sábado, 10 de noviembre de 2012

Vicente Llopis: 'Alicante hasta dentro de tres años no saldrá de la recesión'

ALICANTE.- El vicedecano del Colegio de Economistas y profesor de la Universidad de Alicante jubilado Vicente Llopis Pastor no ve, ni mucho menos, brotes verdes como sí observan algunos miembros del actual Gobierno. Antes bien, augura una recesión en España y en la provincia de otros tres años. Como poco. Aunque ofrece un dato para el optismismo: la provincia sufrirá menos la dura la crisis que otras muchas provincias españolas por su vocación exportadora y por el tirón del turismo, especialmente del europeo, ha dicho a 'Las Provincias'. 

Yo creo que la provincia de Alicante hasta dentro de tres años no saldrá de la recesión. Como el resto de España. Pero aquí se notará algo menos. No será tan exageradamente alta la caída económica, con retrocesos de entre el 2,5% del PIB para este año en España y del 0,5% en el 2014. Creo que en Alicante, gracias a su vocación exportadora y a la llegada de turistas, la dura recesión se va a notar menos que en otras muchas provincias.
Precisamente por la diversificación del tejido productivo de Alicante es por lo que se salvará la situación grave económica que hay. Muchas pymes, todas con problemas de liquidez, se van a salvar gracias al mercado exterior de Europa central y del norte. Yo también comparto el criterio de potenciar la industria y los nuevos sectores.
Los urbanizadores han comprado demasiado suelo, la demanda se paró en seco, no se construyó, el suelo pierde valor y ahora se lo tendrá que quedar el banco malo muy devaluado.

Un juez condena a dos exdirectivos de 'Manolet' por espionaje industrial

ALICANTE.- El titular del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante ha estimado la demanda de Manolet-Almendras Alonso, con sede en Elche y recientemente adquirida en pública subasta por el grupo turronero Sanchis Mira-Antiu Xixona, contra dos de sus exdirectivos por un grave caso de espionaje industrial basado en competencia desleal en favor de otras compañías de frutos secos del país. 

Aunque el daño y perjuicio causado a la empresa ilicitana aún no está cuantificado (habrá, por orden del juez, un peritaje experto en ejecución de la sentencia, que tiene fecha del 24 de octubre pasado), Manolet la estimó hace dos años, cuando presentó la demanda, en unos 35 millones de euros. El quebranto económico causado abocó a la firma a presentar concurso de acreedores, que culminó el pasado agosto con la venta, en pública subasta, de la almendrera al entrar en causa de disolución, recuerda 'Las Provincias'. 

Los dos extrabajadores de Alonso Almendras-Manolet, empresa fundada en el año 1946 y que facturó en el 2008, el último registrado, 52 millones de euros, la mitad en mercados asiáticos, árabes, hispanoamericanos y europeos, han sido condenados por el juez no solo a abonarle los daños y perjuicios causados durante varios años por competencia desleal, sino también a notificar a todos los clientes y proveedores de la mercantil sobre los actos de espionaje industrial basados en la apropiación del fondo de comercio de la empresa o listado de clientes y proveedores para su uso en beneficio propio o de terceras compañías de frutos secos españolas. Deberán, pues, publicar en un diario de tirada nacional la sentencia íntegra del juez y pagar, además, las costas procesales del procedimiento ordinario 978/2008. 
 
La directora del bufete madrileño Juárez Bufete Internacional,S.L.Ps, Inmaculada Juárez Marroquí, informa de que la sentencia también obliga a los dos exdirectivos a «cesar en su actividad». «La cuantificación de los daños y perjuicios se van a valorar mediante un peritaje experto en ejecución de sentencia y serán estimados a partir del fondo de comercio que ha perdido mi cliente Manolet como consecuencia de estos actos, así como del fondo de comercio de la clientela de la que los demandados se hayan podido beneficiar, tanto en nombre propio como a través de empresas colaboradoras». 
 
 La compañía exportadora de almendras españolas a cuarenta y cinco países de los cinco continentes tenía sospechas iniciales sobre cuatro extrabajadores, como explicaron en su día a este diario la abogada y el propio director de Manolet, Manuel Alonso. Finalmente, han sido condenados dos exdirectivos.La instrucción judicial abierta en Lo Mercantil por Manolet se basaba en «la complejidad de una trama que abarca situaciones de espionaje industrial y vulneraciones de los derechos de la empresa, amparados por la ley contra la competencia desleal. 
 
La mercantil explicó en abril del 2010 a este diario, cuando destapó este caso de espionaje industrial, que las finanzas del grupo se vieron lastradas en el 2009 tanto por la caída de clientes masiva causada por los exdirectivos como por la crisis económica y financiera internacional. Los retrasos en los pagos a los acreedores (Banesto, Caixanova, Banco de Valencia, Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Caixa d'Estalvis de Catalunya) se habían negociado ya, pero la desconfianza de la banca se disparó «porque los empleados generaron una alarma injustificada con respecto a los clientes», explicó la letrada Juárez. 
 
Manolet fue premiada en el 2008 por la Generalitat Valenciana como mejor industria agroalimentaria de la Comunitat y sigue exportando a Rusia, Japón, China, Singapur, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Egipto, Túnez, Argelia, Kuwait, Francia, Reino Unido, Alemania, California y Argentina. Tiene una planta descascaradora en la partida ilicitana de Las Bayas, almacén en Murcia y oficinas centrales en el moderno polígono de Torrellano.

La Jijonenca abandona Cataluña y se traslada del todo a Jijona

ALICANTE.- La empresa La Jijonenca trasladará su fabricación de helados de El Vendrell a Jijona y ya se está negociando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) con la plantilla de 31 empleados, han explicado fuentes de la empresa.

La fábrica de El Vendrell está muy arraigada en el municipio, ya que ha cumplido 44 años de actividad y cuenta con 12.000 metros cuadrados dedicados a fabricar helados, cremas y horchata.
Con toda probabilidad, según fuentes de la empresa, el traslado se hará efectivo tras la Navidad para concentrar la producción en la fábrica de Jijona, de 13.000 metros cuadrados, también preparada para fabricar helados, cremas, sorbetes y tartas.
Los motivos son estrictamente económicos, para abaratar costes, han querido dejar claro estas fuentes, que los desvinculan de un "boicot hacia los productos fabricados en Cataluña por sus aspiraciones independentistas".
La plantilla de El Vendrell es de 31 trabajadores, la mayoría con contratos fijos-discontinuos, y el futuro de la factoría es ser un almacén de distribución del producto fabricado en Jijona, por lo que se prevé mantener alrededor de diez puestos de trabajo. En las puntas de más demanda, como Navidad y verano, la plantilla había llegado a superar los cien trabajadores y es una de las fábricas con más empleados del municipio.

Dimite un concejal de Torrevieja tras detectarse en su teléfono llamadas a contactos

TORREVIEJA.-   El concejal de Deportes y Educación en el Ayuntamiento de Torrevieja, Daniel Plaza, ha anunciado este sábado su decisión de renunciar el acta de edil en este consistorio y ha explicado que se debe "al agotamiento a causa del linchamiento político mediático" que "desde hace dos meses" sufren él y su familia, después de detectarse llamadas a números de contactos y servicios sexuales realizadas desde el teléfono del edil.

   Plaza, que ha realizado este anuncio en una rueda de prensa convocada para las 13.00 horas de esta jornada, ha expresado su deseo de "reiterar mis palabras de la anterior rueda de prensa" que ofreció sobre este asunto y en las que, según ha dicho, "aclaraba que en ningún momento" ha realizado las llamadas que se le atribuyen. Ha dicho que esta comparecencia era importante para su futuro y que esperaba que no lo fuera tanto para el de la ciudad.
   El ya ex edil, que ha leído un escrito con las palabras que quería expresar para que no se mal interpretara ninguna, ha mostrado también su intención de "aclarar que tal como entendía" sobre que el teléfono desde el que se hicieron las llamadas era su "responsabilidad", no ha tenido "ningún problema en ingresar los 30 euros relativos a esas supuestas 200 llamadas".
   "En ningún momento me he escondido, ni antes ni ahora, porque no tengo nada que ocultar", ha manifestado Plaza, que ha afirmado que se va "tranquilo" aunque "con pena y desilusión". Ha destacado que está trabajado en el Ayuntamiento de Torrevieja "desde hace diez años, primero como asesor y desde 2007 como concejal en las áreas de Deportes, primeramente, y más tarde en el área de Educación".
   En la misma línea, ha subrayado que "lo único" que ha hecho en este tiempo ha sido "trabajar por esta ciudad, para intentar contribuir a mejorar todos los aspectos de sus diferentes delegaciones". Así, el ya ex edil ha apuntado que su gestión ha sido "totalmente intachable", a la vez que ha aseverado que responde de ella "con la cabeza bien alta". Ha considerado que ha hecho "un buen trabajo" y ha resaltado la labor en Deportes, de la que ha dicho que es "para estar en primera línea nacional y casi internacional".
   Daniel Plaza ha comentado que en este departamento se dejan "proyectos muy importantes preparados" para que Torrevieja sea "lo más valioso en cuanto a Deportes". Igualmente, por lo que respecta a la delegación de Educación ha aseverado que bajo su dirección la labor "ha sido muy buena" y ha resaltado que se ha conseguido recuperar proyectos y trabajar con el tejido asociativo.
   El ya ex concejal, que se ha mostrado "convencido" de que sus compañeros continuarán esta línea de trabajo, ha afirmado que su gestión como responsable municipal ha sido "buenísima" y ha precisado que lo dice "sin falsa modestia". Tras ello, ha declarado que "en ningún momento" ha estado en política "con fines económicos" y ha asegurado que ha formado parte del equipo de gobierno local "con la ilusión de sacar adelante proyectos beneficiosos para la ciudad".
   Ha agregado que "nunca" pensó que en "política todo estuviese permitido" como, según ha dicho, le han demostrado "personas sin escrúpulos que en ningún momento han sido capaces de asumir derrotas electorales". Se ha referido así a la oposición municipal y ha criticado que haya "desprestigiado a las personas" porque le importa "un bledo lo demás, las personas, las familias y lo que eso conlleva".
   Plaza ha declarado que esta actitud ha sido "el detonante" para tomar su "decisión" de dejar el acta de concejal por "no querer estar cerca de esas personas". "La vida es algo más importante que pelear por gobernar una ciudad por maravillosa que sea y ese algo más puedo presumir que lo tengo" con "mi familia, mis amigos y, especialmente, mi mujer y mis hijas", ha expuesto.
   En ese momento de su intervención, al igual que al inicio, ha recibido aplausos. Ha comentado que a partir de ahora continuará su "actividad universitaria, iniciada hace más de diez años". Antes de concluir ha manifestado su "agradecimiento" al ex alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, por ser la persona que confió en él, además de valorar el "gran equipo de técnicos y trabajadores" con los que ha colaborado como edil y el respaldo recibido del equipo de gobierno.
   Plaza ha augurado "muchos años" en la oposición a los miembros de la oposición "por su forma de hacer política" y al gobierno local "muchos años en el gobierno por su forma de hacer las cosas". Por su lado, el alcalde del municipio, Eduardo Dolón, que ha acompañado a Plaza en la rueda de prensa ha indicado que su renuncia es "una decisión personal" y le ha expresado su "respaldo" y el del resto de compañeros del gobierno local.
   Dolón le ha desea "lo mejor" en su nueva etapa y se ha mostrado seguro de que seguirá "ligada" a la ciudad. Ha valorado el trabajo de Daniel Plaza en deportes y en educación para "darle la vuelta a los malos tiempos" y ha destacado que los vecinos escuchan y ponen a cada uno en su sitio.

viernes, 9 de noviembre de 2012

El Consell asegura que no renunciará a reclamar financiación y que no tiene "inconveniente" en "ir de la mano" del PSPV

VALENCIA.- El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha asegurado que el Gobierno valenciano no va a renunciar a la tramitación en el Congreso de la reforma del estatuto valenciano para reclamar mayor inversión en la Comunitat y, en este sentido, ha dicho que no tienen "inconveniente" en "ir de la mano" de los socialistas para exigirla.

   Císcar, que se ha expresado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en relación a la reforma del estatuto que está paralizada en el Congreso y la propuesta que este lunes realizará el grupo socialista, ha apuntado que cuando conozcan su contenido ya la valorarán.
   Asimismo, ha remarcado que el discurso del Gobierno valenciano en materia de financiación "siempre ha sido el mismo y vamos a seguir insistiendo". En este sentido, ha recriminado al PSPV que durante los años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "no movió un dedo para que eso fuera posible".
   A preguntas de los medios por si aprovecharán la visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Valencia para reclamar una mejora de modelo de financiación, Císcar ha afirmado que hay una "interlocución fluida" entre Gobierno valenciano y el de España y que Rajoy, "con independencia con su llegada a valencia, conoce perfectamente las necesidades del gobierno y la comunidad".
   En este punto, ha señalado que el Ministerio "ya está trabajando en un nuevo modelo" pero, el Consell va a "insistir" para que "si puede estar en 2013 que no sea en 2014".
   Císcar se ha referido también, a preguntas de los medios, al tono de las declaraciones del conseller de Hacienda, José Manuel Vela, quien aseguró que el modelo de financiación para la Comunitat es "una injusticia intolerable" y que "ya está bien, hasta aquí hemos llegado".
   Al respecto, ha afirmado que estas palabras "expresan fielmente el sentir del gobierno valenciano" ante un sistema de financiación "injusto" y que "nos maltrata".
 "No es cuestión de valentía sino de decir las cosas como son", ha agregado.
   Por ello, ha subrayado que "cuando antes se modifique el sistema de financiación, muchísimo mejor" porque la Comunitat "tiene que competir con otras comunidades, en una situación de desigualdad" y eso "se sufre más cuando ingresos de una administración pública se ven mermados".
   Por lo que se refiere a la reforma del estatuto de la Comunitat para reclamar inversiones, Císcar ha recordado que el grupo 'popular' en las Corts estudia la posibilidad "acumularla" a la de reducción de diputados en el Parlamento valenciano. En este sentido, ha explicado que "no se pueden tramitar simultáneamente dos reformas de un mismo estatuto de autonomía".
   Císcar ha indicado que no hay un plazo previsto para abordar la reforma estatutaria pero es una cuestión que desde el grupo 'popular' no se quiere "demorar mucho". Además, ha recordado que los grupos de la oposición deberán pronunciarse sobre este asunto cuando se lo planteen.
   Asimismo, Císcar ha dicho que plantearán a los grupos de la oposición la reducción de diputados y "tienen que decir si están de acuerdo o no".

Fabra afirma "en breve" se pagarán todas las deudas incluidas las de los Ayuntamientos

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha garantizado este viernes que "se va a hacer un calendario de pagos para que todas las personas que tengan pendiente una cantidad con la Generalitat tengan la seguridad de que vamos a pagar en un breve espacio de tiempo y dentro de este calendario de pagos están los ayuntamientos". 

  Fabra, tras presidir la inauguración de la Fira Valenciana de la Mel (Fivamel) en Montroy, se ha referido así a la petición de los Ayuntamientos, especialmente los más pequeños, de que el Gobienro valenciano salde la deuda que mantiene con ellos.  
   Al respecto, ha destacado que con la primera parte del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se ha realizado "una aportación de 20 millones de euros para los ayuntamientos más pequeños y vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones".
  "Cierto es --ha añadido-- los problemas de liquidez, pero nuestro compromiso está y vamos a seguir hablando con el Gobierno para tener los recursos necesarios para afrontar hasta finales de año nuestros compromisos".

Castedo considera que es una "noticia muy positiva" el anuncio de Pastor sobre la llegada del AVE en junio

ALICANTE.-   La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha considerado que es una noticia "muy positiva" el anuncio realizado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre la llegada del tren de alta velocidad AVE a la capital alicantina en junio de 2013, si bien la primera edil ha apuntado que "lo único" que pide es que "se cumplan las fechas".

   Castedo ha realizado estas declaraciones al ser preguntada por la llegada del AVE a la ciudad prevista para junio del próximo año.
   Así, ha subrayado que es una "noticia muy positiva" y ha explicado que esa fecha "es la última" que maneja el Ayuntamiento "en los últimos meses", puesto que es la que se facilitó desde el Ministerio.
   "Es vital para esta ciudad la llegada del AVE por lo que va a suponer de revulsivo económico y por que, de alguna manera, el hecho de que llegue en unos periodos tan difíciles como los que estamos pasando va a ayudar a intentar salir adelante, a lo mejor, antes que otras ciudades. Lo único que pido es que se cumplan las fechas", ha resaltado.
   En relación a si considera una "buena noticia" que la citada línea ferroviaria funcione en Alicante antes del verano, ha afirmado que "lo importante es que llegue".
 "Prefiero obviar si es en junio o en julio, pero que me garanticen que efectivamente 2013 es el año de llegada del AVE, y el otro día garantizaron no sólo que era 2013, sino que se mantenían las fechas previstas, en este caso las de junio", ha incidido.
   Por otra parte, y en relación a las obras de ejecución de la segunda fase del nuevo acceso sur a la ciudad, ha anunciado que los trabajos "no van a tardar ya mucho", puesto que los terrenos han sido puestos a disposición de la Conselleria y el convenio entre el consistorio y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para la cesión de suelos sobre los que realizar la actuación también ha sido firmado y aprobado por el pleno municipal.
   "Faltaba únicamente el acuerdo con Adif, que pasó por el último pleno, y ahora es cuestión de muy, muy poquito tiempo que puedan empezar. Espero que en el mes de noviembre, primeros de diciembre, como muy tarde, comiencen las obras de ejecución", ha agregado.

Stop Desahucios realiza una acampada "indefinida" ante una oficina bancaria en contra de la actual legislación

ALICANTE.- Varios miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Stop Desahucios de Alicante han iniciado este viernes una acampada "indefinida" a las puertas de una sucursal bancaria situada en la céntrica avenida de la Estación, con el fin de "seguir el ejemplo" de la organización homóloga de Madrid, que estableció un campamento en la sede central de la misma entidad a mediados de octubre, según ha informado en un comunicado la organización. 

   La plataforma alicantina ha organizado este campamento para "denunciar la situación de las familias que han sido desahuciadas o que están acuciadas por la amenaza de desahucio", según han explicado, y para "seguir el ejemplo de las compañeras de Plaza Celenque", en referencia a la acampada de Madrid.
   Al respecto, han indicado que permanecerán en la puerta de la sede de esta oficina bancaria "de manera ininterrumpida y como punto de denuncia, información y apoyo mutuo", por lo que se organizarán por grupos de cinco o seis personas para pernoctar frente a la entidad.
   Así mismo, Stop Desahucios ha convocado una marcha de protesta que tendrá lugar el próximo domingo a las 10.30 horas, y que partirá desde la plaza de la Montañeta de la ciudad para acabar en el punto de acampada, ubicada en la avenida de la Estación.
   Fuentes de la plataforma han avanzado que la acampada se ha organizado tres días antes de la protesta para dotar a los participantes de una "base en la que reunir a los afectados y a los manifestantes", pero que tras la manifestación la acampada seguirá "indefinidamente".
   Así mismo, las mismas fuentes han explicado que no ha habido "ningún problema" con las autoridades, y han destacado la buena disposición de la Policía Local, cuyos agentes "sólo se han acercado a pedir un par de DNI y para decir que vigilarán" por si alguien "se mete" con ellos, han puntualizado.

Iberia despedirá 4.500 empleados

MADRID.-   International Airlines Group (IAG) ha anunciado hoy un plan de reestructuración "para salvar Iberia" que incluye un recorte de plantilla en 4.500 personas, una reducción de la capacidad en un 15% y la suspensión de rutas y frecuencias no rentables, con el objetivo de mejorar los resultados en al menos 600 millones de euros para 2015 y conseguir que la compañía vuelva a lograr beneficios, según anunció el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   El plan de transformación de Iberia incluye cambios estructurales permanentes en todas las áreas de negocio de la compañía, con el objetivo de que deje de tener pérdidas y recupere la senda de los beneficios.
   Según la compañía el recorte de plantilla en 4.500 personas servirá para salvar alrededor de 15.500 puestos de trabajo. "Esta reducción está en línea con los recortes de capacidad y el aumento de productividad en la aerolínea", asegura la compañía.
   A corto plazo el plan de transformación se centrará en detener las pérdidas y conseguir que la red sea rentable. En este sentido, se suspenderán las rutas y las frecuencias que registren pérdidas, a la vez que se garantiza "una alimentación eficiente de los vuelos de largo radio que sean rentables".
   "Este plan de reestructuración es crítico para Iberia y para el futuro de España. Una Iberia fuerte, rentable, puede crear empleo y estimular el turismo, un sector clave para la recuperación económica en España", advirtió Willie Walsh, consejero delegado de IAG.
   La compañía asegura que este plan de reestructuración tiene como objetivo detener el deterioro de caja de Iberia a mediados de 2013, así como mejorar los resultados de la compañía en al menos 600 millones de euros para 2015, en línea con el objetivo de IAG de alcanzar un retorno sobre el capital del 12% para este año.
   Para ello se reducirá la capacidad en un 15% en 2013 entrándose en las rutas más rentables. Así, se disminuirá la flota en 25 aviones (cinco de largo radio y 20 de corto radio).
   Además, se establecerán nuevas iniciativas comerciales para incrementar los ingresos unitarios, que incluyen un aumento de las ventas por servicios complementarios y opcionales, y el rediseño de la página web.
   Paralelamente se suspenderá la actividad de mantenimiento a terceros que no sea rentable y se mantendrán los servicios de handling que sean rentables fuera del hub de Madrid. Todo este plan se financiará con recursos propios de la compañía.
   IAG asegura que el plan "no sólo detendrá el deterioro financiero de Iberia, sino que también hará que el negocio sea viable y crezca generando beneficios a largo plazo".
   Para ello se transformarán las operaciones de corto y medio radio "para competir de forma eficiente con las compañías de bajo coste que se han establecido con éxito en el mercado doméstico de Iberia". El plan supondrá igualmente mejoras globales de productividad y la introducción de "ajustes salariales permanentes".
   Se ha fijado el 31 de enero como fecha límite para alcanzar un acuerdo con los sindicatos. La compañía asegura que si no se lograse dicho acuerdo, serán necesarios "recortes mayores y una mayor reducción del tamaño y de las operaciones de Iberia, para proteger el tráfico natural de largo radio en Madrid y salvaguardar el futuro de la compañía".
   "Tenemos que tomar decisiones duras para salvar la compañía y volver a ser rentables. Si no ponemos en marcha cambios estructurales profundos, el futuro de la compañía es sombrío. Con este plan ponemos las bases para dar la vuelta a la situación y crecer", explicó el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez Lozano.
   La compañía está perdiendo 1,7 millones de euros cada día, según el consejero delegado, por lo que tiene que "modernizarse y adaptarse al nuevo entorno competitivo en el que sus costes son significativamente más altos que los de sus principales competidores en España y América Latina".
   A este respecto Willie Walsh, consejero delegado de IAG asegura que el objetivo es que Iberia "sea fuerte y tenga éxito".
 "Durante demasiado tiempo, la estrechez de miras y los intereses de unos pocos han dañado el futuro de muchos. No vamos a dudar a la hora de tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de nuestros accionistas, clientes y empleados", concluyó.

Toni Cantó dice que la Comunitat Valenciana está "en quiebra total" por lo que "debería pedir un rescate

VALENCIA.- El diputado de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Toni Cantó ha subrayado este viernes que la Comunitat Valenciana se encuentra "en quiebra total", con una situación "muy grave", por lo que considera que esta autonomía "debería pedir un rescate a Madrid". 

   Cantó ha realizado estas declaraciones en un encuentro con medios de comunicación en Valencia, preguntado por cómo ve la situación de la Comunitat. "La situación de Valencia es de quiebra total, muy grave y en la que se vuelve a vislumbrar como pagamos todos un PP que, además, está siendo más débil que nunca".
   Asimismo, ha criticado que no haya ningún ministro ni ningún secretario de Estado valenciano lo que atribuye a que los 'populares' nacionales tienen "más miedo que a un nublado" al PP valenciano, así como "que los valencianos tenemos poca fuerza en Madrid".
   Inquirido por la situación de las farmacias de la Comunitat que han hecho un cierre patronal para protestar por los retrasos de los pagos del Consell, Cantó ha denunciado el "desabastecimiento", porque está provocando "un problema de salud pública en la Comunitat Valenciana".
   En su opinión, "al final los que están pagando todos son los más débiles". Sin embargo, ha criticado que el PP "no recorta en otras cosas donde podría recortar", y se ha referido al caso de las tres diputaciones provinciales de la Comunitat que "están gastando 4,3 millones de euros en asesores", lo que ha tildado de "muy grave".
   "Espero que los valencianos cada vez se den más cuenta de que hay otra forma de hacer política y que no tienen que estar condenados de por vida a un gobierno del PP", ha subrayado el diputado nacional.
   El parlamentario valenciano, preguntado por si cree que UPyD logrará entrar en las Corts, se ha mostrado convencido, aunque ha subrayado que lo que les interesa en estos momentos es "trabajar día a día y no preocuparnos de futuribles".
   Así, ha resaltado que su trabajo actualmente es "seguir defendiendo a los valencianos y al resto de españoles en el Congreso de los Diputados en un momento muy delicado en el que el PP se demuestra incapaz de resolver un problema que han creado los dos grandes: el PP y el PSOE". "La gente debe darse cuente de que quienes han creado el problema no lo van a poder resolver nunca", ha dicho.
   Respecto a si UPyD estaría dispuesto a hacer coalición con otras fuerzas políticas en las Corts Valencianes, Toni Cantó ha respondido: "a nosotros no nos preocupa ese tipo de historias, nos preocupan las propuestas políticas".
   "Sí que entraríamos a negociar políticas con cualquiera que se acerque y que esté dispuesto a negociar lo que nosotros creemos que es necesario y bueno para la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, para el resto de España", ha recalcado el diputado nacional.
   Preguntado por si se plantea presentarse como candidato al Ayuntamiento de Valencia o las Corts, ha contestado que solo lleva un año en Madrid, por lo que, de momento, "no me planteo otro tipo de cosas". Asimismo, ha añadido: "ya veremos, nunca se puede decir nada, porque la vida siempre te cambia".

Estiman que el juicio a los ex directivos de la CAM empezará a principios de 2013

ALICANTE.- La plataforma de afectados de Caja Mediterráneo (CAM) calcula que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional iniciará a partir de enero o febrero de 2013 el juicio oral contra los ex directivos de esta entidad imputados por presuntas irregularidades en su gestión.

Así lo ha estimado el asesor de la Plataforma CAM, Carlos Pena, que integran parte los de perjudicados por la presunta estafa de la venta de las participaciones preferentes, cuotas participativas y otra deuda subordinada.
El asesor de la plataforma CAM, que agrupa en la actualidad a unos novecientos afectados de "toda España y el extranjero", ha remarcado que seguirán "protestando, acudiendo a los medios de comunicación y demandando por la vía penal" la devolución de su dinero.
Pena ha recordado que el colectivo está personado en la causa contra la antigua cúpula directiva de CAM en la Audiencia Nacional y ha explicado que en estos momentos se encuentran en "la finalización de la parte de instrucción".
"Calculamos que el juicio oral comenzará en enero o febrero" de 2013, ha apuntado el asesor de la Plataforma CAM, que ha señalado que el montante de dinero que exigen se eleva a 17.100.000 euros, cantidad a la que habría que sumar medio millón más que "se agregará hasta que termine la etapa de instrucción".
Por otra parte, ha confirmado que el abogado Diego de Ramón Hernández, como acusación popular y de los distintos afectados incorporados a la causa como acusación particular, ha recurrido ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional el auto por el que fue desestimada la petición de embargar las cuentas de "lo que queda de la liquidación de la Obra Social de CAM".
Los afectados solicitan ese embargo para tratar de recuperar su dinero y necesitan figurar como acreedores en ese proceso de "liquidación de la Obra Social" de CAM, ha indicado Pena.
En el recurso, se alega que "los únicos fondos patrimoniales de la CAM" son los de la Obra Social de la entidad, los cuales "no fueron transferidos a Banco CAM, SAU, en la operación de la segregación del negocio financiero".

jueves, 8 de noviembre de 2012

El Gobierno regulará los productos financieros abusivos o complejos



MADRID.-   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado este jueves que el Ejecutivo "regulará" los productos financieros abusivos o subproductos debido a la "complejidad" del mercado y ha apuntado que serán medidas "preventivas" a la hora de firmar una hipoteca.

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha precisado que ayer trató este tema con la 'número dos' del PSOE, Elena Valenciano, en la reunión que mantuvieron para analizar el problema social de los desahucios y allí ya conversaron sobre la necesidad de regular estos productos.
   "Ayer nos anticipamos a lo que se ha conocido hoy. Desde el Gobierno teníamos la preocupación de que a esos subproductos hay que darles un tratamiento específico por la complejidad del mercado financiero", ha afirmado.
   También ha explicado que "no son medidas paliativas", sino "preventivas a la hora de constituir una hipoteca" e irán dirigidas a cómo hacer que las cláusulas sean "equilibradas para el acreedor, para el deudor", para hacer que los productos puedan ser conocidos o incluso eliminar determinados subproductos de naturaleza abusiva. "Eso es uno de los puntos que van a analizar los expertos de ambas partes", ha insistido.
   La vicepresidenta también se ha referido a la reunión que mantuvo ayer con Valenciano para analizar el problema social de los desahucios y ha recordado que llegaron a la conclusión de que hay que "proteger" los núcleos familiares que, "por circunstancias de la crisis o la pérdida del empleo de uno de los dos miembros de la pareja" se ven abocados dejar de pagar la hipoteca teniendo hijos a su cargo.
   También se velará por las unidades familiares de las que dependan mayores con pensiones pequeñas y que, por pérdida del empleo, tengan que abandonar su vivienda.
   "Nos fijamos en estos ámbitos para analizar las posibilidades en relación a los umbrales de exclusión o a la necesidad de adoptar medidas particulares para esas familias que han devenido, sin responsabilidad por su parte, en una situación económica peor y que encima tienen cargas familiares que hacen que la situación de tener que salir de su casa sea mucho más traumática", ha agregado.
   La 'número dos' de Mariano Rajoy ha matizado que ahora será un grupo de expertos el que continúe con el proceso de análisis teniendo en cuenta cómo trata la legislación a los puntos familiares y ha insistido en que habrá que diferenciar entre aquellas unidades que realmente tengan problemas por causas ajenas a su persona de quienes tienen responsabilidad en la deuda. "Hay que evitar el fraude", ha apostillado.
   En cuanto a los plazos en los que se podrían poner en marcha estas medidas, la vicepresidenta ha manifestado que se ha planteado una tramitación de urgencia y ha avanzado que incluso se ofreció la posibilidad de aprobarlo por decreto ley en el caso de que se llegue a un acuerdo.
   Además, ha adelantado que el grupo de expertos está convocado "el mismo lunes" para continuar con los trabajos en esta línea y ha confiado en que las marcha de las negociaciones sea "buena", porque quieren ir "sin prisa pero sin pausa".

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno dispondrán de muchos menos coches oficiales

MADRID.- La reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado supondrá en España un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años, según ha asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha precisado que la reducción total será del 53 por ciento, pero que la que se aplique a los que utilizan los altos cargos --presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-- alcanzará el 66 por ciento.

   La vicepresidenta explicó que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado hoy al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Una reforma del sistema en la que "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia" y para ello "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".
   A partir de ahora, según explicó, los directores generales no tendrán coche oficial, sino que dispondrán de coches de incidencias que estarán a disposición de todos los trabajadores de la dirección general para desarrollar sus tareas.
   En el caso de los subsecretarios, éstos tendrán coche oficial, pero no será exclusivo para ellos, sino que también estará a disposición del personal de la subsecretaría. Estas dos medidas significarán una reducción del 66 por ciento en el número de vehículos oficiales de altos cargos, que pasarán de ser los 307 actuales, a 103 a lo largo de este año y el próximo, ya que la reducción será progresiva. El ahorro en este capítulo será del 66,45 por ciento.
   También se reducirán los coches destinados a las autoridades de órganos constitucionales y al servicio de la Administración de Justicia y de manera también "muy llamativa" los coches de la administraciones periféricas del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones. La reducción, en su conjunto, supone un 53 por ciento a lo largo de este año y 2013.
   Según los datos facilitados por Moncloa, la flota total del Parque Móvil que había en diciembre de 2011 --cuando el PP llegó al Gobierno-- en servicios centrales era de 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen, etcétera).
   La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se situará en 652, lo que supone una reducción de casi el 30 por ciento, en relación con los existentes, incluyendo los coches de altos cargos y los de incidencias.
   El número de trabajadores también se reducirá. En total, entre Parque Móvil y servicios periféricos se reducirán 222 conductores hasta 2014. De los 1.303 que había en diciembre de 2011 se pasará a 1.081 conductores, lo que supone un 17 por 100 menos.
   Sin embargo, según precisó la vicepresidenta, no se llevará a cabo ningún expediente de regulación de empleo entre los conductores. Lo que se pondrá en práctica, dijo, serán: "bajas de servicio", de tal manera que no se doblen turnos; se realizarán las jubilaciones que correspondan por la edad y no habrá tasa de reposición.
   En este sentido, explicó que lo primero que ha hecho la subsecretaria de Hacienda ha sido analizar la situación laboral de los trabajadores del parque móvil, muchos de los cuales tienen "gran antigüedad". Según los cálculos realizados, entre la supresión de dobles turnos y las jubilaciones, la reducción será del 15 por ciento y en el caso de la Administración periférica, con gente más cercana a la edad de jubilación, la reducción será del 24 por ciento.
   Según Sáenz de Santamaría, la antigüedad media del parque es de ocho años y de once para los vehículos blindados y la flota estará amortizada en 2013 porque no se repondrá. En la administración periférica el número de vehículos es de 569, pero la flota es más moderna porque se renovó en un 79 por ciento entre 2006 y 2008. Entre esas fechas se compraron 440 vehículos nuevos.
   El plan consiste en amortizar los vehículos que estén en peores condiciones, reubicar los más modernos y los sobrantes llevarlos a subasta. En este punto, señaló que ya se han realizado algunas subastas de coches oficiales.
   Sáenz de Santamaría detalló que el ahorro de 10,5 millones provendrá de: personal, 7,5 millones; combustible y mantenimiento, 1 millón --del que 500.000 euros son de combustible, 265.000 en reparación, 213.000 en seguros-- y el paso a coches de incidencias de los coches oficiales, dos millones.
   Admitió que esta cifra de 10,5 millones de euros no es "elevada", pero la consideró "muy significativa" porque supone una "nueva concepción en la utilización de los vehículos oficiales" ya que, dijo, se pasa del coche oficial por cargo al coche oficial a disposición de los departamentos.
   Además, respondió a quienes dicen que el ahorro no es significativo, sino que se trata del "chocolate del loro": "empiezas a sumar loros y te encuentras con una pajarería".
   La vicepresidenta expuso que la segunda fase de este plan se estudiará en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Ahí se analizarán los coches de servicio de las instituciones y sobre todo de las empresas públicas y los coches de empresa, con el fin de aplicar una medida de racionalización y eficiencia.
   La vicepresidenta expuso que algunas CCAA han llevado a cabo también ajustes en sus vehículos oficiales --citó, entre ellas, a Galicia y Castilla La Mancha-- y añadió que se llevará la experiencia del Gobierno en este asunto a la Conferencia de Presidentes. En este sentido, recalcó que la concepción del coche oficial ha cambiado mucho y tiene que cambiar aún más. Debe, dijo, estar más ligado a la actividad profesional, a la demanda, antes que ser "un servicio que tienes ahí y no usas".

El Gobierno valenciano no aguantará "ni un año más" la financiación

VALENCIA.-   El consejero valenciano de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha subrayado que desde la Generalitat no están "dispuestos a aguantar ni un año más el modelo de financiación" autonómica. "Ya está bien, hasta aquí hemos llegado", ha destacado el consejero, quien ha señalado que se trata de "una injusticia estructural" que es "absolutamente intolerable".

   Vela ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Cortes Valencianas, donde ha presentado las cuentas de su departamento para 2013. "Ante las situaciones injustas hay que rebelarse", ha subrayado.
   Al respecto, ha criticado que mientras Andalucía ha recibido este año 300 millones más de los Presupuestos Generales del Estado, la Comunidad ha contado con 174 millones menos, lo que ha tildado de "injusto", sobre todo porque sucede "en el peor momento posible, cuando caen estrepitosamente los ingresos".
   El presupuesto de la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 2013 asciende a 167,8 millones, lo que supone un 16 por ciento menos respecto a 2012 "dentro del marco de austeridad y contención del gasto". A juicio de Vela, las cuentas de la Generalitat para 2013 son "difíciles, como difícil es la situación", pero ha destacado que son "realistas  y posibles, que no caen en la tentación de ofrecer a los ciudadanos más de lo que podemos".
   Vela ha recordado que su antecesor en el cargo, Gerardo Camps, al presentar los presupuestos, siempre decía que "todo lo que sube, tiene que subir; y todo lo que baja, tiene que bajar". Sin embargo, ha señalado que en su caso solo puedo decir que en las cuentas para 2013 "todo lo que tiene que bajar poco, baja poco; y lo que tiene que bajar más, baja más", porque "nos guste o no nos guste, los ingresos se han desplomado, y el presupuesto se hace a partir de los ingresos".
   En otro momento de su intervención el Consejo ha valorado que el Fondo de Liquidez Autonómico se prorrogue en 2013 y ha subrayado que espera y desea que "pronto" haya un segundo Plan de Pago a Proveedores.
   Entre otros programas de su departamento, el titular de Hacienda se ha referido a la Central de Compras, con la que se prevé un ahorro de más de 60 millones anuales cuando este plenamente operativa. Por otro lado, ha anunciado que durante 2013 se abordarán las tareas de negociaciones del marco financiero de la cohesión para 2014-2020.
  José Manuel Vela también se ha referido en su intervención a la finalización de las obras de remodelación del complejo administrativo 9 de Octubre --en la antigua cárcel modelo--. Sobre este asunto, ha indicado que los traslados se realizarán durante el primer trimestre de 2013 y que se reubicarán un total de 4.000 funcionarios.
   Asimismo, ha explicado que tras la reubicación de las distintas dependencias administrativas "serán denunciados o rescindidos parte de los contratos en vigor" y, por otro lado, "se seguirá con la política de revisar a la baja la renta de los contratos que, ante la carencia de espacios en propiedad, no sean susceptibles de desalojo".
   Además, ha comentado que, en materia de tecnologías de la información, se pondrá en marcha el proyecto 'La Generalitat Clau', que consistirá en la instalación de "los equipamientos y las tecnologías más avanzadas" en el complejo 9 de Octubre. De esta forma, se pasará de tener más 600 servidores físicos, "obsoletos", distribuidos en la 'conselleries' a menos de 100 en el nuevo complejo, lo que supondrá un ahorro estimado de 1,5 millones de euros anuales.
   Respecto a la venta de edificios ha recordado que el de Navarro Reverter se vendió por 105 millones de euros, "lo mismo que ha costado la construcción del complejo 9 de Octubre". Asimismo, ha destacado que no están dispuestos a "malvender" inmuebles porque "no los vendemos porque necesitemos dinero, sino porque no los necesitamos".
   El consejero también ha hecho hincapié en que durante el próximo ejercicio continuarán con el "camino marcado" en el Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas. Además, se implantará el Plan para la Reducción del Absentismo Laboral, que va a tener un impacto económico cifrado en más de 18 millones en su primer año.
   Por su parte, los diputados de los grupos de la oposición han tildado de "irreales" y "de miseria" los presupuestos de la Generalitat. Asimismo, el parlamentario socialista Julián López ha criticado que estas cuentas contemplan una caída del 0,6 por ciento y el Gobierno del 0,5 por ciento, pero  "no se lo cree nadie", por lo que teme que esto obligará al Consejo a subir los impuestos o a hacer "más recortes".
   La parlamentaria de Compromís Mireia Mollà ha expresado su "profunda decepción" porque estas cuentas "irreales" demuestran que los dirigentes del Gobierno valenciano han sido "irresponsables durante estos años de crisis económica". Del mismo modo, el portavoz adjunto de EUPV Ignacio Blanco ha señalado que son presupuestos "falsos, raquíticos, de miseria y antisociales".
   Blanco, durante su intervención, ha mostrado a Vela una solicitud que ha presentado en su Consejería para pedir el informe del decreto ley de reestructuración del sector público que, a su juicio, supone "el demantelamiento del sector público como paso previo a la privatización de lo que quede". El titular de Hacienda le ha respondido: "si usted ha pedido el informe, lo tendrá".

El PP alicantino crea un Comité de Ética para garantizar la "ejemplaridad, claridad y transparencia" de sus cargos públicos

ALICANTE.- El PP de la provincia de Alicante ha constituido este jueves un Comité de Ética cuyo objetivo es "garantizar" la "ejemplaridad, claridad y transparencia" de sus cargos públicos, el cual estará presidido por el diputado provincial y alcalde de la localidad alicantina de Petrel, Pascual Díaz, según ha informado en un comunicado el partido.

   Díaz, quien también presidió el Comité Organizador del último Congreso Provincial de la formación política, estará acompañado en este nuevo "órgano de fiscalización" por Andrés Ferrer, Juan José Sendra, Virginia Romero y Joaquín Albaladejo.
   El acto de constitución del citado comité ha contado con la participación del secretario general de los 'populares' alicantinos, José Juan Zaplana, quien ha subrayado que el órgano recién creado "no sustituye ni choca con el Comité de Garantías, que conserva intactas todas sus competencias".
   Igualmente, Zaplana ha definido al Comité de Ética como "una apuesta por la ejemplaridad de los comportamientos en una etapa en que, más que nunca, la ciudadanía reclama políticos que asuman responsabilidades en lo legal y en lo personal.
   Así, las funciones de este órgano son las de vigilar el cumplimiento del código ético del PP, asesorar e instruir sobre el mismo --individual o colectivamente--, elaborar informes sobre las pautas de conducta en determinadas funciones y trazar la línea de los comportamientos ejemplares y advertir cuando alguien sobrepasa esa línea.
   En este sentido, el secretario general provincial ha resaltado que el nuevo comité "valora la ética, no la situación jurídica, que está perfectamente tipificada en los estatutos, del mismo modo que ha matizado que este órgano "valora conductas, pero no incoa expedientes".

Casi medio centenar de personas piden la devolución del dinero invertido en productos financieros de CAM

ALICANTE.- Cerca de medio centenar de personas han participado este jueves en Alicante en una nueva manifestación convocada por la Plataforma CAM, que representa a titulares de títulos preferentes, subordinadas y cuotas participativas vendidas por Caja Mediterráneo (CAM) antes de su adquisición por parte del Banco Sabadell, para solicitar a la entidad la devolución del dinero invertido en los citados productos financieros.

   El portavoz del colectivo, Carlos Pena, ha explicado que la movilización ha comenzado frente a la sede central de SabadellCAM en la capital alicantina y ha discurrido por varias calles del centro de la ciudad, hasta finalizar frente a la oficina del banco catalán situada en la Rambla Méndez Núñez.
   Así, los manifestantes han portado una pancarta durante todo el recorrido en el que ha podido leerse el lema 'Afectados por el engaño de la CAM y Banco de España. Exigimos la devolución', al tiempo que han protagonizado paradas frente a las sucursales situadas a lo largo de su marcha.
   Pena ha subrayado que el colectivo al que representa ha percibido "una importante caída de clientes" en SabadellCAM, con la que ha afirmado que esperan poder reunirse la próxima semana para tratar de alcanzar un acuerdo con respecto a las inversiones que reclama la plataforma, si bien ha expresado no tener "mucha fe" en obtener un resultado positivo. "Sólo le importa el dinero", ha añadido.
   Igualmente, ha apuntado que la Audiencia Nacional les ha denegado la solicitud efectuada el pasado octubre para el embargo y el bloqueo del patrimonio restante de la Obra Social de la antigua caja alicantina, cercano a los 80 millones de euros, ya que consideraban que el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) pretendía entregarlo al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), aunque ha anunciado que han recurrido esa decisión.
   Además, ha señalado que el colectivo ha pedido la responsabilidad civil por la jurisdicción penal en la causa, ya que, según ha subrayado, "la mayoría de asociados no puede afrontar los gastos de una demanda civil, por lo que quedarían totalmente desprotegidos, y su avanzada edad no les permitiría cobrar ese dinero que tanto necesitan en vida".

Decenas de bomberos acceden al salón de plenos de la Diputación en protesta por sus condiciones laborales


ALICANTE.- Varias decenas de bomberos del Consorcio de Alicante han accedido este jueves al salón de plenos de la Diputación instantes antes de la celebración de la sesión plenaria correspondiente al mes de noviembre, después de que se hayan concentrado a las puertas del Palacio Provincial en protesta por sus condiciones laborales y por la aplicación de recortes sobre los trabajadores y la ciudadanía.

   En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Junta de Personal del Consorcio, Juan Penalva, ha explicado que la irrupción en el interior de la Diputación "ha sido un acto espontáneo", que "no estaba ni mucho menos previsto, pero así ha sido"
"Ahora asumiremos las consecuencias, no podemos hacer otra cosa", ha apuntado.
   Además, ha añadido que ha sido él mismo, como responsable de la concentración, quien ha pedido a sus compañeros que salieran del salón, si bien ha indicado que los agentes que han vigilado el acto de protesta le han comunicado que esa acción puede acarrear una sanción de unos 6.000 euros. No obstante, ha negado que se hayan producido daños materiales.
   En cuanto al objeto de la protesta, Penalva ha manifestado que, además de por los "recortes" que les "afectan" como funcionarios, entre los que se ha referido a la bajada salarial o a no cobrar la paga extraordinaria, solicitan que "la misma austeridad que piden a los trabajadores que se la apliquen ellos".  
"Seguimos viendo que en la Diputación y en el Consorcio sigue habiendo cargos de confianza y asesores, y eso sigue igual, no cambia", ha agregado.
   "Por otra parte, nos gustaría que todo lo que están aplicando a la ciudadanía que se lo apliquen ellos. Queremos saber cuándo vendrá su reforma laboral, su Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para que todos los cargos de confianza vayan fuera, su bajada salarial, y su aumento de jornada o de las ratios, como a los maestros y al personal sanitario", ha subrayado.
   Igualmente, ha incidido en que la intención de la protesta ha sido "trasladar" a la institución provincial "el clamor que hay en la calle, no sólo por lo que afecta a los trabajadores".
   De este modo, unos 200 efectivos de los bomberos, según las cifras aportadas por Penalva, se han concentrado frente a la sede de la Diputación Provincial, tanto en su exterior como en las escaleras situadas frente a la entrada principal, donde a través de un megáfono han expresado varias de sus quejas.
   Además, han colocado diversas pancartas en el vallado perimetral del Palacio, en las cuales podían leerse lemas como 'Por los servicios públicos y el empleo. Basta de saqueo'; 'Rescatemos personas, no bancos. Sí a los servicios públicos. Basta de recortes'; 'Ni políticos corruptos, ni asesores vividores', o 'Derogación de la reforma laboral'.

Versión de la presidenta

La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha condenado este jueves la irrupción "violenta" de un centenar de bomberos del Consorcio este jueves en el salón plenario de la Diputación antes del inicio del pleno de noviembre, y ha lamentado que esta acción ha provocado heridas al personal de seguridad y ha causado la rotura de varios cristales, según han informado fuentes de la institución provincial.
   La manifestación del colectivo estaba autorizada y, para evitar el corte de tráfico en la avenida de la Estación, las fuerzas de seguridad y representantes de los bomberos habían acordado el acceso a los jardines del Palacio Provincial, con el compromiso de los representantes del colectivo de leer el manifiesto desde esta zona y no entrar en el interior.
   Luisa Pastor ha considerado que "todo el mundo tiene su porqué de manifestarse, y de hacer sus reivindicaciones que considere, pero lo que no es admisible es que se asalte una institución, en este caso, la Diputación Provincial".
   "Creo sinceramente que esas cosas no tocan, que no conllevan nada, sino que nos llevan a enfrentarnos y además no solucionan nada", ha añadido.
   Por su parte, el diputado provincial de Emergencias, Juan Molina, ha mostrado su respeto ante cualquier manifestación y reivindicación, si bien ha puntualizado que "las protestas de este colectivo no pueden ir aparejadas a actitudes violentas, tal y como ha sucedido este jueves", según ha informado en un comunicado la institución provincial.
   El diputado ha insistido en que sus reclamaciones "deben realizarse siempre desde una actitud pacífica y de respeto" hacia el resto de trabajadores de la institución provincial y "en ningún caso atentando contra la seguridad de las personas".
   Además, ha lamentado estas actitudes que "no benefician a nadie y que dejan en mal lugar al colectivo en general por las acciones particulares de algunos miembros del cuerpo".

Reducción de deuda
El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado una propuesta para reducir su deuda en seis millones de euros más de los previstos inicialmente en el presupuesto, lo que permitirá que el endeudamiento de la institución pase del 76 por ciento de 2011 al 62 por ciento en diciembre de 2012, según ha informado en un comunicado la corporación provincial.    El vicepresidente y diputado de Hacienda, César Augusto Asencio, ha explicado que, además de los 15 millones previstos para amortizar su endeudamiento a finales de este año, la institucional provincial "sigue en la línea de saneamiento y de ajustes marcados al principio de la legislatura".
   Con este esfuerzo, el endeudamiento de la institución provincial pasará del 76,39 por ciento de 2011 al 62,20 por ciento previsto para diciembre de 2012. La deuda financiera de la Diputación se sitúa pues en 108 millones, un 16 por ciento menos que la de 2010.
   Asencio ha recordado que, por primera vez, la Diputación no ha recurrido a préstamos y que la cantidad total de reducción de los pasivos se incrementa en otros 15,5 millones correspondientes a la devolución al Estado.
   "Los cálculos erróneos que hizo el Gobierno de España en los años 2008 y 2009 han provocado que todas las administraciones vean incrementada su deuda", ha explicado, para señalar que en el caso de la Diputación "la cantidad asciende a los 80 millones de euros, que se pagan de manera anual".
   Este año, la institución provincial también ha abierto líneas de ayudas para los municipios con el fin de facilitarles liquidez. Es el caso de la Caja de Crédito que ha aumentado sus fondos y de acciones concretas como las ayudas para pagar las cuotas de Bomberos o los planes de ahorro energético con los que se busca bajar el recibo de la luz.
   En la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre, el pleno de la institución provincial ha aprobado, también por unanimidad, el cambio de la operación de tesorería por un importe de 600.000 euros a Proaguas Costa Blanca por aportación de la Diputación.

La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios

LUXEMBURGO.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

   El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.
   El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.
   La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.
   En sus conclusiones presentadas ayer jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.
   No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.
   En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".
   "No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.
   Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".
   La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.
   El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.

miércoles, 7 de noviembre de 2012

El PP provincial crea una comisión jurídica para asesorar a las juntas locales y a los militantes


ALICANTE.- La dirección provincial del PP en Alicante ha creado una comisión jurídica, formada por diez letrados alicantinos, con el fin de proporcionar asesoramiento al comité ejecutivo provincial, a las juntas locales y a los militantes y dotarles de una estructura jurídica "directa, permanente y organizada", según ha informado en un comunicado la citada formación. 

   Esta comisión estará presidida por el abogado y edil en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, y se encargará de supervisar los aspectos legales de las diferentes comisiones provinciales, principalmente las de Ética y Formación.
   Además, elaborará propuestas de contenido jurídico y gestionará los aspectos legales de los procesos electorales "antes, durante y después" de los mismos, según han explicado.
   El acto de constitución de la nueva comisión jurídica ha contado con la participación del secretario general provincial, José Juan Zaplana, quien ha solicitado a los miembros del nuevo equipo "la mayor cercanía con las personas, la mayor transparencia y la mayor rigurosidad" para desarrollar "una labor necesaria, difícil y ágil".
   Los diez miembros que inicialmente componen la comisión son el presidente, Luis Barcala; el secretario, Emilio Fernández Escudero y los letrados Francisco Maestre; Manuel Villar Sola; José María Guerras Ruiz; Óscar Payá; José Sala Ballester; Antonio García García; Ezequiel García Plaza y Pablo Sánchez Martínez.
   A ellos, se sumarán en breve nuevos miembros, todos ellos "con experiencia" en procedimientos electorales y trabajo interno de partido, según han puntualizado.
   La comisión jurídica cuenta con una estructura territorial "organizada y descentralizada", con el fin de proporcionar atención jurídica "inmediata" en cada comarca y en cada localidad en la que sea necesaria en cada momento.
   A fin de que esa estructura "se visualice y sea realmente eficiente", la Comisión desarrollará sus reuniones de modo itinerante por todas las comarcas de la provincia de Alicante, según han indicado las mismas fuentes.

Maritina Hernández anuncia la supresión de las cámaras agrarias

VALENCIA.- La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, ha explicado este miércoles que en el ejercicio 2013 se "racionalizarán" estructuras territoriales de su departamento y, en este sentido, ha anunciado la supresión de las cámaras agrarias, cuyas funciones pasarán a ser asumidas por la propia administración. 

   Hernández ha realizado este anuncio durante su intervención en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de las Corts Valencianes, donde ha explicado las cuentas su departamento para el ejercicio 2013. A su juicio, son "los únicos presupuestos posibles", en los que "no hay ni un céntimo que no se destine a algo que no sea totalmente imprescindible".
   La titular de Agricultura ha explicado que su departamento se ve "más afectado que otros por las medidas de austeridad y contención del gasto". En concreto, el presupuesto de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua para 2013 asciende  a 240,58 millones de euros, un 22,9 por ciento menos que este ejercicio.
   A nivel consolidado --incluyendo el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales y la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria--, la partida total suma 619 millones, lo que representa un descenso del 11,6 por ciento respecto a 2012.
   Por capítulos, para gastos de personal se contemplan 47,4 millones; para compra de bienes y gastos de funcionamiento 28,3 millones; para gastos financieros 1,27 millones; y para transferencia corrientes, algo más de 48 millones. También se presupuestan cerca de 33,2 millones para inversiones reales --capítulo que sufre el mayor descenso respecto a 2012, una caída del 41,8 por ciento--. Finalmente, para transferencias de capital la dotación es de 82 millones.
   Hernández ha señalado que la Subsecretaria cuenta con 28,8 millones de euros, y es la responsable del plan de mejora en la eficacia y optimización de recursos. En este marco, ha indicado que este departamento ya ha desarrollado este ejercicio un plan de austeridad en la gestión administrativa, que ha supuesto hasta el momento un ahorro de 29,2 millones.
   La consellera ha señalado que en el próximo ejercicio de van a "racionalizar" estructuras territoriales de la Comunitat y ha anunciado la supresión de las cámaras agrarias. Asimismo, ha explicado que "en esta línea de optimizar la gestión se han denunciado los convenios firmados con 49 ayuntamientos que recibían ayudas por gastos de personal que se habían transferido en su momento por las antiguas cámaras agrarias locales" y, por tanto, estos convenios no aparecen en los presupuestos de 2013.
   Maritina Hernández ha señalado que se han reducido en casi un 50 por ciento las ayudas de apoyo a las asociaciones profesionales agrarias porque, en su opinión, "el mismo control del gasto que hacemos las administraciones lo tienen que hacer las entidades que cuentan con fondos públicos".
   La titular de Agricultura ha hecho hincapié en que el presupuesto contempla 47,7 millones de euros para el sostenimiento e incremento de las rentas agrarias. En esta línea, se destinan 25 millones, lo que representa un aumento del 19 por ciento, para potenciar la contratación de seguros agrarios. Por otro lado, se prevén 180 millones en ayudas de la Política Agrícola Común.
   En materia de ganadería, ha anunciado la creación de una orden de ayudas destinadas a mejorar las condiciones de bienestar animal en las explotaciones ganaderas, que contará con una dotación de 2,8 millones.
   La consellera también ha subrayado que la investigación, la experimentación y la innovación son "una herramienta fundamental para el crecimiento del sector" y, por este motivo, contarán con 35,5  millones. Además, ha indicado que el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias dispondrá de 17 millones, que aunque es un 15 por ciento menos, "garantiza tanto los gastos de personal como los créditos para financiar proyectos de investigación".
   En el apartado de pesca, ha destacado se preservan las ayudas destinadas a dar cobertura a las paradas de las embarcaciones por veda biológica y de los pescadores sin derecho a desempleo y a ningún tipo de subsidio, y se incrementa el apoyo económico a marineros afectados por paralizaciones definitivas.
   En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, se ha previsto una partida de 235,8 millones de euros. La consellera, quien ha defendido el trasvase del Ebro, ha explicado que se completarán infraestructuras como el postrasvase Júcar-Vinalopó y se ejecutarán depuradoras como las de Alcalá de Xivert, Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira. También ha subrayado que en la Comunitat se han cumplido el 98 por ciento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua.
   Los diputados de la oposición han criticado la falta de ayudas para el sector. La titular de Agricultura ha reconocido que "por supuesto que a este sector no le sobran las ayudas", pero ha destacado la necesidad de "priorizar y dar las ayudas que tengan un mayor impacto".
   La parlamentaria del PSPV Vicenta Crespo ha subrayado que el sector agrario valenciano se encuentra "en la UCI". Asimismo, el diputado de Compromís Josep María Pañella ha lamentado que cada año disminuye el presupuesto de agricultura, mientras que, por parte de EUPV,  Esther López ha criticado que "el uso racional del agua brilla por su ausencia".
   Vicenta Crespo ha comparado a Hernández con "la chica de la propaganda de El Corte Inglés, que intenta vendernos más por menos", mientras que el parlamentario del PP Fernando Giner ha señalado: "siempre es mejor un piropo que no que la comparen con una chica de Rubalcaba o con la niña del exorcista".

Ximo Puig denuncia que una enmienda del PP "quita 14 millones de euros de la Comunitat para dárselos a Murcia"

MADRID.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha denunciado este miércoles que el PP haya aprobado una enmienda propia que "quita 14 millones de euros a la Comunitat para dárselos a Murcia". Puig se ha pronunciado en estos términos en un comunicado después de que este miércoles en la Comisión de Presupuestos, el PP haya votado en contra de todas las enmiendas presentadas por los socialistas, y haya apoyado las suyas, entre las que está la de "quitar 14 millones de euros a la Comunitat para llevárselos a Murcia", según ha dicho. 

   La enmienda presentada por el PP destina el dinero que inicialmente era para la Comunitat Valenciana y lo dedica a la A-33, en el tramo Jumilla-Yecla, que se refuerza mediante lo que se quita de la N-340, a su paso por Peñíscola-Benicarló-Vinaròs, y de esta forma pierde cuatro millones de euros para 2014 y diez para 2015, según ha afirmado Puig.
   Ante esto, el dirigente socialista ha lamentado que el PPCV "esté arruinando" a los valencianos, mientras el PP nacional "deja caer a la Comunitat Valenciana de una manera definitiva".
   Así, ha destacado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "no solo no ha sido capaz de presentar ni una sola enmienda para pedir más inversiones al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, sino que ha permitido que su propio partido nos quite 14 millones de euros y se los lleve a otra Comunitat".
   "Estamos ante el principio del fin de una crónica anunciada, que empezó con la presentación, por parte del Gobierno de Rajoy, de los peores y más injustos presupuestos para la Comunitat Valenciana de la historia", ha afirmado.
   Según asegura Puig, tanto fue así, que el propio Fabra "anunció que presentaría enmiendas que cuantificó en 144 millones de euros, que finalmente, y como un ejemplo más que evidente de su incapacidad, no presentó".