El 70% de los indocumentados en España tiene garantizado el acceso a la sanidad

BRUSELAS.- El 72,7% de los inmigrantes sin permiso de residencia en España cumple las condiciones para acceder al sistema sanitario, aunque en la práctica sólo el 40% disfruta de la cobertura sanitaria, según un informe que presentó hoy Médicos del Mundo.

El porcentaje de personas que podrían acceder a la sanidad en España es ligeramente superior a la media (69,8%) de los once países que han participado en el estudio -Suecia, Reino Unido, Holanda, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Grecia y Suiza, además de España-.

"España es uno de los países más favorables" a la hora de prestar asistencia sanitaria a los extranjeros indocumentados, explicó hoy a los medios la presidenta de la ONG en España, Teresa González, tras una rueda de prensa para presentar el estudio.

Sin embargo, González puntualizó que el acceso a la sanidad en España "se complica por los trámites administrativos", ya que los inmigrantes se ven obligados a acreditar que no tienen recursos y, además, a presentar su certificado de empadronamiento.

De este modo, aproximadamente el 30% de los indocumentados "se queda fuera del sistema", lamentó.

No obstante, valoró el "esfuerzo" de determinadas comunidades autónomas para garantizar la asistencia a estas personas y, de este modo, reconocer la realidad a la que se enfrenta una parte de la población.

Murcia, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Andalucía ya han flexibilizado el sistema de obtención de la tarjeta sanitaria, puesto que todas las personas inmigrantes sin permiso de residencia pueden ser titulares de dicho documento sin necesidad de presentar ninguna acreditación administrativa.

La presidenta de la ONG en España puso como ejemplo a la Comunidad Valenciana, donde las autoridades han diseñado una "tarjeta solidaria" que evita tener que acreditar el empadronamiento.

También manifestó su satisfacción por el hecho de que el País Vasco esté estudiando incorporar un sistema por el cual la residencia quedaría demostrada gracias a la confirmación de un vecino del demandante de la tarjeta.

En cualquier caso, los niños y las mujeres embarazadas están exentos de los requisitos administrativos en todas las comunidades autónomas.

De este modo, de los once países de la UE objeto del estudio, España, Bélgica y Francia son los más abiertos a la hora de prestar cuidados sanitarios a los inmigrantes sin papeles.

Frente a ello, los del Norte, concretamente Suecia, Reino Unido y Alemania, son los que menos reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, denunció la española.

Así, los inmigrantes sin permiso de residencia en Suecia, incluidos los menores y las mujeres embarazadas, no tienen ningún tipo de acceso gratuito a la sanidad, aunque se encuentren en una situación de urgencia o con una enfermedad infecciosa grave.

En Alemania, las instituciones administrativas públicas, incluidas las que tienen competencia en materia sanitaria, tienen la obligación de denunciar a los inmigrantes sin papeles que acudan a sus centros, lo que evita que se generalice la atención sanitaria.

González defendió que la sanidad "no es un artículo de lujo, es un servicio público y un derecho de todas las personas".

Además, alertó de los riesgos que puede conllevar "poner a la gente más vulnerable fuera del sistema" desde el punto de vista sanitario y, concretamente, alertó sobre las consecuencias epidemiológicas.

"Me preocupa que los Gobiernos no estén aprobando políticas de salud, sino de control migratorio", dijo.

El informe refleja que la mayoría de los inmigrantes llega a la UE por razones económicas (56%), mientras que tan sólo un 6% lo hace por razones sanitarias.

Por ello, la responsable de Médicos del Mundo abogó por desterrar la idea de la "inmigración sanitaria", aunque reconoció que es un mito que "se está alimentando".

"No me imagino a un maliense cruzando el estrecho en patera para hacerse tratar una enfermedad", dijo.

En su opinión, existe un turismo sanitario, pero protagonizado por personas de países ricos y fríos, como Alemania o Reino Unido, que buscan "un mejor sistema de salud y un clima más cálido".

Por ello, el estudio concluye que los indocumentados "no han venido para aprovecharse del sistema social y sanitario europeo ni para recibir tratamientos médicos".

Finalmente, la ONG demanda la protección del secreto médico y la prohibición de denunciar a las personas sin permiso de residencia cuando estas sean recibidas en consulta.

También solicita que el Parlamento Europeo apruebe una resolución para "reafirmar la necesidad de igualdad en el acceso a la atención médica" y la concesión del permiso de residencia para los indocumentados que sufran enfermedades de gravedad.

El Corte Inglés modifica turnos a 40.000 empleados para mantener el empleo, con el rechazo de CC.OO. y UGT

MADRID.- El Corte Inglés modificará los turnos y horarios de aproximadamente 40.000 trabajadores, vigentes desde 1995, con el fin de mantener la viabilidad del empleo en el actual escenario de crisis económica, tras cerrar un acuerdo en el comité intercentros, con el rechazo de CC.OO. y UGT y el apoyo de Fetico y Fasga, informaron hoy fuentes sindicales.

Tanto CC.OO. como UGT calificaron de "auténtica aberración" y "nefasto" el acuerdo, por lo que no descartaron adoptar medidas jurídicas y sindicales para impugnarlo y evitar los "efectos negativos que tendrá sobre los derechos" de la plantilla.

"Nuevamente se impone la maquinaria avarienta y desmedida de El Corte Inglés, consumando un nuevo modelo de distribución de la jornada que en muchos casos puede poder en grave peligro la continuidad de la relación laboral y de manera generalizada la utilización en exclusiva y a su mero beneficio del tiempo de trabajo", señalaron desde UGT.

Por su parte, desde CC.OO. consideraron que dicho acuerdo no es "adecuado ni es la solución a la situación económica de la empresa", ya que "condena" a más de 40.000 trabajadores a unos turnos con los que no podrán conciliar la vida laboral y familiar, al tiempo que denunciaron la negativa del grupo a aceptar ninguna de las propuestas sindicales.

La empresa achacó la puesta en marcha de esta medida a causas económicas y organizativas, centradas principalmente en el profundo deterioro del consumo de los hogares por la caída de renta de las familias, la destrucción de empleo y las restricciones al crédito, apuntaron las mismas fuentes.

Tras el periodo de consultas preceptivo con los representantes legales de los trabajadores, la dirección del mayor grupo de distribución español tiene previsto que esta medida sea puesta en funcionamiento lo antes posible y, en todo caso, antes del próximo 1 de noviembre.

Fuentes sindicales apuntaron en este sentido que los jefes de personal de algunos centros de trabajo ya han empezado a informar hoy mismo a algunos empleados sobre la modificación de turnos y horarios.

En cualquier caso, la intención es que los trabajadores puedan tener su horario laboral planificado hasta con un año de antelación, de forma que el 1 de enero sepan cuales serán sus turnos de todo el ejercicio para que puedan organizar con tiempo sus vacaciones y periodos de libranza.

Según señalaron las mismas fuentes, la empresa explicó a los representantes sindicales que el escenario económico general y de la propia empresa es "absolutamente distinto" al de años anteriores, lo que obliga a aprovechar los recursos empleados, tanto humanos como materiales de una manera "más eficaz y eficiente".

"Esta medida pretende mantener la viabilidad en el empleo asegurando la competencia en el mercado y una mayor optimización de los recursos humanos", subrayó la empresa a los representantes sindicales al dar a conocer su propuesta.

La dirección del grupo considera que las necesidades de atención a la demanda del público no son regulares ni pueden atenderse adecuadamente con una distribución "rígida" de la jornada, como es la vigente, al tiempo que apunta que la distribución actual registra una mayor presencia del personal en momentos que hay menor necesidad comercial.

En consecuencia, la compañía pretende avanzar sustancialmente en la mejora de su atención al consumidor mediante una adecuada presencia de los profesionales en atención a la actividad de venta. "Con ello se mejora la posición competitiva de la empresa y se refuerza la base que garantiza la estabilidad del empleo", argumenta la compañía.

Para este fin, se atenderá especialmente a reforzar los tiempos que registran la mayor afluencia de clientes y a reducir aquellos con más baja actividad.

Otro de los objetivos de la compañía es suprimir momentos de improductividad provocados por los solapamientos de los actuales turnos y horarios en momentos que carecen de justificación.

Asimismo, considera necesario garantizar una óptima cobertura de plantilla en los centros comerciales en las franjas horarias comprendidas entre las 11.30 y las 14.30 horas y entre las 17.30 y las 21.30 horas, que se corresponde con los momentos de mayor actividad de venta diaria.

La compañía cree una acción prioritaria atender a una mayor seguridad en la planificación de desarrollo de la jornada anual de cada trabajador, que le permita la conciliación de su vida familiar y laboral.

Esta regularización de horarios y turnos que acometerá El Corte Inglés se produce después de haberse firmado hace unos meses el convenio colectivo de grandes almacenes, que contemplaba una subida del 2% del salario base para todos los empleados.

La corrupción urbanística arrastra a España al puesto 28 en el ranking de Transparencia Internacional

MADRID.- La corrupción urbanística es la causa de que desde 2004 España haya caído seis puestos en el Índice Global de Percepción de la Corrupción, situándose junto a Qatar y San Vicente y las Granadinas en el puesto 28 de un total de 180 países, con una valoración de 6,5 puntos, según el Informe Global sobre la Corrupción realizado por la ONG Transparencia Internacional (TI).

La corrupción urbanística "ha aflorado" mucho más que años atrás gracias a "la actuación de los jueces, las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación", apuntó el presidente de TI en España, Jesús Lizcano.

Pese a este empeoramiento, se ha dado un avance significativo con la legislación sobre delitos urbanísticos y la nueva unidad de la Guardia Civil creada para perseguir dichos crímenes. "Ha habido un avance relativo con la Ley de Contratos del Sector Público, así como con la Ley de Financiación de los Partidos Políticos", aunque ésta sigue presentando carencias importantes, dijo Manuel Villoria, miembro de la organización.

"Los países latinos somos muy permisivos" con la corrupción, dijo Lizcano. "Admiramos al listo, al pillo, al que defrauda mejor o más", estimó. Por esta razón, el presidente de TI en España puso como ejemplo a seguir a los países nórdicos, donde existen mayores niveles de educación al respecto y cuyos habitantes "denuncian a familiares cuando ven que hacen algo mal".

Por otra parte, la ONG advirtió de que la corrupción es un problema "claramente alarmante en el sector privado", donde además "se está generalizando". Así lo manifestó Lizcano en la presentación en Madrid del Informe, que este año se centra en el análisis de esta cuestión dentro del sector privado.

Lizcano explicó que en la corrupción existen dos partes: el sector público y la "contraparte", entendiendo por ésta "la empresa nacional o la empresa supranacional" que acepta u ofrece sobornos.

En este sentido, lamentó que las empresas procedentes de los países desarrollados "actúan incrementando la corrupción" en las naciones del Tercer Mundo al pagar sobornos, siendo éste un asunto más problemático que "los fallos en las infraestructuras" y los "retrasos en el sistema jurídico".

No obstante, Lizcano señaló que el pago de sobornos es sólo una de las formas de corrupción, puesto que también son prácticas generalizadas el uso de información privilegiada y la fijación ilegal de precios. Se estima que únicamente se conoce uno de cada seis cárteles de precios ilegales, de los que Lizcano criticó que "vulneran la ley de dependencia" y "socavan el crecimiento económico".

"Todos empezamos a ser conscientes finalmente de que la corrupción es uno de los grandes problemas del mundo", dijo por su parte el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker, cuya organización colabora con TI. Pese al objetivo de las autoridades de restringir los salarios de los directivos de bancos, Garrigues Walker matizó que la intención de pagar comisiones "permanece íntegra y viva".

Garrigues Walker denunció que no se actúe con la suficiente contundencia contra los paraísos fiscales. "¿Cuál es la fuerza invencible que hace que se mantengan los paraísos fiscales?", planteó. En su opinión, la solución pasa por "volver a conceptos de racionalidad" y "regenerar la moral pública y la moral privada".

Por último, el director general de la Fundación, Jesús Sánchez Lambás, añadió que una de las formas de acabar con la corrupción en las empresas es dotarlas de protocolos de conducta. "La política empresarial no corrupta y la honestidad vende", aseguró, al tiempo que afirmaba que "el sector privado tiene que ser ejemplar".

El PPCV insta a Zapatero a expulsar a Herick Campos del PSOE por apoyar abiertamente la ruptura del Pacto Antitransfuguimo

VALENCIA.- El vicesecretario de Organización del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, David Serra, instó hoy al presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, a "expulsar a Herick Campos del PSOE por apoyar abiertamente la ruptura del pacto antitransfuguismo", según informaron en un comunicado fuentes del partido.

Serra se pronunció en estos términos tras conocer que el diputado del PSOE por Alicante, Herick Campos, manifestó abiertamente en su blog el apoyo total a la moción de censura que se ha producido en el Ayuntamiento de Benidorm. "Nuevamente Campos demuestra su falta de respeto por la democracia", aseveró.

Afirmó, en este sentido, que "es vergonzoso que dirigentes socialistas se burlen abiertamente de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos de Benidorm, además de poner en evidencia hasta al propio Zapatero apoyando lo que, en teoría, su partido critica", y lamentó que el presidente del Gobierno "haga oídos sordos y consienta que Campos siga cómodamente sentado en su escaño mientras en su blog atenta contra la democracia".

"Instamos a Zapatero a tomar esta medida ya que Alarte no ha movido un dedo, ni tan siquiera ha dado un toque de atención, a todos aquellos alcalde y cargos públicos que se manifestaron a favor del asalto al Ayuntamiento de Benidorm", destacó.

Asimismo, el dirigente popular subrayó que "si verdaderamente los concejales que han secundado la moción han sido dados de baja de militancia de las filas socialistas, Zapatero debería poner orden y expulsar también a aquellos miembros de su partido que apoyen esta acción", al tiempo que destacó que "el no tomar cartas en el asunto se debe a que desde la ruptura del Pacto Antitransfuguismo es apoyada en los pasillos de Ferraz aunque de puertas para afuera se intente hacer creer lo contrario".

Peralta cree procesalmente correcta la decisión del TSJCV de remitir el informe policial del 'Gürtel' al tribunal competente

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, cree procesalmente "correcta" la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de devolver el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV' a la Policía y "al tribunal que en principio es el competente".

Peralta indicó que la investigación policial está "hecha y a disposición de las autoridades judiciales correspondientes" y manifestó que "todos los datos que salieron a raíz del 'caso Gürtel', en principio eran competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y sólo excepcionalmente cuando había personas aforadas afectadas conocían otros tribunales" como el caso del TSJCV o el Tribunal Supremo.

Peralta entiende que "procesalmente es correcta la decisión adoptada por el TSJCV de remitir las actuaciones al tribunal que en principio es el competente", aunque matizó que ésta no es su especialidad. En cualquier caso, resaltó que "esa investigación policial y los resultados de la misma darán lugar a las conclusiones que proceda y por parte de quien proceda".

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido devolver a la Brigada de Blanqueo de Capitales el 'Informe sobre Orange Market SL. Sistema de facturación y financiación de los actos del PPCV', al considerar que no guarda relación con la causa valenciana del 'caso Gürtel', ya sobreseída; que fue presentado 'motu propio' por la Policía, ya que nadie lo pidió; y que no puede considerarse una denuncia.

Con ello, la sala estimaba los recursos de súplica interpuestos por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por el ex vicepresidente y ex conseller, Víctor Campos, y por el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, contra el auto del 10 de septiembre, en el que el tribunal resolvía devolver el informe original a la Brigada de Capitales, pero decidía guardarse una copia del documento.

El tribunal recuerda que en el auto recurrido ya apuntó que el informe no guardaba "relación alguna con los hechos delimitados por esta misma sala, al asumir la competencia para investigar la trama valenciana del 'caso Gürtel'" y recordaba la existencia de un órgano jurisdiccional que asumió la competencia general para seguir las actuaciones iniciadas ante el juzgado Central de Instrucción número 5, órgano al que también se ha enviado el original de este informe, de modo que sea éste quien "adoptará las medidas del caso".

'Compromís' pedirá en el debate de Política General un régimen de incompatibilidades de altos cargos "más estricto"

VALENCIA.- 'Compromís' propondrá en el debate de Política General, que se celebrará en las Corts los próximos días 29 y 30 de septiembre, una serie de medidas "para la regeneración de la política valenciana y la lucha contra la corrupción", entre las que figuran la elaboración de un régimen de incompatibilidades de altos cargos de la Administración valenciana "más estrico".

La portavoz de Compromís en las Corts, Mònica Oltra, defendió el establecimiento en la Administración autonómica valenciana de un "régimen de incompatibilidades más estricto que el actual, que no permita que ningún conseller o alto cargo de la Generalitat pueda conceder o concertar contratos de manera directa o indirecta con la administración dirigidos a empresas participadas o administradas por familiares o amigos".

"Visto el panorama político, creemos que se necesario delimitar más detalladamente los grados de relación entre los adjudicatarios y las empresas para impedir tratos de favor en la concesión de contratos con la Generalitat valenciana", indicó la parlamentaria.

Afirmó que son "notorios los casos de los consellers Juan Cotino y Serafín Castellano" y, al respecto, remarcó que Sedesa, "grupo empresarial de la familia Cotino, ha recibido numerosas adjudicaciones por parte del gobierno del PP", en tanto que Castellano "ha contratado a la empresa constructora de un amigo íntimo para numerosas obras en las consellerias que ha dirigido".

Oltra considera que estas actuaciones "no son éticas" y, por ello, precisó, desde su grupo "reclamamos las reformas legislativas necesarias para que tampoco sean legales".

Alarte asegura que Camps ha instalado el concepto del "todo vale y la impunidad" en la vida política

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, aseguró hoy que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha instalado un modo de entender la vida política", que es el de la "impunidad y el del todo vale". Y, "bajo él campa un concepto de política y un modo de sociedad que --los socialistas-- no queremos", aseveró.

Alarte, antes de visitar el certamen del mueble Ideas&Pasión Feria Habitat Valencia 2009, se refirió de esta manera a la decisión del TSJCV de estimar el recurso del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que rechaza estudiar un informe sobre financiación del PPCV, facilitado por la Policía.

Así, mostró su "perplejidad ante una decisión que no comparto" porque, en su opinión, la Justicia "debe conocer todo para poder valorar qué es lo que aquí está pasando" y que no es cosa de "un informe concreto" sino de un momento político en el que "se ha evidenciado con dureza que Camps ha instalado un modo de entender la vida política", el de la "impunidad y el del todo vale", señaló.

En este sentido, aseguró que en el PSPV "estamos preparados para cualquier escenario", incluso para "afrontar, si hace falta, unas elecciones anticipadas" en la Comunitat, indicó. Alarte, apuntó que "a diferencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no tenemos miedo a los jueces, fiscales o la Policía".

Así, envió un envió un mensaje de "confianza" a los ciudadanos a quienes aseguró que "Nadie ni nada se va a quedar impune".

"Nadie es impune, se llame Camps, se llame Costa o se llame como se llame".

Alarte, no obstante, explicó que no puede concretar cuáles va a ser las acciones procesales porque "todavía no conozco en profundidad el asunto" y explicó que primero consultará con los servicios jurídicos de su formación. Así, subrayó que "es tan grave lo que está en juego que tengo que ser prudente"

El líder de los socialistas valencianos, además, aseguró que "no vamos a aceptar ningún chantaje" y que actuarán con "contundencia, claridad, valor y decisión" para que "todo lo que tiene que ver con Gürtel, hasta el último de sus responsables, se investigue".

EUPV asegura que la deuda del Consell es consecuencia "de una política que ha favorecido siempre al que más tiene"

VALENCIA.- El diputado del Grupo de No Adscritos y miembro de EUPV Lluís Torró aseguró hoy que la deuda del Consell es consecuencia "de una política que ha favorecido siempre al que más tiene" y acusó al PP "de ser el peor gestor que ha tenido la democracia valenciana".

Torró indicó en un comunicado que el gasto "desorbitado" en grandes acontecimientos y un "orden de prioridades de inversión erróneo, que desperdicia el dinero de todos los valencianos y está provocando que las arcas públicas estén en quiebra total".

EUPV consideró que el gobierno del PP "ha gestionado los recursos obviando las prioridades sociales y ahora mismo sigue mirando hacia otro lado, sin hacer frente a la crisis y sin asumir su responsabilidad por el alto número de desempleados".

Para Torró, la política económica del PP "necesita un cambio radical" y sostuvo que la inversión en política social "es la única salida a estas alturas". El diputado autonómico criticó además la política fiscal llevada a cabo por el PP porque incidió en que durante los años de bonanza "ha favorecido a las grandes fortunas, y les ha bajado los impuestos".

"Esto ha incrmentado el déficit y ahora nos encontramos en una situación en la que no podemos afrontar los efectos más graves de la crisis", criticó.

La madre de Leire Pajín será segunda teniente alcalde y concejala de Cultura en Benidorm

BENIDORM.- El nuevo alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, anunció este miércoles que asumirá varias áreas municipales en el nuevo equipo de Gobierno formado tras la moción de censura que le dio la alcaldía, mientras que el edil tránsfuga del PP José Bañuls será primer teniente de alcalde y desarrollará las competencias de Movilidad, Seguridad y Participación Ciudadana y Maite Iraola será segunda teniente de alcalde y asumirá Cultura y Grandes Eventos, Sanidad, y Gestión de la Casa del Mediterráneo.

El alcalde informó en rueda de prensa de que él mismo asumirá las áreas de Nuevas Tecnologías, Cementerio y Atención al Ciudadano; José Bañuls será primer teniente de alcalde si la ley lo permite, y además llevará Movilidad, Seguridad y Participación Ciudadana, Agua, la Concejalía Técnica de Estudios, y Proyectos de Infraestructuras.

Por su parte, Maite Iraola --madre de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín-- además de ser la segunda teniente de alcalde tendrá la responsabilidad de las Concejalías de Cultura y Grandes Eventos, Sanidad, y la Gestión de la Casa del Mediterráneo.

La edil Natalia Guijarro asumirá la responsabilidad de Economía y Hacienda y la portavocía del grupo mientras que Jaime Llinares será el portavoz adjunto y se encargará de Urbanismo, Patrimonio, Diseño e Imagen e Isabel Martínez se ocupará de las áreas de Bienestar Social, Cooperación, Tercera Edad e Inmigración.

Manuel Cabezuelos será concejal de Turismo; Conrado Hernández dirigirá la Concejalía de Escena Urbana, --que comprende Parques y Jardines y Mantenimiento--; Juan Ramón Martínez llevará Deportes y Recuersos Humanos, mientras que Eliseo Yus atenderá las áreas de Comercio, Industria y Consumo.

La concejal Cristina Escoda se ocupará de Fiestas, Igualdad, Juventud y el área recién creada de Infancia; Mariola Fluviá llevará Medio Ambiente, Playas y Contratación e Irene Bajo será la responsable de Educación, de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, Empleo y Fomento y de la Agencia de Desarrollo Local.

El nuevo alcalde destacó que con su llegada al gobierno se producirá una bajada de los sueldos del alcalde y de los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, que ya será efectiva este mes de octubre "si la ley lo permite".

En su primera rueda de prensa como alcalde de la localidad, Navarro además anunció que, entre otras medidas de acción del nuevo equipo de gobierno, se pondrá en marcha un plan de choque de adecentamiento de barrios, para atender "las pequeñas cosas".

Asimismo, propuso la puesta en marcha en 2010 de un segundo Plan de Fomento del Empleo a cargo de un nuevo Plan Zapatero de obras públicas municipales, que incluirá "aquellas obras que más interesen a los ciudadanos", según remarcó.

En cuanto al área de turismo, resaltó que una de las actuaciones preferenciales del nuevo equipo de gobierno será el desarrollo y potenciación del Ente de Promoción Turística, en el plazo de un mes, acción que calificó como "fundamental para que la promoción turística de Benidorm vaya adelante".

El primer edil también planteó la aplicación en Benidorm de un "urbanismo participativo", que "no se consiste en una revisión del Plan General, sino de un avance con luz y taquígrafos, con total transparencia, para que toda la ciudad, desde las asociaciones empresariales, a las vecinales, hasta las Ampas, opinen de qué ciudad quieren en un futuro inmediato".

De acuerdo con esta línea de acercamiento al ciudadano, explicó que el edil José Bañuls se hará cargo de Participación Ciudadana, y en el periodo que ahora se abre, el Ayuntamiento abrirá una Oficina de Atención al Ciudadano, dependiente de Alcaldía, que recojerá las quejas y reclamaciones que entran a diario en el Ayuntamiento, estableciendo un protocolo de actuación de "choque inmediato".

Dentro de este departamento habrá además un apartado de quejas emitidas por los ciudadanos sobre la propia Administración, sus funcionarios, personal eventual, o concejal o concejala, y anomalías en cualquier departamento. "Aquí estamos para servir al ciudadano, y el primero, este alcalde", subrayó Navarro.

Además, los viernes por la tarde, como novedad pactada y negociada con los sindicatos, el Ayuntamiento abrirá los servicios más demandados por los ciudadanos, "llámese Registro o Apertura de Licencias", indicó.

Las dependencias municipales estarán abiertas para recibir la visita del público los viernes por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, y los sábados por la mañana, de 9.00 a 13.00 horas, a partir de octubre, incluida la Alcaldía.

En torno al funcionamiento interno del Consistorio, Navarro avanzó la aplicación a partir del próximo 1 de enero de 2010, de un sistema de huella dactilar, para que los funcionarios fichen a su entrada y salida.

El alcalde explicó que el coche oficial del Ayuntamiento será usado únicamente para desplazamientos justificados, y apostó como alternativa por el uso del transporte público y el servicio de taxi para visitas rutinarias a barrios de la ciudad.

Cemex y Holcim involucradas en un investigación antimonopolio en el sector del cemento

BRUSELAS.- Las autoridades antimonopolio de España y de la Unión Europea allanaron las oficinas españolas de las fabricantes de cemento Cemex SAB de CV y Holcim AG como parte de una investigación de manipulación de precios, dijeron el miércoles la Comisión Europea y las propias compañías.

El órgano ejecutivo de la UE agregó que tenía razones para creer que la mexicana Cemex y la transnacional con sede en Suiza Holcim pueden haber incurrido en prácticas anticompetitivas, en violación de las reglas de la UE que proscriben la formación de cárteles, prácticas comerciales restrictivas y abusos monopólicos.

La Comisión Europea nunca nombra a aquellas compañías a las que inspecciona en busca de evidencia delictiva sino hasta que instruye cargos y no dijo cuántos negocios fueron involucrados en la investigación. Enfatizó que todavía estaba investigando y que no estaba acusando a las compañías de alguna conducta ilegal.

Cemex, una de las mayores productoras de cemento del mundo y con operaciones en más de 50 países, entregó una declaración el martes a la Bolsa Mexicana de Valores en la que dijo que su rama española estaba siendo sometida a una inspección.

"Esta inspección es un paso preliminar en el proceso de investigación a todas las empresas del sector de la producción y suministro de cemento, mortero, hormigón y áridos en España, por posibles prácticas anticompetitivas consistentes en acuerdos de fijación de precios y de reparto de mercado", refirió Cemex SAB en su comunicado.

Holcim también confirmó el martes que los reguladores ingresaron a sus oficinas en España y dijo que la compañía estaba cooperando totalmente.

En noviembre de 2008, los reguladores de la UE hicieron incursiones en varias compañías de cemento en toda Europa _ incluyendo Holcim, la francesa Lafarge y las alemanas HeidelbergCement y Dyckerhoff _ como parte de una investigación similar. Como parte de esa investigación no ha sometido cargos a ninguna compañía todavía.

La Unión Europea tiene el poder de multar con miles de millones de euros a aquellas compañías que hayan violado la ley _ con hasta 10% del volumen total de ventas al año _ pero normalmente ofrece una amnistía a la primera compañía que lo admita. Esa práctica detonó una ola de confesiones monopólicas en años recientes.

Cemex dijo en su declaración del martes que la Comisión Nacional de la Competencia de España (CNC) podría comenzar un procedimiento formal por violaciones a las disposiciones de competencia españolas por parte de las empresas del sector, incluida Cemex.

La empresa no señaló si el caso en España está vinculado con una investigación que autoridades de competencia de la Unión Europea iniciaron en 2008 tras recorrer sus plantas en Alemania y Reino Unido.

Cemex tiene una planta de producción en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig.

El Consejo Fiscal español aprueba el Anteproyecto de Ley de Blanqueo de Capitales

MADRID.- El Consejo Fiscal ha considerado favorable el contenido del Anteproyecto de Ley del Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo, aprobado el pasado 29 de junio por el Consejo de Ministros con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención para que el sistema financiero español no sea utilizado para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

"El conjunto del anteproyecto, con las observaciones reseñadas, es valorado favorablemente", conclye el informe sobre el reglamento que incorpora a la normativa española la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, sobre prevención del blanqueo de capitales.

Entre otras observaciones, el Consejo Fiscal se muestra a favor de las obligaciones de información, que pretenden favorecer la transparencia de las operaciones empresariales entre los directivos, empleados y agentes para que éstos puedan denunciar cualquier indicio de infracción ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

Por su parte, las empresas u organizaciones tendrán la obligación de guardar los documentos referentes a las distintas operaciones durante un periodo mínimo de diez años y de designar a un representante encargado de los documentos y de las relaciones con el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

Los sujetos y las empresas estarán obligadas a declarar determinados movimientos por importe igual o superior a los 100.000 euros. La nueva Ley faculta a los funcionarios aduaneros y policiales para controlar e inspeccionar a las personas físicas, sus equipajes y medios de transporte.

El Consejo Fiscal se pronuncia a favor de que los abogados queden excluidos del deber de informar sobre un cliente cuando obtienen datos de éste con la finalidad de fijar una posición jurídica o su representación en procesos judiciales.

Por otro lado, el Anteproyecto de Ley deja sin efecto la obligación de informar a los afectados acerca de la inclusión de sus datos personales en los ficheros, sin determinar si éstos y su tratamiento son cuestiones que deben ser reguladas por Ley Orgánica, según establece también el artículo 31 la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, advierte el informe.

En sus disposiciones generales, el informe destaca que el delito de blanqueo de capitales, que antes estaba limitado al procedente de cualquier actividad delictiva que comporte un delito castigado con penas superiores a los tres años de prisión, se ampliará a las operaciones sospechosas relativas a delitos con pena inferior a ley la preventiva.

Por último, el consejo fiscal valora positivamente permitir a los jueces de instrucción y al Ministerio Fiscal acceder a los datos del Fichero de Titulaciones Financieras durante las investigaciones contra delitos relacionados con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

El texto del Anteproyecto fue remitido el pasado 25 de agosto por la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al Consejo Fiscal para la emisión del informe. Antes de su trámite parlamentario, deberán emitir sus respectivos informes el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Banco Central Europeo.

CEHAT afirma que una subida del IVA afectaría directamente a la competitividad del sector turístico

MADRID.- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, (CEHAT) mostró hoy su preocupación ante una posible subida del IVA en el alojamiento y la restauración, al considerar que "afectaría negativamente a la competitividad del sector" en relación con otros destinos turísticos.

En un comunicado, la asociación, que agrupa a más de 11.000 establecimientos de alojamientos de toda España, afirmó que ha expuesto a los Ministerios de Economía y de Industria, Turismo y Comercio la situación de otros países y recordó que 22 de los 27 estados miembros de la Unión Europea aplican una tarifa reducida y que competidores directos mediterráneos, como Francia o las Islas Griegas han rebajado el IVA este verano.

En este sentido, CEHAT recordó que se trata de un sector exportador que va dirigido a más de 50 millones de usuarios que visitan cada año nuestro país y ha incidido en casos como el de Suiza, Irlanda, Holanda o Islandia, "que aumentaron el IVA del alojamiento en los últimos años y todos ellos han vuelto a bajarlo, algunos a una tasa hiper reducida".

Además, CEHAT subrayó la evolución del sector turístico en los últimos meses, "uno de los principales motores de la economía española", y señaló la caída de la rentabilidad en todos los alojamientos turísticos, "que han tenido que reducir precios para hacer frente a la actual crisis económica".

Asimismo, a juicio de la confederación una hipotética subida incidiría "negativamente en la medida que podría repercutir en las contrataciones y en el objetivo del sector de seguir potenciando las contrataciones legales frente al trabajo ilegal".

PSOE y PP 'tumban' en el Congreso la iniciativa de IU-ICV contra el fraude y la economía sumergida

MADRID.- El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó hoy con el voto en contra del PSOE, PP y CiU una proposición no de ley relativa a la lucha contra el fraude que incluía, entre otras ideas para combatir la economía sumergida, que las instituciones de inversión colectiva como las Sicav vuelvan a ser supervisadas por la Inspección de Hacienda en lugar de por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El diputado de ICV, Joan Herrera, presentó una "autoenmienda" al texto original, "para facilitar las cosas" y que el PSOE "no tuviera excusas" para poder apoyarla finalmente.

No obstante, y aunque las negociaciones se prolongaron a lo largo de la tarde, los socialistas y las dos formaciones de izquierda no alcanzaron un acuerdo, si bien contaron con el respaldo de sus compañeros de grupo parlamentario, ERC, y del PNV. Herrera advirtió a los socialistas que éste "es un mal comienzo" si buscan recabar su apoyo a los Presupuestos.

La representante del PSOE, Gloria Rivero, incidió durante el debate en que su formación apoyará "todas y cada" una de las iniciativas que se presenten, "independientemente de que cuenten con su voto a favor o en contra", si bien su oferta de transacción a IU-ICV finalmente no prosperó.

El portavoz de Hacienda del PP, Baudilio Tomé, denunció que el único camino para sanear las cuestas publicas pasa por la austeridad y la mejoría de la gestión de los ingresos, mientras el Ejecutivo está dispuestos a cometer el "grave error de exprimir a los contribuyentes".

La diputada de CiU Inmaculada Riera, advirtió de que es necesario continuar impulsando las acciones orientadas a la lucha contra el fraude de ley, pero no su formación "no puede compartir ni entender" la propuesta de IU-ICV, que no son "el camino".

IU-ICV había renunciado a varios puntos de su propuesta original, entre ellos la de la creación de ua Ofician nacional Antifraude para perseguir todo tipo de delitos económicos y financieros, a través de una Policía Fiscal creada 'ad hoc' para ello.

No obstante, mantuvo la petición de "endurecer las penas" a los defraudadores y elevar los plazos de prescripción de los delitos y, en este sentido, Herrera comparó el caso de Estados Unidos bajo la Administración de George W. Bush, con el de España. "Bush encarceló a miles de personas mientras en España apenas hay una decena, con una deuda de más de 4.000 millones", señaló.

Navarro dice que gobernarán como Grupo Socialista de Benidorm y que llevan las siglas del PSOE "en el corazón"

BENIDORM.- El nuevo alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, --proclamado hoy tras la moción de censura presentada contra el primer edil 'popular', Manuel Pérez Fenoll-- anunció que el equipo de gobierno municipal llevará el nombre de Grupo Socialista de Benidorm.

Agregó que ya no podrán utilizar las siglas del PSPV-PSOE, al haberse dado de baja del partido, pero remarcó que, aunque no tienen el carné sí lo llevan "en el corazón".

"No pondremos al lado las siglas del PSPV-PSOE porque no podemos pero, aunque no tenemos el carné, sí lo llevamos en el corazón; faltaría más", exclamó Navarro en declaraciones a los medios.

Después del pleno de esta mañana en el que la moción firmada por 12 ex concejales del PSPV y el tránsfuga del PP José Bañuls salió adelante, Navarro expresó su alegría pero advirtió de que "hoy no acaba nada, hoy es cuando empieza todo nuestro compromiso con los ciudadanos de Benidorm".

"Tenemos 20 meses por delante para demostrar que debemos y podemos hacerlo", aseveró.

De hecho, recordó que esta misma tarde a las 19.00 horas se celebró la primera reunión de trabajo y mañana habrá una rueda de prensa para dar a conocer las "medidas urgentes" que se van a adoptar y el reparto de las concejalías.

En este punto, y aunque no quiso avanzar cómo se distribuirán las delegaciones, sí adelantó que José Bañuls será el primer teniente de alcalde y que no ocupará los departamentos de Urbanismo ni Hacienda.

Asimismo, celebró que Maruja Sánchez --la tránsfuga socialista que en 1991 apoyó la llegada a la alcaldía de Benidorm de Eduardo Zaplana-- ya ha sido destituida. Al respecto, explicó que "los 32 cargos de confianza de este ayuntamiento han cesado con la cesión del propio alcalde, ya que es algo automático de la administración".

"Estoy muy contento de que no se le siga pagando el favor de 1991", remarcó.

Preguntado por el minuto de silencio por la democracia pedido por el PP durante el pleno, Navarro contestó: "nuestro partido hasta hace dos días decía y lo dice constantemente que quien ha roto sistemáticamente el Pacto Antitransfuguismo es el PP, que también lo hizo en Benidorm".

Por su parte, el tránsfuga José Bañuls defendió que en su actuación ha habido "una transparencia total".

"No me he ido a ningún sitio, he estado durmiendo en mi casa y si alguien quiere compararlo con alguna situación se equivoca".

Bañuls --quien criticó que algunos abrazos que ha visto en dirigentes del PP le han parecido "muy falsos"-- reconoció que no se encuentra en una "situación cómoda" pero agregó que "para alguien que tiene la conciencia muy tranquila es asumible".

"Para alguien que sigue realizando su vida cotidiana con total tranquilidad es muy asumible", insistió Bañuls, quien expresó su confianza en lograr "el respeto de aquellos ciudadanos que, tal vez, se quedan un poco en este maremágnum de las siglas y los medios de comunicación y no entienden el fondo de esta cuestión, que es el respeto a los ciudadanos".

Así, argumentó que "cuando alguien plasma unos puntos básicos en un programa electoral lo lógico es cumplirlo y, por lo menos, reconocer los errores de estos años, ya que en ningún momento ha habido esa capacidad de análisis crítico".

Interrogado por su impresión acerca de la visión que los vecinos tienen de él, Bañuls dijo que no ha recibido "ningún tipo de insulto ni mala opinión".

"Evidentemente --prosiguió-- sé que esta actuación no le habrá gustado a todos pero quiero que entiendan por qué lo hago; lo hago con total transparencia en cumplimiento de la ley y ahora hay 20 meses para hacer un trabajo e intentar demostrar que todo esto merece la pena".

El TSJCV admite a trámite el recurso de la PIC contra el Plan parcial del sector 'Lagunas de Rabassa'

ALICANTE.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana(TSJCV) ha admitido a trámite el recurso de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) contra la resolución de la Generalitat por la que se aprueba la homologación y el plan parcial del sector 'Lagunas de Rabassa' de Alicante, según informó hoy la plataforma en un comunicado.

Según la PIC, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda dio luz verde al plan el pasado 5 de mayo en una resolución publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Alicante el 16 de junio.

La entidad subrayó que preparará en los próximos meses la demanda contra "la aprobación definitiva del polémico plan parcial de las Lagunas de Rabassa", actuación que "puede representar el urbanismo depredador que ha sido condenado por el Parlamento Europeo".

"La decisión del TSJCV de reconocer como personados a diferentes representantes de la plataforma en nombre de esta entidad abre el camino jurídico a la participación y actuación en cualquier aspecto del expediente del Plan Parcial de las Lagunas de Rabassa", indicaron desde la plataforma.

La PIC deberá presentar la demanda en los próximos dos meses, una vez el expediente administrativo sea completado y se "basará en diferentes cuestiones jurídicas, tanto de fondo como de forma".

"La demanda contra el plan parcial no se limita a señalar deficiencias evidentes como la falta de agua o las conexiones viarias, sino por estar al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante", que "produciría un desequilibrio territorial de consecuencias claramente negativas para la urbe".

Del mismo modo, la PIC "trabaja, y lo seguirá haciendo, en denunciar la falta de estudios preceptivos sobre aspectos medioambientales", así como del "incumplimiento de la normativa de contratación pública en la adjudicación a Viviendas Sociales del Mediterráneo".

Además, la plataforma aseguró que "los defectos han sido cuestionados por profesionales, asociaciones, partidos políticos o instituciones públicas, como el mismo Síndic de Greuges y la Confederación Hidrográfica del Xúquer", ya que Plan de Rabassa "es el paradigma de lo que conocemos como urbanismo, salvaje, a la carta o de promotor".

El sector del calzado mejoró un 9% sus exportaciones en el primer semestre

VALENCIA.- Las exportaciones del sector español del calzado "han crecido cerca del 9%, en unidades", durante el primer semestre de 2009, después de que "se mantuvieron y crecieron un poco" durante el ejercicio anterior, según destacó hoy el presidente de la Federación de Industrias de Calzado Español (FICE), Rafael Calvo, quien aseguró que afrontan la crisis actual "con relativa tranquilidad".

Calvo se pronunció en estos términos tras la reunión que mantuvo el vicepresidente Consell y titular de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, con el representante de FICE y el presidente de la Federación de Industriales de Calzado de la Comunitat Valenciana (Ficcval), José Sanchís, para impulsar la internacionalización del sector y promover acciones de promoción, para lo que firmaron un convenio con la directora del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), Mar Casanova.

Calvo señaló que "la crisis especialmente grave en estos momentos de España, porque está peor que otros países", afecta "quizá menos" al calzado por tratarse de "un sector muy internacionalizado" y "eminentemente exportador". De hecho, exporta 103 de los 105 millones de pares que produce, aunque "una parte de lo que se exporta es previamente importado por empresas que producen fuera", precisó.

Además, subrayó que el calzado "ha sido capaz de sortear otras crisis" y "también lo está haciendo con esta", de modo que afrontan la situación actual "con relativa tranquilidad" gracias a presentar "unas cifras objetivamente buenas".

"No estamos exentos de dificultades, pero este sector no está dispuesto a tirar la toalla y quiere seguir creciendo en términos relativos, y en términos absolutos también cuando las circunstancias lo permitan", sentenció.

Por su parte, Rambla celebró que el sector "está empezando a tener algún síntoma positivo", con unos "buenos resultados" que achacó al "esfuerzo" realizado y a su apuesta por "estrategias consolidadas en favor de su diseño, su marca, su calidad y su comercialización".

"Aunque queda todavía mucho camino por andar", apostilló.

Alabó asimismo el carácter "eminentemente exportador" del sector, que en 2008 facturó 1.150 millones de euros en la Comunitat --64% del total nacional--, creó 18.175 empleos --65,5% del total-- y dio trabajo a cerca de 1.200 empresas, frente a las 1.832 firmas que aglutina el sector en España, papel que "todavía está acentuando más" dado que "el mercado interior está sufriendo más la crisis que otros países que están ya con síntomas de recuperación".

Rambla reivindicó que la Comunitat es "la primera región exportadora de calzado de España" y sostuvo que "es necesario" que en el futuro pueda mantener "un sector industrial potente en la Comunitat Valenciana del sector calzado que está absolutamente convencido de que puede y va a salir de esta crisis, y quiere ser de los primeros sectores que perciban esa recuperación".

De hecho, se mostró convencido de le será "más fácil" que a otros sectores por "su vocación exportadora de siempre" y podrá "incluso ser punta de lanza de la recuperación en la Comunitat", para lo que contará con el apoyo de la Generalitat y las ayudas del IVEX, que irá "más lejos" para que "fomente la presencia en ferias internacionales", tanto en España como en el exterior.

En la misma línea, José Sanchís resaltó que, tras participar la pasada semana en la Feria de Milán, "parece que se ha roto la tendencia descendente" y empiezan "a ver recuperación en algunos mercados", después de "casi tres temporadas perdiendo producción y valor en exportación".

"Parece que hemos roto esta dinámica", insistió el presidente de Ficcval, quien confió en que "también se rompa esa dinámica descendente en el mercado nacional" con la celebración en Madrid del certamen 'Modacalzado', aunque reconoció que "es difícil".

En cuanto al convenio suscrito hoy entre el IVEX y ambas federaciones, Rambla resaltó que se trata de un "importante acuerdo de impulso a la acción exterior y a la internacionalización de empresas", que está dotado con 80.000 euros y se centra en realizar prospecciones en países como Marruecos, China o Túnez, para que "conozcan el producto" y poder "implantarlo todavía más".

Explicó que busca "acompañar en este momento al sector, hacer prospecciones de mercado y ver las posibilidades" para las empresas de la Comunitat "en esos mercados donde nuestra presencia todavía no es suficiente" y en aquellos que "pueden ofrecer unas posibilidades al sector que hasta ahora no estaban ofreciendo", algo que "individualmente una empresa no tiene capacidad para poderlo hacer".

El presidente de FICE agradeció al Consell la "sensibilidad" mostrada "una vez más" hacia el sector con este convenio y el apoyo que le brinda "siempre" con iniciativas como los Planes de Competitividad o la acción exterior del IVEX, cuya actuación consideró "un ejemplo, porque no sólo apoya al sector, sino que lo hace con una visión de conjunto del sector".

Calvo sostuvo que esa labor permitirá que el sector pueda "incorporarse a la recuperación lo más rápidamente posible", a lo que también contribuirá que "los países que primero se van a recuperar van a ser los países asiáticos, fundamentalmente China, pero también EEUU, Alemania y Francia", sean los "principales países de destino" de sus exportaciones.

Un sindicato de la CAM denuncia el despilfarro del Consejo Territorial de Murcia

MURCIA.- El sindicato Alta ha criticado la reunión que el Consejo Territorial de la Caja del Mediterráneo (CAM) en Murcia va a celebrar a partir de mañana día 23 y hasta el domingo 27 de este mes en la localidad francesa de Carcassone, y considera que se trata de "una irresponsabilidad" por el gasto que va a conllevar.

En un comunicado, la Asociación Laboral de Trabajadores de Ahorro (Alta) ha informado de que ha solicitado al presidente de la entidad, Modesto Crespo, que se suspenda la citada reunión.

Para Alta, aunque Caja Mediterráneo es una entidad sólida y fuerte, es "un mal ejemplo" para empleados, clientes y ciudadanos en general "ver cómo se gasta el dinero en un viaje al que asistirán cerca de medio centenar de personas, que serán alojadas en los mejores establecimientos hoteleros".

Según Alta, el viaje, al que además de los miembros del Consejo, está previsto que asistan responsables de la entidad crediticia en Murcia, todos ellos con sus acompañantes, incluye una "magnífica" ruta cultural y gastronómica.

El viaje, que saldrá del aeropuerto de San Javier en un vuelo privado, incluye, además, un vuelo especial a la ciudad de Lourdes, y un concierto privado de la soprano Michele Mastrani en la Basílica de Saint Nazare, entre otras actividades.

El citado sindicato cree que es una irresponsabilidad incurrir "en gastos tan cuantiosos en pleno azote de la crisis", mientras más de cuatro millones de españoles se encuentran en las listas del paro.

Además, el representante de Alta ha solicitado asistir a la reunión por videoconferencia.

El presidente del citado Consejo Territorial es el empresario de fontanería, Ángel Martínez.

Aprobada la moción de censura contra el alcalde del PP de Benidorm

BENIDORM.- El pleno del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) aprobó este martes la moción de censura contra el alcalde del PP, Manuel Pérez Fenoll, con los votos de los 12 concejales del PSPV de Benidorm y del edil tránsfuga, José Bañuls, y proclamó al hasta ahora portavoz municipal del PSPV, Agustín Navarro, como nuevo alcalde de la localidad.

La sesión plenaria se inició pasadas las 12.00 horas, presidida por una Mesa de edad integrada por los concejales de mayor y menor edad --la edil del PP Carmen González y la socialista Natalia Guijarro--, tal y como establece el reglamento orgánico del pleno municipal.

El pasado 10 de septiembre, los entonces 12 ediles socialistas del Ayuntamiento, entre los que se encuentra Maite Iraola, madre de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, anunciaron la firma con Bañuls de una moción de censura contra Pérez Fenoll, que justificaron en el "desgobierno" municipal, y su intención de darse de baja de militancia del PSPV para no perjudicar al partido.

En esta jornada, se ha formalizado la votación de la moción, en un pleno en el que los simpatizantes de ambos partidos, alrededor de 300 personas, siguieron la sesión a través de una pantalla habilitada en el vestíbulo, y profirieron gritos de apoyo y abucheos conforme fueron tomando el turno de palabra los representantes de las dos formaciones en el Ayuntamiento y en el transcurso de la votación que sacó adelante la moción..

La sesión vivió sus primeros momentos de tensión cuando el todavía alcalde Pérez Fenoll manifestó su disconformidad con el orden de intervención aprobado por la Mesa, y acusó al secretario del Ayuntamiento de "saltarse la ley a la torera". La Mesa, no obstante, no accedió a sus peticiones, y ordenó la continuación del pleno de acuerdo con lo acordado.

A continuación, se dio lectura a la moción de censura y se abrió un turno de palabra en el que intervino en primer lugar el candidato a la Alcaldía y ex socialista, Agustín Navarro, seguido de Manuel Pérez Fenoll y los portavoces de los grupos municipales, Antonio Pérez por el PP y de Jaime Llinares, ex edil del PSPV.

Agustín Navarro aseguró en su intervención que "hoy comienza un nuevo tiempo", "tanto en las relaciones en el Gobierno municipal como con los ciudadanos", y manifestó que su primer "compromiso oficial" será "contar con todos y todas". En segundo lugar, trasladó un mensaje al grupo del PP, a los que dijo "comprender que atraviesan un momento difícil". En este sentido, Navarro consideró que se deben "encontrar puntos de entendimiento en favor de la ciudad".

El todavía candidato a la Alcaldía explicó que su gobierno girará en torno a "cuatro ejes fundamentales": la reordenación de la situación económica, con el fin de "sanear las cuentas públicas a través del rigor presupuestario y la austeridad"; la reconstitución de los servicios sociales públicos, de la educación y de la sanidad, con especial atención para los dependientes; el impulso de los grandes proyectos que "están bloqueados", y el impulso de la participación ciudadana, para que "por primera vez los ciudadanos puedan participar en las decisiones mediante el Reglamento de Participación Ciudadana".

"Vamos a abrir la casa de par en par, y vamos a hacer que el suelo de Benidorm sea para los ciudadanos de Benidorm", anunció Navarro.

Por su parte, Manuel Pérez Fenoll remarcó que "hoy es un día muy triste para la democracia", y se mostró convencido de que "ningún demócrata puede entender el paso que van a dar los 13 concejales" para arrebatarle la Alcaldía al PP en Benidorm. En esta línea, subrayó además que "hoy la voluntad popular está siendo vulnerada", por las "ansias de poder de muchos, que hoy se verán colmadas".

Fenoll auguró que en 2011, "el pueblo, con el voto en la mano, volverá a poner el orden" en el Ayuntamiento. Mientras tanto, aseguró que los 'populares' irán "con la cabeza bien alta", porque la gestión que han realizado ha estado caracterizada por "la honradez y eficacia".

En este punto, el todavía alcalde arremetió contra los ediles que avalan la moción para señalar que "otros no pueden decir lo mismo", y defender que los 'populares' "nunca" se han dejado "chantajear" ni se han sometido a "intereses espúreos".

"Éste es un pueblo y una Alcaldía que, para mí, a diferencia de otros, no tiene precio, y como creo que Benidorm está por encima de todo lo demás, le deseo mucha suerte, señor Navarro", concluyó.

Por su parte, Llinares realizó también una breve intervención en la que recordó que la moción de censura responde a la situación de "caos" y "desgobierno" en el que se encuentra el Ayuntamiento es "responsabilidad del alcalde y del PP", a los que acusó de "falta de capacidad para gestionar el municipio y de falta de diálogo con los ciudadanos".

Llinares cerró su turno de palabra con una alusión a la tránsfuga socialista Maruja Sánchez que en 1991 dio la Alcaldía de Benidorm a Eduardo Zaplana, del PP. "Con su destitución también cesa Maruja Sánchez, que tanto ha costado a los contribuyentes" de Benidorm, apuntó al respecto.

El portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Antonio Pérez, aprovechó su intervención para calificar como "mentiras" todos los argumentos esgrimidos por los firmantes de la moción, y les acusó de "ofrecer una mala imagen" del municipio con esta operación política. "Los motivos reales de esta moción siguen siendo una incógnita, incluso para sus propios concejales", indicó a Navarro.

Antonio Pérez defendió además la labor del hasta ahora equipo de gobierno y propuso guardar "un minuto de silencio por la democracia" para cerrar el pleno, petición que la Mesa rechazó porque, según puntualizó la edil Natalia Guijarro, "la democracia no ha muerto".

Acto seguido, se procedió a la votación de la moción de censura, que salió adelante con los votos mayoritarios de los 12 ex cejales del grupo municipal socialistas y del edil José Bañuls, y a la proclamación de Agustín Navarro como nuevo alcalde de Benidorm, en un pleno que duró unos 45 minutos y que contó en todo momento con los gritos de apoyo y de rechazo de los congregados a las puertas de la sala. Navarro, en valenciano, prometió el cargo por su "conciencia y honor".

El número de cotizantes extranjeros a la Seguridad Social cae un 13,28% en la Comunitat Valenciana

MADRID.- El número medio de cotizantes extranjeros a la Seguridad Social en agosto en la Comunitat Valenciana alcanzó los 201.292, lo que supone un decrecimiento interanual del -13,28%.

En toda España, la afiliación media de trabajadores extranjeros se situó en agosto en 1.915.328 ocupados, tras perder en el mes 19.549 personas (-1%), según datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Con esta caída en el número de cotizantes extranjeros a nivel nacional, se rompe la racha alcista después de cinco meses consecutivos en los que el sistema ganó afiliados extranjeros.

Del conjunto de inmigrantes que estaban afiliados al sistema al finalizar el mes pasado, 671.846 trabajadores procedían de países comunitarios, mientras que 1.243.483 eran trabajadores no pertenecientes a la UE.

Dentro de los países no comunitarios, 230.420 eran de nacionalidad marroquí y 202.205, ecuatoriana. Colombia, con 129.325 trabajadores, se situó como tercer país de procedencia de afiliados, por delante de Perú, que contó con 78.882 cotizantes.

El resto de afiliados no comunitarios se repartieron entre China (74.135), Bolivia (70.227), Argentina (52.423), República Dominicana (34.807), Ucrania (33.228), y Brasil (25.669), entre otros.

Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y portugueses son los más numerosos, con 265.144, 67.366 y 60.472 cotizantes, respectivamente. Les siguieron británicos y búlgaros, con 53.294 y 52.383, y algo más lejos, los alemanes, con 43.195 afiliados.

La mayor parte de los extranjeros que estaban afiliados a la Seguridad Social al finalizar agosto se encuadraban en el Régimen General, con 1.312.830 cotizantes, seguidos del Régimen Agrario (218.916), el Régimen Especial de Autónomos (203.188), el del Hogar (174.046), el del Mar (5.641) y el del Carbón (707).

Dentro del Régimen General, un total de 302.471 extranjeros, el 23,04%, trabajaba en la hostelería, mientras que el 15,87% lo hacía en la construcción (208.323 afiliados). Tras la hostelería y la construcción, el sector que más extranjeros concentra es el comercio, con el 15,81% (207.555 afiliados).

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid concentraron cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social en agosto, al sumar entre ambas el 44,09% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 437.092 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 407.341.

Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 210.426 afiliados extranjeros; Comunitat Valenciana, con 201.292 ocupados; Murcia, con 88.656; Baleares, con 90.660; Canarias, con 82.319; Castilla-La Mancha, con 77.124; Aragón, con 68.939; Castilla y León, con 63.613, y País Vasco, con 51.263.

Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar agosto fueron Galicia, con 41.539 extranjeros; Navarra, con 27.452; La Rioja, con 16.252; Asturias, con 16.478; Extremadura, con 14.481; Cantabria, con 14.233, y las ciudades autónomas de Melilla, con 3.734, y Ceuta, con 2.436.

Una de cada siete suspensiones de pagos en la Comunitat Valenciana son ya de familias o particulares

VALENCIA.- Una de cada siete suspensiones de pagos en la Comunitat Valenciana son ya de familias o particulares, según datos de Affirma Abogados&Consultores hechos públicos hoy. Así, "agobiadas" por los problemas económicos, un total de 31 familias valencianas se han acogido al concurso de acreedores durante el primer semestre del año, lo que supone un crecimiento interanual cercano al 85 por ciento, recalcaron las mismas fuentes.

Las cifras se incrementarán después del verano, según la experiencia de Affirma, pues es la época del año en el que más solicitudes de este tipo se concentran en los juzgados del país, auguraron las mismas fuentes.

Alicante es la provincia que cuenta con un mayor número de familias que han recurrido a un concurso de acreedores, con 12 casos, respectivamente, durante este primer semestre del año. Le sigue Valencia, con 11, y Castellón, con 8.

En cuanto al perfil de quienes optan por la suspensión de pagos para saldar deudas es el de una pareja de mediana edad en la que ambos trabajan. "Los desequilibrios llegan cuando falla el trabajo de uno, puesto que se reducen los ingresos a la mitad, pero los recibos llegan puntualmente", comenta el director general de Affirma, Carlos Zambudio.

La suspensión de pagos no es sólo cuestión de empresas, ya que los particulares también pueden acogerse a este procedimiento judicial, que aplaza y reduce los pagos, según la Ley Concursal vigente desde 2004.

Los particulares que se acogen a esta opción para evitar el embargo, deben de declararse en suspensión de pagos y pueden abonar su deuda en un plazo de cinco años. En algunos casos, dicha deuda puede rebajarse hasta un 50 por ciento tras las negociaciones con los acreedores.

Las familias que se acogen a este tipo de concursos mantienen el salario mínimo interprofesional, que no puede embargarse. Lo que significa que seguirán cobrando, al menos, 570, euros al mes.

La crisis económica reduce el consumo de drogas en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- La crisis económica reduce el consumo de drogas, tanto de sustancias permitidas como de las ilegales. Y es que con este hábito sucede lo contrario que con determinados problemas sociales en épocas de dificultades económicas, ya que no aumenta el consumo. "A mayor disposición económica, más probable es el consumo de sustancias y a menor disposición económica, menor consumo".

Así lo explica el director del Máster en Prevención y Tratamiento de las Conductas Adictivas de la Universitat de València, Francisco Verdú, un curso único en el ámbito nacional, sobre la prevención y tratamiento de las conductas adictivas, informaron hoy fuentes de la institución académica.

En la Comunitat Valenciana se atendieron el pasado año 2008, más de 13.600 casos de conductas adictivas, el 70 por ciento producidas por el consumo de cocaína y del alcohol. A pesar de que en las últimas décadas ha sido la heroína la que ha marcado el devenir del consumo de sustancias adictivas, en la actualidad es la cocaína la protagonista del consumo de estas sustancias, y el alcohol que antes y ahora sigue siendo el comodín legal del consumo, del abuso y la dependencia, señaló el director del máster.

Verdú manifestó que, entre las últimas investigaciones que se han realizado en el campo de la biología y la genética, se puede verificar la existencia de que pudiera haber algún atributo o algún gen que pueda determinar la probabilidad de que determinadas personas puedan padecer una adicción en mayor medida que otras, "aunque es cierto que existen diferentes sustancias que tienen un componente social muy importante, como ocurre con el tabaco y el alcohol".

Hoy en día, como apunta el experto, se trabaja en identificar cuáles son los mecanismos de la adicción, "pues los resultados de los estudios indican cómo el cerebro procesa las propiedades adictivas y de recompensa de las drogas y como consecuencia de estos hallazgos nos conducen a nuevas terapias para evitar la dependencia y tratar mejor la abstinencia".

Para Verdú, se hace necesaria la existencia de una vacuna para paliar el efecto de algunas drogas y "bloquear así determinadas sustancias en el cerebro para que no puedan producir la parte de recompensa que producen las mismas". En la actualidad, para ello, se está estudiando la realización de la vacuna que palie el consumo de la cocaína.

En estos momentos, según explica el director del máster, sí que existen determinadas sustancias, como es el caso de la heroína, que pueden ser compensadas por otras sustitutivas de los opiáceos, pero, hay otras que no llevan unidas ningún tipo de fármaco, como el cannabis o la cocaína.

El máster de la UV es un curso de especialización que se realiza a través del Aula Virtual de la Fundación Universidad-Empresa de ADEIT y que tiene una disponibilidad de 24 horas. Analiza la intervención y la investigación desde el comportamiento de nuestro cerebro hasta los diferentes protocolos de actuación que deben establecerse en estos casos, concluyeron.

Camps asegura que las cuentas del PP son "públicas, transparentes y están auditadas"

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Francisco Camps, señaló hoy que las cuentas del PP valenciano son "públicas, transparentes, están auditadas y el Tribunal de Cuentas da buena cuenta cada año de la financiación de todos los partidos políticos", por ello "no hay ningún problema", apostilló.

Camps se refirió de esta manera, a preguntas de los periodistas, a una información que publica el diario 'El País', sobre la financiación del PP, antes de presidir la presentación de la plataforma de administración local de la Comunitat.

El responsable 'popular' añadió, tras argumentar la transparencia de las cuentas del PPCV, que "obviamente no hay ningún problema" en las mismas.

EUPV pide a los jueces que investiguen el informe sobre una supuesta financiación de constructores al PPCV

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV, Marga Sanz, calificó hoy de "muy grave" un "informe policial que habla de financiación de constructores al PP" y reclamó a los tribunales que cumplan su tarea "de investigar a fondo todas estas cuestiones" porque consideró que es "impensable" que no se haga.

Sanz indicó en un comunicado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no debería "archivar" la investigación sobre este informe policial y lamentó que los valencianos "estemos asistiendo a un continuo goteo de informaciones, hechas públicas a través de los medios de comunicación, sin que ningún responsable político del PP dé explicaciones".

No obstante, para Sanz, "lo más grave" es que la Justicia no "actúe" al respecto. "Nos preguntamos todos los días cuál es la imagen que algunos políticos, y también los tribunales, están dando a los ciudadanos y ciudadanas", indicó.

"Es impensable que se permitan hechos de la magnitud de una presunta financiación de constructores al PP, y que estas pruebas reunidas en un informe policial sean arrinconadas y dejadas en el olvido por el TSJCV como si no pasara nada", denunció.

La dirigente de izquierdas consideró que el clima "al que se está acostumbrando la sociedad valenciana a consecuencia de las actuaciones del PP es absolutamente tóxico" y sostuvo que hay "ciertas cosas que no pueden permitirse sin que haya una investigación que aporte luz a estas pruebas y sospechas".

"Los presuntos casos de financiación ilegal, con empresas implicadas como Lubasa o Sedesa, esta última vinculada familiarmente al conseller Juan Cotino, demuestra la necesidad de una limpieza urgente a través de una investigación seria por parte del Justicia", manifestó.

El 96% de los valencianos dice que ha puesto un tope a la cantidad destinada a la compra por la crisis

VALENCIA.- Un 96 por ciento de los valencianos declara que se ha impuesto un tope en la cantidad destinada a la compra, lo que supone medio punto más que la media nacional. Aún así, la Comunitat Valenciana sobresale por su consumo en la mayoría de los sectores analizados.

Estos datos se desprenden del informe 'El Observador de la Distribución 2009' presentado hoy por Cetelem, banco experto en crédito al consumo perteneciente al grupo BNP Paribas, durante la celebración de la Feria Hábitat Valencia 2009, Ideas&Pasión.

El 62 por ciento de los consumidores valencianos compró electrodomésticos en el último año, una cifra que se sitúa siete puntos por encima de la media nacional. Sin embargo, los ciudadanos de la Comunitat "miran bien lo que consumen" ya que "son los más reacios", con un 27 por ciento a consumir la marca blanca de este sector.

En muebles, también la Comunitat se posiciona como "líder" con un 42 por ciento de consumo declarado, frente al 37 por ciento del resto de España, según se desprende de los datos de este estudio.

Asimismo, se revela que el consumidor valenciano es el "más sensible" a las ofertas financieras, puesto que un 55 por ciento asegura que ha notado un incremento en el volumen de ofertas de financiación. Esta percepción está cinco puntos por encima que la del resto de los españoles.

Los valencianos son los que más valoran una completa oferta de financiación en el punto de venta, según lo declara el 72 por ciento de los consumidores de la Comunitat, frente al 67 por ciento en el ámbito nacional.

En cuanto a las estrategias para incentivar el consumo puestas en marcha por los distribuidores españoles --entre las que destacan la venta de productos de menor precio y el cambio en el ambiente de las tiendas-- un 34 por ciento de los valencianos afirma que ha incrementado sus compras por estas nuevas medidas, frente al 35 por ciento en el caso de la media nacional.

El informe también pone de manifiesto que los sectores que cuentan con un Plan Renove se sitúan en las primeras posiciones del ranking de demanda. Así, el 78 por ciento de los valencianos reclama que esta iniciativa se amplíe a otros sectores.

Seis constructoras financiaron al PP de Valencia a través de la 'trama Gürtel'

VALENCIA.- El PP valenciano, dirigido por Francisco Camps, presidente autonómico, y Ricardo Costa, secretario general del partido en esta comunidad desde 2007, financió una parte de sus actos políticos con dinero de constructoras, según un informe policial. Estas compañías pagaban a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios supuestamente no prestados, según la investigación. A su vez, Orange Market se encargaba de todos los actos del PP, algunos de ellos financiados con dinero procedente de constructoras, según revela hoy 'El País'.

Entre las empresas que figuran dentro de esta trama están Lubasa, una de las principales adjudicatarias de obra pública en la Comunidad Valenciana, y Sedesa, empresa vinculada a Juan Cotino, consejero del Gobierno Camps. Orange Market, la intermediaria de estas prácticas, recibió de la Administración valenciana al menos 45 contratos, la mayoría a dedo, por casi ocho millones de euros.

La documentación que acredita estos hechos fue incautada a Orange Market, según fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Valencia conocedoras del informe elaborado por la Brigada Policial de Blanqueo.

Lubasa es la primera constructora de Castellón. Especializada originalmente en obras públicas, ha diversificado sus actividades en el sector inmobiliario. Un portavoz de Lubasa aseguró ayer que habían contratado con Orange Market "alguna cosa de merchandising", y aclaró: "Evidentemente, no hemos financiado ningún acto del PP, ni del PSOE ni de ningún otro partido".

Sedesa, otra de las empresas que dio dinero a Orange Market, fue fundada por el padre de Juan Cotino, ex director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y actual consejero de Agua, Territorio, Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno que preside Francisco Camps.

Sedesa, presidida por un hermano de Cotino, es hoy una inmobiliaria con intereses en tratamiento de residuos, limpieza, inmobiliaria o depuración de aguas. Este periódico intentó, sin éxito, recabar la versión de Sedesa sobre la financiación del PP.

El informe policial que acredita estas prácticas tiene 89 folios y cinco anexos. Llegó el pasado 31 de julio al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pero los magistrados de la Sala de lo Penal, que preside Juan Luis De la Rúa, amigo declarado del presidente Camps, decidieron no investigar estos hechos con la excusa de que no guardaban relación con la causa abierta a cuatro dirigentes del PP por cohecho impropio (haber recibido múltiples regalos de la trama corrupta).

En el auto que los magistrados firmaron el pasado 10 de septiembre, se quejaban de la forma en que recibieron el informe policial y contestaban: "El 31 de julio de 2009, y sin que existiera petición al respecto, ni por parte de esta sala ni por el Magistrado Instructor, tuvo entrada en la Sala un denominado Informe sobre Orange Market. Sistema de financiación de los actos del PP de la Comunidad Valenciana, remitido por el comisario Jefe de la Brigada de Blanqueo".

Los magistrados lo leyeron y, aunque no explican su contenido en el auto, simplemente señalan que "es la continuación de toda una serie de informes anteriores remitidos a las autoridades que la Comisaría estimaba competentes". Tras su reflexión, los magistrados recuerdan que las diligencias que ordenaron incoar contra los aforados "están archivadas (cerradas) por el auto de sobreseimiento, refiriéndose el contenido de dicho informe a un objeto diferente".

Es decir, la Sala de lo Penal presidida por De la Rúa considera un "objeto diferente" la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, cuyos principales dirigentes gobiernan en la Comunidad que adjudica a dedo múltiples contratos a Orange Market, la empresa que les regala trajes por más de 30.000 euros y que monta todos los actos del partido.

Los magistrados de la Sala de lo Penal que archivaron la causa contra Camps despreciaron -en un auto del 10 de septiembre reproducido sobre estas líneas- los indicios que la policía encontró de financiación ilegal del PP valenciano, con el argumento de que no guardan relación con los hechos.

IU-ICV propondrá mañana al Congreso crear una Oficina Nacional Antifraude con su propia policía fiscal

MADRID.- Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) defenderá mañana en el Congreso una iniciativa que persigue reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la corrupción a través de la creación de una Oficina Nacional Antifraude que asuma la investigación del blanqueo de capitales y todo tipo de delitos económicos a través de una "policía fiscal" integrada por unidades especializadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y unidades operativas de vigilancia aduanera.

El diputado de ICV en la Cámara Baja, Joan Herrera, defenderá una proposición no de ley que recoge buena parte de las denuncias lanzadas en los últimos meses por la Asociación Profesional Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), y aboga por reformar la figura del delito fiscal, modificando los grados de los distintos tipos de infracciones tributarias.

Además, reclama que se apruebe una Ley Anticorrupción para potenciar los órganos jurisdiccionales encargados de su represión, mediante el auxilio de un mayor número de inspectores y técnicos de Hacienda, para lo que reclama que se eliminen las restricciones presupuestarias a la oferta de empleo público en lo referente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Herrera reclama que se apruebe el Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria para definir con claridad sus funciones y estructura, acabando con la "conflictividad interna" que ha lastrado su eficacia en los últimos años y supere la "insatisfacción" de los funcionarios.

Así, la Oficina Nacional Antifraude dependería de la Agencia Tributaria, integrando a inspectores de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Fiscalía, y tendrá entre sus prioridades luchar contra las tramas de fraude del IVA.

Asimismo, plantea la creación de un régimen especial para los defraudadores, que permita su persecución son endurecer la situación del resto de contribuyentes, concentrándose en los "grandes focos" de estas actividades, como los paraísos fiscales. Para esto, reclama que se refuerce el control del patrimonio de las personas físicas y jurídicas para detectar "incrementos no justificados" en el mismo.

El texto recalca que diferentes estudios sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al 20-25% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone más de 200.000 millones de euros, mientras que los ingresos directos por liquidaciones contra el fraude realizados por la AEAT apenas han llegado a alcanzar en ningún ejercicio el 10% de los potenciales ingresos del fraude.

Costa defiende que en la financiación del PP "está todo claro" y dice que no tiene relación comercial con Correa

ALICANTE.- El secretario general del PP en la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, defendió hoy que en la financiación del PP "está todo claro", y aseguró que él "a nivel personal" no tiene relación comercial con Francisco Correa, imputado como uno de los presuntos cabecillas de la llamada 'trama Gürtel'.

A preguntas hoy en Benidorm de los medios de comunicación sobre la información publicada hoy en el diario 'El País', según la cual el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana habría rechazado investigar supuestas pruebas de financiación ilegal del PP, Costa afirmó que "es una filtración más", y él "poco más" tiene que "decir a lo que ha dicho el propio Tribunal Superior de Justicia, que ha archivado dicho informe", aseveró.

"Sí decirle que, como siempre, hemos defendido la financiación del PP, que ahora está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, es auditada de forma externa y de forma interna, y por lo tanto está todo claro", añadió.

Así mismo, manifestó que él mismo "a nivel personal" no tiene ninguna relación comercial con el señor Correa, "y el PP tan sólo ha tenido a efectos de proveedor con una empresa que se llama Orange Market, y ya no la tiene", concluyó.

El Ayuntamiento de Benidorm celebra mañana el pleno que debatirá la moción de censura contra Pérez Fenoll

BENIDORM.- El Ayuntamiento de Benidorm celebrará mañana al mediodía el pleno extraordinario para debatir la moción de censura presentada por los 12 concejales del PSPV con el apoyo del edil tránsfuga del PP José Bañuls, que dará la alcaldía al socialista Agustín Navarro, y desbancará a los 'populares' del equipo de gobierno, dirigido por Manuel Pérez Fenoll.

La convocatoria ha obligado al Ayuntamiento a establecer un dispositivo especial de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del edificio, que contará con una veintena de agentes de la Policía Local, que velarán para la sesión se pueda desarrollar "con total normalidad y sin interrupciones".

En el interior, al salón de plenos podrán acceder, además de los 25 miembros de la corporación municipal, un total de 50 invitados --dos por cada edil--, y quedarán dos o tres asientos para otros invitados destacados que puedan acudir en el último momento, según detallaron hoy fuentes municipales, quienes explicaron de "ningún cargo destacado ha confirmado asistencia todavía".

Además, los ciudadanos que quieran seguir la sesión podrán hacerlo desde el salón de actos del Ayuntamiento de Benidorm, con capacidad para 200 personas, a través de una pantalla que retransmitirá el desarrollo del pleno.

El dispositivo de seguridad también contempla la posibilidad de que se produzca la asistencia masiva de militantes y simpatizantes del PP y PSOE a las puertas del Ayuntamiento de Benidorm, por lo que en el supuesto de que se produjera algún problema de orden, la Concejalía de Seguridad Ciudadana prevé movilizar a más efectivos de la Policía Local e incluso pedir refuerzos a la Policía Nacional.

Agustín Navarro, quien a partir de mañana, si prospera la moción, será el nuevo alcalde de Benidorm, tras 16 años de gobierno del PP, justificó esta medida el pasado 10 de septiembre, en la necesidad de "sacar a la ciudad de la situación de ingobernabilidad en la que se encuentra sumido el Ayuntamiento".

Para presentar la moción de censura el pasado 10 de septiembre, los ediles socialistas se apoyaron en el ex edil del PP, José Bañuls, quien ocupaba la Concejalía de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Juventud y el pasado 25 de mayo presentó la renuncia a sus competencias, aunque no a su acta de concejal, al considerar que el alcalde de la localidad, Manuel Pérez Fenoll tenía una "falta de confianza" en él y anunciaba que su futuro político se lo plantearía a partir de ese momento.

Ya en el pleno del consistorio del pasado 10 de julio, los concejales del PSPV y el ex popular José Bañuls se unieron para aprobar una moción de urgencia que suponía vaciar de competencias al equipo de gobierno ya que se acordó "revocar las delegaciones de la Alcaldía y la Junta de Gobierno Local" y transferirlas de nuevo al Pleno Municipal, además de revocar cargos de confianza del equipo de gobierno 'popular'.

El PP consiguió en otra sesión plenaria el pasado 26 de agosto anular los acuerdos de julio por la abstención del PSOE y Bañuls, que se negaron a votar, lo que el secretario municipal interpretó como una abstención. De esta forma, recuperaba parte de sus atribuciones, aunque la moción de censura estuvo planeando todo el verano sobre el consistorio hasta que se presentó el pasado 10 de septiembre.

Alarte asegura que el PSOE no sancionará a los cargos que acudan a la moción de censura de Benidorm

ALICANTE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, afirmó este lunes que su partido no sancionará a los cargos ni militantes que mañana martes acudan a Benidorm con motivo de la moción de censura que previsiblemente dará la Alcaldía al socialista Agustín Navarro, y desbancará del gobierno al equipo popular liderado por Manuel Pérez Fenoll.

Tras la reunión mantenida este lunes con el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante, interrogado por los medios de comunicación, Alarte remarcó que el PSOE es "un partido absolutamente democrático y a nadie se le expedienta ni se le sanciona por ir a pleno ni por ir a nada que se le parezca".

"Si usted revisa todas mis declaraciones públicas sobre este tema, verá que yo jamás dije eso, ustedes, todo el mundo especula, y este es un partido democrático y abierto, y la gente puede acudir a ver cosas que el partido comparte o que no comparte", declaró.

En esta línea, preguntó a los periodistas presentes si acaso piensan que el PSOE "va a expedientar a alguien que vaya a ver un acto público en el que se dicen cosas en contra de la disciplina del partido".

"Hay algunas confesiones religiosas que no dicen precisamente lo mismo que nosotros y tenemos a mucha gente nuestra que va todos los sábados a escucharlos, y además lo hacen desde el respeto", afirmó, a lo que añadió: "que no haya ninguna duda, este partido no comparte lo que va a pasar previsiblemente el martes ni el presidente Zapatero ni yo, porque creemos en el pacto antitransfuguismo, pero éste es un partido libre", insistió.

Alarte también defendió que en el PSOE "no hay ningún problema", y consideró que "la cosa se anima más cuando parece que lo hay". A su parecer, "el único problema que hay en Alicante a nivel político es el que tiene el PP, que le sangra en todas partes", indicó, para referirse a la situación de Villena y Alicante.

Compromís considera "inconcebible" que el TSJCV "deseche" investigar unos "supuestos indicios delictivos"

VALENCIA.- La portavoz de Compromís en las Corts y miembro de Iniciativa del Poble Valencià, Mònica Oltra, afirmó este lunes que "la obligación de los jueces es investigar a partir de los informes que les ofrece la policía", ya que esto "es lo mínimo que se le puede exigir a nuestro sistema judicial", y, al respecto, calificó de "inconcebible" que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "deseche" investigar unos "supuestos indicios delictivos".

"Para cualquier ciudadano es difícil comprender como un tribunal puede desechar investigar siquiera lo que le apunta la policía sobre unos supuestos indicios delictivos", subrayó Oltra en un comunicado, y consideró "inconcebible" que esto haya ocurrido en el TSJCV "con el informe policial de la presunta financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel".

A su juicio, "este hecho contrasta con lo que sucede en la justicia ordinaria donde los magistrados, con más volumen de trabajo, sí leen y tienen en cuenta los informes policiales antes de tomar decisiones".

"Pensar en las razones que han llevado al TSJCV, presidido por Juan Luis de la Rúa, a tomar tan incomprensible decisión hace dudar a la ciudadanía de la imparcialidad de sus deliberaciones", manifestó Oltra, quien aseguró que, "según se desprende de los datos que se conocen de la investigación, existen indicios de que el PP valenciano se financió ilegalmente gracias a una trama de empresas que giraban en torno a la red corrupta que dirigía Francisco Correa".

Por este motivo, la diputada defendió que la justicia "debe aclarar este asunto", pero visto que esto "no es posible en el tribunal valenciano", Oltra confió en que "ahora el Tribunal Supremo se haga cargo, investigue y dilucide sobre este grave asunto".

La Comunitat Valenciana es una de las autonomías más afectas por procesos concursales y la tendencia es al alza

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana es una de las autonomías más afectadas por procesos concursales de promotoras y constructoras, y la tendencia para 2009 es al alza, porque "hay muchos concursos ya no sólo del sector de la construcción, sino también de otras empresas auxiliares".

Así lo indicó hoy en declaraciones a los medios de comunicación la titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, Nuria Auxiliadora Orellana, tras impartir la ponencia 'Marco normativo y problemática aplicada a los concursos de promotoras y constructoras. Especial referencia a los grupos de sociedades', en un curso organizado en la Ciudad de la Justicia de Valencia.

La magistrada explicó que la Comunitat, por el volumen de población y por la construcción, es una de las que más se ha visto afectada por los procesos concursales, junto a Cataluña y Madrid. En cualquier caso, dijo, "es producto de la crisis económica y del ladrillo, que, en general, ha afectado a toda España".

Para 2009, según indicó, la tendencia es al alza, "porque hay muchos concursos ya no sólo del sector de la construcción, sino también de otras emprsas, por el efecto dominó, empresas auxiliares afectadas por la insolvencia". Así, insistió en que la situación "no parece que vaya a repuntar desde la perspectiva de los juzgados de lo Mercantil".

En general, la jueza explicó que son "numerosos" los casos de sociedades, promotoras y constructoras que han sido declaradas en concurso, y el "problema" es que la Ley Concursal fue promulgada en 2003, en una época de bonanza económica, en la que el legislador "no preveía que podían presentarse este tipo de concursos, que están colapsando los juzgados de lo Mercantil".

Asimismo, explicó que dentro de este ámbito hay una "problemática específica", como puede ser la incidencia que la declaración de concurso tiene en los contratos de compraventa con precio aplazado. Es decir, afirmó, "hay muchos compradores que ven cómo se retrasa la entrega o se están paralizando las obras, o que éstas no han llegado ni a comenzar, y los compradores sí han anticipado cantidades a cuenta".

Por otro lado, aludió a la aplicación de la ley en los casos de grupos de sociedades, cuestión que "está planteando mucha problemática porque la regulación es muy escasa, insuficiente", y, por tanto, es uno de los temas que el ministro de Justicia "se ha planteado que puede ser reformado", recordó.