jueves, 2 de diciembre de 2010

El PSPV lamenta que la Comunitat "tiene 32.765 desempleados más que hace doce meses"

VALENCIA.- La portavoz adjunta en las Corts Valencianes y secretaria de Economía del PSPV, Cristina Moreno, ha asegurado este jueves que la Comunitat Valenciana "tiene hoy 32.765 parados más que hace doce meses".

"En términos interanuales, el paro en la Comunitat Valenciana ha registrado un aumento, en el último año, de 32.765 personas, lo que representa el 7 por ciento de incremento, mientras en España la subida es del 6,2 por ciento", ha explicado en un comunicado.

   Según Moreno, "las últimas cifras del paro, hechas públicas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, demuestran que la política económica" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es "ineficaz y ruinosa". La dirigente socialista ha lamentado que en la Comunitat Valenciana se ha pasado "de 461.818 desempleados en octubre de 2009 a los 502.905 que hay en la actualidad". 

   La responsable del PSPV ha advertido de que la disminución del empleo en los últimos doce meses en España "ha sido del 1,3 por ciento mientras que en la Comunitat esa cifra ha sido mayor, un 1,9 por ciento".

   En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Francisco Camps "no está acometiendo ninguna reforma estructural ni liderando ningún cambio que sea capaz de darle la vuelta a la situación de crisis por la que están atravesando miles y miles de valencianos y valencianas". 

"Estamos viviendo el resultado de una crisis que en la Comunitat Valenciana comenzó hace 15 años con los gobiernos del PPCV", ha denunciado.

   En su opinión, "las cifras son desoladoras, Alicante cuenta con 204.031 parados, Castellón con 58.678 y Valencia con 240.196 desocupados" y ha denunciado "la inexistencia del Gobierno valenciano". "Hasta en nueve ocasiones hemos pedido al presidente de la Generalitat nuestro ofrecimiento de un pacto para luchar contra la crisis", ha criticado.

   "Nuestra principal preocupación es crear empleo y mejorar la situación económica", ha subrayado. Así, ha recordado que el pasado 11 de mayo, el PSPV presentó el Programa para el Saneamiento y la Reforma de la Economía Valenciana "con el objetivo de impulsar reformas estructurales que lleven a esta comunidad a la senda de la creación de empleo y la prosperidad económica".

   Moreno ha destacado que en esta iniciativa se contempla "la necesidad urgente para la sostenibilidad de la Comunitat una reducción del 15 por ciento en el gasto corriente de la Generalitat y una operación de saneamiento a fondo", ya que, sin adoptar este tipo de decisiones, "no se puede invertir en empleo, en transformación y avance de nuestra economía". 
 
Además ha recordado que en él se exige que las consellerias "se reduzcan a siete y que el nuevo Consell pase a tener solo un vicepresidente".

Medio Ambiente garantiza que a Xixona "no entrará ni un kilo más de basura de la que puede albergar"

VALENCIA.- La secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, María Ángeles Ureña ha garantizado en las Corts Valencianes que a la planta de Piedra Negra de Xixona  "no entrará ni un kilo más de basura de la que puede albergar".

   Ureña, que ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, ha remarcado que como "sabe perfectamente" el alcalde de Xixona, Ferran Verdú, "no entrará ni un kilo más de basura del que la planta puede albergar" puesto que se trata de una reivindicación del primer edil "legítima".
   La responsable de Medio Ambiente ha apuntado que en los medios de comunicación hablan de que a la planta de compostaje y vertedero del municipio de L'Alacantí van a ir de 135.000 toneladas de residuos procedentes del plan zonal 1 correspondiente a Castellón, cuando en esa zona se generan 54.000 toneladas.
   Asimismo, ha especificado que en 2009 la planta de Xixona recibió 150.000 toneladas, "por debajo de su capacidad", de las que en 2010 35.000 toneladas ya no irán "porque ha entrado en funcionamiento la de El Campello".
   Ureña ha especificado que la Conselleria "ha asumido" la "solución transitoria" planteada por el consorcio que gestiona el plan zonal 1 de habilitar una planta en Benicarló (Castellón), de la que se ocupará la empresa pública Vaersa, que se mantendrá en funcionamiento mientras se prolonguen las obras de construcción de las nuevas instalaciones para Castellón, que está previsto que en dos años aproximadamente estén concluidas.
   La secretaria autonómica ha indicado que el informe de sosteniblidad ambiental previsto para la revisión del Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunitat Valenciana señala que las instalaciones programadas tienen "capacidad suficiente" para albergar los residuos que se generan hasta el "horizonte de 2020", a la vez que ha subrayado que si "somos comunidad ¿no es mejor que seamos solidarios entre nosotros?", ha inquirido.
Villena
   Ureña ha comparecido en la Comisión para explicar el supuesto traslado de residuos sólidos procedentes de Peñíscola a la planta de tratamiento de Villena, una situación que la secretaria autonómica ha negado que se produzca. "La planta de Villena nunca ha recibido residuos procedentes de Peñíscola ni de ningún municipio de Castellón", ha apostillado.
   Ha especificado que las instalaciones de Villena han recibido hasta octubre de 2010 más de 58.000 toneladas de residuos, de las que solo el 4 por ciento proceden de municipios de fuera de la zona 13, que es la que corresponde a la población alicantina, y "no ha habido ni un gramo procedente de la provincia de Castellón". En concreto, ha aclarado que 55.932 toneladas son de la zona 13, 926 del Valle de Cofrentes, 196 de Bocairent, 1.109 de Caudete y 114 de Llíria.
   El diputado de No Adscritos Lluís Torró ha aseverado que los valencianos "tenemos un problema mayúsculo con el tema del tratamiento de residuos por la falta de infraestructuras" en Castellón, lo que hace que los residuos "acaben en los vertederos de las plantas de tratamiento" y "el resultado es que se recicla una cantidad ínfima de residuos".
   Ha puesto como ejemplo la planta de Piedra Negra en Xixona, que fue diseñada para tratar 110.000 toneladas anuales que han acabado por convertirse en 242.000 toneladas en 2007, ha aseverado.
   Torró ha indicado que los residuos de Castellón "se están trasladando a diversas plantas de Alicante y ahora la solución es trasladarlos a Xixona". "¿Cuánto tiempo piensan seguir manteniendo este estado de cosas, cuanto tiempo tardarán las plantas pendientes de Castellón en ejecutarse y acabarse y tener el PIR nuevo en condiciones de ser aprobado y ponerse en marcha?", ha preguntado.
   El diputado socialista Antonio Lozano ha señalado que a su grupo "no nos gusta que los residuos vayan de norte a sur" y ha apuntado que ésta es una solución "coyuntural" y "provisional". Por su parte, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha remarcado que los responsables del Consell "están haciendo una mala planificación de forma premeditada y con alevosía".
Elche
   Por otro lado, Ureña ha defendido que en la actuación de la Generalitat para la renovación del área del barrio de San Antón de Elche, fruto de un convenio firmado el pasado 30 de octubre de 2008 con el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento ilicitano, no hay "ni trampa ni cartón".
   Ureña ha respondido a la diputada de Compromís Mireia Mollà, que ha acusado al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) de emitir una "factura falsa" para justificar el uso del dinero aportado por el Gobierno. En el mismo sentido se ha pronunciado la parlamentaria socialista María José Salvador, quien ha inquirido si "es práctica habitual enviar certificaciones falsas de las inversiones del Ministerio" y ha cuestionado que el Consell haya gastado "casi dos millones de euros en papeles".
   La secretaria autonómica ha señalado que las actuaciones que ha venido desarrollando el IVVSA en ese barrio "están todas justificadas y se corresponden con trabajos realizados" y ha remarcado que no se puede "engañar cuando están tres administraciones trabajando codo a codo y cada una de ellas tiene los medios de control propios".
   Ha espetado a los diputados a que a "poco que comparen y hagan las operaciones aritméticas les saldrán los números sin ninguna duda de ningún tipo".
   Ha especificado que en la justificación que se remitió al Ministerio el 27 de noviembre de 2009 se produjo "un error en la imputación en una casilla que no toca" ya que se imputaron "por error 384.000 euros como gastos de realojos temporales" que en realidad se correspondían con "asistencias técnicas". "No hay ni trampa ni cartón, lo que se está haciendo es lo que se ha convenido y en los términos en los que se ha convenido", ha apostillado.
Elda
   Por otro lado, el diputado socialista Eduardo Vicente ha preguntado a Ureña por los motivos por los que el Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (IVVSA) "no va a proceder a la rehabilitación del interior de las viviendas del segundo bloque de Las Trescientas" en el municipio de Elda.
   La secretaria autonómica ha señalado que el coste de la rehabilitación del primer bloque de la calle Azorín de Elda ha supuesto el 40 por ciento --2,6 millones de euros-- del presupuesto total previsto para los cincos bloques --6,5 millones--, por lo que frente a esa situación "no hubo más remedio que ajustar las actuaciones" y se optó por actuar en todos los bloques "para satisfacer al mayor número de vecinos posible".  
   Ha incidido en que no es posible aumentar el presupuesto porque, entre otras razones, "conforme están las cosas" es "muy previsible" que se recorten las ayudas estatales a la rehabilitación de viviendas, a la vez que ha relatado que la parte exterior de las viviendas "van a tener las mismas inversiones que el resto de vecinos" y "prácticamente donde no se va a actuar es en cocinas y baños".

El paro sigue aumentando en Alicante hasta las 204.031 personas

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunitat Valenciana bajó en 204 personas en noviembre, un 0,04 respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados se sitúa en 502.905, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 24.318 personas en noviembre, un 0,6% respecto al mes anterior, encadenando así cuatro meses al alza tras aumentar en agosto, septiembre y octubre en 61.000, 48.000 personas y 68.000 personas, respectivamente. La subida del paro en noviembre, mes en el que suele aumentar el desempleo, es casi tres veces inferior a la registrada en igual mes de 2009, cuando el paro creció en 60.593 personas.
  Por provincia, Valencia fue la que experimentó un mayor descenso del paro al bajar en 1.863 personas,  un 0,77 por ciento, con lo que el número total de personas sin trabajo se cifra en 240.196, seguida de Castellón donde bajó en 921 personas, un 1,55 por ciento hasta los 58.678 parados. Por contra, en la provincia de Alicante aumentó 2.580, un 1,28 por ciento hasta los 204.031.
   Del total 502.905 desempleados 256.211 son hombres y 246.694 mujeres y 57.973 son jóvenes menores de 25 años. Asimismo, el paro registrado entre los extranjeros de la Comunitat Valenciana descendió en 41 personas, un 0,05 por ciento, con lo que el número total de desempleados entre este colectivo se sitúa en 84.184 personas.
   De los 204 parados menos, 315 fue en el sector de la Agricultura, 1.123 en Industria, 1.373 en Construcción. Por contra en el sector Servicios aumentó en 2.057 parados y 550 en el colectivo de Sin Empleo Anterior.
  Por otro lado, el pasado mes se efectuaron 129.733 contratos, lo que supone 3.128 menos con respecto al mes anterior, un 2,35 por ciento. Del total de 129.733 nuevos contratos 11.292 fueron indefinidos y 118.441 temporales.

El PSPV asegura que Camps "castiga a los valencianos a pagar las consecuencias de se nefasta gestión"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del PSPV en las Corts y secretaria de Economía de los socialistas valencianos, Cristina Moreno, ha afirmado este jueves que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "castiga a los valencianos y valencianas a pagar las consecuencias de su nefasta gestión económica al frente del Consell". 

   Moreno, en un comunicado sobre la emisión de bonos, ha apuntado que esta medida del Consell "no es más que el resultado de la nefasta gestión económica de Camps que nos ha abocado a la búsqueda de liquidez urgente para poder hacer frente a los gastos de la Generalitat, de la misma forma que los impagos de las deudas existentes nos llevan a renovaciones bancarias en las que se encarece el tipo a pagar ya que las entidades financieras han constatado la contumaz morosidad del Consell".
   Del mismo modo, ha indicado que "sin ninguna duda, esperamos que se cubra esta emisión de bonos, ya que es necesario, incluso para pagar las nóminas de los trabajadores y trabajadoras del mes de diciembre". También ha explicado que "esta medida será rentable para todos aquellos que tengan ahorros y puedan invertir porque el tipo es interesante, pero no deja de ser una situación provocada por la ruinosa e ineficaz política económica de la que hace gala Camps".
   La portavoz socialista ha lamentado que "las dos últimas firmas del conseller de Economía, Gerardo Camps, han endeudado a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana en casi 2.600 millones de euros".  
   "La Comunitat Valenciana necesita un cambio de rumbo urgente que la devuelva a la senda de la prosperidad y el empleo", ha reclamado Moreno. Por ello, los socialistas valencianos a través del Programa para el Saneamiento y la Reforma de la Economía Valenciana "continuaremos proponiendo la adopción de medidas drásticas para reflotar la Generalitat Valenciana".
   La diputada socialista ha apuntado que "los ciudadanos de esta comunidad "necesitan un cambio urgente de prioridades". "No podemos consentir que Camps siga al frente de un Consell que no tiene un plan económico con el que sanear la Generalitat", ha criticado. "Para salir de esta situación hace falta un programa serio y real, como el de los socialistas valencianos, basado en alta competitividad, empleo y democracia", ha subrayado.
   Asimismo, Moreno ha resaltado que en el Programa económico Alta Competitividad, Empleo y Democracia del PSPV se analiza la "necesaria reestructuración" del sector público empresarial para reducir de 130 a 30 las entidades autónomas y fundaciones de la Generalitat, además de "un pacto de estabilidad y equilibrio financiero para 10 años que tenga como primer marco presupuestario el del año que viene".
El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este jueves la resolución del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de la emisión de deuda de la Generalitat por 1.000 millones de euros, ampliables a 1.500, con un interés fijo del 4,75 por ciento que se abonará con un pago único al vencimiento.
   Según señala el DOCV,  el importe nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros y el máximo será de 2.000.000 euros. El periodo de suscripción ha comenzado este jueves a las 9.00 horas y finalizará el 17 de diciembre de 2010 a las 14.00 horas. La fecha de emisión será el 22 de diciembre de 2010 y se nombra entidad coordinadora y entidad agente a Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 'La Caixa'.

Flores asegura que Manises y El Altet "cumplen todos los requisitos" para la privatización

VALENCIA.- El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario flores, ha asegurado este jueves que va a estudiar "tranquilamente" el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de privatizar hasta el 49 por ciento de algunos aeropuertos de la red de Aena. 

   Al respecto, Flores ha señalado que si esa privatización es "efectiva" y "puede ser gestionada por las empresas que compren las acciones", los aeropuertos de Manises y El Altet cumplen "todos los requisitos para entrar en el nuevo modelo".
   El conseller, que ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación, tras mantener un encuentro con los alcaldes de Utiel, José Luis Ramírez, y Camporrobles, Gerardo Gómez, ha señalado que el ministro de Fomento, José Blanco, ya le anticipó a él mismo y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, esta propuesta.
   El titular de Infraestructuras ha recordado que el presidente del Gobierno ha hablado de una privatización del 49 por ciento de los aeropuertos de El Prat (Barcelona) y de Barajas (Madrid), con lo que, según Flores, el Ejecutivo busca "una inyección de liquidez".
   Mario Flores también ha subrayado que desde la Generalitat siempre han reivindicado "un modelo similar al portuario" que en la Comunitat Valenciana "ha funcionado francamente bien", ha manifestado el conseller.

El PP de la Diputación vota una moción socialista para que dejen de enviarse basuras de Castellón a Jijona

ALICANTE.- El PP de la Diputación de Alicante ha votado a favor de una moción socialista, en la que se exige a la Generalitat que deje de enviar basuras de Castellón a Jijona, aunque, tras el pleno, el presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, ha acusado al alcalde, Ferran Verdú, de "demagógico" por "decir una cosa y firmar otra", ya que él estuvo de acuerdo en eliminar la limitación geográfica en la procedencia de los residuos, a cambio de un aumento del canon.

   El pleno de la Diputación, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad la moción socialista, que pide al Consell que dejen de traer basuras de Castellón a la planta jijonenca.
   Tras la sesión, José Joaquín Ripoll ha indicado que el PP ha votado a favor porque la moción es "respetuosa" y que es la Generalitat la que tiene que decidir al respecto. Aunque se ha mostrado partidario del "principio de solidaridad interterritorial", también ha reconocido que es "cierto que Castellón está muy lejos de Jijona y que es mejor buscar otras soluciones".
   No obstante, el presidente ha querido destacar que fue el alcalde de Jijona quien firmó para que se eliminara la limitación geográfica en la procedencia de los residuos. En este sentido, Ripoll ha explicado que por recibir basuras de otras zonas se incluía una cláusula para recibir 31.000 euros. Si aceptaban eliminar esta limitación, el canon aumentaba hasta los 200.000 euros, ha dicho.
   De este modo, Ripoll ha acusado a Verdú de "decir una cosa y firmar otra" porque él firmó en 2008 una cláusula para poder recibir los 200.000 euros. Además, el Ayuntamiento de Jijona ha recibido 5,8 millones de euros "en los cinco años de funcionamiento correcto" de la planta.
   "Por un lado se dice unas cosas y por otro lado se firman otras", ha dicho Ripoll, quien ha tachado la postura socialista de "demagógica".

Las Cámaras de Comercio prevén una reducción del 60% de los ingresos y ajustes de plantillas

MADRID.- El Consejo Superior de las Cámaras de Comercio prevé que la eliminación de las cuotas empresariales reducirá los ingresos de las Cámaras en 250 millones de euros, lo que supone un 60% del presupuesto, y provocará "importantes" ajustes de plantilla.

   "La capacidad de las Cámaras queda dramáticamente reducida", afirmó el presidente del organismo, Javier Gómez-Navarro, durante una rueda de prensa celebrada junto a los seis vicepresidentes del Consejo Superior de Cámaras.
   Gómez-Navarro advirtió de que "la gran mayoría tendrá que hacer frente a un proceso de reestructuración y habrá otras que no podrán sobrevivir". Esto obligará a las Cámaras que continúen a realizar "un ajuste importante de plantilla" y buscar métodos de financiación.
   El Consejo de las Cámaras de Comercio alertó de que la desaparición de la cuota con la que se financian las Cámaras perjudica a las pymes y beneficia a las grandes empresas. Más de medio millón de pymes en España utilizan los distintos programas y servicios de estos organismos.
   Gómez-Navarro recordó que las Cámaras, dependientes de las comunidades autónomas, constituyen "la única red capilar de apoyo a las empresas que existe en España", con más de 450 puntos, y destacó la ayuda que aportan a las pymes en su proceso de internacionalización como una vía para hacer frente a la crisis.
   El presidente de las Cámaras defendió la eliminación de las cuotas a los autónomos y explicó que conoció la medida "oficial y formalmente", ayer, de boca del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la anunció en el Congreso de los Diputados. "Hubo un debate cuando se discutió la Ley de Economía Sostenible", añadió.
   Gómez-Navarro señaló que han solicitado una reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y recordó que las Cámaras vienen aplicando medidas de ajuste, entre las que destacó la reducción de un millón de euros (un 20% del total) en los costes de personal en los últimos tres años.
   El Gobierno anunció ayer la eliminación de la obligatoriedad a todas las empresas de pagar estas cuotas a las Cámaras, dentro de un paquete de medidas de reducción del déficit, que se aprobarán mañana en el Consejo de Ministros.  
   Las Cámaras consiguen casi la mitad de los ingresos por cuotas (el 43,25%) que provienen de las empresas que pagan más de 6.000 euros al año, que representan sólo el 0,16% del total de empresas.
   De las cifras aportadas se deduce también que el 76,5% de los ingresos de las Cámara provienen del 2,64% de las compañías y que unas 35.000 empresas (el 1% del total) contribuyen a prácticamente dos tercios de los ingresos por cuotas de las Cámaras. Telefónica es la compañía que más paga, con una cuota anual de alrededor de 700.000 euros.
   La cuota que pagan las empresas a las Cámaras está en función del beneficio obtenido (cuota líquida positiva en Impuesto sobre Sociedades) y la cuota media que pagan las empresas a las Cámaras por este impuesto es del 0,07% de los beneficios fiscales declarados.

Hacienda reformará la financiación local "cuando sea posible"

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha avisado que se reformará la financiación local "cuando sea posible" y que la preocupación del Gobierno se centra ahora en mantener a raya el déficit de los ayuntamientos, sin dejar de garantizar sus necesidades financieras.

   Ocaña, que acudía por primera vez a la Comisión de Entidades Locales del Senado, marcó así el camino de la crisis a los municipios, que están pendientes de la reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales desde que en el verano 2008, cuando el Gobierno remitió a la Federación Nacional de Municipios y Provincias (FEMP) las bases del nuevo modelo.
   Según Ocaña, la "intención" del Gobierno es continuar trabajando con los ayuntamientos sobre estas bases, pero avanzó que la reforma se aprobará "cuando sea posible", ya que la actual coyuntura de crisis y turbulencias financieras "no es el momento idóneo" para enfrentarse a estas cuestiones.
   "El modelo de financiación local tiene que ser estable, tiene que durar un tiempo razonablemente largo y en este momento, en el que las escaseces son particularmente importantes, las decisiones quizás no sean las adecuadas", añadió.
   En medio de este limbo, Ocaña indicó que "a corto plazo" la prioridad es garantizar que los ayuntamientos cumplan "su parte" en el plan de consolidación fiscal y reduzcan su déficit, siendo "especialmente disciplinados".
   En este punto, el secretario de Estado de Hacienda recordó que el Gobierno ha introducido una serie de medidas de disciplina fiscal que discriminan a los ayuntamientos en función de sus niveles de endeudamiento.
   Particularmente, recalcó que aquellos ayuntamientos que tengan un déficit equivalente al 75% de sus ingresos corrientes en 2010 no podrán endeudarse más en 2011. "Intentamos obligar a los ayuntamientos que están en peor situación a que, como mínimo, no empeoren su situación en el próximo año", apuntó.
   Sin embargo, Ocaña dejó claro que, pese a estas restricciones y la demora en la aprobación del nuevo modelo de financiación local, el Gobierno se ha comprometido en todo momento con la autosuficiencia de los municipios y ha realizado para ello un gran esfuerzo financiero en los últimos años.
   Una de estas iniciativas, que Ocaña se encargó de pormenorizar, es la Línea ICO de avales para cubrir el pago de los servicios prestados por empresas y autónomos a los ayuntamientos, dotada con 3.000 millones de euros, que, aunque fue demandada por los propios municipios, sólo ha recibido solicitudes por valor de 106 millones de euros desde su creación en mayo de 2009.
   Además de esta medida, Ocaña recordó que las entregas a cuenta a las entidades locales por recaudación del Estado se incrementarán el próximo año en un 9%, pasando de 13.246 millones a 14.443 millones de euros, pese a la "poco favorable" situación financiera.
   Ocaña aclaró, no obstante, que, en cualquier caso, la mejora de la financiación local no puede pasar no por subir impuestos, ni por incrementar la participación de los ayuntamientos en los ingresos de otras administraciones, sino sólo en modificar su estructura fiscal.
   "No es el momento de pedir más financiación, pero hay márgenes para obtenerla, como a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)", sugirió.
   Ocaña informó al respecto de que Hacienda ha recibido un importante número de peticiones por parte de ayuntamientos para que lleve a cabo una revisión "masiva" de los valores catastrales, en ocasiones para elevarlos y ganar más capacidad recaudatoria a través del IBI y en otras para reducirlos en línea con la caída real del precio de la vivienda.
   En ambos casos, Ocaña consideró que realizar esta revisión masiva, sin esperar a que se cumpla el plazo habitual de cinco años entre una valoración y otra, sería "inadecuado", puesto que estos valores tienen que ser estables y lo contrario implicaría en cadena mayor inseguridad jurídica, algo sobre lo que "hay que ser especialmente cuidadosos" en la actual coyuntura.
   Como alternativa, el secretario de Estado de Hacienda propuso "modificar los tipos, porque eso viene a resolver el mismo problema".
 "En vez de modificar la base modifiquemos el tipo", apostilló.
   Dicho esto, Ocaña recordó que los planes del Catastro para el próximo año son realizar una revisión en 225 municipios que afectará a unos cuatro millones de propiedades, aunque concretó que estas cifras podrían variar, puesto que uno de los grandes ayuntamientos ya ha solicitado retrasar la valoración.

El Banco de España aprueba el SIP del Grupo CRM

VALENCIA.- La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha acordado considerar al Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM) como un grupo consolidable de entidades de crédito, así como calificar el acuerdo suscrito por las 14 cajas rurales valencianas participantes como un Sistema Institucional de Protección (SIP).

   Según ha informado CRM, está previsto que comience a trabajar de forma consolidada a partir del próximo 1 de enero.
   La aprobación del Banco de España tras estudiar y analizar la documentación presentada por las entidades "responde al cumplimiento de los criterios de solidez y racionalidad económica que se han de exigir a este tipo de operaciones", han apuntado las mismas fuentes.
   Al respecto, han destacado que esa decisión "supone un fuerte impulso" al proyecto iniciado en julio de 2009, que se formalizó el pasado 14 de junio se formalizó con la firma del contrato de constitución del Grupo CRM por parte de Ruralcaja, Caixa Rural de Torrent, Crèdit Valencia, Caixaltea, Caixa Rural de Burriana, Caixa Callosa d'en Sarrià, Caixa Rural de Nules, Caixa Rural Alqueries, Caixa Rural de Cheste, Caixa Rural Alginet, Caixa Rural Vilavella, Caixa Rural Almenara, Caixa Rural Xilxes y Caixa Rural Vilafamés.
   El Grupo CRM, el mayor proyecto de integración financiera española por número de entidades, cuenta con una plantilla de más de 2.600 empleados y una red de 635 oficinas, con presencia en las provincias de Barcelona, Tarragona, Valencia, Castellón, Alicante y Murcia.
   Además, integra a 14 de las 36 cajas rurales de la Comunitat Valenciana y posee unos Activos Totales Medios de 12.000 millones de euros, el 65 por ciento del crédito cooperativo autonómico.

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Una empresa exige a labradores de la Vega Baja 35.000 euros por patentes

ALICANTE.- La agrupación de interés económico Geslive, una suerte de SGAE para los derechos de la propiedad industrial e intelectural en el mundo agrícola, está exigiendo a labradores de la Vega Baja hasta 34.000 euros en concepto de patentes de sus mandarinos, plantados antes o después del año 2006, fecha en la que esta compañía registró oficialmente el plantón de cítricos 'Nadorcott' (antigua afourer). Sindicatos agrícolas alicantinos, como La Unió, ya se ha movilizado y prepara las primeras acciones judiciales ante las salas de lo Civil y lo Mercantil al considerar un «abuso» estas reclamaciones, revela el diario 'La Verdad'.

El responsable sindical de La Unió en la Vega Baja, José Manuel Pamies, y el técnico de esta organización, Joanma Mesado, que ya tramita decenas de casos en la huerta citrícola de Valencia, confirmaron a este diario que están multiplicándose en las últimas semanas las reclamaciones de grandes cantidades de dinero a agricultores por tres motivos diversos. Bien porque tengan la variedad de mandarino sin la teórica licencia de patente plantada antes del año 2006 y sin regularizar; bien porque plantaron estos cultivos de satsuma después del año 2006, cuando Gesliva ya tenía el registro de la propiedad industrial; o bien porque han injertado nuevas plantaciones de esta variedad con árboles de cultivos plantados antes del año 2006.

En esta última tesitura se halla un agricultor de La Murada con plantaciones en esta pedanía oriolana y en la murciana de Abanilla. Según explica Pamies, a este agricultor le obliga esa especie de SGAE agrícola a abonar 34.050,40 euros, a razón de veinte euros por planta. De esos veinte euros, ocho corresponden a una especie de royaltie por el uso de la patante del mandarino en cuestión (en total se le reclaman 11.776 euros) y otros doce euros tienen que ver con una especie de sanción (17.664 euros). 

«A este agricultor, que está ahora muy agobiado, le han notificado que si no paga los 34.000 euros antes de diez días, se tomarán medidas judiciales contra él e incluso se le podrá obligar a talar toda la plantación de cítricos», explica el coordinador sindical de La Unió en la Vega Baja.  

Royalty e indemnización

También de «abusos y preocupación» habla el técnico de la organización agrícola Joanma Mesado, para quien tampoco tiene razón de ser que las reclamaciones las haga un denominado Club de Variedades Vegetales, con sede en Valencia. Cree que los agricultores afectados (están llamando cada vez más al sindicato desde todas las comarcas alicantinas, especialmente de la Vega Baja y las Marinas) están en su derecho de recurrir en los juzgados al menos los 12 euros por planta de teórica «sanción o indemnización». 

«Es razonable que si se regulariza el cultivo se paguen los 8 euros de royaltie, pero no la sanción», abunda Mesado. La variedad citrícola 'Nadorcott' tiene la virtualidad de ser cosechada en óptimas condiciones de maduración entre febrero y marzo, lo que convierte al fruto en muy competitivo en los mercados tanto interiores como exteriores.

En los tres últimos lustros, coincidiendo con la crisis de precios de los limones al desbocarse las importaciones de terceros países, se cuentan por decenas las plantaciones de cierto calado de limoneros que han sido arrancados y sustituidos con el mandarino de marras. 

En la carta que está enviando la Agrupación de Obtentores de Variedades Vegetales, con membrete de Geslive, y firmado por el abogado J. Enrique Ayllón Villar, el pasado día 23 le comunican a uno de esos agricultores afectados de Orihuela que «como usted sabe, Gestión de Licencias Vegetales, AIE, es una agrupación de obtentores de variedades vegetales dedicada, sin ánimo de lucro propio, a la gestión, protección y defensa de los derechos de propiedad». 

El director de Geslive, Antonio Villarroel, aclara que esta compañía gestiona los derechos de propiedad industrial y que la estrategia de inspección y control de posibles ilegales es competencia del Club de Variedades Vegetales Protegidas, que concentra el 80% de producción de mandarinos en España.

miércoles, 1 de diciembre de 2010

El Gobierno Zapatero elimina la cuota obligatoria a la Cámara de Comercio

MADRID.- El Gobierno estima que la eliminación de la obligación de todas las empresas y trabajadores autónomos de pagar cuotas a las Cámaras de Comercio, que este viernes aprobará el Consejo de Ministros, les supondrá un ahorro anual de 250 millones de euros, de los cuales 90 millones de euros repercutirán en las pymes.

   Según el Ejecutivo, el hecho de que el conocido como 'recurso cameral' sea voluntario implica que la financiación de las Cámaras "estará vinculada efectivamente a los servicios demandados por las pymes". 

   El Gobierno justifica esta medida, así como las otras anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras, "para fomentar de forma inmediata la inversión y la creación de empleo entre las pymes".

La Generalitat destaca que el 85,9% de los valencianos está en contra del trabajo irregular de los inmigrantes

VALENCIA.- La Generalitat valenciana ha destacado que el 85,9 por ciento de los valencianos es contrario a que los inmigrantes trabajen en situación irregular, por lo que apuesta por su regularización, según ha informado la administración valenciana en un comunicado. Asimismo, ha señalado que un 77,5 por ciento de la población de la Comunitat muestra su disposición favorable a que los empresarios tengan más facilidades para que sus empleados inmigrantes desarrollen su labor de acuerdo con la legalidad. 

   Estos datos se desprende de la encuesta 'Actitudes hacia la población inmigrante', realizada este año por la Fundación CeiMigra a más de 1.100 personas. El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha presentado este miércoles el sondeo ante el Foro Valenciano de la Inmigración y ha destacado que los valencianos están a favor de una inmigración ordenada y regular.
   Por otro lado, respecto a los extranjeros e inmigrantes que residen de forma legal y estable, la mayoría de los encuestados considera que se les debería reconocer derechos como cobrar prestaciones por desempleo (95,6%), vivir con su familia (93,7%), votar en las elecciones municipales (75,6%) y obtener la nacionalidad española (79%).
   Rafael Blasco, se ha mostrado esperanzado ante los resultados de esta encuesta aunque ha reconocido que "queda todavía un largo camino por recorrer" y ha señalado que el gran reto de la Generalitat es  continuar trabajando por la integración en todos los barrios y municipios de la Comunitat a través de acuerdos con entidades y ayuntamientos. Así ha subrayado la buena aceptación entre el colectivo inmigrante de las 61 escuelas de acogida existentes que habrán impartido el Compromiso de Integración al finalizar el año a un total de 10.000 extranjeros e inmigrantes, según la Generalitat.
   La administración valenciana ha apuntado que aunque el sentir mayoritario sea favorable a una inmigración ordenada y regular, la atención a cualquier persona al margen de su situación administrativa debe ofrecerse. De este modo, ha resaltado que una mayoría (54,8%) de los encuestados afirma que a los extranjeros en situación irregular se les debe reconocer los mismos derechos humanos que a las demás personas, como recoge la Ley Valenciana de las Personas Inmigrantes, que garantiza la asistencia a toda persona al margen de su situación administrativa.
   Por otro lado, el 58 por ciento de los ciudadanos españoles residentes en la Comunitat opina como primer motivo que los inmigrantes vienen a España debido a la pobreza y las dificultades de una vida digna en sus países de origen y, en segundo lugar, atribuyen el fenómeno inmigratorio a las posibilidades de encontrar un trabajo (un 19,3%), por encima del deseo de tener la misma calidad de vida que los españoles o europeos y otros factores.
   El impacto de la inmigración es positivo en distintos ámbitos.  En concreto, el 79,5% opina que la inmigración rejuvenece la población y que es positiva también su aportación a la cultura (62%), a la economía (55,5%) y a la convivencia (48,4%), según la Generalitat. Igualmente, ha señalado que  la sociedad valenciana tiene plena conciencia y conocimiento sobre la población inmigrante residente en la Comunitat ya que a la pregunta sobre su presencia en esta región, el 23,8%, contestación mayoritaria, afirma que representan entre un 11 y un 20% -el dato real es un 17%-.
   Sin embargo, ha explicado que los valencianos tienen una percepción sobre la inmigración irreal superior a la realidad ya que mientras un 30% de los inmigrantes se encuentran en una situación irregular, sólo un 9,9% da esta respuesta, porcentajes superiores a medida que dicen que su presencia es superior.
   Respecto a si España necesita que vengan personas de otro país por algún motivo, hasta un 99% entiende que todas las personas tienen el derecho a buscar una vida digna. Los entrevistados reconocen su disposición a inmigrar si lo necesitasen para poder vivir y trabajar en un 90,1%.
   Las relaciones entre la población autóctona y la inmigrante también aparecen en la encuesta. Así a la mayoría (69,6%) le daría igual vivir en el mismo bloque de viviendas donde residen inmigrantes y un 74,6% piensa lo mismo cuando se pregunta sobre posibles relaciones. Si la pregunta es sobre relaciones entre los hijos e inmigrantes, a un 17% le gustaría, a un 72,5% le daría igual y a un 6,4% no le gustaría, ha indicado la Generalitat.
   Del sondeo también se desprende que en la actualidad el 52,7% de los encuestados tenga todos o casi todos los días relaciones con los inmigrantes frente a un 17,2% que responde "nunca o casi nunca". La relación con los inmigrantes es mayor por la amistad (57,8%) que por vecindad (57,3%) y laboral (54,8%), aunque todavía son escasas por motivos familiares (20,9%) y sentimentales (6,7%).
   Por lo que se refiere al mundo educativo, ante la pregunta de si le gustaría que sus hijos compartieran la misma clase con niños de familias inmigrantes, un 14% afirma que le gustaría y un 72,1% responde que le daría igual. El 86,7% está de acuerdo en que alumnos de familias inmigrantes se distribuyan por igual en los centros escolares públicos y privados.
   Asimismo, un 56,5% considera que la relación entre las personas españolas e inmigrantes es buena o muy buena. La encuesta desvela que la responsabilidad de la integración es una tarea y responsabilidad de "todos los que convivimos en la misma sociedad" (80,5%) y un 34,5%, respuesta mayoritaria, considera que los inmigrantes deberían poder mantener sus costumbres siempre que no entren en conflicto con las leyes españolas.

Cayo Lara asegura que en el PP valenciano hay ya "más presuntos culpables que presuntos inocentes"

VALENCIA.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha asegurado que en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana "hay ya más presuntos culpables que presuntos inocentes", lo que ha calificado como "una lacra para la democracia y para los ciudadanos". Por ello, ha considerado que los valencianos "necesitan más izquierda alternativa en las Corts, para que se legisle contra el paro y la corrupción no anide definitivamente en las instituciones". 

   Cayo Lara ha realizado estas manifestaciones en Valencia, donde ha participado en el acto de presentación de las candidaturas autonómicas de EUPV junto a los cabezas de lista por Valencia, Marga Sanz; Alicante, Lluís Torró, y Castellón, Marina Albiol. Al acto, celebrado en la sede en la capital Valenciana de Esquerra Unida, han asistido también representantes de diversas entidades cívicas, sindicales y culturales.  
   El coordinador federal se ha mostrado convencido de que la candidatura de EUPV es "la mejor que se va a presentar en el País Valenciano" porque sus miembros "han estado en la protesta pero también en la propuesta" y ha augurado que llevará "más aire fresco" al parlamento autonómico.
   Así, ha alabado a los candidatos, especialmente a la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, que sería "una extraordinaria presidenta de la Generalitat". "Con mucho respeto a Francisco Camps, no hay color", ha apostillado.
   "Marga (Sanz) representa las banderas de la izquierda: la roja de la lucha social; la verde de la sostenibilidad ambiental y la morada de la República que habla de fraternidad e igualdad", ha aseverado.  
   Lara ha loado también la labor de Lluís Torró, a quien ha definido como un "intelectual comprometido", y de Marina Albiol, una joven "radical, desde el punto de vista de que hay que resolver los problemas de raíz, e íntegra". En este sentido, ha subrayado la apuesta de IU por la "izquierda joven", ya que uno de sus objetivos es "convertir a la Generación 'Ni Ni' (ni estudia ni trabaja) en otra Generación Ni Ni (ni PSOE ni PP)".  
   En la misma línea, ha insistido en que esta formación es "una alternativa necesaria para acabar on el bipartidismo imperfecto que hay en España y también en el País Valenciano" y se ha congratulado de que IU y EUPV están creciendo, "no sólo porque lo digan las encuestas", sino porque lo "constatan" sus propios dirigentes, ha apuntado.
   Por su parte, la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ha resaltado que su reto es trabajar en la campaña electoral para lograr, "sin oportunismos", una política "social, medioambiental y cultural" y "poner en solfa el modelo depredador del PP". Para ello, ha recalcado que su programa electoral tendrá como ejes "la defensa de los servicios públicos, el medio ambiente, la cultura y la ética en la vida pública".
   En la misma línea, Marina Albiol ha lamentado la "doble crisis económica y democrática" que sufre la Comunitat a causa de la "plaga de la corrupción". "Padecemos el PP más corrupto del Estado español", ha reprochado la representante de Esquerra Unida, que ha incidido en la necesidad de "apartar urgentemente de la instituciones a los ladrones y los censores".
   Finalmente, Lluís Torró ha señalado que EUPV va en su oposición "más allá" de las imputaciones puntuales de cargos públicos para intentar combatir el modelo, que es el que "facilita la corrupción". Asimismo, ha instado a dejar de ser "un país de camareros" para recuperar sectores productivos tradicionales del territorio valenciano.

El PSPV pregunta al Consell "de dónde va a sacar los 200 millones que cuesta la emisión de bonos"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes y responsable de Economía del PSPV-PSOE, Cristina Moreno, ha preguntado este miércoles al vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, "de dónde va a sacar los 200 millones de euros en gastos financieros que cuestan las dos últimas emisiones de bonos".

   Moreno ha destacado en un comunicado que estos 200 millones de euros "no están presupuestados", ya que el presupuesto para el año que viene "solo es superior al de este ejercicio en 73 millones que, además, tienen como objetivo afrontar préstamos e intereses existentes". Por tanto, para Moreno, Gerardo Camps debe comparecer en las Corts "cuanto antes" y explicar "qué partidas de los presupuestos va a recortar para afrontar este nuevo 'hachazo' a las arcas públicas de los valencianos".
   Asimismo, la portavoz socialista ha afirmado que "las dos últimas firmas en poco más de un mes de Gerardo Camps han endeudado a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en 2.600 millones de euros sin hacer una obra ni crear un puesto de trabajo, sino que van dirigidos a pagar los excesos y la mala gestión del Consell durante estos últimos años".
   En este sentido, la portavoz socialista ha destacado que el Plan E del Gobierno de España destinó a la Comunitat Valenciana esta misma cifra "con el objetivo contrario, ya que se destinaban para crear trabajo mediante la obra pública".
   "En el derroche y la mala gestión del Consell de Francisco Camps está el origen de estas maniobras financieras que deben ser explicadas en sede parlamentaria, ya que ha llegado un momento en el que, para pagar las nóminas, hay que pedir préstamos, y para pagar a proveedores lo que se les debe desde hace dos años, hay que pedir préstamos".
   Como ejemplo, la portavoz socialista ha apuntado que el retraso de dos días en pagar un préstamo por parte del Consell, "nos costó a los ciudadanos 150.000 euros". "La mala gestión económica del Consell provoca que la bola de la deuda haya crecido tanto que ya ha pasado por encima de la poca credibilidad que le quedaba a Gerardo Camps en esta materia, puesto que los impagos repetidos del Consell han provocado que las entidades financieras nos suban los intereses de la mora", ha subrayado Moreno.
   Además, la portavoz socialista de Economía ha considerado que "tampoco estaría mal" que Gerardo Camps compareciera en las Corts para explicar "cómo se atreve a hablar de bonos patrióticos cuando da la espalda a las, hasta hace poco, dos cajas de la Comunitat Valenciana mientras pone de coordinadora de estas emisiones a la Caixa".

Camps dice que no conoce las declaraciones de De la Rúa en las que defendió que su relación era institucional

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado este miércoles que no conoce las declaraciones realizadas ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, respecto a su relación con él.

   El jefe del Consell se ha pronunciado de este modo antes de presidir en Valencia la presentación del proyecto 'ProtegITs', al ser preguntado por las afirmaciones de De la Rúa. "No, no sé a qué se refiere. Muchísimas gracias", ha respondido el presidente de la Generalitat.
   El responsable del TSJCV afirmó que la causa contra Camps por el 'caso Gürtel' --llamada causa de los trajes--, fue "una más", además de defender que su relación con él era "institucional" y "no de amistad íntima".
   Asimismo, al ser preguntado de nuevo tras la presentación del proyecto 'ProtegITs' por esta misma cuestión, Francisco Camps ha aseverado que "en estos momentos lo más importante es sacar adelante el país".
"La economía de España está muy resentida por las decisiones, yo creo que poco coherentes, del gobierno de Zapatero", ha dicho.
   Tras ello, el responsable autonómico ha comentado que él se une a lo manifestado ayer por el presidente del PP, Mariano Rajoy. "Yo me uno a las declaraciones de ayer del presidente Rajoy, que es lo realmente importante y que es pedirle al presidente del Gobierno que después de las elecciones de Cataluña, donde el Partido Socialista se ha hundido absolutamente, convoque cuanto antes las elecciones generales", ha expuesto Camps.

Blanco asegura que su compromiso con el desarrollo del AVE "no se va a parar" tras su llegada a Valencia

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha asegurado este miércoles que su "compromiso con el desarrollo de la Alta Velocidad" ferroviaria "no se va a parar" tras la puesta en marcha del AVE a Valencia el próximo 18 de diciembre.

   "Vamos a seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos para demostrar con los hechos que todo lo que se decía era falso", ha garantizado Blanco.
   "Así, ratifico que en 2012 el AVE llegará a Alicante y en 2014 a Castellón y  Región de Murcia", ha proclamado el titular de Fomento durante su intervención en el pleno de control al Gobierno en el Congreso.
   No obstante, Blanco ha avanzado que estas provincias podrán comenzar ya a beneficiarse de las ventajas de la Alta Velocidad con la puesta en marcha de la conexión AVE Madrid-Valencia. "El beneficio se va a extender a toda la Comunidad, dado que Alicante y Castellón van a estar comunicadas a menos de tres horas con Madrid", explicó.
   En su intervención ante la Cámara Baja el ministro ha asegurado que la puesta en marcha del AVE a Valencia constituirá el "elemento más transformador" de para esta Comunidad desde la llegada del primer ferrocarril en el siglo XIX.
   "Su puesta en servicio dinamizará el tejido económico, empresarial e industrial, generará miles de empleos y aumentará la productividad al ahorrar 21 millones de euros en desplazamientos", ha indicado.
   "Además, va a favorecer aún más la industria del turismo, dado que un 20% de los viajes a esta Comunidad se hacen por motivos recreativos y de ocio, y va a reducir en 842.000 toneladas de CO2 hasta 2016", ha añadido.
   "La primera satisfacción como miembro del Gobierno es que en 2010, tal como se había comprometido y ante la incredulidad de muchos, el AVE llegará a Valencia el 18 de diciembre", ha concluido Blanco.

La Generalitat emitirá deuda para pagar a proveedores

VALENCIA.- La Generalitat valenciana emitirá a partir de este jueves bonos a 12 meses por valor de 1.000 euros cada uno y por un importe global de 1.000 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, y con una rentabilidad del 4,75 por ciento. La previsión es que este lanzamiento, de alcanzarse los 1.500 millones, permita reducir en 30 días el plazo medio con el que se está atendiendo el pago a los proveedores, de forma que pase de los 98 días actuales a unos 60 días.

   Así lo ha señalado en rueda de prensa el vicepresidente segundo y  consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, quien ha remarcado que la prioridad de la emisión es "atender" los pagos que la Generalitat tienen pendientes con sus "miles de proveedores de pequeñas y medianas empresas".
   Gerardo Camps ha especificado que la totalidad de la inversión inicial está "absolutamente asegurada" por una veintena de entidades financieras, más del 50 por ciento con domicilio social en la Comunidad Valenciana, y ha explicado que se ha optado por acudir al tramo minorista ante la previsión de que los mercados mayoristas continúen cerrados.
   El titular de Economía ha aseverado que por parte de los particulares "hay capacidad suficiente" para atender esta emisión de deuda. "No nos la estamos jugando. Ya sabemos hoy que va a ser un éxito", ha apostillado.

El PSPV de Ibi solicita la dimisión "inmediata" de la alcaldesa y el primer teniente de alcalde

ALICANTE.- El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Ibi, Antonio Martos Bueno, ha pedido la dimisión "inmediata" de la alcaldesa de la ciudad, Mayte Parra, y del primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera, porque, tal y como apuntan "informaciones aparecidas" en medios de comunicación, "podrían haberse quedado con dinero", según ha informado en un comunicado la formación política.

   "Tras las gravísimas noticias aparecidas en prensa en las que se vinculaba al edil responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Ibi, José Antonio Onsurbe, con unas presuntas extorsiones a un empresario, y según otra la noticia aparecida, tanto el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera como la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, podrían haberse quedado con dinero público", ha indicado Martos.

    Según el edil socialista, Mayte Parra "no puede cerrar el caso sólo con quitar todas las competencias al concejal Onsurbe", puesto que la alcaldesa, como máxima representante, "tiene que dar explicaciones de todo lo que está pasando en el Ayuntamiento de Ibi y poner toda la documentación sobre la mesa, sobre todo, la que hasta ahora ha preferido esconder pese a nuestras solicitudes, para que sea estudiada y se pueda clarificar cuánto de cierto hay en esas acusaciones y cuantificar, en caso confirmatorio, las consecuencias para las arcas municipales".

   Asimismo, el portavoz socialista ha solicitado "la apertura de una comisión de investigación urgente que clarifique las irregularidades contables y los métodos opacos utilizados para la contratación" en el Ayuntamiento.

   El 27 de octubre de 2010 se celebró el pleno extraordinario solicitado por el grupo municipal socialista, para tratar, entre otros temas, el estado actual de todas las ayudas, planes económicos y subvenciones recibidas desde las distintas administraciones para las obras en la fábrica Rico, fábrica Pilen y el Teatro Río. 

   "Unos días después, nuestro grupo denunció nuevamente el incumplimiento de la normativa por parte de Mayte Parra, ya que no había puesto a disposición pública y de los grupos políticos, los expedientes referentes a estas obras; hoy ya nos explicamos claramente el porqué de este ocultismo continuo", continúa Martos.
   Para el socialista, "hoy no puede terminar el día sin que Mayte Parra sea más diligente que ayer y, además de retirarle todas las competencias a Miguel Ángel Agüera como hizo con José Antonio Onsurbe, se aplique esa misma medida, para retirarse sus propias competencias, eso sí, después de ofrecer todas las explicaciones claras y pertinentes a la ciudadanía".

De la Rúa niega mantener una amistad "íntima y personal" con Camps

VALENCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, ha negado mantener una amistad "íntima y personal" con el president de la Generalitat, Francisco Camps, aunque ha reconocido que su relación institucional ha sido "buena".

En declaraciones a los periodistas, De la Rúa ha afirmado que con Camps tan "sólo" mantiene "una buena relación institucional" pero "no amistad íntima y personal, tal y como algunos han dicho", por lo que "para nada" lamenta que la ramificación valenciana del caso Gürtel recayera en su tribunal.
 
Juan Luis de la Rúa, se distanció así del presidente Francisco Camps, imputado por cohecho pasivo impropio en una causa que se instruye en el tribunal que él presidirá hasta el próximo día 13. Según aseguró, abandonará el cargo "con la conciencia tranquila". Afirmó, además, visiblemente alterado ante un grupo de periodistas en un acto de secretarios judiciales, que la causa contra el presidente Camps fue "una más". 

De la Rúa insistió en que "esa frase que dijo Camps de amistad íntima está sacada de contexto. Estaba hablando de relación institucional. No me he tomado con el president ni una cerveza en privado ni él ha ido al entierro de mis padres ni a la boda de mis cuatro hijos, como sí habría sido en caso de un amigo íntimo. Para mí, como juez, fue una causa más". Sin embargo, fue el propio Camps quien le señaló públicamente como "más que amigo".

De la Rúa repitió: "La causa del presidente Camps para mí era una más de las que estaba en la Sala de lo Civil y lo Penal y punto. No le di más trascendencia ni más importancia que la causa siguiente o la anterior que tuvimos en el tribunal". Y se preguntó si tras 40 años "pidiendo que se respete la justicia" debería haber incumplido la ley "y cargar el caso a otro".

Esas declaraciones las hizo antes de conocerse que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó que, tras abandonar el cargo el próximo día 13 para dar paso a la magistrada Pilar de la Oliva, ocupe una plaza en la sala de Lo Social, que es desde donde hace más de 11 años alcanzó la presidencia. Es el paso previo a una comisión de servicios.

De la Rúa quería quedarse como adscrito a la sala de lo Civil y Penal, pero ni el CGPJ ni la sala de Gobierno tenían sensibilidad para aceptar tal petición. Más aún, no querían que la primera decisión que tomara la nueva presidenta fuera el destino de su predecesor, marcado por su papel en el caso Gürtel.

Blasco dice que el archivo de la causa contra Luna no implica su "absolución"

VALENCIA.- El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, ha manifestado que el archivo decretado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la causa abierta contra el síndic socialista, Ángel Luna, tras la querella presentada por el PP por un presunto delito de cohecho no implica su "absolución" y ha defendido que una cosas es la prescripción de "conductas que podían ser más o menos punitivas y otra cosa es la responsabilidad pública".

   Blasco, que se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha emplazado a no "confundir la situación de imputado con la de condenado, que es algo que el PSPV habitualmente ha hecho", así como "la situación de archivado con la de absuelto desde el punto de vista de la justicia". 
"Una cosa es el archivo porque desde el punto de vista legal se hayan superado los plazos de conductas que podían ser más o menos punitivas y otra cosa es la responsabilidad pública", ha apostillado.
   Ha aseverado que ante la opinión pública "ha quedado perfectamente demostrado" que el portavoz socialista "no pagó la reforma de su casa" sino que ésta fue sufragada por el empresario "con el que pasó a trabajar después de dejar sus responsabilidades al frente del Ayuntamiento de Alicante".
   Blasco ha incidido en que el PP va a recurrir el archivo al considerar que el presunto delito cometido por el portavoz socialista es el tipificado en el artículo 420 del Código Penal, que no exige que el acto sea delictivo, sino simplemente injusto.  
   Preguntado sobre las críticas realizadas por Luna sobre el "desprecio" del PP a su seguridad, el portavoz 'popular' ha indicado que no conoce "cual es el tenor" de cada una de las declaraciones de bienes y actividades de los diputados de su grupo "porque han seguido el trámite parlamentario".
   Ha tachado las explicaciones de Luna de "peregrinas", ya que si "su domicilio ha aparecido en los medios de comunicación será responsabilidad del medio de comunicación", ha remarcado, y ha añadido que no le consta que nadie del PP haya divulgado la dirección del portavoz socialista.
   Asimismo, ha asegurado que su grupo no tendrá "ningún problema" de que si "al final no se sustenta ninguna responsabilidad" hacia Luna y "se demuestra que en nuestras aseveraciones ha habido alguna inexactitud en reconocerlo públicamente y pedir disculpas".
   En un comunicado, Rafael Blasco ha asegurado que el caso Luna "no puede cerrarse aún, ya que la prescripción de un delito no implica ni mucho menos la absolución y menos cuando quedan por aclarar numerosas cuestiones sobre las que el síndic socialista ha pasado de puntillas sin aclarar nada".
   El parlamentario ha lamentado el archivo de una causa que tiene "pendientes demasiados interrogantes que permiten presumir irregularidades en la reforma de la vivienda de Luna que podrían ser constitutivas de un delito de cohecho".
   Para Rafael Blasco, "no se puede entender que se cierre este caso con un carpetazo cuando Luna no ha dado ninguna explicación, sino que ha fomentado todo lo contrario: contradicciones y ninguna prueba de que las obras las abonara él".
   Así, el portavoz 'popular' se ha referido a las declaraciones del contratista que ejecutó parte de la reforma, Javier Ponce, "que dejó muy claro que fue Ortiz quien le pagó y no Luna ni su mujer".

La juez imputa a el ex alcalde de Polop un delito de tráfico de influencias

ALICANTE.- La titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Villajoyosa, ha informado al ex alcalde de Polop, Juan Cano, este martes durante su declaración, que está imputado por un delito de tráfico de influencias en la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión urbanística del municipio, según han informado fuentes judiciales.

   Juan Cano, que ha llegado cerca de las 10.00 horas al juzgado de Villajoyosa, antes de prestar declaración, ha asegurado a preguntas de los medios que es "inocente" de las supuestas irregularidades urbanísticas que investiga el órgano judicial.
   Así mismo, ha manifestado su intención de "colaborar siempre con la Justicia" y de que "se solucione lo antes posible esta situación para que se detenga a los culpables" de las presuntas irregularidades.
   Tras prestar declaración durante más de dos horas, --salió del juzgado sobre las 12.45 horas-- y preguntado por su comparecencia judicial, el ex edil de Polop ha subrayado que "es inocente" y que "las declaraciones las hace ante el juez".
   Las diligencias abiertas por el órgano judicial se derivan de la investigación realizada por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Villajoyosa sobre el asesinato de Alejandro Ponsoda --predecesor de Cano como alcalde polopino--, en la que Cano también aparece como imputado, y por la que estuvo recluido en prisión provisional durante ocho meses hasta el pasado mes de julio, cuando fue puesto en libertad tras pagar 20.000 euros de fianza.
   Junto a Cano, estaban citados a declarar también otros dos imputados por su presunta relación con supuestas irregularidades en la gestión urbanística.