MADRID.- El secretario de Estado de Medio Ambiente,
Federico Ramos, ha anunciado una "profunda revisión" en el sistema de
evaluación ambiental para corregir "solapamientos, incoherencias y
trabas administrativas", como parte de una nueva política que cumplirá
unos objetivos de conservación "exigentes", pero que "no será un lastre"
para las nuevas actividades que creen empleo y riqueza.
"Las políticas medioambientales no pueden ser ajenas a la reforma
que está emprendiendo el Gobierno pero creemos que puede haber una
sinergia con otras medidas. A estos efectos vamos a revisar toda la
normativa medioambiental en materia de aguas, costas, evaluación
ambiental y medio natural", ha agregado.
Así lo ha adelantado Ramos durante su comparecencia ante la
comisión parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en
la que ha detallado la líneas generales que determinarán su actividad
al frente de esta secretaria de Estado.
"Promovemos certeza y confianza frente a incertidumbre e
inseguridad", ha defendido Ramos, quien ha subrayado que un marco
normativo "claro y seguro" favorecerá que la sociedad avance hacia
prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Con ello, ha avisado de
que el "desorden jurídico" existente en la actualidad puede ser "igual
de devastador y generador de ineficiencias y desigualdades" que la
ausencia de recursos económicos.
En este sentido, ha destacado que el futuro modelo normativo
proporcionará seguridad jurídica a los agentes económicos, especialmente
a las empresas, para que puedan programar sus inversiones y, más
concretamente, a las que tienen objetivos de reducción de la
contaminación y de gestión de residuos.
Además, ha detallado que, respecto a las distintas actuaciones en
el ámbito de la calidad, la evaluación ambiental y el medio natural,
éstas se trabajarán "estrechamente" con las comunidades autónomas, para
establecer procedimientos homogéneos.
Por otro lado, ha garantizado el compromiso de cumplir el
Protocolo de Kioto, a pesar de la "lamentable" situación de partida que a
su juicio arrastra el país por la anterior gestión medioamebiental y
lejos de cumplir el protocolo, a pesar de que se vaya a comenzar el
segundo.
"Nuestras emisiones se han reducido pero por efectos de la crisis,
que no es para sentirse muy orgulloso. En 2011 subieron por efecto del
decreto del carbón que tuvo un coste muy importante y no sólo en
millones de euros sino en emisiones", ha agregado.
Con ello ha recordado que las estimaciones actuales apuntan a que
para cumplir el primer periodo de Kioto se necesitarán 194 millones de
toneladas, es decir, "faltan entre 500 y mil millones de euros" para
cumplir con las obligaciones a las que España se había comprometido.
Para ello, ha señalado que el ministerio ultima una nueva
estrategia de compra de unidades de carbono, que permitirá cumplir con
los compromisos adquiridos y que los retornos a las empresas españolas
sean "reales", es decir, que se concreten en proyectos ante los "pobres
resultados" de la anterior legislatura.
Asimismo ha planteado la necesidad de establecer la plataforma de
Durban para la adopción antes de 2015 de un nuevo instrumento legalmente
aplicable a todos los países a partir de 2020, así como la puesta en
marcha del Fondo Verde para el Clima y la continuación de Kioto, a
través de un segundo periodo de compromiso.
En relación a la política de Costas, Ramos ha abogado por lograr
una mejora de la regulación y de la actuación administrativa sobre el
dominio público marítimo-terrestre y por emprender acciones que
refuercen la garantía de derechos.
Para ello, ha dicho que se aumentará la transparencia y la
seguridad jurídica de la política de costas mediante acciones como la
publicación de la línea de deslinde en la web además de que la
secretaría de Estado elaborará un inventario de ocupaciones en la costa
española.
Ramos ha subrayado así que la futura Ley, en la que trabaja el
ministerio, hará posible que la protección del litoral sea compatible
con la creación de empleo y con la conservación de los recursos
naturales. También, ha adelantado que la secretaría de Estado ultima un
código de buenas prácticas para los titulares de concesiones en las
playas, que serán también los "principales aliados" en la protección,
conservación y desarrollo sostenible de estos espacios.
Entre otros ejes de actuación y en relación a la biodiversidad
marina, Federico Ramos ha indicado que se consolidará la Red Natura 2000
y que se propondrán nuevos Lugares de Importancia Comunitaria y se
declararán zonas de Especial Protección para Aves marinas.
Igualmente, ha apostado por la simplificación normativa en materia
de medio natural para evitar el solapamiento sobre un mismo espacio de
distintas figuras de protección, cada una con su propio régimen de
ordenación. Esta simplificación, según ha puntualizado, no supondrá "en
ningún caso" una merma en la protección medioambiental.
Sobre la revisión del Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire,
como otra de sus prioridades, Ramos ha indicado que van a incluirse
medidas "realistas y eficientes", así como el desarrollo de una
estrategia que permita cumplir con los objetivos europeos de prevención y
reciclado de residuos.
En materia de aguas, el secretario de Estado ha propuesto una
política "seria, realista y proyectada a largo y medio plazo" porque, en
su opinión, es lo que garantiza la sostenibilidad de un recurso "tan
escaso como necesario".
De hecho, ha recordado el "desorden de la etapa socialista" en la
planificación, así como el retraso en el cumplimiento de la directiva
marco de agua, que a su juicio ha provocado que España haya perdido
crédito frente a la UE y que se hayan puesto en riesgo la ejecución de
nuevas obras con fondos europeos.
Así, ha puntualizado que con el decreto ley de medidas urgentes en
medida de medio ambiente, que se aprobará este jueves en el Congreso,
el Gobierno pretende resolver el desorden con distintas actuaciones en
materia de agua y que, según ha avanzado, se completarán con una reforma
de la Ley de Agua.
Respecto a las acciones previstas con las desaladoras, Ramos ha
indicado que por el coste de su producción es "difícil" emplearlas de
forma masiva en la agricultura, aunque sí puede ser útil para el
suministro urbano y turístico.
Para hacer sostenible esta red el ministerio trabaja en la
incorporación de volúmenes de agua desalada para consumo urbano, por lo
que se han planificado obras necesarias para poner en producción las
plantas y ligarlas al consumo urbano.
