miércoles, 23 de mayo de 2018

Los cinco escándalos que envuelven a Zaplana


MADRID.- Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956) irrumpió en el Ayuntamiento de Benidorm en 1991 gracias al voto de Maruja Sánchez, una concejal trásfuga del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Desde entonces, su carrera en el PP fue en ascenso y no son pocos los escándalos en los que se ha visto salpicado a lo largo de su trayectoria, según relata www.vozpopuli.com

Hace tiempo que en los mentideros políticos atribuyen al ex ministro de Trabajo una gran capacidad para salir airoso de los casos de corrupción que planean sobre el cielo de la Comunidad Valenciana. Mientras que la mayoría de sus colaboradores, incluso brazos derechos, han terminado imputados, procesados o condenados y encarcelados, Zaplana ha logrado sortear la corruptela. Hasta este martes, cuando el también ex portavoz del PP ha sido detenido.

Los 90: caso Naseiro

Poco después de su elección como presidente del Partido Popular, José María Aznar se viosacudido por un escándalo con nombre de extesorero: Rosendo Naseiro.Un juez instructor de Valencia dictó un auto de procesamiento contra el entonces guardián de las cuentas 'populares' y otros miembros del PP como el diputado por Valencia Ángel Sanchis Perales tras haberse realizado escuchas telefónicas a otro integrante del partido, el concejal de Valencia, Salvador Palop, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico.
Aznar, teniendo un precedente de las corruptelas socialistas en la comunidad, realizó una investigación dentro de su partido y solicitó que se abriera una comisión de investigación en el Congreso, que fue rechazada por el PSOE
La crisis hizo que varios miembros del PP fueran expulsados. Menos Zaplana. Si bien se llegó a exigir su dimisión, el político murciano escapó del cepo hasta el punto de convertirse posteriormente en presidente de la Generalidad Valenciana tras el conocido como 'pacto del pollo' y ministro del último gobierno de Aznar.

Caso Ivex y Julio Iglesias

Lleva casi 20 años investigándose en Valencia. El caso arrancó al descubrirse que dos empresas extranjeras que estaban inactivas, la belga Graficom y la tunecina Sonotube, del grupo Lagier, habían sido las beneficiarias de los 1.049 millones de pesetas en letras de cambio avaladas por el ex director general del Instituto Valenciano de la Exportación de la Generalitat (Ivex) José María Tabares, sin conocimiento de la entidad. El grupo extranjero habría cobrado estas letras por un negocio ficticio, encargándose el Ivex de afrontar el descubierto frente a los bancos.
La operación fue destapada días después de que Tabares fuera relevado de su cargo y creó un agujero al Ivex de 1.049 millones de pesetas, cuando su presupuesto anual apenas rozaba los 1.700 millones. 
El caso saltó en 1999, cuando Zaplana consiguió la mayoría absoluta y renovó como presidente de la Generalitat Valenciana y en la causa abierta contra Tabares se investigan también posibles indicios de malversación de fondos públicos en la forma en la que el IVEX pagó al artista Julio Iglesias por desarrollar una labor de representación de la Comunidad Valenciana.
Según reconoció el autor de Soy un truhán, soy un señor ante un juez dominicano, cobró 990 millones de pesetas (5,95 millones de euros) a raíz de dos contratos firmados en diciembre de 1997 con el instituto, una cifra que supone 3,7 millones de euros más de lo que el entonces presidente de la Generalitat aseguró haber pagado.

Año 2000: Terra Mítica

El parque temático Terra Mítica fue uno de los proyectos más polémicos de la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat valenciana. El político cartagenero se empeñó en levantar este parque en Benidorm en un tiempo récord con cargo al erario público, las cajas de ahorros ahora extintas Bancaja y CAM y un grupo de empresarios locales. Terra Mítica se creó como sociedad en 1996 y en 1999, Luis Esteban fue nombrado presidente del consejo de administración.
Esteban dimitió en 2002, y tres años más tarde, Hacienda detectó que varios contratistas del recinto habían manipulado facturas para defraudar al fisco. El procedimiento empleado fue el de facturar por trabajos no realizados, por un lado, o bien hinchar facturas por otras tareas que sí se habían llevado a cabo, pero que habían costado mucho menos. 
Se crearon empresas pantalla, algunas con testaferros al frente. De esta forma, los procesados defraudaron hasta dos millones de euros (inicialmente se habían calculado 4,4 millones) a través del Impuesto de Sociedades y las devoluciones del IVA.

2017: se 'suma' al Caso Lezo

El año pasado trascendió que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del caso Lezo de corrupción, estaba investigando en esta causa al ex ministro de Trabajo del PP Eduardo Zaplana por sus tratos con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que ya estaba encarcelado. González había mantenido conversaciones con el exministro de José María Aznar acerca de sus intenciones de entrar en negocios de manera opaca y, de este modo, blanquear fondos ocultos en el extranjero, según el auto del magistrado.
Aunque Zaplana desmintió a través de un comunicado cualquier relación mercantil con González y aseguró no haber "participado ni auxiliado a nadie en la comisión de hecho delictivo alguno", uno de los pinchazos al teléfono del expresidente de la Comunidad de Madrid recoge cómo este propuso al valenciano "montar una estructura financiera" a través del abogado uruguayo Fernando Belhot porque trabaja en países de legislaciones laxas como Holanda, EEUU o Uruguay "para canalizar algún tipo de operación a medio o largo plazo". Junto a Zaplana, González habría pretendido adquirir el 50% de una sociedad y controlar así "los derechos de patente de un producto de desinfección del agua".

Fin de la era: blanqueo

Tras estar siempre bajo sospecha, el histórico del PP Eduardo Zaplana ha sido detenido este martes en Valencia por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han confirmado fuentes de la operación a Vozpópuli que completan que se le acusa de blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.
Zaplana ha sido arrestado por un presunto delito de blanqueo de capitales por sus inversiones en el extranjero, operaciones que en principio no estarían directamente relacionadas con los casos 'Púnica' y 'Lezo'. Además hay otros cinco detenidos en la Comunidad Valenciana, donde el fiscal de Anticorrupción Pablo Ponce y la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, investigan los presuntos amaños de Zaplana durante su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana, cuyos delitos, excepto el del blanqueo de capitales, habrían prescrito.

martes, 22 de mayo de 2018

El pisazo en Madrid que los Zaplana se compraron en marzo (y sin hipoteca)

MADRID.- A Eduardo Zaplana la polémica de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero probablemente le haya movido a risa. A él siempre le gustó vivir bien, a juzgar por los dos domicilios que tiene en propiedad con su esposa, Rosa Barceló. Uno en Madrid, el otro en Benidorm, la ciudad de la que fue alcalde. Es irónico que el de Madrid, adquirido el pasado mes de marzo, esté muy cerca de la sede del Partido Popular en la capital. El mismo partido del que fue portavoz hasta que Mariano Rajoy lo defenestró por perder su confianza en él, allá por 2008, revela hoy El Confidencial.

En el distrito de Chamberí abundan las calles señoriales nutridas de edificios del siglo pasado. En una de ellas, conocida por ser sede habitual de bufetes y notarías, encontró el matrimonio Zaplana un piso con las dimensiones y las características adecuadas para sus necesidades. 
Se trata de un inmueble de 270 metros cuadrados, con cuatro habitaciones y zona de servicio. El precio podría rondar los dos millones de euros, a juzgar por inmuebles de similares características que están actualmente a la venta. Según ha podido saber este medio, Eduardo Zaplana y su esposa no han suscrito ninguna hipoteca para poder comprarse esta vivienda.
Además, Eduardo Zaplana y Rosa Barceló, casados en régimen de gananciales, tienen un chalé en La Cala, Benidorm. Zaplana conoce bien la zona porque fue alcalde de la localidad de 1991 a 1994. El chalé, adquirido un año después de dejar la alcaldía, está construido en una parcela que supera los 1.000 metros cuadrados y tiene vistas privilegiadas al Mediterráneo. Por cierto, la casa de Valencia en la que ha sido detenido esta mañana y que la guardia civil está registrando no está a su nombre.
Zaplana puede permitirse ese nivel de vida. Después de dejar la política hace 10 años, fichó por Telefónica como adjunto a la secretaría técnica de la presidencia, donde ha recibido una retribución periódica que nunca se ha hecho pública. 
Desde entonces, tuvo despacho en la sede de Gran Vía de la cotizada, primero con César Alierta y ahora, también, con José María Álvarez-Pallete, con quien comparte afición por el 'running'. También es consejero independiente de Logista, filial de la privatizada Altadis, donde percibe una retribución fija anual de 60.000 euros más dietas (86.000 euros el año pasado).
Además, Zaplana se ha dedicado en los últimos años a los negocios y a la ‘consultoría empresarial’ a través de su empresa Decuria Consulting, con la que ha facturado más de dos millones de euros desde que la constituyó en junio de 2008 (aunque en 2016, último año del que hay registro, solo obtuvo 141.000 euros de ganancias). 
Las operaciones empresariales en las que Decuria ha participado no son públicas, pero Zaplana es especialista en intermediar en mil y un negocios.

La juez imputa a la mujer de Eduardo Zaplana


VALENCIA.- La juez que ha ordenado la detención del expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana va a citar en calidad de investigados (imputados) al ex director general de la Policía y exvicepresidente autonómico Juan Cotino y a la mujer de Zaplana, Rosa Barceló.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha citado el próximo jueves, a las 11.00 horas, a declarar como investigado policial a Juan Cotino.
Fuentes de la investigación han informado de la condición de investigados de ambos, así como de la secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez.
Dos de los sobrinos de Cotino, Vicente y José, han sido detenidos en la operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia.
Cotino fue director general de la Policía en la etapa de José María Aznar y posteriormente vicepresidente del Gobierno valenciano y presidente de Les Corts Valencianes. Está investigado, como Francisco Camps, por los contratos de la fundación que organizó la visita del papa a Valencia en 2006.

En la operación bautizada como 'Erial', coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia y Fiscalía Anticorrupción, se han practicado siete detenciones, la de Zaplana y otras seis personas más, por varios delitos relacionados con el blanqueo de capitales, y se han realizado 22 registros. Además, otras tres personas son investigadas.
Los agentes investigan un presunto cobro de comisiones por adjudicaciones, que se habrían ocultado en paraísos fiscales y que habrían estado retornado al país recientemente. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat.

Una trama de blanqueo con conexiones en Uruguay y Panamá

MADRID.- El exministro del PP Eduardo Zaplana, de 62 años, ha sido detenido a primera hora de esta mañana junto a su domicilio en Valencia. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, Isabel Rodríguez, lo investiga por un delito de cohecho (cobro de sobornos) y por otro de blanqueo de capitales, según han informado a El País fuentes de la investigación. 

Las pesquisas apuntan a la presunta participación del político en una trama con conexiones en Uruguay y Panamá (este último en la lista de paraísos fiscales de la UE hasta el pasado mes de enero) que se dedicó durante años a ocultar fondos procedentes de comisiones ilegales y que había comenzado recientemente a repatriarlos una vez blanqueados.
El origen de la investigación se remonta al caso Taula, la investigación que desarticuló la presunta red del 3% que dirigía el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus. 
En uno de los registros practicados, la Unidad Central Operativa (UCO) localizó unos documentos en poder de Marcos Benavent, el ex alto cargo del PP que se autodefinió como “‘yonqui’ del dinero” que apuntaban al cobro de abultadas comisiones por proyectos aprobados en la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat (1995-2002).
Benavent, que desde 2015 colabora con la Fiscalía Anticorrupción, declaró que los papeles le habían sido entregados años antes por un ciudadano sirio. Y que él, que hacía acopio de datos comprometedores tanto de enemigos como de amigos –grabó a sus compañeros de partido en secreto durante años-, los guardó. 
Según Benavent, el sirio le entregó los documentos después de encontrarlos escondidos en una vivienda en la que entró a vivir. También explicó que se los llevó precisamente a él porque, dentro de sus turbias funciones como gerente de la principal empresa de la Diputación de Valencia, Imelsa, se le había asignado el encargo de tener contacto, y de paso controlar, a los imanes de la provincia de Valencia.
 Tirando del hilo de aquellos documentos, la Fiscalía Anticorrupción presentó hace dos años una nueva denuncia que desembocó en el procedimiento declarado secreto por el Juzgado de Instrucción nº8 de Valencia que ayer se saldó con la detención de Zaplana. Benavent, según confirmaron fuentes de su entorno a este periódico, ha declarado en el mismo para explicar el origen de dichos documentos.
Junto a Zaplana han sido detenidas otras siete personas, algunas de ellas miembros de los equipos del político valenciano cuando este fue alcalde de Benidorm (1991-1994) y, posteriormente, presidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002). 
Tras conocerse su arresto, Telefónica ha anunciado que suspende "con carácter inmediato" su relación laboral con Zaplana, que ocupaba un cargo en el área de asuntos públicos de la compañía. El PP le ha suspendido de militancia.
Agentes de la Guardia Civil han registrado durante varias horas la vivienda del expolítico en presencia del propio Zaplana. Tras este registro, el exministro ha salido del garaje de su céntrica vivienda en Valencia en un coche azul oscuro sin identificativos de la Guardia Civil minutos antes de las dos de la tarde. 
El expresidente valenciano ocupaba el asiento posterior derecho en compañía de dos miembros de la UCO. En los escasos segundos en que se le ha podido ver, no se ha tapado el rostro ante los numerosos medios de comunicación, agolpados frente a la vivienda durante cinco horas y media. 
Su expresión era abatida, muy grave. Durante unos instantes ha cerrado los ojos, cabizbajo. El coche, que no se ha llegado a detener pero si ha aminorado su marcha, ha acelerado finalmente tras producirse algunos momentos tensos, sobre todo cuando un guardia civil ha placado a un fotoperiodista para dejar el paso franco al vehículo.  
La previsión era que los agentes de la UCO lo conduzcan a Benidorm, municipio del que fue regidor entre 1991 y 1994, para participar en otros registros. Paralelamente a las acciones emprendidas en Valencia, se está inspeccionando un despacho del expresidente valenciano en Madrid.
Según ha relatado a El País un testigo de los hechos, Zaplana ha sido detenido hacia las 8.10 de este martes cuando se disponía a entrar en el coche que muchas mañanas lo espera en el cruce de las calles Pasqual i Genís y Lauria, un Audi negro de gran cilindrada. Dos agentes de la UCO lo han interceptado y lo han conducido a la acera de enfrente. El expolítico iba acompañado en el momento de su detención por dos escoltas, agentes de la Policía Nacional. Se trata de una protección que la Generalitat valenciana ofrece a todos sus expresidentes, aunque en la actualidad solo la mantienen Zaplana y Francisco Camps. Los agentes de la UCO han actuado con mucha cautela en la detención para evitar que los escoltas pensaran que se trataba de otra cosa.
Los agentes han conducido a Zaplana a su vivienda, en el número 12 de Pasqual i Genís, donde posteriormente han entrado dos agentes de la UCO con cajas de cartón plegadas, presumiblemente para llenarlas de documentos y otros efectos que se intervengan al expresidente de la Generalitat valenciana y del PP valenciano. 
Agentes de la Guardia Civil se han personado también en la sede de la Consejería de Economía Valenciana, donde han recabado el expediente completo del Plan Eólico Valenciano, cuya convocatoria se publicó en 2001. 
Y se han interesado además, en concreto, por la adjudicación de la zona 6, de la que fue beneficiaria una empresa participada por Sedesa, la compañía que dirigía el empresario Vicente Cotino, otro de los arrestados, junto a su hermano José, en la operación de este martes. 
Los agentes están registrando propiedades de Cotino ya investigado en otras causas sobre corrupción en Valencia. Cotino es sobrino del exconsejero y exdirector de la Policía con Aznar, Juan Cotino.
En el marco de la misma operación, desarrollada por la UCO y la delegación en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción, están previstas una decena de detenciones, de las que ya se han producido siete en total. 
Fuentes policiales apuntan a que entre los arrestados se encuentra la secretaria particular de Zaplana, Mitsuko Henríquez. Se trata de una persona de la absoluta confianza del expresidente valenciano, que ya le acompañaba durante su mandato en la Generalitat. Incluso en los últimos tiempos, cuando el exministro de Trabajo ya no ejercía ningún cargo de responsabilidad política, Henríquez ha seguido trabajando para él. 
Entre los detenidos figura además Juan Francisco García, que fue director de gabinete de Zaplana en su etapa en la Generalitat valenciana y también expresidente del equipo de baloncesto Estudiantes
La Guardia Civil también ha detenido a Joaquín Barceló, exdirector del Centro de Desarrollo Turístico de Benidorm, y a su esposa, Felisa López, así como a Francisco Grau, que fue secretario del consejo de administración de la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
A Zaplana se le acusa presuntamente de llevar a España dinero negro de paraísos fiscales para lo que presuntamente la trama utilizó un entramado de sociedades creado y gestionado desde Uruguay, pero inscritas en el registro de Panamá. A través de ellas, se ha mantenido oculto durante año importantes cantidades de dinero procedente supuestamente de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos que se concedieron de forma irregular.  
La mayoría de estas comisiones se habrían producido durante el período en que Zaplana fue presidente de la Generalitat, entre 1995 y 2002. Las presuntas mordidas investigadas proceden, además del Plan Eólico Valenciano, de las concesiones de ITV de la Comunidad Valenciana. Agentes de la Guardia Civil han solicitado también en la Consejería de Economía valenciana el expediente completo de la adjudicación de las ITV, que se remonta a 1997, pero tiene una duración de 25 años. 
Según fuentes conocedoras del procedimiento, la adjudicación fue a parar a una Unión Temporal de Empresas formada por cuatro sociedades: Servicios de Excavaciones; Levantina de Obras y Edificios, ITV S. A. y Valenciana de Revisiones.
Se trata de una causa nueva, denominada operación Erial, que se suma a las que ya tiene abiertas en Valencia como Taula y no tiene ninguna relación con otras grandes operaciones contra la corrupción en el PP en las que su nombre ha salido a colación como Gürtel, Lezo y Púnica, según las mismas fuentes. 
Zaplana, que inició su carrera como alcalde de Benidorm entre 1991 y 1994, presidió la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2002, año en el que José María Aznar lo llevó a Madrid y lo nombró ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, un cargo que ocupó hasta abril de 2004 cuando pasó a ser portavoz del PP en el Congreso. Cuatro años después, en 2008, abandonó la política para dedicarse a negocios privados.
Es el tercer presidente de la Generalitat valenciana imputado por supuestas causas de corrupción, después que lo hayan sido en los últimos años Francisco Camps y José Luis Olivas. Los tres antiguos dirigentes del PP presidieron sucesivamente la Comunidad Valenciana entre 1995 y 2011. 
Antes de Zaplana, primer presidente popular valenciano, el líder regional del partido era Pedro Agramunt, el senador del PP que ha sido inhabilitado por el Consejo de Europa por supuesta corrupción
Zaplana reside habitualmente en Madrid, pero se desplaza con frecuencia a Valencia para recibir tratamiento de una enfermedad que le diagnosticaron hace unos años.

Zaplana, nombrado en Lezo y Púnica

No es la primera vez que Zaplana aparece en las investigaciones de la UCO. Durante las pesquisas por el caso Lezo, los agentes interceptaron varias conversaciones telefónicas entre él y el principal implicado de la trama, el expresidente madrileño Ignacio González. 
En el auto por el que el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, envió a prisión a este último en abril de 2017, se relacionaba a Zaplana con las maniobras de González para lavar los fondos presuntamente obtenidos de comisiones ilegales mediante la adquisición de una sociedad a través del abogado uruguayo Fernando Belhot implicado en un escándalo de corrupción en Argentina—.
La firma iba a controlar "los derechos de patente de un producto de desinfección del agua". Para ello, el político madrileño iba a contar con Zaplana, con el que presuntamente planeaba adquirir el 50% de esta. 
El juez recalcaba que González le propuso a su compañero de partido "montar una estructura financiera" a través de Belhot porque este trabajaba en países de legislaciones laxas como Holanda, EE UU o Uruguay y poder así "canalizar algún tipo de operación a medio o largo plazo".
En el caso Púnica cuya investigación también lleva la UCO Zaplana también aparece señalado. En diciembre, la Guardia Civil entregó un informe centrado en los contactos que el que fuera ministro del PP mantuvo con dos de los principales implicados en esta trama de corrupción, los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Conesa. 
El documento policial destacaba que estos últimos mantuvieron mientras ya eran investigados "repetidos contactos" con Zaplana "de quién perseguían les beneficiase en procesos de licitación de la construcción de colegios a favor de David Marjaliza", uno de los cabecillas de la trama y que colabora con la justicia desde junio de 2015.
La UCO aseguraba en aquel informe que Zaplana presuntamente facilitó a De Pedro y Conesa "contactos" en el Ayuntamiento de Elche con el objetivo de que fueran contratados para hacer trabajados de reputación online para el equipo de Gobierno. 
También recalcaba que De Pedro iba a dar al exministro una participación "de naturaleza encubierta" en sus negocios en Sudamérica, aunque los agentes admitían no haber podido concretar los detalles.
En otro informe del caso Púnica, este referido a los supuestos trabajos de mejora de imagen en Internet para la entonces alcaldesa de Madrid Ana Botella, la UCO también citaba a Zaplana. En este caso, como el supuesto mediador entre De Pedro y Botella y su marido, José María Aznar, para que el primero pudiera presentar al matrimonio "una propuesta de servicios en materia de reputación online" en una reunión que se celebró en Marbella.

Juan Francisco García, entre el poder, el baloncesto y el agua

VALENCIA.- Habitual del pabellón de la Font de Sant Lluís, la Fonteta, donde juega el Valencia Basket, nunca ha escondido su preferencia por el Estudiantes, club que llegaría a presidir en momentos críticos que lo situaron al borde del descenso. El abogado madrileño Juan Francisco García fue uno de los colaboradores más estrechos de Eduardo Zaplana en el Palau de la Generalitat Valenciana, donde ejerció de jefe de gabinete y tuvo un papel relevante en la puesta en marcha de la política de grandes proyectos, recuerda hoy www.eldiario.es

Este martes, poco después de la detención de Zaplana, ha sido detenido en Barcelona, ciudad a la que había acudido a participar en la asamblea de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), en la que era uno de los tres candidatos a la presidencia. Agentes de la UCO acudieron a detenerlo a su domicilio en Valencia y, al comprobar que no estaba, la Guardia Civil optó por hacerlo en Barcelona. La ACB lo ha descartado al conocerse la noticia.
A pocos sorprende la vinculación de Juan Francisco García con el expresidente valenciano y exministro de Trabajo. La complicidad entre ambos era tal en sus tiempos de poder en Valencia que Zaplana intentó en 2002 ponerlo al frente de Aguas de Valencia, la adjudicataria del suministro a la ciudad de Valencia.
Zaplana intervino para relevar de la dirección de la empresa al entonces consejero delegado, Aurelio Hernández, un político del PP que fue alcalde de Càrcer y a quien repescaría después Francisco Camps. Intentó sin éxito, colocar al frente de la empresa a su exjefe de gabinete.
Aprovechando la guerra por el control de Aguas de Valencia entre el grupo francés Bouygues y un grupo de accionistas valencianos apoyado por el Banco de Valencia, que acabarían ganado estos últimos, Zaplana tanteó la posibilidad de fusionar la empresa valenciana con el Canal de Isabel II, que el entonces presidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón pretendió privatizar, aunque la maniobra quedó frustrada. Pretendía crear una compañía capaz de competir con el gigante del sector, el grupo Aguas de Barcelona.
El asalto a la privatización de la empresa madrileña mediante la entrada en la compañía valenciana de capital de Florentino Pérez no llegó a producirse, pero la proximidad de Zaplana a las empresas del agua persistió. Una grabación del caso Lezo ha revelado prescisamente sospechosas conversaciones de Zaplana con Ignacio González sobre el Canal de Isabel II.
Juan Francisco García, que montó inicialmente una consultoría, ocupó puesto de consejero en la concesionaria de autopistas Aumar y estuvo en Acesa. El nombre de García se vinculó recientemente a la empresa valenciana Tecvasa, socia del Canal de Isabel II en la compra con 70 millones de dólares de dinero público de la empresa Inassa a través de Canal Extensia, cuyo fin era gestionar el servicio público de aguas en Latinoamérica. 
El juez Eloy Velasco imputó por esta operación al director general de Tecvasa, Salvador Cardona Aucejo.

"Al Capone también cayó por temas de impuestos y blanqueo" , dice el PSPV

VALENCIA.- La detención de Eduardo Zaplana, expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo con José María Aznar, ha suscitado reacciones en los diferentes partidos políticos valencianos. De momento, el PP valenciano reunirá "en las próximas horas" a su Comité de Derechos y Garantías para abrirle un expediente informativo a Zaplana para remitirlo posteriormente PP nacional, que ya ha anunciado por boca de Fernando Martínez Maíllo que le suspenderá de militancia

Así lo ha anunciado la vicesecretaria del PPCV, María José Catalá, quien ha explicado que esta medida se aplicará también a todos los afiliados que resulten detenidos en esta operación.
El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, a asegurado que estaba "cantado" el desenlace del exjefe del Consell: "Siempre ha habido una sospecha de actividades vinculadas a lo ilícito y al lado oscuro de la política". 
"Al Capone y otros también cayeron por temas de impuestos y blanqueo", ha afirmado el síndic socialista en las Corts, quien también ha recordado cómo Zaplana comenzó en política "comprando la alcaldía de Benidorm y una tránsfuga".
Desde Compromís, su portavoz en el parlamento valenciano, Fran Ferri, ha sentenciado: "parece que todo lo que tocaba el PP acababa en casos de corrupción". 
"Se peleaban entre zaplanistas y campistas pero al final todos tenían una finalidad, que era corromper las instituciones públicas y utilizar recursos públicos para su beneficio", ha insistido Ferri, para quien no se tratan de "casos aislados" sino de "un nuevo caso de corrupción del PP".
Desde Podemos, su secretario general, Antonio Estañ, ha considerado: "lo lamentable es que no sea una sorpresa y que se sume un expresidente más a la retahíla de representantes del PP que han estado implicados en casos de corrupción". Esta situación "muestra a las claras para qué se han estado utilizando las instituciones" y ha remarcado que "en este caso por lo que se le ha detenido es por blanqueo de comisiones por haber entregado contratas públicas a sus amigos".
Mari Carmen Sánchez, síndica de Ciudadanos en las Corts, ha declarado que "la detención del expresidente valenciano, Eduardo Zaplana, es una mala noticia que demuestra que la corrupción estaba asentada en el bipartidismo tradicional". 
"Es el momento de pasar página y que la Comunitat Valenciana sea noticia por las propuestas de regeneración, y no por la corrupción", ha añadido la portavoz, para quien, "parece que no cesa la romería de cargos del PP hacia los juzgados".
La coordinadora de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, considera que la detención del exjefe del Consell "pone de evidencia la presunta trama de corrupción del PP". 
"Estamos hablando del tercer presidente valenciano que estaría imputado", ha dicho Pérez Garijo, quien considera que se produce siempre "la coincidencia de los delitos y de la forma que se tenía de funcionar", lo que "deja claro el expolio que ha sufrido el País Valencià a manos de los sucesivos gobiernos del Partido Popular".

Zaplana, el fiel centurión a la derecha de Aznar

MADRID.- La historia de Zaplana es la historia del PP de Aznar. Acebes, Esperanza, Mayor Oreja…formaban parte del núcleo duro, del equipo de confianza del líder de la neoderecha española. Su equipo de confianza, sus peones de brega, sus incondicionales… Siempre estuvieron ahí, arracimados en torno a su jefe. Con dudas pero sin fisuras, según rememora hoy www.vozpopuli.com.

Eduardo Zaplana no es valenciano, sino murciano. Nació en Cartagena hace 61 años, pero el arranque, despegue y consagración de su carrera política van ligados a la Comunidad Valenciana. Hijo de un oficial de la Armada, que derivó luego en industrial, estudió Derecho y saltó raudamente a la política.
Zaplana ha sido un peso pesado en la era Aznar. Uno de sus más fieles centuriones, miembro de su guardia de corps, leal, astuto, dotado de un enorme instinto político, buen encajador y alma de ‘killer’. Su trayectoria es un ejemplo de carrera meteórica. Arrancó en el lado liberal de la UCD, como tantos. 
Oteó el horizonte, divisó el futuro y pasó con celeridad al PP. Concejal por Benidorm, saltó a la alcaldía en 1991, merced a una tránsfuga del PSOE que le puso el Ayuntamiento en bandeja. Apuntaba maneras. Aznar se fijó en él. Un político joven, con encarnadura de líder, dispuesto a todo, buena presencia, seductor, amable y con una cabeza organizada para la escala. 
En 1995 se hizo con la presidencia de la Comunidad Valenciana, tras lograr el éxito ímprobo de expulsar a los socialistas de la que pensaba su casa. Allí estuvo casi ocho años. Le dio la vuelta a la región, la parachutó en el ranking de las regiones españolas, y europeas. Le plantó cara al pancatalismo, por entones en ebullición, y transformó la faz de su territorio de forma radical.
Aznar se lo trajo a Madrid en 2002. Le encargó el Ministerio de Trabajo donde impulsó algunas medidas sobre pensiones que supusieron un avance sin precedentes en ese complicado territorio. Se las tuvo con los sindicatos, pero  su habilidad para el regate le granjeó importantes victorias políticas. 
Ya se había granjeado por entonces importantes enemigos. En especial, en el ámbito de los medios de comunicación. Desde algunas cabeceras importantes le buscaron afanosamente las cosquillas, con Tierra Mítica como principal argumento. Nada lograron. Zaplana seguía en pie, envuelto en sospechas pero sin pisar un juzgado. Ganó aquel pulso.
Le atribuyeron incluso aquella frase de “estoy en política para forrarme”, que nunca pronunció. Una variante más perversa que la de Sara-Mago de Esperanza Aguirre. En las postrimerías de su mandato, Aznar le renovó en Trabajo y le encolomó además la portavocía del Gobierno en sustitución de Mariano Rajoy. 
Tiempos duros, inhóspitos, erizados de polémicas y de turbulencias. Nació por entones la palabra ‘crispación’ aplicada a la política. Un estrambote feroz al gobierno de la mayoría absoluta, del repunte económico, de la conquista de un cierto relieve internacional. La boda de El Escorial, la guerra de Irak, el rancho de Bush, el Yak 42...El crepúsculo del PP. Zaplana lo pasó mal. “Fueron los tiempos más difíciles”. Pero nunca dio un paso atrás.
Mantenía excelentes relaciones con destacada gente del PSOE, como Bono o Rubalcaba. Se movía con soltura por los pasillos del Congreso, por los meandros del mundo empresarial, por las covachuelas de los medios. 
Tras la hecatombe del 11-M, Mariano Rajoy, ya al frente del PP, le rescató, como a otros firmes centuriones de Aznar, como Ángel Acebes, para labores de segundo orden. Zaplana se encargó de pastorear el grupo parlamentario, con más acierto del que exigía el cargo. Remaba a la contra. 
El presidente del partido, que venció el pulso a la titubeante familia aznarista precisamente en el Congreso de Valencia, apenas contaba con él. Zaplana y Acebes, los dos miembros más caracterizados del ‘antiguo régimen’ del PP, pasaron a la reserva. Y de ahí, a la empresa privada.

El 5 volverá a ser la nota mínima para optar a una beca universitaria

MADRID.- La nota mínima para optar a una beca de matrícula universitaria volverá a ser un 5 y no un 5,5 como lo era ahora, según ha anunciado hoy el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo en el Senado.

Lo ha afirmado en la sesión de control del Senado al ser preguntado sobre la convocatoria de becas para el próximo curso y donde ha dicho que esta medida y el resto de las novedades sobre el sistema de becas para el curso 2018-2019 están contempladas en un real decreto que presentará en la Conferencia Sectorial de Educación del próximo 5 de junio.
Además, este real decreto contempla "becas de excelencia", que premiarán con un complemento de 200 euros a los estudiantes que "saquen más de un 8" durante el curso universitario, así como becas para los hijos de víctimas de violencia machista.
El requisito de tener como mínimo un 5,5 de nota y no un 5 para acceder a una beca para la matrícula de un grado fue establecido en 2012 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert y causó el descontento de estudiantes, rectores y partidos políticos de la oposición, que cada curso vuelven a pedir al Ministerio que lo rebaje al 5.
El ministro ha explicado que estas modificaciones -para que las becas sean más inclusivas, integradoras y garanticen la igualdad- se han podido hacer porque "los aires difíciles han quedado atrás y el sistema es sostenible", y se ha referido al "agujero permanente" que el sistema del PSOE había creado y con el que se encontró el PP a su llegada al Gobierno en 2011.
Méndez de Vigo ha recordado que desde 2011 los populares han ido aumentando la partida de becas, a la que se dedica el 66 % del presupuesto de Ministerio de Educación, con una dotación para los presupuestos generales del Estado para 2018 de 1.436 millones de euros.
El futuro real decreto, ha precisado el ministro, tendrá dos objetivos: "premiar la excelencia" y "permitir que más alumnos tengan becas de matrícula para acceder a la universidad".
Este real decreto contemplará que la nota para optar a una beca universitaria sea de 5, dejará en 6,5 la nota para mantenerla y premiará con un complemento de 200 euros a "quienes se esfuerzan" y obtienen más de un 8.
Asimismo, Méndez de Vigo ha anunciado que habrá becas para los hijos de víctimas de violencia de género, que se potenciará la investigación con las becas Beatriz Galindo -que tendrán una dotación inicial de 10 millones de euros- y que se incrementarán en un 16 % las becas Erasmus Plus (hasta los 200 millones de euros).
El ministro ha contestado de esta manera al senador del PSOE Francisco Menacho Villalba, que le ha recordado el encierro de los estudiantes el pasado mes de julio para demandar la reducción de la nota a un 5 para la matrícula universitaria y le ha reprochado que las familias "tengan que esperar hasta abrir para recibir el dinero" de sus becas. 
"La beca es un derecho y nadie debe dejar de estudiar por razones económicas", ha subrayado Menacho .
Méndez de Vigo también ha confirmado en el Senado que Educación presentará en la Conferencia Sectorial del 5 de junio un real decreto que actualice la Formación Profesional Dual, que hará referencia a la contraprestación económica a los alumnos, al refuerzo de la labor de los tutores educativo y de la empresa y a una mayor coordinación entre el centro educativo y el productivo.
En respuesta al senador popular José Ortiz, el titular de Educación ha destacado que espera que este tipo de FP cuente con 100.000 alumnos en 2020 y que uno de los objetivos pendientes es que más pequeñas y medianas empresas se adhieran al programa.

Finaliza el registro con Zaplana en su domicilio de Valencia

VALENCIA.- Poco antes de las 14 horas, abandonaba su domicilio el exjefe del Consell en un vehículo oficial, con varios agentes de la Benemérita en el interior. Zaplana ha salido del edificio entre gran expectación, con algún que otro abucheo y algún grito de "sé valiente, Eduardo".

Al exministro de Trabajo de Aznar lo acompañan agentes de la UCO desde primera hora de la mañana para registrar su domicilio en Valencia. La investigación la dirige el juzgado de instrucción nº 8 de esta ciudad y en principio no guarda relación con la trama Lezo ni con la operación Púnica.
"Ah, ¿que han detenido a Zaplana?", "pues ya era hora" o "otro más pa' adentro" han sido las frases más repetidas este martes en la acera de Pascual i Genis.
Tras la salida del exministro,  los agentes de la UCO han intervenido en el garaje de la finca dos vehículos de alta gama, recientemente matriculados.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han intervenido dos vehículos de alta gama en el garaje de la vivienda del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana en la ciudad de València, tras el registro que han realizado esta mañana en el inmueble.
El exministro, detenido hoy en una operación contra el blanqueo de capitales, ha salido por el garaje del edificio, situado en la calle de Pascual y Genís 12, en pleno centro comercial y financiero de Valencia, minutos antes de las 14 horas, en el asiento de detrás del copiloto de un todoterreno de color azul oscuro.
Cinco minutos antes ha abandonado el edificio otro coche en el que viajaban agentes de la UCO de paisano con las cajas con el material intervenido en el registro llevado a cabo desde las nueve de la mañana en la casa de Zaplana.
Tras la salida del exministro, los agentes de la UCO han intervenido en el garaje subterráneo de la finca dos turismos de alta gama y con matrícula reciente, que han sido traslados por dos grúas, estacionadas en la zona una media hora antes de la salida de Zaplana de la vivienda.
Según han informado fuentes de la investigación, tras esta actuación policial que ha durado algo más de cinco horas, Zaplana ha sido trasladado a su chalet en Benidorm, de donde fue alcalde (1991-1994) gracias a una moción de censura apoyada por una tránsfuga antes de acceder a la presidencia de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 1995.

La Guardia Civil pide documentación a Economía sobre el Plan Eólico de 2003 e ITV de 1997

VALENCIA.- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo todo el expediente de concesión administrativa de las ITV de 1997 --año en el que fueron privatizadas con el gobierno de Eduardo Zaplana-- y el expediente de contratación sobre el desarrollo del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, en concreto, una resolución de 2003. Ambas se adjudicaron a UTE con participación de la empresa Sedesa, de Vicente Cotino.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han personado este martes en la sede de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para solicitar documentación --el expediente de contratación-- de la Zona VI del Plan Eólico, adjudicado en su día a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos y en el que la empresa Sedesa, de Vicente Cotino, tenía una participación del 25 por ciento.
Según ha podido saber, los agentes se han desplazado a las dependencias de la Conselleria de Economía, donde están revisando archivadores y papeles.
Vicente Cotino, sobrino del expresidente de Les Corts y exvicepresidente del Consell, Juan Cotino, ha sido detenido este martes en el marco de una operación en la que hasta las 10.00 horas habían sido arrestadas seis personas, entre ellas, el expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, según confirman fuentes policiales y fiscales.
La operación, que incluye varios registros, continúa abierta y está coordinada por el Juzgado de instrucción nº 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. A Eduardo Zaplana se le investiga por presuntamente aflorar dinero negro proveniente de contratos irregulares de su etapa al frente de la Comunitat Valenciana.
En noviembre de 2006 comenzó el montaje de los primeros parques eólicos del Plan Eólico Valenciano, en concreto en la denominada zona seis, con siete parques previstos en la comarca del Alto Palancia en Castellón. 
La sociedad Proyectos Eólicos, creada para promover esta energía en la Comunitat, resultó adjudicataria mediante concurso público del desarrollo eólico de las zonas 5 y 6 y de la 11 en Valencia, con una potencia en conjunto de 498 MW y una inversión de 450 millones de euros.
En la sociedad participaban Endesa a través de su filial ECyR, (Endesa Cogeneración y Renovables), propietaria del 55% de las acciones; Bancaja, con el 20%, y el Grupo Sedesa, con un 25%. En este caso, los agentes han pedido documentación sobre esta mercantil.

La trama de Zaplana defraudó 10 millones con comisiones ilegales

MADRID.- Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil siguen la pista a 10 millones de euros que los empresarios adjudicatarios de las ITV y del plan eólico abonaron como presuntas comisiones ilegales, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del caso, que especifican que se trata de una estimación que deberá ser confirmada en la investigación judicial del 'caso Zaplana'.

El exministro Eduardo Zaplana, detenido este martes por presunto blanqueo de capitales, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y un plan éolico, pudo haber recibido una parte de ese dinero en comisiones presuntamente ilegales. Al parecer, Zaplana blanqueaba el dinero desde paraísos fiscales.
Además, también han sido arrestados dos empresarios que son sobrinos del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exdirector de la Policía Nacional, Juan Cotino: Vicente y Juan Cotino.
La familia Cotino se benefició de las concesiones de las ITV de la Comunidad Valenciana, hecho que estaría en el origen de la operación policial. 

El hombre que cambió Valencia bajo la sombra de la sospecha


MADRID.- El hombre que cambió Valencia llegó, contra pronóstico, de Cartagena. De temprana vocación política, Eduardo Zaplana Hernández-Soro (1956) recaló en las filas del PP después de la desintegración de UCD, donde había dado sus primeros pasos mientras cursaba la carrera de Derecho en Alicante, tal como recuerda hoy El Español. 

Bien casado en Benidorm con Rosa Barceló, hija de un próspero empresario local con la que tuvo tres hijos, la mujer más famosa en su currículum político es sin embargo Maruja Sánchez, inventora del tamayazo avant la lettre. Sin la intervención de esta concejal socialista es probable que Zaplana no hubiera desarrollado su exitosa carrera política. No al menos a la velocidad en la que lo hizo. Es su pecado original.
Con treinta y pocos años y gracias al voto de esta tránsfuga, Zaplana llegó a la alcaldía de Benidorm, la capital turística de una Comunidad Valenciana que era feudo socialista desde las primeras elecciones democráticas, una década antes. De aquel primer Zaplana, blanquecino, tirando a rollizo y de verbo obtuso, pronto no quedó ni rastro. Su transformación es un ejemplo del poder de la voluntad.
Todo estuvo a punto de irse al traste por una grabación telefónica obtenida irregularmente en el caso Naseiro, que investigaba las finanzas de los populares. En las cintas salía Zaplana comentando de manera informal que gracias a la política podría cambiarse de coche. Sus rivales corrieron la voz de que sus palabras eran "estoy en política para forrarme", y aún hay quien así lo cree, por más que nunca pronunciase tal frase.
Meses después de suceder en el liderazgo del PP valenciano a Pedro Agramunt -famoso estos días por haber tenido que abandonar el Consejo de Europa al ser acusado de corruptelas varias- emergió un Zaplana absolutamente nuevo: moreno, fibroso, con carisma, desacomplejado, capaz de mitinear sin un solo papel y con todos los datos imprescindibles en la cabeza listos para desenfundar.

A lo grande

Los vientos, que ya soplaban en contra de un PSPV-PSOE y un Joan Lerma agotados y ninguneados continuamente por Felipe González, terminaron de impulsar a Zaplana, que ganó con autoridad las elecciones. Y ahí cambió la historia reciente de la Comunidad Valenciana, para bien y para mal.
Zaplana tuvo la audacia de pensar a lo grande y el coraje político de afrontar muchos de los problemas pendientes que tenían la sociedad y el propio PP valencianos. Sus enemigos siempre denunciaron que lo hacía en beneficio propio. Las dudas sobre su tren de vida y el supuesto incremento de su patrimonio estuvieron sobre la mesa desde los comienzos, pero sin pruebas... a expensas de lo que descubra ahora la operación que dirige el Juzgado 8 de Valencia.  
Como presidente de la Generalidad desatascó infraestructuras clave para el desarrollo regional, caso de la construcción de la autovía con Madrid (A-3); puso la primera piedra de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aliándose con Rita Barberá en la transformación de la capital; se sumó y alentó con gusto el boom de la construcción; entró a saco en Canal 9, la televisión autonómica, convertida durante años en azote del centro-derecha; apartó de la primera línea de la contienda política el conflicto lingüístico creando una Academia de filólogos y expertos; introdujo nuevas fórmulas de administración, como la gestión privada de hospitales; fagocitó a Unión Valenciana, el partido que amenazaba la hegemonía de los populares; centró ideológicamente a un PP que todavía olía a rancio y, en definitiva, en esta España de las autonomías, puso a la Comunidad Valenciana en el mapa, convirtiéndola en pieza clave de las futuras victorias electorales de Aznar.
Dice mucho de cómo era Zaplana su determinación de organizar en Mestalla el mitin previo a las generales de 1996, en contra de las advertencias de quienes en su entorno veían con absoluto pavor la posibilidad de un pinchazo ante los mismísimos bigotes de Aznar. El mitin resultó apoteósico.
No salió victorioso, ni mucho menos, de todos sus envites. Fracasó estrepitosamente en la creación del parque temático Terra Mítica, Canal 9 implosionó como consecuencia de la mala gestión, los sobrecostes de algunos megaproyectos dispararon la deuda de las arcas autonómicas... 

La herencia de Zaplana

Su herencia la recogió Paco Camps, tras un pequeño interinaje de José Luis Olivas provocado por la llamada de Aznar al Gobierno de España, donde se estrenó como ministro de Trabajo en 2002. Ambos, Olivas y Camps, están siendo investigados en distintos sumarios por corrupción.
Zaplana aún tuvo tiempo de ser portavoz del Gobierno, y como tal vivió los atentados del 11-M. Tras la derrota de 2004 pasó a ser el portavoz del grupo popular en el Congreso. No congenió con Rajoy y en 2008 lo fichó Telefónica como representante para Europa, poniendo fin así a una carrera política de más de tres lustros plagada de luces y sombras.
Hace dos años se le detectó una grave enfermedad, por la que tuvo que ser sometido a un trasplante de médula. Precisamente ha sido detenido ahora en Valencia cuando acudía a una revisión. 
Se le investiga por tratar de repatriar dinero que habría sacado de España fruto de comisiones ilegales en su etapa de presidente valenciano. El PP le ha suspendido cautelarmente de militancia y Telefónica ha suspendido también su relación laboral con él, donde ahora se desempeñaba como adjunto al secretario general de la compañía.
Su nombre había salido en varias ocasiones relacionado con el del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la operación Lezo. Incluso se llegó a publicar que había sido imputado, pero el juez sólo le ha llamado a declarar como testigo. 
Sin embargo su capacidad política, su reconocimiento como fino analista, su reputación, en una palabra, seguía limpia hasta hoy. Viejos fantasmas del pasado han vuelto y amenazan con arruinar al hombre que se inventó a sí mismo y que cambió Valencia.

Las autonomías gastarán este año 2.500 millones más de lo que fija la ley


MADRID.- Las comunidades autónomas extenderán la chequera un 4% más que el año pasado y volverán a incumplir la regla de gasto, que les permitía aumentarlo un máximo del 2,4%. De esa manera, y por segundo ejercicio consecutivo, la administración autonómica se saltará la Ley de Estabilidad, pondrá en riesgo el déficit y desembolsará 2.500 millones de euros más de lo que permiten las normas. Así se desprende del Observatorio Fiscal y Financiero sobre este subsector que publica Fedea, que en esta ocasión está elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín, según publica hoy El Economista.

Según el citado documento, las autonomías pasarán de un gasto ejecutado de 149.924 millones de euros en 2017 a bordear los 156.000 millones en el año en curso, y ello en un momento en el que la regla de gasto les hubiera permitido alzas de hasta 153.500 millones como tope. Los proyectos presupuestarios de todas ellas exceden en esos 2.500 millones el máximo permitido. Y ello pese a que hay dos, Cataluña y Asturias, que no han sido tenidas en cuenta en el estudio porque no han podido aprobar sus propias Cuentas Públicas.
Cabe recordar que en 2019 se celebran las elecciones autonómicas, y el aumento previsto de los desembolsos puede tener mucho que ver con este hecho, tal y como apuntan los autores del informe, que aún así no describe qué administraciones se pasarán más con el gasto. 
La pista, aún así, la dio hace pocas semanas el Ministerio de Hacienda, que situó a Navarra, Castilla y León y la Comunidad de Madrid como las que más se pasaron con los desembolsos en 2017. Un total de 10, de hecho, incumplieron de largo la regla de gasto.
El mayor problema, a ojos de Fedea, es que el aumento previsto del gasto puede poner en riesgo el objetivo de déficit para el subsector, del 0,4%; y por ende, el de todas las Administraciones Públicas, del 2,2% según pactaron el Ejecutivo y Bruselas. 
Mucho más en un ejercicio en el que el Gobierno ha aprobado subir las pensiones con el IPC; elevar el mínimo exento de pago del IRPF; la rebaja de este impuesto para rentas inferiores a los 18.000 euros; o el aumento del 16,5% en la inversión para infraestructuras y obra pública.
Y ese no sería el único motivo. Manuel Díaz y Carmen Marín advierten en su trabajo de que, además del aumento de gasto previsto, de 6.000 millones, las comunidades prevén elevar ingresos en 8.000 millones en relación a lo observado en 2017. Un cálculo, a juicio del think tank, que se pasa en exceso de optimismo.
Si bien es cierto que los Presupuestos contemplan un aumento de las entregas a cuenta de 4.000 millones de euros -que, además, podría no producirse si por sorpresa las Cuentas no se aprueban-, hay otros 4.000 millones de aumento de ingresos por impuestos (un 9% más que el año anterior) sin casi justificación, porque "no se han tomado medidas adicionales".
Si bien los autores creen que tributos como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el de Actos Jurídicos Documentos (AJD) podrían incluso propiciar una sorpresa positiva "por la buena marcha del sector inmobiliario", dejando 8.800 millones en las arcas regionales, hay otras figuras que generan más dudas.
Es lo que sucede con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en un momento en el que varias autonomías están legislando para bajar el tributo. Así ha sucedido en Andalucía, donde gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos; y en Madrid, comunidad en la que ostenta el poder el PP también con soporte naranja. Los autores también ponen el acento en la partida Resto de transferencias de capital, que ven sobrepresupuestada.

El Gobierno regional de Murcia destituirá este miércoles a Zaplana de la UPCT

MURCIA.- El Ejecutivo murciano llevará este miércoles a la reunión semanal del Consejo de Gobierno la destitución del expresidente valenciano y el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana como vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) «ante los acontecimientos conocidos este martes».

Con este escueto comunicado ha reaccionado el Gobierno presidido por Fernando López Miras a la detención del político cartagenero por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil junto a otras cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales públicos.
El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, había afirmado este martes que el Consejo Social de esta institución docente adoptará «las medidas que considere necesarias» sobre la continuidad de Zaplana y ha recordado que fue nombrado para esa vocalía por el Gobierno murciano en noviembre de 2016 en sustitución de Julio Álvarez, cuyo mandato expiraba.
Eduardo Zaplana entró a formar parte del Consejo Social el 24 de marzo de 2017.

De Naseiro a Lezo, Eduardo Zaplana siempre aparecía en las quinielas

VALENCIA.- Eduardo Zaplana había salido indemne hasta ahora del festival de casos de corrupción que atenaza al Partido Popular. El nombre exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana ha estado en las quinielas desde los años noventa, cuando las grabaciones telefónicas del caso Naserio delataron su afán de enriquecimiento, recuerda hoy El Confidencial

"Tú haces de intermediario de la venta (de un solar de Benidorm), que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro, ¿eh? Y luego nos la repartimos bajo mano", le dijo a su amigo, ya fallecido, Salvador Palop. 
Las cintas fueron anuladas judicialmente y el caso, por el que nunca llegó a ser imputado, cerrado. Han tenido que pasar casi 30 años de aquella confesión en la intimidad para que la Justicia echara el lazo al experimentado político conservador.
Como un sino en su carrera, las grabaciones han perseguido a Zaplana de forma directa o indirecta desde que comenzó su escalada política en Benidorm. Primero fue Naseiro, luego las cintas en las que unos empresarios contratistas de Terra Mítica le implicaban en el presunto cobro de comisiones. 
Nunca se les dio credibilidad y estos contratistas fueron juzgados por fraude fiscal y condenados en un juicio en el que quedaron absueltos exdirectivos del parque temático impulsado por Zaplana. Su nombre volvió aparecer en la operación Lezo, pero sus charlas reveladoras interceptadas por la Policía con el expresidente madrileño Ignacio González no fueron consideradas suficientemente incriminatorias y quedó fuera del listado de imputados de la Audiencia Nacional.
Su arresto este martes por agentes de la UCO, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, liquida el mito del Zaplana al que salpicaban los casos pero nadie encontraba indicios suficientes como para someterlo al escrutino judicial. Tras dos años de investigación secreta, los fiscales Vicente Torres y Pablo Ponce han dado caza al exministro con una causa que amenaza con destapar más de dos décadas de corrupción, si como apuntan fuentes de la investigación, se vincula la posible repatriación de fondos desde el extranjero (blanqueo de capitales y delito fiscal), con el cobro de comisiones durante su etapa en la Generalitat valenciana o el Gobierno de Aznar. 
Escaló a la presidencia regional en 1995 y se mudó a Madrid en 2002. De ser así, la malversación y la prevaricación estarían prescritas, pero no el intento de repatriar los fondos desde el extranjero a escondidas.
El ‘campeón’, como lo describió Julio Iglesias cuando lo contrató en la Generalitat valenciana para promocionar por el mundo la Comunidad Valenciana a cambio de un jugoso contrato del que se beneficiaron sociedades radicadas en paraísos fiscales, se ha dedicado en los últimos años a los negocios y la ‘consultoría empresarial’ a través de su mercantil Decuria Consulting, con la que ha facturado más de dos millones de euros desde que la constituyó en junio de 2008 (los mejores ejercicios fueron 2012, 2013 y 2014, con más de 400.000 euros anuales de cifra de negocio). 
En 2016 ingresó por sus servicios más de 216.000 euros. Las oficinas de su empresa, que conciden con su domicilio en Madrid, también fueron registradas por los agentes de la UCO.
Las operaciones empresariales en las que Decuria ha participado no son públicas, pero en los cenáculos siempre se ha señalado a ‘Eduardo’ como buen lobista e intermediario en no pocos negocios. 
Uno de los que siempre rondó por su cabeza en sus tiempos de barón territorial y nunca llegó a ejecutarse fue la posible y multimillonaria fusión del Canal de Isabel II con Aguas de Valencia, previa privatización del primero, la operación soñada para cualquier conseguidor.
A partir de 2008, cuando se descabalgó del cargo de portavoz del PP en el Congreso tras haber perdido la confianza de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana pasó a un segundo plano mediático para dedicarse ‘full time’ a sus aficiones preferidas: la conspiración política entre bastidores y los negocios. 
Excelentemente relacionado, amigo de sus amigos e implacable con sus enemigos, tuvo que echar el freno en sus actividades hace más de un año para tratarse una leucemia, de la que todavía se está recuperando, y que le ha obligado a someterse a un trasplante de médula en el Hospital La Fe de Valencia.

Tres de cuatro presidentes investigados

Doctorado en puertas giratorias, fichó por Telefónica como adjunto a la secretaría técnica de la presidencia, donde ha recibido una retribución periódica que nunca se ha hecho pública. Ha tenido desde entonces despacho en la sede de Gran Vía de la cotizada, primero con César Alierta, y ahora, también, con José María Álvarez-Pallete, con quien ha compartido rutas de ‘running’ en compañía de su gran y verdadero valedor en la empresa, su amigo Javier de Paz. 
También es consejero independiente de Logista, la filial de la privatizada Altadis, donde percibe una retribución fija anual de 60.000 euros más dietas.
En cualquier caso llueve sobre mojado en la Comunidad Valenciana. Zaplana es el tercero de los cuatro presidentes autonómicos que ha tenido el Partido Popular con problemas con la Justicia. 
José Luis Olivas ya tiene una condena por falsedad documental y delitos fiscal y Francisco Camps está investigado en causas relacionadas con el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. 
Solo el actual senador Alberto Fabra se ha librado por el momento.

'El legado de Aznar': 12 de sus 14 ministros están imputados, implicados o cobraron sobresueldos

MADRID.- El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido durante la mañana de este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Valencia. La detención se basaría en un presunto delito de blanqueo de capitales y a otro de delito fiscal. Este nuevo movimiento obliga a actualizar el legado de José María Aznar. 

Tal y como publicó El Plural,  12 de los 14 ministros que formaron el antepenúltimo Gobierno de Aznar (en julio de 2002) están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. La mayoría de ellos podrían haber cobrado sobresueldos de la caja B que manejaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, según la documentación que obró en poder del juez Pablo Ruz, cuando instruía el caso Gürtel, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional.
Esta lista, que ya publicó elplural.com en 2015, se suman ahora las novedades relativas a Eduardo Zaplana. El juez Eloy Velasco pidió información por su vinculación a la Operación Lezo. En el auto en que el magistrado enviaba a prisión a Ignacio González, acusaba al expresidente madrileño de intentar blanquear dinero junto al exministro de Trabajo de Aznar. Ahora, la UCO le ha detenido, precisamente, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.
Alberto Garzón ya habla de un nuevo hito de la "era Aznar" y el diputado de ERC Gabriel Rufián asegura que ya está "confirmado" que "de la boda de Aznar solo quedan libres los camareros".
Jaume Matas es el ministro de Aznar que más tiempo ha pasado en prisión: un total de nueves meses por su primera condena en el caso Palma Arena. Se le concedió el tercer grado el 31 de octubre de 2014, a los tres meses de entrar en la cárcel, y finalmente salió en libertad en abril de 2015. 
En febrero de este año volvió a ser condenado a tres años y ocho meses de prisión, aunque su ingreso está pendiente del pacto con la Fiscalía para confesar sus delitos. Todavía le quedan nueve causas pendientes.
El fin del milagro
Otro de los grandes señalados de aquel gabinete es Rodrigo Rato, el que fuera considerado artífice del milagro económico y que acabó siendo detenido por la Guardia Civil. La cantidad de casos que carga a sus espaldas son difíciles de enumerar: está imputado por la gestión de Bankia, está implicado en el caso de las tarjetas Black, con la que llegó a gastar en un solo día 3.547 euros en alcohol, 1.000 euros en una zapatería y 17 retiradas en efectivo de 1.000 en cajeros de Bankia.
En 2015, la Fiscalía empezó a investigarle por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Por ello, su casa fue registrada y él detenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Con la publicación de los papeles de Panamá se conoció que había usado varias empresas pantalla para esconder dinero en paraísos fiscales.
Curiosamente, tanto Matas como Rato han sido ensalzados en numerosas ocasiones por el actual presidente del Gobierno. Así, en 2004, Mariano Rajoy afirmó que cuando llegara a la Moncloa quería “un Gobierno para España como el del presidente Matas” en Baleares. Antes, en el 2003, ya se había referido a él como “un amigo” que “tiene personalidad, coraje, determinación y valentía”. 
Respecto a Rato, han sido numerosas las ocasiones en las que Rajoy le ha descrito en público como el “mejor ministro de Economía” que ha tenido España.
El resto de miembros del Gabinete se vio salpicado por el supuesto reparto de sobresueldos sacados de la caja B de dinero negro que manejaba Luis Bárcenas, según la documentación que obraba en manos del juez Pablo Ruz durante la fase de instrucción, aunque el auto de Ruz no mencionaba específicamente los nombres de los dirigentes que habrían cobrado.
Sobresueldos que podrían oscilar desde los 1,58 millones de euros que supuestamente habría percibido Mariano Rajoy entre 1990 y 2011, hasta los 9.000 euros que presuntamente cobró en 2004 Pilar del Castillo, exministra de Educación, Cultura y Deporte. 
Federico Trillo, Miguel Arias Cañete, Ana de Palacio, Ángel Acebes, Jaume Matas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Cristóbal Montoro serían otros de los ministros del Partido Popular que según el instructor de la Gürtel habrían recibido cuantiosos sobresueldos, aún sin llegar a los 782.695 euros que por este concepto presuntamente se habría embolsado José María Aznar.

La Guardia Civil apunta a planes eólicos y concesiones de ITV en la investigación sobre Zaplana

VALENCIA.- Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Conselleria de Economía donde han solicitado el expediente completo del plan eólico de la Comunitat Valenciana de 2003 y el correspondiente a la concesión de las ITV de 1997.

Según han confirmado hoy fuentes de la Conselleria, dos agentes de paisano se encuentran en las instalaciones de Economía analizando documentación relacionada con las adjudicaciones del plan eólico de la Comunitat Valenciana de 2003.
En concreto, se han interesado por la documentación relacionada con la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA, filial de la firma Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, empresario detenido este martes en Xirivella (Valencia) y sobrino del exconseller, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino.
Además, han requerido el expediente completo de la concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) correspondiente a 1997.
Este registro está relacionado con la operación que dirige el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, en la que han sido detenidos, entre otros, el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y el que fuera su jefe de gabinete en el Gobierno valenciano, Juan Francisco García Gómez.

Zaplana, el político que presumía de no tener mancha

MADRID.- Negó hasta la saciedad haber dicho que entraba en política "para forrarse" y se jactaba de no haber tenido "ningún problema judicial". Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956) había logrado escaparse de las manchas que han salpicado al Partido Popular en la Comunidad Valenciana pese a haber ocupado cargos públicos en el partido desde 1991 a 2008, pero ha sido detenido en Valencia por presunto delito de malversación y blanqueo de capitales, recuerda hoy El Mundo

La carrera política de Zaplana arrancó en 1991 en Benidorm cuando una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, firmó la moción de censura para convertirle en alcalde. Al instante, Sánchez pasó a ser asesora de Cultura con un sueldo de 1.760 euros mensuales. Desde la alcaldía inició su escalada que empezó por convertirse en el hombre fuerte del partido en sustitución del ahora senador Pedro Agramunt en 1993, y hasta alcanzar la presidencia de la Generalitat en los comicios de 1995. 
La habilidad de Zaplana para buscar aliados fuera de su partido quedó de manifiesto en su pacto con la extinta Unión Valenciana -el llamado 'Pacto del Pollo'- que le dio la presidencia con el apoyo del partido regionalista de Vicente González Lizondo. Poco a poco, fagocitó a su socio (en afiliados y votos) y acaparó todo el poder popular con una única excepción: Valencia, bajo el control absoluta de Rita Barberá, con quien nunca tuvo sintonía.
Fue la etapa de la transformación de la Comunidad Valenciana, de la apuesta por obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Circuito de Motociclismo Ricardo Tormo o Terra Mítica. 
El parque temático en Benidorm le trajo algún quebradero de cabeza porque uno de los empresarios juzgados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental le señaló como beneficiario de un supuesto cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, nunca fue llamado ni a declarar. 
Los 22 condenados por la Audiencia de Valencia suman más de 300 años de cárcel y entre ellos está Justo Valverde, entonces cuñado de Zaplana, que fue condenado a cuatro años de cárcel cada uno por delitos contra la Hacienda Pública.
Otra de las polémicas que estalló bajo su mandato fue el llamado caso IVEX, que investigó a Julio Iglesias por un posible delito relacionado con los pagos que recibió por parte del Ejecutivo de Eduardo Zaplana por su labor de promoción exterior de la región. 
En concreto, el cantante cobró seis millones por ser embajador de la Comunidad Valenciana y celebrar 14 conciertos por todo el mundo. El ex presidente ahora detenido siempre se enorgulleció de la operación.
Zaplana dejó la política valenciana el 24 de julio de 2002, cuando José María Aznar le reclamó para convertirse en Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno. Desde entonces, su presencia en al Comunidad Valenciana quedó orillada por sus tensiones con Francisco Camps
En el PP valenciano comenzaron las luchas entre campistas y zaplanistas que provocó que fuera relegado de las listas -tuvo que presentarse como número 5 por Madrid- y que incluso se le prohibiera la asistencia a actos oficiales. Camps quiso borrar todo su legado. 
De hecho, el ex presidente declaró el pasado mes de marzo en la Audiencia Nacional que fue Eduardo Zaplana quien introdujo a las empresas de Francisco Correa y a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. 
"Sería lo único en lo que habría seguido mis directrices", le respondió con ironía el ex ministro.
En Madrid vivió una de las etapas más difíciles. Le tocó ser la voz del Ejecutivo en el 11-M y, con la derrota en las urnas, fue el portavoz popular en el Congreso de los Diputados hasta que en 2008 decidió abandonar la política.
Desde entonces, su trabajo está ligado a la multinacional Telefónica -actualmente es secretario general- y sus apariciones públicas son contadas. En Valencia se habían intensificado porque estaba siendo tratado de una enfermedad. Hace unas semanas pronunció una conferencia en el Ateneo Mercantil con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. 
Este pasado fin de semana se le pudo ver en el palco del estadio Cartagonova siguiendo en el partido Cartagena-Rayo Majadahonda de la fase de ascenso a Segunda División.

Telefónica "suspende" su relación con Eduardo Zaplana tras su detención por blanqueo

MADRID.- Telefónica ha decidido suspender "con carácter inmediato" su relación con el exministro Eduardo Zaplana, asesor de la compañía desde 2008, tras su  detención este martes  por efectivos de la Guardia Civil en una operación dirigida por un juzgado de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Zaplana está acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, entre otros, según informa www.eldiario.es

Según fuentes oficiales de Telefónica, "se suspende con carácter inmediato su relación laboral, en el área de asuntos públicos, con la compañía a la espera de conocer más detalles sobre su situación". 
El PP también se ha apresurado a anunciar esta mañana la  suspensión de militancia de Zaplana por este asunto. En un primer momento, fuentes de Telefónica se habían limitado a señalar que estaban recabando información sobre Zaplana.
Por su parte, Logista, otro monopolio privatizados por el Gobierno de José María Aznar que desde hace años tiene a Zaplana como consejero, todavía está analizando la situación del ex ministro, al que renovó recientemente como vocal.
En septiembre de 2016, el exministro se definía en su Linkedin como "adjunto al secretario general" de Telefónica, aunque entonces él mismo matizó, en una conversación con eldiario.es, que su función era la de mero "asesor" en la multinacional, " un puesto funcionarial", según sus propias palabras. 
En ese momento, fuentes de la empresa le definían todavía como "adjunto a la presidencia", que ya entonces ocupaba José María Álvarez Pallete.
Telefónica anunció hace ahora diez años, con César Alierta al frente de la empresa, el fichaje de Zaplana (que acababa de dejar su escaño en el Congreso) como "Delegado de la Compañía para Europa", con un retribución que nunca ha sido pública. Hasta enero pasado, la Secretaría General y el área de Asuntos Públicos de Telefónica estaban bajo la dirección, respectivamente, de los abogados del Estado Ramiro Sánchez de Lerín  y Carlos López Blanco.
El primero está imputado en el 'caso Rato' por haber sido la persona que firmó el contrato entre la Telefónica de Alierta y Kradonara, una sociedad del expresidente de Bankia, por tareas de asesoramiento, mientras que López Blanco fue secretario de Estado con Aznar. 
En la distribuidora de tabaco Logista, donde la retribución de Zaplana como consejero "independiente" sí es pública (99.000 euros en 2017), se limitan a señalar a preguntas sobre este asunto que "aún no tenemos conocimiento de las circunstancias de las actuaciones". Añaden que "Logista continuará cumpliendo escrupulosamente con los Reglamentos y normativas para el buen gobierno de la sociedad".
El reglamento del consejo de administración Logista obliga a dimitir a sus vocales "cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de Grupo Logista o puedan perjudicar al crédito y reputación de la misma. En particular, deberán informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales". 
Es la fórmula habitual en estos casos.
Zaplana es consejero de esta empresa desde 2012 y en la junta de accionistas de marzo pasado, cuando Zaplana ya se había visto salpicado por el caso Lezo tras diversas grabaciones de sus conversaciones con el expresidente madrileño Ignacio González, la filial de la tabaquera británica Imperial Tobacco renovó el mandato del exministro por otros cuatro años.
Para respaldar su reelección, el consejo de Logista valoró su "conocimiento, experiencia profesional, reconocida solvencia y competencia, responsabilidad para el ejercicio del cargo y ausencia de conflicto de interés", tras considerar que "ha desempeñado el cargo de consejero de la sociedad, con la dedicación adecuada y de una forma eficiente, en cuanto a la calidad del trabajo".
Zaplana compatibiliza sus funciones en estas dos grandes empresas con su actividad en una consultora que administra junto a su hija, Decuria Consulting, que fue constituida unas semanas después de su fichaje por Telefónica y desde entonces hasta 2016 (último ejercicio del que ha presentado cuentas) ha facturado más de 2,3 millones de euros. 
La esposa de Zaplana y sus hijas también gestionan varias empresas del sector inmobiliario y hotelero, algunas  de la órbita del suegro del exministro, el empresario y ex senador del PP Miguel Barceló, fallecido en marzo pasado.