El interventor revela que "casi" ha habido un 'default' en la Generalitat por coincidir pago de deuda y nóminas

VALENCIA.- El interventor de la Generalitat, Salvador Hernándiz, ha reconocido que a lo largo de este ejercicio "casi" se ha producido una situación de 'default' en la Generalitat, en la que el Consell casi ha tenido que dejar de pagar nóminas de los trabajadores públicos para atender primero los vencimientos de deuda. Concretamente, ha indicado que fueron los meses de mayo, junio y septiembre, debido a los "problemas de liquidez".

   En este sentido, ha señalado que la posición del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, "ha sido muy delicada e intensa" por estos motivos, aunque ha dicho que no sabe si el responsable autonómico "firmaría con solvencia no pagar la nómina a los funcionarios por tener que pagar un vencimiento de una deuda que tiene prelación para su pago".

   Hernándiz se ha expresado de esta manera en las Corts donde ha intervenido en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda, en la que ha reconocido que "ha habido momentos en estos últimos tiempos que casi se ha producido" una situación de 'default' en la administración valenciana "por no poder pagar la nómina de los funcionarios por tener que atender un vencimiento de deuda".

   El interventor general de la administración valenciana ha indicado que la insuficiencia de liquidez del Tesoro "es algo que ha tenido una trascendencia muy importante por la necesidad de dar la garantía a los mercados de que podían seguir financiándonos porque siempre se atendería con carácter previo el vencimiento de la deuda y los intereses frente a cualquier otro pago".

   Así, ha remarcado que "era una forma de trasladarles tranquilidad para que siguieran suscribiendo nuestra deuda y de que íbamos a pagar", ha apostillado.

   "Evidentemente, las situaciones de tensión las ha habido y es muy difícil ver que tienes que atender un vencimiento y no vas a poder pagar una nómina. Afortunadamente no se llegó a hacer el 'default' por la insuficiente liquidez para atender los vencimientos, pero fueron momentos muy complicados, también para todas la comunidades", ha dicho Hernándiz.

   De esta manera, ha apuntado que la falta de normalización de los mercados financieros "es lo que ha hecho que el Gobierno tuviera que poner medidas excepcionales para poder ayudar a las comunidades autónomas".

   Durante su comparecencia, Hernándiz ha explicado que la ley marca la prelación de pago de las deudas de la Generalitat, de manera que primero hay que atender pagos de interés y deuda "por encima de cualquier otro", luego tienen preferencia las retribuciones a trabajadores, pagos a proveedores y por último subvenciones y transferencias a otras administraciones.

   En este punto, ha reconocido a los Ayuntamientos "es lo último que se paga" y reconoce que están sufriendo un "problema de estrangulamiento". A preguntas de la oposición, Hernándiz ha negado que haya recibido presiones del Gobierno valenciano para saltarse esa prelación de pagos.

   "El Consell ha sido respetuoso en este tema", ha remarcado, ante los comentarios del diputado de EUPV Ignacio Blanco, que ha asegurado que el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestonne, "estará en la categoría de proveedores y ha cobrado puntualmente", criticando la "diferencia de trato".

   Con motivo del plan de pago a proveedores, el socialista Julián López ha recordado que han aflorado un total de 1.800 millones de euros de facturas en el cajón. Hernándiz ha respondido que con este plan se hizo un "esfuerzo adicional" para recoger el gasto que suponen las facturas en el cajón y que estaban fuera del presupuesto.

   En total, ha destacado que 20 equipos de la intervención general auditaron las facturas no reconocidas de Sanidad antes de imputarlo al plan de pago a proveedores. "Otra cosa será verificar el gasto realizado" cuando se disponga de los expedientes de reconocimiento de obligación --en manos de la Agencia Estatal Tributaria-- para poder imputar a presupuesto, ha indicado.

   Por su parte, la diputada de Compromís Mireia Mollà ha preguntado al interventor por las declaraciones del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que atribuyó a la Intervención General de la Generalitat "dar el visto bueno al pago de facturas a Nóos por un trabajo no realizado". También le ha preguntado por si "ha habido interventores que se han negado a firmar pagos y los ha tenido que hacer él".

   Sobre este punto, el interventor general ha asegurado no ha "firmado nunca un documento de pago ni ha sustituido nunca a un interventor" por ello. Por su parte, el 'popular' Ricardo Costa ha reclamado a Mollà que retirara sus declaraciones por considerar que iban contra el decoro de la Cámara y del interviniente.

Farmacéuticos se manifiestan en Valencia como "testimonio de su desesperación" por los impagos del Consell

VALENCIA.- Farmacéuticos de toda la Comunitat, más de 2.000 según la organización, se han manifestado este martes por el centro de Valencia enfundados en sus batas blancas para dar "testimonio de su desesperación" ante los impagos del Consell, que les adeuda más de 600 millones de euros, correspondientes a los últimos seis meses.

   La marcha, que ha arrancado en la sede del Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), ha reunido a profesionales del sector de las tres provincias, algunos de los cuales han tenido que cerrar sus establecimientos para acudir a la protesta. El recorrido ha finalizado en frente al Palau de la Generalitat, donde han registrado una carta con sus reivindicaciones dirigida al jefe del Consell, Alberto Fabra.

   Tras una pancarta que advertía que 'La farmacia no resiste más' los boticarios han levantado carteles como 'Estáis robando al pueblo, la salud es lo primero', 'La Generalitat no paga. Ajuda'ns a defensar el teu medicament', 'No conozco ningún político que esté seis meses sin cobrar', 'Fabra, Vela y Rosado sí que han cobrado', 'El dinero para medicamentos que no se gaste en eventos', 'Nuestros pacientes son lo primero, Generalitat o ¿donde está el dinero'.

   Silbatos y bubucelas han sonado todo el trayecto entre consignas que clamaban: 'Queremos cobrar', 'Páganos, páganos, páganos', 'Nos manifestamos en defensa del paciente', 'Queremos cobrar para suministrar' y advertían 'Vela paga, el tiempo se te acaba'. Ya una vez frente al Palau de la Generalitat, han coreado 'Fabra paga' u 'Da la cara al paciente'.

   Según la presidenta del MICOF, Mª Teresa Guardiola, éste es el testimonio de una desesperación", ha sentenciado. "Nos deben seis meses de facturación, no nos queda un euro, hemos agotado los préstamos, hemos hipotecado nuestras viviendas y nuestras farmacias, y hemos asumido la responsabilidad del medicamento para el paciente".

   "Es hora de que la Administración pague lo que nos debe y asuma lo que (el medicamento) es un derecho constitucional de todos los ciudadanos". Así ha señalado que los valencianos no quieren cobrar igual que el resto CCAA. "Que se muevan los políticos de nuestra Comunitat y exijan a quien tengan que exigir" el dinero, ya sea al Gobierno central o a Europa, pues la deuda se incrementa en 3 millones de euros cada día que pasa.

   Guardiola ha pedido que se "agilicen los trámites" porque ellos están ya "desesperados" con más de 2.000 empleos perdidos, 200 farmacias en situación de quiebra y varias cerradas, de las 2.200 que se extienden por toda la región. "Necesitamos cobrar para seguir atendiendo al paciente", ha remarcado.

   En la misma línea, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante, Jaime Carbonell, ha reclamado al Gobierno valenciano que incluya la deuda de las farmacias en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a las cuales debe una media de 250.000 euros por botica. Según Carbonell ya no pueden más, ni distribuidores ni bancos les fían ya.

   En este punto, el presidente del colegio de farmacéuticos castellonense, Jesús Bellver, ha sugerido a los políticos que se pongan en su lugar: "no estaría de más que si este mes no llega el dinero, aplacen un mes el cobro de su sueldo y paguen ellos aunque sea un mes el medicamento de los valencianos".

   "Los farmacéuticos llevamos seis meses pagando los medicamentos de nuestro bolsillo y los que recaudan los impuestos y tienen la obligación de pagar los medicamentos son ellos. Están descargando sobre nuestra espaldas una responsabilidad que no tenemos", ha lamentado.

   Así, preguntado por el anuncio del Consell de abonarles un anticipo a finales de octubre con la llegada del FLA, Bellver ha considerado que esto "es una auténtica burla", ya que se les pagaría un mes de los seis que les deben, y "como el día 30 vence otro, la situación sigue siendo la misma".

Castedo niega que Ortiz u otro contratista tuviera planos del PGOU antes de que fuera público

VALENCIA.- La alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho en el conocido como 'caso Brugal', ha negado que el empresario Enrique Ortiz u otro contratista tuviera documentos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de que éste fuera público.

   Castedo se ha pronunciado así en su segunda declaración, en calidad de imputada, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), donde desde el pasado viernes está teniendo que responder a las preguntas del ministerio fiscal. Ante el extenso interrogatorio, la declaración se ha suspendido hasta mañana, a las 10.00 horas.

   La primera edil ha llegado al tribunal valenciano minutos antes de las 10.00 horas, con un vestido rojo y cargada con documentación. A su llegada ha indicado a los periodistas que estaba "animada" y con ganas de seguir hablando. También ha asegurado que iba a contestar "a todo".

   Y así ha sido, según ha dicho a su salida, cerca de las 14.30 horas --después de más de cuatro horas declarando--. Tras concluir por hoy el interrogatorio, Castedo ha señalado a los periodistas que estaba contestando "absolutamente a todas aquellas preguntas" para "intentar aclarar todo sobre lo que pueda existir la más mínima duda", ha dicho.

   Sobre este aspecto, al ser interpelada por si pensaba contestar también al resto de acusaciones, ha respondido que es algo que está decidiendo con su letrado. "Ya decidiremos si contestamos o no a todas las partes. Lo que está claro es que al ministerio fiscal estamos respondiendo a todo y al juez también", ha subrayado.

   Castedo, quien está teniendo que escuchar numerosas conversaciones protagonizadas por ella misma o en las que se le nombra de alguna manera, ha negado durante su declaración --dedicada en exclusiva al PGOU-- que Ortiz tuvo acceso a los planos del Plan antes de su exposición pública. Al igual que tampoco lo consiguieron otros empresarios, ha comentado.

   De hecho, a su salida, la imputada ha asegurado que "nadie" ha podido demostrar que Ortiz estuviera barajando planos del PGOU antes de que éste se hiciera público. Frente a su versión, el sumario recoge varios informes policiales que así lo confirman.

 Asimismo, en esta línea, el promotor Ramón Salvador Águeda, también imputado en el procedimiento, admitió ante el juez --en su interrogatorio de noviembre de 2011-- que mantuvo una conversación telefónica con Ortiz, en agosto de 2008, en la que éste reconocía tener los documentos del nuevo PGOU antes de que fueran públicos.

   Castedo ha aportado este lunes al magistrado diversos documentos, algunos de ellos relacionados con el Rico Pérez. Asimismo, ha afirmado que hoy también contaba con otro tipo de documentación que no era para aportar, si no para no "perderse" en la declaración, "porque hablamos de temas muy técnicos y necesito apoyarme en documentación oficial", ha dicho.

   El pasado viernes, la declaración de Castedo se centró en presuntos regalos y viajes efectuados por la alcaldesa con Enrique Ortiz. Al respecto, la primera edil negó que el promotor --a quien aseguró que le une una amistad de muchos años-- le hiciera ningún tipo de regalo como contraprestación.

   Asimismo, en el interrogatorio, Castedo negó que se amañara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para beneficiar al promotor Enrique Ortiz, y mantuvo que los viajes realizados a Andorra en 2008 y 2009, y el efectuado a Ibiza en el yate del empresario, se los pagó ella misma con su dinero.

   En cuanto al viaje que hizo a Ibiza en el yate de Ortiz, defendió que los gastos se pagaron "a escote", y al respecto presentó al procedimiento algunas facturas para justificarse.

   Preguntada por el supuesto Mini Cooper que Ortiz regaló a la asistente de Castedo, Julia Castelló, la primera edil afirmó que ella no intervino en esta operación, por lo que se desvinculó completamente del asunto.

Comunidad Valenciana, la autonomía peor valorada por Moody's

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Moody's ha rebajado entre uno y dos escalones el 'rating' de cinco Comunidades Autónomas y ha añadido a Andalucía y Extremadura dentro de la categoría de grado de especulación, denominada coloquialmente 'bono basura' y en la que se hunden más todavía Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.

La agencia reduce la nota de Andalucía de 'Baa3' a 'Ba2', dos escalones, mientras que la de Extremadura pasa de 'Baa3' a Ba1', lo que supone reducir su calificación un nivel, justo el que separa el grado de inversión del de especulación.

Por su parte, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, que ya se encontraban dentro de lo que se considera 'bono basura', han visto caer sus notas. Las tres comunidades coinciden ahora en una nota de 'Ba3', aunque el caso de Cataluña y Murcia la bajada es más significativa porque supone una reducción de dos escalones, desde 'Ba1'.

Moody's ha mantenido invariables la nota del País Vasco en 'Baa2', dos niveles por encima de la categoría de grado de especulación, así como las de la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Galicia, en los tres casos con un 'rating' de 'Baa3'.

La Comunidad Valenciana aparece también en esta lista con la misma nota que hasta ahora, aunque su 'B1' la sitúa como la autonomía peor valorada.

La firma, que inició el pasado 15 de junio una revisión sobre las comunidades españolas, ha examinado las reservas de capital de las diversas regiones y su capacidad de acceso al capital, aspectos ambos que ve limitados en los casos de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.

Ex responsable de 'banco malo' de CAM afirma que el sector inmobiliario era "el oro de las Américas"

VALENCIA.- El exresponsable del 'banco malo' de la CAM, Francisco Martínez, ha asegurado, respecto al volumen de operaciones inmobiliarias que desarrolló la entidad, que la construcción ha sido en España "el oro de las Américas", ya que "durante 15 años se ha vivido de ella". En este sentido, ha lamentado la incapacidad de haber sabido cambiar la estructura productiva tras la crisis inmobiliaria.

   Martínez --que se ha expresado en estos términos durante su comparecencia en la comisión de investigación de la CAM en las Cortes Valencianas--, ha subrayado, ante las críticas de la oposición por la cantidad de inversiones en el sector inmobiliario, que "un banco tiene una estructura de activo absolutamente correlacionada con el tejido productivo en el que desenvuelve su actividad".

   Ha agregado que en la Comunidad Valenciana, "por desgracia, hay un monocultivo en dos sectores, residencial y turístico", lo que provoca que la financiación para esos sectores "sea el quid de la cuestión".

   Durante su intervención, Martínez también ha manifestado que las operaciones de titulización eran responsabilidad de la dirección de la entidad, pero ha comentado que "todas las cuestiones que tenían cierta relevancia se consultaban con los auditores", por lo que considera que "eran los que marcaban la política contable en este caso".

   De este modo, ha destacado que las titulizaciones  "son un instrumento para obtener liquidez de mercados mayorista". En el caso de la CAM, ha puntualizado que este proceso generó 67 millones en 2010 y 628 en 2011.  

   "El proceso de titulizaciones fue permanentemente supervisado por el auditor, por KPMG", ha subrayado el exdirector general de Riesgos e Inversiones de la CAM. Además, ha comentado que los auditores, que tienen "una factura de más de un millón de euros durante el año  2010", cuentan con distintas misiones, entre las que destaca "dar tranquilidad a la alta dirección de que las cosas funcionan como debe ser".  

   Martínez ha explicado que entró en la CAM en 1985, a través de un proceso de oposición y ha ocupado distintos puestos en diez oficinas y en los servicios centrales de la entidad alicantina. Respecto a sus últimos cargos en la caja, ha explicado que en el segundo semestre de 2010 el SIP que negociaban la CAM, Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria le designó director financiero y, tras la ruptura, fue nombrado director financiero y de participaciones. Tras la intervención de la CAM por parte del FROB ocupó el cargo de director de gestión de activos, es decir, responsable del 'banco malo'.

   El diputado socialista Ángel Luna le ha acusado de haber participado en el "maquillaje" de las cuentas de 2010 y ha denunciado que en marzo de 2011 cerraron un acuerdo, "cuya fecha alteraron a noviembre de 2010", estableciendo una retribución que para Martínez era de 296.000 euros anuales y una renta vitalicia de 13.714 euros al mes.

   El exdirector de gestión de activos ha respondido que en 2010 se estableció una modificación de retribuciones, pero que en su caso concreto tenía "un efecto negativo", ya que le "reducía la prestación".

   Preguntado por las cuotas participativivas, ha comentado que "un país necesita a nivel financiero unos 100.000 millones de euros al año para hacer frente a sus vencimientos, unos 5.000 o 6.000 millones".

 "Las cuotas participativas eran tan solo una gota en este proceso", ha añadido.

   Martínez, que cuenta con "un importante numero" de cuotas participativas, ha señalado que no logra entender "qué pasó en una semana para pasar de la 'a' a la 'b'", ya que ha indicado que la CAM superó las prueba de estrés y unos días más tarde fue intervenida por el Banco de España.

Desde el Grupo Municipal se denuncia incontrolados vertidos de azufre al mar desde el Puerto de Alicante

ALICANTE.- Las recientes lluvias han producido escorrentías hacia el mar de agua contaminada con azufre de los graneles almacenados en el puerto de Alicante, según denuncia del concejal socialista de la capital, Gabriel Moreno.

“Desde el GMS ya hemos denunciado repetidas veces la ausencia de medidas para evitar la contaminación en las actividades portuarias. Las imágenes de vertidos de azufre al mar son una demostración palpable de que no se han adoptado medidas preventivas”

Las lluvias continuadas de estos últimos días en la ciudad de Alicante han empapado los montones de azufre del muelle de carga del puerto "hasta producir regueros de agua contaminada que se están vertiendo al mar". El concejal socialista acusa a la Autoridad Portuaria de "no adoptar medidas ni prever sistemas de contención adecuados, a pesar de haberse producido vertidos similares en anteriores ocasiones, permitiendo el vertido de esas sustancias al mar y contaminando las aguas de nuestra bahía".

Según Moreno, no son solo los vecinos de los barrios circundantes los que están soportando, estos y otros problemas debidos a la descarga de graneles en el puerto, a la contaminación y olores que generan los vertidos de aguas residuales de la depuradora del Rincón de León en el Barranco de las Ovejas o los del emisario de la Playa de San Gabriel, o los vertidos de salmuera de la desaladora de Aguamarga, “es la propia bahía de Alicante la que está expuesta a la contaminación y la degradación, por la irresponsabilidad de las autoridades municipales y portuarias.

"Exigimos que se adopten las medidas necesarias para proteger la salud y el bienestar de los vecinos y la de nuestra bahía”, concluye el comunicado del GMS.

El PSOE de Alicante propone buscar "nuevos liderazgos" y recuperar la "esencia obrera y socialista" del partido

ALICANTE.- El secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, David Cerdán, ha considerado que la formación política precisa "abrir un proceso de búsqueda abierta de nuevos liderazgos y recuperar la esencia obrera y socialista del partido" tras los resultados cosechados por el PSOE en las elecciones gallegas y vascas de este domingo.

   Cerdán, a través de un comunicado, ha señalado que el balance socialista tras los comicios de Galicia y el País Vasco, con siete y nueve escaños menos, respectivamente, "no deja lugar a la duda".

 "Evidencian que necesitamos abrir un proceso de búsqueda abierta de nuevos liderazgos y recuperar la esencia obrera y socialista del partido", ha apuntado.

   En este sentido, ha indicado que "ahora es el momento de pasar a la acción", ya que, tal y como ha agregado, "muchos ciudadanos necesitan respuestas ante el negro futuro propio y el de sus hijos, y a día de hoy no encuentran respuestas convincentes en nosotros".

   "No podemos seguir reflexionando sobre qué está pasando, hay que poner sobre la mesa qué vamos a hacer para que nos escuchen, nos crean y ser útiles, sobre todo en una comunidad como la nuestra --la Comunitat Valenciana-- donde la derecha ha dejado a tanta gente tirada", ha subrayado.

   Por otra parte, Cerdán ha convocado para la tarde de mañana lunes la comisión permanente de la dirección provincial del partido, con el objetivo, entre otros, de "perfilar diferentes acciones de trabajo para las próximas semanas y meses, encaminadas tanto a profundizar en la relación de las estructuras socialistas en la vida social de cada uno de los pueblos y ciudades de Alicante, como en el trabajo que en las diferentes instituciones, especialmente ayuntamientos, deben realizar los cargos públicos del partido de cara a la elaboración de los presupuestos municipales", según ha explicado.

   Durante la reunión, la dirección alicantina socialista tiene intención de diseñar "un plan de acción" para que las agrupaciones de la formación política, y sus sedes, se conviertan en "espacios de referencia" en cada uno de los municipios.

   "Queremos que las sedes del PSOE sean las casas del pueblo, no porque ese sea su nombre, sino porque es realmente la auténtica razón de que existan, que sean de los vecinos y vecinas de cada población" ha manifestado el secretario general provincial.

   Al respecto, ha señalado que "los ciudadanos deben entender" los centros del partido "como espacios donde ser atendidos, donde los niños con menos recursos puedan recibir clases de apoyo, o los parados cursos de formación, o los inmigrantes asesoramiento sobre su situación, y no simplemente como un local de reuniones de los militantes del PSOE".

   Así, ha planteado un "reenfoque" de la labor de las agrupaciones locales, las cuales, en su opinión, "deben saber qué ocurre en cada barrio, en cada calle, qué vecinos necesitan trabajo, o una vivienda o material escolar para sus hijos". "Necesitamos conocer qué ocurre para saber qué hemos de hacer, desde nuestra posición socialista y obrera" ha insistido.

   Por otra parte, los socialistas también tratarán en la citada comisión permanente la elaboración de los presupuestos municipales --que deben presentar los consistorios a final de año--, un aspecto en relación al cual Cerdán ha remarcado que deben contar "con un fuerte componente social".

   Igualmente, las cuentas de los ayuntamientos han de ser "capaces" también, a su juicio, de "explorar todas las posibilidades para generar empleo o aumentar las posibilidades de las personas en paro de encontrarlo", ha puntualizado.

   Así, la dirección provincial perfilará un encuentro de municipios a nivel provincial para "concretar acciones conjuntas" y en el que se "prioricen la ayuda a quienes menos tienen y necesitan más apoyo de las instituciones", así como permita potenciar "la dinamización económica" de las poblaciones "apoyando a emprendedores, a la formación de los trabajadores y parados, y la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo".

El 19% de los valencianos, por debajo del umbral de pobreza y casi la mitad de los hogares no puede afrontar imprevistos

MADRID.- El 19 por ciento de los valencianos se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, según los datos provisionales para 2012 de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que colocan a la mitad de los hogares en situación de no poder afrontar imprevistos.

   Asimismo, el 13,8 por ciento de los hogares valencianos manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad. Además, en el 50,5 por ciento de los hogares de la región no pueden permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año.

   Según los datos, el 43,6 por ciento no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Además, en el 9,1 por ciento de los hogares se cometen retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal como hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad o comunidad, entre otros.

La causa contra la cúpula de CAM vuelve a manos de Grande-Marlaska

ALICANTE.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Fernando Grande-Marlaska, deberá resolver los recursos de apelación que los cinco exdirectivos de Caja Mediterráneo (CAM) imputados han interpuesto contra la fianza conjunta y solidaria de 25, 8 millones de euros que les impuso el juez instructor Javier Gómez Bermúdez.

Se da la circunstancia de que Grande-Marlaska fue precisamente el magistrado que el pasado mes de diciembre, cuando dirigía el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, abrió la causa contra la antigua cúpula de CAM a raíz de las denuncias iniciales interpuestas por el FROB y por el abogado Diego de Ramón.

Dos meses después, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró a Grande-Marlaska presidente de la Sala de lo Penal, por lo que su puesto al frente del Juzgado de Instrucción nº 3 fue asumido por Gómez Bermúdez, quien desde entonces se ha encargado de instruir la causa judicial sobre la CAM.

A petición del FROB, Gómez Bermúdez dictó el pasado mes de julio un auto en el que impone una fianza conjunta de 25,8 millones de euros a los cuatro imputados: el expresidente Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exdirector de Recursos Vicente Soriano y el exdirector de Planificación Teófilo Sogorb.

Como ha informado Abc, Crespo es el único que ha dirigido al juez un listado de todos sus bienes -que incluye las acciones de su empresa, así como varias viviendas y plazas de garaje- para que pueda ejecutar su parte proporcional de la fianza.

Los cinco imputados interpusieron recursos de reposición contra las medidas cautelares que, al ser rechazados por el instructor, han transformado en recursos de apelación. En este caso, es la Sala de lo Penal de la Audiencia, presidida por Grande-Marlaska, la que deberá resolver sus alegaciones y decidir, por tanto, si se ajusta a derecho la fianza de 25,8 millones de euros impuesta.

Esta cifra se corresponde con las pérdidas que habría sufrido la CAM a causa de las pensiones vitalicias, indemnizaciones por prejubilación y primas de beneficios cobradas indebidamente por exdirectivos de la antigua caja de ahorros, según la tesis del FROB.

En caso de que la Sala de lo Penal confirme la fianza establecida, el juez Gómez Bermúdez podría ordenar el embargo de los bienes de los cinco imputados, hasta alcanzar la cifra fijada como medida cautelar para cubrir su responsabilidad civil subsidiaria.

El abogado Diego de Ramón, que ejerce la acusación particular en representación de más de medio millar de cuotapartícipes de la CAM, ya ha anunciado que si los imputados se declaran insolventes, interpondrá una querella contra ellos por un presunto delito de alzamiento de bienes, por considerar que han podido ocultar una parte de su patrimonio fuera de España. 

Diego de Ramón ya ha dirigido un escrito al juez Gómez Bermúdez, en el que pide que embargue los bienes de la Obra Social para indemnizar con 17,5 millones a los compradores de cuotas participativas.

Castedo dice que mantiene "por ahora" su decisión de dimitir como diputada autonómica

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha subrayado este sábado que "por ahora" mantiene su decisión de dimitir como diputada autonómica del PP en las Corts Valencianes, si bien ha apuntado que para comunicar cuándo lo hará va a esperar a que "acabe" el proceso de su imputación en la pieza del caso Brugal que investiga posibles irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

   Castedo se ha expresado en estos términos a los periodistas después de que este viernes compareciera en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para declarar en calidad de imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

   Así, al ser preguntada sobre cuándo va a presentar su dimisión en la cámara valenciana ha señalado que no lo sabe, y que va a esperar a que "esto acabe", al tiempo que ha manifestado que "por ahora" mantiene su determinación de abandonar el cargo. "Vamos a esperar a que esto acabe para que os diga --dirigiéndose a los medios de comunicación-- todas las decisiones que definitivamente voy a tomar y todas las opiniones que me merecen todas las personas por las que me queráis preguntar", ha manifestado.

   Además, en relación a si ha recibido apoyo suficiente por parte del PP, ha reiterado que "de los apoyos, y de todas las cuestiones" hablará "cuando esto acabe". 

 "No voy a hacer ningún análisis preliminar, sino que cuando esto acabe sí que voy a decir lo que pienso y vais a saber lo que realmente tenéis más interés en saber, pero antes no lo voy a hacer".

   "Me siento arropada por quien me siento arropada, y quien me arropa sabe que me arropa, y quien no me arropa ni me ha arropado sabe que ni me arropa ni me ha arropado, ni espero ya que me arrope nunca", ha enfatizado, de igual manera que ha afirmado no haber "perdido ningún" respaldo durante el proceso judicial. "Los apoyos que no tengo ahora es porque realmente jamás los tuve".

   No obstante, la alcaldesa ha resaltado que durante la jornada de este viernes recibió "llamadas especiales" de "apoyo" del presidente de las Corts, Juan Cotino, del vicepresidente del Consell y dirigente del PP alicantino, José Císcar, o del diputado 'popular' David Serra, al tiempo que ha subrayado que "prohibió terminantemente" a los ediles de su equipo de Gobierno que fueran a Valencia durante su presencia en el TSJCV, si bien algunos de ellos se desplazaron hasta la capital de la Comunitat.

   "No tiene que ir nadie, es un problema mío y punto, y se acabó. Pero algunos me desobedecieron. Es una muestra de cariño, pero exactamente igual de los que van como de los que no fueron, porque les pedí expresamente que no fueran", ha añadido al respecto.

   En cuanto a su declaración de este viernes, ha explicado que su desarrollo se ha prolongado hasta el lunes, por lo que ha incidido en que allí estará "para continuar contestando absolutamente a todo", ya que, tal y como ha considerado, es su "obligación" y porque es de la creencia de que, "desgraciadamente, también es necesario".

 "Y si el martes hay que continuar, continuaré, y si el miércoles quieren seguir, seguiré", ha destacado.

   "Lo que quiero es que las cosas queden muy claras y que no quede el más mínimo género de duda, porque no me lo puedo permitir y no puedo permitirlo tampoco para esta ciudad", ha aseverado, tras lo que ha subrayado que mantiene su inocencia y la "demuestra".

   En relación al tiempo durante el que compareció en el tribunal autonómico --desde la mañana hasta primera hora de la noche--, ha explicado que "fue muy lento" porque "cada vez que había que escuchar una conversación, había que buscar el CD, el minutaje, meterlo en el ordenador y escucharla".

 "Aproximadamente, cada conversación puede tardar 15 minutos, y como se quieren poner, que se vayan poniendo y por eso se va a alargando y se está haciendo excesivamente lento", ha añadido.

   Por otra parte, Castedo ha hecho hincapié en que mantendrá su cargo de alcaldesa de Alicante, y ha indicado que "ahora mismo" está "en un proceso" en el que le han dado "derecho" a defenderse.

   Sobre la posibilidad de que su permanencia en la Alcaldía pueda generar mala imagen, ha lanzado varias preguntas: ¿Y si mañana todo esto se archiva? ¿Qué? ¿Qué más da, no? Qué más le da a los medios de comunicación, qué más le da a los demás. ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? Es decir, hemos entrado en un juego, y yo he entrado, entonces a mi me están marcando las pautas del juego, pero yo también voy a marcar las mías", ha asegurado.

   Por último, se ha referido a las crítica de los grupos municipales de la oposición en las que han acusado a la primera edil de estar más centrada en su "defensa" que en sus prioridades como alcaldesa, a lo que ha respondido que este sábado ella ha asistido a un acto "en el que apenas hay representación" del resto de formaciones del Ayuntamiento.

   "Solamente ha venido uno de los partidos, el PSOE, lo que no sé es qué estarán haciendo el resto --Esquerra Unida (EU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD)-- en lugar de estar rindiendo homenaje a Protección Civil. Yo estoy, soy la alcaldesa de esta ciudad, y evidentemente, a mí no me quita ni un sólo minuto de trabajo la declaración que tenga que hacer, ni uno solo", ha enfatizado.

   Igualmente, ha señalado que "es la primera vez" que ve en un acto del Ayuntamiento al portavoz socialista en el consistorio, Miguel Ull, "desde hace mucho tiempo".

 "Y no porque yo no vaya, sino porque los que no van son ellos. Es muy fácil, coged mis dos últimos meses y su último año, solamente en fotografías de actos y haced la comparativa", ha sentenciado.

El PSPV pide al Gobierno que se pronuncie sobre la fecha para la llegada del AVE a Alicante

ALICANTE.- El secretario del PSPV de Alicante y diputado en el Congreso, Gabriel Echávarri, ha remitido una pregunta al Ejecutivo de Mariano Rajoy para que se pronuncie de forma clara y sin lugar a dudas sobre la fecha de la llegada del AVE a Alicante y certifique cuáles son los planes reales para esta infraestructura esencial para el despegue económico de la ciudad y la provincia de Alicante.

Declara, además, que mientras la alcaldesa, Sonia Castedo, se dedica a arreglar sus problemas particulares con la Justicia por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana a cambio de regalos del empresario Enrique Ortiz, nosotros nos preocupamos de los problemas reales de los alicantinos: el paro y la falta de iniciativas del Ayuntamiento y el Gobierno para sacarnos de esta situación.

 "El AVE es una infraestructura básica para reimpulsar el tejido económico y empresarial".

Piden trasladar la oficina TAM de Alicante a la antigua estación de autobuses

ALICANTE.- Esquerra Unida (EU) planteará al gobierno popular del ayuntamiento de Alicante que promueva con la concesionaria del servicio público de transporte metropolitano (TAM) el traslado de su oficina de información al ciudadano a la antigua estación de autobuses, "hoy abandonada y sin ninguna función".

El concejal de EU Rogelio González ha considerado hoy en un comunicado que el traslado de esa oficina desde su actual ubicación, en la confluencia de la Rambla Méndez Nuñez y la avenida Jaime II, al emplazamiento propuesto "ofrece múltiples ventajas".

"La reapertura evitaría colas de ciudadanos a la intemperie como sucede ahora y, al mismo tiempo, permitirá volver a ver un edificio histórico de estilo racionalista magnífico, que alberga dos importantes murales de Gastón Catellón", ha indicado González.

Además, según el edil, favorecería el acceso a las personas con movilidad reducida.

En su opinión, la actuación no sería "costosa y sí muy beneficiosa para la ciudad, pues el edificio aún se conserva en buen estado" y se garantizaría su "conservación para el futuro" con "la llegada de la oficina del TAM".

La formación de izquierdas también ha señalado que ese traslado generaría mayor actividad al pequeño comercio de los alrededores de la antigua estación, un sector que, según González, "lo está pasando mal" tras la apertura de la nueva terminal de autobuses "al final de Óscar Esplá".

EU ha reiterado la "necesidad" de multiplicar el número de oficinas de información de transporte público (una por distrito) y ha criticado que el consistorio "desatienda", a su juicio, "los servicios que ofrecen concesionarias que se llevan muchísimo dinero de la hacienda pública".

Mas y mejor control en la actuación irregular y competencia desleal / Ángel Tomás Martín *

El comercio y tráfico internacional por vía marítima ha sufrido una importante caída a partir del año 2008 ocasionada por la crisis global y nacional, provocando un descenso en los tonelajes de mercancías transportadas y la supresión, por las compañías navieras, de algunas líneas por falta de rentabilidad. Los efectos del vertiginoso descenso se han manifestado en el transporte de petróleo y en el de materias primas, pero en mayor magnitud en el sector manufacturero mundial. En España, con un creciente descenso del consumo, el sector industrial está pasando su peor coyuntura, solo superable con esfuerzo, tesorería y tiempo.

Sin embargo, la competencia desleal, el plagio y la debilidad del control en la entrada de mercancías "irregulares" a que nuestro mercado nacional se ve sometido, merman nuestro crecimiento y nuestro producto interior bruto. El reto del Sector industrial no es solo luchar para superar la crisis, que con creatividad, investigación y productividad, cualidades que posee todo buen empresario se consigue, sino aunando energías para combatir la competencia desleal. Si no se logra, el desarrollo continuará frenado y la libre competencia del mercado inexistente. Ésta última está mediatizada por la práctica totalmente "irregular" procedente del mercado exterior, e incluso del interior.

¿Cuáles son los problemas con los que se encuentran la industria y los importadores españoles frente a los importadores ilegales? Trabajos de investigación con ayuda de expertos especializados y análisis de diversos contenciosos, algunos importantes, avalan la ilegalidad de actividades de distribución que impiden el normal desenvolvimiento de una buena parte de nuestra industria, que reclama un mayor y exhaustivo control de las normativas comunitarias y de las entradas de productos que carecen de la calidad y seguridad exigidas, y a precios sin competencia, por ser: 1.- flagrantes copias, muchas de ellas registradas o patentadas, 2.-por carecer, en su fabricación, de los costes de investigación e innovación y 3.- por evitar o minorar los impuestos de Arancel, IVA, y antidumping.

Es de resaltar la ejemplaridad, colaboración y rapidez de la policía judicial, pero los procedimientos contenciosos posteriores son muy lentos y las soluciones llegan tarde, perdiendo toda eficacia y ocasionando perjuicios irreparables a nuestras empresas.

Los puertos de destino de las mercancías procedentes del exterior se descargan principalmente en Valencia, Algeciras, Barcelona o Bilbao; pero pueden descargarse en otros puertos de la Unión Europea como Nápoles, Amberes o Rotterdam, entre otros. Una vez descargadas, a las mercancías hay que asignarles un destino aduanero, los cuales son: a) Despacho a consumo, con el pago de todos los impuestos y el cumplimiento de todas las disposiciones legales de calidad y seguridad, b) despacho a libre práctica, en el que solo se pagan los impuestos aduaneros, no el IVA, y también con el cumplimiento de las disposiciones legales de calidad y seguridad, c) en tránsito para su despacho en otras aduanas a petición de los titulares, d) introducción en los locales Autorizados de Depósito Temporal, donde el plazo de permanencia para el despacho es entre 20 y 45 días dependiendo del medio de transporte usado, y e) introducción en un Depósito Aduanero hasta que el propietario de la mercancía lo solicite, sin que exista plazo de permanencia para despacho. Cuando no se despachan en los plazos determinados, o son rechazadas por los Servicios de SOIVRE, SANIDAD o FITOSANITARIO o han de devolverse a origen o abandonarse a favor de la Hacienda Pública o destruirse.

Para que los inspectores del servicio de Aduanas autoricen la disposición definitiva de las mercancías, tendrán que unirse al DUA, (Documento Único Aduanero), los certificados expedidos por los servicios de SOIVRE, SANIDAD y FITOSANITARIO, responsables de controlar el cumplimiento y garantía de la calidad de los productos y la seguridad sobre las personas y normas sanitarias. Cumplido el expediente, a los DUAS se les asigna, según criterio de la Administración de Aduanas, uno de los tres circuitos siguientes: "VERDE", en el que se dispone de la mercancía inmediatamente, “NARANJA”, en el que la Aduana comprueba todos los documentos unidos al DUA, o "ROJO", de obligada comprobación documental y reconocimiento físico de la mercancía. Con independencia existen los servicios "Inspectores de Consumo" dependientes de las Comunidades Autónomas, que actúan en los locales de los mayoristas y minoristas de su demarcación territorial.

Estudiando los fallos y deficiencias de los sistemas de despacho Aduaneros y Paraduaneros, nos encontramos con el muy escaso número de funcionarios para la gran tarea a desarrollar (detección de posible manipulación de facturas, documentos y mercancías sensibles que necesitan controles por plagio de diseño y marcas, dificultad de revisión de la mercancía hasta el fondo del contenedor donde se ocultan las irregularidades, declaraciones falsas reseñando partidas arancelarias distintas a las que corresponden que no precisan controles, consiguiendo que el sistema les asigne "circuito verde" etc.). En Madrid, salvo modificación reciente, hay solo dos inspectores en el Recinto Aduanero para reconocimiento físico y uno para controlar los cerca de 40 Depósitos Aduaneros, y en Valencia idéntica plantilla, pero con 200 Depósitos Aduaneros. Por ello, el reconocimiento físico no alcanza el 10%, debido a la gran carga de trabajo y la dificultad de desempeñarlo adecuadamente.

Para corregir estas prácticas es necesario aumentar el número de funcionarios, tanto del SOIVRE como de Aduanas. Son muy pocos los destinados a este fin, sirva de ejemplo el volumen de trabajo y numero de despachos al año que se emiten desde Valencia, 400.000 aproximadamente, y más de 200.000 contenedores en Madrid Puerto Seco, que transportan, en la mayoría de los casos variedad de productos, sujetos unos a inspección y otros no, presentando miles documentos de despacho. Igualmente deben incrementarse los inspectores de Consumo de las CCAA por las mercancías que han podido sustraerse a los controles anteriores y también para el control de mercancías tramitadas irregularmente desde puertos comunitarios, que inciden en nuestra economía negativamente.

Es necesario y urgente este incremento de inspectores, que lejos de ser una carga presupuestaria, propiciará más recaudación fiscal y una colaboración eficaz al desarrollo y crecimiento del sector industrial, y de la economía en general. Esta sí es una reforma estructural de la máxima importancia.

(*) Economista y empresario

Castedo niega que se amañara el PGOU para beneficiar a Ortiz

VALENCIA.- La alcaldesa de Alicante y diputada autonómica, Sonia Castedo, imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho en el conocido como 'caso Brugal', ha negado que se amañara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para beneficiar al promotor Enrique Ortiz --"amigo" suyo--, y ha mantenido que los viajes realizados a Andorra en 2008 y 2009, y el efectuado a Ibiza en el yate del empresario, se los pagó ella misma con su dinero.

   Castedo se ha pronunciado de esta manera en el tribunal valenciano, durante su declaración ante el juez Juan Climent, encargado de instruir este procedimiento. El interrogatorio se ha prolongado durante algo más de siete horas, en las que solo ha intervenido el ministerio fiscal. Ante tanta prolongación, el magistrado ha suspendido la sesión hasta el lunes, a las 10.00 horas, día en que Fiscalía seguirá con las preguntas. Luego le llegará el turno al resto de acusaciones.

   La mayor parte del interrogatorio de este viernes se ha centrado en los presuntos regalos y viajes efectuados por la alcaldesa con Enrique Ortiz. Al respecto, la primera edil ha negado que el promotor --a quien ha asegurado que le une una amistad de muchos años-- le hiciera ningún tipo de regalo.

   Asimismo, respecto a los viajes efectuados a Andorra en las navidades de 2008 y 2009, ha aseverado que tanto los gastos de coche como de hotel los pagó ella misma en efectivo. Frente a esta versión, el abogado de la acusación popular, José Luis Moreno, ha afirmado que ella había mantenido que los pagó con el dinero de la lotería de Les Fogueres y de su madre, algo que tanto Castedo como otras fuentes han desmentido rotundamente.

   En cuanto al viaje que hizo a Ibiza en el yate de Ortiz, ha defendido que los gastos se pagaron "a escote", y al respecto ha presentado al procedimiento algunas facturas para justificarse, han indicado fuentes conocedoras del procedimiento.

   Preguntada por el supuesto Mini Cooper que Ortiz regaló a la asistenta de Castedo, Julia Castelló, la primera edil ha afirmado que ella no intervino en esta operación, por lo que se ha desvinculado completamente del asunto.

   Otra parte del interrogatorio --alrededor de dos horas-- se ha centrado en el PGOU. Sobre el mismo, Castedo ha mantenido en todo momento que el plan no se amañó para beneficiar al promotor, y ha defendido que las modificaciones efectuadas en algunos casos se hicieron a petición de Fomento o porque había errores puntuales.

   Así, se le ha puesto una conversación en la que le comunicaba al empresario que le había "apañado" el problema detectado entre el APA-9 y Lomas de Garbinet, y al respecto ha dicho lo que ya señaló en alguna ocasión: que los cambios introducidos por el equipo redactor del Plan se hicieron en cumplimiento de un informe del Ministerio de Fomento para reformar el enlace ' Alicante Norte'.

   Castedo ha atendido tras su declaración a los medios que le esperaban a las puertas del tribunal valenciano, a los que ha señalado que estaba "cansada" porque han sido "muchas horas" de interrogatorio. También ha asegurado que no tenía que justificarse "absolutamente de nada" por su relación con Ortiz.

   La primera edil, quien ha aseverado que no piensa dimitir de su cargo por este caso y ha reivindicado su derecho a defenderse, ha indicado que el interrogatorio, que continuará el lunes, está siendo "muy lento" porque está contestando "absolutamente a todo" y se están reproduciendo conversaciones que, muchas de ellas, "no están cortadas y duran unos 10 o 15 minutos", ha comentado.

   Castedo también ha aseverado que lleva "mucho tiempo" esperando a poder hablar, a poder defenderse, y ha añadido que sale "con muy buena sensación" porque se ha podido "explicar". "Cuando llevas tanto tiempo queriendo dar un por qué... llega un momento en el que dices por fin puedo hacerlo y puedo ser yo la que de las explicaciones".
La alcaldesa de Alicante ha llegado a declarar sobre las 8.40 horas, aproximadamente una hora y veinte antes de su citación, que había sido fijada a las 10.00 horas.
La primera edil alicantina y también diputada autonómica, ha llegado a la sede judicial acompañada por dos personas.

La Generalitat suprime 46 entes del sector público empresarial y fundacional y reduce la plantilla en un 40%

VALENCIA.- La nueva estructura del sector público empresarial y fundacional de la Generalitat valenciana estará integrada por seis áreas funcionales en las que se integrarán 25 entes, a los que hay que añadir cinco sociedades con participación minoritaria. De esta manera, el Gobierno valenciano reduce 46 entes públicos desde el inicio de esta legislatura, al pasar de 76 a 25, y recorta su plantilla en un 40 por ciento. 

   Así lo ha anunciado tras el pleno del Consell que ha dado luz verde al decreto de reestructuración del sector público valenciano el   conseller de Economía, Máximo Buch, que ha detallado que estos cambios supondrán una reducción de plantilla de alrededor del 40% sobre un total 7.555 empleados, unas 3.000 personas.  

   Con estas medidas, el Ejecutivo autonómico prevé ahorrar hasta 315 millones, 100 de ellos por la reducción de personal, otros 200 por optimización de la gestión y 15 más por "sinergias".

UPyD afirma que "es obvio que en 10 minutos no podía quedar resuelta la imputación de Sonia Castedo"

ALICANTE.- El concejal y portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Alicante, Fernando Llopis, ha afirmado que "es obvio que en 10 minutos no podía quedar resuelta la imputación de Sonia Castedo" como la propia alcaldesa de Alicante había asegurado recientemente, según ha informado en un comunicado la citada formación política.

   El edil se ha referido a la declaración de Castedo este viernes como imputada en el caso 'Brugal', que se ha prolongado toda la mañana y continúa esta tarde, para señalar que, "desgraciadamente, parece que este proceso se va a dilatar un poco más en el tiempo".

   Llopis además ha mostrado su confianza en que el proceso se "resuelva con justicia, en un sentido o en otro, pero que se resuelva en breve", según las mismas fuentes.

   Así mismo, ha insistido en que la primera edil "debería haber dejado la alcaldía mientas dura todo este proceso", y ha destacado que la ciudad de Alicante "ahora mismo está huérfana de un liderazgo que defina acciones concretas a realizar, situación que se agrava con la situación de la alcaldesa en su visita al juzgado".

   "Es una situación que lamentablemente se está repitiendo en demasiadas ocasiones y que, al final, perjudica notablemente a las ciudades donde se hallan imputadas personas que ocupan puestos de relevancia", ha opinado.

   Llopis también ha insistido en que debería "haber un acuerdo de los partidos para impedir que los imputados por delitos de terrorismo o contra la Administración pública no pudieran formar parte de cualquier lista electoral o ejercer su cargo público".

El PPCV dice que hay que respetar el calendario judicial sobre la declaración de Castedo en el TSJCV

ALICANTE.- El vicesecretario general del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), César Sánchez, ha subrayado sobre la declaración de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por su imputación en el caso Brugal, que "lo que hay que hacer en estos momentos es respetar lo que son los pasos y el calendario judicial".

   Sánchez ha realizado estas declaraciones a los periodistas al ser preguntado sobre si en la formación política están preocupados por la situación de la capital alicantina por la comparecencia en el TSJCV de Castedo.

   El dirigente del PPCV ha afirmado que "es un momento complejo, difícil", si bien ha resaltado que desde el PPCV siempre han "dejado claro que la presunción de inocencia es esencial".

   "La alcaldesa siempre dijo que estaba esperando este momento para poder defenderse y lo que hay que hacer es respetar lo que son los pasos y el calendario judicial", ha apuntado.

Este sábado alerta nivel rojo en el norte de Castellón y naranja en el resto de la Comunitat Valenciana

VALENCIA.-   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado para este sábado la alerta nivel rojo en el norte de Castellón, ante la posibilidad de precipitaciones de 80 litros por metro cuadrado en una hora, y de nivel naranja en el resto de la Comunitat, donde se prevén registros de 40 litros por metro cuadrado.

   El Centro de Coordinación de Emergencias (CEE) aconseja en una situación de lluvias intensas alejarse de los márgenes de ríos y barrancos, no cruzar lugares inundados y evitar puentes no resistentes o dañados.

   La Aemet prevé para la jornada cielos cubiertos y precipitaciones generalizadas, ocasionalmente fuertes o muy fuertes y acompañadas de tormenta. Las temperaturas irán en descenso ligero a moderado y los vientos serán de componente este de flojos a moderados y de componente oeste a partir de la tarde en Alicante.

Ximo Puig opina que el PP "tendría que indicar el camino" a Castedo para "alejarse de lo público"

ELCHE.- El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha manifestado que, en política, cuando alguien tiene un "comportamiento incorrecto" en la gestión de los servicios públicos o del dinero de los ciudadanos, tiene que "alejarse de lo público", y ha apuntado que si la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, imputada por el 'caso Brugal', "no es capaz de tomar" esa decisión, "el PP le tendría que haber indicado cuál es el camino".

   Puig ha realizado estas declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa en Elche, al ser preguntado sobre la citación de la primera edil y diputada autonómica para declarar este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en calidad de imputada por los presuntos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho en la pieza separada del 'caso Brugal' que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital alicantina.

   Así, el líder de los socialistas valencianos ha señalado que existen dos tipos de responsabilidades, las jurídicas y las políticas. "Las jurídicas las debe derivar el juzgado y, por tanto, no voy a entrar. Lo que sí que es verdad es que en la Comunitat, el presidente Alberto Fabra piensa que le tienen que hacer el trabajo los jueces, y hay cosas que no tienen que hacer los jueces, tiene que hacerlo la política", ha apuntado.

   "La política tiene que decidir que cuando una persona tenga un comportamiento incorrecto en la gestión de los servicios públicos, en la gestión del dinero de los ciudadanos, ésta tiene que, en consecuencia, tomar una decisión y alejarse de lo público. Es una cuestión elemental", ha considerado Puig.

   En este sentido, ha subrayado que en la región valenciana "hace mucho tiempo que se hubieran tenido que tomar las medidas oportunas", y ha incidido en que "si Castedo no es capaz de tomar esa decisión por sí misma, el PP le tendría que haber indicado cuál es el camino".

   Además, el dirigente del PSPV ha recalcado que "en cualquier país de Europa", una situación como la que ha pasado "en el conjunto" de la Comunitat y en Alicante "hubiera tenido una respuesta de carácter político".

 "Si aquí hubiera un liderazgo adecuado del presidente de la Generalitat y del PP --en alusión a Fabra--, se habrían tomado las decisiones oportunas, pero cuando tienes 10 imputados en las Corts Valencianes, entiendo que es complicado", ha enfatizado el socialista.

   "Lo que no puede ser es que, finalmente, esa mala imagen que permanentemente se transmite de la Comunitat se socialice y acabe afectándonos a todos, y de hecho nos está afectando en estos momentos. Una mala imagen de la Comunitat que está propiciada por esta actuación sistémica en la corrupción que ha tenido el PP", ha sentenciado.

Cerca de un millar de personas se manifiestan en defensa de una escuela "pública y de calidad"

ALICANTE.- Cerca de un millar de personas procedentes de varias localidades de la provincia de Alicante se han manifestado en la tarde de este jueves por varias calles del centro de la capital alicantina en defensa de una escuela "pública y de calidad", al tiempo que han solicitado a los gobiernos nacional y autonómico una "mayor inversión" en Educación y la retirada de los recortes que "afectan" a los servicios públicos.

   La movilización, convocada por el Sindicato de Estudiantes y por varios colectivos de alumnos y asociaciones de padres y madres, ha comenzado poco después de las 19.00 horas en las escaleras del Instituto Jorge Juan, ha descendido hacia la plaza de los Luceros para continuar a lo largo de la avenida de Alfonso el Sabio, y por la Rambla Méndez Núñez ha desembocado en la intersección con el paseo de la Explanada de España.

   A la protesta han asistido cerca de 1.300 personas según los responsables y unas 800 en función de los datos aportados por fuentes policiales. Entre los manifestantes ha podido observarse a gran cantidad de alumnos de los niveles de Primaria y Secundaria, así como a padres y madres de los mismos, si bien también han acudido representantes de profesorado, entre ellos de personal interino.

   La cabecera de la marcha ha estado presidida por dos pancartas iguales en las que se podía leer 'No soy un gasto, soy una inversión. ¡¡Escuela pública y de calidad!!', firmada por la Federación Local de Asociaciones de Padres y Madres Paco Molla, por la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante (FAPA) Gabriel Miró y por la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Covapa).

   Igualmente, a lo largo de la manifestación los asistentes han lucido lemas que decían 'Dinero público para la escuela pública'; 'Dónde está el dinero de nuestros hijos'; No a los recortes en los servicios públicos'; o 'Más educación, menos corrupción', del mismo modo que han lanzado cánticos como "el hijo del obrero a la Universidad" y otros en favor de la celebración de una huelga general.

   Al final del recorrido, un representante del Sindicato de Estudiantes ha resaltado en un discurso que este tipo de protestas sirven para "demostrar que hay fuerza", y ha calificado las medidas implantadas en el sector educativo como de "un ataque brutal que quiere devolver la Educación al Franquismo".

   Además, ha incidido en que los alumnos están abocados a acudir al mercado laboral "con una mano delante y otra detrás", al tiempo que ha acusado al Gobierno de estar "criminalizando a estudiantes, profesores y padres".

 "Los empresarios y el Ejecutivo tienen miedo", ha subrayado.

   Por último, ha abogado por emprender medidas más amplias que una huelga general, y ha propuesto realizar paros de 48 horas. "Hace falta ir más lejos", ha enfatizado, tras lo que ha considerado que un posible nuevo rescate para España representaría "más dinero para los bancos" y para el sector privado.

   Tras esta intervención, una portavoz de la Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante ha leído un manifiesto en el que el colectivo ha exigido el "cese fulminante" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, la designación de un nuevo equipo ministerial, la retirada de la reforma educativa y de los recortes que afectan a los servicios públicos, y el establecimiento de un diálogo que permita el consenso en materia de Educación.

   "Hasta aquí hemos llegado", ha asegurado el colectivo en el escrito, tras lo que ha afirmado que el presente curso escolar "ha superado con creces los peores pronósticos", y ha recalcado que "muchos niños pasan hambre en los centros" y que las medidas del Gobierno han derivado en "abandono escolar".

   Por último, la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic de la comarca alicantina de la Marina Baja ha repartido un documento en el que ha subrayado que los "gobernantes apelarán a la mayoría silenciosa para legitimar su actuación e implementarán su política de recortes, que permite desviar el dinero de los que pagan impuestos, que debería servir para el bienestar social del conjunto de la ciudadanía, hacia el mantenimiento de los beneficios de la especulación financiera y de la corrupción política".

FERRMED lamenta que Fomento invierta en zonas con una rentabilidad "escasa" en lugar del Corredor Mediterráneo

VALENCIA.- El grupo de trabajo técnico de Ferrmed ha lamentado este miércoles que el Ministerio de Fomento continúa invirtiendo en zonas de una rentabilidad "dudosa", en lugar de "concentrar los esfuerzos en las zonas que pueden reactivar la economía", como el Corredor Mediterráneo, que representan el 42 por ciento del población y del PIB.  

   Así, lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa el secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, junto al miembro del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat, Francisco García Calvo y Angel Martínez, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, para analizar las cuentas del próximo ejercicio y el Plan de Infraestructuras, Transportes e Infraestructuras (PITVI 2012-2014).

   Las conclusiones de este estudio, que serán remitidas hoy mismo por correo a la ministra de Fomento, Ana Pastor, en las que se echa en falta "más esfuerzo" para las Mercancías y Cercanías así como ceñir la alta velocidad al Corredor Mediterráneo y el Atlántico.

   Además, ha criticado que el tercer carril sólo cuenta con una asignación de 270 millones, por lo que ha exigido que se acelere su instalación para que se puedan cumplir los plazos de llegada a valencia en 2015 ya que en caso contrario se "producirá un cuello de botella" en la calle serrería al tener que pasar las Cercanías, el Euromed, y la Alta velocidad por ahí.  

   Amorós ha señalado que aunque desconocen el detalle de estos documentos a partir de la nota de prensa y de los mapas facilitados por el ministerio constatan que "una vez más se sigue invirtiendo en zonas con escasa rentabilidad" cuando "en una situación tan crítica como la que atraviesa España hay que concentrar las inversiones en zonas donde se pueda reactivar la economía".

  "Nadie está en contra de la cohesión territorial pero hay que apuntalar la economía productiva" porque, ha recalcado Amorós, "el café para todos es imposible ahora, no nos los podemos permitir y además está sensación cala en Europa, lo que no nos da ningún prestigio".

  En ese sentido, ha considerado "fuera de lugar" que a Galicia llegue tres AVEs, desde Zamora, León y Asturias, o que incluso se proyecte una conexión entre Asturias y Extremadura cuando del conjunto de inversiones prevista en el PITVI de Alta Velocidad al corredor mediterráneo sólo representan un 18,7 por ciento "muy lejos" del 42 por ciento que las provincias costeras suponen en población y en PIB.  

  Por todo ello, ha apuntado que la sensación es que "los políticos programas sólo a corto o medio plazo en lugar de a largo plazo"  y además al no presupuestar generan desconfianza entre el empresariado para poder realizar sus inversiones. Además, ha exigido que los mapas con las infraestructuras sean "un poco más explícitos" y en ese sentido ha lamentado que han incluido algunas de las líneas que reclamaban pero "sin presupuesto".

  Respecto al Presupuesto del próximo ejercicio, critican que las actuaciones para el Corredor Mediterráneo representan sólo el 29,4 por ciento de las actuaciones presupuestadas para 2013 a pesar de que el peso socioeconómico de esta infraestructura es del 42 por ciento y además "no se tiene en cuenta el retraso endémico de 20 años" en esta infraestructura. Además, ha rebatido "el desequilibrio importante" que se da entre "la preponderancia que se da a la alta velocidad" frente a las cercanías y las mercancías que "siguen siendo el pariente pobre".

  Frente a ello, proponen que en las próximas cuentas se concentren los esfuerzos del AVE en el Corredor Mediterráneo y el Atlántico, acelerar la instalación del tercer carril para que se cumplan las fechas de llegada a Valencia en 2015 y Alicante y Cartagena en 2016, así como actuar urgentemente en la red de cercanías de Barcelona, Valencia, Murcia y Málaga.

  Del mismo modo, pide que en el PITVI se asigne "claramente" las partidas presupuestarias y un calendario de ejecución, se reequilibrio los presupuestos en función del peso socioeconómico, se concentren las inversiones en los dos grandes ejes transeuropeos, se detalle los planes de circunvalaciones y cercanías, o se considere la línea Lorca-Baza-Granada dentro del Corredor Mediterráneo, entre otras.

Cajamar y Ruralcaja culminan la fusión

ALMERÍA.- Los presidentes de Ruralcaja, Eduardo Ferrer Perales, y de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, han suscrito la escritura de fusión de ambas entidades, lo que da conclusión al proceso legal aprobado en enero por las asambleas generales y supone el paso previo para que la fusión tenga efectos a mediados de noviembre tras la inscripción en el registro. 

   Según ha informado Cajamar en un comunicado, a partir de ese momento iniciará su andadura la nueva entidad resultante del proceso de fusión, y un mes más tarde, en la segunda quincena de diciembre, quedará asimismo constituido el nuevo Grupo Cajas Rurales Unidas al que ya han aprobado su integración otras 23 cajas rurales españolas.

   La operación se ha demorado cinco meses sobre el calendario inicialmente previsto para adaptar el proceso de fusión a las exigencias y condicionantes establecidos como consecuencia de la posterior entrada en vigor en febrero y mayo de los reales decretos-leyes sobre saneamiento del sector financiero, en julio del memorando de entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera y en agosto del real decreto-ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito.

   El presidente de Cajamar Caja Rural, Antonio Pérez Lao, ha manifestado que la fusión de Cajamar y de Ruralcaja es la iniciativa "de mayor calado y significación" de las llevadas a cabo hasta ahora en el sector de las cooperativas de crédito, puesto que supone la unión de la "primera y la segunda" cajas rurales españolas, y a su vez propicia la unión de los dos grupos financieros cooperativos de mayor tamaño y volumen.

   La operación, según ha añadido, contribuirá a fortalecer el sector cooperativo de crédito en España "impulsando entidades más eficientes y competitivas, que contribuirán a garantizar el futuro de nuestro modelo, basado en la proximidad, la calidad del servicio y el apoyo a los sectores productivos locales".

   Por su parte, el presidente de Ruralcaja, Eduardo Ferrer, ha señalado que el proceso supone participar en una operación de "gran relevancia para crear una entidad capaz de hacer frente a las cambiantes exigencias y condicionantes regulatorias para el sector financiero y cumplirlas con eficacia".

   Asimismo ha destacado que se trata de una operación que "garantiza la continuidad de nuestro legado histórico de cooperativa de crédito valenciana" en una entidad de nueva creación, de ámbito nacional, "que seguirá atendiendo y dando respuesta a nuestros socios y clientes".

   Ruralcaja, constituida en 1946 como Cooperativa de Crédito Caja Rural Provincial de Valencia, aporta 433 oficinas, 1.861 empleados, 222.000 socios y 830.000 clientes, 14.655 millones de euros de negocio gestionado y activos por importe de 9.185 millones. Se trata de la tercera caja rural valenciana, después de Caja Campo y de Caja Rural Castellón, que se fusiona con Cajamar Caja Rural.

   Por su parte, Cajamar Caja Rural, a 30 de junio, cuenta con 964 oficinas y 4.521 empleados, más de 837.000 socios y 2,5 millones de clientes, 55.771 millones de euros de negocio gestionado y activos por importe de 32.999 millones. Es la primera cooperativa de crédito española, con un coeficiente de solvencia del 14,41 % y un ratio de capital principal del 14,10 % muy por encima de lo exigido en el real decreto de medidas de reforzamiento del sistema financiero español.

   Desde hace años, tanto Cajamar Caja Rural como Ruralcaja han venido planteando la necesidad de constituir cajas rurales con más tamaño para fortalecer y hacer más eficiente y competitivo el sector de las cooperativas de crédito españolas. A sus proyectos, ya de ámbito nacional, se han unido en los últimos años otras cajas rurales de Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana.      

   Desde el lunes, las 588 oficinas pertenecientes a Ruralcaja, las catorce entidades del Grupo CRM y Caja Rural Castellón comparten la plataforma tecnológica de Cajamar. En las últimas semanas más de 1,1 millones de clientes han sido informados de todos los detalles relativos a este proceso de integración de los sistemas informáticos, que a partir de ahora les da acceso a más de 1.600 oficinas y 1.650 cajeros en todo el territorio nacional.

   Para facilitar la implantación de este cambio tecnológico, Cajamar y Ruralcaja han enviado a 120 personas a reforzar durante dos semanas todas las sucursales del Grupo CRM y de Caja Rural Castellón. Asimismo, se ha reforzado el centro de atención telefónica a clientes con el fin de que, también a través de este canal, se pueda solucionar cualquier duda. De esta manera se trata de facilitar la adaptación de empleados y clientes al nuevo sistema tecnológico.

   En los próximos meses se incorporarán también a esta misma plataforma tecnológica Caixa Rural de Vila-real y Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall d'Uixó y Caja Rural de Canarias.

El TC no admite el recurso que pide anular la condena a muerte de Miguel Hernández

ALICANTE.- El Tribunal Constitucional no ha admitido el recurso de amparo presentado por la familia de Miguel Hernández que solicita la revisión y nulidad de la sentencia por la que el poeta fue condenado a muerte el 18 de enero de 1940, según ha afirmado hoy el abogado de la familia, Carlos Candela.

Por su parte, fuentes de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica han explicado que el Constitucional no ha admitido a trámite el citado recurso en el que se pedía "la inconstitucionalidad" de una resolución del Tribunal Supremo (TS) que no admitió la demanda de revisión de la sentencia que condenó a muerte al poeta.

En febrero de 2011, el pleno de la Sala de lo Militar del Supremo acordó que no podía declarar la nulidad de esa sentencia porque, sin perjuicio de que pudiera ser nula por efecto de la Ley de Memoria Histórica, ésta carece de toda vigencia jurídica.

Según el Supremo, la Ley de Memoria Histórica no prevé una declaración individualizada de nulidad de las resoluciones a las que se refiere, -"sin que corresponda a esta Sala enjuiciar esta decisión del legislador", precisaba ese tribunal-, sino que efectúa un pronunciamiento general del carácter injusto de todas las condenas producidas por motivos políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Al no admitir esa demanda, la familia de Miguel Hernández presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, según el letrado Candela.

Sin embargo, el Constitucional, en un auto del 26 de septiembre, no ha admitido dicho recurso al entender, según el abogado de la familia, que no existe infracción de derechos fundamentales en la decisión del Supremo.

Fuentes de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica han afirmado en un comunicado que, "con una inmotivada resolución, el Tribunal Constitucional impide el examen del recurso de amparo interpuesto por la familia de Miguel Hernández".

Esta comisión, de acuerdo con los familiares del poeta, está estudiando los procedimientos que permitan que otras instancias supranacionales "contribuyan a la restitución y reparación del recuerdo y la memoria de Miguel Hernández como luchador en defensa del la legalidad republicana, sin ninguna acción o actividad reprobable".

A este respecto, el abogado Candela ha señalado que estudian presentar un recurso ante el Tribunal de Estrasburgo o ante el organismo competente de la ONU.

El poeta fue condenado por delito de adhesión a la rebelión previsto en el artículo 238.2 del Código de Justicia Militar del año 1890 a la pena de muerte en una sentencia dictada por el Tribunal de Prensa de Madrid en el procedimiento Sumarísimo de urgencia 21.001, que posteriormente fue conmutada por una pena de 30 años de prisión, que no llegó a cumplir, ya que murió en la cárcel en 1942.

Los familiares de Hernández y la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante pidieron en julio de 2010 la revisión y anulación de la sentencia de pena de muerte dictada contra el poeta al considerar insuficiente la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal del literato que el Gobierno les había entregado en marzo de 2010.

Sabadell-CAM sube a los clientes las comisiones de sus cuentas

ALICANTE.- El Banco CAM, integrado en el grupo Sabadell desde hace unos meses tras un proceso de subasta, está a punto de encarecer sus servicios bancarios, especialmente a través de la subida de las comisiones por las cuentas.

Según ha informado la entidad a sus clientes a través de una carta firmada por Miguel Montes, director general, y recogida por HelpMyCash la entidad subirá a partir del 10 de diciembre de 2012, las comisiones de sus cuentas y las cuotas de sus tarjetas.

En concreto, la comisión de administración pasa de 0,20 euros a 0,50 euros el apunte. La comisión de mantenimiento asciende hasta 12,50 euros al trimestre frente a los 8,75 euros anteriores, aunque los que tengan domiciliada la nómina quedan exentos de esta comisión. La comisión por hacer descubierto, es decir, tener la cuenta en números rojos, pasa de un mínimo de 12 euros a 15 euros.

Por el lado de las tarjetas, la cuota anual de la tarjeta CAM Plus pasa a 15 euros anuales, cuando antes era gratuita.