El nuevo planeamiento, tras una tortuosa gestación, será validado por la corporación el próximo día 15 y su característica principal es la apuesta por revitalizar la condición de Alicante como ciudad de servicios, con más dotaciones y zonas verdes.
Y junto a ello, un urbanismo en vertical. El documento prevé unas 30.000 nuevas casas e incluye los grandes proyectos ya en marcha (léase palacio de congresos, saladar de Agua Amarga y soterramiento de las vías), pero sigue al margen el polémico plan Rabassa, al norte de la ciudad con otras 13.000 casas más.
El nuevo PGOU, que fuentes del equipo de gobierno que dirige Sonia Castedo, del PP, califican como "compacto" ha sido acogido con frialdad por la sociedad alicantina, a la espera de conocer el documento en detalle en el período de exposición pública.
La crítica más contundente proviene de Ecologistas en Acción. Para su portavoz en Alicante, Carlos Arribas, "es más de lo mismo, sigue siendo un plan desarrollista" que no trata, añade, "de mejorar la calidad de vida de la ciudad".
Los trazos gruesos más relevantes del documento son el crecimiento en vertical, hasta 14 alturas (con excepciones puntuales en puntos como el soterramiento); la ampliación de las zonas verdes hasta 14 millones de metros cuadrados; y más de 29.000 nuevas casas (el 40% de protección oficial) en un horizonte de 25 años. A este futuro parque hay que añadir las 13.000 viviendas del plan Rabassa y más de 2.000 del Pino-Ruaya.
El documento prevé la urbanización de La Sangueta, con el centro de congresos incluido, el soterramiento de las vías del tren, el enterramiento de la avenida Conde Vallellano y Juan Bautista Lafora, un paseo litoral desde la playa de La Albufereta hasta Urbanova y la remodelación del estadio Rico Pérez, impulsado el contratista Enrique Ortiz, con un torre de 24 alturas y área comercial.
En cuanto a dotaciones, el nuevo PGOU plantea un nuevo hospital y pedir al puerto 70.000 metros cuadrados para un centro educativo y deportivo.
Para el equipo de gobierno del PP el nuevo PGOU apuesta por un modelo de ciudad "compacta, de servicio e industrial, pero a base de fábricas no contaminantes". "Las dotaciones crecerán siempre por encima de crecimiento residencial", añaden. La apuesta del PP es potenciar el crecimiento residencial hacia el noroeste y suroeste, y consolidar la industria en el área de las Atalayas, en el extrarradio, con siete millones más de metros cuadrados de suelo, esta última uno de los datos mejor recibidos en una ciudad con falta de suelo para las empresas. "Es una propuesta que no olvida la situación de crisis económica, porque prevé absorber el potencial crecimiento poblacional", argumentan desde el PP.
A falta de conocer el contenido exacto del plan, una de las principales críticas es que el Plan Rabassa quede fuera de ordenación. "El plan sale muy cercenado porque queda fuera el plan Rabassa", explica el secretario general de CC OO en L'Alacantí, José de la Casa. "Creo que eso es negativo porque si el Plan Rabassa llega a ejecutarse, supone el 80% del suelo disponible en toda la ciudad".
"Lo que se va a hacer es construir otra ciudad dentro de la ciudad, que es el Plan Rabassa", comenta Juan Galipienso, de UGT. La apuesta por la VPO es mejor vista por los dos sindicatos mayoritarios, aunque con matices. De la Casa se muestra "muy de acuerdo" con una apuesta que responde "a una necesidad" y valora la apuesta por una ciudad "compacta" con alturas moderadas y que no consuma tanto terreno como el modelo horizontal.
Sobre la VPO, Galipienso se pregunta si realmente el Ayuntamiento va a promoverla, teniendo en cuenta que recientemente ha retirado la dotación para vivienda protegida en Benalúa.
También se pregunta sobre las dotaciones de servicios públicos en la ciudad. "Se tiene que crecer también en calidad no sólo en cantidad", argumenta. Son muchas las dudas todavía en torno a un plan que no ha visto aún la luz pública. Un plan, como defendió el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Roque Moreno, "escasamente participativo".
Moreno criticó que Castedo "no ha sido capaz de presentar un modelo de ciudad". Loles Fernández, edil socialista encargada de Urbanismo, lamenta también que esta semana la oposición aún carezca de la documentación que el equipo de gobierno anunció que les entregaría antes del pleno previsto para la aprobación inicial.
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