El aforamiento de Luis Diaz Alperi lleva al TSJ el 'caso Mercalicante' y el de los 'parkings'

ALICANTE.- Se inicia la cuenta atrás para la instrucción que se sigue en Alicante por el presunto fraude cometido en la empresa Mercalicante y las supuestas irregularidades ocurridas en la adjudicación de tres aparcamientos públicos a la empresa Ortiz e Hijos. Con la investidura hoy de Luis Díaz Alperi como diputado de las Cortes Valencianas, los casos judiciales en los que está imputado pasarán al Tribunal Superior de Justicia al prevalecer su condición de aforado.

Según fuentes judiciales, los magistrados que hasta ahora han llevado la investigación de ambos casos deberán de enviar un oficio al presidente de las Cortes para que informe acerca de la condición de aforado del actual alcalde de Alicante. Una vez se produzca la comunicación oficial de ésta, los jueces deberán de inhibirse en favor del TSJ. Según fuentes de la Fiscalía, todas las pruebas que se hayan acordado hasta ese momento deberían de poderse practicar.

Según el Tribunal Supremo, todas las investigaciones judiciales que atañan a personas aforadas deben de seguirse en un tribunal superior, aunque los hechos sean anteriores al aforamiento.

El caso Mercalicante se inició en el año 2002 y actualmente todavía está pendiente de que se lleve a cabo una auditoría solicitada por la juez de Instrucción Número 1 de Alicante. En este asunto, en el que declaró como imputado el alcalde Luis Díaz Alperi en el 2005, se implica al ex gerente Emilio Clavero en un fraude de seis millones de euros en la contabilidad.

Por su parte, el juez de Instrucción Número 8 imputa al alcalde, a la edil de Urbanismo, al concejal de Tráfico, a un técnico municipal, al empresario Ortiz y a su apoderado las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de tres aparcamientos.

Recientemente, IU solicitó como acusación popular que se citara como imputados en este último caso a toda la Junta Local de Gobierno, mientras que el fiscal pidió que declararan como testigos. Aunque el juez todavía no ha resuelto sobre este tema, se espera que dicte un auto al respecto antes de que el asunto llegue al TSJ.

Por su parte, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ya se ha ofrecido a seguir con la instrucción de los dos casos cuando éstos pasen a depender del TSJ. La decisión al respecto debe tomarla el fiscal general del Estado.
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