viernes, 3 de mayo de 2024

Valencia ciudad lidera con un 91,7% la ocupación hotelera en la Comunitat en la segunda quincena de abril


ALICANTE.- La ciudad de Valencia ha liderado la ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana con un 91,7 por ciento de ocupación en la segunda quincena de abril, según cifras de la patronal hotelera Hosbec. A nivel autonómico, este periodo ha provocado un cambio de ritmo en las cifras de ocupación y ha mejorado los primeros días del mes de tres a ocho puntos porcentuales.

En cuanto a las previsiones para el inicio del mes de mayo, Hosbec ha destacado que son "positivas" y se sitúan a en la mayoría de las zonas por encima del 70%, gracias en gran parte al puente de mayo de los residentes de la Comunidad de Madrid, que ha disparado estos días las ocupaciones de destinos de Benidorm y Valencia por encima del 85% del 1 al 5 de mayo, según ha indicado la patronal en un comunicado.

Por destinos, durante la segunda quincena de abril Benidorm (Alicante) ha anotado un 83,3%, al sumar 7,9 puntos porcentuales a la anterior quincena. Por tanto, la media del mes que se sitúa en un 79,2%. Los turistas británicos se imponen sobre el mercado doméstico y anotan un 46,2%, frente al 39,7% del turista español. 

De este modo, el turista de origen internacional inclina la balanza con una representatividad del 60,3%. Muy lejos de la cuota británica, se encuentra el mercado irlandés con un 3,5%, belga 2,9% y neerlandés con un 2,7%.

Hosbec ha destacado que las reservas confirmadas en los sistemas de gestión de los hoteles para los primeros días de mayo rozan el 80%, mientras que del 1 al 5 de este mes las cifras se elevan al 85%.

En la zona de la Costa Blanca (sin incluir Benidorm) han mejorado los datos de la primera quincena del mes con un 77% de ocupación, lo que le permite cerrar abril con un 75,7%. Destaca el destino de Calpe, con un 76,4% de ocupación mensual.

El mercado doméstico se posiciona como el más voluminoso con un 46,1%, dejando un 53,9% a los turistas de origen internacional. De este último, encabezan la tabla el mercado británico con un 12%, el belga 6,9%, noruego el 5,5% y el francés con un 5,1%. En las siguientes posiciones, con representatividades entre el 3,5% y 2% se sitúa el neerlandés, alemán, irlandés, polaco y sueca.

El inicio de mayo se prevé "optimista", puesto que ya cuenta con un 74,4% de reservas confirmadas, 5,3 puntos por encima de lo que se esperaba el año 2023 en las mismas fechas.

La provincia de Valencia, del 16 al 30 de abril, se ha anotado una ocupación del 87,3%, elevando en 6,8 puntos porcentuales los registros de los primeros quince días del mes, por lo que el balance entre ambas quincenas da como resultado un 83,7% de media mensual.

El turismo doméstico y el internacional se encuentran "perfectamente equilibrados", con un 50% de cuota total en los dos casos. Segmentando este último, se encuentran, con mayor representación sobre el total, el mercado italiano (6,8%), alemán (6%) y británico (5,3%). En las siguientes posiciones sobre el 3% de representatividad se sitúan el neerlandés y francés.

Las reservas confirmadas en los programas de gestión hotelera de cara a al inicio de mayo están al 79,7% en toda la provincia, siendo un comportamiento similar al del año 2023.

En la ciudad de Valencia, por su parte, el que el turismo internacional toma la delantera con un 66,6% de representación, siendo los mercados italiano (10,1%) y británico (9,2%) los que capitanean el listado de orígenes. 

Ha destacado la ocupación de los hoteles de 4 estrellas, que anotan un 94,6% y empujan la ocupación quincenal del destino que logra un 91,7%. Para los primeros días de mayo ya cuenta con un volumen de reservas del 84%.

Por su parte, en la segunda quincena de abril, la provincia de Castellón se sitúa en un 63,6% de ocupación media, lo que supone un crecimiento de 4,5 puntos porcentuales respecto a la quincena anterior y cierra el mes con un 61,4%.

El turista nacional continúa fiel a la provincia y en está ocasión se sitúa en un 73,8%; mientras que el 26,2% restante pertenece al turismo internacional, encabezado por el mercado francés con un 8,3%, seguido por el alemán con un 2,6%, el italiano (2,2%) y el británico (2,1%) Tras estos, con entre un 2% y 1% de representatividad, están los mercados coreano, rumano, belga, portugués y neerlandés.

Para los días del 01 al 15 de mayo ya se cuenta con un volumen de reservas confirmadas del 63%, pero todavía se espera que se puedan mejorar los datos de la quincena con las reservas de última hora.

Mazón destaca que ha firmado 422 exhumaciones y dice sobre el informe de la ONU: "Ni se habrán leído la ley valenciana"

 VALENCIA.- El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la «horrible dictadura franquista» y ha defendido que la ley de Concordia «consolida» los derechos de estas víctimas. Por ello, ha considerado que quien firma el informe de la ONU «ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana».

Así se ha pronunciado Mazón en declaraciones a los medios este viernes, donde ha dicho no conocer ningún informe de la ONU sino «la noticia de una posible filtración de un posible informe» y entiende que «si hay alguna referencia, en ningún caso es sobre la ley valenciana ni el caso valenciano».

Para Mazón, la ley de Concordia propuesta por PP y Vox que tramitan Les Corts en estos momentos «no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino las de las víctimas de toda violencia política» que cree que «también tienen derechos».

En este sentido, ha incidio en que se han iniciado bajo su Consell 422 procesos de exhumación y ha remarcado: «Obras son amores». 

Por ello, ha remarcado que busca «reconocer, desarrollar y blindar derechos de las víctimas del franquismo así como de las otras víctimas de violencia política».

 «Esto es la concordia», ha manifestado.

El sector del audiovisual y trabajadores piden que la nueva ley de 'À Punt' asegure presupuesto, plantilla y valenciano


VALENCIA.- Representantes de empresas productoras, periodistas, actores, sector audiovisual y trabajadores de À Punt han pedido este viernes en Les Corts que la Proposición de ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, presentada por PP y Vox, incluya un presupuesto mínimo anual para la cadena, que se fije en la norma; consolidación y aumento de la plantilla; han defendido el uso del valenciano y han cuestionado la falta de participación en los distintos órganos, lo que abre la puerta a la «manipulación».

Desde la Plataforma de Asociaciones de Empresas Productoras Audiovisuales de la Comunitat Valenciana, su representante, Luis Gosálbez ha reclamado una dotación mínima anual del 0,45 por ciento en los presupuestos de la Generalitat para la cadena; una parrilla de coproducción propia externalizada, --excluyendo informativos y deportes que deben hacerlos personal propio de la casa y compra de producción ajena como series o documentales-- con la «obligatoriedad» de destinar, al menos, el 40% del presupuesto anual a la producción de contenidos por parte de productoras independientes valencianas.

En este caso, propone una limitación del 20% en la contratación a una misma empresa o grupo vinculado así como la inclusión de una fórmula de seguimiento para el cumplimiento de la norma, que se podría plasmar a través de la firma de un acuerdo marco.

Por parte de La Unió de Periodistes, su presidente, Vicent Marco, ha defendido la necesidad de medios de comunicación «públicos, de calidad, en valenciano e independientes de los poderes políticos, bien dotados económicamente» y ha sostenido que la norma supone «dos pasos atrás en todas las reivindicaciones de cómo debe ser, por lógica, un medio de comunicación público».

«Nos preocupa que se quiten todos los obstáculos a la manipulación partidista, que se elimine toda referencia al valenciano como lengua vehícular, que se suspenda la oferta pública de trabajo en marcha, que se deje la puerta abierta a privatizar los informativos y que no se garantice su financiación, que el papel relevante del sector audiovisual desaparezca en esta ley», ha expuesto, y ha defendido que, para cambiar lo que se debía modificar, no es necesario «arrasar con todo el resto de avances que sí incorporaba la anterior ley».

Sobre el valenciano, el presidente de La Unió ha indicado que el problema «no es la lengua para obtener audiencia».

 «Los problemas son otros y nos resuelven privando de los beneficios intrínsicos del bilingüismo a toda la zona castellano hablante en nuestro territorio. Esperemos que no vuelvan las listas de palabras prohibidas y el 'Telefem' (Telebasura)», ha indicado.

En relación con los trabajadores, ha denunciado que la ley «deja tiradas» a 800 personas que estaban en un proceso de pruebas selectivas en lo que era la mayor oferta pública de empleo para el sector en este siglo. Así, ha indicado que la plantilla «actual continuará en estado de interinidad, en una situación de inestabilidad que dura seis años».

Para el fundador y presidente de honor de ACICOM (Asociación Ciudadanía y Comunicación), José Ignacio Pastor, es «injustificable» la urgencia con la que se quiere tramitar una norma que ha calificado de «vergüenza» y «bestialidad», ha criticado el «ataque» al valenciano y el «olvido» a la promoción de la diversidad territorial. «Vergonya, cavallers, vergonya. Retiren la ley», ha pedido.

Jorge Ballester, secretario de la Comisión del Audiovisual de la Asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos, ha pedido que se incluya en la ley parámetros que protejan la ficción en valenciano diferenciada del entretenimiento o de los contenidos en general. 

«No es ninguna barbaridad pedir que se blinde el 8% del presupuesto total de la cadena para la ficción, superando en un 2% el establecido por ley estatal que obliga a destinar un 6%, no de los ingresos, sino del presupuesto total de la corporación», ha dicho.

El representante del Clúster de Producción y Servicios del Audiovisual Valenciano Sergio Gómez ha calificado de «absolutamente relevante» que haya una conexión entre À Punt y el tejido audiovisual valenciano.

 «Las leyes las hacen buenas; las personas si conseguimos alianzas y proyectos y si vamos todos en una linea puede ser positiva en muchos aspectos», ha sostenido.

En la Comisión también han intervenido Antonio Villarreal, representante del Comité de Empresa de À Punt y Ana Isabel Santamaría, presidenta del Comité de Empresa de la CVMC, quienes han reclamado la necesidad de consolidar la plantilla actual, dar estabilidad al personal y evitar la huida del talento porque la interinidad no permite confianza a los trabajadores.

Villarreal ha lamentado que siguen «en la misma situación de inestabilidad», sin convenio, y cree necesario y «urgente» incrementar una plantilla «que se ha comprobado insuficiente». 

Por tanto, reclama una dotación presupuestaria mínima e incluir también la equiparación de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de empresas privadas externas con la plantilla.

En esta línea, Santamaría también ha indicado que la falta de personal es un «problema estructural» que afecta a todos los departamentos --el jurídico solo tiene dos personas, ha dicho--, por lo que las externalizaciones son «imprescindibles». 

En esta línea, pide dar estabilidad laboral a la plantilla y la necesidad de «un mayor blindaje normativo, incluso estatutario, considerando que es un sector esencial y que el derecho a la información es garantía de democracia en nuestra sociedad».

Desde el PP, el diputado José Juan Zaplana ha sostenido que la ley de 2016 «manejaba una hipertrofia legislativa tremenda», que no era «buena» y que se ha ido modificando todos los años: «Ocho años de ley, siete años de modificaciones», con continuos «incumplimientos» en el presupuesto --ningún año ha superado el 30%, ha dicho--. 

«¿Qué pasa cuando se incumple una ley? ¿Es algo ilegal? ¿Alguien ha ido a la cárcel? ¿Alguien ha presentado su dimisión en el gobierno?», se ha preguntado.

El diputado de Vox Joaquín Alés ha defendido durante sus intervenciones que la nueva legislación «se aleja de la hipertrofia legislativa anquilosante que fue el sello de la anterior norma». 

Sobre el uso del valenciano, ha apuntado que su promoción «no debería ser incompatible con una parrilla que refleje de forma más realista la realidad lingüística de toda la Comunitat Valenciana que no es mayoritariamente valenciano hablante».

Desde la oposición, han criticado que el Partido Popular «se ha rendido totalmente a los postulados ideológicos de la extrema derecha» con esta norma. 

Por parte de Compromís han intervenido las diputadas Maria Josep Amigó y Nathalie Torres, quienes han mantenido «consagra un modelo de televisión que nos hace retornar al peor momento de Canal 9», cuando «estaba absolutamente manipulada», al «suprimir» la participación ciudadana y con un uso del valenciano que está «absolutamente desaparecido e ignorado» y con financiación «sin garantía y en el aire».

En la misma línea, el PSPV, a través de la diputada Silvia Gómez, ha calificado la ley de «gran contrarreforma legislativa, política e ideológica» que supone una «involución democrática que permite el asalto y el control político de À Punt».

Así, ha mantenido que la norma supone «el absoluto control político de los medios, como en las etapas oscuras de su gobierno anterior, donde hasta la llevaron al negro». 

«Ahora sí que van a ser mensajes sesgados porque vamos a decirle adiós a Vicente Andrés Estellés o a Botifarra», ha resumido.

Casi siete de cada diez familias monomarentales en la Comunitat Valenciana están en riesgo de pobreza o exclusión social

 VALENCIA.- Un 67,5 por ciento de familias monomarentales de la Comunitat Valenciana está en riesgo de pobreza o exclusión social, una tasa que duplican a la del conjunto de hogares con niños, niñas y adolescentes (32,5%), según ha señalado la ONG Save the Children, con motivo del Día de la Madre que se celebra este domingo.

En la autonomía habría 44.470 hogares encabezados por una mujer sola con hijos e hijas a cargo en esta situación, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2023 del Instituto Nacional de Estadística.

Un 31,5% de las familias monomarentales se encuentran además en una situación de pobreza «severa», lo que implica que 20.765 hogares que cuentan con una madre sola al frente están en esta complicada situación, según ha informado la entidad en un comunicado.

«Las mujeres están expuestas a una mayor precariedad y pobreza laboral, lo que influye a que sus tasas de pobreza sean desproporcionadamente elevadas. Esto es el caldo de cultivo perfecto para que acaben estando en una situación de pobreza», ha asegurado Rodrigo Hernández, director de Save the Children en la Comunitat Valenciana.

De acuerdo con los datos facilitados por la entidad, en España hay 535.280 hogares con niños, niñas y adolescentes que están encabezados por una mujer sola. De ellos, la mitad viven bajo el umbral de la pobreza y muchos más atraviesan «serias dificultades económicas». 

La organización recuerda que vivir bajo el umbral de la pobreza significa, en el caso de un hogar compuesto por una mujer adulta y dos menores de edad, ingresar menos de 17.583,20 euros al año. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) seguiría sin permitir salir de la pobreza a un hogar de esta composición, ya que actualmente son 15.876 euros brutos.

Para Save the Children, la solución a la brecha que experimentan los hogares monomarentales requiere «una combinación de políticas que atiendan a las diversas dimensiones en las que se manifiesta» y deben entenderse «como una inversión en igualdad de género y, a la vez, en la infancia, ya que contribuirán al pleno desarrollo de los hijos e hijas de estas madres, garantizando su bienestar presente y futuro».

La entidad subraya que España «es uno de los pocos países europeos que no cuenta con una prestación universal a la crianza». 

Esta medida, tal y como propone la organización, «llegaría a más hogares que la actual deducción fiscal para madres ocupadas de hijos de 0 a 3 años, aliviando los costes económicos de los hogares monomarentales y ayudando a reducir y prevenir las altas tasas de pobreza infantil».

Además, Save the Children pide «reconfigurar» la Renta Valenciana de Inclusión para que amplíe «tanto las cuantías como las personas beneficiarias y que priorice a este tipo de familias».

«Aunque en los últimos años ya se equipararon las familias monomarentales a las numerosas, todavía queda mucho por avanzar para que los niños y niñas que viven en este tipo de familias tengan las mismas oportunidades. Es fundamental que el Consell redoble los esfuerzos para que ninguna de estas familias se quede atrás», asegura Hernández.

La llegada de turistas internacionales a la Comunitat aumenta un 25,19% en marzo con 1.030,42 millones

 VALENCIA.- La Comunitat Valenciana recibió un total de 826.970 turistas internacionales durante el mes de marzo, lo que supone un aumento del 25,19% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 1.030,42 millones, un 30,05% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó la comunidad gastó al día 131 euros en marzo, un 1,73% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 9,5 día en la Comunitat Valenciana. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.246 euros, un 3,88% más que en marzo del año anterior.

En lo que va de año hasta marzo, 2.030.158 turistas han visitado la Comunitat Valenciana (+25,11%) y han dejado un gasto en la región de 2.587,62 millones de euros (+33,05%).

Desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo han puesto en valor que la Comunitat Valenciana haya registrado por tercer mes consecutivo sus mejores datos de turismo internacional.

España recibió en el primer trimestre del año la visita de más de 16,1 millones de turistas internacionales, lo que supone un 17,7% más que en el mismo periodo de 2023. Por comunidades, la región más visitada fue Canarias con el 24,31% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (21,21%) y Andalucía (15,13%).

La Generalitat subvenciona la repatriación de restos de Rafael Altamira y su mujer desde México a El Campello

ALICANTE.- La Generalitat Valenciana facilitará, con una subvención de 60.000 euros, la exhumación y la repatriación de los restos mortales del jurista Rafael Altamira y su esposa, Pilar Redondo, desde el cementerio del Distrito Federal de México hasta el municipio de El Campello, el lugar donde el jurista quería vivir tras apartarse de su vida oficial.

De esta forma, la Generalitat, el Ayuntamiento de El Campello y los descendientes de la familia Altamira, junto con las administraciones nacionales e internacionales que tienen que participar en la repatriación, harán posible la llegada de los restos mortales de Altamira y Redondo, que reposan en una sepultura del Pabellón Español del cementerio del Distrito Federal de México, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Para ello, la Generalitat destinará una subvención directa de 60.000 euros de la línea presupuestaria 'Promoción y fomento de actividades de interés público, sociocultural, económico o humanitario de la Comunitat Valenciana' de Presidencia de la Generalitat.

Esta línea permite conceder ayudas a entidades, instituciones y personas físicas y jurídicas destacadas para la promoción, el fomento y la realización de actividades de interés público, sociocultural, económico o humanitario de la Comunitat Valenciana.

Así, la Generalitat atiende la petición del Ayuntamiento de El Campello, que solicitaba ayuda económica para sufragar los gastos derivados para la repatriación de los cuerpos.

Rafael Altamira, nacido en Alicante en 1866, falleció en México en 1951, donde vivía exiliado con su familia desde 1944. Fue un jurista, humanista, historiador y pedagogo que trabajó en favor del diálogo, la educación y la democracia.

Fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz en dos ocasiones, en 1933 y en 1951, y nombrado uno de los diez jueces titulares del Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que años más tarde se constituiría en Tribunal Internacional de la Haya, en el cual fue reelegido durante mandatos consecutivos desde 1921 hasta 1940.

En una entrevista concedida al diario 'El Día' el 2 de mayo de 1935, Rafael Altamira declaró: "Cuando se me aparte de la vida oficial, me retiraré al rincón de mis amores más gratos, a El Campello". 

La ONU insta a España a preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia de PP y Vox

 MADRID.- La ONU ha instado al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden "invisivilizar" las "graves violaciones de los Derechos Humanos" cometidas durante el "régimen dictatorial franquista".

Así lo han expresado tres relatores de Naciones Unidas en un informe en el que han dado respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas "leyes de concordia" que han sido tramitadas en tres de los territorios donde PP y Vox gobiernan en coalición. 

El Ejecutivo central elevó la cuestión a la ONU al considerar que estas normas son "contrarias" a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada la pasada legislatura.

"Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", se lee en el documento de la ONU.

Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que adopte "todas las medidas necesarias" para garantizar "el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórico de "las graves violaciones de derechos humanos".

Según explican, estas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad" sobre el destino o paradero de "las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos" y también pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen".

También apuntan a la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las leyes de concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España", quitándole así el reconocimiento a "las centenas de miles" de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Francisco Franco.

Por este motivo, han recordado que es deber de "todos los poderes del Estado", incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de "todas las entidades de Gobierno" a nivel nacional, regional o local, "cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos".

"Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación", esgrime el informe.

Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

Con este informe, Naciones Unidas responde a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes de concordia aprobada por PP y Vox en Aragón y que están en trámite en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana.

Creciente malestar emocional / Guillermo Herrera *


El aumento del malestar psicológico y emocional está saturando los servicios de atención psiquiátrica en España y retrasa la atención a pacientes con trastornos mentales, ya que el 37% de la población sufre algún trastorno de salud mental. 

Los psiquiatras reconocen que no dan abasto últimamente y que es muy difícil llegar a todas las personas que lo necesitan. Las listas de espera son interminables y es una quimera llegar a ver a un paciente una vez por semana, o como mínimo una vez cada quince días.

España tiene menos de la mitad de psiquiatras por cada cien mil habitantes que otros países europeos como Noruega, Francia o Alemania. En España hay seis psicólogos por cada cien mil habitantes mientras que la media europea es de dieciocho. Se eternizan las listas de espera, se alarga el periodo entre consultas y se complican los desórdenes mentales antes de llegar a ser atendidos. 

Esto deja a muchas personas en una especie de limbo asistencial con problemas emocionales leves o moderados, sin un acceso oportuno a la atención que necesitan.

https://www.eldiario.es/sociedad/profesionales-salud-mental-espana-precarios-desbordados_1_9807073.html

DIFERENCIAS

El psiquiatra se enfoca más en el tratamiento biológico y farmacológico de los trastornos mentales, mientras que el psicólogo clínico se enfoca más en el tratamiento psicológico y conductual. Un psiquiatra es un médico que se centra en el tratamiento de enfermedades mentales, incluyendo la prescripción de medicamentos. 

Un psicólogo clínico se centra en la evaluación y tratamiento de problemas mentales y emocionales a través de terapias y técnicas cognitivo-conductuales, sin poder recetar medicamentos.

El aumento del malestar emocional en la población está desbordando la capacidad del sistema de salud mental, lo que deja a muchas personas sin el apoyo que requieren. Las agendas están saturadas en atención primaria, y los profesionales tienen poco tiempo por paciente, lo que dificulta un abordaje adecuado del malestar emocional. 

En la red especializada, los recursos son limitados y tampoco alcanzan a responder a toda la demanda, con largas listas de espera.

La crisis sanitaria dejó un poso de malestar emocional, avivando la incertidumbre y el estrés social, y agudizando los trastornos mentales latentes. Esto ha generado una demanda creciente de ayuda para problemas de salud mental, que no puede atender la sanidad pública adecuadamente debido a la falta de recursos humanos.

https://efecomunica.efe.com/el-creciente-malestar-emocional-satura-la-atencion-psiquiatrica-por-un-mal-cribaje-previo/

INSEGURIDAD

El informe Atlantis habla de personas que luchan con sentimientos de aprensión y ansiedad debido a la amenaza de despidos masivos.

https://www.youtube.com/watch?v=aVv4Ev-zWLE

Las personas se enfrentan a sentimientos de aprensión y ansiedad debido a la inseguridad económica y a la amenaza de despidos. La inseguridad económica, marcada por la incertidumbre en el ámbito financiero y laboral, puede generar preocupaciones significativas en las personas, afectando a su bienestar emocional y mental.

La posibilidad de despidos, como reflejo de la inestabilidad laboral, contribuye a aumentar la ansiedad y el temor en los individuos, ya que impacta directamente en su seguridad laboral y estabilidad financiera. 

Estos factores, combinados con la presión de mantenerse a flote en un entorno económico incierto, pueden desencadenar un cúmulo de emociones negativas que afectan a la calidad de vida y al equilibrio emocional de las personas.

https://www.perplexity.ai/search/Las-personas-luchan-ylIy9RpvTlCHWJ1MLvatxA

ECONOMÍA

GEOPOLÍTICA

PROTESTAS

CURIOSO

AMÉRICAS

Industria se compromete a trabajar para la mejora del servicio de las ITVs


VALENCIA.- La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, se ha comprometido con las asociaciones más representativas del sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunitat Valenciana a trabajar conjuntamente con ellas para mejorar el servicio de inspección técnica de vehículos (ITV).

En una reunión celebrada en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), la consellera les ha trasladado su "determinación a abordar las necesidades y peticiones del sector en aras a solucionar, tan pronto como sea posible, todo aquello que esté en nuestras manos".

 "Para ello diseñaremos un plan de choque específico para el sector profesional", ha señalado.

En este sentido, Nuria Montes ha explicado que la Conselleria ya se ha comprometido a aumentar la plantilla de personal de la empresa pública Sitval, siempre en coordinación con otros departamentos implicados, como Función Pública, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Además, ha incidido en que se ha "solucionado la equiparación salarial de todos los trabajadores de Sitval, un problema heredado del anterior Gobierno", y en que esta semana la administración autonómica ha firmado un protocolo de intenciones con el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) para construir una nueva estación que sustituirá, antes que acabe la legislatura, la que ahora funciona en Riba-roja.

A la reunión con la consellera han asistido, entre otros, representantes de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), la Federación Provincial de Asociaciones de Empresarios de Mercancías de Alicante (FETRAMA), la Asociación Empresarial Castellonense del Transporte de Mercancías (ACTM) y la Asociación Empresarial de Transporte de Viajeros de Alicante (Asoval).

Entre las cuestiones que estas asociaciones profesionales del transporte han trasladado a la consellera están el agilizar las inspecciones técnicas de vehículos, reformular el sistema de citas previas, reducir los tiempos de espera y mejorar la información al usuario, entre otras, según ha explicado la Conselleria.

Nuria Montes les ha informado de otras medidas que Industria va a poner en marcha progresivamente, como la implantación de un sistema informático único para todas las estaciones de ITV de la Comunitat Valenciana que unificará los siete procedimientos existentes en la actualidad.

Además, la Conselleria invertiraá 700.000 euros para poner en marcha o reforzar estaciones provisionales de servicio de inspección en la provincia de Alicante. También se está elaborando un nuevo contrato para duplicar el número de personas del centro de atención telefónica y mejorar tanto las citas previas como la atención a los usuarios.

Abril se despide de la Comunitat con 1,2º superior a lo normal y un 80% menos de lluvias

 VALENCIA.- El mes de abril de 2024 ha sido muy cálido y muy seco en la Comunitat Valenciana ya que se ha registrado una temperatura media de 14,6°C, lo que supone 1,2°C superior a la de la climatología de referencia, mientras que la precipitación acumulada ha sido de 10 l/m2, que es un 80% inferior que la del promedio climático del periodo 1991-2020.

De este modo, ha sido el séptimo mes de abril más seco desde 1950 y el tercero del siglo, tras abril de 2015 y del pasado 2023 y es el inicio de año hidrológico más seco desde, al menos, 1950 en la Comunitat Valenciana, según el avance climatológico de Aemet.

Así, el primer día del mes fue frío y también en la última decena predominaron los días con temperaturas inferiores a la media, pero en los días centrales hubo dos intensos picos cálidos, el primero se registró entre los días 3 y 8, y el segundo entre el 12 y el 16.

Fue en este segundo pico cálido cuando se registraron las temperaturas más altas del mes, con 31ºC en Sumacàrcer, 30,8 en Jalance, Pego y Carcaixent, 30,7 en Orihuela, 30,6 en Novelda y 30,5 en Xàtiva y Llíria. En la última decena hubo heladas débiles en zonas altas del interior: Castellfort, -1,5ºC; Vilafranca y Fredes, -1,4 y en el Pico Gavilán (la Puebla de San Miguel), la mínima del día 24 fue de -5,5 ºC.

Asimismo, ha habido una gran amplitud térmica (diferencia entre máximas y mínimas), ya que mientras que la anomalía de las máximas diurnas ha sido de 2,2 ºC, la de las mínimas nocturnas ha sido ligeramente superior al promedio normal, un 0,3º.

La anomalía de temperatura más alta se ha observado en el interior, sobre todo en el interior norte, donde la temperatura media ha estado entre 1,5 y 2ºC por encima del promedio normal, mientras que en zonas del litoral la anomalía estuvo en general entre 0,5 y 1 ºC.

Aemet explica que esta situación de grandes amplitudes térmicas es típica de primavera cuando predominan los vientos flojos y los cielos despejados, en los meses del año en los que todavía las noches son suficientemente largas para que se produzcan noches frías debido a la pérdida de calor por irradiación nocturna.

Por su parte, las precipitaciones más significativas se produjeron la última semana del mes, y fueron en general débiles. Con los datos de abril ya han transcurrido siete meses del año hidrológico 2023-2024 y no hay precedentes de un comienzo (octubre-abril) tan seco como el de este. En promedio, durante el semestre se han acumulado 92,5 l/m2 cuando lo normal sería 337,4, con lo que el déficit medio de los últimos siete meses en la Comunitat Valenciana es del 73%.

Por provincias, el carácter pluviométrico ha sido seco en Alicante, con un déficit de precipitación del 71%, muy seco en Valencia, con un déficit del 83%, y extremadamente seco en Castellón, donde el déficit medio provincial ha sido también del 83%.

Las precipitaciones más significativas se produjeron la última semana del mes, y fueron en general débiles: 21,8 l/m2 se acumularon en Benidorm el día 28 y 16,7 en Valencia el día 29. También hubo una intensa tormenta de corta duración con granizo menudo que afectó a zonas próximas a Utiel, 26,4 l/m2 se acumularon el pluviómetro del Remedio de Utiel de la CH Júcar el día 30.

Los máximos acumulados en el mes se han registrado en Benidorm, con 29,6 l/m2; también se han superado los 20 l/m2 en Tibi (Maigmó), 28,5; Parcent, 25.6 y Petrer, 23. En el otro extremo, en varias zonas de las 3 provincias la precipitación mensual ha sido inferior a 5 l/m2 . El mínimo pluviométrico, con 2 l/m2 , se ha registrado en Carcaixent, y en Polinyà de Xúquer, con 2,9.

Además de extremadamente seco, el año hidrológico también está resultando "extremadamente" cálido, el más cálido desde que hay registros, por lo que el anómalo calor también ha favorecido los procesos de evapotranspiración y de pérdida de humedad del suelo y de la vegetación.

En el mapa nacional de porcentaje de precipitación acumulada en el actual año hidrológico entre octubre y el 29 de abril, gran parte de nuestro territorio está en la zona en la que el acumulado es inferior al 50%, incluso inferior al 25% en la zona litoral, la de más déficit acumulado de España junto a otras zonas de las comunidades del Mediterráneo.

El precio de la vivienda interanual sube un 12,8% en abril en la Comunitat Valenciana


VALENCIA.- El precio de la vivienda ha subido un 12,8% en abril en la Comunitat Valenciana, respecto al año anterior, hasta situarse en 1.835 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, que reflejan un aumento mensual del 1,4%.

La Comunitat Valenciana es la tercera en la que más se ha incrementado el precio desde el año pasado. Los incrementos superiores al 10% afectan a cinco comunidades y son: Canarias (23,4%), Madrid (17,7%), Comunitat Valenciana (12,8%), Región de Murcia (10,9%), y Andalucía (10,4%). Le siguen las comunidades de Baleares (9,5%), Cantabria (6,4%), País Vasco (6,2%), Castilla-La Mancha (5,9%), Galicia (5,3%), Asturias (5,3%), La Rioja (3,9%), Aragón (3,5%), Castilla y León (3,5%), Navarra (3,1%) y Cataluña (2,3%). Por otro lado, la comunidad con descenso interanual es Extremadura (-0,3%).

En cuanto al ranking de Comunidades Autónomas (CC.AA.) con el precio de la vivienda de segunda mano más caras en España, se encuentran Madrid y Baleares con los precios de 4.046 euros/m2 y los 4.015 euros/m2, respectivamente. Le siguen, País Vasco con 3.142 euros/m2, Cataluña con 2.790 euros/m2, Canarias con 2.564 euros/m2, Andalucía con 2.092 euros/m2, Navarra con 2.031 euros/m2, Cantabria con 1.966 euros/m2, Comunitat Valenciana con 1.835 euros/m2, Galicia con 1.756 euros/m2, Aragón con 1.720 euros/m2, Asturias con 1.679 euros/m2, La Rioja con 1.653 euros/m2, Castilla y León con 1.504 euros/m2, Región de Murcia con 1.341 euros/m2, Castilla-La Mancha con 1.217 euros/m2 y Extremadura con 1.212 euros/m2.

En las tres provincias valencianas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de abril: Alicante registra un aumento del 15,3%, Valencia del 9,9% y Castellón del 7,8%. Alicante es la más cara con 2.130 euros/m2, seguida de Valencia con 1.682 euros/m2 y Castellón con 1.295 euros/m2.

En las tres capitales de provincia con variación interanual sube el precio en abril respecto al año anterior . El precio ha escalado un 15,6% en Valencia y Alicante y un 8,8% en Castellón de la Plana.

Respecto a los precios, la capital de provincia más cara es Valencia capital con 2.818 euros/m2, seguida de Alicante con 2.386 euros/m2 y Castellón de la Plana con 1.436 euros/m2.

El precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 89% de los 142 municipios con variación interanual analizados por Fotocasa. En seis de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 40% y son: Cabanes (60,5%), Dolores (57,4%), El Verger (49,7%), Benijófar (45,0%), Xeresa (44,8%) y Paiporta (40,4%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en abril, vemos que el orden de las ciudades más caras es: L'Alfàs del Pi con 4.132 euros/m2, Benijófar con 3.884 euros/m2, Calp con 3.724 euros/m2, Alboraya con 3.305 euros/m2, Benidorm con 3.054 euros/m2, Altea con 3.034 euros/m2 y Xàbia con 3.021 euros/m2.

Historiadores rechazan la ley de concordia de PP y Vox por sus "graves carencias científicas"


VALENCIA.- Historiadores universitarios muestran su rechazo a la Ley de Concordia registrada por los socios del Consell (PP-Vox) y su «profunda preocupación», al considerar que contiene «graves carencias científicas por el desconocimiento de los fundamentos básicos de las cuestiones que aborda» y que adolece de «un nacionalismo rancio».

A su juicio, esta norma puede redundar en la implementación de políticas públicas en este ámbito «claramente insuficientes e incluso contraproducentes para los objetivos buscados», por lo que piden a los grupos parlamentarios que no la aprueben y se muestren dispuestos a reunirse para dialogar al respecto.

Así lo trasladan en una declaración conjunta firmada por los departamentos de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València (UV), Humanidades Contemporáneas de la Universitat d'Alacant (UA) e Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló

La proposición de ley, que se tramita en Les Corts, fue registrada para derogar la Ley de Memoria Democrática de 2017.

Los historiadores aseguran que la concepción de la Historia en este texto «resulta claramente propia de un nacionalismo rancio y sin ningún tipo de sentido crítico». 

«La labor de la Historia no ha de ser 'honrar y proteger a la historia de España' ni la de cualquier otro país o comunidad, sino la de construir un discurso histórico riguroso y proporcionar un conocimiento sólido sobre el pasado», subrayan.

Según denuncian, los autores de la proposición pretenden servirse de la suposición de que «nunca ha habido un relato consensuado» sobre la etapa entre 1931 y 1977 «ni entre los historiadores ni entre los ciudadanos». A su parecer, es una afirmación «muy vaga» que muestra «un claro desconocimiento de cómo funcionan las disciplinas científicas en general».

Los historiadores creen que PP y Vox pretenden hacer creer que «en la historiografia todo es relativo al punto de vista del historiador, lo que supone ignorar en qué consiste el oficio». Por contra, recalcan que es imposible que haya «un único relato sobre el pasado» y que «la Historia no es ningún dogma ni ninguna profesión de fe».

«Dentro de la disciplina histórica, dentro y fuera de España hay pluralidad en determinadas interpretaciones de los acontecimientos, pero con un amplio consenso a la hora de establecer los hechos fundamentales sobre la historia del siglo XX», exponen, y defienden que se ha construido un ámbito de estudios «sólido» y unos «consensos muy básicos» en torno a a la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la Transición.

En cambio, denuncian que la valoración histórica «sesgada y tendenciosa» de la ley de concordia «demoniza la democracia española de los años 30 como una época 'convulsa', llena de 'dinámicas de enfrentamiento' y de 'violencia social y política', hasta llegar al extremo de definirla como 'catástrofe' equiparable a una sangrante guerra civil y una dictadura de 40 años».

Todo ello cuando subrayan que hay un consenso en la historiografía española y el hispanismo internacional en que la Segunda República fue la primera forma democrática de gobierno en la España del siglo XX. Por tanto, consideran que «con sus errores e imperfecciones, como cualquier democracia, resulta homologable al resto de democracias existentes en ese momento».

Para los historiadores, la proposición carece de «la objetividad e imparcialidad que se afirma buscar» porque «no se dice nada ni se valora la dictadura franquista, hasta el punto de que nunca la nombran como tal» a lo largo del texto, al tiempo que «se aleja el foco del debate del periodo 1936-1975» porque se hace más referencia a la «República» (cinco veces) o al «terrorismo» (ocho veces).

 «Es decir, el terrorismo recibe, por si solo, las mismas menciones que la Guerra Civil y la dictadura juntas».

Paralelamente, advierten que el texto «jerarquiza entre terrorismos», al centrarse solo en el de ETA y no mencionar al de extrema derecha, al de los GAL o a los atentados islamistas del 11M, y también «jerarquiza entre víctimas» al afirmar que «no importa el bando, ni el origen, ni las creencias».

Mientras de las víctimas del franquismo «no dice nada», de las del terrorismo se habla en cinco ocasiones, además de «inventar la categoría de víctima de la Segunda República» cuando en su opinión no tiene sentido como tampoco se podría hablar de «víctimas de la monarquía borbónica».

Otra de las críticas de los historiadores es que la ley muestra una «falsa equiparación» entre dictadura y democracia, al «confundir la memoria personal-familiar con la memoria social y la conmemoración por parte de instituciones».

En primer lugar, recuerdan que en democracia hay derecho a recordar a los familiares muertos durante la guerra y posguerra, con «la única diferencia de que miles de familias de víctimas de la represión franquista todavía no saben dónde están». 

En segundo lugar, «nunca en democracia, y todavía menos desde una institución pública, se puede hablar de 'enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias».

«¿Aplicarían los proponentes de la ley esa misma frase a la Alemania nazi o a los terroristas de ETA?», se preguntan, y hacen hincapié en que «la igualdad de las víctimas en el dolor no puede equivaler nunca a una igualación de las causas por las que murieron».

 «No hay 'equilibrio' posible entre quien defiende la democracia y quien lucha durante 40 años por destruirla y evitar su retorno».

Los historiadores también rechazan la afirmación de los proponentes de que buscan «restaurar el equilibrio perdido», ya que señalan que «nunca ha habido un equilibrio e memorias en la esfera pública respecto a la traumática historia del siglo XX español»; ni antes de 1975 por la dictadura ni después porque «las instituciones no llevaron a cabo políticas decididas de memoria democrática».

«Ese desequilibrio solo se había comenzado a matizar parcialmente en las dos últimas décadas (...) Pero no has ido compensado ni ha desaparecido nunca», aseveran, para advertir que continuará hasta que no haya represaliados sin localizar o no se cumpla la legislación internacional al respecto. Por todo ello, instan a no perpetuar ese desequilibrio y a ayudar a corregirlo.

La declaración cuenta con las adhesiones de la junta de la Facultad de Geografía e Historia, el área de Didáctica de las Ciencias Sociales y el aula de Historia y Memoria Democrática de la UV, el equipo decanal de la Facultad de Filosofía y Letras y la revista 'Pasado y Memoria' de la UA y la cátedra de Historia y Memoria Democrática de la UJI.