domingo, 12 de diciembre de 2010

La investigación del 'caso Polop' descarta el móvil del urbanismo y se centra en la vida privada del ex alcalde asesinado


BENIDORM.- La investigación del caso Polop ha dado un giro radical y ha dejado al descubierto la inconsistencia de las pruebas acumuladas hasta ahora para tratar de esclarecer el asesinato del ex alcalde de ese pueblo de Alicante, Alejandro Ponsoda, muerto a tiros a las puertas de su casa en octubre de 2007. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha abandonado como hipótesis de trabajo el móvil urbanístico y ha retomado el seguimiento de la vida privada del regidor en los meses previos a su muerte, según 'El País'.

El aparente fallo en la línea de investigación le ha costado el puesto al capitán que la dirigió y el caso ha sido retomado desde el principio. Seis de las personas detenidas y encarceladas, incluidos los dos supuestos sicarios checos que según las primeras investigaciones pudieron ser los autores materiales del crimen, han sido puestas en libertad con fianza.
El pasado mes de noviembre dos declaraciones echaron por tierra la versión del principal testigo de la acusación, el portero del club Mesalina, de Benidorm, donde según las primeras investigaciones se habría fraguado el asesinato. Ambas coincidían en afirmar que el portero no pudo estar presente en la supuesta reunión donde se planeó el crimen de Ponsoda sencillamente porque no trabajaba allí, de acuerdo con el sumario judicial.
El primer informe de la Guardia Civil sobre el asesinato de Ponsoda es del 22 de febrero de 2008, cuatro meses después del crimen, y decanta la investigación hacia el urbanismo local, pero también recoge aspectos de la vida privada de Ponsoda: "Los cambios de actitud observados en el alcalde por las personas de su entorno fueron acompañados de una mayor frecuencia en sus visitas a establecimientos de ambiente gay (...), a la que pasó de acudir dos o tres veces al mes a hacerlo dos o tres veces a la semana o sus viajes a Valencia, en los que se hospedaba en una pensión localizada en la zona homosexual de esa ciudad".
Alejandro Ponsoda estaba tratándose en Valencia de dos enfermedades de transmisión sexual, una de ellas diagnosticada en 1994 y otra en la primavera de 2007. En sus desplazamientos a esa ciudad pernoctaba en una pensión de ambiente homosexual y, durante años, mantuvo contacto con diferentes masajistas que localizaba a través de los anuncios de periódicos. 
 Pero la Guardia Civil descartó la investigación de sus estancias en Valencia, que a veces se alargaban hasta cuatro días, o de las citas y contactos que mantenía en saunas gais de Benidorm, siempre según el sumario. La tarde del mismo día que fue asesinado, Ponsoda acudió a una de ellas para mantener relaciones sexuales con un masajista de origen caribeño. Luego acudió a las ocho de la tarde a una conferencia que se celebró en Polop, antes de trasladarse a su domicilio. La policía interrogó a los trabajadores de la pensión de Valencia, a los responsables de la sauna de Benidorm y a algunos masajistas, pero pronto abandonó la investigación de su vida privada.

Toys R Us amplía pérdidas por costes y debilidad internacional

NUEVA YORK.- Toys R Us, que está considerando cotizar en bolsa, informó de pérdidas por costes más altos y una debilidad de su negocio internacional.

La mayor minorista de juguetes del mundo, que este año abrió cientos de tiendas temporales en un intento de ganar más compradores, culpó a los gastos asociados a estas tiendas de la significativa alza de los costes.

La pérdida neta de la compañía se amplió a 93 millones durante el tercer trimestre que finalizó el 30 de octubre, desde 67 millones de dólares de un año antes.

Las ventas subieron un 1,9 por ciento a 2.720 millones de dólares en el trimestre, mientras que los costes operativos subieron cerca de un 9,4 por ciento.

Las categorías juveniles y la de juguetes se encontraban entre las más sólidas del trimestre, en tanto que la categoría entretenimiento -que incluye el software y hardware de videojuegos- fue la más débil.

La minorista, que tiene su sede en Nueva Jersey, dijo que las ventas comparables aumentaron un 2,3 por ciento en la unidad local, mientras que el área internacional cayó un 2,9 por ciento.

La compañía se enfrenta a una fuerte competencia de las minoristas Wal-Mart Stores y Target y a las tiendas por Internet como Amazon.com. Los fabricantes de juguetes Hasbro y Mattel también están entrando con fuerza en la venta directa.

En un intento por atraer a los compradores, Toys R Us está ofreciendo este año más elementos exclusivos.

"Será nuestra Navidad más grande de la historia", dijo el consejero delegado, Jerry Storch, en una entrevista el mes pasado.

viernes, 10 de diciembre de 2010

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, piensa repetir como candidato

SEGOVIA.- José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación provincial de Alicante e imputado en el escándalo de corrupción del caso Brugal, se ve como candidato para las próximas elecciones en la región, informa hoy 'Público'.

Así lo ha asegurado en un acto que su partido ha celebrado en Segovia,  en el que Rajoy se ha reunido con todos los candidatos provinciales e insulares. 
Preguntado por Público sobre si su presencia en el este acto significaba que se veía como próximo candidato, el también presidente del PP alicantino ha sido rotundo: "Si".
El juez que investiga la trama corrupta en torno a la concesión de la gestión de residuos de Orihuela consideró que existían indicios de que Ripoll ha cometido cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios.
Con el acto que se celebra hoy en Segovia, el PP clausura la cuarta edición de la reunión que la dirección del partido celebra con sus presidentes provinciales, a fin de analizar las aspiraciones electorales en comunidades autónomas y municipios.
En él, Rajoy presentó los objetivos de su programa marco y pidió "reducir el déficit" a las comunidades autónomas y ayuntamientos. "El reto del PP es hacer más con menos", apuntó el líder conservador.

jueves, 9 de diciembre de 2010

El 54 % de los españoles apuesta por reformar la Constitución en cuanto a Justicia y modelo autonómico

MADRID.- Casi el 40 por ciento de los españoles se declara "poco o nada satisfecho" con la Constitución de 1978 y cerca de la mitad asegura lo mismo cuando se le pregunta sobre el funcionamiento de la democracia, según el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre.

Esta encuesta, en la que se evalúa la visión que tienen los ciudadanos sobre la Carta Magna y distintas instituciones del Estado, se basa en 2.469 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 238 municipios de 50 provincias realizadas entre el 3 y el 11 de noviembre, y tiene un margen de error de más/menos 2 por ciento.

Los encuestados no tiene reparos en reconocer el escaso conocimiento que tenemos los españoles de nuestra ley fundamental, ya que siete de cada diez cree que la conocemos "muy poco" o "casi nada" y el 22 por ciento considera que sólo se sabe de su contenido "por encima". Cuando se les interroga sobre su propio conocimiento de la misma sólo el 12 por ciento dice conocerla "bien".

Aunque tres de cada cuatro entrevistados consideran que la forma en la que se hizo la Transición es un motivo de "orgullo" para los españoles, 32 años después de la aprobación de la Constitución un 39 por ciento se confiesa "poco" o "nada" satisfecho con la Carta Magna, frente al 45,8 que está "muy o bastante" satisfecho con ella.

Respecto a la necesidad de modificarla, cerca del 25 por ciento no es partidario de tocarla, pero hay un 54 por ciento que quiere hacer cambios, principalmente para reformar la Justicia (9,7%), el sistema autonómico (7%), para "adaptarse a los nuevos tiempos" (5,3%) y para garantizar los derechos sociales (5,2%).

La reforma relativa a la sucesión de la Corona, que en algún momento se ha barajado con el fin de garantizar la igualdad del hombre y la mujer al acceso a la Jefatura del Estado, sólo es reclamada por el 4,7 por ciento, mientras que un 3,4 por ciento quiere cambiar la monarquía como forma de gobierno.

También se acercan al 5 por ciento los que piden reformas que afecten a las Cortes y la ley electoral y el endurecimiento y cumplimiento de las condenas. Un 3,4 por ciento pide revisar la Ley del Menor y sólo el 1 por ciento aspectos relativos al derecho de autodeterminación y el federalismo.

La mitad de los españoles está "muy o bastante satisfecho" con el funcionamiento de la democracia, frente al 47 por ciento que confiesa que le satisface "poco o nada". En paralelo, sólo el 8 por ciento cree que la democracia española funciona mejor que las del resto de la Unión Europea, tres de cada diez considera que aquí funciona peor y un 38 por ciento no ve diferencias.

El sondeo revela también que está extendida la percepción de que los bancos y las grandes empresas tienen más poder que el Gobierno o el Parlamento. En concreto, el CIS ha elaborado una tabla de 'poderosos' en la que las entidades financieras ocupan el primer lugar (con un 31,6 por ciento menciones), el Gobierno figura con un 26,4 por ciento y las grandes empresas llegan al 15 por ciento.

Por detrás aparecen los medios de comunicación (8,7%), que se sitúan por delante de los partidos políticos (7,6%) y del Parlamento (2,6%). Los sindicatos se anotan un 2,1 por ciento y los militares se quedan a las puertas de 1 por ciento.

Las instituciones que más confianza merecen a los ciudadanos son, por este orden, las Fuerzas Armadas y la Monarquía, que son las únicas que aprueban. Les siguen el Defensor del Pueblo y los medios de comunicación, que superan el 4,5, y ya por debajo se sitúan los parlamentos y gobiernos autonómicos, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes. La lista la cierran los partidos políticos con una nota de 2,8 puntos, el Gobierno con un 3,5 y, tan solo una décima por debajo, aparece la Iglesia Católica.

Los españoles consideran que los medios de comunicación son los que tienen más capacidad de controlar un eventual abuso del poder por parte del Gobierno, seguido de los partidos que están en la oposición y del Tribunal Constitucional. Sin embargo creen que los ciudadanos no pueden hacer casi nada a ese respecto y tampoco confieren esta competencia al Defensor del Pueblo.

Cuando se pide opinión sobre la labor de las Cortes, se evidencia que los que piensan que en el Congreso y en el Senado se presta "demasiada atención a problemas de poca importancia" son más del doble de los que creen que en estas instituciones se analizan "problemas fundamentales para el país".

En concreto, un 61 por ciento cree que el Congreso se centra en temas superfluos y el 59 considera que el Senado hace lo mismo. En conclusión, el 66,7 por ciento se declara "poco o nada satisfecho" con el funcionamiento del Parlamento, que sólo respalda el 20 por ciento.

Además, los españoles piensan mayoritariamente que los partidos políticos son necesarios para el funcionamiento de la democracia, pero a la vez asumen que "sólo sirven para dividir a la gente", que se "critican mucho entre sí pero en realidad son todos iguales" y que "son necesarios para defender los intereses de los distintos grupos y clases sociales". Tres de cada cuatro españoles se declaran bastante o muy de acuerdo en que los políticos no se preocupan mucho de lo que piensan los ciudadanos y siempre buscan sus intereses personales.

Respecto al trabajo del Tribunal Constitucional, el 34 por ciento lo avala, pero hay un 39 por ciento que lo critica. También son más (46%) los que consideran poco o nada útil la labor del Defensor del Pueblo que los que la respaldan (41%).

sábado, 4 de diciembre de 2010

Mapa en directo del tráfico marítimo en torno a la Península Ibérica

Mapa en directo de vuelos sobre la Península Ibérica

La red Gürtel amañó el concurso de la visita del Papa con el PP valenciano

MADRID.- El último informe policial incorporado al sumario revela que la red Gürtel negoció y amañó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con la cúpula del PP de esa comunidad y, además, concreta qué personas se repartieron la millonaria comisión que generó a la trama corrupta la visita papal, informa 'El País'.

El informe, de 68 páginas, muy exhaustivo, es demoledor: señala cómo los responsables de la red Gürtel, en connivencia con el ex director de la televisión pública valenciana Canal 9, Pedro García -y presumiblemente también con altos cargos del PP y personas vinculadas a la fundación pública que organizó el evento- inflaron al doble el precio de contratación de la instalación de los equipos de imagen y sonorización del viaje del Papa y se repartieron una comisión de tres millones de euros.
La red usó como testaferro de ese amaño a la firma leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia y que fue la adjudicataria de la instalación de los equipos de sonido e imagen de la visita que giró Benedicto XVI a Valencia en 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de Familias. El informe describe cómo los responsables de la trama se repartieron casi tres millones en comisiones de los 6,4 que libró Canal 9 de sus arcas exclusivamente para el montaje de los citados equipos (el coste total de la visita se acercó a los 14 millones).
Según este informe, basado en análisis de la caja B de las empresas Gürtel y en anotaciones hechas en su agenda secreta por el número dos de la trama, Pablo Crespo, el reparto de los tres millones fue el siguiente: el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se metió en su bolsillo 1,4 millones, y su lugarteniente, Pablo Crespo, 630.000 euros. Otra suculenta tajada, 500.00 euros, fue a los bolsillos del jefe de la red mafiosa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llama "amiguito del alma" y le dice que le "quiere un huevo" en dos conversaciones telefónicas que ambos mantienen en la Navidad de 2008. 
Otros 500.000 euros fueron para Pedro García, ex director general de Canal 9, cargo para el que fue nombrado mediante decreto del presidente Camps en septiembre de 2004 y del que dimitió en agosto de 2009 tras salir a luz en El País que la visita del Papa también había caído en las redes de Gürtel. El informe sostiene que además hubo una quinta persona que entró en el reparto de los 3 millones. Responde a la inicial de "R", y se llevó otros 300.000 euros. "R=persona sin identificar=300.000 euros", se recoge en el informe policial.
La empresa testaferro, Teconsa, por prestar su nombre al chanchullo, ingresó otros 200.000 euros del total de 2,8 millones en comisiones que deparó la visita del Papa. Aparte de múltiples indagaciones y cotejo de movimientos de dinero, la policía ha llegado a la conclusión de que éste fue el reparto exacto de las comisiones gracias a un archivo de Excel llamado (VISITA PAPA 1/DOCUMENTOS IMPORTANTES/RESUMEN FINAL.XLS/Hoja CIFRAS". Este archivo fue hallado dentro de un disco de memoria, pen drive, decomisado en un piso de seguridad de la trama sito en el madrileño paseo del General Martínez Campos, 32.
No tardaron mucho los implicados en empezar gastar el dinero de la comisión. Correa invirtió parte de su dinero en obras y reformas de casas que posee en Ibiza y Marbella; El Bigotes destinó 12.000 de sus 500.000 euros en comprar joyas y artículos de regalo (posiblemente para agasajar a políticos del PP con poder de contratación en la Administración valenciana). También destinó parte de ese dinero en regalos de bodas, ayudar a su familia, pago de inmueble y viajes. El ex director de Canal 9, siempre según el citado informe, pudo destinar parte de su 500.000 euros en comprarle a su esposa un Volvo XC90 por importe de 54.475 euros, entre otras adquisiciones.
Pero hay más documentos que certifican el increíble amaño que hizo la red Gürtel con la operativa de la visita del Papa a la ciudad del Turia y que dejan entrever que Correa y sus hombres pudieron embolsarse ese dinero en connivencia o, al menos, con la aquiescencia de altos cargos del Gobierno valenciano. La policía no atribuye a ningún alto cargos delito alguno, si bien en su informe aflora un documento que hasta ahora no se conocía. Una agenda secreta intervenida a Pablo Crespo, número dos de la trama.
Esa agenda contiene supuestos contactos previos a la visita papal entre Crespo y dos vicepresidentes del Gobierno de Camps, Víctor Campos (que dejó el cargo en mayo de 2007) y Juan Cotino (en la actualidad, vicepresidente tercero). La agenda secreta de Crespo también refleja contactos entre Crespo y un comisionado de la fundación encargada de organizar la visita del Papa; y entre Crespo y el entonces responsable de Canal 9, Pedro García, que fue el que contrató con la citada fundación, integrada por representantes públicos valencianos, la retransmisión a todo el mundo de la visita y quien subcontrató con la empresa testaferro Teconsa la instalación de los equipos audiovisuales por 6,4 millones de euros (casi tres de ellos, comisiones).
En concreto, la citada agenda recoge anotaciones sobre "reuniones y conversaciones" entre Crespo y "Víctor y Ricardo", en alusión, según la policía, al citado Víctor Campos, y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia. También alude a contactos con Juan Cotino en relación con la visita papal.
De su puño y letra, Crespo escribe en esa agenda: "Todo indica que en las elec. Victor-Presi Dip. Castellón, Ricardo-Vice o Economía". Igualmente se refiere a El Bigotes, su hombre en los tejemanejes de Valencia. "Álvaro se quiere situar. Con Víctor [se supone que Campos] está imponente"; "muchos actos"; "todo va de puta madre"; "implicar a Ricardo (que vea que esto es un poco suyo)", "Víctor lo tranquiliza con lo del Papa"; "Pedro [García] se preocupa todos los días; Habla con Víctor, con Juan [Cotino]"; "no ha hecho nada en Canal 9"; "viene un aluvión de actos, acciones etc"; "No quiere fallar en nada".
La misma agenda contiene anotaciones, anteriores a la visita del Papa, que ya entonces dan cuenta del "suministro de los equipos de sonido y pantallas" para el acto del Papa y señala contactos de Crespo con "Pedro", "Cotino" y "P. Boada". La policía sostiene que "Pedro" es el antes citado director de Canal 9; que "Cotino" es "Juan Gabriel Cotino Ferrer" y que "P. Boada" es Enrique Pérez Boada, "responsable en 2006 del Instituto Valenciano de Finanzas y Comisionado del Patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de Familias".

La empresa no va a la Universidad ni para formar ni para investigar

MADRID.- Si se les pregunta a las empresas españolas dónde acuden para dar formación a sus empleados, la Universidad aparece la octava opción de 10, solo por delante de las compañías matrices de las propias firmas y los sindicatos. Las compañías apenas cuentan tampoco con los campus para llevar a cabo proyectos de I+D, y en ambos casos, principalmente, por puro desconocimiento. Así lo pone de manifiesto el estudio La universidad y la empresa y española para el que la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) ha encuestado a 184 compañías de todos los sectores y tamaños, según recoge 'El País'.

"O se pone en marcha de verdad el enorme potencial de la Universidad" en cuanto a recursos humanos y e infraestructuras o va a "ser muy difícil cambiar de modelo productivo para salir de la crisis", asegura es coordinador de los informes de CyD, Martí Parellada.
Los datos son los siguientes: solo el 14% de las empresas ha recurrido a la Universidad para llevar a cabo proyectos de I+D y la razón principal para no hacerlo (38%) es que no conocían esta posibilidad. Y, en cuanto a la formación continua, solo el 19% utilizó los cursos generales (como másteres) y apenas un 4% contrató con los campus cursos diseñados a medida (no sabe de esta posibilidad el 43%). En este último caso, hace cinco años la cifra fue el doble, el 8%, según el estudio anterior hecho por CyD en 2004.
Si entonces representaban un 54% las empresas que no habían tenido contacto alguno con la Universidad, ahora son el 46%, aunque hay que tener en cuenta que en la muestra actual el peso de las firmas grandes (a las que se supone más facilidad de acercamiento a los campus) es un poco mayor. La relación principal es a través de convenios de prácticas para estudiantes o titulados (un 77%). Teniendo en cuenta, en cualquier caso, que las cifras absolutas han crecido (más formación continua y más I+D), los porcentajes parecen estancados, al menos en parte, "porque las universidades no han hecho los deberes", añade Parellada.
Lo que sí ha ido claramente a peor en los últimos seis años es la percepción de las empresas sobre la Universidad: un 38% opina que la universidad no actúa como motor de desarrollo económico, frente al 33% de 2004. Sobre este tema, hay distintos estudios (por ejemplo, de la OCDE) que aseguran que los campus sí ejercen ese papel. Sin embargo, no deja de ser significativa esa percepción empresarial.
Pero es todavía más importante esa impresión cuando se trata de lo que saben o les falta por aprender a los titulados universitarios a los que contratarán, o no. Y la nota media que le ponen a su preparación ha bajado ligeramente, aunque sigue por encima del aprobado: de 3,08 sobre 5 a 2,88. El 60% de empresas está en la esa franja media (ni bien ni mal), el 24% les parece insuficiente para lo que requiere el trabajo y a otro 14% les parece bien. En cuanto a las destrezas concretas, consideran que los títulos garantizan perfectamente la actitud para aprender, el uso de nuevas tecnologías y aptitud para el trabajo en equipo; que aseguran la capacidad de análisis, la disposición al trabajo y los conocimientos teóricos; pero creen que deben mejorarse los idiomas, formación práctica y las habilidades directivas.

jueves, 2 de diciembre de 2010

La información de Valencia, Castellón y Comunidad Valenciana, en nuestro blog regional


Toda la información económica mundial, cada día en 'Economía Avanzada'


Zapatero tira la toalla / Jordi Calvo Rufanges *

El presidente por fin sabe quien manda aquí. Ya lo ha asumido y ha tirado la toalla. Ya no hay espacio para políticas sociales porque los mercados se enfadan. Ya no podemos mantener la edad de jubilación porque los mercados se enfadan. Ya no podemos pagar una pequeña ayuda a quien no encuentra trabajo porque los mercados se nos cabrean. Tenemos que vender el patrimonio público porque como tengamos un poco de déficit los mercados entran en cólera. Y claro, cuando los mercados se ponen a malas, ¿qué puede hacer un gobierno?

Además, hemos sido tan malos durante todo este tiempo que, para evitar que nos rescate la Unión Europea o el FMI, ahora tenemos que rectificar. Porque claro, la sanidad pública española es la de mayor calidad de Europa, la educación pública la que mejor funciona, las pensiones las más altas, las prestaciones por desempleo aseguran en este país que toda persona viva con dignidad hasta que encuentra un trabajo en condiciones, los contratos ofrecen estabilidad, las infraestructuras son las mejores del continente…que ha llegado el momento de recortar. Basta de políticas sociales improductivas que han llevado a este país a la ruina, nos repiten los voceros de los mercados.

El presidente del menos socialista de los gobiernos de la historia de España ya no decide en clave política (si alguna vez lo ha hecho) y ahora funciona como una entidad empresarial más, siendo la número 38 de la reunión que mantuvieron recientemente el gobierno y las 37 empresas más grandes del país.

El presidente se equivoca si piensa que siendo amigo de los mercados, éstos le van a recompensar. Quizá Zapatero no acaba de comprender que los mercados mueven sus capitales a los lugares donde mayor beneficio pueden obtener y más confianza perciben, independientemente de que seas o no amigo suyo. 

Un país con 4,5 millones de parados, de los que 1 millón no recibe ninguna ayuda y a los que se sumarán cientos de miles que ahora cobraban los 400 y pico euros y con millones de pensionistas que reciben al mes una mísera paga, está abocado a tal conflicto social, que puede ser que finalmente los mercados huyan de España despavoridos. Lo que quizá sea lo mejor, porque ¡qué diferente sería todo si no tuviéramos miedo a los mercados y pudiéramos decidir por nosotros mismos qué políticas económicas y sociales queremos desarrollar en nuestro territorio! 

Además, si llegáramos al punto de que la UE nos tuviera que rescatar, ¿qué medidas les quedan ya por aplicarnos para cumplir con la ortodoxia liberal? Pocas, aunque visto lo poco que queda por cargarse del Estado de bienestar, podrían estar pensando en meter mano a la sanidad y la educación públicas. No olvidemos que los mercados son insaciables.

(*) Jordi Calvo Rufanges es economista e investigador sobre movimientos sociales. Está concluyendo una tesis doctoral sobre el Fórum Social Mundial.-  jcalvo@centredelas.org

El PSPV lamenta que la Comunitat "tiene 32.765 desempleados más que hace doce meses"

VALENCIA.- La portavoz adjunta en las Corts Valencianes y secretaria de Economía del PSPV, Cristina Moreno, ha asegurado este jueves que la Comunitat Valenciana "tiene hoy 32.765 parados más que hace doce meses".

"En términos interanuales, el paro en la Comunitat Valenciana ha registrado un aumento, en el último año, de 32.765 personas, lo que representa el 7 por ciento de incremento, mientras en España la subida es del 6,2 por ciento", ha explicado en un comunicado.

   Según Moreno, "las últimas cifras del paro, hechas públicas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, demuestran que la política económica" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es "ineficaz y ruinosa". La dirigente socialista ha lamentado que en la Comunitat Valenciana se ha pasado "de 461.818 desempleados en octubre de 2009 a los 502.905 que hay en la actualidad". 

   La responsable del PSPV ha advertido de que la disminución del empleo en los últimos doce meses en España "ha sido del 1,3 por ciento mientras que en la Comunitat esa cifra ha sido mayor, un 1,9 por ciento".

   En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Francisco Camps "no está acometiendo ninguna reforma estructural ni liderando ningún cambio que sea capaz de darle la vuelta a la situación de crisis por la que están atravesando miles y miles de valencianos y valencianas". 

"Estamos viviendo el resultado de una crisis que en la Comunitat Valenciana comenzó hace 15 años con los gobiernos del PPCV", ha denunciado.

   En su opinión, "las cifras son desoladoras, Alicante cuenta con 204.031 parados, Castellón con 58.678 y Valencia con 240.196 desocupados" y ha denunciado "la inexistencia del Gobierno valenciano". "Hasta en nueve ocasiones hemos pedido al presidente de la Generalitat nuestro ofrecimiento de un pacto para luchar contra la crisis", ha criticado.

   "Nuestra principal preocupación es crear empleo y mejorar la situación económica", ha subrayado. Así, ha recordado que el pasado 11 de mayo, el PSPV presentó el Programa para el Saneamiento y la Reforma de la Economía Valenciana "con el objetivo de impulsar reformas estructurales que lleven a esta comunidad a la senda de la creación de empleo y la prosperidad económica".

   Moreno ha destacado que en esta iniciativa se contempla "la necesidad urgente para la sostenibilidad de la Comunitat una reducción del 15 por ciento en el gasto corriente de la Generalitat y una operación de saneamiento a fondo", ya que, sin adoptar este tipo de decisiones, "no se puede invertir en empleo, en transformación y avance de nuestra economía". 
 
Además ha recordado que en él se exige que las consellerias "se reduzcan a siete y que el nuevo Consell pase a tener solo un vicepresidente".

Medio Ambiente garantiza que a Xixona "no entrará ni un kilo más de basura de la que puede albergar"

VALENCIA.- La secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, María Ángeles Ureña ha garantizado en las Corts Valencianes que a la planta de Piedra Negra de Xixona  "no entrará ni un kilo más de basura de la que puede albergar".

   Ureña, que ha comparecido en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, ha remarcado que como "sabe perfectamente" el alcalde de Xixona, Ferran Verdú, "no entrará ni un kilo más de basura del que la planta puede albergar" puesto que se trata de una reivindicación del primer edil "legítima".
   La responsable de Medio Ambiente ha apuntado que en los medios de comunicación hablan de que a la planta de compostaje y vertedero del municipio de L'Alacantí van a ir de 135.000 toneladas de residuos procedentes del plan zonal 1 correspondiente a Castellón, cuando en esa zona se generan 54.000 toneladas.
   Asimismo, ha especificado que en 2009 la planta de Xixona recibió 150.000 toneladas, "por debajo de su capacidad", de las que en 2010 35.000 toneladas ya no irán "porque ha entrado en funcionamiento la de El Campello".
   Ureña ha especificado que la Conselleria "ha asumido" la "solución transitoria" planteada por el consorcio que gestiona el plan zonal 1 de habilitar una planta en Benicarló (Castellón), de la que se ocupará la empresa pública Vaersa, que se mantendrá en funcionamiento mientras se prolonguen las obras de construcción de las nuevas instalaciones para Castellón, que está previsto que en dos años aproximadamente estén concluidas.
   La secretaria autonómica ha indicado que el informe de sosteniblidad ambiental previsto para la revisión del Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunitat Valenciana señala que las instalaciones programadas tienen "capacidad suficiente" para albergar los residuos que se generan hasta el "horizonte de 2020", a la vez que ha subrayado que si "somos comunidad ¿no es mejor que seamos solidarios entre nosotros?", ha inquirido.
Villena
   Ureña ha comparecido en la Comisión para explicar el supuesto traslado de residuos sólidos procedentes de Peñíscola a la planta de tratamiento de Villena, una situación que la secretaria autonómica ha negado que se produzca. "La planta de Villena nunca ha recibido residuos procedentes de Peñíscola ni de ningún municipio de Castellón", ha apostillado.
   Ha especificado que las instalaciones de Villena han recibido hasta octubre de 2010 más de 58.000 toneladas de residuos, de las que solo el 4 por ciento proceden de municipios de fuera de la zona 13, que es la que corresponde a la población alicantina, y "no ha habido ni un gramo procedente de la provincia de Castellón". En concreto, ha aclarado que 55.932 toneladas son de la zona 13, 926 del Valle de Cofrentes, 196 de Bocairent, 1.109 de Caudete y 114 de Llíria.
   El diputado de No Adscritos Lluís Torró ha aseverado que los valencianos "tenemos un problema mayúsculo con el tema del tratamiento de residuos por la falta de infraestructuras" en Castellón, lo que hace que los residuos "acaben en los vertederos de las plantas de tratamiento" y "el resultado es que se recicla una cantidad ínfima de residuos".
   Ha puesto como ejemplo la planta de Piedra Negra en Xixona, que fue diseñada para tratar 110.000 toneladas anuales que han acabado por convertirse en 242.000 toneladas en 2007, ha aseverado.
   Torró ha indicado que los residuos de Castellón "se están trasladando a diversas plantas de Alicante y ahora la solución es trasladarlos a Xixona". "¿Cuánto tiempo piensan seguir manteniendo este estado de cosas, cuanto tiempo tardarán las plantas pendientes de Castellón en ejecutarse y acabarse y tener el PIR nuevo en condiciones de ser aprobado y ponerse en marcha?", ha preguntado.
   El diputado socialista Antonio Lozano ha señalado que a su grupo "no nos gusta que los residuos vayan de norte a sur" y ha apuntado que ésta es una solución "coyuntural" y "provisional". Por su parte, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha remarcado que los responsables del Consell "están haciendo una mala planificación de forma premeditada y con alevosía".
Elche
   Por otro lado, Ureña ha defendido que en la actuación de la Generalitat para la renovación del área del barrio de San Antón de Elche, fruto de un convenio firmado el pasado 30 de octubre de 2008 con el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento ilicitano, no hay "ni trampa ni cartón".
   Ureña ha respondido a la diputada de Compromís Mireia Mollà, que ha acusado al Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) de emitir una "factura falsa" para justificar el uso del dinero aportado por el Gobierno. En el mismo sentido se ha pronunciado la parlamentaria socialista María José Salvador, quien ha inquirido si "es práctica habitual enviar certificaciones falsas de las inversiones del Ministerio" y ha cuestionado que el Consell haya gastado "casi dos millones de euros en papeles".
   La secretaria autonómica ha señalado que las actuaciones que ha venido desarrollando el IVVSA en ese barrio "están todas justificadas y se corresponden con trabajos realizados" y ha remarcado que no se puede "engañar cuando están tres administraciones trabajando codo a codo y cada una de ellas tiene los medios de control propios".
   Ha espetado a los diputados a que a "poco que comparen y hagan las operaciones aritméticas les saldrán los números sin ninguna duda de ningún tipo".
   Ha especificado que en la justificación que se remitió al Ministerio el 27 de noviembre de 2009 se produjo "un error en la imputación en una casilla que no toca" ya que se imputaron "por error 384.000 euros como gastos de realojos temporales" que en realidad se correspondían con "asistencias técnicas". "No hay ni trampa ni cartón, lo que se está haciendo es lo que se ha convenido y en los términos en los que se ha convenido", ha apostillado.
Elda
   Por otro lado, el diputado socialista Eduardo Vicente ha preguntado a Ureña por los motivos por los que el Instituto Valenciano de la Vivienda, SA (IVVSA) "no va a proceder a la rehabilitación del interior de las viviendas del segundo bloque de Las Trescientas" en el municipio de Elda.
   La secretaria autonómica ha señalado que el coste de la rehabilitación del primer bloque de la calle Azorín de Elda ha supuesto el 40 por ciento --2,6 millones de euros-- del presupuesto total previsto para los cincos bloques --6,5 millones--, por lo que frente a esa situación "no hubo más remedio que ajustar las actuaciones" y se optó por actuar en todos los bloques "para satisfacer al mayor número de vecinos posible".  
   Ha incidido en que no es posible aumentar el presupuesto porque, entre otras razones, "conforme están las cosas" es "muy previsible" que se recorten las ayudas estatales a la rehabilitación de viviendas, a la vez que ha relatado que la parte exterior de las viviendas "van a tener las mismas inversiones que el resto de vecinos" y "prácticamente donde no se va a actuar es en cocinas y baños".

El paro sigue aumentando en Alicante hasta las 204.031 personas

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunitat Valenciana bajó en 204 personas en noviembre, un 0,04 respecto al mes anterior, con lo que el número total de desempleados se sitúa en 502.905, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   En España, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 24.318 personas en noviembre, un 0,6% respecto al mes anterior, encadenando así cuatro meses al alza tras aumentar en agosto, septiembre y octubre en 61.000, 48.000 personas y 68.000 personas, respectivamente. La subida del paro en noviembre, mes en el que suele aumentar el desempleo, es casi tres veces inferior a la registrada en igual mes de 2009, cuando el paro creció en 60.593 personas.
  Por provincia, Valencia fue la que experimentó un mayor descenso del paro al bajar en 1.863 personas,  un 0,77 por ciento, con lo que el número total de personas sin trabajo se cifra en 240.196, seguida de Castellón donde bajó en 921 personas, un 1,55 por ciento hasta los 58.678 parados. Por contra, en la provincia de Alicante aumentó 2.580, un 1,28 por ciento hasta los 204.031.
   Del total 502.905 desempleados 256.211 son hombres y 246.694 mujeres y 57.973 son jóvenes menores de 25 años. Asimismo, el paro registrado entre los extranjeros de la Comunitat Valenciana descendió en 41 personas, un 0,05 por ciento, con lo que el número total de desempleados entre este colectivo se sitúa en 84.184 personas.
   De los 204 parados menos, 315 fue en el sector de la Agricultura, 1.123 en Industria, 1.373 en Construcción. Por contra en el sector Servicios aumentó en 2.057 parados y 550 en el colectivo de Sin Empleo Anterior.
  Por otro lado, el pasado mes se efectuaron 129.733 contratos, lo que supone 3.128 menos con respecto al mes anterior, un 2,35 por ciento. Del total de 129.733 nuevos contratos 11.292 fueron indefinidos y 118.441 temporales.

El PSPV asegura que Camps "castiga a los valencianos a pagar las consecuencias de se nefasta gestión"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del PSPV en las Corts y secretaria de Economía de los socialistas valencianos, Cristina Moreno, ha afirmado este jueves que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "castiga a los valencianos y valencianas a pagar las consecuencias de su nefasta gestión económica al frente del Consell". 

   Moreno, en un comunicado sobre la emisión de bonos, ha apuntado que esta medida del Consell "no es más que el resultado de la nefasta gestión económica de Camps que nos ha abocado a la búsqueda de liquidez urgente para poder hacer frente a los gastos de la Generalitat, de la misma forma que los impagos de las deudas existentes nos llevan a renovaciones bancarias en las que se encarece el tipo a pagar ya que las entidades financieras han constatado la contumaz morosidad del Consell".
   Del mismo modo, ha indicado que "sin ninguna duda, esperamos que se cubra esta emisión de bonos, ya que es necesario, incluso para pagar las nóminas de los trabajadores y trabajadoras del mes de diciembre". También ha explicado que "esta medida será rentable para todos aquellos que tengan ahorros y puedan invertir porque el tipo es interesante, pero no deja de ser una situación provocada por la ruinosa e ineficaz política económica de la que hace gala Camps".
   La portavoz socialista ha lamentado que "las dos últimas firmas del conseller de Economía, Gerardo Camps, han endeudado a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana en casi 2.600 millones de euros".  
   "La Comunitat Valenciana necesita un cambio de rumbo urgente que la devuelva a la senda de la prosperidad y el empleo", ha reclamado Moreno. Por ello, los socialistas valencianos a través del Programa para el Saneamiento y la Reforma de la Economía Valenciana "continuaremos proponiendo la adopción de medidas drásticas para reflotar la Generalitat Valenciana".
   La diputada socialista ha apuntado que "los ciudadanos de esta comunidad "necesitan un cambio urgente de prioridades". "No podemos consentir que Camps siga al frente de un Consell que no tiene un plan económico con el que sanear la Generalitat", ha criticado. "Para salir de esta situación hace falta un programa serio y real, como el de los socialistas valencianos, basado en alta competitividad, empleo y democracia", ha subrayado.
   Asimismo, Moreno ha resaltado que en el Programa económico Alta Competitividad, Empleo y Democracia del PSPV se analiza la "necesaria reestructuración" del sector público empresarial para reducir de 130 a 30 las entidades autónomas y fundaciones de la Generalitat, además de "un pacto de estabilidad y equilibrio financiero para 10 años que tenga como primer marco presupuestario el del año que viene".
El Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publica este jueves la resolución del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) de la emisión de deuda de la Generalitat por 1.000 millones de euros, ampliables a 1.500, con un interés fijo del 4,75 por ciento que se abonará con un pago único al vencimiento.
   Según señala el DOCV,  el importe nominal mínimo de las ofertas será de 1.000 euros y el máximo será de 2.000.000 euros. El periodo de suscripción ha comenzado este jueves a las 9.00 horas y finalizará el 17 de diciembre de 2010 a las 14.00 horas. La fecha de emisión será el 22 de diciembre de 2010 y se nombra entidad coordinadora y entidad agente a Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 'La Caixa'.

Flores asegura que Manises y El Altet "cumplen todos los requisitos" para la privatización

VALENCIA.- El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario flores, ha asegurado este jueves que va a estudiar "tranquilamente" el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de privatizar hasta el 49 por ciento de algunos aeropuertos de la red de Aena. 

   Al respecto, Flores ha señalado que si esa privatización es "efectiva" y "puede ser gestionada por las empresas que compren las acciones", los aeropuertos de Manises y El Altet cumplen "todos los requisitos para entrar en el nuevo modelo".
   El conseller, que ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación, tras mantener un encuentro con los alcaldes de Utiel, José Luis Ramírez, y Camporrobles, Gerardo Gómez, ha señalado que el ministro de Fomento, José Blanco, ya le anticipó a él mismo y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, esta propuesta.
   El titular de Infraestructuras ha recordado que el presidente del Gobierno ha hablado de una privatización del 49 por ciento de los aeropuertos de El Prat (Barcelona) y de Barajas (Madrid), con lo que, según Flores, el Ejecutivo busca "una inyección de liquidez".
   Mario Flores también ha subrayado que desde la Generalitat siempre han reivindicado "un modelo similar al portuario" que en la Comunitat Valenciana "ha funcionado francamente bien", ha manifestado el conseller.

El PP de la Diputación vota una moción socialista para que dejen de enviarse basuras de Castellón a Jijona

ALICANTE.- El PP de la Diputación de Alicante ha votado a favor de una moción socialista, en la que se exige a la Generalitat que deje de enviar basuras de Castellón a Jijona, aunque, tras el pleno, el presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, ha acusado al alcalde, Ferran Verdú, de "demagógico" por "decir una cosa y firmar otra", ya que él estuvo de acuerdo en eliminar la limitación geográfica en la procedencia de los residuos, a cambio de un aumento del canon.

   El pleno de la Diputación, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad la moción socialista, que pide al Consell que dejen de traer basuras de Castellón a la planta jijonenca.
   Tras la sesión, José Joaquín Ripoll ha indicado que el PP ha votado a favor porque la moción es "respetuosa" y que es la Generalitat la que tiene que decidir al respecto. Aunque se ha mostrado partidario del "principio de solidaridad interterritorial", también ha reconocido que es "cierto que Castellón está muy lejos de Jijona y que es mejor buscar otras soluciones".
   No obstante, el presidente ha querido destacar que fue el alcalde de Jijona quien firmó para que se eliminara la limitación geográfica en la procedencia de los residuos. En este sentido, Ripoll ha explicado que por recibir basuras de otras zonas se incluía una cláusula para recibir 31.000 euros. Si aceptaban eliminar esta limitación, el canon aumentaba hasta los 200.000 euros, ha dicho.
   De este modo, Ripoll ha acusado a Verdú de "decir una cosa y firmar otra" porque él firmó en 2008 una cláusula para poder recibir los 200.000 euros. Además, el Ayuntamiento de Jijona ha recibido 5,8 millones de euros "en los cinco años de funcionamiento correcto" de la planta.
   "Por un lado se dice unas cosas y por otro lado se firman otras", ha dicho Ripoll, quien ha tachado la postura socialista de "demagógica".

Las Cámaras de Comercio prevén una reducción del 60% de los ingresos y ajustes de plantillas

MADRID.- El Consejo Superior de las Cámaras de Comercio prevé que la eliminación de las cuotas empresariales reducirá los ingresos de las Cámaras en 250 millones de euros, lo que supone un 60% del presupuesto, y provocará "importantes" ajustes de plantilla.

   "La capacidad de las Cámaras queda dramáticamente reducida", afirmó el presidente del organismo, Javier Gómez-Navarro, durante una rueda de prensa celebrada junto a los seis vicepresidentes del Consejo Superior de Cámaras.
   Gómez-Navarro advirtió de que "la gran mayoría tendrá que hacer frente a un proceso de reestructuración y habrá otras que no podrán sobrevivir". Esto obligará a las Cámaras que continúen a realizar "un ajuste importante de plantilla" y buscar métodos de financiación.
   El Consejo de las Cámaras de Comercio alertó de que la desaparición de la cuota con la que se financian las Cámaras perjudica a las pymes y beneficia a las grandes empresas. Más de medio millón de pymes en España utilizan los distintos programas y servicios de estos organismos.
   Gómez-Navarro recordó que las Cámaras, dependientes de las comunidades autónomas, constituyen "la única red capilar de apoyo a las empresas que existe en España", con más de 450 puntos, y destacó la ayuda que aportan a las pymes en su proceso de internacionalización como una vía para hacer frente a la crisis.
   El presidente de las Cámaras defendió la eliminación de las cuotas a los autónomos y explicó que conoció la medida "oficial y formalmente", ayer, de boca del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la anunció en el Congreso de los Diputados. "Hubo un debate cuando se discutió la Ley de Economía Sostenible", añadió.
   Gómez-Navarro señaló que han solicitado una reunión con la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y recordó que las Cámaras vienen aplicando medidas de ajuste, entre las que destacó la reducción de un millón de euros (un 20% del total) en los costes de personal en los últimos tres años.
   El Gobierno anunció ayer la eliminación de la obligatoriedad a todas las empresas de pagar estas cuotas a las Cámaras, dentro de un paquete de medidas de reducción del déficit, que se aprobarán mañana en el Consejo de Ministros.  
   Las Cámaras consiguen casi la mitad de los ingresos por cuotas (el 43,25%) que provienen de las empresas que pagan más de 6.000 euros al año, que representan sólo el 0,16% del total de empresas.
   De las cifras aportadas se deduce también que el 76,5% de los ingresos de las Cámara provienen del 2,64% de las compañías y que unas 35.000 empresas (el 1% del total) contribuyen a prácticamente dos tercios de los ingresos por cuotas de las Cámaras. Telefónica es la compañía que más paga, con una cuota anual de alrededor de 700.000 euros.
   La cuota que pagan las empresas a las Cámaras está en función del beneficio obtenido (cuota líquida positiva en Impuesto sobre Sociedades) y la cuota media que pagan las empresas a las Cámaras por este impuesto es del 0,07% de los beneficios fiscales declarados.

Hacienda reformará la financiación local "cuando sea posible"

MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha avisado que se reformará la financiación local "cuando sea posible" y que la preocupación del Gobierno se centra ahora en mantener a raya el déficit de los ayuntamientos, sin dejar de garantizar sus necesidades financieras.

   Ocaña, que acudía por primera vez a la Comisión de Entidades Locales del Senado, marcó así el camino de la crisis a los municipios, que están pendientes de la reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales desde que en el verano 2008, cuando el Gobierno remitió a la Federación Nacional de Municipios y Provincias (FEMP) las bases del nuevo modelo.
   Según Ocaña, la "intención" del Gobierno es continuar trabajando con los ayuntamientos sobre estas bases, pero avanzó que la reforma se aprobará "cuando sea posible", ya que la actual coyuntura de crisis y turbulencias financieras "no es el momento idóneo" para enfrentarse a estas cuestiones.
   "El modelo de financiación local tiene que ser estable, tiene que durar un tiempo razonablemente largo y en este momento, en el que las escaseces son particularmente importantes, las decisiones quizás no sean las adecuadas", añadió.
   En medio de este limbo, Ocaña indicó que "a corto plazo" la prioridad es garantizar que los ayuntamientos cumplan "su parte" en el plan de consolidación fiscal y reduzcan su déficit, siendo "especialmente disciplinados".
   En este punto, el secretario de Estado de Hacienda recordó que el Gobierno ha introducido una serie de medidas de disciplina fiscal que discriminan a los ayuntamientos en función de sus niveles de endeudamiento.
   Particularmente, recalcó que aquellos ayuntamientos que tengan un déficit equivalente al 75% de sus ingresos corrientes en 2010 no podrán endeudarse más en 2011. "Intentamos obligar a los ayuntamientos que están en peor situación a que, como mínimo, no empeoren su situación en el próximo año", apuntó.
   Sin embargo, Ocaña dejó claro que, pese a estas restricciones y la demora en la aprobación del nuevo modelo de financiación local, el Gobierno se ha comprometido en todo momento con la autosuficiencia de los municipios y ha realizado para ello un gran esfuerzo financiero en los últimos años.
   Una de estas iniciativas, que Ocaña se encargó de pormenorizar, es la Línea ICO de avales para cubrir el pago de los servicios prestados por empresas y autónomos a los ayuntamientos, dotada con 3.000 millones de euros, que, aunque fue demandada por los propios municipios, sólo ha recibido solicitudes por valor de 106 millones de euros desde su creación en mayo de 2009.
   Además de esta medida, Ocaña recordó que las entregas a cuenta a las entidades locales por recaudación del Estado se incrementarán el próximo año en un 9%, pasando de 13.246 millones a 14.443 millones de euros, pese a la "poco favorable" situación financiera.
   Ocaña aclaró, no obstante, que, en cualquier caso, la mejora de la financiación local no puede pasar no por subir impuestos, ni por incrementar la participación de los ayuntamientos en los ingresos de otras administraciones, sino sólo en modificar su estructura fiscal.
   "No es el momento de pedir más financiación, pero hay márgenes para obtenerla, como a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)", sugirió.
   Ocaña informó al respecto de que Hacienda ha recibido un importante número de peticiones por parte de ayuntamientos para que lleve a cabo una revisión "masiva" de los valores catastrales, en ocasiones para elevarlos y ganar más capacidad recaudatoria a través del IBI y en otras para reducirlos en línea con la caída real del precio de la vivienda.
   En ambos casos, Ocaña consideró que realizar esta revisión masiva, sin esperar a que se cumpla el plazo habitual de cinco años entre una valoración y otra, sería "inadecuado", puesto que estos valores tienen que ser estables y lo contrario implicaría en cadena mayor inseguridad jurídica, algo sobre lo que "hay que ser especialmente cuidadosos" en la actual coyuntura.
   Como alternativa, el secretario de Estado de Hacienda propuso "modificar los tipos, porque eso viene a resolver el mismo problema".
 "En vez de modificar la base modifiquemos el tipo", apostilló.
   Dicho esto, Ocaña recordó que los planes del Catastro para el próximo año son realizar una revisión en 225 municipios que afectará a unos cuatro millones de propiedades, aunque concretó que estas cifras podrían variar, puesto que uno de los grandes ayuntamientos ya ha solicitado retrasar la valoración.

El Banco de España aprueba el SIP del Grupo CRM

VALENCIA.- La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha acordado considerar al Grupo Cooperativo Cajas Rurales del Mediterráneo (CRM) como un grupo consolidable de entidades de crédito, así como calificar el acuerdo suscrito por las 14 cajas rurales valencianas participantes como un Sistema Institucional de Protección (SIP).

   Según ha informado CRM, está previsto que comience a trabajar de forma consolidada a partir del próximo 1 de enero.
   La aprobación del Banco de España tras estudiar y analizar la documentación presentada por las entidades "responde al cumplimiento de los criterios de solidez y racionalidad económica que se han de exigir a este tipo de operaciones", han apuntado las mismas fuentes.
   Al respecto, han destacado que esa decisión "supone un fuerte impulso" al proyecto iniciado en julio de 2009, que se formalizó el pasado 14 de junio se formalizó con la firma del contrato de constitución del Grupo CRM por parte de Ruralcaja, Caixa Rural de Torrent, Crèdit Valencia, Caixaltea, Caixa Rural de Burriana, Caixa Callosa d'en Sarrià, Caixa Rural de Nules, Caixa Rural Alqueries, Caixa Rural de Cheste, Caixa Rural Alginet, Caixa Rural Vilavella, Caixa Rural Almenara, Caixa Rural Xilxes y Caixa Rural Vilafamés.
   El Grupo CRM, el mayor proyecto de integración financiera española por número de entidades, cuenta con una plantilla de más de 2.600 empleados y una red de 635 oficinas, con presencia en las provincias de Barcelona, Tarragona, Valencia, Castellón, Alicante y Murcia.
   Además, integra a 14 de las 36 cajas rurales de la Comunitat Valenciana y posee unos Activos Totales Medios de 12.000 millones de euros, el 65 por ciento del crédito cooperativo autonómico.

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