viernes, 20 de abril de 2018

Hacienda se prepara para una batalla legal con miles de interinos que temen por su plaza

MADRID.- El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración. Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto, según www.elindependiente.com.

El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al puesto.
Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, aseguran que se toparon con varias sentencias judiciales que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.
Ahora, miles de interinos se están organizando y están acudiendo a despachos de abogados para recurrir los términos en los que se va a realizar esta transición. Algunos de ellos argumentan que el Estatuto Básico del Empleado público recoge que “sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Insisten, por tanto, en que poder se puede.
La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada el pasado martes, tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante la oleada de recursos que se avecina, más aún que el acuerdo alcanzado en marzo de 2017 con los sindicatos empieza a moverse y ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para los funcionarios.
También lo insinuaba poco antes en respuesta a la oposición. Admitía que “la plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante, como en Andalucía, está cobrando fuerza”. 
“Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un proceso que no respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, añadía.
Collado se refería a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), una organización igualmente denostada por CCOO y UGT, que lleva alrededor de un año sumando apoyos para revocar el acuerdo entre los sindicatos y la Administración por considerarlo, de facto, un ERE en el sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales ‘dueños’.
El último paso que ha dado esta organización es la presentación el pasado 9 de abril de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para revocar los acuerdos entre sindicatos y Gobierno, aunque esta iniciativa está pendiente de aprobación parlamentaria para abrir en ese momento el plazo de 9 meses para recabar las 500.00 firmas preceptivas. ANIL ha llevado estas reivindicaciones también hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, aún sin contar con una repercusión firme.
“Nuestra posición ahí, con franqueza, es que los interinos tienen una gran oportunidad”, señaló el pasado martes Collado, para añadir a renglón seguido que “en la Función Pública se ingresa como se ingresa”.
“A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar, pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. No debemos parar este proceso y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia, conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios de carrera”, añadió.

Luis Barcala: “Espero que la Generalitat no dé la espalda a Alicante por el cambio político”

ALICANTE.- El nuevo alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha expresado este viernes su confianza en que la Generalitat Valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, "no dará la espalda a la ciudad por el cambio del signo político” registrado en la corporación, según recoge El País

Tras hacerse ayer con la vara de mando contra todo pronóstico, gracias al voto en blanco de la concejal tránsfuga Nerea Belmonte (expulsada de Podemos y de la coalición Guanyar), Barcala ha ofrecido este viernes una rueda de prensa para informar de la configuración de su equipo de gobierno.
El nuevo primer edil ha eliminado la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática, cuyas competencias pasarán a Cultura. La memoria histórica fue uno de los frentes en los que el PP fijó su labor de oposición al tripartito de izquierdas (PSPV-PSOE, Compromís y Guanyar Alacant) surgido tras las últimas elecciones municipales. 
De hecho, un recurso del grupo municipal popular llevó a una jueza a anular el cambio de nomenclatura del callejero franquista que pervivía en la ciudad para que fuera consensuado por todos los partidos a través del pleno.
Barcala se ha reservado para sí mismo las áreas de Presidencia y Asesoría Jurídica. Su número dos, la persona con más peso en su equipo, será Mari Carmen de España, hija de Julio de España, quien presidió la Diputación de Alicante entre 1995 y 2003. 
De España, que es también diputada provincial, será la portavoz municipal y la responsable de Urbanismo, Vivienda, Turismo, Educación y Plaza de Toros.
La vicealcaldesa, sin embargo, será Mari Ángeles Goitia, quien cedió al nuevo alcalde su puesto en la lista antes de la frustrada investidura de la socialista Eva Montesinos. Goitia se ocupará de una "gran área social" con Acción Social, Cooperación, Igualdad, Participación Ciudadana y Partidas Rurales.
Israel Cortés será portavoz adjunto y asumirá también Infraestructuras, Mantenimiento, Medio Ambiente, Limpieza, Atención Urbana, Parques y Juventud. 
Por su parte, Carlos Castillo, portavoz popular y vicepresidente en la Diputación Provincial, será concejal de Economía y Hacienda, así como responsable de la Agencia Local de Desarrollo. 
José Ramón González dirigirá Recursos Humanos, Seguridad, Transporte y Fiestas; María Dolores Padilla las áreas de Cultura, Contratación y Proyectos; y Marisa Gayo, Sanidad, Consumo y Comercio.
Barcala ha admitido en su comparecencia que gobernar con solo ocho concejales “no es lo ideal”. En esa línea, ha dicho no entender por qué Ciudadanos (C’s), con cinco regidores y que ayer votó a su propia candidata, su portavoz, Yaneth Giraldo, ha rechazado su oferta de entrar en el nuevo gobierno. 
"La ciudadanía pide entendimientos, hemos sido oposición al gobierno de izquierdas y hemos coincidido en votaciones. Quizá hubo precipitación en decir que no, ya que habrá entendimiento", ha señalado.
El nuevo primer edil reconoce que deberá trabajar “contrarreloj” y no dispone de tiempo “para hacer grandes cosas", pero confía en mejorar el funcionamiento y la “imagen” del ayuntamiento. Quiere que el traspaso de poderes no paralice “ni un solo día” el consistorio y ha anunciado también una ronda de contactos con otras administraciones.
Barcala ha fijado la limpieza viaria como una de las prioridades del año que queda de mandato. “Es lo que más preocupa a los ciudadanos”, señala, por lo que se reunirá con la empresa adjudicataria, propiedad de Enrique Ortiz, “para ver las carencias que existen y cubrirlas”, aunque ha aclarado que eso no significa un aumento de la partida presupuestaria correspondiente.
Por otro lado, ha abogado por pedir al Ministerio de Hacienda que “flexibilice” el plan de ajuste que impuso en su día al Ayuntamiento de Alicante, en lugar de reclamar su finalización, como pretendía el anterior gobierno municipal del PSOE. Del mismo modo, se propone favorecer la atracción de empresas y ha garantizado que respetará los actuales criterios en la asignación de asesores y dedicaciones exclusivas.

Abogado, amante de la pintura y de las Hogueras

El PP ha logrado recuperar un feudo que gobernó ininterrumpidamente con mayoría absoluta durante dos décadas (1995-2015). Tras un paréntesis de tres años en la oposición, los populares han vuelto a la alcaldía de la mano de Luis Barcala, abogado de profesión, aficionado a la pintura y al dibujo y amante de las fiestas locales, tanto de las Hogueras de San Juan como de la Semana Santa o los Moros y Cristianos.
Casado y con dos hijas, de 56 años de edad, fue responsable legal del extinto banco Banesto. Afiliado al PP desde 1987, entró en política de forma activa en 2011, cuando concurrió a las elecciones municipales en el número 19 de la lista encabezada por la exalcaldesa popular Sonia Castedo.
Pocos meses después, accedió a la corporación municipal por la renuncia del también popular y expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, y ha sido desde entonces concejal. Además, en 2012, Las Cortes le eligieron como consejero de RTVV antes de su desaparición.
En los últimos comicios, celebrados en mayo de 2015, ocupó el cuarto lugar de la lista del PP, tras Asunción Sánchez Zaplana, que dejó el acta para ser senadora, María Ángeles Goitia y José Císcar.
Barcala forma parte de la Asociación de Artistas Alicantinos, practica varios deportes y se declara amante de la fotografía y ávido lector.
Como portavoz del PP, en la presente legislatura, ha liderado la ofensiva jurídica que ha llevado a su antecesor, el socialista Gabriel Echávarri, a ser procesado por una supuesta prevaricación relacionada con el fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio. Tras la denuncia que él mismo interpuso en Fiscalía, Echávarri despidió a su cuñada, Catalina Rodríguez, una funcionaria interina, y se enfrenta por ello a una petición de 10 años de inhabilitación en un segundo proceso judicial.

La alcaldía de Alicante se hubiera comprado por un sueldo de 3.375 euros brutos al mes


MADRID.- Se llama Luis Barcala, es abogado de profesión y hasta hace un par de días era concejal portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante. Estaba percibiendo un sueldo público de 50.624 euros brutos anuales y a partir de ahora, ya como alcalde, tendrá una retribución asignada de 64.704 euros. Son 14 pagas de unos 4.620 euros. Si se mantiene en el cargo hasta el final del mandato, podrá cobrarlo hasta julio del año que viene, un mes depués, aproximadamente, de los comicios municipales previstos para el 9 de junio, según http://www.sueldospublicos.com.

El protagonista de la semana debería ser Barcala, que estrena cargo y el PP recupera un feudo que obtuvo en 1995 y que conservó sin fisuras hasta 2015. No en vano, la atención mediática se centró en una concejal no adscrita, Nerea Belmonte. Con todo, lo que ha pasado en Alicante es un clásico de la política española. Venderse o comprar al alguien con un sueldo público y doblegar voluntades por un puñado de dólares, como la famosa película. Por un plato de lentejas, para los más castizos.
La corporación municipal en la ciudad está formada por 29 concejales. Son ocho del PP, que ganó por mayoría simple en 2015, pero no pudo formar gobierno: seis del PSPV-PSOE, cinco de Guanyar Alacant (en la órbita de Podemos), cinco de Ciudadanos y tres de Compromís. Además, hay dos en el grupo de los no adscritos. Un concejal, que estaba en Ciudadanos y la mencionada Nerea Belmonte, que estaba en Guanyar Alacant.
Hacemos memoria. Esta semana se ha votado al nuevo alcalde porque el anterior, Gabriel Echávarri, del PSPV-PSOE, dimitió el pasado 9 de abril tras las presiones de la oposición, de su propio partido y de sus socios de gobierno, Compromís, por un asunto de presunto delito administrativo relacionados con el fraccionamiento de contratos. 
La idea de los socialistas era conservar la la alcaldía poniendo al frente del consistorio a Eva Montesionos, también socialista. Pero todo ha saltado por los aires. Con calculadora en mano, el voto en blanco de Belmonte y el nulo del concejal no adscrito que estaba en Ciudadanos, Fernando Sepulcre -se votó a sí mismo- dejó las aspiraciones de Montesinos en el aire y la fuerza más votada hace casi tres años, el PP, recuperó la vara de mando.
¿Qué ha pasado para que Belmonte fuera apartada de su grupo y se haya 'vengado' de su anterior compañero de filas y líder de Guanyar Alcante, Miguel Ángel Pavón? Ella lo tiene claro sobre su postura y le echa la culpa a su antiguo compañero: “era mi derecho restituirme en mi honor y en mis derechos políticos y económicos, no ha querido dar su brazo a torcer, ha preferido no respetar mi dignidad y mi honor y que se produjese esa situación”. 
Sus “derechos económicos” es el sueldo público que dejó de cobrar. 
En 2016, Belmonte se aferró a su acta de concejal a pesar de que Podemos contrastó que dio contratos a compañeros de su candidatura. Exactamente, había adjudicado dos de carácter menor: uno de 7.260 euros y otro de 4.000 euros a la empresa TechData. Esta firma estaba vinculada con personas que habían formado parte de su lista para intentar liderar Podemos Alicante.
Estas mismas personas son las que le invitaron y acompañaron al desfile del diseñador de moda Iron Fiz en la Mercedes Benz Fashion Week de septiembre de 2015 en Madrid. Los detalles del viaje salieron en los medios de comunicación y la presión sobre Belmonte se hizo insostenible. 
Su grupo municipal decidió apartarla de sus funciones, dejó de llevar el Área de Acción Social y Vivienda y se quedó sin sueldo público. La diferencia es evidente. Así, Belmonte pasó de cobrar 3.375 euros brutos al mes (47.249 euros anuales como concejal con cartera) a 195 euros por cada asistencia a los plenos, según los datos publicados en el acta del pleno municipal de 29 de octubre de 2015.

Licenciada y con máster

En la página web del Ayuntamiento de Alicante leemos que Belmonte es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Ha cursado estudios en las Universidades de Essex en Reino Unido y Ottawa, en Canadá. Además, tiene un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos con especialidad en relaciones económicas por la Universidad de Essex. También posee un diploma de Especialización Profesional Universitario en Infracciones Urbanísticas por la Universidad de Valencia.

Belmonte es abogada, especializada en derechos sociales y derecho de consumo bancario. Ha ejercido la abogacía defendiendo los intereses de la Plataforma Stop Desahucios Alicante, de la Asociación de Consumidores Adicae y también ha trabajado en el bufete Martínez-Martínez Abogados & Asociados.

Es coautora del libro “España y la implementación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos: oportunidades y desafíos”. Ha hecho prácticas en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Camboya y en la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Essex.

Bonig: “La reconquista de la Comunitat Valenciana empieza en el sur”


VALENCIA.- La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha dado la enhorabuena al ‘popular’ Luis Barcala, nuevo alcalde de Alicante, a quien ha transmitido todo el apoyo y quien considera que “se va a dejar la piel” por la ciudad, al tiempo que ha indicado, con un lenguaje bélico, que “la reconquista de la Comunitat Valenciana empieza en el sur, junto con el norte, Castellón, para conquistar el centro, que es València”.

Bonig se ha manifestado así en declaraciones a los medios en Les Corts después de que Barcala se haya convertido en el nuevo alcalde de Alicante en el pleno de investidura al no alcanzar ninguna candidatura la mayoría absoluta y ser el PP la fuerza más votada en los comicios locales de 2015. Ha transmitido el “orgullo y apoyo” de la dirección general tanto a Barcala como al resto del grupo municipal, que ha hecho “una oposición magnífica y ha sido un partido de gobierno” que ha ofrecido una ayuda que “no han querido nunca”.
La dirigente del PPCV ha asegurado que asumen la alcaldía “con muchísima humildad, con muchísimo orgullo y muchísimas ganas de trabajar”, y también con “alegría”. 
“En un año que es lo que queda para las elecciones municipales poco se puede hacer”, ha advertido, aunque se dejarán “la piel” para “sacar a la ciudad de Alicante del ostracismo al que estaba sometido con estos gobiernos del cambio”.
Los ‘populares’, ha remarcado, siempre han estado “a lo que marcase la ley” y han dado “seguridad y responsabilidad”, sin hacer “cambalaches” y la opción de que Barcala fuera alcalde, tras la renuncia del socialista Gabriel Echávarri, era “una posibilidad que estaba ahí y se ha materializado”.
Bonig ha destacado que tres años de gobierno de PSPV, Compromís y Guanyar Alacant después de más de 20 años de mayorías absolutas del PP han sido “suficientes para demostrar que no hay proyecto político”. 
A su juicio, “cuando a uno le guía exclusivamente el odio y la venganza pasan estas cosas, a la política se viene a trabajar y su único proyecto era tirar al PP, lo consiguieron a pesar de ser la lista más votada y tenían un magnífico instrumento que era el ayuntamiento para llevar a cabo su proyecto pero tres años después hemos visto que no lo hay”.
“Hoy la ciudad de Alicante recupera a un alcalde, a un equipo de gobierno que se va a dejar la piel, porque Alicante no merece menos y la Comunitat Valenciana no merece menos. Mi enhorabuena y a trabajar, queda muchísimo por hacer”, ha concluido.

Mónica Oltra: "El Partido Popular vive atrapado en el tiempo"

VALENCIA.- La vicepresidenta de la Generalitat, Monica Oltra, ha valorado las últimas informaciones relacionadas con los pagos en 'B' del PP durante la etapa de Francisco Camps al frente de la Generalitat y a través de Orange Market, la empresa dirigida por Francisco Correa y que, según la información revelada por Levante-EMV, habría salpicado a la actual presidenta del Partido, Isabel Bonig, y al dirigente de la formación en Alicante, José Císcar. Para Oltra, lamentablemente "no supone nada nuevo" porque el PP en la Comunitat Valenciana vive "atrapado en el tiempo, en el día de la marmota".

Para la vicepresidenta, las informaciones diarias del caso revelan "la magnitud de la Gürtel y el desvío constante de dinero público en la Comunitat Valenciana". Además, "la riada de la corrupción se llevó a los exdirigentes, pero la rueda no se ha roto", ha señalado.
Oltra considera que la reflexión que debería hacer el partido es que, si se quiere dar la imagen creíble de que el PP ha superado la corrupción, deberían "hacer un corte" dentro del partido, porque se ha demostrado que los dirigentes actuales "se beneficiaron también en el pasado y han jugado con ventaja".

Podemos "está en su derecho"

La vicepresidenta se ha referido también a las últimas declaraciones desde Podemos que apuntaban a apartar del cargo público a los nombres que aparecen en los documentos del sumario sobre la financiación ilegal del PSPV y el Bloc en 2007. En concreto, afectaría al asesor del presidente Puig y exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo.
Oltra ha señalado que la formación morada esta "en todo su derecho", pero ella apuesta por "esperar a que los partidos presenten los informes" con toda la información recopilada.
Además, cree que para llevar a cabo un cese de un cargo, como solicita de forma velada Podemos, "primero hay que establecer un diálogo entre las fuerzas políticas y poner la petición encima de la mesa, valorarla, y establecer conclusiones".

El PP vuelve a Alicante

Tras el pleno del Consell, las preguntas acerca de la nueva situación política en el Ayuntamiento de Alicante han sido inevitables. Como vicepresidenta, Oltra ha querido felicitar al popular Luis Barcala como nuevo alcalde de la ciudad. 
Sin embargo, respecto a las declaraciones de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que aseguró que se trataba de una "reconquista" que continuaría en el norte, en Castelló, hasta llegar a València, Oltra ha restado crédito y ha asegurado que se mueve "en términos constitucionales y no bélicos".
Asimismo, se ha mostrado preocupada por que la ciudadanía "no se vea reflejada" en la nueva alcaldía ostentada por el PP, dado que en 2015 fueron "las fuerzas progresistas" las más votadas. 
"No me preocupa que la izquierda haya perdido, me preocupa que la sociedad no se identifique con el giro político del ayuntamiento".
Respecto al voto en blanco de la tránsfuga de Podemos, Nerea Belmonte, que se encuentra entre los no adscritos, la vicepresidenta cree que esto supone "una pérdida de credibilidad" cuando una tránsfuga "tiene el poder de cambiar un gobierno en contra de la mayoría social".

Los regantes del Trasvase piden a Pedro Sánchez que «puntualice sus declaraciones»

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, contestó este viernes a los comentarios del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anoche en Albacete, que quiso «poner fin a los trasvases y apostar por las desaladoras del Levante».

«Esperamos que el dirigente socialista Pedro Sánchez puntualice rápidamente sus declaraciones contra los trasvases, vertidas en Twitter. Apostar contra los trasvases no es ni bueno para la nación ni factible para el desarrollo del país. Son declaraciones muy desafortunadas para ser proferidas por un dirigente político que pretende gobernar los designios de la nación española», explica Jiménez.
En el comunicado el presidente de los regantes del Trasvase solicita al dirigente socialista que aclase «si su pretensión de acabar con los trasvases y apostar por la desalación como recurso estrella, es una medida extensible a todos los municipios abastecidos por los más de cuarenta trasvases existentes en la actualidad. 
Si, caso contrario, sólo se refiere a las regiones levantinas, sería de igual modo importantísimo saber cual es la opinión de los dirigentes autonómicos y locales de estas poblaciones ante dichas declaraciones y cuales serán las actuaciones a seguir. Dado que condenar al Levante, y sólo al levante a un futuro sin trasvases supondría un recorte inminente e importante de nuestras opciones de desarrollo futuro».
Concluye el comunicado considerando que «ha llegado el momento de parar con esta locura de declaraciones mediáticas, dejar el asunto del agua en manos técnicas, no demonizar una obra en concreto por el mero hecho de captar atención electoral y planificar el recurso del agua bajo un prisma aséptico y profesional».

Pedro Sánchez y Diego Conesa, enfrentados en Twitter por los trasvases

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, defendió esta mañana en Twitter el trasvase del Tajo como "imprescindible para beber y para vivir", y también considera imprescindibles las desaladoras.

Conesa ha hecho público este tuit después de que el líder socialista Pedro Sánchez anunciase hace doce horas en Albacete que "el PSOE pondrá fin a la política del agua del PP basada exclusivamente en trasvases", y que Cristina Narbona afirmase que hay que garantizar hoy y mañana agua en la cuenca del Segura, que gradualmente procederá cada vez más de sus propios recursos, aumentando la desalación y reduciendo así la necesidad de agua del Tajo".
Conesa manifestó en Twitter que defenderá "lo que es imprescindible para mi Región con la misma razón y pasión que defiendo lo que es imprescindible para el resto de España".  
"Y lo haré como sólo sé hacerlo: con la verdad,con sentido común y con la planificación que hoy brilla por su ausencia en el relato político regional y nacional, donde se gobierna a golpe de titular, vendiendo humo, enfrentando territorios y amordazando ideas y opiniones discrepantes", añadió en otro tuit. 

Alicante, feudo del PP / Salvador Enguix *

El PP, con sólo ocho de los veintinueve concejales, ha reconquistado la alcaldía del Ayuntamiento de Alicante. El episodio, uno más de la larga lista de “tamayazos” de la historia política española, refuerza el papel político de una formación que logró retener la Diputación Provincial en el 2015.

Y traduce la enorme dificultad, (¿o tal vez incapacidad?) de la izquierda - PSPV, Compromís y Guanyar Alacant (Esquerra Unida y Podemos) - para consolidar un proyecto político de cambio en la capital, a pesar de haber obtenido en el 2015 una mayoría absoluta suficiente entre las tres fuerzas. 

Alicante se consolida así como feudo del PP, con consecuencias no sólo en el terreno político, también en el social, cultural y económico (atentos a la oposición de las patronales de la provincia a seguir los dictados de la CEV autonómica que lidera Salvador Navarro).

Alicante no es cualquier ciudad; y permite al PP y a su líder, Isabel Bonig, recuperar una potente plaza política, a poco más de un año para las elecciones. Con sólo ocho concejales, además, podrá gestionar la corporación, sin necesidad de acudir al pleno excepto para los grandes asuntos. 

En paralelo, lo ocurrido desvela graves problemas de gestión de la izquierda en esta geografía, siempre dada a episodios políticos inusuales (¿recuerdan cómo Eduardo Zaplana logró la alcaldía de Benidorm?). El exalcalde socialista Gabriel Echávarri, carente de empatía y poco dado a generar complicidades, ha gestionado de la peor manera posible su salida, forzada por la dirección del PSPV. 

Y en ese trayecto, incluso antes de su imputación en dos causas, dinamitó muchos de los puentes que se habían construido con sus socios de gobierno. Socios que por cierto parece que en algunos momentos nunca entendieron el papel que debían jugar para evitar males mayores.

Analizado el caso, sorprende además el origen de este fracaso de la izquierda, focalizado en la concejal tránsfuga Nerea Belmonte, ex de Podemos y que ha renegado del proyecto de izquierdas que en su día defendió y en el que militó. Pero sería un grave error centrar toda la responsabilidad de lo ocurrido en esta concejala. Echávarri no sólo trituró complicidades con sus vecinos de ideología política, también con Ciudadanos, en momentos clave. Cuando de gobiernos tripartitos se trata, los liderazgos exigen transversalidad y generosidad, cualidades que Echávarri, más allá de las imputaciones, tampoco tuvo. Ahí está realmente el problema. Como ejemplo contrario estaría el caso de Elx. 

Que Alicante vuelva a manos del PP, justo unos días antes de que comience el juicio contra el exalcalde Luís Díaz Alperi por corrupción, confirma también la inquietante indefinición de Ciudadanos. Este partido votó a favor de Echávarri, con la clara intención de borrar las dos décadas de gobiernos con alcaldes imputados (también Sonia Castedo). Pero ahora ha preferido abstenerse ante la evidencia de que los populares iban a reconquistar una plaza que siempre consideraron propia. Extraño el papel de Ciudadanos, que ahora queda atrapado en sí mismo, ¿colaborará con el PP en las decisiones claves que aún se deben tomar en la corporación?

Ciudadanos debería, además, hacer una buena lectura de lo sucedido, pues en nada le beneficia a este partido y sí mucho al PP. El partido de Isabel Bonig recupera un potente altavoz, en una provincia clave y fundamental para ampliar mercado electoral de cara al 2019. Alicante, capital y Diputación, serán ahora arietes duros contra las políticas de Ximo Puig y del Botànic. La lectura ciudadana, además, será la de que la izquierda ha sido incapaz de gestionar con éxito una oportunidad de cambio; y son este tipo de lecturas las que acaban por modificar prospectivas electorales. 

Es decir, se frustra la ilusión, se fomenta la abstención entre los propios y se moviliza al voto contrario: siempre ha sido así, y los ejemplos abundan. El PP se hace fuerte en la capital y la provincia, justo en el momento que menos le convenía a la izquierda. 


(*) Periodista


Las universidades valencianas suprimen doce másteres y grados

VALENCIA.- El Consell ha aprobado, a petición de cuatro de las 9 universidades públicas y privadas valencianas, la supresión de seis másteres oficiales y seis grados. Todas las instituciones académicas consultadas por Levante-EMV desvinculan este procedimiento de ajuste de la oferta, que califican de «habitual», del caso del presunto máster por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid obtenido por Cristina Cifuentes, presidenta de esta región. 

No obstante, ambos procesos han coincidido en el tiempo. El escándalo del máster de la mandataria popular saltó el 21 de marzo pasado y el Consell de Govern de la Universitat de València (UV), por ejemplo, aprobó el siete días después solicitar la supresión de un máster interuniversitario que tiene con la Universidad de La Laguna. Aún así, insisten desde la UV, la tramitación de la eliminación del citado máster es muy anterior a la polémica del título de Cifuentes.
Todos los años las universidades valencianas, tanto públicas como privadas, suprimen o crean nuevos títulos oficiales adaptándolos a la demanda y actualizándolos. De hecho, la oferta de másteres se ha estabilizado en los dos últimos cursos en torno a los 4oo títulos oficiales. Este ejercicio 2017-18 las 9 universidades ofrecen 407 másteres (323 las 5 públicas y 83 las 9 privadas), tres menos que en el curso 2016-17. Ese año la oferta es 410 másteres: 325 las públicas y 85 las privadas.
Son muchos los factores que influyen en el agotamiento de un máster. El primero de ellos es la falta de demanda. Así, en la UV, si un máster no llega a una media de 15 alumnos en los últimos dos años, se deja de ofrecer. La excepción son aquellos másteres que conducen al doctorado en grados con pocos estudiantes, que no se dejan de ofrecer pues ello impediría el acceso del alumnado al tercer ciclo.
En la Universitat Politècnica de València (UPV) se tiene en cuenta el tamaño medio del grupo, y también se dejan de ofertar cuándo cae por debajo de los 15 alumnos. Los másteres más técnicos quedan obsoletos muy rápido, en dos o tres años, y es su renovación es continua conforme avanza la tecnología. Es más, algunos desaparecen porque dan lugar a un nuevo grado, como el de Ciencia de Datos (Big Data) que implantarán tanto la UPV como la UV el próximo curso.
Todos los másteres oficiales de nueva creación necesitan una doble verificación, tanto de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) como de su homóloga autonómica, que en la Comunitat la Agencia Valenciana de Avaluació i Prospectiva (AVAP). Cualquier modificación (nuevas materias, cambio de nombre, si deja de ser interuniversitario...) obliga a iniciar el proceso de acreditación. Además, la Aneca verifica todos los másteres cada cuatro años y los grados cada seis.
La oferta de títulos de las universidades públicas es más estable. En los tres últimos cursos la UV sólo ha suprimido tres másteres. En las privadas es más cambiante por su mayor flexibilidad para adaptarse a las demandas del mercado. En este sentido, fuentes de la Universidad Europea de València (UEV), institución que ha pedido la supresión de dos grados, detallan que «es algo normal renovar los títulos para introducir nuevos programas».
La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH), la decana de las universidades privadas valencianas, ha suprimido cuatro másteres y otros tantos títulos de grado. Además, de la renovación de sus titulaciones para adaptarlas a la demanda, esta institución católica añade un tercer factor: «La supresión aprobada por el Consell es el trámite administrativo que hay que seguir para que se eliminen del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) aquellos másteres o grados que fueron verificados hace ya algún tiempo y que, o bien no se han llegado a implantar o sus contenidos han pasado a formar parte de otros títulos verificados posteriormente, no se imparten ya desde hace varios años».
«En este tipo de casos -insiste-, es necesario solicitar al gobierno autonómico (que tiene transferidas las competencias en Educación) que se eliminen dichos títulos del RUCT para que no se active el proceso de acreditación (una vez pasado el plazo correspondiente), dado que no se imparten y, por tanto, no hay nada que acreditar».

El presidente del FROB contradice el optimismo de Goirigolzarri y del Gobierno / José Hervás *

Lo pri­mero que llama la aten­ción tanto del in­forme del 4º tri­mestre del 2017 del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), como de la com­pa­re­cencia de su pre­si­dente, Jaime Ponce, en el Congreso de los Diputados ante la Comisión de Presupuestos, es la falta de con­fianza en que se vayan a re­cu­perar can­ti­dades sig­ni­fi­ca­tivas de las apor­tadas a Bankia para su sal­va­mento. 

Su comparecencia ha vuelto a plantear una cuestión mayor: ¿Cuánto le va a costar al contribuyente español haber inyectado tanto dinero en su reflotamiento? ¿Mucho más de lo que su ex presidente Rodrigo Rato y, lo que es más importante, de lo que el Banco de España estimaba que fuera necesario?

Un resumen apresurado de lo más llamativo de lo mucho que ha vuelto a decir en su comparecencia en el Congreso es que todo se podía haber hecho mucho mejor. Cuestiona además las alabanzas que han hecho en su reciente visita a España los inspectores del Banco Central Europeo y de la Comisión, dando por zanjada la crisis y bendiciendo el modelo de saneamiento del sector. Por supuesto cuestionan el exceso de autocomplacencia del equipo de José Ignacio Goirigolzarri.

Como primera consecuencia, en Bankia no se va a cumplir el plazo de la privatización y difícilmente se podrá recuperar algo significativo de lo mucho invertido que queda por recuperar. La cotización tan baja obligaría a vender a pérdidas, como se ha tenido que hacer hasta ahora, debido sobre todo a la presión que vienen ejerciendo desde la actual gestión de la entidad para acelerar la privatización.

El equipo de Goirigolzarri, con el propio presidente a la cabeza, no deja pasar una oportunidad para mostrar que quieren quitarse de encima el control del Estado a toda costa. Aunque habrá que esperar. La cuestión exige analizarla con más detalle, como ya están haciendo en el equipo del nuevo ministro de Economía, Ramón Escolano.

No es lo único que tiene previsto revisar o analizar, aunque la presión a la que ha sido sometido para que conserve a todo el núcleo del equipo de Guindos no le facilitará el trabajo. Bien es cierto, que una vez que se asiente en el ministerio Escolano, todo será posible.

Volviendo a la comparecencia de Jaime Ponce, también fue muy importante lo que dio a entender sobre la información elaborada por la auditora que llevó a la intervención del Banco Popular. Es otra voz más que se suma a quienes sugieren que el informe de valoración final, del que prometió que se publicaría en cuanto lo recibieran, se ha estado pensando para justificar el informe inicial que condujo a la intervención.

Esta nueva actitud vendría a explicar, al menos en parte, el cambio que se ha producido en la emisión de los mensajes lanzados desde diversas instituciones para tratar de justificar la injustificable manera en que se resolvió el caso del Banco Popular.

Les va a costar mejorar la imagen de la desastrosa gestión de comunicación que se hizo en este caso. Hasta la presidenta de la Junta Única de Resolución, Elke König, que mostró un claro menosprecio por el trabajo que realiza la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, ha admitido, a su manera, que quizás se equivocaron en algo.

No han sido solo estas las únicas explicaciones del presidente del FROB que han desorientado a algunos diputados en la Comisión de Presupuestos. Tanto entre los diputados populares como entre los representantes de Ciudadanos las menciones a la cuestionada gestión de la SAREB, con un presidente que cobra unos 450.000 euros, abre otro frente de investigación para los próximos meses sobre cómo se está gestionando las postrimerías de la crisis.



(*) Periodista

jueves, 19 de abril de 2018

Asociaciones, gobernantas de hoteles y sindicatos urgen a mejorar las leyes laborales de las ‘kellys’

MADRID.- Asociaciones de camareras de piso, gobernantas de hoteles, representantes de UGT, CCOO y de la Asociación Progresista de Inspectores de Trabajo, han pedido mejoras en las condiciones laborales de las denominadas "kellys", que han vuelto a pedir que se prohíba la extrenalización de la actividad troncal de una empresa.

La Comisión de Empleo del Senado ha abordado este jueves un intenso debate sobre el mundo laboral del colectivo, que actualmente afecta a unas 100.000 personas, en su mayoría mujeres, y cuyo trabajo consiste en limpiar diariamente una media de 30 habitaciones de hotel pagadas, en muchos casos, a 2 euros.
La principal queja de estas asociaciones es la diferencia de contratos y derechos que tienen, ya que mientras hay camareras de piso empleadas por los propios hoteles (fijas y temporales), la mayoría son contratadas por empresas externas.
Este fue uno de los motivos que expusieron las kellys al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que debatirán los parlamentarios de cara a la iniciativa socialista que se tramita en el Congreso y que pide modificar el Estatuto de los Trabajadores.
Las kellys piden que se cambie el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para evitar “cesiones ilegales” de trabajadores a través de externalizaciones así como reducir la carga de trabajo, más inspecciones, colaboración de las Mutuas y que se amplíen las enfermedades profesionales.
El Portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), Fermín Yébenes, ha achacado a la reforma laboral de 2012 la precariedad laboral de las camareras de piso ya que permitió a las empresas descolgarse de convenios colectivos propios del sector y dar prioridad a los convenios de empresa.
La presidenta de la Asociación Autonómica de Gobernantas de Canarias, Mercedes Díaz también ha pedido la derogación de la última reforma laboral para no permitir la contratación externa y ha aludido a la impotencia que tienen frente a los responsables hoteleros y a la inmovilidad de muchos comités de empresa.
La delegada sindical de CCOO, Gladys Medina, ha abogado por mejorar las condiciones de la jubilación anticipada ya que en la mayoría de los casos no llegan activas a la edad de la jubilación legal.
También ha instado a hacer un estudio epidemiológico para ver qué enfermedades son las más repetitivas y poder incluirlas en el cuadro de enfermedades profesionales.
Tanto ella como la responsable de UGT en este ámbito, María del Carmen Casín son camareras de piso y se han quejado de la falta de colaboración de las Mutuas que “atienden el dolor” pero no la raíz de la enfermedad.
El investigador y coordinador de la Asociación Alba Sud, Ernest Cañada, ha coincidido en que la reforma de 2012 ha provocado la sustitución del empleo fijo por temporal o a tiempo parcial, lo que ha llevado a una pérdida salarial de las kellys de hasta el 40 %.
La mayoría de los partidos políticos del Senado han apoyado un cambio legislativo mientras el PP se ha mostrado dispuesto a negociar pero ha considerado importante saber cuál es la legislación internacional para poder valorar la eliminación de la externalización de trabajos troncales con el fin de no perder competitividad.

Uber se prepara para barrer al taxi con 30.000 VTC

MADRID.- El futuro del taxi, Uber y Cabify se decide ahora mismo mientras usted lee estas líneas. Unos y otros viven pendientes de dos acontecimientos clave: la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la liberalización o no del sector, y el real decreto que el Gobierno planea aprobar este viernes o el viernes 27 para dejar sin efecto ese mismo fallo del Supremo. 

Es una jugada 'in extremis': saltarse al alto tribunal para seguir imponiendo barreras a la actividad de Uber y Cabify. Sin embargo, Fomento ha esperado tanto a hacerlo que se va a encontrar con un serio problema de última hora: alrededor de 30.000 licencias VTC solicitadas desde 2015 hasta hoy que, por una carambola jurídica, podrían entrar en vigor para acabar de reventar por completo al taxi, a juicio de El Confidencial.
Se trata de las licencias que se han ido solicitando en toda España desde el 20 de noviembre de 2015. En esa fecha, el Gobierno cerró el grifo de los permisos VTC con la aprobación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), y estableció el famoso tope de 1/30 (una VTC por cada 30 taxis). 
En teoría, todas las licencias solicitadas con posterioridad serían denegadas. Pero muchas empresas de transporte las fueron pidiendo en previsión de un posible cambio legislativo en el futuro. Ese cambio puede llegar ahora en forma de liberalización por parte del Supremo. Y las peticiones se han disparado.
Los datos de los tres últimos años en Madrid sirven de ejemplo. En 2016, apenas se solicitaron 1.800 licencias VTC; en 2017, 1.600; pero en lo que va de año esa cifra ha volado a las 6.000 peticiones, con picos de 1.000 por día, según datos de la comunidad. 
Se estima que en toda España la bolsa total de licencias a la espera de luz verde ronda las 30.000. Esas son justo las que ahora pueden quedar aprobadas dependiendo de cómo y cuándo llegue la sentencia del Supremo y cómo y cuándo aterrice el real decreto del Gobierno.
"Es muy sencillo. Si el Supremo mueve ficha antes que el Gobierno, anuncia su sentencia y liberaliza el sector, esas 30.000 licencias VTC quedarían aprobadas y se podrían pedir miles más antes del real decreto de Fomento. Si ocurre al revés, y llega primero el real decreto y luego la sentencia del Supremo liberalizando el sector, las 30.000 licencias quedarían aprobadas pero no se podrían pedir más", explican fuentes del sector. La razón, según apuntan especialistas jurídicos, es que la nueva ley del Gobierno no tendría efecto retroactivo, pero la sentencia del Supremo sí.
Su puesta en marcha efectiva no sería tan directa y sencilla. "Es muy probable que la administración bloquease todas esas licencias en caso de que se diera este supuesto. Hablaríamos entonces de procesos judiciales que podrían durar de dos a cuatro años hasta dirimir la aprobación final o no de las licencias. Pero es una ventana legal que podría darse dadas las circunstancias actuales", explica una fuente del sector.
En otras palabras: Fomento llega tarde a taponar una inundación para salvar al taxi y se le pueden colar 30.000 permisos más. Teniendo en cuenta que hoy en día hay alrededor de 7.000 VTC activas en España (frente a 69.000 del taxi), solo esas 30.000 adicionales supondrían ya un golpe de muerte al sector. Y hay una empresa que está al acecho y sería la única y gran beneficiada de todo este galimatías judicial: Uber.
Directivos de la multinacional estadounidense están de hecho contactando a las grandes empresas VTC españolas para animarlas a pujar por las 30.000 licencias en el aire. Una de esas empresas es Moove Cars, gigante que cuenta con casi 8.000 licencias en su poder y que ha firmado un acuerdo con Uber para operar casi 5.000 en su plataforma. Sin embargo, ni Moove ni el resto de sus competidores están de momento por la labor. El motivo: quieren proteger su inversión.
Curiosamente, estos 'amos' de las licencias VTC en España (Moove Cars, Gesstaxi, Vector...) se están uniendo al taxi para empujar al Gobierno a aprobar un real decreto 'in extremis' saltándose al Supremo (y la separación de poderes). Todos menos Uber desean que se apruebe la nueva ley. Una liberalización del sector, como pretende la CNMC, supondría una avalancha de nuevas VTC y la caída del precio de los permisos. Las millonarias inversiones de decenas de empresarios, de repente, no valdrían casi nada.
Cabify es el otro 'bicho raro': ahora mismo prefiere que las cosas se queden como están a optar por una liberalización completa. "Lo dijo su propio abogado en la vista previa en el Supremo esta semana. Ellos quieren mantener el ratio actual real de VTC y taxis, un 1/9 o 1/7, no el 1/30. ¿Por qué? Han hecho una inversión brutal y quieren rentabilizarla. Además, son dueños de licencias a través de participaciones accionariales en empresas. Si hay una avalancha de nuevas VTC, ellos también perderían mucho dinero", explica una fuente del sector.
Una liberalización total o parcial supondría encima algo todavía más preocupante: la victoria del más fuerte, de la compañía con más dinero en los bolsillos. Y solo hay una en España que gana en ese frente: Uber. Sus 21.000 millones de dólares de financiación frente a los 400 millones de Cabify hacen que la batalla entre ambos sea ridículamente desigual.
Es quizás la mayor paradoja del puzle legal que se avecina: ver a enemigos máximos (taxi, Cabify e inversores y empresas de VTC) unidos ahora para apoyar al Gobierno en su real decreto antiliberalizador solo por puro interés económico. Unos y otros contienen la respiración ante la sentencia del Supremo, que tal vez no llegue hasta la semana que viene, ya que aún no se ha producido el señalamiento de votación y fallo. Si esto ocurre, el Gobierno tendrá la ventaja de mover primero. Pero la partida no ha hecho más que empezar.

El FROB esquiva la presión europea y estudiará más ventas de Bankia en mayo

MADRID.- Las pe­ti­ciones de la Comisión Europa y del Banco Central Europeo (BCE) para ace­lerar el pro­ceso de pri­va­ti­za­ción de Bankia pa­rece que se han to­mado con toda la calma en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Una ter­cera venta por parte del Estado se es­tu­diará ya en el mes de mayo, una vez co­no­cidas las cuentas del primer tri­mestre del grupo que pre­side José Ignacio Goirigolzarri y se com­pruebe una reac­ción po­si­tiva de los mer­cados para que la ac­ción vuelva a si­tuarse, como mí­nimo, por en­cima de los cuatro eu­ros, publica Capital Madrid

Tanto el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, como los principales gestores de Bankia, su presidente José Ignacio Goirigolzarri y el consejero delegado José Sevilla, se muestran más que confiados en que habrá "ventanas de oportunidad" para una nueva venta parcial de la participación del Estado en el grupo rescatado en 2012.
Por este motivo, según algunas fuente consultadas en círculos financieros, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no se toma como una imposición las recomendaciones de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo (BCE) para acelerar la privatización de la entidad.
La evolución de la acción de Bankia se mantiene por debajo de los cuatro euros en las últimas sesiones y se confía en que la presentación de los resultados del primer trimestre, previstos para el próximo 27 de abril, sirvan para reactivar su cotización hasta los niveles en los que se produjo la última venta a mediados del pasado mes de diciembre y con la que el Estado ingreso más de 800 millones de euros con una ganancia de unos 136 millones de euros.
En algunos ámbitos ya se vio esta segunda venta del FROB a precio de derribo, en comparación a los más de seis euros a los que se produjo la primera hace unos años, antes del contrasplit realizado y que tampoco fue excesivamente rentable para las arcas públicas, aunque ya mostró la hoja de ruta prevista para Bankia.
El Estado aún mantiene una participación superior al 60% en Bankia, incluso tras el proceso de integración de BMN, la otra entidad bajo el control público. La presentación del nuevo plan estratégico y la celebración de su junta anual de accionistas reactivaron al alza, de manera leve, la cotización del grupo intervenido.
La confianza en la presentación de los resultados del primer trimestre del actual ejercicio parece firme. Bankia deberá comenzar a dar muestras de que tanto la integración de BMN como sus nuevos planes hasta 2020 comienzan a tomar forma en su cuenta de resultados pese a los bajos tipos de interés.
La subida del precio oficial del dinero por parte del Banco Central Europeo no se espera ya hasta bien entrado el ejercicio 2019. Para entonces, los plazos para la salida del Estado del capital de Bankia son cada vez más justos, por lo que deberá aprovecharse cualquiera de las oportunidades de venta que surjan en los próximos meses.
La segunda y última venta del FROB se hizo con un descuento del 2,7%, pero las acciones de Bankia se sitúan en la actualidad más de un 11% por debajo del precio que tenían a mediados de diciembre.
El Reino Unido ha vendido a pérdidas algunos de los bancos rescatados durante la crisis y algunos expertos consideran que sería la menos mala de las opciones para la privatización de Bankia en el medio plazo, antes de que los problemas políticos pudieran paralizar ese proceso de salida del Estado de su capital.

La negativa de Fomento a extender las concesiones de autopistas divide al Gobierno

MADRID.- El futuro de las concesiones de autopistas de peaje se vuelve cada vez más incierto conforme se acerca el fin de algunos contratos. Este martes, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, volvió a insistir en que no contempla una extensión de estas concesiones, que deberían revertir al Estado una vez vencidas. Sin embargo, dejó claro que la decisión final no está en su mano sino en la del consejo de ministros. Y ahí, las posturas están más encontradas, según Vozpópuli.

“La decisión de cuál va a ser el futuro de las concesiones de autopistas de peaje trasciende al Ministerio de Fomento. La decisión es del Gobierno”, aseguró durante su intervención en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press. E incluso matizó que sus opiniones personales quedaron en un segundo plano cuando pasó a formar parte del Gobierno.
De la Serna siempre ha defendido que las concesiones que están próximas al vencimiento no deben ser prorrogadas ni renovadas. “Es más, incluso dudo que esta posibilidad tenga encaje legal en nuestro sistema”, apuntó en el citado acto. No obstante, el asunto es uno de tantos que mantiene enfrentado al departamento que dirige el ex alcalde de Santander con los ministerios del área económica, especialmente el de Hacienda.
De hecho, De la Serna habló de la necesidad de un consenso con formaciones políticas de la oposición sobre el futuro del modelo, puesto en duda por la crisis de las concesionarias de autopistas de peaje de última generación (entre las que se encuentran las radiales de Madrid), que están siendo en estos días rescatadas por el Estado para proceder a su relicitación.
“Decisiones de este tipo van más allá del periodo que dura una legislatura”, indicó De la Serna. Consciente de que la decisión final no está en sus manos, lanzó al menos un mensaje que apelaba a la responsabilidad: “lo único que tengo en la cabeza es que tenemos que acertar con la decisión que tomemos”. Y lamentó que “en estos momentos es prácticamente imposible tener un debate moderado en cualquier aspecto relacionado con la política”.
En Moncloa son conscientes de que el asunto de las concesiones próximas a su vencimiento es especialmente delicado. Y más cuando buena parte de las que están a punto de llegar a su fin pertenecen a Abertis, en pleno proceso de cambio de manos y, además, con un buen número de frentes abiertos contra el Estado.
Entre ellos destaca el caso de la AP-7, precisamente una concesión que el Estado prolongó en su día a Abertis como contraprestación por la realización de una serie de trabajos de mejora en la vía. La concesionaria reclama una indemnización superior a los 1.600 millones de euros por el desplome de los tráficos durante los años de la crisis, tal y como contemplaba el contrato de la concesión. El asunto está pendiente de una resolución del Supremo.
A comienzos de año, el Gobierno abrió un expediente sancionador a Abertis por las incidencias en la AP-6  el primer fin de semana de 2018, cuando cientos de conductores quedaron atrapados en la autopista por la nieve.

'Exceltur' anticipa un frenazo del turismo extranjero en verano

MADRID.- El turismo extranjero sigue creciendo con fuerza en España, aunque a un ritmo menor al del pasado ejercicio, en el que se ganaron casi siete millones de viajeros en apenas doce meses. La encuesta realizada a principios de abril por el lobby turístico Exceltur a sus 21 socios, entre ellos las mayores hoteleras, aerolíneas y operadores del sector, apunta que cerca de la mitad de las empresas mejoraron ventas, beneficios y precios entre enero y marzo con respecto al mismo período de 2017. Y las perspectivas para el segundo trimestre también son muy positivas, con un 61% de las compañías que prevé mejorar las ventas entre abril y junio y un 39% que prevé elevar el beneficio obtenido doce meses antes, según publica Cinco Días.

La gran diferencia respecto al ejercicio anterior es que toda la mejora en 2017 se produjo por la explosión del turismo extranjero y la de este año vendrá motivada por la recuperación del nacional. 
“El turista español genera el 45% de la actividad en España. Apreciamos un fuerte repunte de la demanda española, con crecimientos en todos los indicadores. Ese crecimiento puede servir para compensar la ralentización de la demanda extranjera”, apuntó José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur durante la presentación de los resultados. 
¿Qué factores han motivado esa recuperación? Oscar Perelli, director de estudios de Exceltur, recalcó que el más importante ha sido la bajada de precios que han realizado las grandes agencias ante la menor presión de la demanda extranjera. También consideró que el aumento de la conectividad entre destinos españoles ha animado al turista español a viajar, “algo que no había hecho en los siete años de crisis”.
La pérdida de velocidad en la llegada de turismo extranjero está motivada por la recuperación de cuota de mercado de Turquía y Egipto, dos destinos competidores dañados por el terrorismo en los últimos años, gracias a las fuertes rebajas de precios que han realizado para sus grandes destinos de verano. 
“Solo en enero y en febrero, ambos destinos han recuperado 1,4 millones de turistas. Habrá que ver si esa tendencia coge ritmo en los próximos meses”, puntualizó Zoreda. El trasvase de viajeros desde España hacia esos destinos en el primer trimestre de este año se ha producido entre los grandes mercados emisores de España, como Francia, Italia o Reino Unido. 
En paralelo, Exceltur ha detectado un incremento de dos dígitos en la llegada de viajeros de mercados con mayor capacidad de gasto, como EE UU, Asia o Suramérica. 
“Esta mejora de los mercados de larga distancia es muy importante para salirse del patrón de crecimiento incontrolado del turismo. No se pueden duplicar la cifra de turistas cada seis años. Si este verano hay caída de turismo extranjero, se compensará con nacional. No importa tanto el número de turistas, como el gasto que hagan”.
Por destinos, los más beneficiados han sido Madrid, Baleares y Canarias, mientras que el gran damnificado ha sido Cataluña y más en concreto Barcelona. “El 73% de las empresas turísticas catalanas perdieron ventas y el 57% obtuvieron peores resultados”, apuntó Perelli.
 Las perspectivas para el segundo trimestre son mejores, aunque aún el 38,8% de las empresas catalanas prevé que tendrá menores beneficios que en el mismo período de 2017.
Sin impunidad fiscal
Zoreda mostró también su apoyo a las medidas aprobadas por el Ministerio de Hacienda a finales del pasado ejercicio para luchar contra el fraude fiscal en las plataformas que comercializan pisos para turistas. En noviembre, estas empresas tendrán que aportar los datos de los clientes que alquilan y los ingresos que obtienen por ese arrendamiento correspondientes al tercer trimestre. 
En diciembre tendrán que hacerlo con el resto de la información correspondiente a todo 2017. 
“Lo apoyamos para que no haya impunidad fiscal con los apartamentos turísticos. Confiamos en que la aplicación de estas medidas regulará el sector y ofrecerá mayores ingresos fiscales”.

La Fiscalía archiva la denuncia del PP contra Mónica Oltra por fraccionar contratos

VALENCIA.- La Fiscalía provincial de València ha archivado la denuncia presentada por el PP contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra por fraccionamiento de contratos al frente de la  Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas  según confirmar la Fiscalía a Levante-EMV.

La denuncia presentada por el PPCV ponía en conocimiento de la Fiscalía Provincial de València un presunto fraccionamiento «ilegal» del objeto de los contratos administrativos para eludir el procedimiento legalmente establecido y, en particular, la libre concurrencia de licitadores. 

La supuesta irregularidad denunciada por la secretaria general del PP y diputada, Eva Ortiz, se habría cometido en contratos relacionados con la limpieza de centros sociales y residencias. Criticaban los populares que así se impide la fiscalización por la Intervención. 

También denunciaban el «el recurso sistemático al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto, para evitar cualquier tipo de contratación administrativa así como para eludir toda fiscalización por parte de la Intervención». 

Los populares se referían a contratos de limpieza de distintos centros sociales, como los de Torrent, Catarroja, Ontinyent o Sagunt. También apuntaban a contratos «siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros en contratos de servicios), pero fraccionados en claro fraude de ley». 

En la denuncia se adjuntan hasta once expedientes («aunque son una pequeña muestra», añaden) en los que, supuestamente, se fracciona el objeto del contrato para eludir los controles de Intervención de la Generalitat, que habría puesto reparos a este tipo de contrataciones.

Sin embargo, la Fiscalía provincial de València considera que no existe reproche penal en el fraccionamiento de los veinte expedientes completos que han sido revisados tras la interposición de la denuncia contra Oltra el pasado mes de febrero. 

Según ha podido saber Levante-EMV la Fiscalía ha constatado el fraccionamiento, pero ha descartado que sea delictivo, como ya dictaminó la intervención en otros casos como la contratación de la consultora H&M Sanchis por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), cuyo archivo confirmó la Audiencia de València en septiembre de 2017, o la Conselleria de Sanidad en 2014.

Según explican fuentes jurídicas a Levante-EMV, la ley impide el fraccionamiento de contratos como norma general, aunque está permitido y justificado si existe la necesidad de prestar un servicio, aunque no exista respaldo presupuestario, según dictaminó la Intervención en el asunto de las facturas de Sanidad archivado en el año 2014.

Por otra parte, la Fiscalía Provincial aún mantiene abiertas las diligencias de investigación penal abiertas por la denuncia del PP por fraccionamiento de contratos contra los consellers de Educación y Transparencia, Vicent Marzà y Manuel Alcaraz, que no se unieron a las iniciadas con los contratos de Mónica Oltra y que dirige un fiscal distinto al que analizó los contratos de la vicepresidenta.

Las bajas concedidas en el ERE de Bankia ascienden a 1.495

MADRID.- De acuerdo con los datos facilitados este jueves por el sindicato UGT, el número de bajas pedidas se ha reducido de 2.437 presentadas hasta el 2 de marzo a las 2.265 actuales.

Según las cifras facilitadas, sigue habiendo territorios en los que los acogimientos voluntarios a esa medida no han cubierto el número de despidos previstos.
De este modo, las provincias donde tenía mayor implantación BMN siguen sin estar cubiertas.
En Andalucía, pese haber aumentado el número de peticiones de 252 a 264 solo se ha cubierto el 73% de un total de 361 que había ofrecido el banco.
En Baleares, las peticiones se elevaron a 241 desde las 212 anteriores, el 96,4% de los 250 empleos a amortizar, y en Murcia ascendieron a 261 desde los 250 anteriores, el 93,88% de los 278 despidos previstos.
Sin embargo, en las comunidades donde Bankia tenía una mayor presencia, el número de voluntarios rebasa el de puestos excedentarios calculados para estos lugares.
Es el caso de Madrid y Valencia, donde la demanda de bajas duplica el número de puestos de trabajo a eliminar, ya que en Madrid ha subido desde 715 peticiones hasta 729 actuales (el banco había ofrecido 330 salidas) y en Valencia las peticiones ascienden a 413, cuatro más que en marzo, cuando las bajas previstas ascendían a 192.

La caza mueve en España 6.500 millones y genera casi 200.000 empleos

MADRID.- La caza en España es un sector económico de primer orden. Genera anualmente una actividad valorada en 6.475 millones de euros, lo que supone un 0,3% del PIB español y equivale a toda la riqueza creada por un sector tan potente como el del vino. Esta afición da empleo, entre trabajos directos e indirectos, a 186.758 personas, lo que equivale al 81% de la plantilla de la industria de la automoción.

Estas son algunas de las principales conclusiones del primer estudio realizado sobre 'El impacto económico y social de la caza en España', elaborado por la consultora Deloitte por encargo de la Fundación Artemisa, el grupo de presión que engloba a las principales organizaciones de cazadores e industriales del sector. 
Como admitió el presidente de Artemisa, José Luis López-Schümmer, con el documento quieren cortar de raíz los ataques e insultos que recibe el colectivo, sobre todo desde las redes sociales, y reclamar, por contra, «el reconocimiento que se nos debe» por la importante contribución de este sector al desarrollo económico y social del país, al mantenimiento del medio rural, y a la conservación del medio ambiente.
El estudio se presentó en el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y varios de los principales responsables de este departamento asistieron al acto para dar su «respaldo total» a la actividad cinegética y a sus protagonistas, por su preservación del medio ambiente y por ser clave, destacaron, para frenar el despoblamiento rural.
En España hay 713.139 personas con licencia de caza que practican la actividad en unos 32.800 cotos asentados en 43,8 millones de hectáreas declaradas como de aprovechamiento cinegético, lo que representa nada menos que el 87% del territorio español. Más de la mitad de estos terrenos, en los que cada año se abaten 20 millones de piezas menores y 600.000 de caza mayor, están en las dos Castillas y Andalucía. 
La caza, de hecho, es el tercer deporte español con mayor número de federados, detrás del fútbol y muy cerca del baloncesto, y en Europa solo Francia supera su número de licencias.
El cazador tipo, según el estudio, es un hombre de 46 años o más, con empleo y estudios universitarios, que gasta anualmente unos 9.694 euros en su afición, que practica tanto caza menor como mayor en cotos, y que tiene como principales destinos Castilla-La Mancha (86%), Castilla y León (35%), Andalucía (34%), y Extremadura (33%). 
España es, además, como demostró la reciente visita de Donald Trump Jr., uno de los principales destinos de turismo cinegético del mundo, por la diversidad de especies y modalidades de caza.
El gasto anual directo de los diferentes agentes cinegéticos es de 5.470 millones de euros, en un 67% realizado por los propios cazadores, y su contribución el PIB equivale al 4% de la generada por la construcción o al 9% de la del sector financiero. La Administración también se beneficia de la actividad, pues recibe 614 millones anuales a través de tasas e impuestos.
De los puestos de trabajo que genera, 45.497 son empleos directos de los cotos y organizadores de cacerías y 141.261 indirectos. Un dato que destaca el estudio es que siete de cada diez puestos dan empleo a personas del mundo rural con nivel de estudios primario, que tendrían muy difícil su integración laboral sin esta actividad.
Los propietarios y administradores de terrenos cinegéticos destinan anualmente unos 285 millones de euros a acciones de gestión y conservación de la caza y la fauna silvestre. En concreto, dedican 233 millones a repoblaciones e inversiones de conservación medioambiental y 54 millones al mantenimiento de accesos, pantanos, y a podas, cortafuegos y otras mejoras del monte.
La actividad de la caza y sus inversiones, recuerda el documento, deduce también de forma importante los accidentes de circulación y los siniestros agrícolas en el mundo rural. Evita la sobrepoblación de jabalíes y corzos, que son los responsables del 54% de los siniestros de tráfico causado por fauna silvestre, y también reduce los daños agrícolas, el 12% de los cuales son atribuibles a especies cinegéticas.
López-Schümmer, en su resumen del estudio, indicó que sin cazadores habría más accidentes de tráfico, crecerían los daños a las cosechas, se devaluaría la conservación de los espacios naturales, aumentarían los incendios forestales, se extenderían las enfermedades en el ganado, descendería el valor del patrimonio rural, y aumentaría la despoblación de estos pueblos, muchos de los cuales ya están cerca de su extinción.

García-Page: «Los trasvases no deben ser de un río que no tiene agua a otro que tiene menos»

MADRID.- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, señaló este jueves que si España quiere ser «trasvasista», postura que él no tiene, no debe ser entre un río que tiene poco agua y otro que tiene «menos», máxime cuando la mitad del país tiene ríos desbordados.

En una entrevista en 'Los desayunos de TVE', García-Page resaltó la alternativa «clarísima» que suponen las desaladoras, hasta el extremo de que los meses sin trasvase del Tajo al Segura la agricultura e industria de Levante ha seguido funcionando por estas instalaciones.
«El otro día me alegró oir a la ministra diciendo que lo que ha salvado a Levante es la desalación, bienvenida», dijo el presidente castellano-manchego.
A su juicio, lo que no puede continuar es que se trasvase de un río «que tiene poco agua a otro que tiene menos», máxime en un momento «donde vemos cómo la mitad del país está desbordado», sino que si España quiere trasvasar hay que hablar de «todos» los ríos.
«Lo que está pasando no es que la España desbordada, al que le sobra agua, da agua a la España seca, como puede ser Levante, sino que una parte importante de la España seca pierde recursos en favor de otra parte que lo necesita, sin duda», reflexionó.
Además, señaló que el Tajo se está «agotando» y sus recursos son mínimos incluso para atender las necesidades de Levante, sin citar que Castilla-La Mancha «necesita agua» y no ha podido desarrollar infraestructuras, criticó.

Un perfil de Luis José Barcala Sierra, el nuevo alcalde de Alicante


ALICANTE.- Luis José Barcala Sierra es desde hoy el nuevo alcalde de Alicante. Un puesto que le ha llegado por sorpresa pero que sin duda ha trabajado para ostentarlo. El hasta hoy portavoz del grupo popular en el consistorio, abogado de oficio, fue la persona que denunció a Gabriel Echávarri, exalcalde socialista de Alicante, por un posible caso de fraccionamiento de contratos. La denuncia prosperó y Echávarri fue procesado. El nuevo alcalde también promovió el segundo procesamiento de Echávarri, en este caso por despedir a su cuñada, funcionaria en el Ayuntamiento, justo después de denunciarle. Esta complicada situación judicial rompió el tripartito que gobernaba Alicante y forzó la dimisión de Echávarri.

El nuevo alcalde popular llegó al consistorio alicantino en 2011 y dos años después ocupó la concejalía de Sanidad, Consumo y Medio Ambiente bajo el mandato de Sonia Castedo. A principios de 2016 Barcala asumió la portavocía del grupo popular y desde entonces se convirtió en un verdadero azote para el gobierno tripartito encabezado por el PSPV. De ahora en adelante, tendrá poco más de un año para gobernar en minoría la segunda alcaldía de España más importante en manos del PP.
El nuevo alcalde de Alicante es un aficionado al dibujo y la pintura que participa de forma activa en las fiestas de la ciudad, especialmente en las Hogueras y la Semana Santa.
Con esposa y dos hijas, este alicantino de 56 años es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y desde los comienzos ha tenido abierto un despacho profesional, aunque también ha trabajado durante un periodo como responsable legal del extinto banco Banesto.
Barcala es afiliado al PP desde 1987, cuando desde Nuevas Generaciones (NNGG) entró a formar parte de la política activa en el año 2011, cuando concurrió a las elecciones municipales en el número 19 de la lista encabezada por la exalcaldesa popular Sonia Castedo.
Aunque no salió elegido en un primer momento, pocos meses después entró en la corporación municipal por la renuncia del también popular y expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, y desde entonces ha sido concejal de la capital provincial.
En los últimos comicios ocupó el cuarto lugar de la lista del PP, tras Asunción Sánchez Zaplana, que dejó el acta por el de senadora, María Ángeles Goitia (que le ha cedido hoy la opción de la candidatura) y José Císcar, que también abandonó para ser diputado autonómico.
Desde joven le gusta la pintura, incluso forma parte de la Asociación de Artistas Alicantinos, y practica varios deportes, es amante de la fotografía y ha explicado a los periodistas que también es un ávido lector, especialmente antes de dormir.
Ha relatado que desde que nació está vinculado a la Hoguera Alfonso el Sabio y que forma parte de la barraca Els chuanos desde 1995: «Me encantan las Hogueras, los Moros y Cristianos y participo en la Semana Santa», ha comentado.

Luis Barcala ofrece a C's sumarse al nuevo gobierno municipal de Alicante

ALICANTE.- Luis Barcala, nuevo alcalde de Alicante, ha ofrecido a Ciudadanos sumarse al nuevo gobierno municipal de la ciudad. Mientras tanto, Nerea Belmonte era abucheada a gritos de "sinvergüenza" y "vendida" por parte de Guanyar. La edil tránsfuga ha tenido que salir escoltada del Ayuntamiento.

Ciudadanos ha preferido votar a su portavoz Yaneth Giraldo, la cual ha cosechado cinco votos. De esta forma, el partido naranja se ha desinhibido de dar cobertura al gobierno de derechas que proyectaba el PP, como si hizo en 2015.
Por último, el otro concejal tránsfuga salido de las filas de C's, Fernando Sepulcre, se ha votado también a si mismo pero lo ha hecho "a boli", según ha relatado en el recuento de votos el secretario, quien lo ha declarado "nulo".
El sentido del voto de Belmonte se ha desconocido hasta el mismo momento de depositar su papeleta en la urna, segúne los portavoces municipales, incluido el nuevo alcalde, Luis Barcala, quien ha explicado que había olvidado sus gafas "de ver" y que pidió a una compañera que le dijera qué votaba la tránsfuga cuando ésta mostraba públicamente su sufragio en el salón de plenos.
"Ahí me di cuenta de que Montesinos se quedaba en 14 votos y que la alcaldía era para el PP", ha confesado el nuevo alcalde quien, en su primer discurso, ha ofrecido a Ciudadanos entrar en el equipo de gobierno para que puedan "llevar a la práctica sus políticas", posibilidad que la formación naranja ya se ha apresurado a rechazar.
Además de ofrecer a Cs formar un gabinete, Barcala ha explicado que, en "una situación hasta cierto punto inesperado", recibe la vara de mando con "tremenda ilusión", y ha pedido "generosidad y paciencia" para que le dejen trabajar el año que queda de mandato.
El nuevo alcalde ha aclarado que no ha mantenido negociación alguna con Belmonte y ha insistido en que desconocía qué iba a hacer en el pleno de hoy.
El voto en blanco de Belmonte ha levantado la ira de los partidos de izquierda, y hasta el secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha dicho que se trata de un "tamayazo" y que su partido estará "vigilante" para saber qué contrapartidas pudiera recibir del PP la tránsfuga.
Belmonte inició el mandato como concejal de Acción Social y Vivienda por Guanyar (socio del equipo de gobierno con el PSPV-PSOE y Compromís) pero en 2016 fue echada de su grupo y se quedó sin remuneración por dar unos contratos a una empresa creada por dos amigos después de las elecciones.
La tránsfuga ha culpado de su voto que ha dado la alcaldía al PP al portavoz de su anterior grupo (Guanyar), Miguel Ángel Pavón, "por negarse a restituir mis derechos políticos y económicos" y "no dar su brazo a torcer" en las negociaciones de los últimos días.
En la réplica ante los periodistas, Pavón la ha acusado de haber "antepuesto de forma muy miserable que solo quería un sueldo" y ha añadido que "la ciudad le importa un pimiento".
"No sabemos qué le ha podido ofrecer" el PP a Belmonte, ha continuado el portavoz de Guanyar, quien ha añadido que la no adscrita ha tenido un comportamiento "lamentable" con "un nivel de degradación de un responsable público que ha superado los límites", ante lo cual cree que debería de devolver su acta de concejal.
La socialista Eva Montesinos, que en un principio era la favorita para alcaldesa, ha criticado la "irresponsabilidad" de los cinco concejales de C's y los dos tránsfugas por "haber devuelto la alcaldía al partido más corrupto del país".
Especialmente, ha puesto de manifiesto la "paradoja" de que Belmonte, elegida por la coalición de izquierdas Guanyar, "haya decidido que gobernara el PP".
De igual modo, los portavoces de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, y de Compromís, Natxo Bellido, han afeado la conducta de Belmonte y han anunciado que harán una oposición dura.
Incluso, Bellido ha calificado la maniobra de la tránsfuga de "belmontazo" y se ha preguntado "qué le han prometido" desde el PP antes de señalar que en los días previos los partidos de izquierda no podían aceptar su chantaje de "un sueldo para el voto".
El popular Barcala se convierte, de esta inesperada manera, el quinto alcalde de Alicante en la última década tras los también populares Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y Miguel Valor, y el socialista Echávarri.
Durante estos tres años de inestable gobierno socialista también han visto mermar sus filas los grupos municipales de Guanyar Alacant y de Ciudadanos. El primero se vio obligado a  expulsar al grupo de nos los adscritos a su concejala de Acción Social y Vivienda después de que se supiese que había concedido varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros de partido. 
C's también abrió un expediente a su concejal  Fernando Sepulcre tras detectarse que había intentado pasar facturas de gastos de su vehículo al grupo de la formación naranja en la Diputación de Alicante donde es diputado. En el organismo provincial, ya como tránsfuga, ha venido dando su respaldo al PP de César Sánchez, cuyo voto permite a los 'populares' seguir gobernando. Ahora, Sepulcre y Belmonte también han dado vía libre a otro gobierno del PP en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana. 
El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, ha acusado a la tránsfuga Nerea Belmonte, ex de Guanyar, de propiciar un "tamayazo" para dar la alcaldía al PP, y ha añadido que los populares deben "aclarar" lo ocurrido.
Muñoz ha seguido en directo el desarrollo del pleno de investidura en el que su compañera de partido Eva Montesinos no ha logrado recabar la mayoría suficiente para ser alcaldesa, lo que ha beneficiado al popular Luis Barcala.
"Hoy se ha producido un 'tamayazo' y la ciudad de Alicante tiene que estar triste por tener un alcalde que ha llegado mediante una serie de cuestiones que tendrán que aclarar en su momento" y ante las cuales, ha advertido, "el PSOE estará vigilante".
Para el secretario de Organización del PSPV-PSOE, "Barcala es el alcalde de una vergüenza compartida por distintos actores", de los cuales ha citado a Ciudadanos (C's), "un partido que dice que es la regeneración democrática y que, con su abstención, ha permitido que el más corrupto vuelva para malversar, gestionar mal y despreocuparse de la ciudad".
Del mismo modo, ha criticado a Belmonte por "preferir mirar su interés personal, retributivo, y olvidarse de los ciudadanos progresistas" por los que consiguió el acta de concejal.
"Sabemos que esto no va a salir gratis", ha incidido Muñoz, quien ha anunciado una oposición de los socialistas "dura".
El secretario de Organización del PSPV-PSOE también ha recordado que su partido "estuvo a la altura" cuando, al ser investigado por presunta prevaricación administrativa, el exalcalde Gabriel Echávarri dimitió el pasado día 9 y se planteó a la oposición "un proyecto regenerador" para seguir con el proyecto socialista.
"Hoy quien pierde es la ciudad de Alicante y los ciudadanos que votaron progreso y ven traicionada su voluntad democrática por un partido, Ciudadanos, que no ha estado a la altura", ha señalado.

Ximo Puig: "Las fuerzas progresistas no podían aceptar ningún chantaje"

TOKIO.- El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentado que el PSPV haya perdido la Alcaldía de Alicante después de que la tránsfuga Nerea Belmonte se haya negado a respaldar a Eva Montesinos y haya propiciado la elección del popular Luis Barcala como nuevo primer edil de la ciudad. 

Sin querer ahondar en el tema, Puig ha asegurado que "las fuerzas progresistas en ningún caso podían aceptar ningún chantaje" -en una referencia implícita a las exigencia de Belmonte de recuperar el sueldo que perdió cuando fue expulsada de Guanyar- y que los partidos del tripartito habían actuado con "ética" en este asunto.
 
"Yo creo que el Partido Socialista ha actuado con ética y con responsabilidad, como también lo han hecho los grupos progresistas. El PP ha actuado como siempre", ha asegurado este jueves el president al ser preguntado por la prensa durante una recepción en la embajada de España en Tokio, donde se encuentra en una misión comercial.
Puig ha asegurado desconocer los entresijos de las negociaciones que se han desarrollado en los últimos días -lleva en China y Japón desde el sábado- pero ha asegurado que "es evidente es que las fuerzas progresistas en ningún caso podían aceptar ningún chantaje y estamos en el terreno de lo que es ético y lo que no lo es, pero yo creo que no hay ninguna novedad. Hace tiempo que sabemos lo que pasa. Lo único que los ciudadanos tienen que saber es que aquí hay un Gobierno progresista abierto, que gobierna para todos y que no hace trampas", ha asegurado en contraposición a la actuación que ha tenido, a su juicio, el PP.
Del mismo modo, ha señalado que "no es una buena noticia" que vuelva a gobernar "el partido que llevó al descrédito absoluto a Alicante por la corrupción masiva".
En la misma línea, Puig ha defendido que el PSPV "sí ha hecho autocrítica" y que prueba de ello es el hecho de que dimitiera Gabriel Echávarri
 "Eso no pasa en la política española por eso creo que hay una constancia de lo que es la ética para unos o para otros", ha destacado el jefe del Consell, que también ha lamentado que "los ciudadanos habían votado progreso y cambio, y ahora se ha propiciado lo contrario y hay unos responsables evidentes".