Según De Guindos, las próximas reformas del Gobierno serán en sanidad y educación

FRANCFORT.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado que las próximas reformas que acometerá el Gobierno serán en sanidad y educación. Además, ha asegurado que España "se sobrepondrá" a la crisis económica y que "saldrá reforzada". 

   En una entrevista concedida al diario alemán 'Frankfurter Allgemeine', De Guindos ha descartado que España vaya a seguir los pasos de Grecia, Irlanda y Portugal. "Nos sobrepondremos y saldremos incluso más reforzados sin la ayuda exterior", ha subrayado. "España es un país que ha cometido muchos errores en el pasado y ha acumulado desequilibrios, pero ahora estamos trabajando para corregir dichos problemas", ha indicado De Guindos.

   Para ello, el ministro de Economía ha confirmado que el Gobierno emprenderá reformas en los "servicios públicos, máxime, en sanidad y en educación". Esto supondrá, en palabras de De Guindos, "una racionalización del gasto de las comunidades autónomas". Asimismo, las reformas tendrán como objetivo "mejorar el funcionamiento de los mercados" y, por ende, el del "mercado de alquileres, así como la liberalización del comercio y en los servicios profesionales".

   En este sentido, también ha remarcado la reestructuración del sector bancario, en el que "los más débiles, desaparecerán". Así pues, "tendremos un sector financiero más sano con menos bancos, pero más fuertes", ha sentenciado.

   De Guindos ha sostenido que España "pondrá en orden" las finanzas públicas. "Hemos heredado un legado muy malo, pero lo aceptamos, y ahora hemos de hacer lo que no se ha hecho en los últimos cuatro años en los próximos seis meses", ha defendido De Guindos, que ha reiterado que España "volverá a ser un socio de confianza en la Unión Europea (UE).

   No obstante, interpelado por la confianza que profesan los mercados por el Gobierno de Rajoy, De Guindos ha argüido que cuando los inversores a "estudien los nuevos presupuestos, responderán de forma positiva". La prima de riesgo española ha alcanzado su máximo en más de cinco meses, justo cuando el Ejecutivo ha aprobado los primeros presupuestos de la legislatura.

   Al respecto, De Guindos ha achacado esta reacción al temor de que los presupuestos "socavaran el crecimiento económico", ante lo cual, "el Gobierno ha de reformar al mismo tiempo el mercado laboral, el sector bancario y en otras áreas para demostrar en las próximas semanas que (España) volverá a crecer en el medio plazo".

   Si bien ha admitido que "este año será difícil", De Guindos ha abogado por que 2012 sea el año en el que se asiente "la base de la recuperación" y ha rechazado "crear falsas expectativas".

   "España tiene un problema de financiación. Si los mercados no reconocen la consolidación (fiscal), todavía pueden incrementar el coste de las finanzas públicas. Esto podría conllevar dificultades para el sector privado". Por esta razón, De Guindos considera que "el control del déficit es esencial" y "la consolidación fiscal inevitable".

   "El anterior gobierno dejó un déficit del 8,5 por ciento en lugar del 6 por ciento previsto. Por ello, hemos de emprender un esfuerzo adicionales y, además, en un contexto de recesión. Sobre todo, debemos recuperar la confianza en la economía española. Esto no implica únicamente que tengamos un déficit del 5,3 por ciento este año, sino que éste sea del 3 por ciento el año próximo. Estamos firmemente comprometidos con esta meta", ha manifestado De Guindos.

   Sin embargo, estas "medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios" también se encaminarán hacia tres importantes vértebras de la economía española: la reducción de la tasa de desempleo, "el verdadero talón de Aquiles", de acuerdo con De Guindos; la economía sumergida y el crecimiento económico.

   Sobre el último de estos ejes, el ministro de Finanzas ha vaticinado "una ligera mejora" después de que este año la economía española se contraiga un 1,5 por ciento. Para revertir esta coyuntura, De Guindos ha apelado por "suprimir el déficit comercial", "reducir la inflación por debajo de la media europea" y aumentar la competitividad. Será el sector servicios y el turístico los que certifiquen tal mejoría económica, ha apuntado.

La Comunitat registra un 70% de ocupación en el litoral y alcanza casi el 90% en Benidorm

VALENCIA.- El litoral de la Comunitat Valenciana registra esta Semana Santa una ocupación media en las tres provincias del 70 por ciento, aunque algunas zonas como Benidorm han conseguido alcanzar un índice de ocupación de entre el 85 y 90 por ciento, según los datos de la encuesta de previsión de ocupación hecha pública este viernes por la consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson.

   A través de un comunicado, la titular de Turismo ha destacado que "a pesar de la incertidumbre generada por la climatología y las reservas de última hora, la Comunitat Valenciana logra índices de ocupación similares a 2011" y se ha registrado un incremento de siete puntos en las reservas de las zonas de interior.

   Johnson ha admitido que en algunas áreas del litoral se ha registrado un ligero descenso, que ha sido compensado por otros destinos de sol y playa "con visitantes fieles y asiduos, como Benidorm, que ha conseguido entre el 85% y 90% de su ocupación".

   De media, la Comunitat espera para estas fiestas superar el 70% de ocupación en el litoral de las tres provincias, un índice que, según ha recalcado, "hubiera sido muy superior si la meteorología hubiese sido mejor". En cualquier caso, la consellera ha mostrado su confianza en que este periodo vacacional "sea rentable para el sector".

   La consellera ha destacado que la celebración de la Copa Davis en Oropesa (Castellón), que ha coincidido en plena Semana Santa, ha contribuido al tirón de la ocupación y del negocio hostelero, tanto nacional como extranjero, hasta "colgar el cartel de completo en muchos hoteles del municipio y alrededores".

   Asimismo, el interior de la provincia de Valencia ha sido una de las zonas que mayor crecimiento en la ocupación ha registrado, con 15 puntos más que en 2011 y una media de ocupación cercana al 75 por ciento en los últimos cuatro días". Ha agregado que este aumento "significativo" de las reservas ha permitido subir en más de 7 puntos, respecto al año pasado, la ocupación de todo el interior de la región, que se ha situado en torno al 65 por ciento.

   Por otra parte, Johnson ha detallado que la ciudad de Valencia registra estos días una ocupación del 80 por ciento de sus plazas hoteleras, con lo que se consolida "como un destino urbano y de playa preferido durante estas fechas".

   La responsable de Turismo ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con variadas celebraciones de la Semana Santa reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Nacional, como es el caso de Crevillete, Orihuela o la Semana Santa Marinera de Valencia, entre otras.

   El turista que visita la Comunitat durante estas fechas tiene un perfil familiar y vacacional, procedente en su mayoría del territorio nacional, en concreto de la Comunidad de Madrid y la propia Comunitat Valenciana, seguido de Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y País Vasco. La estancia media se sitúa entre 2 y 4 días, y son las noches del viernes y sábado las que mayor ocupación registran.

   El principal motivo del viaje es el ocio y las vacaciones y entre sus preferencias se encuentra el sol y playa, la cultura y la gastronomía.

El PSOE de Benidorm dice que según el TC los ediles socialistas no fueron tránsfugas

BENIDORM.- El PSOE de Benidorm ha señalado que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 28 de marzo establece que los ediles socialistas "nunca dejaron de serlo" tras acceder el partido al gobierno de la localidad en septiembre de 2009, mediante una moción de censura, por lo que "no fueron tránsfugas" durante aquel proceso político, ha informado en un comunicado la formación de izquierdas.

   Así, el secretario general del PSOE de Benidorm y concejal de Educación de la localidad, Rubén Martínez, ha resaltado que la sentencia "de pleno" del TC "establece que el grupo municipal socialista nunca dejó de serlo tras acceder al gobierno de la ciudad en septiembre de 2009, mediante una moción de censura y, por lo tanto, no le es de aplicación el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Local Régimen".

   Para el edil socialista, el pronunciamiento del TC sobre la no aplicación del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Local Régimen, se hace por la circunstancia de que los concejales del PSOE, "con mediana claridad" no fueron "no adscritos", e implica que los ediles del grupo municipal socialista de Benidorm constituyeron un gobierno "legítimo", y que no fueron "tránsfugas".

   Además, el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Constitucional es "fundamental" para aclarar cualquier duda sobre la polémica figura del concejal "tránsfuga", que al caso concreto de la localidad alicantina no le es de aplicación.

   Una figura que, además, ha añadido el primer edil, "no corresponde" al partido, "y más después de mayo de 2011, cuando" los socialistas ganaron "unas elecciones en las urnas".

 "Aquí no hay ningún alcalde tránsfuga", ha subrayado.

   Igualmente, Navarro ha incidido en los once procesos judiciales en los que tanto él como los ediles del equipo de gobierno, tanto de ésta como de la anterior legislatura, están inmersos por contenciosos elevados desde las filas del PP, y ha asegurado que con esa actitud, los populares "sólo buscan la maldad, generar gastos a la administración y acceder al gobierno", y que "les gustaría" ver a los socialistas "machacados y en la cárcel".

Ximo Puig dice que no le asusta que "haya voces" en el partido

VALENCIA.- El recién elegido secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha asegurado que no le asusta que "haya voces" en el partido. En este sentido, considera que "tiene que haber muchas voces y un único mensaje, que es decirle a los valencianos que tenemos una vía de salida" a la situación de la Comunitat.  

   Puig no cuenta con escaño en las Corts Valencianas y aspira a ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones generales. Sin embargo, ya sabe que uno de sus colaboradores, el portavoz del partido, Francesc Romeu, y el abogado Manolo Mata, desean también ser candidatos.

   En este sentido, ha advertido de que "en estos momentos no hay espacio para ese debate" y, además, "desde el minuto cero la superación de los etiquetajes está planteada".

 "Lo que me interesa es que lo mejor del partido esté trabajando en la misma dirección", ha agregado.

   Además, ha señalado que el resultado de su victoria --cerca de un 30% de votos sobre Alarte-- le deja en "muy buena posición" para que su agenda y la marcada en el Congreso se cumpla". Con este respaldo, considera que "el secretario general tiene suficiente legitimidad como para intentar liderar de una manera concertada y compartida este partido".

   En este sentido, y preguntado por el papel que se le dará al exsecretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha dicho que es un "activo" del partido y desea que "cuente en el futuro" del partido.

   Por otro lado, Ximo Puig se ha propuesto duplicar el número de militantes del partido y cuidar a los que actualmente tiene el PSPV. Para ello, y debido a la actual crisis, el líder socialista ha manifestado, con motivo del pago de cuotas, que "ningún socialista debería dejar de militar por razones económicas". 

"El que pueda pagar más, que pague", ha apostillado.

   Preguntado además por su sueldo como secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha señalado que su remuneración continuará siendo la que percibe como diputado en el Congreso.

   En cuanto al proyecto socialista, ha apuntado que el objetivo ahora debe ser "tejer una alternativa muy potente" para dar respuesta a los "17 años de desgobierno del PP". Para ello, ha señalado que el socialismo valenciano debe ofrecer propuestas a la crisis, para mantener el estado de bienestar, así como acercarse de nuevo al municipalismo y, especialmente, ampliar la militancia y ser un "movimiento social de cambio".  

   Por otro lado, inquirido por su relación con el actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, el líder del PSPV ha apuntado que existe una "sintonía entre lo que el PSPV quiere y el PSOE quiere".

 "El PSPV quiere contar con el PSOE para relanzar la Comunitat y el PSOE sabe que necesita la Comunitat para relanzar el proyecto socialista", ha dicho.

   En esta línea, ha afirmado que se siente "absolutamente identificado con el planteamiento que hoy representa" Rubalcaba. Así, y con motivo del apoyo que dio a la exministra Carme Chacón en la carrera para liderar el partido, Puig ha precisado que "en cada proceso, cada militante toma su decisión y acabados los congresos, las direcciones son de todos".

   El secretario general del PSPV también se ha referido a la lucha contra la corrupción y los efectos electorales en la Comunitat. En este sentido, Puig ha declarado que "nunca un resultado electoral podría condicionar" su posición en contra de la corrupción.

   Puig ha aprovechado para criticar la gestión del PP en la Comunitat Valenciana, donde "se ha hecho tan mal que es inviable" defenderla. Así, ha criticado el "despilfarro" y considera que en estos momentos el electorado "va a entender" qué consecuencias tiene esa gestión.

   En su opinión, "la derecha ha fracasado en la Comunitat" porque lo ha hecho "muy mal", aunque ha reconocido que el PSPV tuvo en las elecciones pasadas una "falta de capacidad de ser alternativa". Sin embargo, el "deterioro del PP en la Comunitat es irreversible", ha agregado.

   En cuanto a su relación con el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha dicho que hay una "buena relación de carácter personal" y ha afirmado que esto es "importante" porque "es mucho lo que nos jugamos" en la Comunitat. Al respecto, ha anunciado que solicitará una "entrevista formal" con el jefe del Consell --quien le llamó para felicitarle por su victoria en el Congreso de Alicante--, pero cuando "aterricemos adecuadamente".

   Preguntado por la imagen de la Comunitat en España y si considera necesario un cambio, Ximo Puig ha dicho que "primero debe cambiar la imagen de la Generalitat" y, para ello, "que empiecen a pagar lo que deben" y ser "gente seria" que tome medidas para "prescindir de lo que es prescindible en lugar de castigar a los servicios públicos".

   Puig ha defendido que los valencianos son "más trabajadores, honrados y emprendedores que los que más".

 "Otra cosa es que quienes nos han gobernado han desprestigiado y devaluado la Comunitat".

El PSPV afirma que la Comunitat "puede perder las inversiones" por "el miedo" de Fabra a defenderlas ante Rajoy

VALENCIA.- La diputada socialista Cristina Moreno ha afirmado este jueves  que la Comunitat valenciana "puede perder las inversiones que le corersponde por el Estatuto de autonomía" por "el miedo" del persidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a "defender los intereses de los valencianos" ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

   Moreno se ha manifestado así en referencia al hecho de que el Congreso de los Diputados no podrá debatir en su próximo pleno, tal como estaba previsto, la modificación estatutaria que permite reclamar la inversión que corresponde a los valencianos en base a su peso poblacional en el conjunto del Estado.

  "La causa no es otra que el PP no ha designado en Les Corts a los parlamentarios que deben defenderla, una estratagema que muestra la sumisión de Fabra a los intereses de su partido", ha lamnetado.

   En ese sentido, ha advertido de que los valencianos "podemos perder las inversiones que nos corresponderían por nuestro Estatuto, unas inversiones necesarias para salir de la crisis y atender a los problemas reales de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana" y ha argumentado que "podemos perder ese dinero por el miedo del presidente Fabra a generarle problemas a Mariano Rajoy". "Fabra antepone sus intereses partidistas a defender los intereses y las necesidades de los valencianos y valencianas", ha criticado.

   Así, ha calificado de "vergonzoso, que el PP utilice la instituciones valencianas al dictado de Mariano Rajoy y no para defender los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas". La diputada socialista ha recordado que el PP debe elegir a los diputados que defiendan la reforma, destacando que los presupuestos del gobierno Rajoy dejan a los valencianos con una inversión de 201 euros por habitante, muy por debajo de la media estatal situada en 323 euros por habitante.

  "El orden del día del Congreso de los Diputados contempla que el próximo martes a las 16.30 horas se debata este punto, pero todavía no se ha elegido a los diputados que deben defenderlo. Algo que llevamos pidiendo los socialistas durante toda la legislatura, desde la primera Junta de Portavoces. Por el momento el PP sólo da excusas y más excusas", ha señalado.

   Moreno ha recalcado que los valencianos "tenemos derecho a tener la misma inversión que reciben otros territorios como Cataluña y Andalucía. No puede haber excusas", ha reiterado Moreno y ha añadido que "este tipo de decisiones son las que impiden salir de la crisis a una sociedad dinámica, honrada y capaz como la valenciana".

  "Es la negación de los derechos de los valencianos y por eso -ha continuado- asistimos a una demanda cada día más intensa de cambio, de demanda de una alternativa real a los 17 años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana." Unos gobiernos que, según ha apuntado, "nos han sumido en la peor crisis económica, moral, institucional y ética de nuestra historia".

La Generalitat saca a la venta ocho edificios con los que prevé ingresar 16 millones

ALICANTE.- La Generalitat valenciana ha dado el "pistoletazo" de salida a la operación de venta de inmuebles en desuso, con los que pretende conseguir unos ingresos de 400 millones de euros, 16 de ellos a través de la oferta de ocho propiedades ya enajenados y listos para su subasta, entre los que se incluye la antigua sede de la Comunitat Valenciana en Madrid, según ha explicado el conseller de Economía y Hacienda, José Manuel Vela. 

   En la rueda de prensa ofrecida junto al portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, para informar sobre los acuerdos adoptados por el pleno del Consell celebrado este jueves en Elche, Vela ha detallado que se ha acordado el inicio de la venta de inmuebles previsto en el llamado Plan de Optimización del Patrimonio.

   Para llevar a cabo esta venta de edificios, el Consell ha creados dos portales integrados en la web de la Generalitat valenciana, en los que ofrece información detallada de los inmuebles y parcelas que están en venta, y los que van a ser enajenados, así como de los trámites administrativos necesarios para poder concurrir a las próximas subastas de estas propiedades.

   Esta iniciativa contempla la subasta de una selección de ocho  inmuebles con los que la Administración valenciana prevé ingresar 16 millones de euros, según ha indicado el conseller, quien ha recordado que "en los presupuestos hay consignada una venta de inmovilizado que son 120 millones de euros en parcelas y edificios, más una parcela de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en este caso".

   De esta primera oferta, Vela ha destacado que el edificio "más emblemático es un inmueble situado en Madrid, que es la antigua sede de la Comunidad Valenciana en la calle Españoleto, de la que se enajena una planta baja, una planta primera y varias plazas de garaje".

   En el marco de este Plan de Optimización del Patrimonio, Vela también ha concretado que otra de las líneas de actuación, la venta del parque móvil de la Generalitat, sigue adelante con la próxima subasta de un total de 42 vehículos el 21 de abril.

El Gobierno recorta en un 33% las aportaciones a los sindicatos para 2012

MADRID.- El Gobierno ha recortado en 8,5 millones de euros las aportaciones del Estado a las organizaciones sindicales, hasta los 17,3 millones de euros, lo que supone una reducción del 33%, según el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2012.

   El Gobierno ya avanzó tras el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre, en el que se aprobó el primer paquete de medidas de ajuste, una disminución del 20% en las aportaciones a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales para este año.

   Con los Presupuestos a punto de iniciar su trámite parlamentario, el recorte aplicado a los partidos políticos ha sido del 13,2%, hasta los 113,7 millones de euros, entre asignaciones para financiación ordinaria, para seguridad y para procesos electorales. En cambio, a los sindicatos les ha correspondido un ajuste del 33%.

   Además, el proyecto de Presupuestos presentado el pasado 30 de marzo, un día después de la huelga general, hacía referencia a un recorte de 6,3 millones de euros en las transferencias a los sindicatos. Pero esta cifra hacía referencia únicamente a la disminución de las aportaciones del Ministerio de Empleo, la principal de todas las partidas que aportan fondos a estas organizaciones.

   Así, en el caso de las aportaciones de Empleo, que suponen el 92,2% de las aportaciones presupuestadas en favor de los sindicatos, el 'tijeretazo' ha sido del 28,4%, desde los 22,3 millones de euros a los 16 millones de euros, es decir 6,3 millones de euros menos.

   Hasta los 8,5 millones que supone el ajuste total, se suman los recortes en las aportaciones del Ministerio del Interior (-20%), Hacienda y Administraciones Públicas (-40%), Educación, Cultura y Deporte (-84,9%) y el de Agricultura, que directamente las suprime. En total, una merma adicional de 2,2 millones de euros.

   Sindicatos y patronal comparten las asignaciones referidas a la compensación económica por participación de los agentes sociales en los órganos consultivos. En este caso, los recursos destinados se reducen en un 29,7%, hasta los 3,3 millones de euros.

Banco Sabadell descarta un retraso de la UE para aprobar la subasta de CAM

ALICANTE.-La cúpula directiva del Banco de Sabadell descarta categóricamente que se vaya a retrasar la aprobación por parte de la Dirección General de la Competencia de la UE de la subasta de Caja Mediterráneo, prevista para el presente mes de abril. No se vería afectado este trámite último tras la consumición de l Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para financiar la segunda reestructuración del sector financiero español, según adelanta hoy 'Las Provincias'. 

Apenas sí quedarían 600 millones de euros, tras una nueva inyección de 1.700 en CAM, como ya se dijo días atrás, para cumplir los nuevos requisitos de solvencia impuestos por el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Como quiera que la subasta de CAM ya se ejecutó el pasado 7 de diciembre, el plan B del Ministerio de Economía para recibir todas las bendiciones de las autoridades económicas europeas no afectará colateralmente al desembarco inminente de Sabadell en Alicante. Ultima, como ya se dijo ayer en este diario, una agresiva campaña de imagen y márketing para recuperar la confianza de clientes y de la sociedad en general.El diario económico 'Expansión' destacó en su edición en papel de ayer que la reestructuración que vive CAM agota el FGD (que se nutre de las aportaciones de toda la banca española) y atasca la reforma financiera de De Guindos.

Es decir, las operaciones que quedan pendientes son las que podrían tener problemas: subasta de Banco de Valencia, que se ha retrasado unos días, CatalunyaCaixa y NovaGalicia.

Este diario desliza que incluso sería un problema para las entidades que ya han sido adjudicadas. El fondo solo dispone de 2.300 millones tras la subasta reciente de Unnim a BBVA.

Otras informaciones apuntaron ayer a que el plan de España para costear los rescates de entidades intervenidas por el Estado ha encallado en Bruselas, lo que ha paralizado las subastas pendientes, según informaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.

La Comisión Europea ve las propuestas planteadas por el Gobierno español para engordar el fondo que sufraga entidades quebradas como una ayuda de Estado encubierta con impacto sobre el déficit, hipótesis que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa.

El Gobierno español aborda desde hace meses con el Ejecutivo comunitario diversas fórmulas para dotar de recursos al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la negativa de las entidades de incrementar sus aportaciones al FGD. Rechaza de plano la creación de un 'banco malo' que aglutine activos inmobiliarios, según informaron a Europa Press fuentes oficiales del Ministerio de Economía.

Desde el Departamento que dirige Luis de Guindos incidieron además en que España aún no está negociando formalmente con el Ejecutivo comunitario un plan para incrementar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) ante su escasa dotación actual. «Aún no estamos en ese punto», enfatizaron.

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha marcado como objetivo culminar la reestructuración financiera antes de que finalice el primer semestre de 2012, coincidiendo con el fin del mandato del gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, al frente del organismo, y aspira a acelerar las subastas de entidades intervenidas en las próximas semanas.

La crisis obliga a un primer ERE en 'Ecisa' mientras la empresa habla de una hipotética cartera de proyectos

 ALICANTE.- La mercantil Ecisa y su comité de empresa han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que, durante un periodo máximo de un año, afectará al 10 por ciento de la plantilla, sobre un total de 1.128 empleados, ha informado en un comunicado la empresa. 

   La sociedad, con sede en Alicante y cofundada por Manuel Pelaez (en la imagen) en los años 70 del siglo XX, informó el pasado lunes de su intención de plantear un ERE temporal, que duraría un máximo de un año, y que se aplicaría sobre el 10 por ciento de los trabajadores de la empresa, que, en la actualidad dispone de 1.128 empleados.

   Así, tras dos días de negociación, desde la mercantil se ha cerrado un acuerdo con el comité de empresa que permite "garantizar los derechos de los empleados, conservar todo el capital humano y recuperar la actividad cuando la situación lo permita", han manifestado fuentes de la sociedad.

   Desde la mercantil han señalado que, "comprendida la compleja situación que atraviesa España ante la virulenta y grave crisis financiera, inmobiliaria y de obra pública, Ecisa y su Comité de Empresa han alcanzado un acuerdo sobre plazos y alcance del ERE, planteado por la dirección para garantizar la viabilidad futura de la firma".

   Igualmente, han insistido en que Ecisa "mantiene su firme decisión de no llegar a los despidos, y el expediente será por un año. La empresa confía en que en este tiempo la situación mejore, por lo que el objetivo es retomar la actividad a velocidad de crucero durante ese periodo, lo que se traducirá en la progresiva reincorporación de la plantilla afectada por el expediente".

   Además, el consejero delegado del grupo, Manuel Peláez, ha resaltado que el "compromiso inquebrantable" que la dirección ha trasladado al comité de empresa es que "si antes de esa fecha --un año-- el mercado mejora, las reincorporaciones se adelantarán".

   Fuentes de la compañía han explicado que la plantilla actual de Ecisa es de 1.128 empleados pero que "las manifiestas y conocidas dificultades del mercado español han forzado un reajuste de sus efectivos humanos".

   "No obstante, Ecisa atesora en la actualidad una cartera de proyectos pendientes de ejecutar superior a los 300 millones de euros, que le permite ver el futuro con confianza para los próximos meses, a medida que las obras se desarrollen", han aseverado.

Romeu dice que el PP en las Corts "está camino de convertirse en una mayoría imputada por corrupción"

VALENCIA.- El vicesecretario y portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE, Francesc Romeu, ha lamentado este miércoles que "cada vez más escaños del parlamento valenciano están ocupados por dirigentes 'populares' investigados por la justicia o implicados en diversas causas judiciales".

   En este sentido, ha criticado que "la mayoría del PP en las Corts está camino de convertirse en una mayoría imputada por corrupción". Por ello, ha apuntado que "los 'populares' valencianos están proyectando una imagen que no sólo afecta a su partido, sino también a la Comunitat Valenciana, a sus ciudadanos y al propio sistema político".

   Francesc Romeu ha lamentado que este tipo de situaciones "provocan que fuera acabe instalándose la percepción de que los valencianos son gente poco honrada y que sólo busca el interés propio, algo que no se corresponde con la realidad y sólo se circunscribe a los dirigentes del PPCV", ha recalcado.

   Romeu, que se ha pronunciado en estos términos en un comunicadotras la imputación de la exconsellera de Turismo y Bienestar Social, Angélica Such, y del administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008 y exgerente del PP nacional, Cristóbal Páez, en la causa sobre financiación irregular del PPCV, ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "siga sin dar un paso al frente y tome cartas en el asunto".

   En ese sentido, ha criticado que Fabra "no sea firme en la lucha contra la corrupción ni en las medidas puestas en marcha para castigarla y frenarla, sino que sigue parapetado tras su silencio". "Hablaba de transparencia y un cambio en la Generalitat cuando llegó al Consell, pero cada día demuestra que es más de lo mismo", ha indicado.

   El portavoz del PSPV-PSOE ha subrayado que "han vuelto a quedar en entredicho las buenas intenciones de Fabra", ya que "tiene herramientas suficientes para adoptar medidas contra sus diputados imputados, pero se mantiene sin hacer absolutamente nada".

   A ese respecto, ha recordado que "el propio presidente de la Generalitat participó en la redacción del nuevo código ético del PP", que ha demostrado ser "completamente inútil y una nueva gran mentira del PP", puesto que "nadie está interesado en aplicarlo". 

"Si lo hicieran, el número de expedientes que deberían abrir Rajoy y Fabra a dirigentes del PP sería tal que causaría sonrojo hasta al propio Francisco Camps", ha añadido

   Así, Romeu ha incidido en que, "con Such, son ya seis los diputados imputados sólo en el caso de la financiación irregular del PPCV", ya que en la misma situación de la exconsellera de Turismo se encuentran el vicesecretario de Organización del PP, David Serra; la tesorera del PPCV, Yolanda García; el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa; el exvicepresidente de la Generalitat y exconseller de Industria, Vicente Rambla; y la también exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez. "A este proceso judicial, además, hay que añadir muchos otros, como Brugal, Emarsa y Gürtel, que ya se han cobrado sus primeras víctimas en el PPCV", ha concluido.

La Plataforma CAM convoca una marcha el próximo martes para reclamar sus ahorros

ALICANTE.- La Plataforma CAM ha convocado una manifestación el próximo martes por el centro urbano de Alicante para reclamar la devolución de los ahorros de unos 400 afectados por productos como cuotas participativas, participaciones preferentes y deuda subordinada, cuyo importe ascendería hasta los 7,5 millones de euros, ha informado en un comunicado el colectivo.

   La manifestación partirá a las 12.00 horas de la sede de Caja Mediterráneo (CAM) situada en la avenida de Federico Soto, de Alicante, y terminará ante el Banco de España, en la Rambla Méndez Núñez.

   Por otra parte, la citada plataforma ha dado por "concluida la afiliación" a la Plataforma CAM, ante el comienzo la próxima semana del juicio en la Audiencia Nacional que se celebrará tras la querella presentada por este colectivo contra la cúpula directiva de la caja de ahorros.

   El próximo lunes se entregará la última ampliación de la demanda con 120 carpetas que se unirán a las primeras 160 carpetas, y que en total suman unas 400 personas afectadas que piden la devolución de 7.500.000 euros, según las mismas fuentes, quienes han apuntado a la posibilidad de  incluir a más gente en otra demanda por parte del letrado Diego de Ramón.

   "Esperamos con ansiedad que comience el juicio y se haga justicia recuperando nuestro dinero y lamentamos los comentarios que dicen que es nuestra culpa por no leer la letra pequeña".

   La realidad, según ha señalado el portavoz de la Plataforma, Carlos Pena "es que en los contratos no decían que era un producto de riesgo, que los afectados podían perder su dinero y que era perpetuo, como debía indicar según la CNMV, frases que, por otro lado, sí aparecían en folletos o anexos al contrato que la mayoría de las veces no se entregaban."

Admitida a trámite la demanda del empresario Enrique Ortiz contra Banca Cívica por uso de marca

GRANADA.- El empresario alicantino Enrique Ortiz, propietario de Grupo Cívica, ha presentado una demanda contra Banca Cívica por el uso de la marca 'Cívica' en la que pide que se prohíba utilizar dicha denominación, así como una indemnización equivalente al 1% de todo el volumen de negocio inmobiliario que ha realizado Banca Cívica desde que se ha utilizado dicho término 'Cívica'.

   Fuentes de los representantes legales de Ortiz han precisado hoy que la demanda se presentó ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, que ya lo ha admitido a trámite, tras lo que el juez ha dado orden de anotar dicha demanda en el Registro de Marcas, lo cual significa que "cualquier operación de transmisión de marcas estará supeditada a la resolución del pleito".

   Las fuentes precisan en ese punto que "se bloquea cualquier proceso de transmisión de marcas y todas las marcas que en su día registró primero Caja Navarra y después Grupo Banca Cívica, unas 15-20 marcas con el nombre de 'Civica', y una posible operación de transmisión sobre ellas tendrá que estar a resultas del pleito" tras producirse la anotación e inscripción de la demanda en el Registro de Marcas.

   "Cualquiera que se adjudique o reciba la propiedad de las marcas, como puede ocurrir con la operación CaixaBank-Banca Cívica podrá comprar o adquirir esas marcas, pero si pierde el pleito, tendrá que pagar, pues nadie se puede sustraer a las consecuencias del pleito", han agregado las fuentes judiciales.

   Este empresario pide en su demanda que "se prohíba a Banca Civica que utilice la marca 'Cívica'" y además pide una indemnización "equivalente al uno por ciento de todo el volumen de negocio y todas las ventas inmobiliarias que ha realizado Banca Cívica utilizando el término 'Cívica'", algo que las fuentes calculan que se viene produciendo durante dos ejercicios "desde que fueron requeridos para que no usaran más la marca".

   Las fuentes han precisado que ya cuando nació Banca Cívica, se alcanzó un acuerdo entre Caja Navarra y las otras cajas y el propio Enrique Ortiz, "donde ya se le indemnizó al empresario", un acuerdo que contemplaba que "Banca Civica podría usarla para los negocios estrictamente financieros y bancarios y Enrique Ortiz y Grupo Cívica usaría la marca para todo lo demás".

   "El problema ha sido que cuando nació el banco de Banca Civica SA, éste lanzó promociones de ventas de inmuebles que tenían las cajas en stock, mediante una campaña en la que se utilizaba el concepto 'Inmobiliaria Cívica', y además vinculado a la venta del inmueble", han agregado las fuentes, quienes han explicado que dicho uso "es lo que ha motivado la presentación de la demanda".

   Las fuentes precisan que Banca Cívica SA y las cuatro cajas que la componen --Caja Navarra, Cajasol, Caja de Burgos y CajaCanarias-- han sido demandadas por separado.

   Grupo Cívica se dedica a la promoción y construcción de viviendas y obra pública, además de la gestión de residuos sólidos, entre otras cuestiones. 

Según publica 'Cinco Días', el acuerdo entre Ortiz y Caja Navarra se alcanzó en 2009 y un año después se creó Banca Cívica.

Compromís pregunta al Consell los motivos del cierre de las oficinas del IVEX

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianas, Enric Morera, ha pedido una comparecencia del Consell en el parlamento valenciano, para que dé explicaciones del cierre de las oficinas del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) en el extranjero. 

   Asimismo, Morera ha anunciado que pedirá una relación laboral de todas las personas que están trabajando en las oficinas que cerrará el Consell y, al mismo tiempo, quiere saber "si serán despedidos o reubicados en otros departamentos, empresas públicas u organismos de la Generalitat".

   El síndic del grupo parlamentario Compromís se ha expresado en estos términos en un comunicado después de que la Generalitat haya decidido integrar sus oficinas comerciales, dependientes del IVEX, en la red del Estado.

   "No sabemos en base a qué criterios se ha tomado esta medida y si se ha consultado a las cámaras de comercio y a las asociaciones empresariales valencianas", ha manifestado Morera, quien ha destacado que tanto el expresidente de la Generalitat Francisco Camps como el actual jefe del Consell, Alberto Fabra, "han pregonado en sus discursos la importancia de la internacionalización de los productos valencianos que ahora, sin duda, lo tienen más difícil porque el ICEX no dará ninguna prioridad a esos productos y servicios".

   Morera, no obstante, ha recordado que las oficinas que cierra el Gobierno valenciana, "están presupuestadas para 2012 como se aprobó en las Corts y ahora, al extinguirlas, se produce una modificación presupuestaria que nos gustaría saber para qué se va a destinar ese dinero".

   Para Compromís, "es muy preocupante la situación", y ha preguntado "quién será ahora quien asesorará a las empresas valencianas en el exterior, que están en una clara desventaja frente a otras autonomías que sí disponen de ese servicio".

   "Por mucho que vengan a pregonar los ministros, lo que está claro es que las empresas valencianas tendrán que hacer cola y perderán muchas oportunidades y la economía valenciana no está en estos momentos para perder oportunidades", ha subrayado.

   Según Morera, "en muchos casos, el IVEX ha estado en el centro de las miradas por las malas prácticas y por ser un chiringuito muy opaco donde se ha hecho de todo y se han favorecido a determinadas personas".

   En esta línea, considera que "si ahora el Gobierno valenciano decide cerrar 13 oficinas, es porque su trabajo en el exterior no ha sido muy notable y si las cierran, es porque nadie las echará de menos y esto también sería muy grave, porque si es así, también resultará que hemos estado muchos años dando dinero en un servicio sin sentido", ha manifestado.

Recogen 450 toneladas de tapones para salvar la vida de la pequeña Aitana

ALICANTE.- Aitana, una niña de 11 años de Tarazona (Zaragoza), afectada por una cardiopatía congénita, podrá ser operada gracias a la ayuda desinteresada de trece millones de personas que han decidido reciclar y no tirar a la basura los tapones de plástico de sus envases.

Esta acción, denominada 'Tapones para una vida' e incluida en la campaña 'Una sonrisa para Aitana', comenzó en agosto del pasado año. Desde entonces se han recogido 450 toneladas de tapones por parte de trece millones de personas de España y Portugal.

Los tapones han sido recogidos en distintos puntos de España por la Fundación Seur, que los transporta hasta la sede de la empresa Acteco, en Ibi, para que ésta los triture y los transforme en plástico inyectado.

Por cada tonelada, la mercantil alicantina paga 300 euros, lo que ha posibilitado que este martes se haya hecho entrega de un cheque por valor de 135.000 euros a la familia de Aitana. La empresa ibense ha entregado a los padres de Aitana ese cheque por 135.000 euros, obtenidos del reciclaje y venta de los tapones, y que permitirán afrontar el pago de la segunda operación que precisa el corazón de Aitana.

Con ese dinero, la pequeña podrá someterse a su segunda operación en el Children's Hospital de Boston (EEUU), único centro médico capacitado para realizar "una intervención eficaz y sin riesgo" para la vida de la niña, según le hizo saber a la familia el prestigioso cardiólogo español Valentín Fuster.

La primera intervención quirúrgica, denominada "Blalock Taussig", se le practicó en septiembre de 2010, después de ser evaluada por el reconocido cirujano Pedro del Nido, y permitió desviar y unificar sus arterias derechas pulmonares.

Antes, en 2006, la niña se sometió a una operación que resultó fallida y, además, a su corta edad ya se le han realizado nueve cateterismos.

Ahora quedan otras dos intervenciones -las tres tienen un coste total de 400.000 euros- para completar el tratamiento que permita a Aitana llevar una vida normal.

La segunda se le realizará durante la segunda quincena de abril gracias al cheque de 135.000 euros y a la aportación de una persona que ha preferido quedar en el anonimato y que donó 50.000 euros a la familia.

Durante el acto de entrega del cheque, celebrado este martes en Alicante, el padre de Aitana, Luis Miguel García, ha agradecido el apoyo de todos los ciudadanos que han colaborado en esta iniciativa y les ha instado a que no desfallezcan y continúen apoyando una campaña que "ya no es para Aitana", sino "para una vida".

"Que estos tapones se conviertan en dinero para ayudar a otros niños, independientemente de su raza, origen o color, y para hacer más fácil la vida a esas familias", ha declarado, en referencia a la función de ayuda a niños con enfermedades raras a la que se dedica desde este martes esta campaña y la entidad que él preside, la "Asociación una Sonrisa para Aitana".

"El primer eslabón de la cadena es Aitana, pero el último no lo sabemos", ha subrayado García en declaraciones posteriores a los periodistas.

Para el próximo día 14, la familia ha organizado dos festivales solidarios en la cubierta de Leganés, uno infantil y otro musical, con la finalidad de recaudar fondos.

En esa convocatoria, según García, seguramente se lleve a cabo el acto de entrega de una cantidad de dinero a "una o dos familias" con hijos enfermos, gracias a la recaudación de tapones del mes de marzo, donde se consiguieron hasta 150 toneladas.
Aitana García es una niña que nació en Tarazona en el año 2000, con una cardiopatía congénita compleja que incluye una atresia pulmonar, comunicación interventricular y colaterales aortopulmonares, y cuyas operaciones han de realizarse en el Hospital Infantil de Boston. 
La acción 'Tapones para una vida' se inició en agosto de 2011 y finaliza este mes de abril, momento en que está previsto que Aitana viaje con sus padres a Boston para someterse a la segunda de las tres operaciones que precisa.
   'Tapones para una vida' cuenta con la colaboración de la Fundación Seur, que se encargará de la logística al transportar los tapones desde cualquier punto de la península hasta la empresa recicladora, Acteco, que por su parte procesará el material de manera gratuita.
   Ambas mercantiles han firmado un convenio con la familia de la menor para, a través de la 'Asociación una Sonrisa para Aitana', seguir ayudando a niños con enfermedades raras o de difícil tratamiento.

EUPV responsabiliza a Fabra de que los imputados en la financiación irregular "continúen" en las Corts

VALENCIA.- La síndica de EUPV y coordinadora de la formación, Marga Sanz, ha responsabilizado al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que los diputados que están imputados en la causa de la financiación irregular del PP, en el caso Gürtel, continúen en su escaño en las Corts Valencianes.

   Sanz, en un comunicado, ha calificado de "vergonzoso que se vuelva a repetir el mismo esquema que con el juicio de los trajes: dos diputados, Camps y Costa, sentados en el banquillo judicial". Por ello, ha exigido a Fabra que "no permita este mismo escenario y que antes de las declaraciones de los imputados por la financiación irregular del PP, por delito electoral o por las contrataciones irregulares por las ediciones de Fitur, exija que abandonen su escaño".

   "El PP está permitiendo que se ensucie diariamente la institución de las Corts, con imputados en casos de corrupción que no son apartados de la vida política pública y que continúan sentados en el escaño", ha lamentado.

   Esquerra Unida considera que los delitos por los cuales se acusa a Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García, Vicente Rambla, Angélica Such y Milagrosa Martínez son "muy graves". En su opinión, "Fabra tiene la responsabilidad de apartar a todos los diputados, así también como a los dirigentes de su propio partido, imputados en la causa".

   Marga Sanz también ha añadido que "es imposible creerse los discursos sobre transparencia y honradez de Fabra cuando éste lleva ya casi un año sin limpiar su partido y a los cargos públicos que tiene en las instituciones y que están inmersos en casos de corrupción".

CCOO critica la "sumisión" de Fabra ante unas cuentas que "dinamitan" las políticas de empleo

VALENCIA.- El secretario general del CCOO-PV, Paco Molina, ha criticado este miércoles el "silencio" y la "sumisión" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ante unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que, a su juicio, "dinamitan las políticas activas de empleo y la protección social" y, con ello, "enquistan" a la Comunitat "en un modelo productivo que ya es un fracaso".

   En un comunicado, Molina ha señalado que el traslado de esas cuentas a la Comunitat "deja en una situación todavía más grave" a la autonomía y, junto a la reforma laboral, la sitúan por encima de las 700.000 personas desempleadas.

   El dirigente sindical ha criticado asimismo que se produzca un "castigo a la investigación y a la educación", así como que "ese silencio y sumisión de la Generalitat también se extiende a que ya ni siquiera aparece la reivindicación de la deuda histórica autonómica".  

   Así, ha emplazado a Fabra a "convocar una reunión urgente" con los agentes sociales para explicar "cuál va a ser la hoja de ruta que va a aplicar ante una situación que ya es alarmante, sobre todo por el crecimiento imparable del desempleo y de la desprotección social".

   Molina ha apuntado, en este sentido, que más del 40 por ciento de las personas paradas en la Comunitat ya no tienen ningún tipo de prestación.

   El máximo responsable de CCOO-PV asegura que "ya hace un mes" que solicitó una reunión con jefe del Consell y reivindica que "ahora ya el encuentro ha de ser con carácter de urgencia, puesto que ha de explicar qué es lo que piensa hacer".

El sector turístico considera que "el sol y playa es el petróleo de la Comunitat"

VALENCIA.- El sector turístico de la Comunitat Valenciana ha mantenido este miércoles su primera Conferencia de Marcas Turísticas y Sector Empresarial, presidida por el jefe del Consell, Alberto Fabra, y donde el presidente de la Federación Hotelera de la Comunitat Valenciana (FHCV), Luis Martí, que ha actuado como portavoz, ha destacado que "el sol y playa es el petróleo de la Comunitat".

   Martí ha indicado que la conferencia en la que han participado todos los representantes públicos y privados del sector que ha sido "muy interesante" porque ha sido "la primera vez en la que se ha podido hablar de las marcas turísticas y de su potencial, además de poner en común la estrategia para este año, su plan operativo y de marketing".

   El portavoz del sector turístico empresarial ha señalado que durante la conferencia se ha hablado "mucho" de la coordinación entre el sector público y las distintas administraciones públicas, y también de la colaboración entre estos dos sectores. "Los empresarios le hemos trasmitido al presidente la voluntad de coordinarnos con el sector público para lanzar campañas de promoción e intentar salir de esta situación de crisis con el objetivo de optimizar recursos", ha explicado.

   Martí considera que la imagen que tiene la Comunitat, tanto en España como el exterior, y sobre todo en países del arco europeo, "tiene que reforzarse". El presidente de FHCV considera que en la Comunitat "se tiene que crecer, somos muy creativos y se tiene mucho potencial".

   Además ha recordado que la Comunitat es "un destino muy atractivo y aunque a veces no se llene, siempre se tiene una ocupación muy superior a otras Comunidades Autónomas". En este sentido ha insistido en que "sigue siendo atractivo el sol y playa, que es el petróleo de la Comunitat, y siguen siendo atractivos los destinos urbanos, con Valencia a la cabeza".

 "Tenemos que ser optimistas para el futuro porque contamos con una gran Comunidad Autónoma y grandes productos", ha afirmado.

   El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha reconocido que el sector turístico es "fundamental" para la Comunitat porque representa el 13 por ciento del PIB y más del 12 por ciento de las personas que trabajan en la Comunitat. "Es un sector muy cambiante y obliga a estar siempre muy atentos", ha señalado.

   Fabra ha explicado el motivo de esta primera conferencia que es "escuchar al sector para conocer sus preocupaciones e inquietudes". La Comunitat la visitan más de 21 millones de turistas al año, lo que la convierte en el tercer destino en cuanto a turistas nacionales y el  quinto en cuanto a turistas extranjeros.

   El presidente de la Generalitat ha reconocido que para ser un referente "hay que trabajar de una forma constante, permanente y diaria". "Tenemos que adaptarnos a las nuevas exigencias", ha añadido.

   El sector le ha pedido mejorar de infraestructuras, que no haya duplicidades, mayor coordinación con las administraciones públicas y mayor cantidad presupuestaria para promoción de la marca Comunitat Valenciana. "Estas reivindicaciones están contempladas en el plan estratégico", ha agregado.

   A este primera conferencia han asistido, además del presidente de la Generalitat, la consellera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, representantes de las diputaciones y de todas las federaciones, confederaciones y asociaciones del sector turístico empresarial.

Cabré dice que la Ciudad de la Justicia es un proyecto imposible "con el que no se puede seguir soñando"

ALICANTE.- El conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, ha afirmado este miércoles que el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Alicante es, "en estos momentos", una actuación "imposible" con la que "no se puede seguir soñando", ya que para la Generalitat valenciana es "inasumible" la inversión que requeriría, de unos 50 millones de euros.

   A pesar de esta afirmación, ha anunciado que desde la Consellería van a iniciar, a finales de este año, la remodelación "integral" del edificio de la Audiencia Provincial alicantina, unos trabajos para los que se van a destinar unos 4 millones de euros y que tienen un plazo de ejecución previsto de un año, aproximadamente, por lo que se espera que estén terminados hacia finales de 2013 o principios de 2014.  

   Cabré ha realizado estas declaraciones a los periodistas al ser preguntado por la situación en la que se encuentra el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Alicante, tras visitar, junto al presidente de la Audiencia Provincial, Vicente Magro, las instalaciones judiciales de la ciudad alicantina, afectadas por un incendio el pasado enero.

   "Hay que ser realistas, lo que no podemos es, en este momento, seguir soñando con un proyecto --la Ciudad de la Justicia-- que ahora es imposible", ha señalado el conseller, si bien ha matizado que la paralización actual de la actuación "no excluye que en un futuro se pueda retomar".

   Para ejemplificar sus argumentos, ha citado la reciente licitación de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, un proyecto que, según sus palabras, es de colaboración público-privada y que requerirá de una inversión cercana a los 65 millones de euros.

   "La Ciudad de la Justicia de Alicante implicaría 50 ó 60 millones de euros. Eso, ahora, es tanto como decir que no se va a hacer nunca. Aunque empezáramos ahora y el año que viene la situación económica cambiara, y nos pusiéramos a hacerla a mitad de legislatura, el contrato de colaboración público-privada conllevaría unos dos años de tramitación administrativa", ha explicado.

   Además, ha añadido que la ejecución del proyecto supondría "otros tres años".

 "Esto no aguanta ocho años, no podemos seguir así ocho años más. Por tanto, creemos que actuar así es lo responsable, lo posibilista", ha resaltado.

   Por su parte, Magro ha manifestado que, pese a que el proyecto de la Ciudad de la Justicia era la actuación deseada desde las instancias judiciales alicantinas, es consciente de que "la crisis económica impide la disponibilidad de 42 millones de euros para hacer un gasto en Justicia de esa envergadura".

   Además, ha mostrado su satisfacción ante la futura remodelación del edificio de la Audiencia Provincial, a la que ha calificado como "una alternativa" al proyecto de la Ciudad de la Justicia "mayor de lo esperado".

   "Antes de que finalice 2013, la ciudad de Alicante va a contar con un edificio de la Audiencia totalmente rehabilitado, con modernos equipamientos, con una nueva distribución de los espacios y con un confort excepcional para todos sus trabajadores y para los usuarios", ha afirmado Cabré en relación a la reforma del inmueble.

   El conseller ha avanzado que el coste de la rehabilitación integral de la sede judicial alicantina y su nuevo equipamiento rondará los cuatro millones de euros, de los que algo más de tres se destinarán a la obra y el resto, al mobiliario y al equipamiento técnico e informático.

   La redacción de los proyectos necesarios de arquitectura e ingeniería ya se ha iniciado, y la ejecución de las obras en el edificio tendrán una duración aproximada de un año, contemplando la reforma general de la fachada interior y exterior, así como la demolición de interiores.

   Cabré ha explicado que "la rehabilitación integral del edificio se hará intentando crear las mínimas molestias a los trabajadores del centro, y procurando en todo momento que el servicio al ciudadano no sufra alteración alguna".

   De este modo, se compatibilizará la reforma del inmueble con su uso funcional, y se irá recolocando provisionalmente a las secciones y la fiscalía a medida que se vaya trabajando en las obras por fases.

   Por su parte, Magro ha detallado que la reforma de la Audiencia supone un vaciado del edificio y una remodelación interna, mediante la cual los espacios muertos del inmueble van a desaparecer, se creará una sala especial para los juicios importantes, así como salas de reuniones o un nuevo sistema de acceso de presos al edificio, entre otras mejoras.

La CAM logra un aumento de los depósitos de 155 millones

MADRID.- Banco CAM ha conseguido cerrar el mes de marzo de 2012 con un incremento de más de 155 millones de euros en depósitos de clientes, según indicó la entidad adjudicada por el Banco de España al Banco Sabadell y gestionada temporalmente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

   Estas cifras confirman la recuperación de la confianza por parte de la clientela de CAM, y la consolidación del crecimiento de los depósitos emprendido a finales del pasado año, que concluyó con unos 200 millones de euros de ahorros de clientes, recalcó.

   La entidad resalta que esta evolución al alza de depósitos refleja la estabilidad y solvencia de la CAM derivados de su acuerdo de integración con Banco Sabadell, y se suma al esfuerzo que está llevando a cabo la plantilla que conforma la red comercial.

   El director general de Banco Sabadell, Miguel Montes, indicó recientemente en Alicante que el objetivo marcado para Banco CAM es recuperar a lo largo del primer año al menos el 60% de los depósitos de la clientela que han dejado la entidad financiera -lo que supone la captación de entre 3.500 y 4.000 millones-, así como una cifra proporcional de número de clientes.

   "La certidumbre en el presente y futuro de Banco CAM se nutre a su vez de la confianza que a día de hoy le otorgan los mercados tras darse a conocer su pacto de unión con Banco Sabadell", sostiene la entidad.

   En este sentido, destaca la colocación entre inversores a finales de febrero de 1.200 millones de euros de deuda con aval del Estado, después de más de dos años sin acceso a la financiación mayorista.

   El Banco de España adjudicó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) a Banco Sabadell el pasado 7 de diciembre por el precio simbólico de un euro, más ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por importe de 5.249 millones de euros.

El Gobierno presenta unos presupuestos para la situación "límite" del país

MADRID.- El Gobierno ha presentado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 que responden a la situación "límite del país" por el "gravísimo momento" que atraviesa la economía española. El pago por intereses del déficit aumentará de nuevo en 2012 hasta alcanzar los 28.848 millones de euros, mientras que la deuda pública rozará el 80% del PIB en este ejercicio. Los ingresos no financieros, por su parte, ascenderán un 19,1%.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha entregado este martes en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de los PGE, los primeros que ha elaborado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, quien los ha definido como "duros" pero "imprescindibles" para recuperar la senda del crecimiento económico y del empleo.

   En esta ocasión, Montoro ha innovado este año con la entrega de las cuentas públicas en formato BIDI, es decir, con la presentación de un cartel con un código QR que, leído con una aplicación informática, permite acceder directamente a una gran cantidad de información.

   El presupuesto para 2012, marcado por el objetivo de reducción del déficit del 8,5 al 5,3%, incluye un nuevo ajuste de 27.300 millones de euros. Este ajuste, el mayor de la democracia, procede de una fuerte reducción del gasto y de una serie de medidas fiscales incluidas en un decreto-ley que acompaña a las cuentas.

   En dicho decreto, el Gobierno ha introducido cambios en el Impuestos de Sociedades y en el de Labores del Tabaco, así como ha dado vía libre a una 'amnistía fiscal' para el capital que retorne a España o que esté oculto dentro del país. Con esta medida, pretende recaudar 2.500 millones de euros, cantidad que, junto a todo lo recaudado a través de otras iniciativas puestas en marcha por Rajoy, sumaría unos 12.314 millones de euros.

   "Son unos Presupuestos que no dañan la esencia de la recuperación económica", ha dicho Montoro en la rueda de prensa en la Cámara Alta, añadiendo que las cuentas son "extraordinarias" en cuanto a la reducción del gasto y el aumento de ingresos que plantean. "Son unos Presupuestos a tenor de la situación extraordinaria de España", ha agregado.

   De este modo, el titular de Hacienda ha afirmado que los Presupuestos están "absolutamente comprometidos" con la corrección del déficit a la baja, por lo que permitirán al país cumplir con el objetivo marcado por la Unión Europea.

   "Hay que reducir la dependencia financiera. Cuando lo consigamos seguro que vendrá la recuperación de la economía. El mayor problema de España, y el que produce y agrava la recesión y nos lleva a pérdida de puestos de trabajo tan lamentables como se siguen produciendo, es la financiación de la economía, el alto endeudamiento", ha señalado.

   Por ello, Montoro ha subrayado que "la confianza hay que ganársela" y "trabajársela" porque "no vale esperar que la traiga nadie servida en una bandeja de plata". "Primero el déficit, segundo el déficit y tercero el déficit", ha apostillado, a la vez que ha insistido en que las cuentas públicas responden a la situación "límite del país".

   En cuanto a la consolidación fiscal, Montoro ha asegurado que no aceptará "excusas ni pretextos" de ninguna Comunidad Autónoma porque no caben las "posturas autóctonas" en la lucha contra el déficit.

   Al ser preguntado por la situación concreta de algunas regiones como Andalucía, Asturias o Cataluña, Montoro ha aseverado que los Presupuestos son "complicados" para todas las comunidades, por lo que ha resaltado que las negociaciones políticas solo deben referirse a la necesidad "objetiva" de cumplir con el déficit. "Todos vamos a seguir en el mismo barco", ha asegurado.

   Por otro lado, el pago por intereses de la deuda aumentará de nuevo en 2012 hasta alcanzar los 28.848 millones de euros, el equivalente a un 2,7% del PIB, a pesar de que es una cantidad superior al recorte total de los PGE, según el Ejecutivo.

   La deuda pública crecerá en este año del 68,5% al 79,8% del PIB por las nuevas necesidades financieras y la refinanciación de vencimientos, así como por el impacto de instrumentos como el FROB o el fondo de pago a proveedores. En el caso de la Administración Central, este ratio pasará del 52,1% al 60% del PIB.

   El Gobierno ha calculado que los gastos por intereses de la deuda alcanzarán los 28.876,03 millones de euros en 2012, para lo cual ha tenido en cuenta que la prima de riesgo se mantendrá por encima de los 300 puntos básicos.

   En cuanto a los ingresos no financieros totales para este año, éstos ascenderán a 211.089 millones de euros, con un incremento del 19,1% respecto a 2011, equivalente a 33.903 millones de euros más, según el proyecto de Ley de PGE.

   Los ingresos impositivos aumentarán un 4,3%, mientras que en los ingresos no impositivos se espera un crecimiento de hasta el 165,7%, como consecuencia del efecto de liquidación del sistema de financiación autonómico de 2010.

   Respecto al presupuesto de gastos del Estado para 2012, éste asciende a 214.701,87 millones de euros, lo que representa un aumento del 2,4% en comparación al presupuesto inicial de 2011. El mayor volumen de gasto corresponde a las transferencias, con una dotación conjunta de 85.519,56 millones de euros, representando aproximadamente el 40% del total.

   Asimismo, el proyecto de PGE también contempla una caída de la inversión estatal en la mayoría de las comunidades autónomas. El Estado distribuirá lo que queda de este año un total de 15.531,57 millones de euros entre las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas, frente a los 20.684,06 millones que se aprobaron en los Presupuestos para 2011, lo que supone un descenso del 25%.

   Cataluña, Navarra, La Rioja, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las autonomías que más pierden, mientras que País Vasco y Galicia son las únicas que no van a sufrir un descenso en las inversiones estatales, sino que las verán incrementadas.

   Por otra parte, las cuentas públicas presentadas este lunes prevén que el número de parados aumente este año en 602.800 personas, un 12% más que en 2011, hasta superar los 5,6 millones de desempleados. Esto supone que en 2012 la tasa de desempleo subirá un 2,7 puntos, hasta el 24,3%.

   Sin embargo, el presupuesto para este año destinado a políticas activas de empleo será de 5.764,74 millones de euros, un 21,3% menos que en las cuentas públicas de 2011. Un descenso que el Ejecutivo justifica en los ajustes efectuados para la reducción del déficit público y el recorte previsto en los ingresos por cuotas de formación profesional.

   Además, el Gobierno también prevé que ingresará por cotizaciones sociales un total de 106.332,96 millones de euros en 2012, un 3,7% menos que en 2011. Esta recaudación permitirá a la Seguridad Social financiar el 88,1% de su presupuesto total.

   El 46,3% del presupuesto consolidado del Estado para este ejercicio se destinará al pago de pensiones (el 37,1% del total) y de prestaciones por desempleo (9,2%). Si bien, estas últimas se han reducido hasta los 28.503,12 millones de euros, un 5,4% menos que en 2011.

   El Ejecutivo explica que el "elevado" gasto en prestaciones por desempleo registrado en los últimos años ha provocado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) "requiera de importantes aportaciones del Estado para su financiación".

   Cabe destacar que los PGE de 2012 también contemplan que el presidente del Gobierno percibirá este año un total de 78.185,04 euros en concepto de retribución, lo que supone un sueldo bruto mensual de 6.515,42 euros, el mismo que estuvo percibiendo José Luis Rodríguez Zapatero desde 2010.

Nueve de cada diez españoles consideran la corrupción un problema muy grave o bastante grave

MADRID.- Nueve de cada diez españoles consideran la corrupción un problema grave o bastante grave según el último Índice de Opinión Pública (IOP) realizado por Simple Lógica en el que se también se advierte que dos de cada tres españoles cree que somos bastante o muy tolerantes con la corrupción en general.

   Según el estudio, un 60,5% de los encuestados creen que la corrupción en España es un problema muy grave. Asimismo, un 28,9% consideran que este problema es "bastante grave", mientras que un 6,9 creen que es "algo grave".

   Por contra, únicamente un 2,4% de los cuestionados creen que la corrupción es un problema "poco grave" en nuestro país y un 0,5% de los encuestados dicen que este asunto es "nada grave".

   El porcentaje de quienes consideran bastante o muy grave el problema de la corrupción es superior entre los jóvenes de 16 a 24 años (93,2%), quienes tienen estudios secundarios (92,3%) y los de clase media-baja o baja (91,3%).

   En cambio, ese porcentaje es inferior entre los entrevistados de 25 a 34 años (86,7%), los que tienen estudios universitarios (87,1%) y los de clase alta y media-alta (91,3%).

   En esta cuestión, no se registran diferencias reseñables en las opiniones registradas entre los colectivos de votantes de los dos principales partidos políticos.

   También, son mayoría los ciudadanos que consideran que los españoles somos bastante o muy tolerantes con la corrupción en general y en el día a día. Un 65,5% de los encuestados creen que en nuestro país somos "muy o bastante tolerantes con la corrupción".

   Asimismo, un 16,2% aseguran que somos "algo tolerantes" con este asunto mientras que solo un 14,3% de los encuestados defienden que somos "poco o nada tolerantes" con la corrupción.

   La proporción de quienes señalan que los españoles son bastante o muy tolerantes con respecto a la corrupción es superior quienes tienen entre 45 a 64 años (73,8%), quienes tienen estudios secundarios (70,2%) y los de clase media-alta o alta (69%).

   Sin embargo, el porcentaje de quienes sostienen esa misma opinión es inferior entre los más jóvenes, quienes tienen de 16 a 24 años (54,9%), quienes tienen estudios primarios o inferiores (63,2%) y los informantes de clase media-baja o baja (63,7%).

   La encuesta realizada por el instituto Simple Lógica está realizada entre el 1 y el 12 de marzo mediante entrevistas telefónicas a 1.021 adultos con un margen de error del 3,13%.

El juez imputa al administrador del PP en las generales de 2008 por 'Gürtel'

VALENCIA.- El magistrado José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la causa abierta por los presuntos delitos de financiación irregular del PPCV, electoral y falsedad mercantil por supuesta contratación irregular en relación con distintas ediciones de Fitur, dentro del 'caso Gürtel', ha imputado al administrador general del PP en las elecciones generales celebradas en 2008, Cristóbal Páez, así como al presidente del grupo empresarial Cyes, Felipe Almenar, a la trabajadora de Orange Market Mercedes Orts y a Rocío Perea Fernández. 

   Según han informado fuentes del TSJCV, el juez ha citado a declarar a Páez, también exgerente del PP nacional, el 30 de mayo por la pieza segunda, que se ocupa del supuesto delito electoral, mientras que los otros tres nuevos imputados no tienen aún citación para declarar.

   Esa es una de las citaciones incluidas en el nuevo calendario de declaraciones de imputados dado a conocer por el TSJCV este miércoles, que recoge entre otras la del exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, que deberá comparecer el 25 de mayo; la del exvicepresidente del Consell Vicente Rambla, que lo hará el día 29 del mismo mes; la del extesorero del PP, Luis Bárcenas, citado el 22 de mayo; y la de los supuestos 'cabecillas' de la trama Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Francisco Correa, que acudirán entre el 14 y el 15 de mayo.

El plan de España para costear los rescates de entidades encalla en Bruselas

MADRID.- El plan de España para costear los rescates de entidades intervenidas por el Estado ha encallado en Bruselas, lo que ha paralizado las subastas pendientes, según informaron fuentes conocedoras del proceso. 

   La Comisión Europea ve las propuestas planteadas por el Gobierno español para engordar el fondo que sufraga entidades quebradas como una ayuda de Estado encubierta con impacto sobre el déficit, hipótesis que el Ejecutivo quiere evitar a toda costa.

   El Gobierno español aborda desde hace meses con el Ejecutivo comunitario diversas fórmulas para dotar de recursos al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ante la negativa de las entidades de incrementar sus aportaciones al FGD.

   El Ministerio de Economía ha planteado a Bruselas diversas vías para que el organismo dependiente del Banco de España realice un préstamo público al FGD para que las entidades lo devuelvan posteriormente a un tipo de interés de mercado.

   En este sentido, ha propuesto que el FGD realice una emisión de deuda que sea suscrita inmediatamente por el FROB a cambio de un cupón, pero la Comisión Europea considera que se trata de una ayuda de Estado encubierta con efecto sobre las cuentas públicas.

   El departamento que lidera Luis de Guindos también ha propuesto la opción contraria: que el FROB, cuya capacidad de endeudamiento se eleva a 90.000 millones de euros, emita deuda para su suscripción por parte del fondo de garantía, opción que también ha encontrado el rechazo europeo.

   El uso de los recursos del FROB no computa como déficit público en caso de que el organismo los recupere con los intereses correspondientes, pero sí en caso contrario, lo que podría amenazar el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal marcados por la UE. Las colocaciones de deuda del FROB engordan la deuda del Estado y no el déficit.

   En la actualidad, el FROB cuenta con fondos disponibles de 22.495 millones de euros entre capital (9.000 millones), dinero captado a través de emisiones de deuda (10.945 millones) y una linea de crédito sindicada (3.000 millones), mientras que ha comprometido recursos por 20.000 millones.

   Las recientes ayudas concedidas por el FROB a Unicaja para su fusión con Caja Duero España por 475 millones de euros, ampliables a 1.500 millones, han provocado que en el sector financiero prendiera la idea de que la absorción de entidades débiles puede conllevar respaldo público y refuerza su rechazo a ampliar las aportaciones al FGD.

   El Gobierno había sugerido a las entidades financieras la necesidad de que afrontaran una derrama o el incremento de sus aportaciones efectivas al fondo para culminar la reestructuración del sistema financiero, lo que soliviantó a las entidades de mayor tamaño, especialmente a Santander y Caixabank.

   El FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque la ley contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias, así como que se establezca un adelanto de las cuotas anuales al FGD.

   El portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, reclamó recientemente al Gobierno que aclare de dónde saldrán los recursos para costear los rescates de entidades intervenidas, del FGD o del FROB, y recordó que éste último instrumento se creó con el objetivo de impulsar la reestructuración financiera.

   El objetivo fundacional del FGD es garantizar los ahorros de los depositantes, pero el anterior Gobierno socialista amplió su función para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reestructuración financiera española en aras de reducir su capacidad y aumentar su solvencia.

   El FGD cuenta en la actualidad con menos de 2.000 millones de euros, y en el sector financiero da por descontado que se agotarán con la adjudicación del Banco de Valencia. También quedan pendientes los procesos de Catalunya Caixa y Novacaixagalicia en caso de que no encuentren inversores privados para cubrir las necesidades de capital que provocaron la entrada de fondos estatales en su accionariado.

   La subasta de la filial de Bancaja, intervenida el pasado mes de julio por sus graves problemas de solvencia tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) de aportarle capital, arrancará mucho después de lo esperado por el sector financiero, que contaba con recibir el cuaderno de venta hace un mes.

Compromís insta al Banco de España a usar el Fondo de Garantía en favor de los impositores de la CAM

ALICANTE.- La diputada de Compromís Mireia Mollà ha reclamado este martes que el Banco de España utilice el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para "solucionar el drama de las miles de personas que invirtieron sus ahorros en las cuotas participativas" de Caja Mediterráneo (CAM), ha informado en un comunicado la formación política.

A juicio de Mollà, los impositores de la entidad alicantina fueron "engañados en buena parte de los casos, y ahora han perdido su dinero".

Mollà ha realizado estas declaraciones después de que CAM confirmara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que amortizará las cuotas participativas durante el primer semestre de 2012, por lo que desde Compromís han resaltado que "se prevé que los más de 54.000 inversores" de la caja "perderán su dinero antes de llegar al próximo mes de julio".

Así, la diputada autonómica ha manifestado que es "inadmisible que el Fondo de Garantía haya inyectado 5.249 millones de euros a la caja de ahorros alicantina para sanearla y, por otro lado, deje colgados a las miles de personas que tienen su dinero atrapado en estos productos tóxicos, y que ahora reciben la noticia de que perderán su inversión".

"Estos inversores no son clientes de segunda, y tienen todo el derecho a exigir que el Fondo de Garantía solucione este drama que están viviendo", ha apuntado Mollà, quien ha añadido que, "en la mayoría de los casos", se trata "de gente mayor que no fue informada de los productos que estaban comprando y, por lo tanto, desconocía los riesgos de la inversión, por lo que podemos concluir que han sido víctimas de una estafa".

La diputada de Compromís ha señalado que "la CAM jugó a ser un banco con la confianza de sus clientes, y cambió su objetivo social por el especulativo con el visto bueno de los órganos de control".