jueves, 12 de enero de 2012

Moody's degrada dos escalones el 'rating' de la Comunitat Valenciana

LONDRES.- La agencia de calificación de riesgos Moody's ha rebajado dos escalones, dentro ya del grado especulativo o 'bono basura', la nota de solvencia de la Comunitat Valenciana, que pasa a 'Ba3' desde 'Ba1', a la vez que mantiene su amenaza de más recortes de 'rating' sobre esta región, que extiende además a otras nueve comunidades autónomas españolas por las presiones de liquidez y sus dudas sobre si estas serán capaces de cumplir con los objetivos de déficit para 2012.

   En concreto, Moody's explica que ha decidido recortar la nota de la Comunitat Valenciana "por sus problemas de liquidez y por los inminentes e importantes vencimientos de deuda" a los que debe hacer frente la región.
   Asimismo, la agencia mantiene bajo vigilancia la calificación de la Comunitat Valenciana para otro posible recorte porque entiende que la posición de liquidez de la región es todavía "muy precaria" y depende de las medidas de apoyo que tome el Gobierno central.
   En este sentido, Moody's recuerda las dificultades de la Comunitat Valenciana para hacer frente en plazo a un pago de 123 millones al Deutsche Bank, lo que subraya, a juicio de la agencia, la cada vez más complicada posición de liquidez de la región.
   Por otro lado, Moody's ha situado en "revisión para una posible rebaja" las calificaciones de País Vasco, Galicia, Madrid, Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha, además de los 'ratings' de Guipúzcoa, Vizcaya y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.
   A este respecto, la calificadora de riesgos destaca las "crecientes presiones de liquidez sobre los gobiernos regionales y locales" por el deterioro de las condiciones de los mercados para los emisores subnacionales españoles.
   "Las regiones calificadas por Moody's se enfrentan a vencimientos de deuda por importe aproximado de 17.000 millones de euros en 2012", apunta la agencia, que subraya que las comunidades cuentan "cada vez con menos opciones de financiación, normalmente con altos intereses y vencimientos más cortos" ante sus dificultades para acceder a los mercados de capitales.
   "De hecho, varias regiones emitieron bonos dirigidos a inversores minoristas en 2011, lo que incrementa aún más los riesgos de refinanciación, tal como evidenció la incapacidad de Valencia de refinanciar completamente sus 1.500 millones en bonos minoristas del pasado mes de diciembre", añade.
   Por otro lado, Moody's explica que su amenaza de rebajar el 'rating' de estas autonomías refleja su preocupación respecto a la capacidad de las regiones españolas de cumplir con el objetivo de déficit fijado para 2012, después de que el Gobierno anunciara que las regiones incumplieron el objetivo de 2011 por un amplio margen, con un saldo negativo estimado del 2,7% frente al 1,3% previsto.
    De este modo, Moody's subraya la incertidumbre respecto al cumplimiento de objetivos de déficit en 2012 por parte de las regiones en el actual contexto, así como por el deterioro del entorno macroeconómico, tal y como refleja la previsión de Moody's de que el PIB español se contraiga entre un 0,5% y un 1% este año.

Castellano espera que el Gobierno central "sea más sensible que el anterior con la financiación"

VALENCIA.- El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, espera que el Gobierno que preside Mariano Rajoy sea "más sensible y comprometido que el anterior" con la financiación de las comunidades autónomas, después de que este jueves la agencia de calificación de riesgos Moody's haya rebajado dos escalones la nota de solvencia de la Comunidad Valenciana.

   El consejero se ha expresado en estos términos tras entrevistarse con el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, en la sede la de corporación provincial. Castellano considera que "ya se está trabajando con el nuevo Gobierno para que la credibilidad y la confianza sea como tiene que ser y como se merece la Comunidad Valenciana".
   Moody's ha explicado que ha decidido recortar la nota de la Comunidad Valenciana "por sus problemas de liquidez y por los inminentes e importantes vencimientos de deuda" a los que debe hacer frente la región.
   La agencia de calificación ha rebajado dos escalones, dentro ya del grado especulativo o 'bono basura', la nota de solvencia de la Comunidad Valenciana, que pasa a 'Ba3' desde 'Ba1', a la vez que mantiene su amenaza de más recortes de 'rating' sobre esta región, que extiende además a otras nueve comunidades autónomas españolas por las presiones de liquidez y sus dudas sobre si estas serán capaces de cumplir con los objetivos de déficit para 2012.
   Castellano ha asegurado que "evidentemente todas las cuestiones económicas ocupan y preocupan en estos momentos" al Consejo valenciano. "Estamos trabajando de manera prioritaria en esa materia", ha agregado.

La Defensora del Pueblo investiga la gestión de las bolsas de maestros interinos en todas las CC AA

MADRID.-  La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha iniciado una investigación de oficio para conocer cómo se gestiona la bolsa de interinos del cuerpo de maestros de Educación Primaria en las 17 administraciones educativas autonómicas y en Ceuta y Melilla. 
 
   Según informa este organismo, la investigación se inició tras las quejas de ciudadanos llegadas al Defensor del Pueblo, que ponían de manifiesto que en varias comunidades autónomas, el procedimiento de gestión de la bolsa de interinos de este cuerpo no estaba dando preferencia los maestros especializados en Primaria, sino en otras materias, como Música, Educación Física, Educación Infantil, Lengua extranjera, Educación Especial, Audición y Lenguaje y Pedagogía terapéutica.
   Por tanto, los maestros que se consideran perjudicados por esta situación, reivindican que en la bolsa de maestros se debe dar prioridad a los especializados en primaria, por delante de maestros que no tengan dicha especialidad.

Despilfarros exteriores / J.I. Torreblanca *

Jean Monnet decía que un problema no podía entenderse correctamente hasta que no se visualizaba en una tabla. Sus tablas, a cuya preparación dedicaba ingentes esfuerzos, ayudaban a los estados a visualizar las ineficiencias que se derivaban de las duplicidades en su gasto y las ventajas de la cooperación y la coordinación. Siguiendo su inspiración, en algún momento de la pasada década, alguien decidió contar cuántas embajadas y consulados tenían los (entonces) 25 estados miembros de la Unión Europea.

El resultado fue revelador: frente a las 243 misiones que mantenía EEUU, los 25, a los que había que añadir la Comisión y el Consejo Europeo, sumaban nada menos que 3.230 delegaciones. Con 110.545 personas a su servicio, la UE era el actor diplomático más extenso dotado del mundo. Si nadie se había dado cuenta hasta la fecha, era por una buena razón: el retorno de ese inmenso despliegue era ínfimo. La UE era el primer bloque económico y comercial del mundo, también el segundo en gasto militar, muy por delante de China o Rusia, pero diplomáticamente apenas existía.

Con ese diagnóstico en la mano, la UE adoptó un plan increíblemente ambicioso: fusionar los servicios diplomáticos de la Comisión y el Consejo e integrar en el nuevo servicio hasta un tercio de diplomáticos provenientes de los Estados miembros. En la cúspide del sistema habría un “ministro” de Exteriores (llamado alto representante) asistido por un comité de embajadores permanentes con sede en Bruselas, además de otros servicios de planeamiento, gestión de crisis, etcétera. 

Para muchos Estados, este plan, plasmado en el Tratado de Lisboa, abriría la posibilidad de cerrar o compartir embajadas en todos aquellos lugares donde sus intereses fueran sobre todo europeos más que exclusivamente nacionales, permitiéndoles concentrarse en aquellos temas y regiones donde su valor añadido fuera mayor. Las diplomacias nacionales se veían obligadas a pensar en cómo reinventarse y desplegarse, toda vez que una gran parte de sus funciones tradicionales (especialmente en el ámbito comercial y consular) estaban ya en manos de la Unión Europea, no de los Estados.

Pero resulta que mientras los 27 Estados de la UE dedicaban casi una década a la ingente tarea de diseñar los instrumentos legales, políticos y financieros que les permitieran coordinar sus capacidades diplomáticas y racionalizar su despliegue exterior, dentro de España, las Comunidades Autónomas recorrían el camino exactamente inverso abriendo un ingente número de delegaciones exteriores (hasta 200) y estableciendo sus propias agencias de cooperación al desarrollo pese a sus elevados niveles de endeudamiento o incluso, al hecho de que, como en el caso de Andalucía, se tratara de regiones que recibían importantes subsidios por parte de los países más ricos de la UE.

Retrospectivamente, el problema no reside tanto en las competencias de acción exterior en sí, pues estas tienen cierto sentido en un Estado descentralizado, máxime en los ámbitos de promoción cultural, turística o comercial, sino en el volumen de gasto (150 millones de euros) y, sobre todo, en la falta de coordinación y búsqueda de sinergias. Se trata de un problema endémico de nuestro sistema autonómico, en el que la cooperación horizontal entre CCAA y la supervisión por parte de terceros actores brillan por su ausencia o son extremadamente débiles. Esto da lugar a situaciones paradójicas.

Por ejemplo: de acuerdo con el procedimiento denominado “semestre europeo” Bruselas puede examinar los presupuestos del Estado con antelación a su aprobación por la Cortes Generales, pero las Comunidades Autónomas no estén sometidas a la misma exigencia por parte del Estado central, ello pese a que este tendrá luego que responsabilizarse de su déficit ante Bruselas, incluso haciendo frente a importantes multas y sanciones.

Todo ello pone de manifiesto una situación difícil de entender y para la que en absoluto parecíamos estábamos preparados. Mientras, como consecuencia del proceso de integración europeo, el Estado central se ha “europeizado” y cedido competencias de supervisión a Bruselas hasta niveles insospechados (y más que lo está haciendo y lo hará con la crisis actual), las Comunidades Autónomas han logrado en gran medida zafarse del control y supervisión, de sus ciudadanos, por abajo, y de otros entes, sean el Estado o la UE, por arriba. La crisis podría, al menos, servir para corregir esta contradicción entre la europeización de la Administración central y la “deseuropeización” de las Comunidades Autónomas.

(*)  Del Instituto Juan March, de estudios e investigaciones

miércoles, 11 de enero de 2012

El aeropuerto de Alicante registra en 2011 un 5,6% más de pasajeros que en el año anterior


ALICANTE.- Los aeropuertos de la Comunitat Valenciana han experimentado un crecimiento en el número de pasajeros en el ejercicio 2011. En concreto, el aeródromo valenciano de Manises ha registrado un aumento del 0,9 por ciento hasta los 4,9 millones; y el alicantino de El Altet un aumento del 5,6 por ciento, hasta 9,9 millones de pasajeros.

   Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el gestor aeroportuario, que además indican que las operaciones aumentaron un 1,5 por ciento en Alicante, hasta las 75.762; mientras que en Valencia sufrieron una reducción del 9,5 por ciento, hasta las 70.393.
   Por su lado, el transporte de mercancías se ha reducido en un 3,2 por ciento en el aeropuerto de El Altet, mientras que en Manises ha bajado en un 8,3 por ciento en el conjunto del ejercicio pasado.
   A nivel nacional, los aeropuertos de la red de Aena recibieron más de 204 millones de pasajeros en 2011, lo que supone un 6 por ciento más respecto al año anterior, la segunda cifra más alta de la historia después del récord de 210 millones alcanzado en 2007.
   Se trata del tercer año consecutivo de incrementos en el número total de pasajeros de la red (con más de 187 millones en 2009 y de 192 millones en 2010).
   Destaca el buen comportamiento del aeropuerto de Barcelona-El Prat, que ha batido su récord histórico con 34,3 millones de pasajeros. También han logrado cifras récord los aeropuertos de Gran Canaria, con 10,5 millones de pasajeros, Ibiza (5,6 millones), Sevilla (4,9 millones), Fuerteventura (4,9 millones), Santiago (2,4 millones) y Santander (1,1 millones).
   Los grandes aeropuertos registraron incrementos de dos dígitos en sus pasajeros durante 2011. Así, Fuerteventura crece un 18,6 por ciento; Barcelona-El Prat, el 17,8 por ciento; Tenerife Sur, el 17,6 por ciento; Sevilla, el 17,4 por ciento; Santiago, el 13,4 por ciento; Lanzarote, el 12,3 por ciento; Ibiza, el 11,9 por ciento y, Gran Canaria, el 11,1 por ciento.
   El número de operaciones en 2011 en toda la red de Aena superó los 2,1 millones de movimientos, cerca del 1 por ciento más. Por lo que se refiere al tráfico de mercancías, superó en 2011 las 671.000 toneladas, un 2,9 por ciento más.

Denuncian a Rajoy por conflicto de intereses al mantener su plaza de registrador de Santa Pola

MADRID.- El abogado oriolano José Luis Mazón, uno de los autores de la querella interpuesta contra el juez Baltasar Garzón por los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York, ha denunciado ante la Oficina de Conflicto de Intereses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en la provincia de Alicante.

   En nombre del partido Soberanía de la Democracia (Soberanid), el letrado señala que la plaza del líder del Partido Popular en el registro de Santa Pola es "incompatible" con su cargo como jefe del Ejecutivo y que además reconoce unos "derechos económicos", que "Rajoy dice que no recibe o cuando menos no declara como ingresos ante el Congreso".
   El abogado ha solicitado a la Oficina de Conflicto de Intereses que esclarezca todas las circunstancias relativas al cobro de aranceles y sus destinatarios derivados de la plaza, en la que figura como titular el presidente de los 'populares', y si éste ha cobrado en función de este puesto.
   El presidente de Soberanid, partido que fue excluido de los comicios del 20-N al no reunir los avales exigidos por la Ley Electoral, alega que el Reglamento Hipotecario, en su artículo 541, reconoce la prestación de honorarios al titular del registro. Añade que Mariano Rajoy no ha solicitado su situación de excedencia porque entonces la vacante debería haber salido a concurso.
   En su denuncia, sostiene que el Reglamento Hipotecario confiere derechos económicos al sustituido sobre los rendimientos de la plaza que deja vacante, por lo que Rajoy "ha tenido que recibir los expresados beneficios económicos y no consta su renuncia".
   "Es una inmoralidad que una plaza siga retenida por su titular, al no haber solicitado la excedencia", indica el abogado residente en Murcia, que se pregunta si Mariano Rajoy se ha declarado en situación de servicios especiales para poder "seguir recibiendo rentas económicas" derivadas del puesto, que ocupa en condición de interino Francisco Riquelme.
   José Luis Mazón es uno de los abogados autores de la querella contra Baltasar Garzón que tramita el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación y cohecho, relacionado con el pago de unos cursos que Garzón dictó en Nueva York, patrocinados por el Banco Santander. El querellante relaciona los cobros con la decisión posterior del juez de no admitir a trámite una querella formulada contra directivos de esta entidad bancaria.

Telefónica comienza a deshacerse de Eduardo Zaplana en dos tiempos

MADRID.- Telefónica Europa ha reducido a seis el número de miembros que componen su consejo de administración, al que se suma el presidente de la división europea, José María Álvarez Pallete, tras la salida del mismo de los consejeros no ejecutivos, entre los que figuraba Eduardo Zaplana.

   No obstante, el exministro de Trabajo y exportavoz del grupo popular, 'fichado' por Telefónica, en 2008, seguirá formando parte de la multinacional española como adjunto a la secretaria general técnica adjunta a la presidencia, de la que es responsable Luis Abril.
   Tras los cambios, la filial de la multinacional española que agrupa los negocios de Telefónica en España, Reino Unido, Alemania, Irlanda, República Checa y Eslovaquia queda formado por seis miembros.
   Así, el consejo de Telefónica Europa esta compuesto, además de por Álvarez Pallete, por la directora financiera, Pilar López, el consejero delegado de Telefónica en Reino Unido, Ronan Dunne, así como por los directores ejecutivos Enrique Medina, Richard Poston, Sally Ashford y Patricia Cobian.
   Este cambio se suma al de mayor alcance efectuado por la compañía en septiembre, que supuso la integración de España en Europa y la constitución de dos nuevas unidades de negocio, denominadas 'Telefónica Digital', con sede central en Londres y sedes regionales en Madrid, Sao Paulo, Silicon Valley y lugares estratégicos del continente asiático, y 'Recursos Globales'

Stop Desahucios de Torrevieja intentará frenar el desalojo a una mujer embazada con dos hijos

ALICANTE.-   El colectivo Stop Desahucios de Torrevieja intentará frenar el desalojo previsto este jueves de una mujer que se encuentra embazada y tiene dos hijos menores a su cargo, de la vivienda en la que reside en la calle San Miguel de Salinas, en el Acequión de la localidad, según ha informado en un comunicado esta organización.

   Ana Belén F.C. se encuentra en proceso de negociación con una entidad financiera, a la que ha solicitado el Alquiler Social. La afectada sin embargo aún no ha obtenido respuesta, con lo cual la comitiva judicial acudirá este jueves para hacer efectivo el desahucio.
   Stop Desahucios ha convocado a sus miembros a acudir a la vivienda, ubicada en el número 9 de la citada vía, a las 9.00 horas de este jueves, para intentar paralizar el desalojo "por todos los medios posibles", según han detallado las mismas fuentes.

Los trabajadores del TAM acusan a Vectalia de tenerlos como "rehenes de los impagos" del Consell

ALICANTE.- Los trabajadores del TAM han acusado este miércoles a la empresa concesionaria del transporte metropolitano de Alicante de tenerlos como "rehenes de los impagos" de la Generalitat, ya que han dejado de percibir 2.000 euros por trabajador, 360.000 euros en total, correspondientes a la equiparación salarial con los trabajadores de Masatusa, que prestan el mismo servicio en la ciudad de Alicante y que pertenecen al mismo grupo.

   Así, los representantes sindicales se han concentrado este miércoles ante las oficinas del TAM en la Rambla de Alicante para protestar por que la empresa les adeuda 1.000 euros de 2010 y otros tanto de 2011, correspondientes a esta equiparación salarial.
   Según han explicado a los medios de comunicación, estas cantidades se corresponden a la equiparación salarial con los trabajadores de Masatusa, que prestan el mismo servicio en la ciudad de Alicante y que pertenecen también a Vectalia.
   En este sentido, desde el comité de empresa han resaltado que Vectalia alega que la Generalitat les debe un millón de euros de 2010 y otras cantidades de 2011 que no han podido precisar, y que por eso no han hecho efectivas estas cantidades, por lo que han acusado a la empresa de tenerlos como "rehenes" de estos impagos.
   Por eso, han avanzado que si no se hacen efectivos los pagos convocarán una asamblea para que sean los trabajadores los que decidan si acudir a una huelga porque "las movilizaciones se han acabado y se tendrán que tomar otras medidas"
   Además, han apostado por una remodelación del servicio que permita que a menor coste sea más eficaz, al tiempo que han rechazado que la subida del transporte en la ciudad de Alicante sea para los trabajadores.

Diego de Ramón plantea presentar una demanda de responsabilidad patrimonial a cuatro niveles en la CAM

ALICANTE.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional, Diego de Ramón, ha pedido a una plataforma de afectados por Caja Mediterráneo en Alicante que se adhieran a una "demanda de responsabilidad patrimonial en cascada" que afecta a cuatro niveles y que son los directivos, los miembros del consejo de administración, los representantes políticos en el consejo de administración.

   Diego de Ramón ha hecho estas declaraciones momentos antes de participar en un acto con esta asociación, que se ha celebrado este miércoles en la sede de CCOO en Alicante, y que ha contado con la asistencia de la diputada autonómica del PSPV-PSOE, Ana Barceló, y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, ya que la asociación había invitado a los diputados autonómicos que participan en la Comisión de Investigación de la CAM en las Corts Valencianes.
   Así, el letrado ha indicado que la reunión se ha celebrado con la finalidad de que los miembros de esta asamblea y los afectados se adhieran a una demanda, que tiene previsto presentar "inmediatamente", en caso de recibir apoyo del colectivo alicantino, ante la Audiencia Nacional, para que se depuren todas las responsabilidades patrimoniales.
   El abogado ha explicado que, en su opinión, hay "cuatro niveles de responsabilidad: los primeros son los directivos de CAM, en segundo lugar están los miembros del consejo de administración y, los políticos representantes en el consejo, y en tercer lugar el Instituto Valenciano de Finanzas y la Consejería de Economía del Gobierno murciano, que todos los años tenían los balances y auditorías y no actuaron porque los propios vigilantes tenían créditos de la propia caja" a la que tenían que vigilar.
   En su opinión, "el cuarto nivel de responsabilidad sería del FROB, Banco de España y la CNMV", al entender que cuando "la comisión tuvo conocimiento de la creación del Banco CAM, por falta de solvencia patrimonial y económica, tenía que haber suspendido la cotización".
  "Por eso nos dirigiremos en acciones judiciales, buscando esos cuatro niveles de responsabilidad para que respondan las instituciones del Estado, la policía bancaria, por no haber intervenido la caja antes, salvaguardando así los intereses de los cuotapartícipes porque las cuotas no están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos".
   De Ramón ha resaltado que en 2008 envió un escrito a la CNMV en el que se oponía a la emisión de cuotas participativas, pidiendo "una garantía de solvencia patrimonial para que la caja pudiera obtener esa liquidez".
   Además, ha indicado que "un mes antes de la intervención, la CAM separa el Banco CAM, donde se deja la parte buena, los depósitos puros y limpios, y deja los créditos contaminados y de dudoso cobro y las cuotas en la CAM", por lo que la CNMV tendría que haber "suspendido la cotización un mes antes de la intervención" porque, de esa forma, no habría habido el perjuicio económico de los cuotapartícipes". Desde su punto de vista, "hubo una dejación de funciones por parte de la CNMV y del Banco de España".
   Respecto a la primera denuncia presentada ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, ha indicado que su titular, Grande-Marlaska había pedido una fianza para la personación de 60.000 euros. De Ramón ha recurrido y la fianza se ha rebajado a 6.000 euros, pero ha vuelto a recurrir con el fin de poder asumir la cantidad para poder ejercer la acción popular.
   Además, según ha dicho, el juez le ha pedido al Banco de España, al FROB, "una documentación contable de esos agujeros económico-financieros que tenía la CAM". Ha recordado que ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad, así como información relativa a los negocios de CAM "en la oficina de Miami, en paraísos fiscales y también en la oficina de Londres".
   Según ha avanzado, también pretende recabar "información sobre la participación de responsables políticos en las grandes concesiones de los macrocréditos para ver si los consejos de administración tenían los informes de análisis y qué tipo de garantías complementarias se les exigieron".
   A este respecto, el abogado ha mantenido que la CAM "concedió créditos por valor de 1.600 millones de euros sin garantías" y ha exigido que lo "expliquen".

Denuncia de la CIC


La Confederación Intersindical de Cajas (CIC) presentará este jueves una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor en el cargo y actual responsable del Banco Internacional de Pagos, Jaime Caruana, por presunta prevaricación, según informa el sindicato en un comunicado.
   CIC responsabiliza a ambos dirigentes de la situación que atraviesan las entidades financieras y las cajas de ahorro españolas, ya que considera que disponían de informes elaborados por los propios inspectores del Banco de España en los que se advertía del alto nivel de riesgo acumulado en el sistema financiero español.
   Los citados informes detallaban que el riesgo era consecuencia de la "anómala" evolución del mercado inmobiliario español y alertaba de que los "errores cometidos por las entidades acabarían siendo transferidos a la sociedad en conjunto".
   La presentación de la demanda correrá a cargo del presidente de la CIC, Gonzalo Postigo, y del secretario general, Jordi Oller. 
Fernández Ordóñez, actualmente en el cargo, fue designado gobernador del Banco de España el 8 de marzo de 2008 en sustitución de Jaime Caruana, que ocupó el cargo desde julio de 2000.

RTVV carga contra Toni Cantó por "aplaudir" un vídeo en el que se hace estallar Canal 9 como "solución al déficit"

VALENCIA.- La dirección de Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha manifestado su "profundo rechazo" por los comentarios colgados en su twitter por el diputado valenciano de UPyD Toni Cantó, en los que se hace eco de un vídeo el que se ve cómo un misil hace saltar por los aires el edificio de la televisión pública valenciana y lo "aplaude" acompañándolo del comentario "Muy bueno!!! una posible solución al déficit de Canal 9". 

   Al respecto, el ente público ha difundido un comunicado en el que cuestiona el sentido del humor del político y actor y le acusa de "mostrar su desprecio por el trabajo de los profesionales de RTVV y el delicado momento en el que se encuentra la cadena".
   RTVV considera "lamentable e intolerable que un representante de la ciudadanía valenciana utilice las redes sociales para despreciar no sólo una empresa pública, sino a los compañeros que trabajan en ese edificio público cuya voladura él celebra".
   Al mismo tiempo, RTVV hace un llamamiento a todos los agentes sociales, a los grupos políticos y a los medios de comunicación en general, para que "traten con el mayor respeto y rigor el proceso de reestructuración del ente, para evitar especulaciones que crean confusión y desazón entre los trabajadores del grupo RTVV".
   Además de enviar este comunicado a los medios, los informativos de Canal 9 han dado la noticia y han mostrado el vídeo en el que un supuesto misil cae sobre el edificio del canal. El representante de UPyD ha colgado, por su parte, el siguiente mensaje en su red social: "Me comentan que por fin hemos salido en Canal9...".
   No obstante, anteriormente, Cantó ya había difundido otro mensaje en su twitter en el que expresaba su "solidaridad con los trabajadores de Canal 9, sobre todo con los que han denunciado el uso que el PP ha hecho del canal".
   Por su parte, la sección sindical de CSIF en RTVV, ha lamentado "profundamente que un representante político valenciano haga bromas con la grave situación" que se vive en el ente.
   CSIF --que ha criticado este vídeo en el que además del ataque virtual a Canal 9 se oye una voz en off que dice 'a tomar por culo'-- ha exigido a Cantó "una rectificación inmediata en la que pida disculpas a los trabajadores afectados por la puesta marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que en caso de ir adelante supondrá para buena parte de los empleados la pérdida del puesto de trabajo".

Fabra asegura que no habrá despidos en la Generalitat

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado este miércoles, preguntado por las protestas anunciadas por los sindicatos y el encierro mantenido este martes por trabajadores en dependencias de la Secretaría Autonómica de Adminitración Pública en Valencia, que no habrá despidos y ha afirmado que son "conscientes" de que se está pidiendo "sacrificios y esfuerzos adicionales, pero es que el momento es crítico para todos".

   Así lo ha indicado en Villarreal, al ser preguntado por el anuncio de los sindicatos de celebrar una manifestación el próximo día 26 en las tres provincias en protesta por el decreto ley de medidas urgentes para la reducción del déficit, que establece la posibilidad de reducir un 25 por ciento el personal de la Generalitat para reducir el gasto.
   Al respecto, ha manifestado que están adoptando una serie de medidas "en lo que afecta al personal" que son "transitorias, que son temporales y que se requiere de este esfuerzo para que toda la Comunitat Valenciana pueda salir de esta situación temporal". En todo caso, ha afirmado que despidos "no va a haber".
   "Es más, lo que hemos hecho es ajustarnos el cinturón, intentando evitar despidos y sobre todo pidiendo esfuerzos a los que más tienen", ha dicho, y ha incidido en que el incremento en el tramo autonómico de IRPF va dirigido "a personas que cobran más de 120.000 euros, que hay alguno".
   Asimismo, ha recalcado que las medidas se han adoptado "sobre las bases" de "no reducir las prestaciones a los ciudadanos". "Lo que hemos hecho es aprobar eficacia y mayor control del gasto tanto en Sanidad como en Educación como en el resto de la Administración, pero no va a haber despidos porque lo que queremos es ser conscientes todos de la situación actual", ha subrayado.
   El presidente de la Generalitat ha dicho que poder generar empleo "es la mejor labor que podemos hacer las administraciones y desde luego hemos sido conscientes de que son medidas difíciles de tomar, pero en este momento absolutamente necesarias". ha dicho, al tiempo que ha destacado la necesidad de "tener que sacrificarse todos de forma temporal para que podamos salir adelante".
   "Hay que reducir gasto y lo hacemos mirando aquellas infraestructuras, instalaciones o prestación de servicios donde aquello que podamos reducir, hacerlo y no hay una diferenciación o una cuestion territorial en cuanto a una provincia u otra", ha resaltado al ser preguntado por cómo afectarán a Castellón, al tiempo que ha indicado que se trata de "una cuestión de compromiso".

El riesgo bancario inmobiliario a debate / Ángel Tomás Martín *

Un gran desacierto, no sólo en la política económica sino en cualquier otra actividad, sería calificar negativamente un producto, una gestión o una corporación en su lanzamiento.

Este principio lo sabe cualquier líder responsable y sería automáticamente cesado si usase expresiones degradantes en los productos o servicios que gestionase. Es el caso de la tan usada y extendida denominación de ‘banco malo’ que se pretende crear para incorporarle los activos inmobiliarios ‘tóxicos’ de los bancos y de casi imposible realización inmediata a causa de un exceso de promoción-demanda, y de unos precios que alcanzaron niveles actualmente inaceptables, impulsados por una especulación y descontrol sin precedentes. Tal calificación podría aplicársele a los gestores económicos y financieros carentes de visión y ausencia de regulación y control.

Banco se define como un organismo público de crédito y de operaciones de banca para facilitar el desenvolvimiento de empresas y particulares; actuaciones desarrolladas con ánimo de lucro. Hay diversas especialidades de bancos: ‘banca privada’, cuya actividad va dirigida a la gestión de patrimonios y asesoramiento integral; ‘banco comercial y de negocios’, especializado en apoyo financiero a empresas y particulares; ‘bancos centrales nacionales’, emisores, con funciones de tesorería de los Estados, de control y de servicio central de balances; Banco Central Europeo; Banco Mundial, organismo económico internacional fundado junto al FMI en 1944 para conceder créditos a los Estados. Todos cumplen sus funciones de financiación, pero siempre acompañadas de la facultad de lucro.

Ente público de gestión patrimonial
Si el mal llamado ‘banco malo’ va a tener como misión la incorporación de activos tóxicos procedentes de la banca privada y comercial, en modo alguno debe llamársele ‘banco’. Debe crearse un ente público de gestión patrimonial sin ánimo de lucro cuya actividad sea la administración y realización de los bienes inmobiliarios incorporados, apoyada por una buena política de mercado que haga posible, en el tiempo, ajustar precios razonables en coyunturas favorables basadas en una demanda nacida del crecimiento económico. Es indiscutible que limpiar los balances, de urgente necesidad, con cargo al Tesoro sería un grave error, dado el alto endeudamiento público y el incumplimiento con las exigencias de los reguladores europeos.

Los balances de las entidades financieras necesitan sanear sus activos, seriamente afectados por la obligada incorporación de inmovilizados ajenos a la habitual actividad para la que han sido creadas. Los valores de incorporación son superiores a los de mercado actuales por razones coyunturales conocidas, lo que, unido a la inversión en deuda soberana, ha paralizado en gran medida sus posibilidades crediticias, indispensables para la recuperación económica que España necesita con urgencia.

Estos activos deben ser liberados a los precios contables actuales, ya que de aplicarse los de mercado vigentes originarían unas pérdidas en el ‘pasivo no exigible’ en muchos casos insoportables y una posición no permitida por el Banco de España, y seguiría sin resolverse el crédito a la economía real. Regularizarlos con cargo a beneficios futuros implicaría un deterioro en las cotizaciones bursátiles sin haber eliminado los activos tóxicos, lo que obligaría a una gestión añadida a la financiera habitual, sin la estructura especializada de la que carecen.

Si se obliga a la entidades de crédito a realizarlos directamente y con urgencia, se provoca una crisis bancaria, una recesión inevitable y una pérdida de credibilidad internacional de muy difícil recuperación. No olvidemos que el conjunto de activos absorbidos supera la cifra de 400.000 millones de euros (que incluye, entre otros, morosos, de dudoso cobro y fallidos, que alcanzan un total de más de 160.000 millones de euros potencialmente problemáticos, aunque en parte ya provisionados ).

Siendo el valor de los ‘créditos débiles’ 70.000 millones aproximadamente, éste es el importe que debería obtenerse del FMI con garantía del propio Ente y del Estado (vayamos ganándonos el favor de EEUU, poseedor de casi el 20% del mismo) para ser inyectado al ente público de gestión patrimonial con destino a compensar los inmuebles recibidos de cada entidad financiera a los precios contables. Estos fondos recibidos por el sistema financiero tendrían como único destino la economía real. La nueva gestión inmobiliaria debería dotarse de un equipo humano especializado de alto nivel técnico y comercial, y contar con el apoyo de las oficinas de los bancos regularizados.

Los terrenos, calificados o sin calificar, deben gestionarse por la propia banca, responsable de haber financiado en la mayoría de los casos con excesiva ligereza, sin que olvidemos en adelante corregir el débil control del Banco de España y del Tribunal de Cuentas del Estado.

(*) Economista y empresario

Cada español pagará 679 euros más este año por recibos e impuestos

MADRID.-   La Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) estima que cada contribuyente deberá afrontar este año un pago extra de 679 euros debido a las subidas del IRPF, IBI, hipotecas y servicios básicos, como el gas natural y el agua.

   En concreto, FUCI calcula que la subida del IRPF supondrá para cada contribuyente una media de 222 euros anuales, a los que hay que añadir los 360 euros al año de las hipotecas que deban revisarse ahora.
   Por otro lado, la subida prevista del IBI de entre un 4 y un 10%, dependiendo del año en el que se revisará el valor catastral de las viviendas, supondrá un incremento medio por inmueble de 42 euros al año, de acuerdo con las estimaciones de esta organización de consumidores.
   Respecto a los servicios básicos, y a pesar de la congelación de las tarifas eléctricas y del butano, el incremento en un 0,5% en el recibo de gas natural supondrá un gasto medio de 0,57 euros al mes.
   En cuanto al precio del agua, cuya subida la decide cada ayuntamiento, es uno de los conceptos que más se va a encarecer este año, pues la factura puede elevarse hasta un 60%, lo que puede implicar un gasto medio de 4 euros mensuales.
   El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, ha denunciado que estas subidas "van a acabar por ahogar a las rentas medias que cada día ven más reducido su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro que, en muchas ocasiones es nula, provocándoles incertidumbre en el negro futuro que se vislumbra".
   Ante estas subidas, la organización de consumidores recomienda seguir pautas de control de gasto y ahorro, así como una correcta planificación de la economía para poder afrontar el encarecimiento de los servicios básicos que tienen lugar a principios de año.

La sala escucha cómo Camps y su mujer agradecen los "detallitos" a 'El Bigotes'

VALENCIA.- El tribunal del jurado que juzga al expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps y al exsecretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa, por un delito de cohecho pasivo impropio dentro de la conocida como 'causa de los trajes' en el 'caso Gürtel' ha podido escuchar algunas conversaciones en las que Camps y su mujer, Isabel Bas, agradecían a Álvaro Pérez, 'El Bigotes', considerado uno de los presuntos cabecillas de la trama, algunos "detallitos". 'Álvaro, te has pasado veinte pueblos', le dice en una ocasión Bas, después de que su marido le indicase 'muchísimas gracias'.

   De esta forma ha comenzado, en la vigesimoprimera sesión del juicio, a exponerse la prueba documental, una vez concluida la fase testifical y pericial. El magistrado-presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, tuvo que suspender la vista después de que las partes no se pusieran de acuerdo en cómo afrontar esta nueva fase del juicio, ya que el letrado de Camps, Javier Boix, y el de Costa, Juan Casanueva, advirtieron de la posibilidad de impugnar todos aquellos documentos escritos y grabaciones que no se mostraran ante el jurado.
   Este miércoles, Juan Climent ha vuelto a recordar que, tal y como figura en la ley, las partes pueden proponer la audición de todas las grabaciones y la lectura de aquellos documentos que consideren necesarios. Así, se han escuchado un total de siete conversaciones solicitadas por el ministerio fiscal.
   En el turno de la prueba documental, y tras indicar el letrado de Camps que daba por reproducido todo aquello visto durante el juicio --es decir, que todo lo expuesto y escuchado en la vista anteriormente no pensaba impugnarlo--, la fiscal ha pedido que se le mostrara al jurado tan solo determinados documentos que todavía no habían podido visionar. Entre ellos, una agenda dietario, unos documentos de compra y unos tickets.
   Respecto a las conversaciones escuchadas, la mayoría se produjeron entre los días 4 y 7 de enero del año 2009. La primera de ellas ya se había podido oír anteriormente, y es una en la que una empleada de El Corte Inglés le llama a 'El Bigotes' para preguntarle si tiene "alguna cosa pendiente" para enviar a Camps. Él le contesta que "no", y ella le dice seguidamente: "entonces lo que hay arriba y lo que me habéis traído aquí, ¿no?".
   Tras ello, el secretario de la sala ha leído un sms que manda Isabel Bas a 'El Bigotes': "dudo que para los de Oriente de mañana haya más expectación...". Seguidamente, se ha podido escuchar una conversación en la que la mujer de Camps le dice "no te puedes imaginar la expectación que hay... están como locos...", y le agrega: "hay un ambiente...".
   A ello, Pérez le dice que lo que a él le hacía "más ilusión" era "lo de las chicas, lo tuyo y el de tu hija, y dile que el de ella es el más especial, porque lo he hecho para la gente que quiero, y el de tu hija está diseñado por mí". Después Bas le vuelve a decir: "de verdad, que hay una expectación...", y añade: "gracias Álvaro".
   Junto a ello, se ha reproducido en la sala otra conversación de fecha 7 de enero en la que Pérez le dice "Presidente!", y el le contesta: "hola, oye muchas gracias". Seguidamente Pérez le comenta: "te quiero mucho y como te quiero mucho...", y le señala: "fíjate si te debo". Camps le contesta: "no, no, nada... yo quiero que nos veamos para hablar con tranquilidad de lo nuestro", y Pérez le contesta: "cuando tu quieras". Luego Pérez le dice "te quiero mucho", y Camps le responde "yo más".
   En esta conversación, luego se pone Bas y le dice a 'El Bigotes': "con el mío te has pasado veinte pueblos", a lo que éste le contesta: "¿qué dices?. Es un detallito", y Bas le responde "si, un detallito.... (y ríe)". Agrega: "eso lo tenemos que hablar, en serio...". Pérez insiste: "¿pero a --nombre de su hija-- le ha gustado lo suyo?", y le contesta la mujer de Camps: "le está pequeño... es de niña pequeña...".
   "¿Y le ha gustado la medallita?, le pregunta Pérez, a lo que responde "sí, le ha encantado". Luego 'El Bigotes' le dice que se iba a pasar al día siguiente a verle. "Mañana por la mañana voy a darte un beso", y Bas le comenta: "Y hablamos porque esto es muy fuerte". "¿quién está fuerte???", le interpela él.
   Tras ello, la sala ha escuchado una conversación de fecha 22 de diciembre de 2008 entre Pérez y Costa en la que este último le comenta que necesita 100 gramos de caviar, y 'El Bigotes' le responde: "vale, a ver si te lo puedo pedir y traer..."; y Costa le especifica que es para la cena de Nochebuena, para su madre y su padre. Pérez le dice: "no sé si lo tendré a tiempo (*.) se lo voy a pedir al único que se lo puedo pedir".
   Seguidamente, el jurado ha oido una grabación del 3 de enero de 2009 en la que Pérez le dice a Cándido Herrero, otro de los presuntos cabecillas de la trama, que está en Louis Vuitton "porque hay una cosa que no hemos pensado, llevamos cuatro años regalando una cosa a la alcaldesa y este año no voy a dejar de regalarle, ¿sabes?". "No nos da nada, no nos sirve de nada, pero tampoco me jode", le indica.
   Luego le comenta a Herrero: "Le voy a comprar un bolso de la colección nueva y a tomar por culo, me voy a gastar menos que el año pasado, pero se lo compro. Luego tenemos que comprar un reloj a la consejera de..., se lo compré a la hija de puta de la 'perla', ¿no se lo voy a comprar ahora a la de Turismo?. Que tampoco lo pensamos Pablo y yo, y ésta se porta muy bien conmigo, ¿sabes?".
   Por último, se ha leído un sms de Costa a Pérez, de fecha 29 de enero de 2009, en el que le dice: "consígueme el Nokia".

Los alimentos multiplican por cinco su precio desde el campo a los hogares

MADRID.- El precio de los productos agrarios y ganaderos se multiplicó por más de cinco desde su cotización en el campo hasta la venta al público en los establecimientos comerciales al cierre de 2011, según el Índice de Precios en Origen y Destibo (IPOD) que publica COAG junto a UCE y Ceaccu.

De esta forma, el diferencial entre origen y destino se acentuó el pasado año, al pasar de 3,93 en diciembre de 2010 a 5,13 en el mismo mes de 2011.
Entre las principales causas se encuentra el desplome de los precios hortofrutícolas, que ha agrandado la brecha entre el campo y la mesa. Productos como las patatas, cebollas, pimientos, calabacines, naranjas, limones o plátanos se pagan en origen hasta un 50% más baratos que hace un año.
De esta manera, los márgenes más desorbitados coinciden con la mayoría de estos productos: cebolla (1.600%), plátanos (805%), patatas (786%), limones (759%) y naranjas (712%).
El índice se elevó hasta el 5,69 en el caso de los productos agrarios, mientras que el de los productos ganaderos se situó en diciembre en 2,96. En concreto, la carne de cerdo y ternera multiplicaron por 5,35 y 4,42 su precio de la granja al hogar.

martes, 10 de enero de 2012

La Mesa de la comisión de investigación de la CAM abre el plazo de presentación de planes de trabajo

VALENCIA.- El presidente de la Mesa de la comisión de investigación sobre la CAM, el 'popular' Rafael Maluenda, ha explicado que este órgano ha abierto el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas de calendario y trabajo que incluyen solicitudes de documentación y comparecencias. Ese plazo finalizará el próximo 20 de enero a las 14.00 horas, media hora antes de que cierre el registro de las Corts.

   Así, antes del cierre del registro se volverá a reunir la Mesa de la comisión para dar traslado de las propuestas a los grupos parlamentarios y tratar de alcanzar un consenso sobre el plan de trabajo. Posteriormente, el 25 de enero se reunirá la Comisión para debatir la propuesta de trabajo de cada grupo en caso de que no haya consenso.
   Maluenda ha afirmado que el objetivo de la Mesa es que los grupos parlamentarios "puedan llegar a consenso" en el plan de trabajo. "Es un primer paso para que la Comisión comience a trabajar de forma seria", ha apostillado.
   Por su parte, el secretario de la Mesa, el socialista Francisco Toledo, ha valorado que el trabajo de la comisión "comience con un consenso en las cosas que hay que hacer" y espera que el espíritu con el que nació la comisión de "no vetar la comparecencia de nadie, se mantenga" con el objetivo de resolver "la pregunta del millón de dólares: saber qué ha pasado con la CAM, quién tiene responsabilidad de gestión y políticas, para que no vuelva a pasar nada como esto".

La Línea 2 del TRAM de Alicante funcionará en septiembre tras abrir un nuevo proceso de adjudicación

VALENCIA.- La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha anunciado este martes que la Línea 2 del TRAM de Alicante funcionará en septiembre de 2012, después de que se haya resuelto el concurso que había firmado y se abra uno nuevo bajo la fórmula del "diálogo competitivo".

   Esta decisión se ha tomado, según la consellera, al considerar que las condiciones en las que se convocó el concurso "han cambiado de manera considerable como consecuencia de la actual crisis económica" y, por lo tanto, es "necesario buscar nuevas fórmulas que permitan poner en funcionamiento este servicio, bajo la actual coyuntura socio-económica".
   La titular de Infraestructuras --que ha realizado estas declaraciones en Valencia en el acto de entrega de la Norma de Calidad Europea UNE-EN 13816 que Aenor entrega a la Línea 1 de Metrovalencia-- considera que las circunstancias que dieron lugar a la planificación y posterior convocatoria de este concurso son "muy distintas a las actuales, por lo que es necesario realizar un nuevo planteamiento de gestión".
   Bonig cree que en este momento hay que "hacer un esfuerzo por innovar y encontrar soluciones imaginativas", que, dentro de la legalidad, permitan cumplir los objetivos anteriormente propuestos, "con el único objetivo de atender a los alicantinos y mejorar su nivel y calidad de vida con la puesta en servicio de la Línea 2 del TRAM en el menor tiempo posible", ha añadido
   Una vez declarado desierto el concurso anterior, la conselleria ha anunciado que abre un nuevo proceso de contratación basado en la figura contractual del "diálogo competitivo". Esta solución está contemplada por la legislación, precisamente, para situaciones contractuales complicadas pues permite llegar a acuerdos basados en el conocimiento de las situaciones y la flexibilidad.
   Sobre la solución adoptada desde Infraestructuras se ha señalado que "cumple los compromisos establecidos en el concurso inicial, respeta la legislación al respecto y es económicamente viable".
   El modelo de diálogo competitivo es una fórmula de contratación que se utiliza cuando se trata de contratos que tienen un objeto complejo; la Administración conoce sus necesidades, y requiere la colaboración de los empresarios para determinar y definir los medios que resultan más adecuados para satisfacerlas.
   Una vez abierto el procedimiento de contratación se dará a conocer cuáles son las necesidades de la Administración y sus requisitos, que se identifican en la convocatoria, además de los criterios objetivos que utilizará para adjudicar el contrato.
   Tras analizar las solicitudes de los interesados que hayan manifestado su interés por concurrir, la Administración invitará a las empresas, que por lo menos deben ser tres, a que participen en la fase de diálogo. Después, analizadas las distintas ofertas, se adjudicará el nuevo contrato, según los criterios fijados en la licitación.  
   Este nuevo proceso de contratación establece, a su vez, que la empresa privada adjudicataria participe con la administración en la puesta en marcha de la Línea 2 con la creación de una empresa mixta. Esta sociedad estaría integrada por el socio privado y FGV, que como empresa con más de 25 años de experiencia en la gestión de distintos sistemas de transporte ferroviario en Metrovalencia y el TRAM de Alicante aportaría sus conocimientos.

El PSPV culpa de la "quiebra" autonómica a las "grandes corrupciones" y los 10.000 millones de deuda del sector público

VALENCIA.- El PSPV apunta como "origen de la quiebra" de la Generalitat valenciana a la "política de grandes corrupciones" en que se ha "transformado" la política de grandes eventos del PP y a los más de 10.000 millones de euros de deuda generada por el sector público empresarial y fundacional. "Ésa es la sanguijuela que drena el presupuesto de la Generalitat", ha denunciado este martes el portavoz adjunto del PSPV en las Corts, Francisco Toledo.

   Toledo ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz de Grandes Proyectos, Eva Martínez, y el portavoz en la Comisión de Control de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Josep Moreno, quienes también han criticado duramente el decreto ley de medidas urgentes para la reducción del déficit de la Comunitat y han reclamado su derogación por considerar que "hace pagar a justos por pecadores".
   A juicio de Toledo, esa norma aprobada por el Consell el pasado jueves evidencia "la improvisación, la chapuza y el desconcierto" del Gobierno valenciano, al tiempo que abre la puerta a que haya "despidos" de trabajadores públicos, cuestión sobre la que ha pedido claridad y que no se "engañe". Además, ha cuestionado que no se hayan publicado los 440 millones de ahorro previstos en materia sanitaria.
   El responsable socialista ha culpado de la "crítica" situación que atraviesa la Comunitat al "derroche" llevado a cabo por los gobiernos 'populares' fundamentalmente en el sector público empresarial y fundacional y ha exigido que "pare esa sangría". 
A modo de ejemplo, ha cifrado en 5.200 millones de euros el coste de los "cuatro grandes agujeros", en alusión a la Sociedad de Proyectos Temáticos, Circuito del Motor y Promoción Deportiva, Ciudad de las Artes y las Ciencias y RTVV, que han recibido 2.755 millones de euros de los presupuestos de la Generalitat de 2001 a 2006 y han generado 2.507 millones de deuda.
   Al respecto, ha incidido en que "con una parte de todo eso, no harían falta los 1.000 millones en recortes" presentados por el Consell y, además, se podría pagar a proveedores, saldar la deuda farmacéutica, evitar los problemas de pago de los ayuntamientos. "Aquí está la madre de la quiebra", ha recalcado Toledo.
   Desde el PSPV critican que el Consell se haya "atrevido" a incrementar un 23 por ciento la partida presupuestaria para grandes eventos, con 40 millones más que en 2011, y a querer comprar Valmor Sport --encargada de la organización del Gran Premio de Fórmula 1-- pese a ser "una empresa prácticamente ruinosa que podría tener un agujero de más de 30 millones" y no haber hecho ninguna auditoría.
   De hecho, han avanzado que presentarán una Proposición No de Ley para pedir la paralización y la suspensión de esa compra, así como la rescisión del contrato de la Fórmula 1 y la comparecencia de la consellera de Deporte, Lola Johnson, "únicamente para que acuda con los contratos" que aún no han podido conocer en detalle. Martínez ha tildado de "escándalo" que negociaran una indemnización en caso de rescisión "prácticamente idéntica" al canon, de 15 millones de euros.
   Los socialistas reclaman asimismo la recuperación del impuesto de Patrimonio, que permitiría ingresar "tres veces más" que con las modificaciones efectuadas en el tramo autonómico del IRPF.
   En cuanto al sector público empresarial, solicitan que se anule la autorización de endeudarse en 77 millones de euros en 2012. "Ni un euro más", ha reivindicado Toledo, quien ha exigido asimismo que se incremente el "irrisorio e irrelevante" recorte de 121 millones planteado por el Consell hasta superar los 1.000 millones de euros.
   Además, el portavoz adjunto del PSPV en las Corts ha reclamado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "exija responsabilidades" por los 300.000 euros gastados en la estatua realizada por Ripollés inspirada en el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para el aeropuerto de Castellón.
   Toledo ha acusado a Fabra de "no cumplir con la austeridad que predica" al permitir ese proyecto que considera "un icono" de lo sucedido en la Comunitat Valenciana en los últimos años y le ha exigido que "pida responsabilidades y las ejecute".
   Por su parte, Josep Moreno ha reprobado la gestión "de manera absolutamente corrupta" llevada a cabo en Canal 9 y ha señalado que su "ruina" constituye "el máximo exponente del despilfarro" llevado a cabo por los gobiernos 'populares' dado que, con el PSPV al frente de la Generalitat, la deuda era "de cero pesetas" y ahora presenta un "agujero" de 1.200 millones de euros.
   A preguntas de los periodistas, ha asegurado que no descartan pedir responsabilidades penales a los gestores del ente público y ha criticado que preparen un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "con nocturnidad y alevosía" para el que reclaman un nuevo informe externo y que la futura ley pretenda perpetuar el modelo actual.

Un empleado de Ortiz niega ante el juez de Brugal que dispusiera de documentos del PGOU en revisión

ALICANTE.- Uno de los empleados de confianza de Enrique Ortiz, Carlos Parodi García-Pertusa, ha negado ante el juez que investiga la pieza separada del 'caso Brugal' relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, que dispusiera de planos o documentos del PGOU en revisión, y ha asegurado que los planos a los que se hace referencia en las conversaciones intervenidas por la Policía son "públicos" a los que puede acceder cualquier ciudadano, al igual que los del catastro.   

Carlos Parodi ha prestado declaración este martes en calidad de testigo durante una hora y media, en una jornada en la que inicialmente también estaba citado a declarar Otto Díaz Alperi, quien no ha acudido porque se ha acogido al derecho que tiene a no declarar en una causa en la que aparece vinculado el nombre de su padre, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. Sin embargo, esta situación no le exime de la posibilidad de ser citado de nuevo para dar testimonio sobre algunos aspectos de la causa.

Juliá dice que si el Consell no paga a las universidades en enero se llegará a una situación que "no querría imaginar"

VALENCIA.- El portavoz de la Asociación de las Universidades Públicas Valencianas y rector de la Universitat Politécnica de València (UPV), Juan Juliá, ha advertido este martes de que si la Generalitat cumple con su compromiso de pagar a lo largo de este mes de enero la mensualidad nominativa del Plan Plurianual de Financiación del Sistema Universitario Público Valenciano se llegaría a "una situación que no querría ni imaginar".

   Juliá, que ha realizado estas declaraciones tras firmar un convenio de colaboración con el Círculo de Bellas Artes de Valencia al ser preguntado por la reunión de trabajo mantenida el lunes entre los rectores de las cinco universidades públicas valencianas, el vicepresidente del Consell, José Císcar, y la consellera de Educación, Formación y Empleo, Maria José Catalá, ha agradecido a los responsables autonómicos su compromiso de pagar en enero la mensualidad de noviembre y su "voluntad firme pagar de forma regular las mensualidades durante el 2012".
   En este sentido, ha señalado que tiene que "confiar como el resto de rectores" en las palabras de Císcar que además les ha asegurado que "harán lo imposible porque la (mensualidad) de enero también se abone o bien en enero o en los primeros días de febrero".
   Para Juliá, estas fueron "palabras tranquilizadoras" para los rectores de las universidades públicas, que en estos momentos se encuentran en una "situación límite, especialmente las más grandes" y "para poder atender el pago mes a mes de las nóminas de todos los trabajadores, que son millares de personas, necesitamos que se abone regularmente ese plan plurianual de financiación", ha asegurado.
   En este sentido, ha apuntado que para la tesorería de las universidades, la deuda del Consell "llega a suponer aproximadamente una anualidad, por tanto más es imposible soportarlo por parte de las universidades". En su momento, estas aceptaron unos aplazamientos en los pagos del Plan Plurianual de la Financiación pero ya no pueden "soportar ninguno más", ha insistido, y de no cumplirse el compromiso de pago en enero, llegarían a una situación que los rectores "no querríamos ni imaginar", ha alertado.
   No obstante, ha agradecido la reunión celebrada ayer lunes, en un ambiente "muy cordial" y en la que el vicepresidente del Gobierno valenciano señaló que desea mantener como "referencia" en Plan Plurianual de Financiación de las Universidades públicas, para cuyo desarrollo se va a convocar una comisión mixta de seguimiento.
   Asimismo, ha celebrado el acuerdo de "mantener permanentemente un diálogo como ha sido hasta ahora, fructífero tanto para el Gobierno como para las universidades valencianas".

La niñera de Castedo presenta al juez de Brugal una factura del 'Mini'

ALICANTE.- La niñera de la hija de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha presentado ante el juez Manrique Tejada una factura del Mini, que en los informes policiales aparecía como un regalo de Enrique Ortiz a Castedo para que ésta se lo regalara a la mujer que cuidaba de su hija.

   Estas declaraciones, todas ellas en calidad de testigos, se han realizado durante la mañana de este martes ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Alicante, que investiga la pieza separada del Caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
    Carlos Parodi ha declarado en torno a las 9.50 horas y ha salido en torno a las 11.30 horas, mientras que Julia C., niñera de la hija de la alcaldesa, ha entrado pasadas las 12.30 horas y ha salido una hora después.
   En la primera de las declaraciones, Carlos Parodi ha asegurado que ni él ni nadie de su empresa disponía de documentos del plan general cuando estaba siendo revisado, y que los planos a los que se hace referencia en las conversaciones intervenidas por la Policía son "públicos" a los que puede acceder cualquier ciudadano, al igual que los del catastro, según han indicado fuentes judiciales.
   Igualmente, según el abogado de la acusación popular de EU, José Luis Romero, Parodi ha explicado que una de las empresas de Enrique Ortiz participaba en la empresa Verass Operadores Publicitarios S.L., en la que Otto Díaz Alperi, hijo del exalcalde, Luis Díaz Alperi, figuraba como accionista.
   En este sentido, según Romero, Parodi ha señalado que él mismo era el apoderado de la empresa del grupo que participaba en Verass, aunque, preguntado por las partes, ha asegurado desconocer "quién pagó la aportación que hizo Otto Díaz a esta sociedad". Los informes policiales cifraban esta cantidad en 30.000 euros y le atribuían supuestamente el pago a Enrique Ortiz.
   Precisamente, Otto Díaz estaba llamado a declarar este mismo martes, pero se ha acogido al derecho de no testificar en una causa en la que está siendo investigado algún familiar, en este caso el exalcalde y diputado autonómico, Luis Díaz Alperi.
   No obstante, Romero ha explicado que se ha apuntado que cabe la posibilidad de que sea llamado a declarar porque "ese privilegio no le alcanza para declarar de otras personas que no sean de su familia", de forma que podría prestar testimonio sobre cuestiones que "no tengan directamente que ver con su padre".
  Por otro lado, Julia C., persona que cuidaba a la hija de la alcaldesa, ha declarado en calidad de testigo sobre la compra de un vehículo tipo mini, que en los informes policiales aparecería como posible regalo de Enrique Ortiz a Sonia Castedo para que ésta, a su vez, se lo entregara a la niñera de su hija como regalo.
   En su declaración, según fuentes judiciales, Julia C. ha aportado una factura de 5.000 euros, expedida por una de las empresas de Enrique Ortiz, así como una cartilla de ahorro, el pago del seguro y los papeles de la gestoría. Además, ha explicado que su marido le entregó el dinero a Virgilio Ortiz, que era quien tenía los poderes para transferir el vehículo. El coche, según las mismas fuentes, era un regalo de su marido con motivo de su cumpleaños.
   Según José Luis Romero, en la declaración de Julia C. ha habido "hitos importantes", entre ellos que ha "reconocido que en agosto de 2009 viajó por invitación de Enrique Ortiz, con esposa y familia, con Sonia Castedo, esposo y familia, y con su propia familia en el barco del señor Ortiz y que hubo otros viajes a los que fue invitada por Enrique Ortiz".
   En esta línea, ha precisado que este viaje se realizó "el 7 de agosto de 2009 y duró una semana, y que como quiera que además el señor Ortiz y la señora Castedo se volvieron a Alicante al funeral del conseller José Ramón García Antón, continúa el viaje hasta el día 14, el día 16 es cuando se produce la entrega del mini a la señora Castelló".
   "Ha presentado documentos de gestoría, de transmisión del vehículo y demás y una factura de fecha 16 de septiembre de 2009 de Cívica, de 5.000 euros, como justificante" y que fue expedida "un mes después de recibir el mini", según ha dicho Romero.
   El letrado de EU le ha preguntado por si además de la factura "tenía documentos acreditativos del pago" y la niñera "ha presentado una libreta de ahorros con diversos reintegros desde mediados de agosto hasta octubre de 2010". A este respecto, fuentes judiciales han señalado que la factura aportada por Julia C. será investigada.

Alicante es la cuarta capital de provincia con el precio del cine más alto

MADRID.- Alicante es la cuarta capital de provincia con el precio del cine más alto, con un total de 7,35 euros por entrada, mientras que los de Valencia y Castellón, mucho más reducidos, se sitúan ligeramente por encima de la media nacional, según el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción.

   En concreto, el precio de la entrada en Valencia se sitúa en los 6,58 euros y en Castellón en los 6,40 euros, y aunque están muy lejos de los precios de Alicante, superan la media nacional situada en los 6,52 euros.
   Según el estudio, La Coruña, Albacete y Oviedo son las capitales más caras, ya que una entrada cuesta 7,50 euros de media en días laborables. Tras ellas, Alicante y tras la misma, Barcelona, donde hay que abonar 7,32 euros de media, y Madrid con 7,29 euros. Los precios medios más bajos son los de Melilla (5,00 euros) seguidos de Almería, Granada y Zamora (5,50 euros).
   De los 138 cines encuestados, un cine de Barcelona, es el que alcanza el precio más alto, 8,10 euros, seguido de varios de Barcelona y uno de Madrid, todos ellos con un precio de 8,00 euros en la entrada normal.
   Los más baratos de los analizados uno de Granada, donde la entrada un día laborable cuesta 4,50 euros, seguido de otro de Melilla con un importe de 5,00 euros junto con otro de Almería, Córdoba y Santander.
   A nivel nacional, los datos indican que el cine ha subido un 36 por cientoen los últimos siete años, casi diecisiete puntos por encima del IPC. Así lo pone de manifiesto el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción al comparar el precio de una entrada de cine en días laborables a finales del último año, una media de 6,52 euros, frente a los 4,80 de 2004. El IPC entre los meses de noviembre de 2004 y 2011 aumentó un 19,4 por ciento.
   Facua analiza los precios de 138 cines en las cincuenta capitales de provincia de España y las dos ciudades autónomas. El informe detecta diferencias de hasta el 80 por ciento. Los precios, en días laborables, oscilan entre los 4,50 y los 8,10 euros, según el cine.
   Una entrada de cine cuesta actualmente una media de 6,52 euros los días laborables, una cifra que aumenta los fines de semana, los días que se consideran con más afluencia de público, cuando el precio alcanza los 6,64 euros, un 1,8 por cientomás que en días laborables.
   El precio medio de la entrada en día normal está un 2,7 por cientopor encima de los 6,35 euros registrados en 2010. En 2009 la media fue de 5,95 euros. En 2008, la media fue de 5,75 euros, en 2007 de 5,41 euros, en 2006 de 5,22 euros, en 2005 de 5,05 euros y en 2004 de 4,80 euros.

La RTVV se encamina hacia una redimensión a la baja

VALENCIA.- Radio Televisión Valenciana (RTVV) ha destacado que, previsiblemente este miércoles, aprobará el pliego de condiciones para adjudicar a una empresa externa el diseño de las medidas laborales "necesarias para garantizar la viabilidad" del ente público. Con ellas, "y siempre bajo la supervisión de varios departamentos de la Generalitat, se elaborará el plan de actuación bajo el cual se gestionará el ente público durante los próximos meses", ha puntualizado la entidad.  

   En este sentido, fuentes de RTVV han subrayado, a través de un comunicado, que con esta licitación "se inicia el proceso de redimensión de la empresa", al tiempo que han señalado que "en ningún caso pueden darse todavía datos sobre el número de afectados, ni mucho menos sobre el coste de la operación".
   Asimismo, Radiotelevisión Valenciana se remite a las declaraciones efectuadas por los directivos de la empresa a los representantes sindicales en las que se daba cuenta de las acciones que van a llevarse a cabo para redimensionar su estructura.
   La dirección del grupo RTVV "mantiene su firme compromiso de aportar en todo momento las novedades que se vayan produciendo en el proceso, pero en ningún caso está dispuesta a favorecer especulaciones que perjudican a quienes trabajan en la radiotelevisión pública valenciana", advierten.
   RTVV convocó este lunes la celebración del Consejo de Administración para mañana miércoles a las 19.30 horas para abordar el desarrollo del plan de ajuste laboral del ente público, según confirmó la vicepresidenta del Consejo, la socialista Consuelo Catalá.
   En concreto, el orden del día propone "la aprobación, si corresponde, del pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas para la contratación de un servicio de asesoramiento jurídico para la preparación, negociación y ejecución de las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad de la radiotelevisión pública valenciana".
   La convocatoria llegó a los integrantes del Consejo de Administración sobre las 19.30 horas de ayer y el pleno del Consejo se celebrará dos días después de este aviso, tal y como regula la normativa, que obliga a convocar con 48 horas de antelación.
   El proceso de adjudicación durará seis semanas, por lo que hasta finales de febrero no se sabrá qué empresa desarrollará el plan de ajuste laboral. El plan de ajuste se desarrollará "en paralelo" a la elaboración del anteproyecto de ley de RTVV que prepara el Consell para sustituir la ley de creación del ente público de 1984, según fuentes del ente público.

La Comunitat cierra el 2011 con un incremento del 7,5% de turistas extranjeros

VALENCIA.- El sector turístico de la Comunitat Valenciana ha cerrado el ejercicio 2011 con un incremento del 7,5 por ciento en el número de turistas extranjeros, lo que supone el tercer mayor aumento autonómico, según los datos avanzados hasta diciembre por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, junto a la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. 

   Así, Canarias lideró el gasto realizado con un repunte del 18,4 por ciento, seguida de Baleares, con un aumento del 10,4 por ciento. Tras la Comunitat, los mayores repuntes se han dado en Andalucía  (+6%) y Cataluña (+4,6%), siendo la Comunidad de Madrid la única que registró un descenso del 1 por ciento.
   En lo que se refiere al gasto realizado, la Comunitat ha registrado el segundo mayor incremento, hasta el 8,9 por ciento; por detrás del registrado por el archipiélago canario que concentró también el mayor gasto realizado, con un aumento del 13,3 por ciento.
   A nivel nacional, el sector turístico deja atrás el 2011 con un aumento del 8,1 por ciento de las llegadas de turistas extranjeros, hasta 56,91 millones, y un incremento del 8,1 por ciento del gasto realizado, que alcanza los 52.906 millones de euros.
   En rueda de prensa para hacer balance de los datos del cierre de 2011, coincidiendo con la publicación del informe Coyuntur correspondiente al último trimestre del año, Soria destacó que estos datos confirman que el turismo es "uno de los sectores más importantes de la economía española", solo por debajo del sector comercial, transporte y hostelería (22%), Administraciones públicas (16,9%), industria (14,8%) y construcción (10,9%).
   Así, recordó que el turismo --que con estos datos cierra el cuarto mejor año de su historia-- supone el 10,2 por ciento del PIB nacional e incidió en que es "un sector dinámico con capacidad y potencial de crecimiento".
   Concretamente, indicó que de los 56,9 millones de turistas extranjeros que visitaron España el año pasado, el mayor incremento se registró en Reino Unido (+9,1%), seguido de Italia (+8,5%), País Nórdicos (+8,4%), Francia (+4,6%) y Alemania (+3%).
   En lo que se refiere al gasto realizado, que rozó los 53.000 millones de euros, un 8,1 por ciento más que hace un año, el gasto medio por persona permaneció casi invariable (-0,3%), mientras que el gasto medio aumentó un 4,1 por ciento, hasta los 101,6 euros.

CCOO calcula que los ajustes contra el déficit pueden suprimir 4.000 empleos públicos en Alicante

ALICANTE.- El sindicato CCOO en l'Alacantí y las Marinas ha considerado que los recortes previstos en Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, podría significar el despido de 4.000 empleados públicos en la provincia de Alicante, según ha informado en un comunicado el sindicato.

   Este Decreto Ley, publicado este martes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV), en su disposición final primera, referida a los Planes de Ordenación de Personal, plantea reducir hasta un 25 por ciento de los efectivos de carácter temporal, para alcanzar los objetivos establecidos en materia de reducción del gasto público, así como para lograr una mayor racionalidad y eficacia en la administración de la Generalitat y en las entidades autónomas dependientes.
   Estas medidas, si se llegaran a cabo, podrían significar el recorte de 4.000 empleos públicos en la provincia de Alicante y con ello, "el cierre o disminución en la prestación de servicios públicos", según CCOO.