ALICANTE.- El Grupo Municipal Socialista (GMS) en el Ayuntamiento de Alicante ha denunciado hoy que el nuevo vicealcalde de la ciudad, el concejal Andrés Llorens, promovido a esa función por la actual regidora del PP, Sonia Castedo, está imputado por varios presuntos delitos. El comunicado no explica las razones últimas de esa decisión pero que tiene mucho que ver con el acantonamiento de Castedo y los suyos frente a la sutil ofensiva de Carlos Fabra y Génova 13 contra lo que ella y Llorens representan.
Para Gabriel Moreno, portavoz adjunto y responsable del Área de Atención Urbana en el GMS, “hay una relación de asuntos pendientes de pronunciamiento judicial, relacionados con obras y servicios contratados desde su Concejalía y que llevan estampada su firma de conformidad, que hacen responsable al Sr. Llorens, por acción u omisión, de supuestas irregularidades” recuerda Gabriel Moreno en un comunicado, haciendo referencia a los contratos de ISJOMA, las obras de la Plaza de Magallanes, las denuncias cruzadas sobre posibles sobornos en torno a la construcción de aparcamiento verde de la Albufereta y, mas recientemente, a las informaciones sobre la investigación judicial de supuestas irregularidades relacionadas con el contrato del servicio 48 h para el mantenimiento de aceras, todas ellas bajo investigación judicial.
Según Gabriel Moreno, la decisión de designar para la vicealcaldía a Llorens, choca frontalmente con los intentos del Presidente de la Generalitat de apartar de la primera línea de responsabilidad a aquellas personas que estén imputadas en alguno de los casos de presunta corrupción que están siendo investigados judicialmente. “La alcaldesa sabe desde hace tiempo, que la sombra de la duda planea sobre el Área de Atención Urbana y sus responsables. No solo no debería ascender al Sr. Llorens a la categoría de vicealcalde, sino que debería forzarle a comparecer ante el Pleno a dar
explicaciones” afirma Moreno.
Señala el concejal socialista que, en el caso de la adjudicación de las obras de la Plaza de Magallanes, ya no se trata de indagaciones judiciales sino de una imputación en toda regla “la Justicia –aclara Moreno- ve indicios de la presunta comisión por parte del Sr. Llorens de dos delitos graves de prevaricación y falsedad en documentos públicos, por iniciar un proceso de adjudicación de contratos cuando las obras ya estaban prácticamente terminadas y saltándose todos los procedimientos administrativos, tal y como ya denunciamos desde el GMS”, recuerda el concejal socialista.
“Las luchas internas en el equipo de gobierno por suceder a Castedo, como consecuencia de sus problemas judiciales, no pueden resolverse encumbrando al unico concejal imputado de su equipo de gobierno” concluye Moreno.
Según Gabriel Moreno, la decisión de designar para la vicealcaldía a Llorens, choca frontalmente con los intentos del Presidente de la Generalitat de apartar de la primera línea de responsabilidad a aquellas personas que estén imputadas en alguno de los casos de presunta corrupción que están siendo investigados judicialmente. “La alcaldesa sabe desde hace tiempo, que la sombra de la duda planea sobre el Área de Atención Urbana y sus responsables. No solo no debería ascender al Sr. Llorens a la categoría de vicealcalde, sino que debería forzarle a comparecer ante el Pleno a dar
explicaciones” afirma Moreno.
Señala el concejal socialista que, en el caso de la adjudicación de las obras de la Plaza de Magallanes, ya no se trata de indagaciones judiciales sino de una imputación en toda regla “la Justicia –aclara Moreno- ve indicios de la presunta comisión por parte del Sr. Llorens de dos delitos graves de prevaricación y falsedad en documentos públicos, por iniciar un proceso de adjudicación de contratos cuando las obras ya estaban prácticamente terminadas y saltándose todos los procedimientos administrativos, tal y como ya denunciamos desde el GMS”, recuerda el concejal socialista.
“Las luchas internas en el equipo de gobierno por suceder a Castedo, como consecuencia de sus problemas judiciales, no pueden resolverse encumbrando al unico concejal imputado de su equipo de gobierno” concluye Moreno.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha reforzado la semana pasada la posición, tanto
externa como interna, del concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens,
al nombrarle vicealcalde, una figura institucional de la que hasta ahora
no se había hecho uso en el Ayuntamiento de la capital provincial.
Andrés Llorens ya está desempeñando la función de coordinación de las distintas
concejalías que detentan los miembros del equipo de gobierno del PP. En
la práctica, detrás de Sonia Castedo, Andrés Llorens sería el hombre
fuerte del gobierno municipal popular.
El nombramiento representa el
reconocimiento de la labor que ya venía realizando el concejal Andrés
Llorens en el seno del grupo municipal popular, rechazando que sobre el
mismo pueda hacerse una lectura en clave sucesoria o para frenar las
expectativas que algunos sectores populares pudieran tener con respecto
al también concejal popular Juan Seva, según publicó ayer el diario 'Información'.
Pero lo cierto es que sectores locales del PP llevan semanas tomando posiciones por, si desde la nueva cúpula regional del PP, se invita a Castedo a que abandone el cargo en caso de ser imputada por la tramitación del PGOU de Alicante, extremo que todavía está por ver.
El nombramiento como vicealcalde de Llorens lleva aparejado un refuerzo de
su poder y posición apenas quince días después de que en la ejecutiva
regional los únicos nombres de ediles alicantinos que aparecían eran los
de Juan Seva y Marta García-Romeu, algo que ha resultado letal para ambos en primera instancia y en lectura de eventuales sucesores de Castedo llegado el caso.
Es más que probable que, tras la Feria de Hogueras, la alcaldesa de Alicante inicie unas más que largas vacaciones y que Llorens, festero donde los haya e idóneo para ejercer en agosto durante las Fiestas de Nuestra Señora del Remedio, patrona de la ciudad, pase a ejercer el cargo como una especie de rodaje de cara a construir imagen pública por si, finalmente, es la propia Castedo la que dimite voluntariamente una vez aprobado el expediente urbanístico del Plan Rabasa para posibilitar el asentamiento de 'Ikea' en el término municipal y que otros interesados queden satisfechos con esta solución tan combatida desde los bancos de la Oposición y determinados sectores de la ciudad, creídos de que sus intereses al respecto han quedado marginados.
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