viernes, 19 de octubre de 2012

Castedo niega que se amañara el PGOU para beneficiar a Ortiz


VALENCIA.- La alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho en el conocido como 'caso Brugal', ha negado que se amañara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para beneficiar al promotor Enrique Ortiz --"amigo" suyo--, y ha mantenido que los viajes realizados a Andorra en 2008 y 2009, y el efectuado a Ibiza en el yate del empresario, se los pagó ella misma con su dinero.

   Castedo se ha pronunciado de esta manera en el tribunal valenciano, durante su declaración ante el juez Juan Climent, encargado de instruir este procedimiento. El interrogatorio se ha prolongado durante algo más de siete horas, en las que solo ha intervenido el ministerio fiscal. Ante tanta prolongación, el magistrado ha suspendido la sesión hasta el lunes, a las 10.00 horas, día en que Fiscalía seguirá con las preguntas. Luego le llegará el turno al resto de acusaciones.
   La mayor parte del interrogatorio de este viernes se ha centrado en los presuntos regalos y viajes efectuados por la alcaldesa con Enrique Ortiz. Al respecto, la primera edil ha negado que el promotor --a quien ha asegurado que le une una amistad de muchos años-- le hiciera ningún tipo de regalo.
   Asimismo, respecto a los viajes efectuados a Andorra en las navidades de 2008 y 2009, ha aseverado que tanto los gastos de coche como de hotel los pagó ella misma en efectivo. Frente a esta versión, el abogado de la acusación popular, José Luis Moreno, ha afirmado que ella había mantenido que los pagó con el dinero de la lotería de Les Fogueres y de su madre, algo que tanto Castedo como otras fuentes han desmentido rotundamente.
   En cuanto al viaje que hizo a Ibiza en el yate de Ortiz, ha defendido que los gastos se pagaron "a escote", y al respecto ha presentado al procedimiento algunas facturas para justificarse, han indicado fuentes conocedoras del procedimiento.
   Preguntada por el supuesto Mini Cooper que Ortiz regaló a la asistenta de Castedo, Julia Castelló, la primera edil ha afirmado que ella no intervino en esta operación, por lo que se ha desvinculado completamente del asunto.
   Otra parte del interrogatorio --alrededor de dos horas-- se ha centrado en el PGOU. Sobre el mismo, Castedo ha mantenido en todo momento que el plan no se amañó para beneficiar al promotor, y ha defendido que las modificaciones efectuadas en algunos casos se hicieron a petición de Fomento o porque había errores puntuales.
   Así, se le ha puesto una conversación en la que le comunicaba al empresario que le había "apañado" el problema detectado entre el APA-9 y Lomas de Garbinet, y al respecto ha dicho lo que ya señaló en alguna ocasión: que los cambios introducidos por el equipo redactor del Plan se hicieron en cumplimiento de un informe del Ministerio de Fomento para reformar el enlace ' Alicante Norte'.
   Castedo ha atendido tras su declaración a los medios que le esperaban a las puertas del tribunal valenciano, a los que ha señalado que estaba "cansada" porque han sido "muchas horas" de interrogatorio. También ha asegurado que no tenía que justificarse "absolutamente de nada" por su relación con Ortiz.
   La primera edil, quien ha aseverado que no piensa dimitir de su cargo por este caso y ha reivindicado su derecho a defenderse, ha indicado que el interrogatorio, que continuará el lunes, está siendo "muy lento" porque está contestando "absolutamente a todo" y se están reproduciendo conversaciones que, muchas de ellas, "no están cortadas y duran unos 10 o 15 minutos", ha comentado.
   Castedo también ha aseverado que lleva "mucho tiempo" esperando a poder hablar, a poder defenderse, y ha añadido que sale "con muy buena sensación" porque se ha podido "explicar". "Cuando llevas tanto tiempo queriendo dar un por qué... llega un momento en el que dices por fin puedo hacerlo y puedo ser yo la que de las explicaciones".
La alcaldesa de Alicante ha llegado a declarar sobre las 8.40 horas, aproximadamente una hora y veinte antes de su citación, que había sido fijada a las 10.00 horas.
La primera edil alicantina y también diputada autonómica, ha llegado a la sede judicial acompañada por dos personas.

La Generalitat suprime 46 entes del sector público empresarial y fundacional y reduce la plantilla en un 40%

VALENCIA.- La nueva estructura del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat valenciana estará integrada por seis áreas funcionales en las que se integrarán 25 entes, a los que hay que añadir cinco sociedades con participación minoritaria. De esta manera, el Gobierno valenciano reduce 46 entes públicos desde el inicio de esta legislatura, al pasar de 76 a 25, y recorta su plantilla en un 40 por ciento. 

   Así lo ha anunciado tras el pleno del Consell que ha dado luz verde al decreto de reestructuración del sector público valenciano el   conseller de Economía, Máximo Buch, que ha detallado que estos cambios supondrán una reducción de plantilla de alrededor del 40% sobre un total 7.555 empleados, unas 3.000 personas.  
   Con estas medidas, el Ejecutivo autonómico prevé ahorrar hasta 315 millones, 100 de ellos por la reducción de personal, otros 200 por optimización de la gestión y 15 más por "sinergias".

UPyD afirma que "es obvio que en 10 minutos no podía quedar resuelta la imputación de Sonia Castedo"

ALICANTE.- El concejal y portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Llopis, ha afirmado que "es obvio que en 10 minutos no podía quedar resuelta la imputación de Sonia Castedo" como la propia alcaldesa de Alicante había asegurado recientemente, según ha informado en un comunicado la citada formación política.

   El edil se ha referido a la declaración de Castedo este viernes como imputada en el caso 'Brugal', que se ha prolongado toda la mañana y continúa esta tarde, para señalar que, "desgraciadamente, parece que este proceso se va a dilatar un poco más en el tiempo".
   Llopis además ha mostrado su confianza en que el proceso se "resuelva con justicia, en un sentido o en otro, pero que se resuelva en breve", según las mismas fuentes.
   Así mismo, ha insistido en que la primera edil "debería haber dejado la alcaldía mientas dura todo este proceso", y ha destacado que la ciudad de Alicante "ahora mismo está huérfana de un liderazgo que defina acciones concretas a realizar, situación que se agrava con la situación de la alcaldesa en su visita al juzgado".
   "Es una situación que lamentablemente se está repitiendo en demasiadas ocasiones y que, al final, perjudica notablemente a las ciudades donde se hallan imputadas personas que ocupan puestos de relevancia", ha opinado.
   Llopis también ha insistido en que debería "haber un acuerdo de los partidos para impedir que los imputados por delitos de terrorismo o contra la Administración pública no pudieran formar parte de cualquier lista electoral o ejercer su cargo público".

El PPCV dice que hay que respetar el calendario judicial sobre la declaración de Castedo en el TSJCV

ALICANTE.- El vicesecretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), César Sánchez, ha subrayado sobre la declaración de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por su imputación en el caso Brugal, que "lo que hay que hacer en estos momentos es respetar lo que son los pasos y el calendario judicial".

   Sánchez ha realizado estas declaraciones a los periodistas al ser preguntado sobre si en la formación política están preocupados por la situación de la capital alicantina por la comparecencia en el TSJCV de Castedo.
   El dirigente del PPCV ha afirmado que "es un momento complejo, difícil", si bien ha resaltado que desde el PPCV siempre han "dejado claro que la presunción de inocencia es esencial".
   "La alcaldesa siempre dijo que estaba esperando este momento para poder defenderse y lo que hay que hacer es respetar lo que son los pasos y el calendario judicial", ha apuntado.

Este sábado alerta nivel rojo en el norte de Castellón y naranja en el resto de la Comunitat Valenciana

VALENCIA.-   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este sábado la alerta nivel rojo en el norte de Castellón, ante la posibilidad de precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en una hora, y de nivel naranja en el resto de la Comunitat, donde se prevén registros de 40 litros por metro cuadrado.

   El Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) aconseja en una situación de lluvias intensas alejarse de los márgenes de ríos y barrancos, no cruzar lugares inundados y evitar puentes no resistentes o dañados.
   La Aemet prevé para la jornada cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, ocasionalmente fuertes o muy fuertes y acompañadas de tormenta. Las temperaturas irán en descenso ligero a moderado y los vientos serán de componente este de flojos a moderados y de componente oeste a partir de la tarde en Alicante.

jueves, 18 de octubre de 2012

Ximo Puig opina que el PP "tendría que indicar el camino" a Castedo para "alejarse de lo público"

ELCHE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha manifestado que, en política, cuando alguien tiene un "comportamiento incorrecto" en la gestión de los servicios públicos o del dinero de los ciudadanos, tiene que "alejarse de lo público", y ha apuntado que si la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, imputada por el 'caso Brugal', "no es capaz de tomar" esa decisión, "el PP le tendría que haber indicado cuál es el camino".

   Puig ha realizado estas declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa en Elche, al ser preguntado sobre la citación de la primera edil y diputada autonómica para declarar este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en calidad de imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho en la pieza separada del 'caso Brugal' que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina.
   Así, el líder de los socialistas valencianos ha señalado que existen dos tipos de responsabilidades, las jurídicas y las políticas. "Las jurídicas las debe derivar el juzgado y, por tanto, no voy a entrar. Lo que sí que es verdad es que en la Comunitat, el presidente Alberto Fabra piensa que le tienen que hacer el trabajo los jueces, y hay cosas que no tienen que hacer los jueces, tiene que hacerlo la política", ha apuntado.
   "La política tiene que decidir que cuando una persona tenga un comportamiento incorrecto en la gestión de los servicios públicos, en la gestión del dinero de los ciudadanos, ésta tiene que, en consecuencia, tomar una decisión y alejarse de lo público. Es una cuestión elemental", ha considerado Puig.
   En este sentido, ha subrayado que en la región valenciana "hace mucho tiempo que se hubieran tenido que tomar las medidas oportunas", y ha incidido en que "si Castedo no es capaz de tomar esa decisión por sí misma, el PP le tendría que haber indicado cuál es el camino".
   Además, el dirigente del PSPV ha recalcado que "en cualquier país de Europa", una situación como la que ha pasado "en el conjunto" de la Comunitat y en Alicante "hubiera tenido una respuesta de carácter político".
 "Si aquí hubiera un liderazgo adecuado del presidente de la Generalitat y del PP --en alusión a Fabra--, se habrían tomado las decisiones oportunas, pero cuando tienes 10 imputados en las Corts Valencianes, entiendo que es complicado", ha enfatizado el socialista.
   "Lo que no puede ser es que, finalmente, esa mala imagen que permanentemente se transmite de la Comunitat se socialice y acabe afectándonos a todos, y de hecho nos está afectando en estos momentos. Una mala imagen de la Comunitat que está propiciada por esta actuación sistémica en la corrupción que ha tenido el PP", ha sentenciado.

Cerca de un millar de personas se manifiestan en defensa de una escuela "pública y de calidad"

ALICANTE.- Cerca de un millar de personas procedentes de varias localidades de la provincia de Alicante se han manifestado en la tarde de este jueves por varias calles del centro de la capital alicantina en defensa de una escuela "pública y de calidad", al tiempo que han solicitado a los gobiernos nacional y autonómico una "mayor inversión" en Educación y la retirada de los recortes que "afectan" a los servicios públicos.

   La movilización, convocada por el Sindicato de Estudiantes y por varios colectivos de alumnos y asociaciones de padres y madres, ha comenzado poco después de las 19.00 horas en las escaleras del Instituto Jorge Juan, ha descendido hacia la plaza de los Luceros para continuar a lo largo de la avenida de Alfonso el Sabio, y por la Rambla Méndez Núñez ha desembocado en la intersección con el paseo de la Explanada de España.
   A la protesta han asistido cerca de 1.300 personas según los responsables y unas 800 en función de los datos aportados por fuentes policiales. Entre los manifestantes ha podido observarse a gran cantidad de alumnos de los niveles de Primaria y Secundaria, así como a padres y madres de los mismos, si bien también han acudido representantes de profesorado, entre ellos de personal interino.
   La cabecera de la marcha ha estado presidida por dos pancartas iguales en las que se podía leer 'No soy un gasto, soy una inversión. ¡¡Escuela pública y de calidad!!', firmada por la Federación Local de Asociaciones de Padres y Madres Paco Molla, por la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante (FAPA) Gabriel Miró y por la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Covapa).
   Igualmente, a lo largo de la manifestación los asistentes han lucido lemas que decían 'Dinero público para la escuela pública'; 'Dónde está el dinero de nuestros hijos'; No a los recortes en los servicios públicos'; o 'Más educación, menos corrupción', del mismo modo que han lanzado cánticos como "el hijo del obrero a la Universidad" y otros en favor de la celebración de una huelga general.
   Al final del recorrido, un representante del Sindicato de Estudiantes ha resaltado en un discurso que este tipo de protestas sirven para "demostrar que hay fuerza", y ha calificado las medidas implantadas en el sector educativo como de "un ataque brutal que quiere devolver la Educación al Franquismo".
   Además, ha incidido en que los alumnos están abocados a acudir al mercado laboral "con una mano delante y otra detrás", al tiempo que ha acusado al Gobierno de estar "criminalizando a estudiantes, profesores y padres".
 "Los empresarios y el Ejecutivo tienen miedo", ha subrayado.
   Por último, ha abogado por emprender medidas más amplias que una huelga general, y ha propuesto realizar paros de 48 horas. "Hace falta ir más lejos", ha enfatizado, tras lo que ha considerado que un posible nuevo rescate para España representaría "más dinero para los bancos" y para el sector privado.
   Tras esta intervención, una portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante ha leído un manifiesto en el que el colectivo ha exigido el "cese fulminante" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, la designación de un nuevo equipo ministerial, la retirada de la reforma educativa y de los recortes que afectan a los servicios públicos, y el establecimiento de un diálogo que permita el consenso en materia de Educación.
   "Hasta aquí hemos llegado", ha asegurado el colectivo en el escrito, tras lo que ha afirmado que el presente curso escolar "ha superado con creces los peores pronósticos", y ha recalcado que "muchos niños pasan hambre en los centros" y que las medidas del Gobierno han derivado en "abandono escolar".
   Por último, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic de la comarca alicantina de la Marina Baja ha repartido un documento en el que ha subrayado que los "gobernantes apelarán a la mayoría silenciosa para legitimar su actuación e implementarán su política de recortes, que permite desviar el dinero de los que pagan impuestos, que debería servir para el bienestar social del conjunto de la ciudadanía, hacia el mantenimiento de los beneficios de la especulación financiera y de la corrupción política".

miércoles, 17 de octubre de 2012

FERRMED lamenta que Fomento invierta en zonas con una rentabilidad "escasa" en lugar del Corredor Mediterráneo

VALENCIA.- El grupo de trabajo técnico de Ferrmed ha lamentado este miércoles que el Ministerio de Fomento continúa invirtiendo en zonas de una rentabilidad "dudosa", en lugar de "concentrar los esfuerzos en las zonas que pueden reactivar la economía", como el Corredor Mediterráneo, que representan el 42 por ciento del población y del PIB.  

   Así, lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, junto al miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat, Francisco García Calvo y Angel Martínez, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, para analizar las cuentas del próximo ejercicio y el Plan de Infraestructuras, Transportes e Infraestructuras (PITVI 2012-2014).
   Las conclusiones de este estudio, que serán remitidas hoy mismo por correo a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en las que se echa en falta "más esfuerzo" para las Mercancías y Cercanías así como ceñir la alta velocidad al Corredor Mediterráneo y el Atlántico.
   Además, ha criticado que el tercer carril sólo cuenta con una asignación de 270 millones, por lo que ha exigido que se acelere su instalación para que se puedan cumplir los plazos de llegada a valencia en 2015 ya que en caso contrario se "producirá un cuello de botella" en la calle serrería al tener que pasar las Cercanías, el Euromed, y la Alta velocidad por ahí.  
   Amorós ha señalado que aunque desconocen el detalle de estos documentos a partir de la nota de prensa y de los mapas facilitados por el ministerio constatan que "una vez más se sigue invirtiendo en zonas con escasa rentabilidad" cuando "en una situación tan crítica como la que atraviesa España hay que concentrar las inversiones en zonas donde se pueda reactivar la economía".
  "Nadie está en contra de la cohesión territorial pero hay que apuntalar la economía productiva" porque, ha recalcado Amorós, "el café para todos es imposible ahora, no nos los podemos permitir y además está sensación cala en Europa, lo que no nos da ningún prestigio".
  En ese sentido, ha considerado "fuera de lugar" que a Galicia llegue tres AVEs, desde Zamora, León y Asturias, o que incluso se proyecte una conexión entre Asturias y Extremadura cuando del conjunto de inversiones prevista en el PITVI de Alta Velocidad al corredor mediterráneo sólo representan un 18,7 por ciento "muy lejos" del 42 por ciento que las provincias costeras suponen en población y en PIB.  
  Por todo ello, ha apuntado que la sensación es que "los políticos programas sólo a corto o medio plazo en lugar de a largo plazo"  y además al no presupuestar generan desconfianza entre el empresariado para poder realizar sus inversiones. Además, ha exigido que los mapas con las infraestructuras sean "un poco más explícitos" y en ese sentido ha lamentado que han incluido algunas de las líneas que reclamaban pero "sin presupuesto".
  Respecto al Presupuesto del próximo ejercicio, critican que las actuaciones para el Corredor Mediterráneo representan sólo el 29,4 por ciento de las actuaciones presupuestadas para 2013 a pesar de que el peso socioeconómico de esta infraestructura es del 42 por ciento y además "no se tiene en cuenta el retraso endémico de 20 años" en esta infraestructura. Además, ha rebatido "el desequilibrio importante" que se da entre "la preponderancia que se da a la alta velocidad" frente a las cercanías y las mercancías que "siguen siendo el pariente pobre".
  Frente a ello, proponen que en las próximas cuentas se concentren los esfuerzos del AVE en el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, acelerar la instalación del tercer carril para que se cumplan las fechas de llegada a Valencia en 2015 y Alicante y Cartagena en 2016, así como actuar urgentemente en la red de cercanías de Barcelona, Valencia, Murcia y Málaga.
  Del mismo modo, pide que en el PITVI se asigne "claramente" las partidas presupuestarias y un calendario de ejecución, se reequilibrio los presupuestos en función del peso socioeconómico, se concentren las inversiones en los dos grandes ejes transeuropeos, se detalle los planes de circunvalaciones y cercanías, o se considere la línea Lorca-Baza-Granada dentro del Corredor Mediterráneo, entre otras.

Cajamar y Ruralcaja culminan la fusión

ALMERÍA.- Los presidentes de Ruralcaja, Eduardo Ferrer Perales, y de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, han suscrito la escritura de fusión de ambas entidades, lo que da conclusión al proceso legal aprobado en enero por las asambleas generales y supone el paso previo para que la fusión tenga efectos a mediados de noviembre tras la inscripción en el registro. 

   Según ha informado Cajamar en un comunicado, a partir de ese momento iniciará su andadura la nueva entidad resultante del proceso de fusión, y un mes más tarde, en la segunda quincena de diciembre, quedará asimismo constituido el nuevo Grupo Cajas Rurales Unidas al que ya han aprobado su integración otras 23 cajas rurales españolas.
   La operación se ha demorado cinco meses sobre el calendario inicialmente previsto para adaptar el proceso de fusión a las exigencias y condicionantes establecidos como consecuencia de la posterior entrada en vigor en febrero y mayo de los reales decretos-leyes sobre saneamiento del sector financiero, en julio del memorando de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera y en agosto del real decreto-ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
   El presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, ha manifestado que la fusión de Cajamar y de Ruralcaja es la iniciativa "de mayor calado y significación" de las llevadas a cabo hasta ahora en el sector de las cooperativas de crédito, puesto que supone la unión de la "primera y la segunda" cajas rurales españolas, y a su vez propicia la unión de los dos grupos financieros cooperativos de mayor tamaño y volumen.
   La operación, según ha añadido, contribuirá a fortalecer el sector cooperativo de crédito en España "impulsando entidades más eficientes y competitivas, que contribuirán a garantizar el futuro de nuestro modelo, basado en la proximidad, la calidad del servicio y el apoyo a los sectores productivos locales".
   Por su parte, el presidente de Ruralcaja, Eduardo Ferrer, ha señalado que el proceso supone participar en una operación de "gran relevancia para crear una entidad capaz de hacer frente a las cambiantes exigencias y condicionantes regulatorias para el sector financiero y cumplirlas con eficacia".
   Asimismo ha destacado que se trata de una operación que "garantiza la continuidad de nuestro legado histórico de cooperativa de crédito valenciana" en una entidad de nueva creación, de ámbito nacional, "que seguirá atendiendo y dando respuesta a nuestros socios y clientes".
   Ruralcaja, constituida en 1946 como Cooperativa de Crédito Caja Rural Provincial de Valencia, aporta 433 oficinas, 1.861 empleados, 222.000 socios y 830.000 clientes, 14.655 millones de euros de negocio gestionado y activos por importe de 9.185 millones. Se trata de la tercera caja rural valenciana, después de Caja Campo y de Caja Rural Castellón, que se fusiona con Cajamar Caja Rural.
   Por su parte, Cajamar Caja Rural, a 30 de junio, cuenta con 964 oficinas y 4.521 empleados, más de 837.000 socios y 2,5 millones de clientes, 55.771 millones de euros de negocio gestionado y activos por importe de 32.999 millones. Es la primera cooperativa de crédito española, con un coeficiente de solvencia del 14,41 % y un ratio de capital principal del 14,10 % muy por encima de lo exigido en el real decreto de medidas de reforzamiento del sistema financiero español.
   Desde hace años, tanto Cajamar Caja Rural como Ruralcaja han venido planteando la necesidad de constituir cajas rurales con más tamaño para fortalecer y hacer más eficiente y competitivo el sector de las cooperativas de crédito españolas. A sus proyectos, ya de ámbito nacional, se han unido en los últimos años otras cajas rurales de Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana.      
   Desde el lunes, las 588 oficinas pertenecientes a Ruralcaja, las catorce entidades del Grupo CRM y Caja Rural Castellón comparten la plataforma tecnológica de Cajamar. En las últimas semanas más de 1,1 millones de clientes han sido informados de todos los detalles relativos a este proceso de integración de los sistemas informáticos, que a partir de ahora les da acceso a más de 1.600 oficinas y 1.650 cajeros en todo el territorio nacional.
   Para facilitar la implantación de este cambio tecnológico, Cajamar y Ruralcaja han enviado a 120 personas a reforzar durante dos semanas todas las sucursales del Grupo CRM y de Caja Rural Castellón. Asimismo, se ha reforzado el centro de atención telefónica a clientes con el fin de que, también a través de este canal, se pueda solucionar cualquier duda. De esta manera se trata de facilitar la adaptación de empleados y clientes al nuevo sistema tecnológico.
   En los próximos meses se incorporarán también a esta misma plataforma tecnológica Caixa Rural de Vila-real y Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó y Caja Rural de Canarias.

El TC no admite el recurso que pide anular la condena a muerte de Miguel Hernández

ALICANTE.- El Tribunal Constitucional no ha admitido el recurso de amparo presentado por la familia de Miguel Hernández que solicita la revisión y nulidad de la sentencia por la que el poeta fue condenado a muerte el 18 de enero de 1940, según ha afirmado hoy el abogado de la familia, Carlos Candela.

Por su parte, fuentes de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica han explicado que el Constitucional no ha admitido a trámite el citado recurso en el que se pedía "la inconstitucionalidad" de una resolución del Tribunal Supremo (TS) que no admitió la demanda de revisión de la sentencia que condenó a muerte al poeta.
En febrero de 2011, el pleno de la Sala de lo Militar del Supremo acordó que no podía declarar la nulidad de esa sentencia porque, sin perjuicio de que pudiera ser nula por efecto de la Ley de Memoria Histórica, ésta carece de toda vigencia jurídica.
Según el Supremo, la Ley de Memoria Histórica no prevé una declaración individualizada de nulidad de las resoluciones a las que se refiere, -"sin que corresponda a esta Sala enjuiciar esta decisión del legislador", precisaba ese tribunal-, sino que efectúa un pronunciamiento general del carácter injusto de todas las condenas producidas por motivos políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Al no admitir esa demanda, la familia de Miguel Hernández presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según el letrado Candela.
Sin embargo, el Constitucional, en un auto del 26 de septiembre, no ha admitido dicho recurso al entender, según el abogado de la familia, que no existe infracción de derechos fundamentales en la decisión del Supremo.
Fuentes de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica han afirmado en un comunicado que, "con una inmotivada resolución, el Tribunal Constitucional impide el examen del recurso de amparo interpuesto por la familia de Miguel Hernández".
Esta comisión, de acuerdo con los familiares del poeta, está estudiando los procedimientos que permitan que otras instancias supranacionales "contribuyan a la restitución y reparación del recuerdo y la memoria de Miguel Hernández como luchador en defensa del la legalidad republicana, sin ninguna acción o actividad reprobable".
A este respecto, el abogado Candela ha señalado que estudian presentar un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo o ante el organismo competente de la ONU.
El poeta fue condenado por delito de adhesión a la rebelión previsto en el artículo 238.2 del Código de Justicia Militar del año 1890 a la pena de muerte en una sentencia dictada por el Tribunal de Prensa de Madrid en el procedimiento Sumarísimo de urgencia 21.001, que posteriormente fue conmutada por una pena de 30 años de prisión, que no llegó a cumplir, ya que murió en la cárcel en 1942.
Los familiares de Hernández y la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante pidieron en julio de 2010 la revisión y anulación de la sentencia de pena de muerte dictada contra el poeta al considerar insuficiente la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal del literato que el Gobierno les había entregado en marzo de 2010.

Sabadell-CAM sube a los clientes las comisiones de sus cuentas

ALICANTE.- El Banco CAM, integrado en el grupo Sabadell desde hace unos meses tras un proceso de subasta, está a punto de encarecer sus servicios bancarios, especialmente a través de la subida de las comisiones por las cuentas.

Según ha informado la entidad a sus clientes a través de una carta firmada por Miguel Montes, director general, y recogida por
HelpMyCash la entidad subirá a partir del 10 de diciembre de 2012, las comisiones de sus cuentas y las cuotas de sus tarjetas.

En concreto, la comisión de administración pasa de 0,20 euros a 0,50 euros el apunte. La comisión de mantenimiento asciende hasta 12,50 euros al trimestre frente a los 8,75 euros anteriores, aunque los que tengan domiciliada la nómina quedan exentos de esta comisión. La comisión por hacer descubierto, es decir, tener la cuenta en números rojos, pasa de un mínimo de 12 euros a 15 euros.


Por el lado de las tarjetas, la cuota anual de la tarjeta CAM Plus pasa a 15 euros anuales, cuando antes era gratuita.

lunes, 15 de octubre de 2012

El sector agroalimentario español mantiene su fortaleza en el exterior

MADRID.- El sector agroalimentario español goza de una gran fortaleza en el exterior con un crecimiento interanual del 8,57% en el mes de junio. Con una cifra anual acumulada de 32.505 millones de euros es, sin duda, es uno de los motores de la exportación, pudiéndose afirmar que el consumo de alimentos y bebidas españoles en el mundo va en aumento.

Los productos hortofrutícolas encabezan el ranking, habiendo alcanzado los 12.453 millones de euros en junio, casi un 4% más que en el mismo periodo anual precedente. Por productos, destacan las hortalizas y legumbres con 3.723 millones de euros, las frutas frescas con 2.629 millones de euros y los cítricos -no incluidos en el epígrafe anterior- con 2.609 millones.

En segundo lugar, son los productos cárnicos los que mayor presencia tienen en el exterior, cuya cifra en valor alcanzó los 4.155 millones de euros. Pero es su crecimiento interanual de un 20,5% la cifra más relevante ya que significa un gran avance respecto a la misma fecha del año anterior. Son las carnes y despojos frescos, con 1.940,3 millones de euros, y las carnes y despojos congelados, con 1.902 millones de euros, los que más se han exportado.

Tienen también un lugar preferente las exportaciones de pescados y mariscos, que registraron una cifra de 2.808 millones de euros y un crecimiento interanual cercano al 10%, y el aceite de oliva, cuyo valor de ventas en el exterior ascendió a 1.940,4 millones de euros, una cifra muy similar al mismo periodo precedente.

El otro gran sector que está avanzando en el exterior es el vino. El dato interanual de junio fue de 2.323,5 millones de euros, lo que supuso un 15% más que en el periodo precedente. Los vinos con DO se exportaron por valor de 851 millones de euros, un 12,7% más y, los vinos de mesa, por valor de 667 millones de euros, con un incremento del 29%.

Principales destinos
Por mercados, sigue siendo la Unión Europea el principal destino de los productos agroalimentarios. Encabeza el ranking, Francia con 5.871 millones de euros y un crecimiento interanual en junio del 7,5%, seguido de Alemania con 3.741,8 millones, un 6,8% más, e Italia con 3.740 millones, un 5,8% más.

No obstante, las exportaciones españolas agroalimentarias están creciendo también en otros mercados como Estados Unidos, país al que se vendió por valor de 997,7 millones de euros, un 5,9% más, o Rusia, donde las exportación ha crecido cerca del 24%, con 788,7 millones de euros.

Destacan, asimismo, los mercados asiáticos como China, con 418,2 millones de euros y un crecimiento interanual del 41,3%, Japón con 390,6 millones de euros y un incremento del 32% o Emiratos Árabes Unidos, país al que se exportó por valor de 263,8 millones de euros, con un espectacular crecimiento del 70,5%.

SIAL, el gran escaparate agroalimentario
En este contexto, ICEX España Exportación e Inversiones organiza un pabellón integrado por 188 empresas españolas en la 25ª edición de SIAL París, feria de carácter bienal y dirigida a un público exclusivamente profesional. Es, junto con ANUGA (Alemania) y ALIMENTARIA (España), la cita más importante para el sector agroalimentario.

En su edición de 2010 la feria recibió la visita de más de 136.000 profesionales procedentes de 200 países y acogió un total de 5.700 expositores y 93 pabellones nacionales y regionales. La presencia en SIAL es no sólo necesaria para darse a conocer, sino además muy positiva y beneficiosa, como así reflejan las opiniones de los expositores y productores presentes en anteriores ediciones. Todos coinciden en que es un punto de encuentro esencial y estratégico en la gestión de sus negocios con aquellos clientes ya consolidados, pero igualmente constituye una puerta directa a los nuevos mercados.

Aparte de los múltiples alicientes comerciales de la feria, SIAL representa un escaparate de tendencias en espacios tales como SIAL INNOVACIÓN, donde se reciben a tres de cada cuatro visitantes y periodistas presentes y donde se llevan a cabo presentaciones de nuevos productos, soluciones de packaging y diseño, etcétera. Se trata de un espacio concebido para crear pasarelas entre el modelo de consumo actual y el futuro.

Se completan las opciones de la feria con degustaciones y demostraciones gastronómicas, conferencias, encuentros o debates sobre nutrición, desarrollo sostenible y bienestar, o los premios SIAL D’Or que recompensan éxitos comerciales en el sector.

Las 188 empresas españolas proceden de las siguientes provincias: Murcia (26), Madrid (13), Sevilla (13), Navarra (11), Badajoz (9), Ciudad Real (9), Barcelona (8), Salamanca (8), Córdoba (7), Zaragoza (7), Valencia (6), Albacete (5), La Rioja (5), León (5), Málaga (5), Pontevedra (5), Cáceres (4), Toledo (4), Alicante (3), Lérida (3), Palencia (3), Tarragona (3), Valladolid (3), Almería (2), Burgos (2), Cantabria (2), Cuenca (2), Gerona (2), Jaén (2), La Coruña (2), Asturias (1), Baleares (1), Granada (1), Guipúzcoa (1), Lugo (1), Orense (1), Soria (1), Teruel (1) y Vizcaya (1).

¿Salvar la Monarquía? / Francisco Poveda *

CSI·F alerta del aumento de incidencias en las aulas por "la precaria situación económica" de las familias

VALENCIA.- El sindicato CSI·F ha detectado un incremento de las denominadas "conductas disruptivas" en las aulas debido "a la precaria situación económica" ya que "la tensión familiar que soportan muchos alumnos la transmiten en clase con continuas interrupciones, conversaciones entre ellos o contestaciones fuera de lugar al docente". En definitiva, con incidencias que alteran el desarrollo de las clases y perjudican el aprendizaje.

   Al respecto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica en un comunicado que "los alumnos presentan las conductas problemáticas derivadas de la convivencia escolar diaria y también de la preocupación y frustración de sus padres que perciben en sus hogares". Estas conductas se plasman en "más nervios, prestan menos atención o contestan al docente con malos modales".
   Además, el sindicato ha detectado que cada vez se producen estos casos de "violencia de baja intensidad" en edades más tempranas y afectan ya a alumnos de cursos de Infantil y que el incremento de ratios en las aulas y la consiguiente masificación de este curso han agravado el problema.
   En concreto, el decreto dictado por el Ministerio de Educación permite que las clases de Infantil y Primaria pasen de 25 niños el pasado curso a 30 en este, mientras que en Secundaria la ratio se ha incrementado de 30 a 36; y en Bachillerato, de 35 a 42.
   Al respecto, recuerda que un informe elaborado por el propio sindicato en 2006, cuando la economía era boyante, indicaba que hasta el 86 por ciento del profesorado señalaba que había sufrido en alguna ocasión falta de respecto. "En un caldo de cultivo como el actual la central sindical teme que la cifra de incidencias vaya a más", advierten desde el sindicato, y constatan que esta circunstancia afecta al ánimo de los docentes. En aquella encuesta hasta el 49 por ciento reconocía encontrarse desmotivado para el ejercicio de su profesión.

La provincia de Alicante pierde 10.629 habitantes y contabiliza 1.915.757

VALENCIA.- La Comunitat Valenciana ha perdido 11.198 personas en el último año y su población se sitúa en 5.013.303 habitantes a 1 de octubre de 2012, según las estimaciones de población actual del segundo trimestre de 2012 que publica este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

   Por provincias, en Alicante los datos apuntan que su población se sitúa en 1.915.757 de personas, lo que supone un total de 10.629 habitantes menos; en Castellón la población asciende a 588.144 personas, un total de 2.047 ciudadanos más que hace un año.
   Por último, la provincia de Valencia ha registrado 2.509.402 habitantes, un total de 2.615 personas menos que en el mismo periodo del año anterior.
   En el conjunto nacional, la población a 1 de octubre de 2012 ha disminuido en 45.245 personas --un 0,09 por ciento--, hasta 46.116.779, frente a los 46.162.024 registrados en el mismo periodo del año anterior.

EUPV considera que la confidenciliadad en las contrataciones públicas es "una vergüenza antidemocrática"

VALENCIA.- El diputado y portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Ignacio Blanco, defenderá en el Pleno de esta semana una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Consell a "eliminar cualquier cláusula de confidencialidad de los contratos del sector público, sean privados o administrativos", ya que considera que esa confidencialidad en la contratación pública "es una vergüenza antidemocrática" porque, especialmente en estos tiempos de crisis económica, "hay que exigir máxima transparencia".

   Blanco considera que "se tiene derecho a saber cuánto y cómo se gasta en el sector público", ya que considera que esto es "el mejor antídoto para la corrupción", según ha indicado en un comunicado.
   Así, el parlamentario autonómico ha solicitado a Fabra a que dé la orden a su grupo parlamentario de "votar a favor" de esta PNL y consolidar así sus promesas de supuesta transparencia.
   Además, Blanco ha recordado que "muchas veces" la confidencialidad ha sido una "mentira del PP" para esconder información "sensible" de negocios privados hechos con dinero público, "como pasó con ciertos contratos de Calatrava".
   El diputado cree que la interpretación que hace el Consell de la normativa está sirviendo para que "se consideren como confidenciales datos" como por ejemplo quién cobra, cuánto se cobra, cómo cobra, qué servicio concreto se presta, los informes técnicos que avalan la propuesta de adjudicación "que, en realidad, no lo son, y se sustrae así a los grupos de la oposición parlamentaria el control necesario de la contratación de la Generalitat y sus organismos dependientes".
   Así, la PNL insta al Consell a "eliminar cualquier cláusula de confidencialidad de los contratos del sector público", sean privados o administrativos, subscritos por cualquier de los departamentos, institutos, empresas públicas, fundaciones o cualquiera otro organismo dependiente del Consell sujeto a la legislación sobre contratación del Sector Público, relativa a quien ejecuta el contrato, quién cobra, cuánto se cobra, el mecanismo a través del cual se cobra, dónde se cobra, y también a los informes técnicos emitidos para hacer la adjudicación.
   Además, el texto también insta al Consell a "limitar" las cláusulas de confidencialidad de los contratos subscritos por la administración pública valenciana en cualquier de sus vertientes (conselleries, entidades autónomas, empresas públicas, fundaciones o cualquier otro organismo dependiente del Consell), a los secretos técnicos y comerciales que puedan ser utilizados por terceros competidores.

El Consell traslada al Gobierno "la necesidad de ampliar" fondos para pagar a ayuntamientos

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ha trasladado al Gobierno central "la necesidad de ampliar, o bien con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o bien con otros instrumentos, para posibilitar el pago a instituciones, colectivos y ayuntamientos".  

   El jefe del Consell ha realizado estas manifestaciones al ser preguntado por los medios por si ya hay un plan de pagos a los colectivos "más deseperados" y a las corporaciones locales.
   Al respecto, Fabra ha señalado: "estamos en ello; hemos trasladado al Gobierno la necesidad de ampliar, o bien con el FLA o bien con otros instrumentos, para posibilitar el pago a instituciones colectivos y ayuntamientos".
   El 'president' ha subrayado la voluntad del Consell de "que toda la deuda que tiene la Generalitat se haga efectiva cuanto antes".
 "Somos conscientes del sufrimiento que están teniendo muchos colectivos y de los perjuicios que estamos generando a muchas asociaciones y ayuntamientos", ha reconocido.

Un exconsejero de la CAM dice que el consejo era "como la orquesta del Titanic" y la directiva cogió botes salvavidas

VALENCIA.- El exconsejero de la CAM Ángel Óscar Strada Bello ha destacado este lunes que el consejo de administración de la caja de ahorros era "como la orquesta del Titanic" y la directiva cogió los botes salvavidas. Asimismo, ha añadido que la relación entre consejo y directiva era de "opacidad". "La función del consejo era ratificar decisiones que ya se habían tomado", ha precisado.  

   Strada, que fue consejero general desde 2004 hasta 2010, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación de las Corts sobre la intervención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por el Banco de España. La comisión ha aprobado la comparecencia del secretario de actas Juan Martínez-Abarca, solicitada por los socialistas. Compromís, además, ha solicitado la comparecencia de la responsable de las actas anterior.
   Respecto a su entrada en el consejo, Strada ha explicado que se hizo un sorteo entre impositores y salió elegido él, aunque ha manifestado que el director de la oficina le pidió que renunciara al cargo. En este sentido, ha comentado que los directivos preferían un consejo "durmiente y dormido" y que las actas tenían "cierta distorsión".
   Srada ha reconocido que él preguntaba en todas las sesiones del consejo y ha señalado que la directiva en muchas cuestiones respondía 'muchas gracias'. Por ello, ha criticado que el consejo "tenía una función coral con un solo solista, que era el director general, Roberto López Abad, y algunas voces de segunda".
   Al respecto ha puesto como ejemplo el acta del 27 del 11 de 2009, donde se aprueba la retribución al presidente del consejo de administración de la CAM, Modesto Crespo, (unos 300.000 euros en dietas), y ha remarcado que está "absolutamente falsificada" porque "no aparece intervención de ningún consejero y yo hablé en todas las sesiones".
   Además, ha dicho que "una noticia de este tipo se hubiera filtrado" a la prensa de aparecer en acta. "Jamás supimos que Modesto Crespo iba a cobrar esa cantidad", ha recalcado.
   En general, Strada ha reconocido que los consejeros "somos responsables" de haber permitido estas situaciones, aunque ha añadido que cuando se mostraban discordantes sobre la función del consejo de administración la respuesta de la directiva era que había que tomar las decisiones rápido "por la naturaleza de las operaciones financieras y por el temor a que hubiera filtraciones".
   En este punto se ha preguntado "¿por qué no renuncié?" y se ha respondido que hasta lo que él sabía "la CAM iba bien" aunque "no los directivos". Asimismo, ha añadido que "se hicieron cosas importantes".
   La diputada de Compromís Mireia Mollà se ha mostrado agradecida de que un consejero venga "sin miedo" a hablar de lo que ha pasado en la caja de ahorros y de admitir su "responsabilidad".  El parlamentario de EUPV Lluís Torró ha celebrado que Strada sea el primero que ha dado "información relevante" respecto a los procedimientos de elección de los consejeros.
   El parlamentario socialista Ángel Luna le ha preguntado si es cierto que existían "preconsejos" donde se adoptaban de verdad las decisiones, a lo que Strada ha replicado que  no sabe si se llamaban así "pero había una comisión ejecutiva donde se reunían los vicepresidentes y algunos elegidos. Yo nunca asistí a estas reuniones. La voz cantante era la del director general y el resto era gente de su confianza, el núcleo duro".
   El diputado del PP Vicente Betoret considera "curioso" que durante seis años "nadie se diera cuenta que pudiera existir alguna falsedad" en las actas y le ha preguntado si tuvo acceso a algún requerimiento del Banco de España advirtiendo de los desequilibrios financieros de la entidad. Strada ha replicado que no, que conoció estas recomendaciones después de que la caja de ahorros fuera intervenida.

domingo, 14 de octubre de 2012

Nace un nuevo blog de Newsletter del Siglo XXI: monarquiacoronada.blogspot.com

MADRID.- En la víspera de la Fiesta Nacional española nació la semana reciente un innovador blog para analizar el día a día de la Casa Real española y hacer un análisis sistemático y frecuente del papel de la Monarquía juancarlista, algo que periodísticamente nunca se ha cultivado en nuestro país por diversas razones, y alejar así la actividad del vértice del Estado de la llamada prensa rosa, que banaliza su papel constitucional, aunque sea muy criticable, ante la urgente necesidad de refundación del sistema democrático en España. También pertenece, como Alicante Confidencial, al grupo Newsletter del Siglo XXI.

Una crisis sin precedentes / Pablo Pardo *

Ya es oficial. La crisis de España no tiene precedentes. Con esa idea se acaba este domingo la Asamblea anual del Fondo Monetario Internacional. José Viñals, ex subgobernador del Banco de España y actual director del Departamento de Asuntos Monetarios y Financieros del Fondo, dijo el miércoles que la salida de capitales de los países de la periferia de la eurozona hacia el centro es "muy extraordinaria en una unión monetaria" ("quite extraordinary").
El país que encabeza esa salida de capitales es España. Los inversores extranjeros han retirado dinero equivalente al 27% del PIB de España entre junio de 2011 y junio de 2012. La mayor parte de esa huída de capital se produjo entre enero y junio, y no hay signos de que se haya parado.
En un país que tuviera su propia moneda, eso implicaría que la divisa se habría despeñado. Un ejemplo: en 1997 Indonesia tuvo salidas de capital algo inferiores a las que España está teniendo; en 1998, iguales. En los seis primeros meses, la rupia indonesia pasó de 2.436 unidades por dólar a 14.800. La inflación rozó el 80%. El PIB cayó un 13,5%.
El sistema bancario quebró, el país vivió una revolución y una oleada de violencia étnica contra la comunidad de origen chino. Fue rescatado por el FMI con 43.000 millones de dólares (que hoy, descontada la inflación serían casi 48.000 millones de euros). Eso, en relación al tamaño de la economía de Indonesia, sería como si España recibiera 430.000 millones de euros, que muchos creen que es lo que en realidad necesitamos (más 100.000 para los bancos).
Pero España no tiene moneda y no puede devaluar. En el último año nuestra divisa, el euro, ha caído un 7%. Pero con la mayor parte de los países europeos, que son nuestros socios, vale lo mismo. La opción sería que los españoles perdiéramos un 30% de nuestro poder adquisitivo. O sea, volver a la posguerra.
Nuestra situación es peor que la de Grecia, porque, aunque nuestro sistema político es más eficaz (lo que tampoco es un piropo en sí mismo), nuestros problemas son mayores. El ajuste no solo no ha reducido el gasto público: lo ha aumentado drásticamente, del 3,6% del PIB al 4,5% en apenas seis meses. Es decir: excluido el pago de intereses de la deuda, el agujero de nuestro Gobierno es ahora unos 10.000 millones de euros mayor en relación al inicio del año. ¿Cómo es posible? Porque los recortes del gasto y las subidas de impuestos hacen que la actividad económica caiga más de lo previsto y sepultan la recaudación fiscal.
Pero el déficit público es el síntoma, no la raíz del problema. España, como ha dejado claro el FMI, no tiene un problema de gasto público. Tiene un problema de sistema financiero. Nuestros bancos están en quiebra. BBVA y Santander pueden seguir financiándose fuera, porque su estructura legal permite a sus filiales operar de forma independiente. Pero los demás, no. Y, después de la decisión de Standard and Poor’s de bajarnos el rating, dos de las principales agencias de calificación de riesgos nos han puesto al borde de la calificación de bono-basura. Una de ellas, Moody’s, amenaza desde setiembre con darnos nota de bono-basura.

El futuro

Si dos agencias nos declaran bono-basura, la situación sería dramática. Por un lado, nadie compraría nuestra deuda pública. Pero también afectaría a las empresas, porque las agencias de calificación de riesgos siempre mantienen una correlación entre el rating de la deuda pública y la privada.
El mercado europeo de bonos que no tienen el rango de inversión (que es lo que es un bono-basura) ronda los 250.000 millones de euros. La llegada de la deuda española lo inundaría. Solo si Telefónica e Iberdrola se vieran abocadas a entrar en ese mercado, su volumen crecería en 80.000 millones, según Financial Times. Esas empresas, al contrario que los bancos, no tienen una estructura societaria que les permita a sus filiales en el extranjero captar capitales.
Los bonos-basura (aunque la traducción literal del término junk bond es más bien 'bono-trasto') presentan muchos problemas para los inversores. Una gestora de fondos suele necesitar un mandato específico de sus inversores para comprar esos activos. Y exigen una rentabilidad mucho mayor por comprarla, del 10% o más.
Ése es el gran problema de España. El Fondo Monetario Internacional —que, al contrario de lo que muchos piensan, está defendiéndonos desde el inicio de esta crisis contra Alemania y otros presuntos aliados como Finlandia y Holanda— ha sido muy claro.
Así pues, estamos en quiebra. Están en quiebra los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las familias y gran parte del sistema financiero. Si se comparan las cifras de deuda del Fondo en abril con las de ahora, se ve que esos pasivos apenas han sido recortados. El único que no está en quiebra es el Gobierno central. Pero él será quien acabe pagando la factura de los demás. Y eso también le llevará a la quiebra.
(*) Corresponsal de 'El Mundo' en Washington

Compromís acusa al Consell de "estafar" a los municipios del interior al no abonar las ayudas para promoción turística

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís ha reclamado a la Generalitat explicaciones sobre la "gran estafa" perpetrada, a su juicio, hacia los municipios del interior de la Comunitat, al anunciar una partida de ayudas para la promoción turística de estas zonas que finalmente ha sido suspendida.

   Así lo ha anunciado el portavoz de la formación en las Corts, Enric Morera, que ha registrado una pregunta dirigida al Consell para que detalle por qué "no paga los gastos de promoción del turismo en las poblaciones del interior".
   El diputado ha recordado que los Presupuestos de la Generalitat de 2012 incluían una partida para la promoción del turismo y actividades de ocio en localidades del interior, una cantidad que se ha ido aminorando y "ha provocado que muchos consistorios se hayan endeudado innecesariamente a la espera de unas ayudas que han sido suspendidas definitivamente, tal y cómo ha anunciado el Gobierno de Alberto Fabra".
   En marzo de 2012, la Conselleria de Turismo aprobó una orden de ayudas para la difusión de recursos turísticos en municipios de las comarcas de interior por un valor de 560.000 euros, aunque fueron rebajadas a 448.000 euros en el mes de julio. La tendencia, según destaca Compromís, continuó hasta finales de septiembre, cuando las subvenciones se anularon por completo "mientras muchos ayuntamientos, animados por las prometidas de las ayudas, acumularon gastos como parte de la campaña de promoción".
   Por ello, Morera reclama que el Consell "explique por qué anunció unas ayudas a sabiendas de que no podía concederlas dada la oleada de recortes que se estaban llevando a cabo en áreas como salud o educación".
   A su juicio, esta actuación fue "una irresponsabilidad", demuestra que el Ejecutivo valenciano "no es consciente de sus limitaciones y pone en evidencia quiénes son los que realmente viven por encima de sus posibilidades".

La derecha francesa defiende restringir la asistencia médica a los sin papeles

PARÍS.- La Unión por una Mayoría Popular (UMP), partido central de la derecha francesa, defendió esta semana en la cámara baja una serie de restricciones al dispositivo que permite a los inmigrantes sin papeles beneficiarse de atención médica gratuita, y que serán rechazadas por la mayoría de izquierdas.

El diputado Dominique Tian, del ala más derechista de la UMP, fue el encargado de presentar esta proposición de ley que terminará su recorrido en una nueva sesión plenaria de la Asamblea Nacional el próximo martes, cuando con toda seguridad será rechazada por los parlamentarios socialistas, comunistas y ecologistas.
Tian, que fue el ponente del informe que acompaña la propuesta, detalló su intención de reformar la llamada Ayuda Médica Estatal (AME) creada en 2000 para los inmigrantes en situación irregular por el Gobierno del entonces primer ministro, el socialista Lionel Jospin, y cuyo costo ha crecido un 26 % en cinco años hasta 633,3 millones de euros en 2011.
Con el argumento de luchar contra el fraude, que a su juicio ha propiciado el AME, se trataría de restablecer los controles instituidos en 2010 por el gobierno del entonces presidente, Nicolas Sarkozy y líder de la UMP hasta su derrota en las presidenciales de mayo pasado.
Esos controles fueron anulados por el Ejecutivo del actual presidente, el socialista François Hollande.
De acuerdo con esta proposición abocada al fracaso, los sin papeles tendrían que obtener un visto bueno específico para cualquier tratamiento hospitalario cuyo costo superara los 15.000 euros y pagar una serie de franquicias para poder recibir ciertos medicamentos o algunas formas de asistencia (como transporte sanitario).
Además, las demandas de los inmigrantes irregulares para poder acogerse a la atención médica gratuita tendrían que pasar el filtro de la Seguridad Social, mientras que ahora son muchas las administraciones y organizaciones sociales que pueden concederla.
Según la argumentación de Tian, los sin papeles acogidos a la AME gozan de beneficios incluso mayores que los que tienen los franceses o los extranjeros en situación regular en Francia.

Ruralcaja y Cajamar ya trabajan en su integración tecnológica

VALENCIA.- La fusión de las entidades Caja Rural Castellón y Cajamar Caja Rural ha supuesto una gran labor de integración tecnológica y, tanto es así, que mientras la mayoría de ciudadanos disfruta del puente del Pilar, los informáticos de ambas cajas trabajan en la fusión de sus sistemas. Se trata de una operación clave en la gestión de Cajas Rurales Unidas (CRU), el mayor grupo cooperativista español fruto de la fusión de las dos conocidas entidades de crédito.

Ambas cajas son líderes de sus respectivos grupos, el Grupo Cooperativo Cajamar y Cajas Rurales del Mediterráneo, y mantendrán sus marcas propias hasta el 30 de junio de 2014. En las últimas semanas, más de un millón de clientes han recibido información para “facilitar la adaptación de todos los clientes y empleados al nuevo sistema tecnológico”.
Las asambleas de ambas cajas aprobaron la fusión y los presidentes de Caja Rural Castellón, Ignacio Ferrer Ros de Ursinos; y Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, suscribieron la integración el pasado 6 de septiembre. El castellonense, Ferrer Ros de Ursinos, señaló que el acto “es la consecuencia lógica de la decisión adoptada por nuestra asamblea general” y la consideró como “la mejor alternativa a los grandes grupos bancarios que se están formando en España”.

Diego de Ramón solicita al FMI una investigación de Banco Sabadell tras su adjudicación del Banco CAM

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón, que defiende los intereses de miles de afectados por el presunto fraude de las cuotas participativas de la CAM, ha solicitado por escrito a la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visitará España a finales de octubre, la apertura de una inspección sobre el Banco Sabadell, en cuanto a su posición respecto a la adjudicación de Banco CAM, sobre su liquidez de garantía para responder a sus compromisos de pago, y posibles perdidas (si las hubiesen en los mercados de Bolsa) así como la compra de titulaciones públicas de deuda catalana y estatal, -si fuese de recursos propios- o –si proviene de créditos dados por el Banco Central Europeo, al tipo de interés que se obtuvo y al tipo de interés que se paga por ambas Administraciones del Estado y de la Comunidad Catalana, incluido la prima de riesgo.

"Si se abriese el expediente de inspección a dicha entidad bancaria, Banco Sabadell, por parte del Fondo Monetario Internacional, rogaría me diesen traslado del mismo al objeto de defender una plataforma de afectados perjudicados por el quebranto de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Banco CAM", concluye el escrito.


De Ramón solicita, más en concreto, "investigar, comprobar y verificar" las actuaciones de Banco Sabadell en España y sobre la adquisición del Banco CAM. 

A su juicio, el objeto de la inspección debe ser el siguiente:

A).-La entidad CAM, es una persona jurídica totalmente independiente de la entidad Banco CAM, cuya actividad financiera comenzó inmediatamente después de la intervención de la CAM por el Banco de España.

A estos efectos, conviene recordar que el día 22 de julio de 2011, el Banco de España, intervino la CAM y Banco CAM, representada por los administradores del FROB. En esta misma fecha, se inscribió en el Registro Mercantil la segregación (realizada el pasado día 21 de junio del año 2011) de la actividad financiera de la CAM en Banco CAM, acordada por la Asamblea de la CAM en marzo de 2011. Esto termino, con la adjudicación a Banco de Sabadell,S.A., el día 7 de diciembre de 2011, por “1“ euro, y con ayudas públicas estatales de participación.

CAM, tras la operación de segregación, mantuvo, por una parte, los administradores provisionales del FROB, la plena titularidad y propiedad, entre otros, de los activos y pasivos afectos a su Obra Social, en cuanto a su lugar de CAM como emisor de las cuotas participativas en circulación, así como las cuotas participativas que la Caja poseía en autocartera y la totalidad de las acciones de Banco CAM de su propiedad, que representaban el 100% del capital de Banco CAM en ese momento.

Tras la intervención, de conformidad con lo establecido en el art. 7 del RD Ley 9/2009, y con el objetivo de lograr la mas eficiente utilización de los recursos públicos, el FROB, promovió un proceso competitivo para la reestructuración de Banco CAM mediante una operación de venta del 100% de las acciones del mismo, que dio lugar a la adjudicación de Banco CAM a favor del Banco Sabadell, en fecha 7 de diciembre del año 2011.

Y después de la adjudicación definitiva el día 15 de diciembre del año 2011, el capital social de Banco CAM, fue reducido a cero. Y posteriormente el capital social fue aumentado por fondos públicos a través del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

B).-Examinar la liquidez del Banco Sabadell, después de haberse adjudicado Banco CAM, por cuanto que ha ido pidiendo varias ampliaciones de capital para soportar esta adjudicación, y por ello se debería “comprobar su estado de liquidez de finanzas actual”.


C).-Que en cuanto al canje que ha realizado el Banco Sabadell, sobre las participaciones preferentes de Banco CAM, se ha de investigar y comprobar: ¿Cuánto han perdido los clientes o titulares de estas preferentes en el cambio con las acciones del Banco Sabadell? Pues nunca debe repercutirse mucho mas allá, de las proporciones fijadas por la Comisión Europea, pues sería caso contrario abuso de poder dominante de la entidad sobre el usuario  de los servicios bancarios que vienen referenciados de un presunto engaño, que
conoce actualmente de una acción criminal por estafa la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

D).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, para responder a los fondos económicos que tiene actualmente de sus propios clientes.


E).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, para responder ante la CNMV de las acciones que cotizan en Bolsa.


F).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, respecto a la entidad Banco CAM, derivada de una segregación que se hizo un mes antes de intervenir el Banco de España, donde excluyo las cuotas participativas, que se encuentran ahora valoradas en “0”.


G).-En que posición se encuentran ahora el Banco Sabadell, sobre la restitución de los fondos públicos recibidos del Estado en su participación del FGD, en cuanto al cumplimiento de su devolución.


H).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, en cuanto a las garantías económicas sobre un posible quebranto (caso que se produjera como cualquier otra entidad financiera) respecto a los clientes antiguos de Banco CAM y Banco Sabadell.


I).-En que posición se encuentra ahora el Banco Sabadell, sobre la adquisición de deuda pública comprada al Estado Español, Comunidad Catalana y compromisos adquiridos respecto a créditos del Banco Central Europeo.


El letrado recuerda a la próxima misión del FMI a España que:

"En fecha 7 de febrero pasado, comunique a la Comisión Europea la reciente adquisición del Banco CAM por el Banco Sabadell.

En fecha 30 de mayo de este año, la Comisión Europea aceptó las medidas de ayuda estatal, por España, para la venta y disolución del Banco CAM.

Para aceptar las ayudas estatales, se necesitaba un “plan de reestructuración conforme exigido por la Comisión Europea, el retorno de viabilidad de Banco CAM y el adecuado “reparto de cargas”, según el cual, el coste de la restructuración de una entidad financiera, con ayuda estatal, debe recaer en los contribuyentes, accionistas de la entidad en cuestión, y, en particular, de los titulares de títulos de capital y asimilados.

Esta fue la contestación de Bruselas, remitido a este Letrado, el pasado mes de agosto de este año. A través del Parlamento Europeo y de la Comisión en su Dirección General de la Competencia". 

La economía surrealista y la economía real / Ángel Tomás Martín *

Frases huecas y sin contenido real han invadido la noble e imprescindible ciencia de la "Economía". La estructura económica de un país necesita de profesionales, no solamente bien formados, sino dotados de ingenio, ideas realistas y visión de futuro. Los hay, pero debe practicarse "economía política", abandonando la práctica de una "política económica personalizada". Se necesitan políticos al servicio del crecimiento del consumo, de la creatividad diferenciada, de la protección y estímulo de la competitividad, del ahorro privado, de un sistema financiero saneado y al servicio del mercado, no al de la inversión improcedente e incontrolada, sometida a las turbulencias y a la inestabilidad. La banca tradicional existió, y es importante recuperarla.

La política somete a la economía, y elige con frecuencia, asesores que conocedores del pasado se empeñan en aplicar soluciones tradicionales a las crisis, obviando las causas que las provocaron y los cambios radicales que impone la globalización y la avidez de enriquecimiento rápido e inestable.

La nueva terminología genérica e imprecisa, carente de soluciones eficaces, es exclusivamente una solemne cortina de humo que oculta la incapacidad creativa y el pernicioso paso de tiempo estéril. Se acuñan frases y conceptos que repiten los medios y que son generalmente aceptados, por ejemplo: " reformas estructurales", "se llevarán a cabo recortes", "el presupuesto obedece a un objetivo", "es necesaria la consolidación fiscal", "hemos establecido la hoja de ruta", etc. etc.. Estas frases surrealistas, merecen explicar su contenido, finalidad y aplicación y qué resultados justificados se obtendrán. ¿Acaso es posible la consolidación fiscal manteniendo la desunión política y la
descentralización económica?.

Pero toda crítica, siempre fácil, no es válida si no va acompañada de soluciones viables y con factor de sostenibilidad. Para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea y por la necesidad imperiosa y urgente de reactivar la economía real, solo posible por la vía de los empresarios, emprendedores e investigadores, expongamos propuestas de colaboración y apoyo como base de lanzamiento; si bien, no debemos olvidar que toda Ley debe promulgarse si contiene viabilidad y eficacia, si se eliminan personalismos y emociones, y si se posee capacidad de escuchar a quienes cuentan con experiencia probada en cada uno de los sectores económicos de la geografía nacional.

El Ministerio de Economía está preparando un programa de impulso a la reactivación, que debió emprenderse en el segundo semestre del 2008, o al menos en paralelo a la aplicación de los llamados "recortes", iniciados en la legislatura anterior e intensificados en la actual. El proyecto que abarca 43 nuevas leyes, estimamos que contiene siete esenciales destinadas al impulso empresarial: plan de emprendedores, programa de unidad de mercado, Agencia Estatal para la investigación, Consejo Asesor de ciencia, tecnología e innovación, Reforma de las Cámaras de Comercio, Apoyo a la internacionalización y creación del Cesex.

Merece destacar la "Ley de mercado único" que la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía tiene prácticamente terminada. Su aplicación requiere derogar normativas en vigor, tanto estatales, como autonómicas y locales (dolorosas para algunos de ellos, pero necesarias); la unidad de mercado nacional facilitará la constitución y puesta en marcha de negocios, que hasta ahora dificultaban y retrasaban su apertura, ya que España era la menos ágil de la Unión Europea. El objetivo de garantizar la libre circulación de cualquier producto y su acercamiento al consumidor sin ser obstaculizado por la diversidad de normativas regionales, es prioritaria y urgente; y supone un acierto de innovación legislativa que resolverá importantes problemas a las empresas.

El fomento a la exportación, era otro de los objetivos a poner al servicio de las empresas, cuya nueva entidad se llamará SECEX (Agencia de Internacionalización), en la que esperamos se incluyan en su organigrama los Agregados Comerciales de todas nuestras embajadas en el exterior. A estos departamentos deberá dotárseles del equipamiento necesario para poner al servicio de la expansión internacional, los estudios de mercado y la gestión indispensable para una colaboración eficaz.

El esfuerzo, la creatividad, la innovación, y la investigación, tan necesarios para la competitividad y la internacionalización, han de ampararse en su correspondiente patente, registro o marca, pero el plagio y la usurpación son hechos que se dan con demasiada frecuencia por falsos emprendedores sin escrúpulos. Esta mala práctica debe ser perseguida y castigada enérgicamente, porque es simple y llanamente una apropiación indebida. Es necesario establecer tribunales especializados y rápidos, pues en la mayoría de los casos las sentencias llegan tarde y en muchos de ellos los daños causados son irreparables.

Todo emprendedor necesita de asesoramiento y ayuda, especialmente los nuevos autónomos y pequeños emprendedores. Esperemos que en la nueva ley " Plan de emprendedores " , que se espera entre en vigor en el primer trimestre del 2013, se incluya la solución a este problema. Una de las soluciones pudiera ser la constitución de Comités de Asistencia y Asesoramiento, integrados en las Cámaras de Comercio (puesto que son entidades de derecho público), que periódicamente se reunieran para cubrir la función mencionada al principio de este apartado. En cada Comité debían integrarse, al menos: un miembro del Colegio de Economistas, un empresario de probada y amplia experiencia, un representante de la Secretaría de Estado de Comercio y uno de Industria. Todos ellos deben poseer criterio de equidad, capacidad de escuchar y convencimiento de ayuda.

Un estímulo indispensable, ya practicado en otros países, es la exención fiscal integral durante los dos primeros años en la implantación de nuevas pequeñas empresas y autónomos, obligándoles a incorporar todos sus trabajadores de los incluidos en la lista del paro. Terminado este espacio de exención volverán al régimen fiscal normal y a la cotización laboral.

Todos debemos unirnos para que el programa de reformas se consolide con la máxima urgencia, y trabajemos sin descanso por la prosperidad y la consolidación de lo que es verdaderamente el estado de bienestar: una sanidad, una educación y unas pensiones dignas y acordes con la creación de riqueza.

(*) Economista y empresario