La CAM no abordó hoy tampoco su posible fusión con Caja Murcia

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) no abordó el tema de su posible fusión con otras cajas de ahorros durante la reunión que mantuvo hoy su consejo de administración, ni tampoco durante la celebración de la asamblea general ordinaria, según informaron fuentes de la entidad financiera.

La asamblea general ordinaria de CAM aprobó la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2009, que ascendió a 276,5 millones de euros, de los cuales se destinarán 221,8 millones a reservas, 19,6 millones a remunerar las cuotas participativas y 35 millones a la Obra Social, cuyo presupuesto para el año 2010 se aprobó también hoy por importe de 44 millones de euros.

Las reuniones mantenidas esta mañana por los órganos de CAM comenzaron ante la protesta de unos 50 sindicalistas de CGT-CAM contrarios a posibles fusiones por el "coste laboral" de éstas.

Así, los miembros de la asamblea llegaron a bordo de los autobuses fletados por la entidad, al filo de las doce del mediodía, y fueron recibidos por medio centenar de integrantes del sindicato CGT-CAM, que les esperaban con pancartas --en las que podía leerse proclamas contrarias a la congelación salarial--, y elevaron el volumen de sus quejas a su llegada.

La concentración de protesta no impidió el normal desarrollo de la sesión, que se inició pasadas las 12.40 horas en su segunda convocatoria, en el edificio del Aula de la CAM, situado en el paseo de Doctor Gadea, de Alicante, y que terminó cerca de las dos de la tarde.

El abogado Diego de Ramón quiere evitar una fusión en falso de la CAM con Caja Murcia

MURCIA.- El abogado murciano Diego de Ramón quiere evitar una fusión en falso de la CAM con Caja Murcia y en ese sentido se ha dirigido al Banco de España solicitando una auditoría previa, independiente y supervisada por la entidad emisora, antes de autorizar esa pretendida fusión mediante la eventual intervención de la CAM por las autoridades monetarias españolas, si así lo aconseja ese control contable, antes del próximo 30 de junio y bajo las medidas de caución o seguridad que estimen necesarias.

En un escrito con fecha del pasado 15 de mayo, el letrado pide al Gobernador del Banco de España que se haga un examen profundo de la CAM para asegurar el cumplimiento del convenio de Basilea III, donde el minimo que se fija es un 8% de capital propio.

Para Diego de Ramón, que también se ha dirigido a otras instancias internacionales al respecto, "existe el deber del Banco de España de garantizar la solvencia de la CAM, ante la constante bajada de calificación por parte de las agencias especializadas".

Se ha dirigido posteriormente al Banco Central Europeo para que, en caso contrario, asuma las competencias del Banco de España y antes de que se autorice la fusión sea examinada la CAM sobre las garantías que ha ofrecido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores acerca de las cuotas participativas, antes de su cotización y ahora, para actualizar dichas garantías de la CAM a los clientes.

También para saber si se les ha informado de la asunción de riesgos que corrían (dada las bajas cotizaciones desde el inicio de dicha emisión, para coger liquidez de la mayoria de sus propios clientes. Los fallidos o perdidas no ejecutadas por via judicial de los créditos dados a instituciones valencianas y murcianas, como a empresas que tenían garantías o avales de los Gobiernos regionales de Valencia y Murcia. La Declaración del Patrimonio de los consejeros politicos de la CAM antes de tomar el cargo y ahora. Y la aplicación de las mismas medidas de previsión que a Grecia.

La dirigida al ECOFIN (consejo de ministros de Finanzas de la Unión Europea), que tiene una próxima reunión los próximos días 7 y 8 de junio, para que sean controladas las ayudas del Estado a favor de las entidades financieras y que éstas sean examinadas antes de recogerlas, aunque para ello tengan que probar que se han fusionado con otra Caja.

La CAM, a juicio de Diego de Ramón, tiene que pasar el exámen, sobre todo de los fallidos o perdidas no ejecutadas por via judicial -Central de Riesgos del Banco de España-en los créditos dados a instituciones valencianas y murcianas, como a empresas que teniín garantiís o avales públicos de los gobiernos regionales de Valencia y Murcia, porque "aquí puede haber sorpresas espectaculares".

Y finalmente la dirigida al Comisario de Asuntos Economicos y Monetarios de la Comisión Europea, porque tiene que emitir dictámen antes de los días 7 y 8 de junio, para que incluya en la agenda el control y exámen a la CAM "para que no ocurra como en Grecia", sobre todo cuando dicha entidad ha acudido a los fondos del Estado español, sin estar autorizados por la Dirección Europea de la Competencia,obteniendo así creditos blandos o ventajosos, frente a las entidades que no han podido acceder a dichos créditos y han tenido que acudir al precio del dinero del mercado, "con mayor tipo de interés y competencia desleal, extremos ya denunciados por este letrado ante la comisaria de la Competencia.

La CAM y Caja Murcia estudian hoy de nuevo su fusión

ALICANTE.- El presidente y el director de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo y Roberto López , presentarán hoy a su consejo de administración una propuesta de fusión con Caja Murcia que convertiría a la nueva caja resultante como la cuarta entidad de ahorro de España por volumen de activos (97.672 millones), sólo por detrás de La Caixa, Caja Madrid y Bancaja.


El presidente de la CAM, Modesto Crespo, y el de Caja Murcia, Carlos Egea, se han reunido miércoles y jueves en Madrid con motivo del Consejo Directivo de la CECA en busca por tercera vez de un acuerdo con nuevas cesiones por ambas partes. El propio director general de la CAM, Roberto López, ha estado también presente en Madrid para reforzar las negociaciones.

Y aunque la negociación ha avanzado bastante, aún está por solucionar un escollo: la entidad alicantina no ve con buenos ojos mover la sede social a Murcia.

Esta unión con Caja Murcia deja en el camino la posible absorción por Caja Madrid, supondría la creación de una nueva gran caja en el arco mediterráneo y dejaría descartada finalmente la última opción que manejaba la entidad alicantina, la fusión con Bancaja.

Por ello, una de las opciones que se barajan es que la sede social permanezca en Murcia mientras que la sede operativa resida en Alicante.

El órgano de Gobierno de la CAM, que se reunirá hoy en Alicante a partir de las 17 horas en sesión extraordinaria, tiene como único punto del día analizar las propuestas de integración que va a presentar el presidente.

Una vez rechazada la posibilidad de Caja Madrid (absorción) y una unión a tres bandas con la caja madrileña y Caixa Galicia, la opción de Caja Murcia es la única que estará hoy sobre la mesa.

Las condiciones propuestas anoche en Madrid por la entidad murciana siguen siendo las mismas, si no más duras, en este segundo ‘round' y que Egea, presidente de Caja Murcia, sigue reclamando para sí mismo la presidencia de la entidad resultante durante los próximos cinco años, precisamente una de las exigencias que frustró esta misma operación hace unas semanas.

"El jefe ahora lo quiere todo por escrito, porque hace unas semanas la operación estaba clara y a última hora se fastidió por determinados intereses políticos que contradecían lo ya acordado. Y respecto al asunto de los cinco años, calculamos que es el tiempo que necesitará la nueva entidad para sanear sus cuentas, y es Egea quien quiere dirigir esta operación", señalaron hoy fuentes de la entidad murciana.

Respecto a la ubicación de la sede social, indican que "esa cuestión no es demasiado importante porque Murcia y Alicante están muy cerca", de modo que la primera de estas ciudades podría albergar la sede social y la segunda una operativa, dentro de la absorción de la CAM por nosotros, que es de lo que técnicamente se trata".

El fiscal Anticorrupción abre diligencias contra el presidente del PP en Torrevieja, Hernández Mateo

ALICANTE.- El ex concejal del PP en Torrevieja José Antonio Montesinos señaló que el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha abierto diligencias de investigación contra la agrupación local del PP en Torrevieja y su presidente, Pedro Hernández Mateo.

José Antonio Montesinos realizó estas declaraciones, tras declarar como testigo ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto "delito público perseguible de oficio" de Hernández Mateo y el PP torrevejense.

Los hechos se remontan al pasado 6 de abril, cuando Montesinos remitió un escrito al presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, en el que le solicitaba "tomar medidas" en el PP de Torrevieja.

En concreto, el ex edil 'popular' y aún militante del PP en Torrevieja, denunció en el escrito "un nulo control de los temas de tesorería" y "especialmente" en "los gastos de la campaña electoral del año 2007, en donde presuntamente, el presidente del PP de Torrevieja puede haber incurrido en varios delitos fiscales".

Estos presuntos delitos pudieron deberse, según relató Montesinos, "al no declarar los ingresos y gastos de gran cuantía, que pueden poner en peligro la legalidad y transparencia, a la hora de gestionar la agrupación local".

No obstante, la citación de Montesinos como testigo y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía se realizaron, tras publicarse el 30 de abril en prensa el documento que el ex edil popular envió a Ripoll.

En concreto, en la citación para declarar, el fiscal Anticorrupción notifica que "los hechos que se contraen en la noticia pueden constituir, de ser ciertos, un delito público perseguible de oficio", indicó el ex concejal del PP.

"En ningún momento he acudido ante la Fiscalía a denunciar nada. Ella actúa de oficio", comentó Montesinos, quien añadió que él movió la denuncia únicamente a nivel de partido. No obstante, señaló que "como ciudadano" es su deber y obligación "colaborar con la Justicia".

En la declaración ante el fiscal, José Antonio Montesinos comentó que "ratificó" el contenido del escrito presentado al presidente provincial del PP y añadió que las diligencias de investigación están "bajo secreto de sumario".

Tras ser edil y teniente de alcalde por el PP en Torrevieja, además de secretario general de los 'populares' torrevejenses, José Antonio Montesinos continúa como militante de la agrupación local del PP e incluso se ha posicionado para candidato a la Presidencia local del partido en esta ciudad salinera.

En este sentido, Montesinos indicó que, tras postularse como presidente local del PP, pidió saber el estado de las cuentas de la agrupación y, al denegársele, decidió remitir el escrito que motivó la investigación al presidente del PP en Alicante.

El ex edil popular no ha tenido noticias hasta el momento de que se haya tomado alguna medida desde la comisión ejecutiva del PP provincial, respecto a los hechos denunciados en el documento que envió a Ripoll. "Yo no he recibido nada", añadió.

Montesinos explicó también que ni ante el comité ejecutivo, ni la administración y ni la militancia, el PP de Torrevieja ha presentado "nada", ni las cuotas, ni tan siquiera los gastos. En este sentido, añadió que "no existe libro de registro de afiliación, ni actas".

Oltra dice que Camps está "imputado por robar al pueblo"

VALENCIA.- La diputada de Compromís Mònica Oltra aseguró hoy que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, está "imputado por robar al pueblo", y afirmó que si a ella la imputan es "por defender al pueblo" y que lo asume con tranquilidad porque "irá en el cargo". Asimismo, garantizó que no agredió a ningún policía ni tuvo "ningún acto de resistencia grave".

Oltra se pronunció en estos términos en los pasillos de las Corts Valencianas después de saber que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha incoado diligencias previas contra la diputada por posible resistencia a la autoridad en el desalojo del barrio valenciano de El Cabanyal durante los altercados del pasado 6 de abril.

Camps, afirmó, está "imputado por robar al pueblo, y a mí, si me imputan por defender al pueblo, pues en fín, irá en el cargo y lo asumo con esta tranquilidad que me estais viendo y diciendo que lo volvería a hacer". Oltra señaló en los pasillos de las Corts Valencianes que se enteró de su situación a través de la nota de prensa del Tribunal Superior de Justicia y que todavía no ha recibido notificación oficial alguna.

La parlamentaria señaló que "si a mí me van a imputar por haber defendido a los vecinos de El Cabanyal, para que a la gente no la tiren de sus casas, para que alcaldesa de Valencia no pueda llevar adelante la barbaridad que quiere llevara adelante", "destruyendo patrimonio histórico y contra todas las reglas de la razón y de la modernidad", que lo hagan, dijo.

La diputada advirtió de que volverá a estar con los vecinos de El Cabanyal "cada vez que entren las máquinas ilegal e ilegítimamente a intentar tirar a los vecinos de sus casas; volveré a hacer lo mismo, estaré con los vecinos y vecinas, con la gente más necesitada, porque yo soy diputada y represento a la gente del pueblo", a la "gente que ahora está en dificultades por culpa de un gobierno corrupto".

Así, señaló que "callarme, no me van a callar; ya puede venir el señor de la Rúa o quien quiera". Tampoco, dijo, "van a callar a la oposición, yendo uno a uno" y en este sentido recordó la reprobación ayer en las Corts por parte del PP al síndic socialista Angel Luna.

También dijo que "lo que hice en El Cabanyal fue estar donde me pertenecía estar; dónde yo considero que tenía obligación de estar contra el expolio del patrimonio histórico, contra esa calculada estrategia de tirar a la gente humilde de sus casas para convertir aquello en un segundo Benidorm".

Su obligación, insistió, era "estar ahí por ideología, por el cargo que ostento de diputada y volvería a estar y volveré a hacer lo mismo". Garantizó que no agredió a ningún policía ni tuvo "ningún acto de resistencia grave" y "lo único que defendí fue el estado de derecho, la Constitución y a la gente, al pueblo, que está siendo machacado inmisericordemente por la señora Barberá".

Sobre las consecuencias de esta situación, indicó que serán las que se deriven del proceso judicial, pero se congratuló porque todo aquello fue "muy público, hubo muchos medios de comunicación, televisiones, fotógrafos, hay muchos testigos", por lo que "está a la vista que mi agredí a nadie ni me resistí", sino que estuvo "donde tenía que estar, en una labor que corresponde a un diputado".

Ripoll destaca la importancia de que, en una hipotética fusión CAM-Cajamurcia, la sede operativa estaría en Alicante

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante y presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, destacó hoy la importancia de que en las negociaciones que ha mantenido Caja Mediterráneo (CAM) con Cajamurcia para su posible fusión, "es una evidencia" que la sede operativa estaría en Alicante.

Tras la firma hoy del acta de replanteo previo del proyecto complementario al del Auditorio Provincial, a preguntas de los medios de comunicación, Ripoll recordó que la dirección provincial del PP ayer se postuló a favor de la fusión de CAM con Cajamurcia.

Al respecto, además insistió en que "cualquier tipo de unión, fusión o SIP que se haga desde el ámbito de Caja Mediterráneo con Cajamurcia, se podrá discutir de quién será el presidente o no, de quién será el director general o no, pero que la sede operativa estará en Alicante eso es una evidencia".

Así, reiteró que "eso es lo que interesa" a la provincia de Alicante y lo que el PP de la provincia quiere que se haga. "Y los que lo tengan que hacer, que sepan que nosotros queremos que se haga eso", añadió.

Esta apuesta por una entidad financiera que "dé soporte" al territorio que conforman las provincias de Alicante y la Región de Murcia, en su opinión, "no quiebra la Comunidad Valenciana, como algunas mentes estrechas están diciendo, sino todo lo contrario: la hace más potente".

Además, consideró que en las negociaciones que Caja Mediterráneo (CAM) mantiene con otras entidades para estudiar una posible fusión, "las prisas no existen", y remarcó la importancia de que "hacer las cosas bien, y lo mejor posible para nuestra tierra".

La CAM retoma la negociación con Cajamurcia con vistas a la fusión

ALICANTE.- La Caja del Mediterráneo (CAM) mantiene abiertas las expectativas de acuerdo con Cajamurcia antes del 15 de junio para poder acceder a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aprobado por el Congreso. Fuentes políticas y financieras consideran, según El País, la abrupta ruptura de negociaciones hace diez días como un momento más en un complejo proceso que avalan los dos gobiernos autonómicos, ambos del PP, y que cuenta con el respaldo de la oposición socialista en ambas regiones.

Las mismas fuentes confirmaron que el PSPV apoya decididamente la fusión de la CAM con Cajamurcia por razones geográficas y ante los elevados costes sociales y económicos que supondría el intento de concentrar las dos grandes cajas valencianas, la tercera y la cuarta de España por volumen de recursos gestionados.

Los problemas sobre la ubicación definitiva de la sede social, que complicaron negociaciones previas, pierden importancia desde la perspectiva del PSPV ante la inminencia del cambio de la ley estatal, previsto para septiembre, tal como acordaron el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente del PP Mariano Rajoy hace dos semanas en La Moncloa.

Los socialistas apuestan por mantener dos grandes cajas como referencia financiera del arco mediterráneo y consideran natural la fusión interregional. No son los únicos. En un reciente encuentro, Rajoy dejó entrever a Juan Roig, presidente y propietario de Mercadona, que no le satisfaría la posibilidad de que la CAM acordara un sistema de protección institucional (SIP) con Caja Madrid.

Mientras, Francisco Camps, presidente del Consell, evitó aclarar su postura al respecto en una visita relámpago a San Vicente del Raspeig. Interrogado sobre su parecer en torno a las negociaciones de la CAM, dio la callada por respuesta.

Camps, que en privado sí auspició la semana pasada que las dos cajas valencianas volvieran a intentar una unión que los números hacen inviable, no quiso defender en público su opinión.

"Sobre esa cuestión tienen que hablar los presidentes de las entidades", respondió. Más escueto fue al ser preguntado por las negociaciones de la CAM con otras entidades, como Cajamurcia. "Están en ello", dijo.

Homenaje en París al intelectual valenciano Vidal-Beneyto

PARÍS.- El embajador de España en la República Francesa, Francisco Villar, será mañana el anfitrión de un homenaje en memoria del intelectual valenciano, Jose Vidal-Beneyto, recientemente fallecido, que tendrá lugar a las 18,30 en la Embajada de España, en la avenida George V, en París.

En este acto, al que se espera la asistencia de varios amigos de la Comunidad Valenciana, el Consejo de Europa y la UNESCO, intervendrán el propio embajador, la señora Catherine Lalumiére, el catedrático Federico Mayor Zaragoza, el pensador francés Edgar Morin, el profesor y periodista Ignacio Ramonet, la princesa María Teresa de Borbón-Parma y el célebre jurista español, y amigo del homenajeado, Juan Antonio Cremades.

Tras el homenaje hace pocas semanas de la Universidad Complutense, en Madrid, dentro de un mes está previsto un tercero en el Monasterio de Santa María de la Valldigna, en Valencia.

Alcoy despide a su obispo, Rafael Sanus

ALCOY.- El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha presidido en Alcoy la misa exequial corpore in sepulto que se ha celebrado esta mañana en la Iglesia de San Mauro y San Francisco.

Centenares de sacerdotes, representantes de diversos estamentos eclesiales, representantes sociales y centenares de vecinos de la ciudad, han acompañado a la familia en esta despedida, en la que también ha estado presente la consellera de Cultura, Trini Miró junto a toda la corporación municipal.

Monseñor Rafael Sanus Abad nació Alcoy el 29 de agosto de 1931 y fue obispo auxiliar de valencia de 1989 a 2000, momento que renunció al cargo tras serias discrepancias con el entonces arzobispo Agustín García-Gasco Vicente, que le obligaron incluso a trasladar su residencia fuera del palacio arzobispal.

Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Metropolitano de Valencia, después de haber realizado estudios de derecho civil. Era licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y recibió la ordenación sacerdotal el 22 de junio de 1958.

Su labor formativa ha sido una de las más destacadas. Fue rector del Colegio Mayor de San Juan de Ribera de Burjassot, profesor y rector del Seminario Metropolitano, director del Convictorio Sacerdotal, colegial perpetuo y rector del Colegio Seminario de Corpus Christi, canónigo de la Iglesia Catedral y vicario general del Arzobispado.

Rafael Sanus Abad, obispo auxiliar emérito de Valencia, descansa ya en paz en la Iglesia de Mauro y San Francisco, según www.pagina66.com

Seis obispos y el cardenal García-Gasco concelebran con Osoro en el funeral por monseñor Sanus

VALENCIA.- Más de 120 sacerdotes, seis obispos y arzobispos, y el cardenal Agustín García-Gasco, concelebraron anoche con el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, en la misa funeral que presidió el titular de la archidiócesis en la Catedral de Valencia por el eterno descanso del arzobispo emérito de Valencia, el alcoyano monseñor Rafael Sanus, que fallecido repentinamente anteanoche a los 78 años.

Entre los prelados participantes se encontraban los obispos auxiliares de Valencia, monseñores Esteban Escudero y Enrique Benavent; el arzobispo de Zaragoza y el obispo de Mallorca, monseñores Manuel Ureña y Jesús Murgui, además de los obispos que se encuentran en Valencia para participar en el III Encuentro de las Familias Inmigrantes con la Virgen de los Desamparados, monseñores Cándido Cárdenas y Germán Pavón, titulares de las diócesis de Benjamín-Aceval (Paraguay) y de Ambato (Ecuador), según informó el Arzobispado en un comunicado.

En representación de la Generalitat Valenciana participaron en la eucaristía el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino; la consellera de Cultura, Trini Miró, y el titular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. También participaron la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia, Marta Torrado, el senador y ex presidente de la Generalitat, Joan Lerma, y el ex conseller Emérit Bono, entre otras autoridades.

Mientras las campanas de la torre del Miguelete interpretaban el "toque de obispo difunto", datado en el siglo XIV, accionadas por miembros de la Asociación de Campaneros de la Catedral, los más de 120 sacerdotes partían por la puerta románica de la Catedral hacia el Palacio Arzobispal para recoger el féretro y conducirlo a la Seo, a hombros de ocho presbíteros.

En su homilía, el arzobispo de Valencia trazó una semblanza de monseñor Sanus del que resaltó "su gran corazón" y su labor como "obispo, maestro y educador de tantos sacerdotes como estáis esta tarde aquí".

"Su corazón era tan grande que desbordaba de amor, cariño a los demás, sin dar la lata a nadie", señaló monseñor Osoro, que también subrayó su labor al frente del Seminario de Valencia. "Cuántos sacerdotes habéis sido contagiados por la forma en que don Rafael vivía el ministerio sacerdotal desde la entrega, el servicio y la identificación total y plena con Jesucristo", subrayó

"Sabía decir las cosas, sabía pedir perdón, sabía amar a los demás", señaló el arzobispo de Valencia. Al término de la eucaristía, cuando el cortejo fúnebre abandonada la Seo por la puerta románica de la Almoina, los fieles que llenaban el templo prorrumpieron en una ovación.

Cientos de personas, en su mayoría sacerdotes, así como autoridades civiles y religiosas, visitaron previamente la capilla ardiente del obispo auxiliar emérito de Valencia, monseñor Rafael Sanus, instalada desde las 12.00 horas en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal de Valencia.

El féretro descubierto, con los restos mortales de monseñor Sanus, permaneció colocado en el Salón del Trono junto a una cruz, un cirio pascual, dos reclinatorios y varias sillas. El prelado fue amortajado con su báculo, el solideo y el anillo episcopal, así como con una casulla blanca que lleva bordada una rama de olivo, según informó el Arzobispado de Valencia en otro comunicado.

Durante la jornada, permanecieron en la capilla ardiente el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, así como los obispos auxiliares, monseñores Esteban Escudero y Enrique Benavent, miembros de la Curia Diocesana, sacerdotes y seminaristas.

Monseñor Osoro dirigió un responso en la capilla ardiente ante numerosas personas que llenaron la estancia. Previamente, el arzobispo dirigió el rezo del 'Regina Coeli0 en el vestíbulo del Palacio Arzobispal ante el féretro cerrado. Tras ello, el ataúd fue trasladado hasta la capilla ardiente, donde fue abierto.

En el vestíbulo del Palacio fue colocado, además, un libro de condolencias, que fue firmado por numerosas personas. Entre las autoridades políticas que pasaron por la mañana por la capilla ardiente figuran el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta; el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino; la consellera de Cultura y Deporte, Trini Miró; o el secretario autonómico de Cultura, Rafael Miró.

Cotino mostró al arzobispo y a los familiares de monseñor Sanus sus "condolencias" en nombre del Gobierno Valenciano, al igual que hizo Peralta en nombre del Ejecutivo central.

Asimismo, visitaron la capilla el vice-gran canciller y el rector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, José Tomás Raga y José Alfredo Peris, respectivamente, junto con otros miembros del Consejo de Gobierno del centro, órgano que suspendió la reunión que tenía prevista para ayer en señal de duelo por el fallecimiento del prelado.

Igualmente, acudió el presidente del movimiento diocesano de jóvenes Juniors, Carlos Chova, que el pasado 19 de noviembre entregó su premio 'San Mauro' al prelado "en reconocimiento por su labor, interés personal y apoyo al movimiento juvenil durante la década de los ochenta", según fuentes de la propia entidad.

Monseñor Sanus nació en Alcoy el 29 de agosto de 1931 y fue obispo auxiliar de valencia de 1989 a 2000.

Secretarios e interventores locales piden que las faltas graves de funcionarios corresponda a las autonomías y no a los ayuntamientos

VALENCIA.- El Consejo General de Secretarios e Interventores Locales, con representantes de todas las comunidades autónomas de España, reunido hoy en Mislata, solicitó que la competencia para la sanción de las faltas graves y muy graves de los funcionarios que tienen a su cargo los controles internos de los ayuntamientos corresponda a la propia comunidad autónoma y "no se dejen en manos de los consistorios estos instrumentos que pueden ser utilizados como motivo de presión en el ejercicio de estos controles".

De esta forma, los secretario e interventores, junto a los Colegios Territoriales Valencianos que representan a estos funcionarios, ratificaron la solicitud ya formulada a las Corts Valencianes por los Colegios Valencianos, según informó el órgano en un comunicado.

El Consejo General expresó su "más rotundo rechazo" a la actual regulación y a la contenida en el proyecto de ley actual, ya que esta entidad considera que es "inexplicable e inadecuada en un momento en que la transparencia y los mecanismos de control deben reforzarse por el Estado y las comunidades autónomas para evitar la corrupción municipal".

Asimismo, entiende que "es necesario establecer las garantías necesarias para el ejercicio de estas labores de control con objetividad, imparcialidad y neutralidad evitando que se puedan producir presiones o coacciones".

El Consejo General de Secretarios e Interventores Locales insiste en mantener una reunión por el portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, y no entiende "por qué, tras sucesivas y reiteradas peticiones", no les ha recibido.

El órgano de secretarios e interventores locales manifestó su deseo de que la Generalitat y los grupos parlamentarios de las Corts sean "receptivos" ante esta "justa reivindicación" cuya última finalidad, aseguró, "no es otra que la defensa de los derechos de los ciudadanos a una buena administración, eficaz, transparente y de acuerdo con la ley y los principios del estado de derecho".

Para esta entidad, "sin este ejercicio de responsabilidad por parte de la Comunitat no puede garantizarse el control interno de los ayuntamientos" y aseguró que la autonomía valenciana "no puede mirar para otro lado ante hechos como los que se han producido y pueden llegar a producirse en cualquier momento".

Del mismo modo, este órgano expresó su "profundo malestar" por las "lamentables circunstancias" que acompañaron la notificación a la interventora del Ayuntamiento de Mislata de la apertura de expediente sancionador con suspensión de forma provisional de su plaza, por la supuesta comisión de faltas muy graves que "pudieran vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia", indicó.

El Consejo General de Secretarios e Interventores Locales está actuando en defensa de la interventora de Mislata y considera que su actuación "ha sido correcta, seria y profesional" y manifestó su "solidaridad" con la compañera expedientada por el alcalde de Mislata, Manuel Corredera.

Gerardo Camps afirma que ni Olivas ni Crespo le han trasladado que estén "avanzados" procesos de fusión, integración o absorción

VALENCIA.- El conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, aseguró que ni el presidente de la CAM, Modesto Crespo, ni el de Bancaja, José Luis Olivas, le han trasladado que estén "avanzados en un proceso de fusión, absorción o integración con ninguna caja o cuáles eran los criterios de la misma".

Camps se pronunció de esta manera en relación a la posibilidad de una fusión entre CAM y Bancaja y su opinión sobre los "movimientos" alrededor de estas entidades.

Preguntado por si el Consell tiene información sobre las opciones que se barajan en la CAM y si hay acuerdos con otras cajas, el conseller dijo que "le consta que se han producido estudios sobre posibles situaciones" que afectan a las tres cajas valencianas. No obstante, "no se nos ha trasladado que esas opciones que están barajando hayan llegado a ningún lugar que debieran comunicarse ni formal ni informalmente" al Consell.

Camps recordó que el Gobierno valenciano tiene competencias que en un proceso de estos "tiene que ejercer", ya que "la autorización a una fusión de cajas de dentro o de fuera de la Comunitat la tiene que dar la Generalitat y nuestra ley de cajas determina una serie de procedimientos ligadas a esa misma autorización".

En este sentido, recordó que entre las competencias del Consell no está la de contemplar "la solvencia empresarial o la viabilidad o no de una posible fusión", ya que eso corresponde al Banco de España; entidad que "tampoco nos ha trasladado" que le hayan comunicado "ninguna operación", con alguna caja valenciana, agregó.

Por lo tanto, "ni vía Banco de España ni vía cajas valencianas se nos ha trasladado formalmente que se hubiera llegado a un punto en el que se pudiera dar por hecho una fusión, una absorción o una integración", dijo.

"Ni el presidente de la CAM y ni de Bancaja me han traslado en absoluto que estén avanzados en un proceso de fusión, absorción o integración con ninguna caja o cuáles eran los criterios de la misma".

En esta línea, inquirido por si el Consell ha mantenido contacto con el responsable de Caja Madrid, Rodrigo Rato, el conseller dijo que desde hace dos meses que no ha hablado con el presidente de la entidad financiera madrileña. "No me ha llamado él ni veo que tenga que llamarle" pero, "si hubiera alguna cuestión de este tipo, --Rato-- lo haría con carácter informal, seguro, y probablemente formal".

"No lo ha hecho y no veo que tenga que llamarle a pedirle alguna explicación, cuando no se me ha trasladado que esa sea la opción que hayan decidido hacer ninguna de las dos cajas --CAM y Caja Madrid--" dijo.

De este modo, preguntado por si el Consell prefiere una fusión entre CAM y Bancaja, Camps apuntó que no descartan "ninguna opción", aunque "cuanto más cerca se tomen las decisiones mucho mejor", agregó.

Por otro lado, inquirido por la posición del Consell respecto a las funciones de cajas valencianas, declaró que sigue "exactamente igual", "intentado preservar de cualquier presión a quienes que tomar la decisión", "respetando" la decisión de los órganos de dirección de las cajas y "siendo conscientes de que se tienen que barajar todas las posibilidades".

Camps apuntó que "lo que hoy se pone de manifiesto es que se están barajando todas las posibilidades por quien corresponde" y aseguró que, en este punto, el Gobierno valenciano "respetará la decisión que se tome" por parte de los consejos de administración de las cajas de ahorro, "sea cual sea" la que se adopte.

Asimismo, recordó son criterios económicos y no políticos los que se deben de tener en cuenta para adoptar decisiones de este tipo. "Flaco favor haría un gobierno si entendiera que tienen que ser criterios políticos los que deben determinar la fusión, integración o cualquier otro proceso que se pudiera abrir".

"Somos conscientes del mercado financiero español", de sus "necesidades" y de que las cajas valencianas "no están ausentes" de estos procesos.

El conseller mostró su confianza con que las cajas valencianas adopten "la mejor de las decisiones para, primero las cajas y luego pensando en la economía" valenciana.

La Audiencia estima el recurso del Abogado del Estado contra el archivo del caso 'Sociedad Parque Temático'

ALICANTE.- La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha estimado el recurso de apelación del Abogado del Estado contra el auto del juzgado de Instrucción número 9 de Alicante que ordenaba el archivo del caso 'Sociedad Parque Temático' por un presunto fraude por importe de 1,5 millones de euros al considerar que no hay indicios de delito ni "motivos suficientes para sostener la acusación".

La Fiscalía estimaba que la Sociedad Parque Temático de Alicante presuntamente había percibido de manera indebida una devolución de IVA correspondiente al año 2001 por importe de 1.566.626,37 euros, que habría obtenido, según el informe de la Agencia Tributaria que acompaña a su denuncia, por la emisión de facturas sin base real de ejecución por trabajos documentados por las compañías también imputadas.

El titular del juzgado número 9 de Alicante estimó que si la Agencia Tributaria ingresó el IVA por la ejecución de las obras, que fue declarado por las empresas contratistas, "no se adivina qué perjuicio para las arcas públicas haya podido existir por una devolución parcial del importe", por lo que archivo el caso.

Sin embargo, la Audiencia ha revocado su decisión al considerar que la devolución del IVA "podría haber supuesto una detracción indebida de capital público, conducta que expresamente aparece recogida en el artículo 305 del Código Penal --que protege los haberes de la Hacienda Pública--," situación que estima "bastante para continuar el trámite, con independencia del resultado de la investigación y, en su caso, de las cuestiones que puedan plantearse en el plenario".

Asimismo, la sección segunda entiende que el hecho de que la Administración Tributaria no diera audiencia previa a los interesados antes de que comenzaran las diligencias penales, "en modo alguno" y "tras una fase de instrucción penal donde se han podido presentar todo tipo de pruebas y alegaciones", se haya vulnerado a esa persona el "derecho a la tutela judicial efectiva".

El juzgado número 9 abrió una investigación a raíz de una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante, en la que se imputaba varios delitos a la Sociedad Parque Temático de Alicante --actualmente llamada Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana--; y a las mercantiles Cobra Instalaciones y Servicios, S.A.; Moncobra S.A.; Atil Cobra S.A.; y U.T.E. Terra Verd --integrada por Lubasa, Constructora Hormigones Martínez, C-3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente y Gestión y Construcción de Obra--.

En concreto, en esta denuncia se les imputaban los delitos de falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y malversación de caudales públicos, resultando de la documentación acompañada con la denuncia la posible imputación de otras personas físicas igualmente identificadas en la causa.

En el transcurso del proceso, los imputados negaron las conclusiones del informe de la Agencia Tributaria, presentado por la Fiscalía, que consideraba que "las obras declaradas no existieron, y que, por lo tanto, no había derecho a devolución de IVA".

Una comisión investigará la relación de la Concejalía de Educación con la familia de un edil del PP benidormí

BENIDORM.- El alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, anunció que la Junta de Gobierno del próximo lunes aprobará y llevará al pleno municipal la creación de un comisión de investigación para aclarar la relación de la Concejalía de Educación con los negocios del entorno familiar del ex edil del área, el 'popular' Antonio Pérez, informó hoy en un comunicado el Ayuntamiento de Benidorm.

El alcalde indicó que, presuntamente, "puede haberse vulnerado el artículo 28 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas", cuando Pérez era el edil de Educación de consistorio benidormí.

En concreto, en el procedimiento administrativo, ese artículo dice que "son motivo de abstención" por parte de las autoridades "tener parentesco de consanguinidad dentro del cuatro grado de afinidad y dentro del segundo con cualquiera de los interesados con los administradores de entidades o sociedades interesadas".

Por ello, Navarro señaló que puede tratarse de "un posible trato de favor a empresas familiares", por lo que mostró su intención de "determinar si las hubo". Para el primer edil, la transparencia es una de las primeras líneas de trabajo del equipo de Gobierno "pero la transparencia es para todos, incluso para lo que hicieron anteriores equipos de gobierno".

Por su parte, el primer teniente de alcalde, José Bañuls, concretó que uno de los criterios que seguirá esta comisión de investigación es que no sea remunerada y añadió que "sobre este tema se le ha solicitado información a Antonio Pérez en reiteradas ocasiones".

"Queremos determinar las responsabilidades tanto legales como políticas, porque es muy fácil hablar de transparencia y no ponerla en práctica", indicó Bañuls.

CGT-CAM muestra su oposición a fusiones

ALICANTE.- El secretario general de la CGT-CAM, Ventura López, mostró su oposición a una hipotética fusión de Caja Mediterráneo con Bancaja, Cajamurcia o con Caja Madrid, y rechazó que la entidad alicantina "esté en peor situación financiera" que cualquier otra.

Ventura López señaló en un comunicado que Caja Mediterráneo debería "continuar su trayectoria en solitario", ya que "tiene un volumen suficiente y no necesita crecer para mantenerse en el actual mercado".

De este modo, CGT-CAM defendió "la viabilidad de CAM como creadora de empleo de calidad y su influencia social en los entornos donde se desarrolla en la actualidad".

En opinión de este sindicato, "las presiones que la entidad está padeciendo se deben a su aislamiento político y geográfico", ya que, Caja Mediterráneo "no es la caja valenciana ni la murciana".

"No compartimos, que la CAM esté en peor situación financiera que Bancaja, Caja Madrid o cualquier otra, pero la falta de ese apoyo político si que nos sitúa en una situación de debilidad frente al resto", indicó.

"El camino a corto plazo pasa por concentrar cajas por comunidades y no parece que tengamos otro camino que la fusión con Bancaja, a la que nos oponemos por el elevado coste social que supondría", opinó Ventura López, quien consideró que la Generalitat valenciana "sigue en sus trece de alcanzar una fusión entre Bancaja y la CAM".

El responsable de CGT-CAM advirtió también de que "se van a incrementar las presiones en este sentido, ya que una gran parte del consejo de administración de la CAM está por la labor, incluido su presidente".

Además, de acuerdo con el análisis de este sindicato, "las fusiones gallegas, catalanas, andaluzas han fortalecido el interés del gobierno valenciano por conseguir la 'súper caja valenciana' sin importarles los costes que acarreará para el empleo, nuestra sociedad y el negocio de ambas cajas".

Por ello, CGT "apuesta por la movilización social en defensa del mantenimiento de la CAM, su plantilla y los intereses de la sociedad donde está implantada".

El Supremo revisará el archivo de la queja contra De la Rúa por su supuesta amistad con Camps

MADRID.- Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) y juez amigo de Francisco Camps, se arriesga a un segundo golpe del Supremo tras el infligido el miércoles con la reapertura forzosa del caso de los trajes. Ahora, y tras admitir una demanda del abogado José Luis Mazón, el alto tribunal debe decidir si expedienta al magistrado por intervenir en ese caso y cerrarlo en falso pese a su relación con el principal implicado, según dice hoy 'Público'.

Mazón, en cuyo bagaje se cuenta la imputación de Baltasar Garzón por los cursos impartidos en Nueva York, acudió al Supremo después de que su denuncia contra De la Rúa fuese archivada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces. La admisión de la demanda, cuyo texto aún está pendiente de remisión, se produjo el 12 de abril.

Gracias al voto de De la Rúa y cuando su mandato presidencial ya había expirado, el TSJCV archivó, el 1 de agosto de 2009, el procedimiento contra Camps y otros tres altos cargos valencianos por presunto delito de cohecho (soborno) impropio. Los cuatro aceptaron trajes regalados por la trama Gürtel, cuyas empresas obtuvieron en Valencia más de 14 millones de euros en contratos públicos. Y los cuatro vuelven a estar imputados tras la orden unánime de la Sala de lo Penal del Supremo para reabrir el sumario.

Si el Supremo concluye que De la Rúa violó la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) al no abstenerse de intervenir en el caso, la carrera del juez puede sufrir un revés definitivo. Según Mazón, el jefe del tribunal valenciano incurrió en una falta grave porque participó en el caso de los trajes pese a que Camps lo había definido como más que amigo. El abanico de sanciones previstas por la ley para los jueces infractores oscila entre la mera advertencia y la separación del cuerpo pasando por el traslado forzoso.

El autor de la demanda contra De la Rúa, tramitada por la vía de lo contencioso administrativo, pretende que el Supremo anule el acuerdo por el que el Poder Judicial archivó el 26 de noviembre de 2009 su queja contra De la Rúa. Aun precisando que la actuación de De la Rúa ponía "en cuestión" la apariencia de imparcialidad, la comisión disciplinaria del CGPJ desechó la queja de Mazón. Las indagaciones internas, alegó el Consejo, no hallaron pruebas de que entre Camps y De la Rúa exista una "amistad íntima", que es la que la ley señala como causa de abstención y/o recusación.

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni el PSOE valenciano recusaron a De la Rúa cuando, en abril de 2009, el Tribunal Superior de Valencia asumió la investigación sobre los regalos hechos a Camps por Orange Market, la marca valenciana de la red Gürtel.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que nadie planteó la recusación porque, primero, se daba por hecho que De la Rúa se abstendría. Y, luego, se daba igualmente por seguro que sería incapaz de dar cerrojazo a las demoledoras conclusiones expuestas por el juez José Flors en el auto donde ordenaba iniciar los trámites para un juicio con jurado. Esa resolución de Flors fue la que tumbó De la Rúa el 1 de agosto de 2009 al aceptar el recurso de los imputados. Ahora, el dictamen de Flors recobra plena vigencia tras la reapertura del caso.

Relevo vacacional

En su denuncia ante el Poder Judicial, Mazón subrayaba un aspecto de la historia sobre el que ni el Tribunal Superior de Valencia ni el Poder Judicial han ofrecido explicaciones: el porqué de la intervención de De la Rúa en la deliberación y votación sobre el recurso de Camps. "Procede investigar decía Mazón en su queja las extraordinarias circunstancias que hicieron intervenir al denunciado en las deliberaciones de la Sala, si las vacaciones del magistrado sustituido pudieron ser inducidas para participar, en su caso, el denunciado, a favor de su más que amigo' Camps".

El ahora demandante se refería así a las noticias sobre cómo la ausencia del magistrado progresista Juan Climent había permitido a De la Rúa ser uno de los tres jueces que debían resolver el recurso de los imputados.

Silencio tras una desautorización de máximo nivel

¿Se siente desautorizado Juan Luis de la Rúa? ¿Se ha planteado dimitir tras el varapalo del Supremo? Ninguna de las dos preguntas tiene respuesta oficial. Fuentes del Tribunal Superior de Valencia remarcaron que De la Rúa ni habla con la prensa ni alberga la menor intención de pronunciarse sobre la reapertura forzosa del ‘caso de los trajes'. Con su mandato expirado desde junio de 2009, De la Rúa se mantiene en el cargo de forma interina, pero no optará a la reelección. La incapacidad del Poder Judicial para alcanzar un acuerdo sobre su sucesor ha sido su gran aliada.

Cientos de personas se concentran en Valencia "por la democracia" y para pedir la dimisión "inmediata" de Camps

VALENCIA.- Cientos de personas se concentraron hoy frente al Palau de la Generalitat "por la democracia" y para exigir la "inmediata" dimisión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara ayer reabrir la causa abierta al jefe del Consell y otros altos cargos del PP en relación con la trama 'Gürtel', según la estimación realizada por la organización.

Durante la protesta, convocada por EUPV a las 20 horas, los manifestantes desplegaron una pancarta de varios metros en la que se leía 'Por la ética en la política. No a la corrupción. Camps dimisión', mientras coreaban consignas como 'Menos trajes y más gastos sociales' y 'Camps a la prisión por chorizo y por ladrón'.

La coordinadora de EUPV y diputada del grupo de no adscritos en las Corts, Marga Sanz, explicó que realizaron esta protesta como un "llamamiento de urgencia", difundido en 24 horas, que supone el principio de una serie de movilizaciones para que "se juzgue con claridad a todos los implicados en este delito de corrupción", en especial al "ciudadano Camps".

Desde detrás de la pancarta, Sanz reivindicó que el presidente de la Generalitat "no puede estar sentado en el banquillo", por considerar que "sería una humillación para los ciudadanos y un descrédito para las instituciones valencianas".

Posteriormente, dieron lectura a un manifiesto, en el que se refirieron a Camps como "un presidente mentiroso, imputado por corrupción e incapaz de ejercer sus responsabilidades de gobierno".

"Camps es el presidente de un partido que presuntamente se ha financiado de manera ilegal, estafando a Hacienda y recibiendo pagos y favores de empresas contratistas de la administración que gobierna. Todo ello a costa del presupuesto de la Generalitat, es decir, del dinero de todos los valencianos y valencianas", prosigue el escrito.

Asimismo, el documento reclama que "los cargos públicos imputados sean juzgados con todas las garantías, y que si son declarados culpables, se les imponga una pena ejemplarizante", al tiempo que exige que "los corruptos devuelvan el dinero que se han llevado de las arcas públicas, y que los políticos que lo han permitido abandonen definitivamente sus responsabilidades".

Por último, solicita la convocatoria de "elecciones anticipadas para que la ciudadanía del País Valenciano exprese su voluntad en las urnas" y hace un llamamiento a seguir con las movilizaciones "hasta conseguir la regeneración de la vida política" a través de "la ética y la transparencia".

El PSPV de Elche retira de su página web un cartel en el que se ofrecían 15.000 euros por Camps "vivo o muerto"

ELCHE.- La Agrupación Socialista de Elche ha retirado de su página web un montaje fotográfico en el que aparecía una fotografía del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, bajo el lema 'Wanted Dead or Alive' --buscado vivo o muerto-- y en la que se ofrecía un recompensa de 15.000 euros por el jefe del Consell, a quien se referían como 'el curita'.

La imagen, que permaneció colgada durante parte de la mañana de hoy y en la que no aparecía el nombre del presidente ni ninguna referencia a su cargo, figuraba originalmente en la sección de la página web que la agrupación socialista ilicitana utiliza para destacar las noticias aparecidas en los medios de comunicación.

Trasladan a Alicante al actual cónsul del Reino Unido en el Algarve

MADRID.- El diplomático británico Paul Rodwell dirigirá a partir del próximo mes de agosto el consulado del Reino Unido en Alicante, una de las delegaciones consulares "con más actividad en el mundo", según ha anunciado hoy el embajador británico en España, Giles Paxma.

Rodwell, actualmente cónsul británico en Algarve (Portugal), sustituirá al frente del consulado británico en Alicante a Lloyd Milen, quien ostenta el cargo en funciones, han informado hoy fuentes de la Embajada británica.

El consulado británico en Alicante administra la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y la provincia de Albacete, y tiene representantes consulares en Denia, Murcia y Valencia.

La delegación consular británica en la provincia de Alicante presta asistencia a unas 1.400 personas al año, bien por problemas burocráticos, sanitarios o policiales.

Además, anualmente proporciona alrededor de 1.250 pasaportes de emergencia.

"Es uno de los consulados con más actividad en el mundo y nos esforzamos por dar un servicio de una calidad siempre excelente a los residentes y visitantes británicos a la zona de Alicante", ha añadido.

La red consular británica en España cuenta con nueve consulados (Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife) y doce Consulados Honorarios (Almería, Andorra, Denia, Gerona, Granada, Jerez de la Frontera, Lanzarote, Menorca, Murcia, Sevilla, Tarragona, Valencia y Vigo).

El 80% de las operaciones con billetes de 500 € son fraudulentas y se cifra en 16.000 millones su fraude

MADRID.- El 80% de las operaciones que se realizan con billetes de 500 euros en España escapan del control del Fisco por su vinculación directa, principalmente, con actividades fraudulentas de compra-venta de inmuebles, donde el pago se realiza en dinero 'B' con el fin de eludir las obligaciones tributarias, según las estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

En concreto, los técnicos de Hacienda calculan que el fraude derivado de las operaciones realizadas con billetes de alta denominación facial asciende a 16.000 millones de euros anuales, lo que representa en torno al 18% de la evasión fiscal estimada en España.

En un comunicado, Gestha considera que el Gobierno español, aprovechando la presidencia de turno de la Unión Europea en este semestre, "debería liderar un debate en profundidad sobre la posible retirada de la circulación de los billetes de 500 de la zona euro, máxime en un contexto económico caracterizado por el fuerte endeudamiento de los estados miembros que está poniendo en entredicho la continuidad de la moneda única".

Además, estima que la Unión Europea debería seguir el ejemplo del Reino Unido, donde las autoridades han decidido retirar de la circulación los billetes de 500 por su frecuente uso en actividades criminales. "El 90% de estos "billetes grandes" se utilizan en transacciones ilegales en el país británico", añadió.

Así, los técnicos de Hacienda consideran que la puesta en marcha de esta iniciativa contribuiría a mejorar la lucha contra la economía sumergida, "lo que repercutiría directamente en una mayor recaudación fiscal, evitando medidas drásticas de ajuste como las recientemente anunciadas con el fin de ahorrar 15.000 millones y reducir el elevado déficit público".

No obstante, reconocen que esta medida no representa la "solución definitiva" para erradicar las operaciones irregulares en el sector inmobiliario, "ya que los defraudadores buscarán nuevos instrumentos para saldar sus negocios al margen del Fisco sin ser descubiertos".

Gestha insiste al Gobierno en que autorice a los técnicos de Hacienda a investigar a todos aquellos contribuyentes que hayan utilizado billetes de 500 euros, ya que, de este modo, "se podrían recaudar más de 16.000 millones en impuestos evadidos instrumentalizados con estos billetes".

Los técnicos de Hacienda estiman que si el Gobierno aumenta las responsabilidades de los técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude y el control de las subvenciones y el gasto público, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, "situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea, como Francia o Alemania".

Blanco dice que al AVE no le afecta el recorte inversor

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, apuntó hoy que su departamento "indudablemente" tendrá que reprogramar la construcción de algunas infraestructuras e incluso "necesariamente retrasar" las que no se consideren prioritarias.

"Pero es algo que entiende el conjunto de la sociedad. Si todos nos tenemos que apretar el cinturón es indudable que la inversión pública también tiene que apretárselo, porque nadie entendería que siguiéramos invirtiendo lo mismo y, sin embargo, las personas tuvieran que hacer recortes", explicó Blanco en declaraciones a Telecinco.

El ministro indicó que la construcción de las líneas de Alta Velocidad (AVE) y los planes de impulso al transporte ferroviario de mercancías, son prioritarias y, por tanto, escaparían a las reprogramaciones.

Posteriormente, en el pleno de control al Gobierno en el Congreso, el ministro aseguró que su objetivo será trabajar por las infraestructuras, por el transporte sostenible, "haciendo más con menos", y desde la "equidad y la eficiencia".

No obstante, anunció que el próximo miércoles 19 de mayo comparecerá en la Cámara Baja para detallar las actuaciones de su departamento tras el recorte de la inversión pública estatal de 6.045 millones de euros decidido por el Gobierno para los ejercicios 2010 y 2011.

Pese a todo ello, Blanco indicó que el ajuste de inversión se registra después del "gran esfuerzo" inversor ejecutado en los últimos años, "que ha llevado a España a ser el primer país europeo por kilómetros de autovías y uno de los primeros del mundo por AVE".

Además, recordó que Fomento podrá próximamente en marcha su Plan Extraordinario de Infraestructuras de 17.000 millones para compensar con capital privado los menores recursos presupuestarios para obra pública.

"Con todo, podremos desenvolvernos en cifras de inversión más o menos parecidas", garantizó el titular de Fomento.

Alarte asegura que Camps ha quedado "inhabilitado" para el diálogo con la oposicón

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, afirmó hoy que el presidente de la Generalitat "ha quedado inhabilitado como interlocutor" con la oposición y con los valencianos, ya que "nadie le llama de la sociedad valenciana" y "dudo que nadie le llame ya", a causa su imputación en la causa de los trajes.

Alarte se expresó de esta manera en rueda de prensa tras la reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional en la que se hizo un análisis de la situación política y económica de la Comunitat tras la decisión ayer del Tribunal Supremo de reabrir la causa abierta al presidente Camps, y otros altos cargos del PP en relación con la trama Gürtel.

"Camps se ha inhabilitado él solo", y "nadie cree en Camps ni en la Comunitat Valenciana, ni fuera" porque el jefe del Consell "ha perdido credibilidad y confianza".

El líder socialista, no obstante, dijo que sobre empleo, productividad, saneamiento de la Generalitat, cajas de ahorro y políticas de territorio, están dispuestos a "no perder ni un sólo día", por lo que pidió la "disolución inmediata de las Corts Valencianas" y "durante los 60 días que queden", se mostró dispuesto a "cooperar en el funcionamiento de las instituciones" hasta que se "constituya un nuevo gobierno".

Inquirido por qué pasaría si se convocan elecciones anticipadas y, con Camps como candidato, el PP vuelve a ganar, Alarte respondió que él "confía" en la gente porque "si uno no confía en la gente, la gente no puede confiar en él".

Asimismo, aseguró que no tiene "ninguna duda" de que la Comunitat "no está llena de gente como Camps o Álvaro Pérez 'El Bogotes'", sino de "gente honrada", por lo que "si se votara, va a haber cambio", declaró.

Alarte trasladó la "preocupación de los ciudadanos por la incertidumbre y la constatación de que Camps y su gobierno han quedado incapacitados para gobernar y para hablar de futuro", así como para establecer una posición "firme" sobre las cajas de ahorro valencianas.

El líder socialista aseguró que contactarán con empresarios y sindicatos para "sentar las bases", con el programa económico presentado esta semana como "mensaje fundamental", para "un nuevo gobierno y un nuevo tiempo".

"Ese va a ser nuestro trabajo", dijo Alarte, quien afirmó que "vamos ha hacer que cambie" la situación, tal y como pidió, apuntó, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), una vez se ha conocido la decisión del TS.

El secretario general del PSPV pidió, como ya hizo ayer, la disolución de las Corts, la convocatoria "urgente" de elecciones, así como un pleno extraordinario monográfico en las Corts para tratar de la actualidad política y económica. "No podemos seguir con todo esto", agregó.

Sobre las declaraciones de ayer del presidente del Consell tras la Junta Directiva Regional, Alarte declaró que Camps y el PP "han dicho la verdad, no se han vendido por cuatro trajes, sino que fueron más de 30 millones en contratos a la trama". Así, apuntó que es "imprescindible" averiguar si "detrás de los trajes estaban los contratos" de la trama con la Generalitat.

Del mismo modo, exigió al presidente del PP, Mariano Rajoy, una "explicación inmediata" de si "considera también" que la decisión del Tribunal Supremo, así como el proceso judicial sobre el 'caso Gürtel' es "de risa", como dijo Camps.

Al respecto, advirtió de que "nadie, y menos un presidente de gobierno autonómico, puede hablar en términos de risa de los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ni tampoco de ninguna institución democrática".

En cuanto a la reunión que ayer se convocó en Ferraz con los secretarios generales, Alarte justificó su ausencia porque tuvo que volver a Valencia ante los acontecimientos del 'caso Gürtel'. "Mi sitio estaba aquí", afirmó

Flores muestra su temor porque el recorte presupuestario retrase la llegada del AVE a Alicante

VALENCIA.- El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, mostró hoy su temor de que las medidas antidéficit público presentadas ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, puedan suponer un retraso en la llegada del AVE a Alicante y a Castellón, aunque se mostró seguro de que sí conectará con Valencia este año, como estaba previsto.

No obstante, Flores argumentó que deben "estudiar todas las medidas anunciadas ayer" por el Ejecutivo y "valorar esos números" para ver cómo afectan a las infraestructuras previstas en la Comunitat Valenciana.

Así, mostró su preocupación porque estos recortes supongan "un retraso de entre seis meses y un año" en la llegada del AVE. En concreto, cuestionó que se cumpla la conexión con Alicante en 2012 y con Castellón en 2014.

Del mismo modo, recordó que en el ministro de Fomento, José Blanco, ya avisó de que tenía "muchas dificultades de liquidez" por lo que podría acometer "pocas o ninguna" actuaciones en carreteras de la Comunitat hasta 2013 y "con estos recortes me temo que sean más", apuntó, y afecten también a otros compromisos como el plan de cercanías.

EUPV cree que Camps, igual que Ricardo Costa, pasará de 'triunfal' a 'defenestrado'

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, ha afirmado hoy que al president de la Generalitat, Francisco Camps, le va a pasar lo mismo que a Ricardo Costa, que salió "triunfal" asegurando que no pasaba nada y al día siguiente era "defenestrado".

Sanz ha manifestado que el PPCV está ofreciendo "un espectáculo lamentable" y que la imagen de Camps ha alcanzado unos niveles de "degradación insoportables" para un presidente del Consell.

"Su comparecencia ayer ante los medios de comunicación dejó clara la situación en que se encuentra", según Sanz, quien ha expresado sus dudas sobre la capacidad, honorabilidad e inocencia de Camps.

La coordinadora de EUPV considera que Camps no es el que ha de decidir si continúa al frente de la Generalitat ni tampoco su partido sino los ciudadanos, por lo que cree urgente la convocatoria de elecciones anticipadas "para la regeneración inmediata de la vida política valenciana".

El PSPV asegura que Castedo "se ha quedado sola" en el PP de Alicante y vinculado su futuro al de Camps

ALICANTE.- El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno, opinó hoy que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, "se ha quedado sola" en el PP alicantino, tras acudir al acto de los 'populares' en apoyo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, celebrado ayer en la sede del PPCV.

En un comunicado, Roque Moreno señaló que "mientras Castedo acudió ayer a Valencia a aplaudir a Francisco Camps, los dirigentes de su partido en la ciudad evitaron respaldar al presidente de la Generalitat en un más que evidente plante".

El dirigente socialista indicó que la alcaldesa alicantina ha llegado "a un punto de no retorno" y "antepone", a su juicio, "su promoción personal a la opinión de su propio partido en Alicante y a la de los militantes del PP en un asunto de corrupción, sucio y vergonzante".

Para Moreno, la defensa "a ultranza" que hace Castedo de Camps, "la sitúa al margen del PP de Alicante". Además, manifestó en el mismo comunicado que, "con su actitud de desprecio a las resoluciones judiciales, Sonia Castedo está vinculando su futuro político al de Francisco Camps".

"Castedo no puede negar la evidencia de los hechos y esconderse de la realidad", señaló el político socialista, para quien "no se puede poner en duda el estado derecho, como ha hecho", en su opinión, la alcaldesa de Alicante.

Por su parte, Sonia Castedo (PP), señaló hoy que junto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, están "todos" los que tienen que estar, a lo que añadió que "quien no quiera estar, sencillamente que no esté". Y dijo que, aunque puede hacerlo, no va a contestar a las declaraciones hoy de Ripoll.

La primera edil alicantina indicó que ella sabe "donde tiene que estar", apoya "al partido que tiene que apoyar" y se debe "al partido que la ha colocado en donde tiene que estar. Eso no se me va a olvidar jamás".

En respuesta a Roque Moreno, dijo que "está intentando hacer méritos para ver si por fin lo nombran candidato del PSPV en la ciudad de Alicante" y añadió que el portavoz socialista ya tiene "bastante con luchar contra sus propios compañeros de partido, que ninguno confía en él".

La primera edil instó a los socialistas a que "confirmen o desconfirmen" a Moreno como candidato a la alcaldía de Alicante y señaló que "ya está bien" de que el político socialista "tenga que dejar su trabajo en Alicante para ir a Valencia a preguntar qué hay de lo suyo".

Ripoll se desmarca de Camps y no lo oculta

ALICANTE.- El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha asegurado hoy que ayer no acudió "conscientemente" a la reunión de la dirección del PP valenciano, que arropó a Francisco Camps tras ordenar el Tribunal Supremo reabrir la investigación sobre su relación con la trama Gürtel.

Ripoll ha declarado que sobre este asunto prefiere ser "parco en palabras", pero ha dejado claro que, además de él, también decidieron no ir a Valencia "las personas que conforman la ejecutiva provincial del partido y que representan al PP en esta provincia".

Ripoll, identificado como cabeza visible del denominado sector zaplanista en la Comunitat Valenciana, liderado en su día por el ex ministro Eduardo Zaplana, ha proseguido que la dirección nacional del PP sí "conoce" sus razones sobre su decisión de ayer y, sin querer aclarar las mismas, ha confiado en que haya "tiempo para seguir ampliando las conversaciones y posibilidades de diálogo".

En todo caso, ha subrayado su "respeto por las decisiones judiciales" independientemente de que "unas gusten más y otras menos", y ha comentado que esta actitud debe ser compartida "por todos" en el PP.

También ha hecho especial hincapié en que él es el presidente del PP en Alicante y que el comité ejecutivo que lidera, que no acudió ayer a arropar a Camps, "fue elegido en un congreso democrático, como todos los del partido, el 14 de diciembre -de 2008- en Orihuela" y que todos decidieron "conscientemente no estar allí".

"He explicado a las personas que considero que debo nuestras razones para no estar allí. Creo que hay que dejar un tiempo para que la situación se vaya aclarando", ha continuado sin confirmar si una de esas personas con las que ha hablado ha sido el propio Camps.

Preguntado por cómo se puede explicar a la sociedad la distinta actitud del partido con dirigentes imputados judicialmente, Ripoll ha contestado que no le corresponde a él esta responsabilidad aunque "como todo en la vida, todo tendrá su explicación".

Por su parte, el coordinador general del PPCV, Alberto Fabra, ha asegurado hoy que no tiene previsto "hacer ninguna llamada" ni reunirse con el presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, "para pedirle un apoyo explícito" a Francisco Camps, después de que no asistiese a la junta directiva del PPCV de ayer.

"Se convocó a las personas que forman parte de la junta directiva regional y acudimos los que pudimos o quisimos", ha dicho el también alcalde de Castellón, quien ha asegurado que no habló ayer con Ripoll y no sabe "por qué no acudieron" los dirigentes alicantinos, y ha instado a "preguntarles a ellos".

"Todos los que ayer fueron, por unanimidad, apoyaron al president de la Generalitat y del partido, con lo cual poco más se puede decir, y aquellas personas que no fueron tendrán que decir por qué no fueron", ha sostenido.

Finalmente, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, defendió hoy que en su partido trabajan "miles de personas de forma anónima y gratuita", que "se entregan por una causa en la que creen de manera interesada y muchas veces heroica" y añadió que "no se merecen" que sus dirigentes se enreden "en complejas batallas internas propias de oligarquías poco democráticas", en referencia a la ausencia de miembros del PPCV de Alicante.

"Estoy convencido de que vamos a ser conscientes en la Comunitat Valenciana y nos vamos a entender para no avergonzar a nuestros militantes", remachó.

El comité de dirección provincial del PP-Alicante se niega a presenciar el psicodrama de Camps

ALICANTE.- El comité de dirección del PP en la provincia de Alicante, incluido el presidente José Joaquín Ripoll, no acudió esta tarde a la reunión de la Junta Directiva regional del partido, convocada en apoyo del presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, según confirmaron fuentes de la dirección provincial del PP.

La decisión de no acudir al encuentro fue adoptada este mediodía, sin que hayan trascendido los motivos, según las mismas fuentes, después de que el Tribunal Supremo decidiera hoy reabrir la causa contra Camps y otros altos cargos del PP en relación con la trama "Gürtel".

La vicesecretaria de Comunicación del PP en la provincia de Alicante, señaló que hoy "lo que toca es mucha prudencia", al tiempo que recordó que "el PP está por encima de todo".

Los miembros del comité de dirección que han optado por no ir a la reunión son el presidente provincial del PP, así como la secretaria general y alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, el vicesecretario de Política Sectorial y alcalde de Alcoy(Alicante), Jorge Sedano; el vicesecretario de Organización Miguel Ortiz; la vicesecretaria de Política Local y alcaldesa de Villena (Alicante), Celia Lledó; el diputado nacional Miguel Peralta, así como la vicesecretaria de Comunicación y directora del Patronato de Turismo Costa Blanca, Gema Amor.

Castedo clama adhesión

Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, aseguró en Valencia a la salida de la junta directiva del PPCV convocada tras decidir el Tribunal Supremo reabrir la causa de los trajes presuntamente regalados por la trama Gürtel, que el PP de la provincia de Alicante "ha estado y seguirá estando con Camps" y "estamos aquí porque creímos en él y lo seguiremos haciendo", aseveró.

Castedo, en alusión a la ausencia de miembros destacados del PP de Aicante como su presidente provincial, José Joaquín Ripoll, señaló: "estamos los tenemos que estar y seguiremos estando los que siempre hemos estado" y que "nunca nadie dude que Alicante, su provincia, desde el primero hasta el último pueblo, están con el presidente de la Generalitat y de este partido".

La alcaldesa se dirigió a los medios acompañada por representantes alicantinos asistentes a la Junta y preguntada por la ausencia de Ripoll y si éste apoya a Camps dijo que habría que preguntarle a él.

Asimismo, afirmó que "aquí está una representación muy grande de toda la provincia de Alicante, incluida la capital" y dijo que la provincia de Alicante no era "una persona ni dos".

Sobre la ausencia del presidente provincial, "porque no haya podido o querido" dijo que "tampoco necesitamos a ninguna presencia de más".

"Somos más que suficiente los que desde Alicante estamos con Camps como para echar absolutamente a nadie en falta", apostilló.

Sobre los que no han asistido, declaró que "son ellos los que tienen que decir por qué no han estado".

"Lo que nadie puede dudar ni decir es que Alicante no está con Camps".

En cuanto a la reunión de la Junta Directiva Regional, Castedo subrayó que Alicante, "como siempre, en su momento estuvo con su presidente Paco Camps; Alicante está con el presidente de nuestro partido, Paco Camps y Alicante seguirá estando con el presidente de nuestro partido, Paco Camps".

Psicodrama

"Todo el mundo en España, los 45 millones de españoles, saben que soy honrado, que tengo lo mismo que tenía cuando llegué a la política y nadie se puede creer que el presidente de una comunidad autónoma pueda venderse por tres trajes", proclamó Camps en la reunión, y sostuvo que es "absurdo y no sólo lo creo, lo cree el PP, la Comunitat entera y todos mis compatriotas, desde Finisterre hasta el Cabo de Gata".

"Es de risa, el proceso es de risa, no se sostiene, si no no estaría aquí tan feliz", dijo, y recalcó: "la gente normal de la calle me para y me dice, presidente no me lo creo".

Recalcó que nadie "en el planeta tierra puede darnos lecciones al PP de nada que tenga ver con honestidad, honradez y honorabilidad", sentenció el cuestionado presidente de la Generalitat.

Los principales recortes del plan de austeridad anunciado por el Gobierno

MADRID.- El recorte de los sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones (salvo mínimas y no contributivas) o la supresión del llamado 'cheque bebé' son algunas de las medidas del plan de reducción del déficit público anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los sueldos de los empleados públicos se bajarán un 5% de media a partir del mes de junio y se congelarán en 2011, anunció Zapatero en el Congreso de los Diputados.

Los salarios de los altos cargos del funcionariado sufrirán los mayores recortes y los miembros del Gobierno reducirán su sueldo un 15%.

A partir del 1 de enero de 2011, se suprime la ayuda de 2.500 euros por hijo nacido, implantada en el año 2007. La inversión pública bajará en 6.000 millones de euros entre este año y el próximo.

El Gobierno pedirá a las comunidades autónomas y los ayuntamientos que ahorren 1.200 millones de euros.

La ayuda española al desarrollo entre este año y el próximo se reduce en 600 millones de euros.

Por otra parte, Zapatero dijo que no descarta una subida de impuestos para las rentas más altas. En enero, ya había anunciado un plan que contemplaba una reducción del 10% en la contratación de funcionarios, que se sumaba a un incremento de impuestos y un presupuesto reducido para 2010.

Opiniones autorizadas

El secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, cifró en 1.400 euros el ahorro en las arcas públicas como consecuencia de la rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios, dentro de los 15.000 millones del plan de austeridad adicional anunciado por el presidente del Gobierno.

Mollinedo rechazó las medidas planteadas para acelerar la reducción del déficit, que contempla también la congelación de las pensiones, por lo que pidió reorientar el recorte adicional a acercar el peso de la economía sumergida a la media de la UE, del 23% al 10% del PIB, lo que equivaldría a incrementar los ingresos fiscales en alrededor 38.000 millones de euros al año.

Asimismo, el secretario general de Gestha instó a prohibir los movimientos especulativos contra la deuda soberana de los países y contra el euro, ante el encarecimiento de las emisiones de deuda de 1.402 millones de euros, y abogó por incrementar en cinco puntos porcentuales el tipo impositivo de 295 entidades bancarias, con el fin de reportar 1.285 millones al Estado.

Como medidas alternativas a las propuesta por Rodríguez Zapatero, Mollinedo también apostó por recuperar el Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas, ya que más de 47.000 contribuyentes cuentan con un patrimonio superior a 1,5 millones, el equivalente a un aumento de los ingresos de 1.240 millones.

En esta misma línea, desde Gestha instaron a elevar la tarifa del Impuesto de la Renta a los ingresos superiores a 600.000 euros y a eliminar las ventajas de las rentas del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas (Sicav) y las ventajas de los extranjeros residentes con ingresos de hasta 600.000 euros anuales.

Finalmente el profesor de Economía de Esade, Fernando Ballabriga, señaló que el sueldo de los funcionarios sufrirá una bajada real del 2% a consecuencia del recorte anunciado hoy el Gobierno, ya que los salarios se incrementaron en un 3% en plena crisis.

En este sentido, Ballabriga explicó que "hay que tener en cuenta que en 2009, cuando el resto de la economía se estaba empezando a ajustar, se incrementó el sueldo de los funcionarios en más de un 3%".

Por tanto, si se toman como referencia los salarios de 2008, fecha de inicio de la crisis, la reducción real sería de un 2%, afirmó el experto, que calificó las medidas adoptadas por el Gobierno de "acertadas pero insuficientes".

Así, Ballariaga defendió que los recortes salariales a los funcionarios "deberían ser superiores" en favor de aumentar las partidas destinadas a las inversiones públicas, ya que generan puestos de trabajo.

En este sentido, Ballabriga explicó que "el 60% del recorte total provendrá del sector público y, dentro de este porcentaje, tan solo el 20% proviene del recorte del salario de los funcionarios, mientras que la partida más afectada es la inversión pública, con un 40%".

El experto señaló que el recorte de la inversión pública es el que "más afecta en términos económicos, puesto que supone una menor capacidad productiva para el futuro".

EEUU investiga a Morgan Stanley por un posible engaño en la venta de derivados a los inversores

NUEVA YORK.- La Fiscalía Federal de Estados Unidos está investigando si el banco estadounidense Morgan Stanley engañó a los inversores sobre la venta de productos derivados hipotecarios, que ayudó a diseñar y contra los que apostó en algunas ocasiones, según recoge hoy 'The Wall Street Journal', que cita fuentes cercanas al asunto.

Según el diario, Morgan Stanley estructuró y comercializó obligaciones de deuda colateralizada (CDOs), al mismo tiempo que su mesa de trading apostaba que su valor caería. En este sentido, los investigadores están estudiando si, entre otras cosas, Morgan Stanley proporcionó las informaciones adecuadas sobre ellos.

Entre los productos que están siendo analizados se encuentran los conocidos en el mercado como 'Presidentes muertos'.

La causa contra Morgan Stanley se encuentra en una fase "preliminar", y conseguir probar que existen causas penales es un desafío para las autoridades estadounidenses, ya que el Gobierno debe probar que existe "más allá de una duda razonable" sobre la posibilidad de que la empresa o sus empleados engañaran a los inversores.

La fuentes explicaron al periódico que, aunque la entidad pudo haber ganado dinero con estos productos, cualquier beneficio que hubiera obtenido se vería ensombrecido por los 9.000 millones de dólares (7.092 millones de euros) que la compañía perdió en apuestas hipotecarias en 2007.

Un portavoz del banco estadounidense aseguró que el Departamento de Justicia no ha contactado en ningún momento con la entidad sobre las operaciones que señala el diario, así como que no tiene conocimiento de que se haya iniciado una investigación sobre las mismas.

La causa contra Morgan Stanley surge a raíz de una investigación contra el fraude civil iniciada en 2009 por la Comisión de Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) que investiga el negocio de los bonos hipotecarios en una docena de entidades de Wall Street.

Esta investigación se suma a la que está llevando a cabo la SEC sobre Goldman Sachs y a uno de sus vicepresidentes por un presunto fraude relacionado con instrumentos de deuda vinculados a hipotecas 'subprime'.

En concreto, alega que la entidad estructuró y comercializó obligaciones de deuda colateralizada (CDO) dependientes de la evolución de valores respaldados por hipotecas residenciales 'subprime' (RMBS) sobre los que no proporcionó "información vital" a los inversores.

Las cajas de ahorro seguirán siendo públicas y no se privatizarán

MADRID.- El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró el miércoles que las cuotas participativas de las cajas tendrán limitados sus derechos políticos y no supondrán una privatización de este tipo de entidades.

"El hecho de que se admitan derechos a las cuotas participativas no supone que eso sea una privatización de las cajas", aseguró Zapatero en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados donde concretó sus medidas de austeridad adicionales para reducir el déficit público en 15.000 millones de euros en 2010 y 2011.

"Esas cuotas van a tener limitaciones para mantener su naturaleza jurídica (de las cajas)", dijo Zapatero.

Parte de la clase política, con las comunidades autónomas a la cabeza que disponen de una gran control sobre estas instituciones financieras, temen que otorgar derechos políticos abra la puerta a la privatización de las cajas.

Zapatero y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, acordaron la semana pasada agilizar la reestructuración del sistema financiero y tener concluido el mapa definitivo del sector de las cajas de ahorros españolas antes del 30 de junio.

Ambos anunciaron además entre sus novedades conferir derechos políticos a las cuotas participativas como un mecanismo que les permita mejorar su solvencia.

Las cajas se están viendo especialmente afectadas por unos elevados ratios de morosidad y provisiones, que están consumiendo sus recursos propios.

Al contrario que los bancos, las cajas no pueden acudir a los mercados para ampliar capital y su actual sistema de venta de cuotas participativas resulta poco atractivo al no conceder derechos políticos al comprador y establecer límites máximos del 5 por ciento del capital.

Zapatero no dio más detalles sobre qué tipo de limitaciones tendrían esas cuotas si bien en el sector de las cajas se considera que podría haber diferentes topes atendiendo a las necesidades y a la naturaleza de cada caja.