ALICANTE.- Alrededor de una treintena de jueces,
fiscales y secretarios judiciales han realizado este miércoles una
concentración silenciosa en las puertas de la Audiencia Provincial de
Alicante, en defensa de una justicia de calidad y para exigir unas tasas
judiciales "que no limiten el acceso de los ciudadanos a la justicia".
La protesta ha arrancado pasadas las 12.30 horas de este
miércoles, encabezada por el presidente de la Audiencia Provincial de
Alicante Vicente Magro, y por el fiscal jefe de Alicante, Juan Antonio López Coig, quienes han leído un manifiesto firmado por la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales en toda España.
Vicente Magro ha aclarado que los jueces ven "desproporcionadas"
las tasas actuales, y ha recordado que el Tribunal Constitucional en una
sentencia del 16 de febrero de 2012 ya advirtió de "la viabilidad de las tasas siempre y cuando sean acordes, que sean normales y proporcionadas".
"Lo que no puede ser son unas tasas que impidan el acceso a la
justicia por parte de los ciudadanos, y eso es lo que estamos diciendo:
que en cualquier caso deberían ajustarse a unos módulos y a unos
parámetros lógicos a la situación de crisis económica que sufren ahora
los ciudadanos y que no impida el acceso a los servicios públicos de la
justicia", ha añadido.
En el escrito leído, además han exigido la "retirada inmediata"
del proyecto de Ley de reforma de la LOPJ, que perjudica la calidad de
la justicia y no encuentra justificación en la situación de crisis
económica.
También han defendido la "independencia e imparcialidad" y han reclamado que el CGPJ "mantenga su actual estructura y competencias", y "autonomía presupuestaria de este órgano y de la Fiscalía General del Estado "para garantizar la independencia y eficacia del Poder Judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal".
El comunicado además ha reclamado el aumenta de la planta de
jueces y fiscales para alcanzar los parámetros de la media europea, así
como una justicia "profesional dotada de los medios humanos y materiales necesarios".
Igualmente, han exigido la determinación "definitiva" de la carga de trabajo "compatible con una justicia de calidad", y la adopción de medidas para paliar "el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los juzgados y las fiscalías".
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