sábado, 1 de febrero de 2020

El Consejo de la Formación Profesional de Alcoy acuerda sus actuaciones para 2020

ALCOY.- Celebró una nueva sesión el Consejo de la Formación Profesional, creado en el mes de junio del 2018 y constituido con el objetivo principal de fomentar la Formación Profesional y la plena inserción laboral y profesional de las personas jóvenes de la ciudad así como difundir la oferta formativa.

En la última sesión se acordó la aprobación del ‘Plan de Acción de la FP en Alcoy’, diseñado por el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Alcoy, en el cual se definían los objetivos y líneas de actuación.
En esta sesión del Consejo, han hecho balance de las actuaciones realizadas durante 2019, de las cuales el alcalde y presidente, Toni Francés, ha destacado la ‘Jornada de Innovación en la FP’ del pasado 7 de marzo que contó con profesionales del mundo del FP tanto del entorno educativo como del empresarial, así como la ‘Feria de Habilidad de FP’ realizada al ágora el 17 de mayo, que en colaboración con los Centros Educativos mostró de manera práctica las posibilidades de estudios de FP que existen en la ciudad de Alcoy.
También debatieron el Plan de Actuaciones para el año 2020 acordándose realizar una actualización del estudio del FP y el Mercado Laboral en Alcoy, una Jornada informativa dirigida a Orientadores el próximo mes de marzo así como una segunda edición de la Feria de Habilidades de FP para el mes de mayo, entre otros.
En la misma tarde se llevó a cabo una reunión por iniciativa del Director General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, Manuel Gomicia, para constituir el Consejo Territorial de las Áreas Funcionales de la Vall d’Albaida, Foia de Castalla y Alcoy
Este Consejo consiste en un órgano asesor del FP con carácter comarcal responsable de informar, proponer y participar del mapa escolar del territorio, y también será objeto de este Consejo la difusión, la organización y la mejora, con la administración, de la FP integrada.
Al mismo asistieron representantes de los Ayuntamientos de la comarca con oferta de FP, de LABORA, de las asociaciones empresariales más representativas, de la Cámara de Comercio, de las Organizaciones Sindicales más representativas, de los centros educativos con oferta de FP, del Pacto por la Ocupación, así como de la Dirección General de Formación Profesional.
Todos ellos debatieron sobre la constitución del Consell y los criterios de funcionamiento, y se propusieron criterios de necesidades formativas del mapa escolar del FP y EP”.

Alicante, 1939, la guerra ha terminado


ALICANTE.- El capitán del barco Stanbrook, Archibald Dickson, anotó en su diario las terribles escenas de la evacuación de los republicanos atrapados en el puerto de Alicante al final de la Guerra Civil. "Es prácticamente imposible dar una descripción adecuada del aspecto que mi barco presentaba cuando todos los refugiados estuvieron a bordo, y lo más aproximado que puedo decir es que parecía uno de esos vapores turísticos del río Támesis en un día festivo, sólo que mucho peor", escribe el heroico capitán desde Orán a principios de abril de 1939.

Sus recuerdos, junto a una treintena de testimonios directos, figuran en el estupendo libro La guerra ha terminado. Alicante, 1939 encargado por la Generalitat Valenciana a la editorial Media Vaca. La publicación, presentada esta semana por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se enmarca en la celebración de Alicante 2019, capital de la memoria organizada por el gobierno autonómico para rememorar los terribles sucesos de marzo y abril de 1939 que precedieron la posguerra franquista.
Begoña Lobo, coeditora de Media Vaca, señala en la casa y sede de la editorial que comparte con Vicente Ferrer en Valencia la frondosa biblioteca de donde han salido gran parte de los testimonios que componen el libro, con una cuidada edición (marca de la casa). 
"Una cosa es el trabajo de los historiadores y otra la voz de los protagonistas, que es un interés nuestro de hace muchos años", cuenta la editora en una entrevista con eldiario.es"El trabajo de leer libros y de investigar es fundamental", dice Ferrer a su lado.
La obra incluye los más notables testimonios de la aciaga e inútil huida de miles de republicanos acechados por la inminente entrada en la ciudad de las tropas franquistas.  
"Pasando de un nombre a otro, y de un libro a otro, hemos reunido una treintena de testimonios de informantes situados en el lado de los vencidos (es decir, en el de los que no escriben la historia) que son testigos directos de unos sucesos que cuentan en primera persona, bien para denunciarlos, bien para mantenerlos vivos o para expulsarlos definitivamente de sus recuerdos", escriben los editores en un prólogo.    
El libro de gran formato cuenta las vivencias de los dirigentes republicanos que partieron al exilio desde Alicante (los militares Ignacio Hidalgo de Cisneros y Antonio Cordón, el camarada italiano Palmiro Togliatti, La Pasionaria Dolores Ibárruri e Irene Falcón o el ministro Julio Álvarez del Vayo, entre otros), además de textos de periodistas como Eduardo de Guzmán y Víctor Alba, del escritor Jorge Campos o del historiador Manuel Tuñón de Lara, entre muchos otros. 
"Resulta sorprendente comprobar cuánta gente escribió o contó sus vivencias en Alicante en esos días de marzo y abril de 1939", dicen los editores de La guerra ha terminado.  
Afortunadamente, otros testimonios menos conocidos pero igualmente relevantes figuran en el libro. Algunos de ellos, como el de la joven socialista Angelita Rodríguez (Almagro, Ciudad Real, 1916 - Alicante, 1999), resultan evocativos de ese ambiente maxaubiano de la derrota. La mujer, junto a miles de republicanos desesperados y aterrorizados, presenció la entrada de los fascistas italianos y de los falangistas españoles en la ciudad. Mientras recibían los insultos de los recién llegados, "ocurrió algo (...), se hizo un silencio sepulcral". 
"Tan solo se escuchaban los insultos... Y el silencio. Creo que el corazón de aquellas veinticinco mil personas se paralizó", escribe.  
Las fotografías del divulgador José María Azkárraga retratan los principales lugares —el puerto de Alicante, el campo de los Almendros y el de Albatera o el cuartel de Benalúa— que presenciaron el aciago destino de los republicanos que quedaron atrapados y que fueron conducidos a los campos de concentración, a las cárceles o al pelotón de fusilamiento ("Estos que ves, españoles rotos, derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son, no lo olvides, lo mejor del mundo", dice uno de los personajes de Max Aub en su novela Campo de los almendros).
Media Vaca, una muy singular editorial independiente especializada en ilustración que ha obtenido los más importantes premios (como el Bologna Ragazzi Award de la Feria del Libro para Niños de la ciudad italiana, que han recibido en cuatro ocasiones o, en España, el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial), ya había publicado libros ilustrados de Manuel Azaña o los Crímenes ejemplares de Max Aub. 
"Rescatar lo oculto es parte del trabajo de cualquier editor, es nuestra responsabilidad", afirma Vicente Ferrer ante una taza de té.  
Los libros de la editorial Media Vaca, un proyecto sin parangón nacido hace más de dos décadas, conllevan una media de siete años de preparación. En el caso de La guerra ha terminado, un encargo de la Generalitat Valenciana, Vicente Ferrer y Begoña Lobo han recuperado los libros sobre la Guerra Civil y el terror franquista de posguerra que pueblan su excelente biblioteca y han contado con la ayuda de amigos y especialistas para completar la lista. 
"El trabajo de documentación es fundamental para nosotros", apunta Ferrer. "Cuando te metes a hacer libros intervienes desde el presente en algo que sucedió hace mucho tiempo y todos esos libros van a estar al lado de otros que estuvieron antes. Se trata de hacer sobrevivir los libros que valen la pena, tenemos esa responsabilidad: dar a conocer lo mejor", apostilla el editor.
La guerra ha terminado, el último tesoro de Media Vaca, es una buena muestra de ello. 

Unides Podem reclama que se regule el acogimiento familiar especializado

VALENCIA.- Unides Podem ha presentado en Les Corts una iniciativa para que se regule el acogimiento familiar especializado, modalidad que se desarrolla en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función respecto de niños y niñas con necesidades o circunstancias especiales.

La diputada de este grupo parlamentario Pilar Lima ha recordado, en un comunicado, que este tipo de acogimiento requiere plena disponibilidad e incluye la correspondiente compensación económica, pero no supone en ningún caso una relación laboral.
Así, ha indicado que el departamento de Políticas Inclusivas e Igualdad pide a las personas (mujeres en su mayoría) voluntarias al cuidado de menores que se encuentran en acogimiento familiar especializado dedicación exclusiva y formación específica, sin poder desempeñar por tanto cualquier otro trabajo.
Por este motivo, ha explicado la diputada, mujeres que vienen desarrollando esta función con experiencia, formación y dedicación exclusiva, se encuentran en la situación de no poder jubilarse por no haber cotizado nunca o muy poco a la Seguridad Social.
La parlamentaria ha valorado que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas haya priorizado la desinstitucionalización de los menores de 0 a 6 años y también que se hayan llevado a cabo diferentes medidas para fomentar el acogimiento familiar a través de la campaña "Acollir es crèixer".
Ha celebrado la equiparación de las prestaciones económicas entre familias acogedoras educadoras y extensas, y el aumento en las cuantías de las diferentes modalidades de acogimiento.
Sin embargo, ha insistido en la necesidad de seguir fomentando de manera efectiva y real el acogimiento familiar y ha instado al Consell a regular el modelo de acogimiento especializado, como medida de fomento del acogimiento familiar en aquellos menores que necesiten de un programa específico de intervención dada la adecuada formación, experiencia específica y dedicación exclusiva de las familias.
Paralelamente, ha instado a pedir al Gobierno España que desarrolle la figura del acogimiento familiar profesionalizado para aquellas situaciones de especial dificultad, con el fin de garantizar, siempre y en todos los casos, el interés superior del menor, suponiendo la relación laboral y la formación tal y como recoge la legislación.
También ha pedido que, ante la problemática de las personas que no pueden trabajar fuera del hogar por la exigencia de la Administración para atender y cuidar a estos menores, sea el Estado quien cotice a la Seguridad Social por dichas personas, de forma asimilada a la figura de cuidadores no profesionales.

Cs pide trasladar las competencias climáticas a Economía y Política Territorial

VALENCIA.- Ciudadanos en Les Corts Valencianes ha propuesto trasladar las competencias de Emergencia Climática a las Consellerias de Economía Sostenible y Política Territorial para que la de Agricultura se dedique "exclusivamente" a "solucionar los problemas del sector".

Así lo ha anunciado el diputado Emigdio Tormo, quien ha afirmado que es "fundamental" que Medio Ambiente tenga "más relevancia y no esté adscrito solo a un sector económico, al tiempo que Agricultura, Desarrollo rural y Pesca tengan más protagonismo".
El diputado de Cs ha explicado que "cada vez hay más retos en la lucha contra el cambio climático y en la supervivencia de la agricultura", por lo que ha considerado "esencial" dividir las competencias y que Medioambiente, como elemento transversal, "ocupe un lugar estratégico en el Consell y esté plenamente integrado en cada una de las políticas económicas".
"La composición actual ha generado algunas deficiencias en la gestión, reflejadas en las continuas quejas del sector agrario", ha añadido. 
"Asuntos como el despoblamiento, la futura Política Agraria Común, la competencia desleal, la lucha contra las plagas, las inclemencias meteorológicas, la modernización y competitividad del sector y el sector pesquero deberían copar la mayor parte de la agenda de la consellera Mireia Mollà", ha subrayado Tormo, quien ha denunciado que "no solo esto no es así, sino que incluso han bajado las partidas presupuestarias destinadas a estas cuestiones".
Por ello, Cs ha registrado una Proposición No de Ley para que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica pase a denominarse Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

Emergencias y la UPV trabajan en un nuevo modelo predictivo de incendios forestales basado en la detección por satélites

VALENCIA.- El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y el Grupo de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación contra el cambio contra el Cambio Climático de la Universitat Politècnica de València (UPV) están trabajando en la creación de un nuevo modelo predictivo de incendios forestales basado en la detección por satélites.

Esta investigación se lleva a cabo en el marco de un convenio entre ambas entidades, que ha derivado en un proyecto en el que se viene trabajando desde 2018 denominado 'Tecnologías de la teledetección por satélite para la gestión de alertas frente a los incendios forestales en el ámbito local de la Comunitat Valenciana', ha indicado la Generalitat en un comunicado.
Entre las cuestiones que recoge el proyecto, se encuentra el establecimiento de un nuevo modelo predictivo que actualice y defina los niveles de riesgo de incendio forestal a través de las nuevas Tecnologías de la Teledetección por satélite.
De esta forma, se contempla la posibilidad de trabajar con dos índices de riesgo potencial de incendios, uno de carácter social o de información pública ciudadana, y otro estratégico de carácter interno y operativo que podría ser utilizado desde la sala de Emergencias del Centro de Coordinación o desde la propia dirección de la extinción sobre el terreno.
Este último índice permitiría ofrecer al director de la extinción, información sobre datos cuantitativos que le ayuden a tomar decisiones para hacer frente al incendio forestal.
Este modelo incluiría en su desarrollo los datos climáticos que ya se tienen en cuenta en el actual, pero también recopilaría otros cuantificables como el análisis del histórico de datos estadísticos sobre incendios, el estudio de los distintos modelos de biomasa, el riesgo poblacional teniendo en cuenta la variable de la estacionalidad, la tipología de incendios en función del comportamiento del fuego o el índice de precipitación acumulada en una zona. Con esta nueva propuesta se podría avanzar en la homogeneización de zonas por climatología y meteorologías similares.
La inclusión de datos sobre la biomasa, con monitorizaciones de su evolución y predicción en aspectos como la evolución de la humedad en la vegetación, supone un avance con respecto a los actuales modelos al aportar información muy importante a la hora de extinguir un incendio.
Otra de las líneas sobre las que se está trabajando en el marco de este convenio consiste en realizar una evaluación de la vulnerabilidad de toda la interfaz urbano forestal de la Comunitat Valenciana, una herramienta que, en el marco de la protección civil, permitiría actuar de manera preventiva.

Sanidad remarca que la Generalitat está preparada para detectar precozmente y controlar el coronavirus

VALENCIA.- La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha emitido un comunicado con el objetivo de "tranquilizar a la población" al hilo de la preocupación por el coronavirus de Wuhan, y ha remarcado que el sistema sanitario valenciano está "preparado para detectar precozmente y poner las medidas de precaución necesarias para controlar esta enfermedad".

Según destaca el departamento que dirige Ana Barceló, "así lo demuestran aquellos casos en los que se activó el protocolo de actuación, protocolo que se desactivó cuando se comprobó que no se cumplían los criterios".
Igualmente, han recordado que en las dos últimas décadas han conocido "varias epidemias a nivel mundial en las que se ha tenido que poner en marcha protocolos de actuación" (SARS 2003, gripe pandémica 2009, MERS 2012, Ebola 2014 y Zika 2016) por lo que "el sistema sanitario tiene experiencia en cómo debe actuar en estas ocasiones".
Los profesionales sanitarios "están informados de las actuaciones que tienen que realizar ante la mínima sospecha de un caso", han asegurado. El primer protocolo puesto en marcha por el Ministerio y las comunidades autónomas el viernes 24 de enero, fue remitido esa misma tarde a toda la Red de Vigilancia de las enfermedades infecciosas (formada por microbiólogos, epidemiólogos, preventivistas e infectólogos).
El 27 de enero, lunes, se mantuvieron reuniones con los profesionales de salud pública y medicina preventiva para coordinar las medidas de control. El protocolo actual, del 30 de enero, se ha distribuido a la red de vigilancia y a todos los profesionales a través de las gerencias de todos los departamentos y de la historia clínica electrónica (Abucasis) el mismo día 30 de enero. 
Por lo tanto, "podemos asegurar que nuestros profesionales están perfectamente informados de lo que tienen que hacer", han remarcado.
"Con el conocimiento que hay en estos momentos de la enfermedad, y con los sistemas de vigilancia que están en marcha en todos los países, sabemos que todos los casos diagnosticados hasta el momento están relacionados directa o indirectamente con algún caso que reside o ha estado en Wuhan", manifiestan desde Sanidad, al tiempo que señalan: "por lo tanto, para contagiarse de esta enfermedad hemos de estar en contacto con un enfermo que procede de Wuhan o con un enfermo que a su vez se ha contagiado a partir de un enfermo de Wuhan".
Para poner mayores medidas de prevención, la OMS ha decidido que los protocolos de actuación se pondrán en marcha no solo con los ciudadanos procedentes de Wuhan, sino con todos los ciudadanos que procedan de la provincia de Hubei donde se encuentra esta ciudad, han indicado.
Desde Sanidad han señalado que el riesgo de que a España o la Comunitat llegue un enfermo procedente de la zona es "muy limitado", y han recomendado a los ciudadanos que "para estar bien informados acudan a los canales oficiales de las instituciones sanitarias internacionales, europeas o españolas para disponer de la información verídica de la situación".

Barones del PSOE se suman a la rebelión del PP contra Hacienda por el IVA

MADRID.- Comunidades gobernadas por el PSOE se suman a las amenazas e, incluso, denuncias que ya están presentando contra el Ministerio de Hacienda regiones como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia por el impago de un total de 2.500 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA de diciembre de 2017, según publica El Mundo

El presidente socialista de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya había advertido de que si no recibía los 130 millones que demanda acudiría a la vía judicial, y dio de plazo hasta la reunión que su consejo de Gobierno llevará a cabo el próximo 4 de febrero. Y en las últimas horas, el Ejecutivo del Principado de Asturias, liderado por el sanchistaAdrián Barbón, ha hecho lo propio.
"Esos recursos pertenecen a nuestra región y no renunciamos a ellos. Buscamos una salida mediante el diálogo o el formato que el ministerio considere oportunidad, pero que implique que vamos a recibir esos recursos. Y si no es así, no descartamos la vía administrativa o la judicial", explicó este martes la consejera asturiana de Hacienda, Ana Cárcaba. Lo hizo sin ser preguntada por ello y en un acto en el que este punto no estaba previsto en el orden del día, lo que evidencia el nivel de preocupación existente por parte de su gobierno.
"Ese mismo día, por la mañana, enviamos la segunda carta al Ministerio de Hacienda por esta cuestión. La primera fue en diciembre, y ahora le hemos remitido una segunda profundizando en aspectos técnicos y reiterando que se trata de la segunda carta", explican fuentes de esta Consejería, que también abren la puerta a compensar los fondos a través de una flexibilización del déficit. "Pero sí, si no recibimos de alguna forma esos fondos [alrededor de 75 millones], nos planteamos todas las opciones, incluida la de acudir a los tribunales", añaden. 
De hacerlo, Asturias seguiría los pasos de Cataluña y Madrid, que fueron las primeras comunidades en denunciar, así como los de Andalucía, que concretará la amenaza que ya la pasada semana hacía el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. "Son 537 millones de euros, mucho dinero para Sanidad, Educación o Dependencia. Está claro que ese dinero se lo ha quedado el Gobierno y que son 2.500 millones más que tiene para hacer sus políticas", explicaba recientemente a este periódico el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo.
"Hacienda arrebata el dinero a las comunidades y lo hace para mejorar sus cuentas. Nosotros ya lo vimos claro en octubre del pasado año y denunciamos", incidía el responsable de la Hacienda madrileña, Javier Fernández-Lasquetty. Ambos, Lasquetty y Bravo, se reunieron precisamente esta semana en Madrid para, entre otras cosas, perfilar la línea de actuación conjunta contra Hacienda.
En la Xunta de Galicia el hartazgo e indignación van incluso más allá porque, según explican, la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a Alberto Núñez Feijóo, ya en 2018, que recibiría los 200 millones que reclama.
Se sienten traicionados y privados de unos fondos que, en muchos casos, están ya presupuestados y gastados. "Le prometió que lo solucionaría y lo hizo", replican desde el ministerio. "Pero el PP lo impidió cuando votó en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019".

2017, el origen

Y es que el origen de esta situación, afirman en Hacienda, se encuentra en una decisión del ex ministro Cristóbal Montoro, y la falta de solución es responsabilidad también del Partido Popular. En ningún caso de la gestión del Gobierno socialista ni de la actual responsable del ministerio y también portavoz del Ejecutivo. 
"Montoro introdujo un cambio normativo por el que se hizo patente que, en 2017, las comunidades solo ingresaron 11 meses de IVA. Para solucionarlo, se introdujo un cambio normativo en las cuentas de 2019", explican.
Pero al decaer las cuentas decayó también la medida, "y lo que no es posible es cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio que ya ha sido liquidado". Esto es, que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de abonar los 2.500 millones a los que asciende la reclamación total.
Y tanto es así que Montero explicó en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros que es un dinero "que no existe" y no dudó en pedir una reflexión a los presidentes autonómicos para que no fomenten con sus denuncias "el España nos roba o el Gobierno nos roba".

La disputa entre Compromís y el PSPV bloquea el requisito lingüístico para la función pública

VALENCIA.- La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, anunció el martes en una conferencia la remisión «inmediata» a las Cortes Valencianas de la Ley de Función Pública, tras dos años olvidada en un cajón. Una declaración nada improvisada, pues la Conselleria tenía previsto aprobar el proyecto de ley este mismo viernes en el pleno del Consell. 

No obstante, la tramitación de la norma fue bloqueada ayer en el llamado Consellet, la reunión previa al encuentro solemne de los consellers del viernes, en el que los secretarios autonómicos y los subsecretarios filtran y ordenan los temas a debatir en el plenario. La razón: las discrepancias entre los representantes del PSPV y de Compromís por la aplicación efectiva del requisito lingüístico.
Fuentes de la órbita socialista aseguraban a El Mundo que existía un acuerdo cerrado con los responsables de la Conselleria de Educación para aprobar esta semana el Proyecto de la Ley de Función Pública, un escenario que desmienten cargos de Compromís. Desde el PSPV se apunta que, hasta ayer por la mañana, había un pacto con el fin de retocar, tras escuchar los argumentos del Consell Jurídic Consultiu, las disposiciones previstas en la norma para aplicar el requisito lingüístico. Las mismas fuentes explican que, después del tirón de orejas del CJC, se apostó por eliminar el texto que establecía la aplicación directa del requisito en el acceso a la función pública en caso de no llegar a un consenso.
El anteproyecto que sí que se pactó en 2017 establecía que, en un plazo de seis meses, se aprobaría un reglamento para regular la exigencia de un determinado nivel de valenciano para acceder a un empleo público. No obstante, Compromís forzó la máquina y añadió otra disposición para que, «si transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente ley no se hubiere aprobado por el Consell el referido reglamento», la exigencia del valenciano se implantaría de forma automática. El Jurídic entendía que esto era incoherente por lo que Justicia optó por eliminarlo. A cambio, planteó a Educación crear una comisión interdepartamental para, paralelamente a la tramitación de la ley en las Cortes, elaborar un reglamento que permitiera la aplicación del requisito. Convencidos del acuerdo, el equipo de Bravo llevó su propuesta al Consellet.
La sorpresa vino cuando, durante esta reunión, el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Alberto Ibáñez, tomó la palabra para explicar que, en este momento, no existía un acuerdo sobre la regulación del requisito. El hecho de que interviniera un representante de la Vicepresidencia primera que dirige Mónica Oltra y no de Educación -estaba presente la subsecretaria Eva Coscollà que fue directora general de Función Pública durante el periodo de negociación de la norma- llamó bastante la atención. Es por ello que algunas fuentes entienden que, detrás de la paralización de la norma, podría haber algún tipo de pulso entre Mónica Oltra y la emergente figura de Gabriela Bravo. Es conocido que su relación no es especialmente fluida.
Con todo, fuentes de la Vicepresidencia insistieron que Ibáñez explicó la postura de una parte del Consell que considera que con la redacción final propuesta por Bravo «queda en el aire el desarrollo del requisito». Reiteraron que no había nada cerrado y que Educación entendía que se podría haber mejorado el texto definitivo con una serie de propuestas que concretaban la aplicación de la norma y que, según las mismas fuentes, Justicia no veía claras. «Estamos a favor del requisito pero desde la proporcionalidad; no admitimos posiciones totalitarias», explicaron desde la facción socialista. 
Así las cosas, la aprobación de la normativa vuelve a quedarse bloqueada y a expensas de que alguna de las dos partes dé su brazo a torcer en las próximas semanas. De lo contrario, el calendario seguirá avanzando para una norma que se debería haber aprobado la pasada legislatura.

Salario mínimo y desigualdad entre autonomías

MADRID.- La renta per cápita de una economía puede expresarse como el producto de la productividad media por trabajador y la tasa de empleo (definida como el porcentaje de la población total que cuenta con una ocupación). Dicho de otra manera, la renta per cápita de una sociedad puede aumentarse o bien logrando que cada trabajador produzca más o bien fomentando que haya un mayor porcentaje de personas que están produciendo dentro de esa sociedad, según El Confidencial.

Por ejemplo, la renta per cápita de España en 2018 ascendió a 25.727 euros, debido a que su productividad aparente por trabajador fue de 62.200 euros y su tasa de empleo, del 41,74%. La región más rica de España fue Madrid, con una renta per cápita de 35.041 euros, la cual podía descomponerse en una productividad por trabajador de 77.188 euros y una tasa de empleo del 45,9%, mientras que la más pobre fue Extremadura, con una renta per cápita de 18.769 euros, descomponible en una productividad por trabajador de 52.857 euros y una tasa de empleo del 35,9%.
Las cifras son relevantes, porque ponen de manifiesto una realidad que muchas veces pasa desapercibida: las diferencias de renta per cápita entre regiones españolas se deben tanto a las brechas de productividad como a diferencias en las tasas de empleo: por ejemplo, si Extremadura mantuviese su tasa de empleo en el 35,9% pero elevara su productividad hasta alcanzar la media de España, su renta per cápita pasaría de 18.769 euros anuales a 22.329 euros; si, en cambio, mantuviese su productividad y elevara su tasa de empleo hasta la media española, su renta per cápita ascendería a 22.062 euros. 
Así pues, la convergencia regional requiere de políticas que contribuyan a elevar tanto la productividad como la empleabilidad de las regiones más pobres.
Sucede que en los últimos 70 años, los diferenciales de productividad entre autonomías se han ido estrechando pero, en cambio, los diferenciales en la tasa de empleo o se han mantenido inalterados o incluso han empeorado. 
Y, en este sentido, acaso se crea que la muy importante brecha en la tasa de empleo se debe esencialmente al distinto perfil demográfico entre las regiones ricas y las regiones pobres: a saber, la España vaciada se ha quedado sin población joven en edad de trabajar que, en cambio, ha terminado emigrando y concentrándose en las zonas más prósperas del país. Pero este diagnóstico solo nos señala una parte muy parcial del problema.
Y es que la tasa de empleo (definida, según ya hemos dicho, como población ocupada entre población total) puede expresarse como el producto de tres ratios: la tasa de población en edad de trabajar sobre la población total (este sería el componente demográfico), la tasa de actividad (qué porcentaje de los que pueden trabajar está dispuesto a hacerlo) y la tasa de ocupación (qué fracción de los que quieren trabajar cuenta con un empleo). 
Pues bien, la tasa de población en edad de trabajar fue, en 2008, del 62,4% en el caso de España, del 65,5% en el caso de Madrid y del 60,4% en el caso de Extremadura.
A su vez, y como las tasas de actividad no fueron muy distintas entre sí (79% en el caso de España, 79,9% en el de Madrid y 77,9% en el de Extremadura), el porcentaje de la población total que estaba dispuesto a trabajar fue del 49,2% en España, del 52,3% en Madrid y del 47% en Extremadura. 
Pero donde se produjeron las diferencias más importantes fue en la tasa de ocupación, la cual no es más que el espejo de la mucho más conocida e ilustrativa tasa de paro: en 2018, esta última era del 15,35% en España, del 23,8% en Extremadura y del 12,27% en Madrid. Dicho de otro modo, aunque Extremadura tuviera el mismo porcentaje de población activa de España (49,2%), su tasa de empleo solo aumentaría del 35,9% al 37,5% (y, por tanto, su renta per cápita solo crecería de 18.768 euros a 19.820); en cambio, si tuviera su tasa de paro (12,27%), su tasa de empleo pasaría a ser del 39,8% (y, por tanto, su renta per cápita se elevaría desde 18.768 euros a 21.044 euros).
En 2019, la tasa de paro de Extremadura ha cerrado en el 23,48% (una minoración de apenas 32 centésimas respecto a su media del 18), España ha concluido con una del 13,78% (una caída de 1,57 puntos) y Madrid, con una del 9,99% (una reducción de 2,28 puntos). La tasa de empleo, pues, ha pasado del 35,9% al 36,33% en Extremadura; del 41,74% al 42,6% en España, y del 45,9% al 47,7% en Madrid: por eso, salvo que la productividad extremeña haya aumentado mucho más que la madrileña (cosa poco probable), en 2019 habremos tenido divergencia, y no convergencia, entre la renta per cápita de estas dos regiones (y también entre Extremadura y el conjunto del país): la España vaciada tendrá incentivos para vaciarse un poco más.
El fenómeno merece una reflexión, toda vez que cabe sospechar que las diferencias de empleabilidad entre regiones tienen mucho que ver con el establecimiento de una legislación laboral homogénea para todas ellas: en la medida en que esto supone fijar un mismo coste mínimo de contratación para todas las autonomías, dificulta la generación de empleo en las regiones menos productivas con respecto de las más productivas. 
El problema no es solo el salario mínimo (aunque, con unos índices de Kaitz tan altos en algunas regiones, ya resulta difícil ignorar su influencia sobre las barreras de generación de empleo), sino en general toda la regulación laboral que determina la globalidad de los costes laborales y, por tanto, se torna relativamente más gravosa para unas regiones que para otras.
En una España donde (con buen criterio) se apuesta por la descentralización administrativa y regulatoria, sería muy deseable que la legislación laboral (o, al menos, algunos elementos clave de la misma: como el salario mínimo, el coste del despido o la negociación colectiva) también se descentralizara a las autonomías para que estas pudieran adaptar su marco regulatorio a las condiciones reales de su mercado local de trabajo. 
Pretender diseñar el régimen laboral de toda España desde la provinciana visión de la hiperproductiva región de Madrid solo contribuirá a perpetuar las desigualdades territoriales en el país (algo que, por cierto, también ha sucedido en Italia).

La Batalla de Valencia se libra en Alicante


VALENCIA.- Que el rédito político que tiene en la actualidad la confrontación identitaria valenciano-castellano en la ciudad de Valencia tiende al cero es bien sabido por la derecha. Por eso, la líder del PP valenciano, Isabel Bonig, y el adalid de Ciudadanos, Toni Cantó, se han cruzado toda la comunidad autónoma -geográficamente muy alargada- para encender pasiones en el sur del sur, en la Vega Baja, como vimos hace unos días en la manifestación de Orihuela contra la Ley del Plurilingüismo. La Batalla de Valencia resucita para librarse, en esta ocasión, en Alicante, se escribe en La Vanguardia.

Este jueves ha llegado a la capital, a la ciudad de Alicante. A la misma que aún mantiene mucha toponimia en valenciano, como los barrios de El Pla del Bon Repós, el Raval Roig o Rabassa, la Serra Grossa, el Himno de Alicante o el Himno de les Fogueres de Sant Joan, o la coca amb tonyina típica de las fiestas.
Pese a ello y a tener el estatus de cooficial, se han llevado al pleno del Ayuntamiento de Alicante dos declaraciones institucionales que buscan dejar de fomentar esta lengua: la primera, presentada conjuntamente por PP y Cs en la que han pedido a la Generalitat Valenciana “que garantice el derecho de los padres a la elección de la lengua vehicular en la educación de sus hijos, derogando los artículos” de la Ley de Plurilingüismo.
La segunda, más incendiaria, la ha propuesto Vox y ha pedido “la derogación” de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) de 1983 y, “subsidiariamente, su modificación” para sacar a Alicante de la zona de predominio lingüístico valenciano y su inclusión en la lista de municipios de predominio lingüístico castellano (la primera parte la han suprimido en el momento del debate).
En la ciudad de Alicante el valenciano no es un problema, aunque su uso en la calle sea muy bajo. Así quedaba reflejado en el informe Coneixement i ús del valencià publicado por la Conselleria de Educación en 2015. En él, además, se exponía que en la región de Alicante el 65,9% entiende el valenciano “bastante bien” o “perfectamente”, mientras que el 44,1% lo sabe hablar.
Además, ofrecía el dato de que los encuestados de la región de Alicante opinaban que el valenciano debería hablarse menos en un 17,3%, igual en un 41,7% y más en un 35,1%. Es decir, que el porcentaje de personas que preferirían mayor uso de la lengua autóctona es mayor que el de quienes apostaban por reducirlo.
El aprendizaje del valenciano en las aulas alicantinas no supone un problema sin la agitación de las banderas identitarias. Quizás se deba a que hay una alta probabilidad de que los hijos e hijas acaben haciendo su vida, en un futuro, fuera de la ciudad, en otras comarcas o en la vecina València, donde el valenciano está más presente y conocerlo puede ayudar a profundizar relaciones personales y a tener más oportunidades laborales. También, lógicamente, si optan a puestos de la Administración Pública, como en la docencia, donde fue precisamente el PP quien introdujo la obligatoriedad de acreditar el valenciano.
En el debate en el hemiciclo de la primera propuesta, se han alineado los postulados de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), PP, Cs y Vox. En sus planteamientos se han pronunciado los argumentos del “derecho a decidir la lengua vehicular” de la enseñanza, “sectarismo” e “imposiciones lingüísticas”.
Julia Llopis (PP) ha recordado que el Estatut obliga a “conocer” cualquiera de las lenguas cooficiales -castellano y valenciano- y el “derecho a usar la lengua que cada uno quiera”. Además, ha atacado al conseller Vicent Marzà por no “importarle” otras cuestiones como el abandono escolar, aunque ayer miércoles destacó que ese asunto precisamente había bajado cuatro puntos.
Igualmente le ha recriminado no ocuparse de las aulas prefabricadas: “Queremos que quiten barracones, que construyan colegios”. Muchas de las clases provisionales se levantaron durante el gobierno del PP a través de la empresa pública Ciegsa, gestión que hoy está en los tribunales por presunto desvío de dinero.
Sobre la Ley de Plurilingüismo, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez (Cs), ha tildado de “chantaje lingüístico” que se establezca un mínimo de clases en castellano, en valenciano y en inglés. “Coartan las libertades y autonomías de los centros. Pedimos que se declare inalienable el derecho de los padres a elegir en qué lenguas quieren que estudien sus hijos”, ha defendido.
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha argumentado que el conocimiento del valenciano ayuda a la “equidad” y el de Unides Podem, Xavier López, que “la exención no ha hecho más que aumentar la brecha de oportunidades respecto a quienes sí que han estudiado en valenciano”. Por su parte, el socialista Manuel Marín ha criticado que “la segregación de lenguas” que aplicó el PP “en la educación no ha funcionado”.
Como ha defendido la portavoz de La Cívica-Alacant en valencià, Anna Esteve, “dominar el uso de las dos lenguas abrirá puertas al alumnado”. “
Chavales de Villena se sienten estafados cuando descubren que les han escondido parte de su cultura y que no tienen las mismas facilidades que los de Elche”, ha dicho en referencia a la exención lingüística a la que se pueden acoger los centros de ese municipio. Igualmente, ha recordado que el bilingüismo, el aprendizaje y uso continuo de dos lenguas, especialmente en los niños, tiene “beneficios probados científicamente”.
Sobre la propuesta de Vox de sacar el municipio de Alicante de la zona valencianohablante -que permitiría a los centros escolares acogerse a la exención, es decir, no dar ni una sola asignatura de valenciano- el concejal Mario Ortolá, del partido ultraderechista, ha afirmado que la LUEV “miente” porque en Alicante “no se habla valenciano” y ha pedido “que se adapte a la verdad”.
 “Estamos convencidos que una ley tan importante, aunque a mí no me gusta y cuando tengamos suficiente poder la modificaremos, no se puede hacer sin contar con nadie”, ha espetado.
“Su discurso de odio hacia el valenciano no lo podemos desligar de su odio hacia el colectivo LGTBi. Es un pack que pretende crispar. Aquí nunca hemos tenido problemas con el valenciano, excepto en casos extremos. Desgraciadamente, aquí, en este ayuntamiento, están los casos extremos. Quieren volver a la sociedad en blanco y negro, la del No-Do, la del hábleme en cristiano, la de la mujer en casa, la de la ley de vagos y maleantes”, ha lamentado Bellido.
El edil de Compromís ha señalado que la propuesta es “profundamente anti-alicantina” porque implica “dividir Alicante” y “separarla de su historia”. “Som fills del poble -en alusión al himno alicantino- señores de Vox. Señores de PP y Ciudadanos, apoyar esta iniciativa es escupir en el escudo de Alicante. Sería una traición y una estupidez insuperable”, ha añadido.
Por su parte, Antonio Manresa (Cs), ha anunciado su oposición a la propuesta así: “Buscan volver a la guerra. No necesitamos una guerra con la lengua. Nunca hemos tenido ningún problema con el valenciano, yo lo entiendo perfectamente. El único que tenemos es la imposición en la Vega Baja”. En la misma línea, el PP ha defendido que “el conflicto del valenciano” lo ha “creado” el Botànic por la Ley de Plurilingüismo.
Sanguino (PSPV) ha recordado que Alicante dobló la población “entre 1950 y 1965”: “Acogimos a todo el mundo”. 
“Imagínese que en un futuro acogemos a gente que no habla ninguna de nuestras dos lenguas y se dice de adaptarse a la nueva realidad, dejando de impulsarlas. ¿Se imaginan que Gabriel Miró o Carlos Arniches dejaran de ser nuestro patrimonio cultural? El castellano tendría los días contados en Alicante escuchando hoy al portavoz de Vox”, ha recriminado al partido ultraderechista, y ha zanjado: “La libertad ha de basarse en proteger un legado histórico”.
La declaración institucional ha quedado rechazada por los votos en contra de Cs, PSPV, Unides Podem y Compromís; solo ha contado con los votos a favor de Vox y PP. La Batalla de València busca terrenos a priori más cómodos.

Los camiones 'invaden' las áreas de servicio de la AP-7 en Castellón

 Área de servicio de La Plana

CASTELLÓN.- Como era previsible, la liberalización de la AP-7 ha provocado un considerable aumento del volumen de tráfico, sobre todo de camiones, que utilizan este vial para sus rutas de forma mayoritaria, como ya informó Mediterráneo. Y un efecto colateral de esta tendencia es que las áreas de servicio de la provincia, situadas a la altura de Burriana, la Ribera de Cabanes y Benicarló, se colapsen en las horas nocturnas, lo que obliga a muchos vehículos a tener que aparcar incluso en los viales de acceso a estos espacios.

Esa es la situación que viven en el área de descanso de la Plana desde el pasado 1 de enero. «No he visto cosa igual en todos los años que llevo trabajando aquí», sentencia una de las empleadas. La presencia de camiones, sobre todo en la franja horaria que va desde las 20.00 a las 7.00 horas, es constante, y aparcan «por todos lados». Como por ejemplo en el vial de acceso, «con el grave peligro que ello comporta», o incluso en un camino que los propios trabajadores utilizan para acceder directamente al recinto.

Comunicados
«Se comunican a través de las radios. El que está llegando para cenar y dormir pregunta a otros camioneros si el párking está lleno y, si lo está, aparcan en el arcén directamente, en un sitio que no está permitido», relata otra empleada. Hay que recordar que, por ley, los conductores tienen la obligación de parar tras una cierta cantidad de kilómetros recorridos.
Fuentes policiales consultadas por el diario Mediterráneo indican que tras unos primeros días en los que se advirtió a los conductores de que estacionar en los viales de acceso, además de estar prohibido, es peligroso, se están interponiendo ya denuncias para erradicar esta tendencia.

Más clientes 
Una situación parecida viven en el área de Benicarló. A ambos lados de la carretera los camiones llenan los párkings y desde el restaurante ubicado en este espacio confirman que han tenido un aumento significativo de clientes. Iordanca, una camionera búlgara que llega de Holanda y que recorre medio mundo, muestra su satisfacción por la liberalización de la AP-7, ya que es «una ruta muy buena».
En la otra área de servicio de la autopista, situada en la Ribera de Cabanes, desde la gasolinera confirman a este periódico que el consumo se ha disparado en los últimos días. «Por ahora lo llevamos bien, pero hay peligro de que esto se colapse, sobre todo en el tramo horario de la tarde-noche», indican. En este sentido, fuentes policiales prevén que el volumen de tráfico vaya incluso a más durante los próximos meses.

Predicción
Esta situación ya fue advertida hace unos meses desde la Asociación Empresarial Castellonense de Transportes de Mercancías por Carretera (ACTM). Por ello solicitaron al Gobierno central que a lo largo de la AP-7 se construyan áreas de descanso públicas, al igual que hay en otras autopistas españolas, para ampliar los espacios en los que los conductores pueden parar.

El PPCV pide al Gobierno que tome medidas contra Puig por el déficit

VALENCIA.- El PP pidió la comparecencia en las Cortes Valencianas del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que explique el «bochornoso» déficit de la Comunidad, que asciende a 1.488 millones, y asimismo preguntó al Ministerio de Hacienda «qué piensa hacer» con una región que reúne «la mitad» del déficit nacional «no solo por la infrafinanciación, sino también por la mala gestión». 


Así, lo anunció la secretaria general del PPCV y portavoz adjunta en Les Corts, Eva Ortiz, en rueda de prensa en la que exhortó a Puig a «dar la cara» y le reclamó asimismo que «si no quiere la centralidad en Madrid, exija al Gobierno de Sánchez para esta Comunidad lo que sí da a Cataluña».
Al respecto, argumentó que si Puig, que «lleva 70 días sin explicarse» en las Corts, fuera «responsable» y «de verdad le importaran los intereses de los valencianos», pediría él mismo su comparecencia para explicar este déficit, que supone el 1,29% del PIB. Sin embargo, «como no lo es» registraron a las 10.30 horas una petición para que comparezca.
Ortiz advirtió de que no el Consell no puede excusarse en que este déficit es consecuencia de la infrafinanciación ya que aunque es parte es «verdad» también es «mentira» porque se debe también a la «mala gestión»: «330 asesores sin control, no tiene empacho en seguir creando chiringuitos para colocar a sus amigos, no hay control de las empresas públicas, ni se sabe nada de los planes de ajuste».
Sin embargo, dudan de que Puig acepte «dar la cara» y explique las cuestiones que afectan a la Hacienda valenciana, como el déficit, la devolución del IVA o los planes de ajuste.
Por ello, al temer que rechace comparecer al igual que en las nueve ocasiones anteriores en que ya se lo han solicitado, Ortiz señaló que también han reclamado al Ministerio de Hacienda que concrete «qué medidas va a adoptar ante esta situación» financiera de la Comunidad.
En concreto, reclaman al ministerio que dirige María Jesús Montero documentos sobre los «incumplimientos» de los objetivos de estabilidad presupuestaria, «qué advertencias y cuándo» se las ha dado al Consell, «qué acciones ha emprendido contra o en colaboración» con la Generalitat ante esta situación. En suma, «qué va a hacer con una comunidad que reúne la mitad del déficit de toda España».
Del mismo modo, consideró «gravísimo» que Puig «no alce la voz» para exigir los 281 millones de IVA que el Estado adeuda a la Comunidad y le pidió «valentía» para reclamarlo como hace el presidente socialista de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. «Pero Puig no reclama nada la Estado, está asustado, amordazado y acobardado», le recriminó.
Así, destacó que el Consell sabe que va a llegar un «colapso» porque «ni pueden pagar a los centros de discapacidad ni a otros colectivos, pero para grandes boatos sí que tienen para pagar». Al respecto, apuntó que el PP le tiende la mano para llegar a pactos en Educación o Financiación, pero le advirtió: «No estamos dispuestos a que nos tomen el pelo, ni a nosotros ni a los ciudadanos».

Críticas de ciudadanos

En la misma línea, la portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en las Cortes Valencianas, Ruth Merino, instó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y al conseller de Hacienda, Vicent Soler, a «dejar de gastar más de lo que se tiene» y a «ponerse a trabajar para conseguir la reforma de la financiación autonómica, que es lo que los valencianos necesitan realmente».
Así se pronunció la diputada tras conocer los datos ofrecidos por la Intervención General del Estado, que sitúa a la Comunidad Valenciana como la autonomía «con los peores datos de todas en cuanto a déficit», según indicó en un comunicado.
«Que la deuda valenciana suponga casi la mitad de todo el país, con casi 1.500 millones de euros a falta de contabilizar el mes de diciembre y habiendo recortado 364 millones hace unos meses es, cuanto menos, escandaloso, y muy grave», añadió.
Reconoció también que es «cierto» que el sistema de financiación «nos perjudica gravemente pero también lo es que el tripartito gasta de manera totalmente irresponsable y superflua en muchos casos, por ejemplo, con las cantidades que destina de manera arbitraria a promoción institucional o el aumento de altos cargos».
Merino lamentó que el aumento de gasto «ni siquiera se esté destinando a mejorar servicios como educación o sanidad». «Esta nefasta gestión por parte del Consell está provocando un endeudamiento desorbitados que van a heredar las próximas generaciones de valencianos», concluyó Merino.

Versión del PSPV

El secretario de Organización del PSPV-PSOE y portavoz socialista de Hacienda en Les Corts, José Muñoz, exigió al PP que «deje de hablar mal de la Comunidad Valenciana» y que cese en su intento de «poner al Ministerio de Hacienda en contra de la Generalitat Valenciana».
Muñoz respondió así, en un comunicado, a la petición del PP y garantizó que, «pese a los intentos de boicot del PP, el Gobierno de Ximo Puig va a seguir trabajando para que los valencianos tengan los mismos servicios y derechos que tienen los ciudadanos de otras comunidades autónomas», y ha recordado que «no se trata de un problema de gasto, sino de ingresos».
Aseguró que en la Comunidad Valenciana se gasta menos que la media de España e insistió en que, como bien debería saber la secretaria general del PP, Eva Ortiz, «es una consecuencia del sistema de financiación injusto que el PP se negó a cambiar durante años».
Muñoz habló de que uno de los objetivos del Consell es igualar el gasto per cápita en servicios públicos fundamentales de los valencianos y valencianas a la media estatal y advirtió de que seguirán trabajando para que, «pese a los intentos del PP, no se maltrate a la sociedad valenciana».
El diputado definió la gestión «eficiente, responsable y honrada» del actual Gobierno valenciano, y reprochó «la gran irresponsabilidad del PP, que un día pide reducir las listas de espera o acabar con los miles de barracones que plantaron por toda la Comunidad, y al día siguiente piden que la Generalitat no gaste más».
También destacó que «el récord de déficit público lo tiene el PP en la Comunidad», ya que durante sus años de gobierno «no cumplió ni una sola vez con los objetivos de déficit».
Es más, añadió el diputado del PSPV: «por culpa del PP, la Comunidad fue castigada con una multa histórica de la Comisión Europea de 19 millones de euros por falsear los datos del déficit público».

Cada valenciano sólo recibe el 86% de la media por habitante del resto de España

Tras las críticas recibidas por el déficit que sufre la Comunidad Valenciana, desde la Conselleria de Hacienda se recordó que la infrafinanciación es tan grave que la cantidad por cada habitante de las tres provincias (Castellón, Valencia y Alicante) es un 86% de lo que recibe de media cada habitante del resto de España.
Una cifra que supone, por ejemplo, un 68% de lo que recibe por habitante Cantabria, o un 76% de lo que recibe por habitante Galicia.
La lista de los ingresos del sistema de financiación autonómica por habitante de más a menos son: Cantabria, 3098 euros; La Rioja, 3081 euros; Extremadura, 2873 euros; Galicia, 2773 euros; Castilla y León, 2725 euros; Aragón, 2718 euros; Asturias, 2701 euros; Cataluña, 2631 euros; Castilla La Mancha, 2462 euros; Canarias, 2401 euros; Andalucía, 2342 euros; Baleares, 2323 euros; Madrid, 2267 euros; Murcia, 2220 euros y Comunitat Valenciana, 2111 euros.

Nuevas pruebas de la cascada de kilómetro y medio que llenó el Mediterráneo en dos años


MADRID.- Un artículo publicado en la revista Earth-Science Reviews ha arrojado luz acerca de hecho que sucedió hace 5,3 millones de años. Fue una entrada masiva de agua del océano Atlántico que provocó el llenado del Mediterráneo, que por aquel entonces estaba parcialmente desecado. Y la entrada de agua fue a través de una cascada gigante de 1,5 km de longitud, según ha difundido 20 Minutos

El artículo lo han elaborado un grupo de investigadores entre los que se encuentran científicos españoles del CSIC. Han encontrado evidencias de la llamada megainundación del Zancliense bajo las aguas del Mar de Alborán, un cuerpo de sedimentos de 35 km de longitud que se acumuló junto a un volcán submarino.
Hace 6 millones de años, la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo se cerró a la altura de lo que hoy es Gibraltar. Esto provocó que la cuenca mediterránea se desecara de forma parcial, bajando de 1.300 a 2.400 metros. 
Un millón de años después recuperó su nivel, al entrar una masa de agua por el Estrecho que inundó la cuenca occidental y posteriormente y a través del estrecho de Sicilia, la oriental, acabando así con la llamada Crisis de Salinidad del Messiniense.
"Los depósitos sedimentarios que hemos identificado son compatibles con esa gran inundación. Se trata de un cuerpo sedimentario alargado que se acumuló a sotavento de la inundación gracias a la protección que ejerció el edificio volcánico ante la fuerza del flujo de agua proveniente del Atlántico", dice Daniel García-Castellanos, del CSIC y primer autor del artículo.
Esta acumulación de sedimentos tiene un grosor máximo de 163 metros y tiene 7 km de amplitud. Está dispuesto en paralelo a un canal erosivo de 390 km de longitud que unía el Golfo de Cádiz y la Cuenca de Argelia, pasando por Gibraltar. En la cuenca de Alborán se dividió en dos para salvar un volcán, alrededor del cual se acumularon los sedimentos que se han hallado ahora.

El Gobierno de España crea la mesa de diálogo agrario


MADRID.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado hoy la creación de la mesa de diálogo agrario entre el Gobierno y las organizaciones profesionales agrarias (ASAJA, COAG y UPA) para estudiar las medidas que son necesarias llevar a cabo para asegurar el futuro de la agricultura y ganadería españolas.

Esta mesa de diálogo agrario muestra el espíritu y la voluntad de diálogo del Gobierno de España para trabajar junto al sector en la búsqueda de soluciones a los temas que más preocupan a agricultores y ganaderos, como han dejado patente estos días en diversas manifestaciones. 
En el ADN del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está el diálogo y el trabajo conjunto, ha señalado el ministro.
Es preciso trabajar todos juntos, unidos, apostando por el diálogo para encontrar la mejor solución, según el ministro, y por eso ha convocado el próximo lunes, día 3, la primera reunión de la mesa de diálogo agrario en la que se fijará el método de trabajo, el calendario de los encuentros, así como los temas a abordar.

Los bancos quieren el reseteo / Guillermo Herrera *

Según Michael Cottrell, los bancos están a favor del reinicio financiero mundial porque condona sus deudas. Añade sin embargo que el tratado mundial del oro exige la eliminación de la corrupción bancaria, así como evitar el robo de monedas de varios países mediante la reducción a cero de la deuda. 

Cada país tendrá el control de su tesoro, y las ratas de la camarilla oscura serán acusadas y arrestadas. La firma del Sr. Cottrell está en el tratado del oro, y él está encargado por el Comité de Basilea de pulsar el botón para el reinicio financiero mundial.


Opina Cottrell que un colapso financiero en los mercados eliminará el petrodólar fiduciario para que se pueda sustituir por un sistema de lingotes de oro, pero también un colapso en los mercados podría causar una depresión mundial, con el pueblo teniendo que refinanciar el sistema durante un periodo de cien años.

Pero esto se evitará mediante un jubileo de la deuda que eliminará los valores derivados de la camarilla oscura, y acabará con la banca fraccionaria y con su capacidad de utilizar su deuda para ganar más dinero. Se revaluarán los activos financieros y se devaluarán los derivados financieros.

Sin el sistema respaldado por oro, -añade Cottrell- una caída de los mercados causaría una depresión mundial, y por eso el gran Plan consiste en emitir un Jubileo de la Deuda acordado en el plan de Gesara, que liberará a la población mundial de sus cargas financieras, mientras que eliminará los valores derivados de la camarilla oscura, y terminará con su banca fraccionaria y con cualquier capacidad de usar su deuda para ganar más dinero a costa de exprimir a la población.

Ante las suspicacias que ha suscitado este tema, es necesario aclarar que el sistema financiero cuántico No controlará al sistema financiero de cada país, sino que constituye una supervisión que revisa cada transacción para acabar con la corrupción del sistema.

MANIOBRAS DE TRUMP

Sin embargo, el viejo sistema financiero no morirá hasta que se aplique el tratado del oro. Es por ello que el pasado mes de noviembre el presidente Trump firmó con los militares la aplicación del tratado del oro para que se transforme la corporación privada estadounidense (US Inc.) que no es otra que la Reserva Federal. El pasado mes de noviembre, el presidente Trump entregó a los militares la fecha de la decisión del reinicio financiero mundial, y la aplicación de los arrestos a las élites políticas acusadas por los tribunales.

El presidente Trump nominó recientemente a Judy Shelton y Christopher Waller para ocupar las dos vacantes en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. La Sra. Shelton ha abogado públicamente por tasas más bajas, y también por la reintroducción de un estándar de oro. El presidente criticó abiertamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés lo suficientemente rápido. Su mandato de cuatro años como presidente de la Fed expira en febrero de 2022.

También el presidente Trump anunció en el Foro Económico Mundial de Davos que más de 190 jueces federales fueron nombrados para interpretar las leyes con el fin de preparar un regreso a la Ley Común de la Constitución estadounidense original.

Explica Mike Cottrell que en 1976-77 Bush padre fue nombrado jefe de la CIA y así ganó poder sobre el sistema financiero de los Estados Unidos. En realidad le dijo al presidente Carter que no podía despedirlo. En 2013 firmaron el tratado del oro. En 2011 se trajeron 900 mil millones de dólares de la cuenta de Bush, que desapareció con el 11-S. La camarilla oscura de Bush no quiso que ocurriera el reinicio financiero mundial porque eliminaba su suministro de dinero. El Brexit es un escenario diseñado para la liberación del reinicio financiero mundial.

REACCIÓN

Ante el pánico suscitado por este cambio, el plan de la camarilla oscura era la creación de un brote de virus tan grave que podría afectar a los mercados. Entonces manipularían los mercados para un evento de cisne negro” que desencadenaría el colapso de los mercados y del sistema financiero mundial. A partir de entonces, la camarilla oscura creyó que podría ‘salvar’ a la economía mundial y de paso salvar su propio pellejo a través de un uso forzado de su criptomoneda Bitcoin.

El reciente brote de coronavirus en China, de hecho, ha causado que China cierre su mercado de valores hasta el lunes 3 de febrero, lo que estaba destinado a afectar a los mercados mundiales. No es una coincidencia que la actualización de Génesis a Bitcoin estuviera programada para el 4 de febrero, 11 años, 1 mes y 1 día después del lanzamiento original.

El anonimato de las criptomonedas facilita las transacciones ilegales.- Hay ocasiones en las que desafortunadamente, el mundo de la delincuencia se vale de las innovaciones económicas para blanquear dinero u ocultar transacciones. Precisamente, cierta clase de criptomonedas, dado el anonimato que permiten, son las predilectas del crimen organizado.

Según la información proporcionada por la Europol, el crimen organizado se ha valido de las criptomonedas para blanquear unos 4.500 millones de euros. Es más, se estima que el 4% de las ganancias de la delincuencia europea se canalizan a través de criptomonedas como el bitcoin.

NO SERÁ FÁCIL

Según Judy Byington ya han comenzado a preparar el sistema financiero cuántico para una moneda digital, mientras que los contactos creían que veríamos algo a principios de la próxima semana. Hay razones para creer que febrero sería un buen mes para los tenedores de divisas, pero no será una transición suave hacia la seguridad financiera que algunos esperaban. Pasar de una moneda fiduciaria a una moneda respaldada por bienes activos reales y tangibles, donde se ajusta a su valor frente al oro, será una píldora difícil de tragar para la mayoría de la gente.

Añade Judy que el dólar quebró oficialmente en la media noche del viernes 31 de enero, aunque algunos dijeron que el plazo se había extendido hasta la semana siguiente. A su juicio, el Brexit del Reino Unido ha dado paso a la participación de Europa en el reinicio financiero mundial y a la rápida absolución del presidente Trump en el Senado prevista para el próximo miércoles.

El Senado ha votado para no llamar a nuevos testigos en el juicio político del presidente Trump. La votación fue de 51 a 49. Los líderes de ambos partidos acordaron una votación el miércoles para absolver o condenar a Trump, pero la absolución está cantada.


 (*) Periodista

El cerdo Napoleón / Enrique Martín *

Juan Ramón Gil me dedicó un editorial el pasado domingo, del que nunca se sentirá orgulloso. No procede aquí criticar sus formas, pero sí centrarnos en aspectos útiles para el debate público.

En primer lugar, sirve de pretexto al artículo la invitación a asistir a una reunión que me hizo una patronal alicantina. A simple vista, parece nimio para una reacción tan desencajada. 

Hay muchas explicaciones, pero aplicando la navaja de Ockham, la más sencilla y probable es que ese editorial ya estaba redactado de antemano, fue escrito por encargo y estaba esperando cualquier oportunidad. Los autores intelectuales son Salvador Navarro y Perfecto Palacio y su coste corre a cargo del presupuesto de la CEV, que financia al medio que lo publica. 

Sobre las críticas a mi trayectoria, no le falta alguna razón. Presidí Terciario Avanzado durante una década y el CEEI de Elche, contribuí a fundar instituciones como INECA, y también llegué, vi y perdí la presidencia de COEPA; entretanto, sin embargo, hice cuanto estuvo en mi mano para salvarla. 

El editorialista no es ajeno a ello, porque fue altavoz del llamado «lobbyplus» que designó como presidente a Moisés Jiménez, hiriendo mortalmente a la institución. No puede pontificar sobre el cainismo alicantino quien ha minado durante tanto tiempo a la sociedad civil en cuyo nombre pretende hablar; tampoco puede clasificar a los empresarios, porque no se le conoce ninguna experiencia empresarial ni mérito directivo relevante. 

La respuesta a la pregunta de por qué no salen los empresarios de primera línea a la palestra, la tiene en su propia casa: todos saben que, al final, tendrán que pasar por caja.

El asunto también afecta a nuestras libertades. La primera, la de las asociaciones para dirigir su destino sin injerencias externas que, a golpe de editoriales, tratan de alterar su voluntad democrática. La segunda, la libertad de expresión y de pensamiento, pues es evidente que el metatexto del editorial son mis artículos y no mi pasado patronal. 

Creo que ese editorial es irrespetuoso con ambas. Ni yo soy la zorra, ni los socios de UEPAL son pollitos o gallinas de un corral, ni el editorialista es el cerdo Napoleón de Rebelión en la Granja que azuzaba a sus perros. En el prólogo de dicha obra, que Gil debería releer, Orwell invoca la definición de la libertad que hacía Rosa Luxemburgo como la «libertad para los demás». Lo totalitario es demonizar a los discrepantes. Ahora, los socios de la CEV ya saben la medicina que les espera.

Finalmente, no tengo objeción a su crítica política, que es legítima. No engaña nadie: sabemos a qué intereses responde. Pero sorprende el esfuerzo por denigrar a quien dice desdeñar, cuando hubieran bastado unas líneas o el simple desprecio. Al hacerlo, se convierte en víctima de su propia obra. 

Quería retratarme con los trazos gruesos de su resentimiento, pero como ocurre a los pintores poco inspirados, ha acabado por pintarse a sí mismo. En un mundo en que las ideas se difunden libremente, siempre encontraré una Madriguera de Libertad desde la que exponer mis opiniones y, tal vez, gente que quiera escucharlas. 

Es un derecho sagrado, que defenderé firmemente, y que todos los periodistas -Juan Ramón Gil, si fuera honesto, el primero- están llamados a proteger.



 (*) Abogado



Lo están consiguiendo su propósito / Cartas de los Lectores

1. Divorcio express, no vaya a ser que se arrepientan y se reconcilien

2. Parejas de hecho, para que se sientan más libres de romper, pero no estables para criar.

3. Aborto para que se vea al hijo cómo una carga y se vea muy fácil quitarse "el problema"

4. Violencia "de género" para que la mujeres tengan miedo de los hombres violadores y los hombres de la mujeres locas que te denuncian por nada. No vaya a ser que se atraigan y se casen.

5. Ideología de género para que los hombres se feminicen y las mujeres se vuelvan machos, y que quieran juntarse entre sí como pareja estériles homosexuales.

6. Transexualidad, para convencer y obligar a las familias a creer que lo mejor para sus hijos es castrarlos.

7. Eutanasia, para que no quede ninguno vivo que les pueda explicar a las siguientes generaciones que eso no es normal ni es sano.


J.M.P.A.
Murcia

Mañana, en Madrid, concentración contra los falsos desamparos de los Servicios Sociales


viernes, 31 de enero de 2020

Juan Cano dice a las hijas de Ponsoda que siente su "dolor": "No soy responsable de su muerte"


ALICANTE.- Juan Cano, acusado de ser el principal instigador del asesinato en octubre de 2007 del entonces alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, ha afirmado en el turno de última palabra que lo que más le ha "dolido" de la vista han sido los testimonios de las hijas del primer edil fallecido, a las que ha dicho que él no es el "responsable" del crimen ni de su "dolor.

 "No soy responsable de su muerte", ha manifestado Cano, quien ha concluido su intervención con un "Dios reparta suerte" y pidiendo a los miembros del jurado: "Sean ustedes justos".
Cano ha asegurado que, cuando nadie le ve, pasa por la tumba del exalcalde Ponsoda "a rezar" y que su familia tras estos diez años "está destrozada". 
"Nos han arruinado la vida", ha dicho.
El exedil de Urbanismo se ha pronunciado en estos términos este viernes ante el tribunal del jurado, después de que su defensa y las de Salvador Ros, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, acusados de instigar el crimen elevaran a definitivas sus conclusiones y solicitaran un veredicto de no culpabilidad, por falta de pruebas de cargo, y por contar tan solo "con las manifestaciones del testigo protegido", un hombre que trabajó de portero en el club Mesalina donde supuestamente se urdió el asesinato.
Todos los acusados, excepto Salvador Ros y Jesús Hermosilla, han utilizado su turno de última palabra para declarar su inocencia. Este lunes está prevista la entrega del veredicto del jurado para su deliberación. 
De hecho, uno de los considerados autores materiales del crimen, Robert Franek, ha asegurado que estas últimas tres semanas han sido "las más duras" de su vida, ha proclamado su inocencia ante el jurado y ha descrito alguno de los episodios que ha vivido durante estos diez años con el testigo protegido, con su familia y su entorno.
El letrado de Cano ha asegurado que en este caso "no valen hipótesis" y ha manifestado que el juicio ha estado lleno de "cotilleos del pueblo de Polop". A su entender, la vista no se tenía que haber celebrado porque no hay elementos nuevos y sostiene que la actuación ha sido "nefasta" para las garantías y los derechos de los acusados.
Por su parte, el letrado de Pedro Hermosilla, uno de los dueños de Mesalina, ha calificado el caso de "enorme chapuza", en la que asegura que han engañado a la UCO, y esta "no se ha retractado", ha dicho. 
Por su parte, el letrado de Salvador Ros ha solicitado al jurado "sentido común", "cordura", "sensatez" y que no ponga la vida de los acusados en "manos de un delincuente, porque sería volver a la Inquisición".
El letrado de Juan Cano, se ha empleado en refutar la "teoría del odio", ha afirmado que "no ha habido ningún testigo directo de un enfrentamiento violento" entre Cano y Ponsoda y ha sostenido que es "falsa la mala relación que se ha querido hacer ver entre ambos".
Asimismo, ha cuestionado que se le haya atribuido a su cliente un carácter violento y ha señalado que en la "crisis de 2003, Ponsoda apoyó a Cano y en 2007, hay testigos que han declarado que Cano no quería ir en la lista y le convencieron. 
¿Por qué se dice que quería el poder?", pregunta el abogado, que ha enumerado hasta ocho contradicciones del testigo protegido y ha calificado de "caótica" la investigación policial y judicial.
Los letrados defensores han cuestionado las periciales, las testificales, la investigación de la UCO que condujo a las detenciones de los acusados dos años después, así como el desarrollo del procedimiento judicial.
Respecto al testigo protegido, el letrado de Pedro Hermosilla ha afirmado que se "se monta la trama", a raíz de su aparición. Una tesis que también ha mantenido el letrado de Salvador Ros, que se ha dirigido al jurado indicándoles: "No vayamos a generar siete víctimas más por una fabulación".
Asimismo, el letrado de uno de los dueños del club Mesalina ha asegurado que no hay duda de que "el testigo protegido ha faltado a la verdad" y que la UCO que "no tenía absolutamente nada y se aferró a él". Reitera que, si es verdad lo que dice, "tendría que haber sido acusado de cooperador necesario", ha concluido.
Fiscalía y acusación particular mantienen la petición de 25 años de prisión para cada uno de los instigadores e inductores del asesinato con alevosía y precio -- Juan Cano, Salvador Ros, Pedro Hermosilla y Raúl Gatto -- y 27 años a los tres acusados de ser autores materiales del asesinato -- Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski--, a los que suma tenencia ilícita de armas.

Hosbec dice que Benidorm acoge con "indiferencia" el Brexit

BENIDORM.- El president de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), Toni Mayor, ha afirmado este viernes que la salida esta madrugada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) está provocando "indiferencia" en la ciudad ante un proceso que arrancó en 2016 y que ha sido "largo" y "tortuoso".

Mayor ha manifestado que el proceso ha sido "incierto" y aunque ha incidido en que no le gusta el 'premier' británico, Boris Johnson, sí le ha reconocido que ganó las elección por mayoría absoluta y "ratificó el acuerdo que tenía con la UE".
Sobre el proceso para la salida efectiva, Toni Mayor ha augurado que se prolongará "posiblemente durante dos años más", ha dicho que será "fácil" y ha negado que vaya a tener un "impacto psicológico sobre el consumidor".
Así, aunque ha indicado que "a largo plazo nadie puede saber qué va a pasar", ha puesto en valor la economía del Reino Unido que tiene un paro del 3,5%.
"Dentro de todo lo que ha habido estamos en un momento en que no estamos mal, las reservas están funcionando de forma normal y en algunos aspectos mejor que el año pasado", ha avanzado.
Toni Mayor ha defendido la "fortaleza" del destino y de la planta hotelera que se ha "actualizado" y ha fidelizado al cliente. "Tenemos un enamoramiento mutuo que da fortaleza importante", ha aseverado.