de los antiguos directivos) y al Banco Sabadell y a la Fundación como subsidiarios.
El Tribunal deberá determinar si la mala gestión de la cúpula es constitutiva de delito penal por todos o parte de los ocho acusados que se sientan en el banquillo. Dictará sentencia Ángela Murillo, la misma magistrada que condenó en febrero a exconsejeros de Caja Madrid por el caso de las tarjetas black.
El salvamento de la CAM fue sufragado por la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos y costó 5.249 millones de euros. Por eso este fondo está personado como acusación particular en el juicio.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.