viernes, 9 de marzo de 2012

El Consell recopila las facturas que va a remitir al Gobierno central pero desconoce cuánto le corresponderá

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha explicado que la Conselleria de Hacienda "está trabajando" para determinar qué facturas de proveedores cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno central para entrar en el plan de pagos. No obstante, ha señalado que desconocen la cuantía que le corresponde a la Generalitat --de los 17.500 millones dispuestos por el Ejecutivo-- para satisfacer esas deudas.

   Císcar se ha expresado de esta manera tras el pleno del Consell al ser preguntado por el volumen de impagos a proveedores y si se plantea incorporar a los presupuestos de 2012 las facturas en el cajón para contabilizarlas y poder abonar a través del plan de pagos que prevé establecer el Gobierno central con las comunidades autónomas.  
   Por lo que se refiere al volumen de deuda con proveedores que se va a satisfacer, Císcar ha señalado que se trata de una cifra "que no podemos tener clara"  porque con todas las facturas de las comunidades, el Gobierno establecerá la prioridad de pago de las mismas según criterios como el de la antigüedad, que "favorece" a la Comunitat.
   Pero, "no podemos saber una cifra concreta" que corresponde a la Comunitat como "tampoco el resto de CCAA" porque se va a "hacer un paquete con el conjunto de facturas de toda España", ha explicado.  
   "Otra cosa es que el Estado hubiera dicho" que pagaría "lo que le corresponde a cada CCAA" pero como eso "no lo va a hacer", sino que va a disponer de 17.500 millones para todas las regiones y a pedir que cada CCAA lleve las facturas certificadas para comprobar que cumplen los requisitos que van a establecer, ha explicado.
   La fecha límite para remitir las facturas certificadas al Gobierno es el 15 de abril. Será entonces cuando "tendremos al euro el importe de la relación certificada que pasaremos al Estado", ha afirmado.
   "El Estado puede decir que de los 17.500 millones, cuánto destina en cada una de las fases que establezca --hasta el 31 de diciembre-- y los criterios de prioridad en el pago, como es el de la antigüedad de las facturas", ha remarcado.
   Las facturas que se van a atender serán principalmente por contratos de obra y servicio; lo que son conciertos como el que tienen con las farmacias "podrían entrar". Pero, por ejemplo, una subvención o una deuda con un ayuntamiento "no entran en esa relación", ha apuntado. En este sentido, ha apuntado que  se incluyen las deudas a proveedores de las empresas públicas, fundaciones y entes de derecho público.
   En cuanto a la posibilidad de incluir en el plan de pagos las facturas en el cajón procedentes del área sanitaria, Císcar ha indicado que es una "duda que tenemos pendiente de que nos resuelva el Gobierno central. Es una de las cosas que todavía se tienen que determinar".
   Por otro lado, Císcar ha informado de la puesta en marcha de un servicio de asistencia y asesoramiento a ayuntamientos para resolver las dudas en relación al procedimiento para el pago a los proveedores de las corporaciones municipales.
   Císcar ha indicado que "a través de las páginas web de las Consellerias de Presidencia, Economía y Hacienda se ha habilitado un documento explicativo de todo el procedimiento de pago a proveedores. También se podrán resolver las cuestiones por vía telemática o telefónica".
   El vicepresidente ha adelantado que "próximamente se pondrá en funcionamiento un dispositivo de atención y asesoramiento para todos los proveedores de la Generalitat".

Los sindicatos docentes temen otros recortes de 200 millones

VALENCIA.- Los sindicatos docentes temen nuevos recortes derivados del ajuste extra de entre 400 y 500 millones de euros anunciado este jueves por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para cumplir el objetivo del 1,5 por ciento de déficit marcado por el Gobierno central. No obstante, la Conselleria de Educación recalca que "habrá que concretar" si debe "hacer algún esfuerzo adicional" y que, en cualquier caso, "no afectará para nada a la calidad de la enseñanza".

   Así lo han señalado los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación --STEPV, FE CCOO PV, CSI·F, ANPE y FETE-UGT PV-- en declaraciones a los periodistas a su llegada a la Conselleria para presentar los manifiestos contra los recortes firmados por los claustros, consejos escolares o asambleas de profesorado. A continuación, el secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, que ha atendido a los medios en el mismo lugar.
   El secretario general de FETE-UGT PV, Guillermo Martí, ha considerado "evidente" que ese ajuste extra será proporcional al peso de cada departamento en el presupuesto de la Generalitat y que, por tanto, a Educación le corresponderá "un 31 por ciento de esos 500 millones y, por lo tanto, le puede costar a la Conselleria más de 200 millones".
   Su homólogo de CCOO, Miguel Ángel Vera, ha señalado que están a la espera de que el Consell convoque el día 14 una nueva Mesa General de Negociación de la Generalitat para dar "respuestas" a los planteamientos que le trasladaron en la reunión de la pasada semana y que, en esa sesión, esperan que "la administración diga cómo van a afectar esos 500 millones que Fabra anunció ayer". Según Vera, "en este momento no hay ninguna información" pero si esos ajustes afectan al personal de la Generalitat, deberán dar "cumplida información" en la Mesa General de Negociación y los sindicatos exigirán que "si hay recortes, sean negociados".
   La representante de STEPV, Beatriu Cardona, ha alertado de que "cualquier recorte que se haga en educación afecta a la calidad y a la dignidad del sistema público" y, en este sentido, ha acusado al Consell de hacer "recortes reiterados en la calidad, no sustituyendo las bajas, intentando aumentar el horario lectivo en detrimento de desdobles y de programas de atención a la diversidad que son necesarios en los centros, y quieren eliminar también desdobles en enseñanzas de lenguas extranjeras". "No podemos consentir ningún recorte en el sistema de educación público", ha zanjado.
   Nines Espí, delegada de ANPE, ha constatado que esos ajustes "están produciendo una degradación progresiva y paulatinamente en la calidad de la enseñanza pública en toda la Comunitat", a lo que el representante de enseñanza de CSI·F, Daniel Matoses, ha agregado que se les "antoja incompatible" ese conjunto de medidas con los "planes estrellas de la administración, como son el plan de choque contra el fracaso escolar y el decreto de atención a la diversidad".
   Además, Rafael Collado, en representación de CSI·F, ha remarcado que "ya no es un tema de ajustes, de recortes", sino "un ataque a la dignidad de los docentes" porque el Consell les "está acusando de absentistas, de perder tiempo paseando por los pasillos entre clase y clase". "Podríamos entender algún tipo de ajuste, pero no bajo estas premisas, ha sentenciado.
   Posteriormente, el secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, ha remarcado ante los medios que la Valenciana es la primera autonomía "en inversión en educación, en concreto, prácticamente el 31 por ciento del presupuesto de la Generalitat se dedica a políticas educativas y la media española está en torno al 21 por ciento", así como que "los últimos datos del Ministerio también avalan que la inversión por alumno en la enseñanza pública está sobre las 6.700 euros cuando la media española es un tanto inferior".
   En cuanto a los salarios de los docentes, ha incidido en que "es un ajuste puntual". "Estoy convencido de que contamos con un profesorado responsable, serio, que valora más que nunca la estabilidad y el ocupar un puesto de trabajo realmente digno y bonito. Se trata de una medida de carácter transitorio, que afecta a los sexenios y que finalizará el 31 de diciembre de 2013 y que estoy será útil, en el sentido de que supondrá que no existan despidos y que otros colectivos no se vean afectados", ha defendido.
   Sobre cómo puede afectar el nuevo ajuste anunciado por el 'president', el representante de la Conselleria ha comentado que "se trata de una partida que habrá que concretar" por lo que no ha podido avanzar nada.
   Cuando se le han comunicado los cálculos de los sindicatos sobre que el 30 por ciento del recorte puede recaer en educación ha sido tajante: "Para nada, tendremos que concretar si hay que hacer algún esfuerzo adicional, pero si es que en algún momento se tuviera que hacer, estoy convencido de que no afectará para nada a la calidad de la enseñanza, que es al fin y al cabo de lo que se trata".
   "Debemos ser prudentes y cautelosos, no adelantarnos a medidas que se deberán tomar o no, pero me gustaría recordar que necesariamente el rendimiento de los alumnos y los resultados académicos no siempre están en función de la cantidad de recursos que se destinan", ha argumentado.
   Además, Carbonell ha sostenido que los recortes se limitan a cuestiones de retribución y ha agregado: "en el ámbito educativo vivimos demasiado de leyendas y esas leyendas no son ciertas". Prueba de ello, ha apuntado, es que la Conselleria "ha cubierto en las últimas semanas prácticamente 2.000 bajas, es decir, 2.000 sustituciones, y esos datos están ahí".
   "En septiembre, el entonces conseller del ramo, José Císcar, dijo en las Corts: 'páseme usted aquel centro que sobrepase los límites que marca la norma legal de ratio' y, a fecha de hoy, han pasado varios meses y ni un solo centro nos ha pasado esa circunstancia. Estamos cumpliendo a rajatabla las normas básicas en cuanto a ratios, a proporciones, a unidades y a todo. Lo que sí que estamos haciendo es una política de optimización y de racionalización de recursos, pero siempre dentro del marco estatal", ha concluido.

Císcar dice que los recortes para cumplir déficit pueden superar los 500 millones y no descarta tasas específicas

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha señalado este viernes que el importe de los recortes necesarios para lograr cumplir el objetivo del 1,5 por ciento de déficit marcado por el Gobierno central puede superar los 500 millones de euros. Para conseguirlo, la Generalitat valenciana no descarta implantar "tasas específicas", aunque ha hecho hincapié en que no va a establecer copago, ni a incrementar los impuestos generales.

   El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aseguró el jueves que la Comunitat Valenciana solo tendrá que recortar por importe de 400 o 500 millones de euros de los 2.700 requeridos para poder cumplir el 1,5 por ciento de déficit.
   Sin embargo, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha indicado que "no tienen porque ser solo 500 millones, pueden ser más". Respecto a qué tipo de ajustes se llevarán a cabo, ha rechazado que se vaya a tomar medidas "de carácter general" como subida de impuestos.
   "Van a ser medidas de carácter mucho más sectorial", ha subrayado el vicepresidente valenciano, quien, además, ha incidido en que "no van a afectar a la prestación de servicios básicos".
   Císcar ha asegurado que en la Comunitat "ya tenemos mucho trabajo avanzado", por las medidas de ajuste puestas en marcha, muchas de ellas enmarcadas en el Decreto Ley 1/2012 de medidas urgentes para la reducción del déficit en la Comunitat Valenciana, con las que se logrado un ahorro de 1.057 millones de euros.
   No obstante, el también conseller de Presidencia ha indicado que habrá que "ajustes adicionales". Asimismo, ha resaltado que el proceso de ajustes de la Generalitat es "continuo".
   En este sentido, se ha referido a las nuevas medidas anunciadas por el Consell como la creación de la central de compras que va a aportar 80 millones, la implantación de una comisión interdepartamental para garantizar la austeridad o la puesta en marcha de un plan de optimización del patrimonio, dentro del que se incluye un plan de venta de patrimonio, que cree que superará los 125 millones de euros.
   Císcar ha hecho hincapié en la necesidad de reducir el déficit y  crear una nueva administración, dado que "la que teníamos antes en época de bonzana es evidente que hoy no sirve". Además, considera que hay una "oportunidad de conseguir una nueva administración para que cuando en el futuro lleguemos a nuevas crisis, las pueda resistir de una manera significativamente mejor".
   "Todo este proceso y todo lo que se está hablando de nuevos ajustes a nosotros no nos asusta porque ya estábamos en esta línea para conseguir una administración más solvente y más sostenible", ha subrayado.
   El vicepresidente ha señalado que la Generalitat va a hacer un ajuste "de 500 millones o de posiblemente de más". "No solo porque tenemos que cumplir unas obligaciones en relación al déficit público, sino porque estamos convencidos de esa nueva administración que es el momento de implantarla", ha manifestado.
   Al respecto, ha manifestado que la nueva administración debe "olvidar una relación paterno-filial, que no sea la administración el padre y la sociedad los hijos, sino que sea una administración que hable de tú a tú a la sociedad" y establezca una relación similar a la de "dos personas adultas". Por este motivo, ha dicho, "requeriremos toda la colaboración necesaria".
   Preguntado por si la Generalitat es partidaria de eliminar organismos como la Sindicatura de Greuges o el Consell Jurídic Consultiu, Císcar ha respondido que la supresión de estos entes "no está encima de la mesa", pero sí lo está lograr "la máxima racionalización y optimización de los recursos no solo en estos órganos, sino en cualquier otro órgano de la Generalitat".

La Generalitat asume la titularidad de parte de la deuda de 15 entes públicos

VALENCIA.- El pleno del Consell ha dado el visto bueno al acuerdo por el que la Generalitat pasa a asumir la titularidad de parte de la deuda financiera de 15 entes del sector público empresarial y fundacional, según ha informado el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar. 

   En concreto, se asume la titularidad de la deuda derivada de operaciones formalizadas por empresas y entes públicos de la Generalitat con entidades de crédito, el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por un importe de 3.400 millones de euros.
   Las empresas afectadas son el Aeropuerto de Castellón, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), el Circuito del Motor y Promoción Deportiva, Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana (Ciegsa), el Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP), la Agencia Valenciana de Movilidad y el Instituto Valenciano de atención a las personas con discapacidad y acción social (Ivadis).
   El Consell también asume la deuda del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Ivacor), del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), Proyecto Cultural de Castellón, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, Teatres de la Generalitat Valenciana, La Luz de las Imágenes, la Fundación de la Comunidad Valenciana de las Artes y la Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Victimas del Delito y para el Encuentro Familiar (Favide).
   La asunción de esta deuda por parte de la Generalitat, que viene contemplada en el Decreto-Ley 1/2011, de 30 de septiembre, de Medidas Urgentes de Régimen Económico-Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, va a facilitar la "patrimonialización" y "posterior ordenación y reestructuración" del sector público empresarial y fundacional.
   Así, José Císcar ha subrayado que están "limpiando" los entes públicos para, posteriormente, poder adoptar diversas medidas como "fusiones, liquidaciones o incluso alguna venta de alguna empresa pública".
   Además, el vicepresidente ha subrayado que "al quitar de las empresas la deuda financiera y pasarla a la Generalitat" se consigue tenerla "en un mismo paquete". De esta forma, "la hora de ir a buscar una refinanciación o renegociación con las entidades de crédito lo tenemos mucho más fácil", ha destacado.
   "No estamos adquiriendo más endeudamiento porque esta deuda ya computa como deuda de la Generalitat", ha indicado Císcar, quien ha hecho hincapié en que se trata de "un paso necesario en todo el proceso de reestructuación" por el que se pasará de 46 entes públicos a seis holdings.
   Por otro lado, el Consell ha acordado este viernes la ampliación del capital social de Ciegsa en 57.288.348 euros, mediante la emisión de 19.058 nuevas acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas.
   Este aumento de capital se desembolsará mediante aportaciones dinerarias en efectivo. El 25 por ciento de la ampliación del capital social, 14.322.087 euros, se hará inmediatamente después de aprobada la ampliación y el 75 por ciento restante de la ampliación del capital social, 42.966.261 euros, con anterioridad al próximo 31 de diciembre.
   Asimismo, de acuerdo con el calendario previsto para el desembolso de estas acciones de nueva emisión, se ha acordado la modificación del artículo 7 de los estatutos sociales, de manera que el capital social queda fijado de 496.975.968 euros, dividido en 165.328 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una de ellas, íntegramente suscritas.
   José Ciscar ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los acreedores de Ciegsa porque "la Generalitat está detrás y va a responder porque la deuda de Ciegsa es deuda de la Generalitat".
   Preguntado por qué proceso se está llevando a cabo en Ciegsa respecto a su liquidación, ha señalado que todavía se está estudianto. "Es algo en lo que se está trabando", ha manifestado el conseller, quien ha hecho hincapié en la necesidad de lograr "una reestructuración que adelgace muchísimo el sector público empresarial para que sea sostenible".
   Por otro lado, inquirido sobre cuándo se conocerá la nueva estructura de la plantilla de Radio Televisión Valenciana, el vicepresidente valenciano ha asegurado que en junio "podríamos tener el tema muy muy avanzado".

El Gobierno valenciano subastará 42 coches oficiales

VALENCIA.- La Generalitat valenciana sacará a subasta pública un total de 42 vehículos procedentes de su Parque Móvil a partir del próximo 21 de abril, mediante un proceso de enajenación coordinado y gestionado por la dirección general de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, según ha informado la gobierno valenciano en un comunicado.

   La subasta se enmarca dentro de las medidas "de ahorro y racionalización" de los recursos patrimoniales de la Administración valenciana, recogidas en el Plan de Optimización del Patrimonio.
   A cada uno de los vehículos a subastar se le ha asignado un precio-tipo de licitación que será a su vez el precio de salida, a partir del que podrán efectuarse las ofertas equivalentes o al alza, pero "en ningún caso inferiores a ese importe", ha explicado.
   Todos los coches son marca Ford, modelo Focus o Mondeo, y sus precios de salida oscilan entre los 1.270 y los 1.945 euros sin incluir los tributos y gastos derivados de la transmisión de titular, que deberán ser asumidos por el adjudicatario.
   El procedimiento de enajenación contempla la subasta pública a viva voz y también la posibilidad de presentar ofertas en sobre cerrado, por lo que habrá un proceso para la coordinación de ambos sistemas.
   En la modalidad de sobre cerrado, las ofertas podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación del anuncio de subasta en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOCV), hasta el 11 de abril de 2012 y la presentación será, preferentemente, en el Registro General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en la calle Palau, 12 de Valencia.
   Por su parte, el acto público de subasta a viva voz tendrá lugar a las 10.00 horas del sábado 21 de abril en el Centro de Archivo y Logística de la Generalitat, situado en la localidad valenciana de Ribarroja (Polígono Industrial, sector 13, avenida de Hostalers, parcela 29).
   Ahí podrán también verse los vehículos los lunes, martes y miércoles de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas en horario de tardes, siempre a partir de la publicación del anuncio de subasta en el DOCV.
   La documentación e información relativa al proceso de subasta de estos 42 vehículos podrá obtenerse, indistintamente, por vía presencial, telefónica o telemática.
   Por vía presencial, el pliego de cláusulas administrativas particulares estará disponible hasta el día anterior a la subasta en el Servicio de Gestión Económica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y en el Servicio del Parque Móvil (Calle dels Gremis, 13, Polígono Vara de Quart de Valencia). Mediante vía telefónica, se podrá obtener información a través de 012 ó del 983 866 000, en el caso de llamadas de fuera de la Comunidad.

jueves, 8 de marzo de 2012

Diego de Ramón llamará a declarar en la Audiencia Nacional a 49 ex consejeros de la CAM

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, que ha presentado un procedimiento penal contra la última cúpula directiva de la CAM, ya aceptada a trámite y en fase de diligencias previas de un procedimiento abreviado, piensa citar en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional a un total de 49 ex consejeros de Caja Mediterráneo (CAM), según han confirmado hoy fuentes de su bufete en Murcia.

Parece que el letrado desea que los ex consejeros de la CAM, de Murcia y Valencia, comparezcan ante el juez Grande-Marlaska para ver de levantar así las tramas de ambas regiones, sobre todas las infracciones, presuntamente penales, que se dejan aflorar en los expedientes sancionadores del Banco de España, y sobre la "voluntad" de estos exconsejeros "en los créditos dados sin garantías, plazos sin amortización e intereses tan bajos como insignificantes".

 A juicio del abogado querellante, y representante de la Plataforma de Afectados CAM, "algunos de estos exconsejeros son economistas de alto prestigio designados por Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel" por lo que desea saber sobre los créditos que se dieron ellos mismos, y todos los macrocréditos, incluidos los otorgados a Polaris, Nova Carthago, Hansa Urbana, Terra Mítica, Promociones de El Pocero, los concedidos en México, Suiza, Gibraltar, Luxemburgo, Islas Caimán... así como la trama política de Bancaja, Banco de Valencia y las fincas que políticos de Murcia y Valencia tienen en Polaris, México, Madrid, Roma, Murcia y Valencia".

Precisamente anteayer, el juez Grande-Marlaska aceptó como acusación particular en el procedimiento iniciado de querella criminal a mas de 250 clientes afectados de la CAM, representados por Diego de Ramón, a la vez que anuncia, a los efectos procesales oportunos, el traslado al fiscal de las pretensiones de estas personas de varias provincias. 

Reclaman más de cuatro millones de euros en concepto de pérdidas sufridas en sus inversiones de cuotas participativas, deuda subordinada y participaciones preferentes. Y se consideran estafados por los antiguos gestores, como otros 55.000 clientes, al utilizar la CAM información falsa en cuanto a condiciones particulares y situación de beneficios de la entidad.

Coincide esta admisión en el tiempo con la comunicación del Banco de España a Diego de Ramón, donde le responde, como contestación a un requerimiento suyo del pasado 23 de noviembre, que declara pertinente en el expediente abierto a la CAM y sus gestores la prueba propuesta como documental y consistente en los catorce escritos de denuncia remitidos al gobernador por el letrado desde el año 2006 y hasta el pasado mes de agosto.

En esos 14 escritos Diego de Ramón alertaba al Banco de España sobre el deterioro de las cuentas de la caja alicantina y pedía su intervención, por lo que ahora apela a la responsabilidad patrimonial del regulador por incorrecta supervisión en las pérdidas derivadas de la mala gestión de la Caja Mediterráneo y por los supuestos daños que se le habrían causado a él mismo como consecuencia de su funcionamiento respecto a las cajas de ahorro.

La comunicación señala que los catorce escritos ahora incorporados como prueba fueron rechazados en su momento por el servicio jurídico del Banco de España porque, a su entender, aludían a cuestiones "de carácter reservado".
 
La reclamación se amparaba en un informe emitido por la Comisión Europea en 2010, en el que acusa al organismo regulador español de haber fallado en el control de la burbuja inmobiliaria.
 
De Ramón señalaba en su escrito de noviembre que existe un daño ilegítimo, porque las pérdidas derivan de la falta de supervisión de las administraciones públicas sobre la actividad que llevaba a cabo la CAM.
 
Además, ve un vínculo claro entre la lesión y la institución que la produce, el daño material se puede individualizar y evaluar económicamente, este perjuicio es el resultado directo del anormal funcionamiento del servicio público y no se debe a una causa de fuerza mayor, ya que era una situación previsible y evitable.
 
Según cita la reclamación, el informe de la Comisión Europea señala que el Banco de España tenía información privilegiada suficiente como para haber tomado medidas que evitaran o aliviaran la burbuja inmobiliaria.

Los trabajadores de Terra Mítica aceptan el ERE que prevé 215 despidos

BENIDORM.- Los trabajadores de Terra Mítica han aceptado este jueves el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la dirección del parque el pasado 10 de febrero para la extinción de 215 puestos de trabajo, que contempla una indemnización de 30 días por año, según han informado fuentes de CCOO en un comunicado.

   Con este acuerdo, el Comité de Empresa ha evitado que la empresa pudiera aplicar la nueva reforma laboral, que permite la extinción de los contratos con una indemnización de 20 días sin autorización administrativa. Asimismo, se deja abierta la puerta a las demandas interpuestas por los incumplimientos generados en la temporada anterior.
   En este sentido, un total de 65 trabajadores presentaron una serie de demandas judiciales ante lo que consideraban incumplimientos por parte de la dirección del Convenio Colectivo, reclamando el tiempo no trabajado.  Estas 65 personas reclaman los salarios no percibidos la temporada anterior al no haber sido llamados hasta que Trabajo denegó el ERE.  En este sentido, la dirección se compromete con el comité a negociar una salida antes de la celebración de los juicios pendientes.
   El Comité ha planteado, además, salvaguardar a las personas con una edad superior a los 55 años llegando a acuerdos de prejubilación, así como garantizar una bolsa de empleo para los afectados que permitan cubrir puestos en el supuesto de ser necesarios.
   Por su parte, fuentes del parque temático han destacado que el ERE se ha resuelto con un acuerdo "unánime" entre la empresa y el comité, al tiempo que han recordado que la dirección ha intentado "desde el principio plantear la mejor opción  en beneficio de los trabajadores".
   Según la empresa, la propuesta de indemnizaciones con 30 días ha sido "muy bien recibida por el comité, quien de manera unánime ha reconocido la situación actual de la empresa y la necesidad de adoptar determinadas medidas, coincidiendo en la existencia de las causas esgrimidas por Terra Mítica".
   "La dirección del parque siempre ha mantenido su compromiso social con los trabajadores; por ello, a lo largo de todo el período de negociación, ha planteado la posibilidad de reducir el número de afectados en la medida de lo posible", ha señalado la empresa, que ha aceptado la creación de una bolsa de trabajo en la que están integrados la totalidad de los empleados del parque incluidos en el ERE.
   Según los responsables del parque, a partir de ahora el propósito de la dirección de Terra Mítica es "revalorizar el parque temático, potenciando su actividad para elevarlo al máximo exponente dentro de la oferta de ocio de Benidorm y de toda la Comunidad Valenciana", lo que se traducirá "en la creación de nuevos puestos de trabajo".
   Por su parte, desde CCOO entienden que el ERE planteado "no es la solución para el parque" y han lamentado que con la entrada en vigor de la reforma laboral "las circunstancias del ERE hacen difícil una negociación en igualdad" y, además, "la rebaja en las condiciones laborales será patente".
   El sindicato cree que con la plantilla que se queda en el parque, compuesta por 175 trabajadores, "no se podrá prestar un mínimo servicio de calidad, salvo que la dirección subcontrate servicios prestados hasta hoy por personal propio". 
"Por tanto, existe el riesgo de que se aproveche de la situación de crisis y rebaje sus condiciones salariales y laborales", ha advertido.
   Para CCOO, este nuevo despido de trabajadores en Terra Mítica "simboliza el fracaso de los grandes proyectos desarrollados por la Generalitat valenciana en las diferentes legislaturas", en las que "se han enterrado centenares de millones de euros sin ningún tipo de transparencia ni control".

El PSPV pregunta por los impagos y Fabra dice que el Consell "cumple y paga"

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts, Jorge Alarte, ha preguntado este jueves al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, por los impagos y recortes, a lo que el jefe del Consell ha replicado que su gobierno "cumple, paga y va a hacer que podamos salir de la crisis".

   En la sesión de control de las Corts Valencianes, Alarte ha inquirido a Fabra sobre las consecuencias que tendrá para los valencianos "la situación de impago y las política de recortes" del Consell. "Ninguna", ha respondido el presidente.
   El síndic del PSPV, en su intervención, se ha referido a los 200.000 valencianos que "no tienen subsidio ni ninguna prestación" y a los 90.000 hogares de la Comunitat que no reciben ningún tipo de ingresos y a los que, en su opinión, "la Generalitat ha dejado en la estacada, al borde de la exclusión social".
   Para Alarte, el Ejecutivo valenciano "ha practicado los peores recortes posibles: menos dinero, menos derechos y menos sueldos para los trabajadores públicos". Además, ha denunciado que se ha producido "un recorte sistemático y estructural de todas las políticas sociales".
   Para cambiar esta situación, el portavoz del grupo socialista ha propuesto a Fabra "dejar de ser solidario con los 19.000 valencianos que tienen más de 700.000 euros" y cobrarles el impuesto sobre el Patrimonio.
   "¿Cómo pueden hablar de paro?. Ustedes son los reyes del paro", ha respondido Fabra refiriéndose a los socialistas, quien ha asegurado que los dirigentes del PSOE son "magos" ya que transformaron "una situación de prosperidad y desarrollo" en otra caracterizada por "la desilusión, la decepción y el paro".
   Asimismo, el jefe del Consell ha indicado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "recortó los sueldos de los funcionarios públicos un 5 por ciento", mientras que el PP "lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue incrementar un 1 por ciento la pensión a los pensionistas". Del mismo modo, desde el pasado mes de febrero, "los que no tenían ninguna prestación, volvieron a cobrar 400 euros", ha dicho.
   Del mismo modo, ha hecho hincapié en que el Gobierno valenciano "va a cumplir con sus obligaciones". Al respecto, ha indicado que entre enero y febrero, el Consell ha destinado 77 millones de euros a políticas sociales y más de 108 millones en materia educativa, así como más de 2.200 millones de euros para pagar a proveedores.
   La portavoz adjunta del PSPV, Cristina Moreno, ha denunciado que ayer, en el pleno, el PP "votó en contra del pago a dependientes", a lo que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, ha señalado que Rodríguez Zapatero, con la Ley de Dependencia, practicó una política de "yo invito y tú pagas".
   También ha intervenido la socialista Carmen Ninet quien ha criticado que "de la ristra inmensa de impagos hay uno muy notorio; el impago a 1.300 enfermos mentales que casi dejan en la calle". Sin embargo, el titular de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha asegurado que el Consell "no ha reducido absolutamente nada las prestaciones sociales".
   Por su parte, el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, ha preguntado a Fabra sobre qué indicadores empleará el Gobierno para evaluar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y qué efectos tendrán las medidas adoptadas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sobre la creación de empleo.
   El jefe del Consell ha destacado que el Gobierno central "ha puesto 35.000 millones encima de la mesa para poder responder a los proveedores", y ha subrayado que las medidas anunciadas por Rajoy son "la primera piedra" para "generar confianza y seguridad" y "empezar a crecer".
    Morera, en su segunda intervención, ha pedido a Fabra "ejemplaridad y transparencia", así como la creación una auditoría pública de la deuda de la Comunitat Valenciana para que los ciudadanos sepan "en qué se ha gastado el dinero".
   Alberto Fabra ha indicado que "la Fiscalía de Cuentas nos fiscaliza todos los gastos de la Generalitat", y ha añadido que "la única auditoría que es necesaria" es que se conozca el trabajo que lleva a cabo el Consell. En este sentido, ha invitado a Compromís a ir a "ver todo lo que se ha hecho y que los ciudadanos sepan que ha habido un gobierno que ha respondido a las necesidades de la Comunitat Valenciana".
   "Me resulta difícil ir a Nicaragua a ver lo que se ha hecho, pero si usted me acompaña, a lo mejor se le cae la cara de vergüenza y hace dimitir a su síndic del grupo parlamentario", ha manifestado la diputada de Compromís Mireria Mollà, en alusión a proyectos de cooperación de la extinta Conselleria de Solidaridad dirigida por Rafael Blasco, que están en cuestión.

Fabra dice que la Comunitat solo tiene que recortar 400 o 500 millones de los 2.700 requeridos

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado este jueves que la Comunitat Valenciana solo tendrá que recortar por importe de 400 o 500 millones de euros de los 2.700 requeridos para poder cumplir el objetivo del 1,5 por ciento de déficit marcado por el Gobierno central.

   Fabra ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el coloquio 'La economía valenciana: retos y oportunidades', en el marco de la jornada organizada en Valencia por Deloitte, ApD y Cierval, al ser preguntado por cómo deberá ser el ajuste en la Comunitat para reducir el déficit hasta el 1,5 por ciento.
   El jefe del Consell ha destacado que, en estos momentos, "todos debemos apretándonos el cinturón", y ha indicado que la Comunitat Valenciana "lo lleva haciendo desde el año pasado e incluso desde el anterior, siendo mucho más austeros en cuanto al gasto". En este sentido, ha recordado que los presupuestos de la Generalitat para 2012 han caído un 6 por ciento respecto a los del ejercicio anterior.
   Asimismo, ha explicado que a principios de este año se aprobaron una serie de medidas para disminuir en 1.050 millones de euros el gasto, lo que considera "una reducción muy importante", dado que las cuentas para 2012, aprobadas el pasado mes de diciembre, son de alrededor de 15.000 millones. Del mismo modo, ha incidido en que "en ningún caso se reducen las prestaciones sociales destinadas a los ciudadanos".
   Alberto Fabra ha señalado que para lograr el 1,5 por ciento de déficit "el Estado para este año va a tener la necesidad de recortar casi 27.000 millones de euros". Al respecto, ha puntualizado que si la Comunitat Valenciana supone alrededor del 10 por ciento de la población de España, "2.700 millones nos van a corresponder a los valencianos", lo que supondrá ser "2.700 millones más pobres porque vamos a tener que devolver ese dinero para poder conseguir que vuelva la credibilidad de los mercados exteriores hacia las medidas del Gobierno de España".
   No obstante, ha subrayado que "afortunadamente ya hicimos esos recortes", de modo que, ahora, con la nueva previsión que ha hecho el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los recortes en la Comunitat solo tendrán que ser por importe de 400 o 500 millones de euros "porque en su día, a principio de año, ya hicimos ese recorte", ha reiterado.
   El presidente valenciano también ha destacado que desde el Consell están "aligerando mucho la estructura de la administración". Así, ha señalado que ya se realizó un plan de reduccion "importante" del sector público empresarial, además de otros ajustes en temas de gestion, sobre todo en materia sanitario.
   Sin embargo, ha hecho hincapié en el "compromiso" de la Generalitat de "no reducir los derechos a los ciudadanos", aunque ha insistido en que hay que ser "mucho más eficientes para poder conseguir no solo la reduccion de 1.050 millones, sino incrementarla en 400 o 500 millones de euros más".
   Preguntado por si se puede conseguir la reducción del déficit marcada por el Gobierno sin imponer el cobro de nuevas tasas por ejemplo en sanidad, Fabra ha respondido: "sí, pero entre otras cosas, porque no depende de las comunidades autónomas, es una ley basica del Estado".
   El jefe del Consell ha explicado que "dentro de la nueva versión de la administración y del concepto de Estado, todos los ciudadanos deben ser cómplices". En este sentido, ha señalado que "todo el mundo entiende que no podemos pagar una administación con unos servicios de 2012 y unos ingresos de 2004".
 "Eso es imposible", ha resaltado, ya que "la administración no tienen una maquina para poder pagar todos los recursos para los ciudadanos".
   Al respecto, ha destacado la necesidad de "hacer un buen uso de los recursos porque son de todos". "Cualquiera de nosotros seguro que tiene en casa un armario lleno de medicinas", pero "eso no puede ser", ha manifestado Fabra.
   "Al final, la factura de la farmacia que supone al mes para la Comunitat Valenciana es de 120 millones de euros, 20.000 millones de los antiguas pesetas todos los meses", ha precisado. De este modo, ha aseverado que "si todos somos un poquito mas pedagógicos a la hora de hacer un uso adecuado y racional de esos recursos, ayudaremos a rebajar el nivel de gastos que tiene la administración".
   El presidente de la Generalitat ha advertido de que los ciudadanos "ayudan a hacer mucho más racional el mantenimiento de los servicios y prestaciones", o se tendrán que buscar "fórmulas para enseñar que esos recursos son recursos de todos".

El Banco de España despide a cinco altos directivos de la CAM

ALICANTE.- El Banco de España ha despedido a cinco altos  directivos de la CAM, tres de ellos del área de expansión de la entidad y los otros dos de los servicios centrales, según han indicado hoy fuentes financieras.

   Los administradores nombrados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han decidido el despido de estos cinco directivos, con los que se ha llegado a un acuerdo.
   Según las mismas fuentes, se trata de una decisión tomada para "allanar el camino a los nuevos gestores" del Banco de Sabadell. Además, subrayaron que es "un paso, en buena medida lógico" y que persigue "dos objetivos: reforzar los mecanismos de control de la entidad y reimpulsar su actividad comercial".
   En concreto, los directivos despedidos son Pedro Torres, director de la Dirección Territorial Norte-Centro-Sur, Ricardo Camilleri, de la Dirección Regional Suroeste, y Javier Carrascosa, de la Dirección Regional Centro-Norte.
   En cuanto a los dos directivos de los servicios centrales que cesan en sus funciones son el director de Gestión de Activos y Participaciones, Francisco Javier Martínez, y el director adjunto de Intervención General de Banco CAM y director de Auditoría Interna de Caja Mediterráneo, Teófilo Sogorb.
   Estos despidos son interpretados por las fuentes financieras como una forma de "ir preparando el relevo" en la gestión del banco. El Banco Sabadell está a falta de recibir el visto bueno de Bruselas a la operación y no se espera que haya "ningún problema" para que sea así, según las mismas fuentes.
   Así, las previsiones o estimaciones que se manejan es que este visto bueno se produzca a finales del mes de marzo o durante la primera quincena del mes de abril.

La crisis económica es más profunda en el sur y este de España

MADRID.- Castilla y León fue la comunidad autónoma que experimentó un mayor crecimiento en 2011, con un incremento del PIB a precios de mercados del 0,97%, mientras que Extremadura fue la que menos creció, con un aumento del PIB del 0,11%, según apunta la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en el último número de sus Cuadernos de Información Económica.

   Así, la publicación remarca que todas las comunidades autónomas crecieron el pasado año, registrando un cambio de tendencia respecto a 2010, cuando todas experimentaron caídas, y fija la media española de crecimiento en 2011 en el 0,49%.
   El director general de Funcas, Carlos Ocaña, ha destacado que son las comunidades del Norte de España, junto con Madrid, las que mejor comportamiento mostraron en el último año, al contrario que el sur y la costa mediterránea, que sufrieron ajustes más intensos por la fuerte repercusión de la burbuja inmobiliaria.
   "Existe una dicotomía entre el Norte y el Sur. En el Norte crecieron todas por encima de la media a excepción de Aragón, mientras que en el Sur y Baleares lo hicieron por debajo de la media a excepción de Canarias y las ciudades autónomas", ha apuntado el editor de la publicación, Fernando Pampillón.
   Además, Pampillón ha destacado que Navarra, Madrid, País Vasco y Cataluña fueron las mejores comunidades autónomas en desarrollo económico entre 2008 y 2011, frente a Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias, Murcia, Asturias y Castilla-La Mancha que registraron los peores resultados.
   Preguntado sobre si comunidades como Castilla-La Mancha serán capaces de alcanzar el objetivo de déficit del 1,5% en 2012, Ocaña ha reconocido que cuanto más déficit, mayor es la dificultad para alcanzar el objetivo, y ha apelado a conocer las medidas concretas que se adoptarán al respecto para hacer valoraciones.
   En cuanto al crecimiento que experimentarán las comunidades en 2012, el miembro del gabinete de Economía Regional de Funcas, Pablo Alcaide, ha puntualizado que las regiones con relativa importancia del sector turístico presentarán un comportamiento más positivo a lo largo del año.
   Respecto al endeudamiento público, Pampillón ha destacado que pese a las dificultades para obtener financiación, las comunidades autónomas fueron capaces de lograr 28.000 millones de euros.
   Asimismo, ha insistido en que en este apartado también existe un comportamiento dispar entre comunidades, ya que la media española se situó en el 12,6% y regiones como Cataluña, Valencia o Castilla-La Mancha superan el 16%.
   Por su parte, el miembro de la dirección de Estudios Financieros de Funcas, Francisco Rodríguez, ha remarcado que desde 2005 todas las comunidades autónomas mostraron un saldo neto positivo, por lo que poseen un mayor endeudamiento que ahorro financiero.
   Rodríguez ha destacado que Canarias, Andalucía y Baleares mantienen más del doble de créditos que de depósitos, por lo que su estado de apalancamiento financiero es mayor que el resto, seguidas de Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Ceuta.
   Por otra parte, la publicación hace alusión a la reforma fiscal, centrándose en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Así, destaca que esta reforma afectará a 13 millones de contribuyentes de los 19 millones actuales, que sufrirán un aumento medio anual de 388 euros por declarante en la factura fiscal.
   Pampillón ha cifrado el aumento de la recaudación en 5.000 millones de euros, de los que 1.000 millones procederán de rentas de capital, y 4.000 millones de rentas del trabajo, aunque ha subrayado que estas cifras podrían ser más bajas, puesto que muchos sujetos tienen capacidad para decidir si quieren percibir su renta como renta de capital o del trabajo.
   Del mismo modo, Rodríguez ha explicado que el pasado año el esfuerzo salarial destinado a la compra de una vivienda fue menor que en años anteriores, ya que mientras que en 2005 eran necesarios 10,1 salarios anuales para comprar un inmueble, el pasado año bastaba con 7,9.
   No obstante, ha insistido que esta media nacional varía en función de las comunidades autónomas, puesto que el esfuerzo es mayor si la vivienda se compra en País Vasco, Baleares o Madrid, que si se adquiere en Castilla y León o Extremadura.
   La publicación también apunta un aumento del salario medio anual por trabajador del 20,1% desde 2005 hasta 2011, pasando de los 18.034 euros hasta los 21.660 euros.
   Por último, la revista recoge la opinión pública de los españoles en cuanto al Estado de las Autonomías, una opinión que aunque mayoritariamente sigue siendo positiva, ha experimentado grandes caídas en los últimos tiempos.
   Así, apunta que mientras que en 2005 el 50% de los españoles consideraba que este sistema funcionaba bien o muy bien, el pasado año sólo el 30% lo valoraba de esa forma.

El Ayuntamiento de Elche propone a los sindicatos el despido o reducción de jornada de 29 interinos

ELCHE.- El Ayuntamiento despedirá o reducirá la jornada a 22 trabajadores interinos con el objetivo de lograr un ahorro de 500.000 euros anuales. A estos despidos se añaden los siete de la Estación Phoenix, dedicada a la investigación de la Palmera, que recibieron la pasada semana la carta de despido, según www.infoexpress.es

Esa medida está abierta a negociación con los sindicatos según ha destacado el teniente alcalde de Recursos humanos, Antonio Luis Martínez Pujalte. Aunque la fecha tope para llegar a un acuerdo será a finales de este mes. El objetivo es reducir en cuatro millones de euros el dinero que el Consistorio gasta de forma anual en el pago a los trabajadores. Un millón de euros de ahorro ya se ha conseguido tras la reducción de personal de confianza y cargos directivos. Los despidos serán otra vía que ha calificado de “ineludible”.

El resto del ahorro se conseguirá por la amortización de 70 plazas. Es decir puestos de trabajo que están creados pero que no cubre nadie por lo que no suponen despidos, por ejemplo no se cubrirán las jubilaciones. Por este concepto se quiere ahorrar otro millones y medio de euros.

Además el Consistorio dejará de pagar un 25% del sueldo a los trabajadores que lleven más de tres meses de baja. El resto lo cobrarán de la Seguridad Social. Además se realizarán medidas para mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Los funcionarios podrán elegir sus horarios siempre que cubran las 37 horas establecidas.  

La propuesta

Ajuste de plantilla. Se extinguirán de forma total o parcial 22 plazas, más siete de la Estación Phoenix y la amortización de otras setenta que no se ofertarán.

Horario flexible. Cada trabajador tendrá que cumplir 37'5 horas semanales pero tendrá libertad para distribuirse las que deba.

Bajas laborales. El Ayuntamiento no pagará el 25% que aporta a aquellos trabajadores que estén más de tres meses de baja.

Control del absentismo. Se deberá aportar justificante médico desde el primer día de baja. Aquellos que no lo hagan podrán ser sancionados con rebajas salariales. Las bajas de más de tres meses no recibirán el 25% del sueldo que aporta el Consistorio.
 
Ya empezó la negociación entre equipo de gobierno y sindicatos. Sobre la mesa, los cuatro millones de euros de ahorro en el capítulo de personal y varias propuestas para hacer viable este objetivo.

La primera de ellas es la intención del Ayuntamiento de eliminar 29 plazas de funcionarios de forma parcial o total. En este cupo entran 22 trabajadores interinos de diferentes áreas municipales y los siete operarios de la Estación Phoenix, que cesan su actividad a final de mes, a esta «extinción» de plazas habría que sumar otras setenta que serán «amortizadas», es decir, setenta puestos de trabajo que tienen plaza asignada pero que no se ofertarán ni serán cubiertas.

En el cupo de medidas se pretende también crear un reglamento interno de horarios y jornada de trabajo. La idea final es conseguir que los trabajadores tengan una jornada de trabajo flexible pero que cumplan con sus 37 horas y media semanales. Para ello, el Ayuntamiento ha propuesto a los sindicatos que cada trabajador pueda entrar una hora antes de lo habitual o salir más tarde un día para recuperar lo que haya perdido durante otra jornada. Así, si un trabajador tiene un horario de 8.30 a 14.30 horas, podrá entrar una hora antes o salir a las 16 horas si durante otro día no ha cumplido con su jornada laboral.

Uno de los puntos que más preocupa al equipo de gobierno es el absentismo. En este sentido, se exigirá justificación médica desde el primer día de baja, y el Ayuntamiento no pagará el 25% que le corresponde a aquellos trabajadores que estén más de tres meses de baja. De esta forma, los funcionarios que estén más de 90 días de baja solo percibirán el 75% de su sueldo, al que hace frente la Seguridad Social.

Además, las jornadas de asuntos propios habrá que pedirlos con cinco días de anticipo y el complemento de productividad, del 2%, no se va a presupuestar este año. Este acuerdo correspondía al convenio con los sindicatos para el periodo 2008-2011, que no se renovará, pero se estudiará incorporar este complemento para el próximo ejercicio.

Las propuestas ahora tendrán que ser estudiadas por los sindicatos, que darán su valoración a los responsables de Recursos Humanos el próximo viernes en una nueva reunión.

El plan tiene que estar cerrado el 1 de abril, aunque el Ayuntamiento va a dar tiempo a los sindicatos para que analicen todas las medidas, según 'La Verdad'.

Oposición sindical

Más de 300 trabajadores acudieron a la primera asamblea convocada tras la medida anunciada por el gobierno local.

De rechazo total y unánime a la intención del Ayuntamiento de extinguir, de forma parcial o total, hasta 29 puesto de trabajo, se puede calificar el sentir puesto de manifiesto ayer en la asamblea que las centrales sindicales con representación en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Elche (Sindicato de Empleados Públicos SEP-CV, CSIF, CCOO, UGT y SPPLB) convocaron en las antiguas dependencias de la Policia Local y que contó con la asistencia de más de 300 trabajadores municipales.

Los representantes de los sindicatos se reunían previamente para preparar la asamblea y facilitar toda la información de que disponen sobre la medida anunciada por el concejal de Recursos Humanos, si bien pusieron de relieve su malestar "porque no se nos informa debidamente de lo que se está preparando. Está claro que no queremos ningún despido, pero ni siquiera sabemos cuáles son los trabajadores afectados, a qué secciones pertenecen, nada de nada. Esperamos que mañana viernes, en la reunión prevista con el concejal, se nos facilite más información. En todo caso, en la asamblea se ha expuesto de forma unánime que rechazamos estos despidos y que vamos todos a una".

Estamos dispuestos a negociar, pero sin despidos", comentaba Javier Valera, el presidente de la Junta de Personal en representación del CSIF al término de la asamblea.

Miembros de la Policía Local y trabajadores de talleres y oficinas fueron los que acudieron mayoritariamente a esta asamblea, según el diario 'Información'

Las importaciones de vino crecen un 42% en España

MADRID.- Las importaciones de vino crecieron en España en 2011 un 42,2% en términos de volumen y un 69,1% en facturación, gracias al aumento de las compras de vinos aromatizados originarios de Italia, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino.

En menor medida, también destacó el año pasado el crecimiento de las importaciones de vino con denominación de origen a granel y en envases de más de dos litros.
Por su parte, las exportaciones españolas de vino también alcanzaron cifras récord en 2011, cuando se dispararon un 26,3%, hasta 2.230,9 millones de litros, impulsadas por el crecimiento del producto a granel (+43,2%) y del amparado en denominaciones de origen (+18,3%).

El sector apícola estima pérdidas de 100 millones de euros si no remite la sequía

MADRID.- El sector apícola podría perder en la primera parte de campaña de miel y polen de primavera 98,1 millones de euros si no llueve con regularidad antes de que finalice el mes de marzo, según cálculos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). 

   La organización agraria ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que apruebe "de inmediato" un paquete de ayudas y medidas fiscales para poder hacer frente a una situación que "ya es catastrófica" en la mayor parte de las regiones productoras de miel.
   En concreto, en Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Aragón la floración de la miel de romero "está al borde de perderse totalmente", e igualmente está afectado el almendro, así como "una buena parte de las floraciones de miel de tomillo y de mil flores en la mayoría de las regiones productoras".
   La floración de azahar, según COAG, tiene también una "pésima previsión" en Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, porque a la sequía se han añadido las heladas y se ha agravado su situación.
   La organización agraria ha lamentado que la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) no asumiera una "profunda revisión" en 2011 del seguro contra la sequía en apicultura, que es "un clamoroso fracaso por la escasa demanda de los apicultores profesionales".

Zoido reconoce que hay municipios "muy pequeños" que tendrán que fusionarse

SEVILLA.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, ha reconocido que hay "muchísimos municipios que son muy pequeños" que habrá que fusionar porque "quizás no tenga sentido se mantengan" como tal en el "Estado moderno que hay hoy en España".

   En este sentido, Zoido ha señalado que será necesario llevar a cabo un "estudio detallado" sobre la viabilidad de las localidades más reducidas. "Hay municipios pequeños que tienen que fusionarse", ha recalcado en una entrevista en la Cope.
   Por otra parte, ha manifestado que "el futuro de las diputaciones provinciales debe quedar despejado" porque, aunque "son necesarias sobre todo para prestar servicios en los municipios pequeños, que de no ser por las diputaciones difícilmente se pueden prestar, tienen que ser redimensionadas".
 "No cabe la menor duda", ha apostillado.
   Asimismo, se ha referido a la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) celebrada ayer y ha valorado positivamente las medidas que está desarrollado el Gobierno de Mariano Rajoy "para afrontar los problemas que tienen los ayuntamientos" y "para acabar con las deudas que asfixian a muchos pequeños y medianos empresarios y sobre todo a los autónomos".
   Sobre este asunto, ha afirmado que, en lo que se refiere al pago de facturas por parte de los ayuntamientos a sus proveedores, éstos "no tienen por qué hacer ninguna quita".
 "Vamos a seguir como es lógico la antigüedad en las facturas para saldar aquellos proveedores que llevan más tiempo esperando", ha explicado.

Bruselas ultima su visto bueno a la venta de la CAM

ALICANTE.- El Banco de España confía en que la Comisión Europea apruebe esta misma semana la venta del Banco CAM al Banco de Sabadell al precio simbólico de un euro. La operación fue adjudicada por el regulador el pasado 8 de diciembre, si bien está pendiente todavía del visto bueno de la Comisión de Competencia de la Unión Europea, según recuerda hoy 'Abc'.

Culminará así el proceso de saneamiento de Caja Mediterráneo iniciado el pasado 22 de julio, cuando el consejo de administración de la caja de ahorros dimitió en bloque para que la entidad pudiera recibir los 2.800 millones de euros comprometidos por el Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB).
Al día siguiente, la gestión de la caja fue asumida por los tres administradores designados por el FROB, que durante estos meses han llevado a cabo una labor de saneamiento de su balance. A pesar de que el equipo directivo encabezado por Modesto Crespo y María Dolores Amorós declaró beneficio en el primer semestre de 2011, el ejercicio se cerró con unas pérdidas de 2.700 millones una vez el FROB completó la supervisión de su balance.
Una parte de este «agujero» se debe a la inadecuada clasificación de los riesgos. Los administradores del FROB constataron que el anterior equipo directivo declaró como riesgos sanos créditos «tóxicos» que habían resultado dudosos o impagados por importe de 2.832 millones de euros. Esto ha obligado a la entidad aprovisionar 727 millones de euros para hacer frente a esos riesgos.
Una vez Bruselas dé su visto bueno definitivo a la venta de la caja, el Banco de Sabadell se convertirá en el titular único de Banco CAM, al que ha sido transferido todo su negocio financiero. Los responsables del Sabadell ya han anunciado que durante 2012 mantendrán toda la plantilla y la red de sucursales de la CAM, aunque el próximo año llevará a cabo una reestructuración que supondrá el cierre de oficinas de ambas entidades, en aquellas zonas en las que se solape su presencia. Del mismo modo, los nuevos titulares de la caja han mostrado su disposición a mantener, al menos a corto y medio plazo, la marca «CAM».
Paralelamente al proceso de saneamiento de la caja, el Banco de España ha instruido un expediente disciplinario a 48 de sus ex consejeros y directivos, a los que acusa de mala gestión, de aprobar unas cuentas que no respondían a la situación real de la entidad, así como de asignarse pensiones de prejubilación en condiciones muy superiores a las del resto de la plantilla de empleados.

miércoles, 7 de marzo de 2012

Los afectados por la CAM piden una fianza de 4,6 millones a los antiguos gestores

MADRID.- La Plataforma CAM ha solicitado a la Audiencia Nacional que imponga una fianza de 4,42 millones de euros a los antiguos gestores de Caja Mediterráneo (CAM) para cubrir las pérdidas sufridas por 300 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada, según la querella presentada ayer martes.

   La querella acusa a los antiguos gestores de la CAM de estafar a más de 55.000 clientes con una venta "planificada y sistemática" de estos productos utilizando la información "falsa" de que "podían retirar sus inversiones en todo momento" y de que la entidad tenía beneficios, cuando al cierre de 2011 registró unas pérdidas de 2.700 millones de euros.
   El abogado Diego de Ramón, representante de los afectados, solicita a la Audiencia Nacional que, en caso de que no depositen la fianza, dicte embargos sobre los bienes de una decena de antiguos gestores de la caja alicantina, así como a las compañías de seguros contratadas por la entidad.
   Entre ellos, piden la comparecencia de la última directora general de la CAM, María Dolores Amorós, a su antecesor en el cargo, Roberto López Abad, y del expresidente de la caja alicantina Modesto Crespo.
   En noviembre de 2011, el entonces titular del juzgado central de instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, admitió a trámite la denuncia presentada por De Ramón y abrió diligencias de investigación en las que participa la Fiscalía Anticorrupción.
   Por otro lado, los afectados piden al juez que embargue los depósitos constituidos por la CAM en las sociedades domiciliadas en las Islas Caimán, así como las participaciones empresariales en más de 100 sociedades en Ginebra, Luxemburgo, Gibraltar, Polonia, México, Marruecos.
   Además, el abogado pide la paralización de los depósitos que tiene la caja alicantina en la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y los fijados como garantía de varios préstamos en la entidad financiera Citigroup.
   Por otro lado, los querellantes solicitan el embargo a Banco CAM, resultante de la compra de la caja alicantina por parte de Banco Sabadell, de los derechos de cobro de las deudas hipotecarias y las participaciones de las sociedades que componen su patrimonio y activos financieros existente.
   Los afectados piden a la Audiencia Nacional que reclame toda la documentación sobre las actuaciones sobre la CAM llevadas a cabo por los servicios de inspección de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España y el Servicio Especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
   La querella pide que se investigue la falsedad en las cuentas anuales de balances de activos y pasivos, una información que se utilizó para "dar la seguridad financiera" de que la entidad "daba beneficios para poder emitir los productos de inversión" vendidos a los clientes.

Los consejeros de la CAM proponen vender su patrimonio, valorado en 186 millones, para pagar a los cuotapartícipes

ALICANTE.- El presidente de la comisión de control de Caja Mediterráneo (CAM), Juan Ramón Avilés Olmos, ha convocado para mañana jueves una reunión de este órgano supervisor, a instancias de los administradores del FROB, con el fin de analizar la situación actual de la Obra Social y debatir su «futuro inmediato».

Durante la reunión, está previsto que uno de los tres administradores de la CAM designados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) presente el último informe de gestión de la Obra Social, así como su presupuesto para 2012 y su plan estratégico de actuación. Asimismo, el orden del día de la convocatoria incluye un punto para analizar el expediente disciplinario abierto por el Banco de España a 48 ex consejeros y directivos de Caja Mediterráneo, entre los que se encuentran los diez miembros de la propia comisión de control.
Juan Ramón Avilés ha adelantado a Abc su intención de plantear durante la reunión de hoy su propuesta —desvelada por este diario el pasado día 25— de vender el patrimonio de la Obra Social para saldar, al menos en parte, la deuda contraída por la CAM con los 52.000 inversores que compraron sus cuotas participativas, cuyo valor ha quedado reducido a cero.
Según su último balance, los bienes de la Obra Social están valorados en 186,5 millones de euros y constituyen en este momento, prácticamente, el grueso del patrimonio de Caja Mediterráneo, una vez su negocio financiero ha sido transferido al Banco CAM. Enajenar este patrimonio permitiría saldar una parte de la deuda contraída por la CAM con los cuotapartícipes, que supera ampliamente los 200 millones de euros.
La otra alternativa que permite la legislación autonómica es transformar la Obra Social en una fundación cultural, aunque quedaría privada de su principal vía de financiación una vez la caja de ahorros se ha transformado en banco.
La Obra Social de CAM manejó el año pasado un presupuesto de 44 millones de euros, de los cuales 26 millones se destinaron a la organización de actividades, 5,4 millones a gastos de personal y casi 4 millones a gastos generales y de mantenimiento de su estructura. Según su memoria anual, 4,4 millones de personas se beneficiaron de sus acciones culturales y prestaciones sociales.
De acuerdo con su plan estratégico, el 50% del presupuesto de actividades se destinó al área de solidaridad y desarrollo social (un total de 12,9 millones), otro 25% al área de arte y cultura (casi 6,5 millones) y el 24,8% restante a la de medio ambiente y sostenibilidad (con una dotación de 6,4 millones de euros).
Las principales inversiones acometidas en el último ejercicio por la Obra Social fueron la climatización del Aula de Cultura de Murcia, el acondicionamiento del Centro de Arte de Alcoy —con un presupuesto de 6 millones de euros— y la mejora del almacén de la Colección CAM de Arte Contemporáneo. En lo que respecta a su patrimonio, según su último balance, la Obra Social posee inmuebles valorados en un total de 28,5 millones de euros y otros bienes, incluyendo obras de arte, que suman un valor de 45 millones.
El patrimonio de la Obra Social incluye inmuebles de un indudable valor cultural, ligados a la historia de la provincia, como la Casa Museo Azorín de Monóvar —que fue adquirida por CAM en 1965—, la Biblioteca Gabriel Miró y la Casa Modernista de Novelda. Este último inmueble, que data de principios del siglo XX, fue comprado por la caja de ahorros en 1975 y alberga el legado del científico Jorge Juan Santacilla.
La Obra Social y Cultural de la CAM cuenta también con una extensa Colección de Arte Contemporáneo, compuesta por 215 obras de artistas como Gordillo, Barceló o Tàpies. Una parte de esta colección se exhibe en la sala de exposiciones de la Lonja, de Alicante.
A lo largo de las últimas décadas, la Obra Social ha atesorado el legado de destacadas personalidades del mundo de la cultura como el dramaturgo Carlos Arniches o el escritor Gabriel Miró. Además del Centro de Legados y Donaciones en el que se encuentran más de 180.000 documentos y libros, la CAM gestiona los espacios Camon de Alicante, Murcia y Madrid, así como aulas de cultura en Alicante, Elche, Benidorm y Murcia.

El Banco de España rehúsa facilitar información a la Comisión de Investigación de la CAM de las Corts

ALICANTE.- El Banco de España ha remitido a las Corts Valencianes un escrito en el que rehúsa aportar la información que la Comisión de Investigación de la CAM, formada en esta cámara, al entender que el parlamento valenciano "sólo ejerce sus competencias de control y fiscalización en un ámbito autonómico".

   En el escrito, el Banco de España contesta así a la petición de información que la comisión había realizado al regulador, para que les hiciera llegar, entre otras cosas, el escrito de requerimientos de inspección del Banco de España dirigidos a la CAM; los documentos de trabajo de inspección en la caja y al Instituto Valenciano de Finanzas, relacionados con la CAM.
   A esta petición, realizada a finales del pasado mes de enero, el Banco de España ha contestado de forma negativa y para ello se refiere al Real Decreto Legislativo 1298/1986 de 28 de junio, que regula las solicitudes de información realizadas por comisiones parlamentarias de investigación.
   En este sentido, indica que en este decreto, concretamente en su artículo 6.4, "no cabe entender incluidas las solicitudes realizadas por comisiones creadas a nivel autonómico". Por ello, según argumenta el Banco de España, "no es posible atender la solicitud de información requerida por esta cámara".
   Así, indica que según el Consejo de Estado, "esas comisiones sólo ejercen sus competencias de control y fiscalización sobre los órganos de gobierno y administración de su propio ámbito competencial y territorial, sin que puedan alcanzar a otros órganos ajenos a su ámbito de competencias, como son los órganos de la Administración General del Estado, o demás instituciones con ámbito competencial estatal, como el Banco de España".
   Tras conocer esta negativa, la diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà, la ha calificado como "ocultación" de información, algo que ha calificado como "inaceptable". En su opinión, "con esta actitud está vulnerando el derecho que tiene el parlamento valenciano a investigar sobre la quiebra de una de las principales cajas de ahorro del territorio, un hecho que afecta a toda la ciudadanía", según ha informado la coalición política en un comunicado.
   En este sentido, la diputada de Compromís ha explicado que la CAM "era una caja de ahorros alicantina, contaba con un Consejo de Administración escogido en buena parte por Les Corts y estaba económica, política y socialmente ligada al territorio valenciano, por lo tanto, esta cámara tiene que tener conocimiento de toda la gestión que hiciera el Banco de España en esta entidad financiera".
  "No nos sirven de nada las argucias legales del Banco de España, pues esta institución tiene que explicar en sede parlamentaria cuáles eran sus obligaciones de control en la CAM para que los diputados valoremos su responsabilidad en la quiebra de la caja", ha apuntado Mollà.
   Desde su punto de vista, "con este oscurantismo el Banco de España induce a pensar que lo que quiere es esconder su posible culpabilidad en este asunto".

Buch asegura que el Consell "no tiene intención de implantar el copago" para llegar al 1,5% de déficit

VALENCIA.- El conseller de Economía, Máximo Buch, ha asegurado este martes que el Consell "no tiene intención de implantar el copago" para alcanzar el 1,5 por ciento de déficit en el PIB que este martes se aprobó durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ya que el ejecutivo valenciano había previsto un 1,3 por ciento de déficit en su presupuesto para este año.

   El conseller ha realizado estas manifestaciones tras participar en el coloquio 'Internacionalización, motor de crecimiento' organizado por el Banco Urquijo, ante casi un centener de empresarios en un hotel de Valencia.
   Buch ha explicado a los medios de comunicación que el Consell tenía aprobado un presupuesto de 1,3 por ciento de déficit, y ahora se ha situado el objetivo común en el 1,5 por ciento de déficit. "En teoría se podría gastar más, pero no es cierto del todo", ha indicado el conseller porque el escenario macroeconómico es "algo peor por la recesión, con lo cual se ingresará algo menos de impuestos, pero no será una diferencia muy significativa".
   El titular de Economía ha señalado que trabajar para conseguir el 1,5 por ciento de déficit es "fundamental" para España porque se establecen "las bases de credibilidad que permitirá despegar". Además "inyectar 35.000 millones de euros --con el pago de la deuda a los proveedores-- es la mejor noticia para activar la economía".
   Buch ha insistido en que para cumplir el acuerdo del 1,5 por ciento de déficit "se va a intentar no recortar, sino ser más eficientes". Ha puesto como ejemplo el gasto en medicamentos "si se consigue que cuesten menos, porque ahora la factura farmacéutica es tremenda".
 "Se hará todo lo que suponga una mejora en la eficiencia que no afecte al ciudadano en calidad de servicios", ha destacado.
   Además, el conseller cree que hay "muchas posibilidades" para ganar eficiencia y mejorar costes, como por ejemplo que los medicamentos de alto coste sean sustituidos por genéricos o eliminar duplicidades de estructuras por servicios que ya presta el Estado.
   Tanto el acuerdo de situar el déficit autonómico en el 1,5 por ciento y el hecho de afrontar el pago a los proveedores, "atraerá inversores extranjeros porque se recuperará el descrédito". Buch considera que "no es lo mismo que una empresa trate de internacionalizarse cuando se es un país serio y que hace los deberes, que si no es así".
   El titular de Economía considera que es un día "histórico y un hito más de un Gobierno que ha hecho más en tres meses que otro en ocho año". Buch ha resaltado que el hecho de que cobren los proveedores tiene un efecto "muy positivo" en el déficit porque la capacidad de compra de la Generalitat "mejorará".
 "Al pagar con puntualidad, los precios que se paguen por muchos de los servicios que se contraten pueden ser más bajos, porque habrá más proveedores interesados en trabajar con la Comunitat", ha explicado.
   La Generalitat empezará a hacer frente a las deudas el próximo 1 de mayo, aunque Buch no ha podido dar cifras exactas de la cantidad que se destinará a la Comunitat, de los 35.000 millones que ha aprobado el Gobierno. "No va por cuotas, pero se pagarán todas las deudas hasta 2011", ha matizado. "No sabemos con que cadencia se va a abonar", pero a partir de esa fecha las empresas podrán descontar las cantidades "con cualquier entidad bancaria", ha adelantado.
   Buch ha recordado que no es que se haya destinado un presupuesto del Estado, sino que los bancos son los que lo van a financiar. "Se pagará algo menos del 5 por ciento de interés, pero eso lo asumirán las Comunidades Autónomas", ha aclarado.
   Durante la charla coloquio organizada por el Banco Urquijo, a Buch se le ha preguntado si la Comunitat debe ser la 'Florida' de los grandes eventos o la 'California' de la tecnología. "Tenemos la plataforma para ser la 'California' de Europa", ha afirmado.
   El conseller ha explicado que la Comunitat tiene que seguir siendo un destino turístico "atractivo", con una variedad de oferta "interesante", pero tiene la plataforma para ser la 'California', que "tiene las mismas playas que Florida, pero luego es un 'cluster' tecnológico".
   Buch considera que la Comunitat cuenta con una base a partir de la cual se puede construir porque "se tienen universidades, cantera de formación, institutos y empresas tecnológicas". "Además, hay una buena infraestructura que mejorará con el Corredor Mediterráneo", ha agregado.
   El conseller cree que el éxito de California es tener un entorno universitario y de vivero de empresas con "buen clima".
 "Cuando alguien monta allí una empresa no se quiere ir y eso es lo que tenemos que hacer aquí, atraer conocimiento de todo el mundo y que se queden aquí", ha finalizado.

La oposición asegura que el Consell debe recortar 2.500 millones para cumplir los objetivos de déficit

VALENCIA.- Los portavoces del PSPV y Compromís en las Corts, Jorge Alarte y Enric Morera, respectivamente, han asegurado este miércoles que el Consell deberá realizar un recorte de 2.500 millones de euros en la Administración valenciana para el próximo ejercicio para poder cumplir con el objetivo de reducción de déficit acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En conjunto, la oposición ha criticado la actitud "servil" y "sumisa" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ante las exigencias del Gobierno central.

   Alarte, en declaraciones en los pasillos de las Corts, ha explicado que este año y el anterior no se han cumplido los objetivos de déficit en la Comunitat, fijados en el 1,3 por ciento, ha dicho. Para este ejercicio, ha apuntado que la Generalitat "está reconociendo un déficit del 3,7 por ciento" pero los socialistas consideran que superará el cuatro por ciento por las "facturas en el cajón" de la sanidad, que mantiene un "déficit estructural" de 400 euros al año, ha dicho.
   De esta manera, ha remarcado que será necesario un recorte de cerca de 2.500 millones para pasar de más de un cuatro por ciento al 1,5 por ciento de déficit del CPFF Por ello, se ha preguntado qué derechos va a ajustar Fabra para "recortar 2.500 millones de euros", si para recortar 578 millones "han arremetido con la motosierra contra la sanidad, la escuela pública y los derechos de los trabajadores".
   Por otro lado, ha tildado de "débil" y "servil" la actitud de Fabra ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además de "irresponsable" porque considera que el Consell debería haber votado que no a las decisiones adoptadas en el CPFF y haber pedido "más flexibilidad", ya que estas decisiones supondrán "más sacrificio, más esfuerzo" a los valencianos.  
   El síndic de Compromís, Enric Morera, ha calificado de "temeridad" la decisión del CPFF porque la reducción del déficit "supone un recorte de 2.500 millones".
 "El Gobierno Camps-Fabra nos ha dejado en una situación de insolvencia y ese objetivo es imposible" de conseguir si no se recorta "de forma drástica" el estado de bienestar. "Es inviable", ha advertido.
   Morera ha reclamado "plantarse ante Madrid para pedir la deuda histórica y una financiación más justa" para los valencianos. "No queremos un presidente --de la Generalitat-- sumiso a las decisiones de Madrid, sino uno que defienda los intereses de los valencianos", ha subrayado.
   Por su parte, la portavoz de EUPV, Marga Sanz, ha criticado la actitud de un Consell "sumiso y sometido a los dictados de Rajoy porque tiene una situación de quiebra fiscal", que es lo que le lleva a "no rechistar ante los nuevos recortes" que deberá plantear para cumplir el objetivo del CPFF. El Consell está "intervenido" y "se ha sometido por la quiebra fiscal y la falta de liquidez" que padece, ha subrayado.
   "El Consell se tendría que haber rebelado y haber dicho no, como han hecho otras autonomías" y "en estos momentos nadie sabe de dónde van a salir los 1.500 millones de recortes para el presupuesto de 2012", ha advertido.
   Sanz ha advertido de que estos recortes "van a ir a los servicios públicos" porque en el Decreto de reducción de déficit del pasado 5 de enero, el Consell "dejó la puerta abierta para despedir al 20 por ciento del personal temporal de la administración pública" y "tienen abierta la puerta al copago en las universidades y sanidad", algo que "ya han empezado a deslizar".