Radiografía del Gobierno valenciano de PP y Vox: cuatro empresarios y una consellera que usó ayudas públicas para su sueldo

VALENCIA.- Las declaraciones de bienes y de rentas en el portal de transparencia GVA Oberta permiten trazar una radiografía de la trayectoria de los consellers del Gobierno valenciano de PP y Vox, presidido por Carlos Mazón. Se trata de un Ejecutivo autonómico repleto de empresarios que han dado el salto a la política autonómica, en algunos casos con la consiguiente disminución de sus emolumentos, tal como relata elDiario.es. 

El presidente Carlos Mazón (Alicante, 1974) ha declarado un sueldo en su anterior destino, en la presidencia de la Diputación de Alicante, superior al que cobraba el anterior jefe del Ejecutivo Valenciano, el socialista Ximo Puig, a pesar de que el líder popular le pidió reiteradamente durante la anterior legislatura que se congelara el sueldo.  

Mazón presenta en su currículum una trayectoria prácticamente ligada a cargos políticos desde que se licenció en Derecho en 1999. A excepción del periodo en que fue gerente de la Cámara de Comercio de Alicante, Mazón ha enlazado cargos políticos designados por el PP.

El vicepresidente de Vox, Vicente Barrera (València, 1968), es el miembro del Gobierno autonómico más acaudalado. Barrera declara bienes (entre viviendas y garajes situados en Valencia y Barcelona) por un valor catastral total de 607.171 euros. 

El vicepresidente también anota depósitos en cuentas por 279.650 euros y participaciones en cinco empresas por un valor total superior al millón de euros. Además, también cuenta con fondos de inversión que suman 1,1 millones de euros. En el pasivo, Barrera arrastra préstamos por 377.045 euros. 

El extorero detalla sus cargos societarios —administrador de siete empresas y consejero de Unión Vitivinícola SA—, de los que cesó el pasado 18 de septiembre. Barrera también declara rendimientos de trabajo (22.303 euros), de capital mobiliario (24.775 euros), de actividades económicas (4.185 euros) y de capital inmobiliario (3.905 euros). 

La vicepresidenta segunda, Susana Camarero (Madrid, 1970), exdiputada y exsenadora popular, declara bienes (entre viviendas y garajes en Teruel y Valencia) que suman un valor catastral de 291.850 euros. También depósitos en cuentas por 175.288 euros y 12.000 euros en el apartado relativo a “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”. Camarero también indica una hipoteca de 13.000 euros.  

La 'número dos' de Mazón en el Consell, exconsultora de Llorente y Cuenca, declara una renta por rendimiento de actividades económicas de 45.064 euros.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino (Castellón, 1970), posee bienes (entre viviendas y garajes en Valencia y Castellón) por un valor catastral de 277.032 euros, además de 11.936 euros en depósitos en cuentas. En el pasivo, la titular de Hacienda declara dos préstamos hipotecarios por un total de 170.600 euros. 

Merino detalla una renta de 71.210 euros por rendimientos del trabajo (fue diputada de Ciudadanos hasta el pasado enero, cuando se reincorporó a su puesto de Técnica de Hacienda); 23 céntimos de euro en ganancias patrimoniales; 65,44 euros en rendimiento de capital mobiliario y un resultado negativo de menos 313,64 euros en rendimiento del capital inmobiliario.

La titular de Justicia e Interior, Elisa Núñez (Elche de la Sierra, Albacete, 1977), es la única consellera que tuvo pérdidas en su declaración de la renta. Núñez, abogada con bufete propio, obtuvo un rendimiento negativo de actividades económicas de menos 2.784,17 euros, según la estimación directa que figura en el portal GVA Oberta. También ingresó 78,75 euros de rendimiento de capital mobiliario.   

Elisa Núñez posee dos viviendas en València por un valor catastral de 145.929 euros y depósitos en cuentas por 86.240 euros. En el apartado de “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”, Núñez anota un importe de 42.027 euros (ningún conseller detalla la clase de bienes de este epígrafe). La consellera de Justicia también tiene un seguro de vida de 13.710 euros y un plan de pensiones con un importe de 183,79 euros, ambos en Caixabank.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez (Cuenca, 1959), posee bienes inmobiliarios (tres viviendas y sendos garajes en València) que suman un valor catastral total de 305.304,39 euros. Su renta declarada por rendimiento de trabajo ascendía a 83.402,88 euros, mientras que los rendimientos de capital apenas sumaban 3.859,21 euros.

Gómez también declara 85.387,50 euros en acciones de Telefónica y registra 419.003,98 euros en fondos de inversiones, un seguro de vida de 48.080,97 euros y un plan de pensiones de 63.055 euros, todos en el Banco Sabadell. En el apartado de “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”, el conseller declara 28.000 euros, además de 56.499,44 euros en depósitos en cuentas.

El titular de Sanitat también desvela que cuenta con una participación de 1,9 millones de euros en la empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, una firma que abonó pagos a la trama del 'caso Osvaldos'. Tanto el PSPV-PSOE como Compromís han pedido su comparecencia en la cámara autonómica para que explique los pagos injustificados, según apuntó el juez instructor de la causa.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira (Sant Vicent del Raspeig, 1962), posee bienes por un valor catastral total de 166.254 euros (cuatro viviendas, dos garajes y un local, todos en Alicante). También depósitos de 6.062 euros y una hipoteca de 6.635,11 euros. Rovira declara una participación en la sociedad inmobiliaria Rojo Inver SL de 296.000 euros. La firma, de la que el titular de Educación se dio de baja de la mercantil el pasado 9 de septiembre, cuenta con un patrimonio de 2,2 millones de euros.

Rovira, profesor titular de la Universidad de Alicante, obtuvo un rendimiento del trabajo de 77.662 euros; del capital inmobiliario de 523,34 euros, y de capital mobiliario de apenas 1,87 euros.

El conseller de Agricultura, José Luis Aguirre (València, 1961), aún no ha detallado sus bienes en el portal de transparencia. Aguirre sólo aporta su renta, desglosada en el rendimiento de actividades económicas (46.457 euros); del trabajo (53.471 euros); del capital mobiliario (1.800 euros), y del capital inmobilario (con un resultado negativo de menos 227,05 euros). El conseller de Vox obtuvo unas ganancias patrimoniales de apenas 41 céntimos de euro y unas pérdidas matrimoniales de 582,66 euros.

Aguirre tampoco ha colgado su currículum en GVA Oberta. El titular de Agricultura, de Vox, fue presidente y consejero delegado de la empresa Atitlan SA, dedicada al cultivo de cítricos. La firma, según los datos que constan en el Registro Mercantil, está presidida por una hermana del conseller desde el pasado mes de agosto.

La consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas (Castelló, 1978), posee bienes (entre viviendas, inmuebles rústicos y garajes, todos en Castellón) por un valor catastral de 398.132 euros y depósitos en cuentas por un importe de 101.922 euros. En el apartado relativo a “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”, la exsenadora popular declara un importe de 23.000 euros. 

Pradas también cuenta con un fondo de inversión de 3.615 euros y seguros de vida (tanto en la Mutualidad de la Abogacía como en el Nationale-Nederlanden) que suman 288.234 euros.

Además, declara un pasivo de 110.579 euros por dos préstamos con garantía hipotecaria en el Banco Santander. La titular de Medio Ambiente obtuvo una renta por rendimiento de trabajo de 76.903 euros y un rendimiento negativo de actividades económicas de menos 1.957 euros.

La consellera de Innovación y Turismo, Nuria Montes (Madrid, 1969), cuenta con dos viviendas y un garaje que suman un valor catastral de 146.485 euros y depósitos en cuentas de 55.607 euros. Montes también declara acciones en Telefónica y en el Banco Santander por un importe global de 6.294 euros y un vehículo Mercedes EQA en 'renting' de 52.412 euros.

La titular de Innovación, ex secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec), obtuvo un rendimiento del trabajo de 80.958 euros; del capital inmobiliario de 1.226 euros, y del capital mobiliario de 246,11 euros. En el apartado de ganancias patrimoniales apenas anota 262 euros.

Compromís desveló en las Corts Valencianes que parte del sueldo de Nuria Montes en Hosbec provenía de una subvención directa otorgada a la asociación patronal por parte de la Diputación de Alicante en 2020, cuando Mazón presidía la institución provincial. De los 363.000 euros en ayuda directa, 55.000 euros se destinaron a pagar la nómica de la actual consellera y de un técnico.

Los políticos que no amaban el valenciano / Jordi Sarrión-Carbonell *

Nací un 10 de agosto de 1998 en el hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. Desde antes de tener uso de razón viví en Enguera, donde mis familias paterna y materna se establecieron hace varias generaciones. Pese a que mi madre —maestra de la escuela pública— y mi padre —funcionario en un pueblo valenciano parlante de La Ribera— siempre me transmitieron su amor por el valenciano, hice vida íntegramente en castellano durante los primeros años de mi vida. 

Fueron los dibujos de Doraemon en Canal 9, la vocación y la paciencia de mis profesoras de valenciano Empar y Mati y las canciones de Al Tall o de Pep Botifarra que sonaban en casa las que despertaron mi fascinación por esta lengua nuestra. Una fascinación que siempre estuvo acompañada, eso sí, de cierta impotencia, ya que no encontraba espacios en los que hablar en valenciano. 

En aquellos años de insti, me daban mucha pena aquellos compañeros que decidían pedir la exención y repetían cual papagayos aquello de que “el valenciano no sirve para nada”.

Entonces empecé la universidad en Madrid y, por primera vez, me enamoré de una chica valenciano parlante. Casualidades de la vida. Y llegaron mis primeros festivales, mis primeros artículos en valenciano en la revista Mirall, mis primeros grupos de amigos valenciano parlantes y las canciones de La Gossa Sorda que tanto me marcaron. 

Al poco, también reabrió nuestra radiotelevisión pública À Punt, y yo me alegré enormemente por todos los valencianos y valencianas. Incluso tuve la suerte de participar en alguna de las tertulias jóvenes que organizaron en el programa A la Ventura. 

Fueron años bonitos, en los que aquella mujer que años atrás salía en la tele enseñando sus camisetas combativas se había convertido en vicepresidenta de la Generalitat, y en los que, por primera vez en mucho tiempo, teníamos un gobierno progresista encabezado por Ximo Puig. 

Aquellos también fueron años en los que conocí, gracias a la revista que dirigía, a muchos colectivos y a muchas personas que aportaban su granito de arena para dignificar el valenciano. Personas que, como hicieron en su día Sorolla, Estellés o Vicente Blasco Ibáñez, aspiraban con mucha ilusión a engrandecer el nombre de València y llevarlo por todo el mundo con orgullo. 

Entrevisté a cantantes, escritores, movimientos sociales como el de Salvem el Cabanyal, entidades en defensa del valenciano y a muchas personas que habían dado la cara y alzado su voz cuando todo era más oscuro y difícil.

Casi nueve años después de aquel 2015 en que todo cambió, tenemos un gobierno que no ama ni utiliza el valenciano. Vivimos en una tierra donde funcionarios como mi padre tienen que ser competentes en valenciano, pero tenemos un president que no sabe hablarlo. 

Asistimos, impertérritos, a un espectáculo televisado en que se vuelve a hablar de nombres, de símbolos y de banderas, pero eso sí, en castellano, no vaya a ser que en Madrid no se enteren de nuestras batallitas identitarias. 

Cuando al fin parecía que, como sociedad, habíamos avanzado y creado grandes consensos, como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (que, para más inri, creó el PP), algunos parecen obstinados en volver a repetir los errores del pasado e inventarse una nueva (y ficticia) batalla de València. 

Y yo, como castellano parlante que se enamoró del valenciano, miro apenado a unos políticos quijotescos que ven en el acento de València un gigante al que hacer frente. Y se olvidan de uno de nuestros mayores patrimonios como Pueblo: nuestra lengua. 

Y no dejo de pensar que, por más que saquen a pasear la senyera, el azul, el amarillo y el rojo parecen haberse difuminado en un gris inexpresivo.

 

(*) Periodista, politólogo y consultor político

 

https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2023-10-14/los-politicos-que-no-amaban-el-valenciano.html?outputType=amp 

El PSPV denuncia que el Ayuntamiento de Elche (?) "elimina un programa sobre educación sexual y diversidad LGTBI"

VALENCIA.- La portavoz socialista de Juventud y LGTBI en Les Corts Valencianes, Cristina Martínez, ha denunciado la decisión del Ayuntamiento de Elche (?), que preside precisamente Pablo Ruz, de “eliminar un programa sobre educación sexual y diversidad LGTBI”.

La diputada del PSPV, en declaraciones remitidas a los medios, ha subrayado que la eliminación del programa ‘Valientes’ por parte del consistorio ilicitano demuestra “el nulo compromiso que tiene el PP con los derechos del colectivo LGTBI y la defensa de la diversidad”.

“De nuevo nos encontramos con excusas para no defender los derechos del colectivo”, ha censurado, al tiempo que ha garantizado que, frente a esta situación, el PSPV “no va a dar ni un paso atrás en la defensa de los derechos del colectivo”.

En esta línea, ha anunciado que el grupo socialista presentará una iniciativa en Les Corts para “proteger y garantizar” que desde la Generalitat “se cumpla y se haga cumplir” la Ley de personas LGTBI “en todos los municipios”.

Además, ha avanzado que el PSPV-PSOE llevará a cabo una ronda de reuniones con el colectivo educativo y LGTBI para abordar esta situación. “No vamos a dejar que nos arrebaten todo lo que hemos conseguido en estos últimos años”, ha advertido.

Se aprueba el proyecto de trazado de la N-330 (Alicante-Francia por Almansa, Teruel, Zaragoza, Huesca y Jaca) a su paso por Sinarcas

MADRID.- El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha aprobado el expediente de información pública y definitivamente el proyecto de trazado de humanización de la carretera N-330 (Alicante-Francia por Almansa, Teruel, Zaragoza, Huesca y Jaca) a su paso por Sinarcas y La Torre (cerca de Utiel), en la provincia de Valencia. El anuncio correspondiente será próximamente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El presupuesto estimado de las obras es de 5,5 millones de euros (IVA incluido) y serán financiadas con cargo a los fondos NextGeneration EU, según ha informado el Mitma en un comunicado.

El proyecto tiene por objeto, entre otros, mejorar el entorno urbano en la Red de Carreteras del Estado, para lograr la transición a una movilidad urbana "limpia, segura e inteligente, fomentar la movilidad peatonal mediante la construcción de itinerarios peatonales con aceras accesibles, mejorar la seguridad de los cruces con la implantación de glorietas, reordenación de accesos, así como reducir la velocidad del tráfico rodado" con una rotonda-puerta de entrada, estrechamiento de calzada y señalización.

Tras esta aprobación, Mitma ya continúa con la redacción del proyecto de construcción, en donde se define esta actuación con el grado de detalle necesario para hacer factible su construcción y explotación, según lo establecido en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

La actuación se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, a través de la Componente 1, contempla invertir 105 millones de euros (IVA no incluido) en actuaciones de humanización de travesías.

Esta ruta entre Alicante Zaragoza por Teruel evita la mucho más transitada por Sagunto y supone la misma distancia en kilómetros.

Pego teme que la Audiencia de Alicante frene el PAI de 18 millones por un recurso de Compromís

PEGO.- El Ayuntamiento de Pego está inmerso en la notificación a propietarios de los terrenos donde irá el nuevo Plan de Actuación Integral (PAI), en la zona donde está previsto el desarrollo de un nuevo sector urbano, residencial y deportivo, con una inversión de 18,3 millones de euros. 

La intervención contempla la puesta en marcha de un campo de golf y cerca de 1.300 viviendas y se enfrenta a una demanda de Compromís ante la Audiencia Provincial con el fin de parar el proceso.

Pero el consistorio teme que haya alguna demora en el proyecto ante el recurso que ha presentado Compromís en la Audiencia de Alicante. La formación nacionalista ha acudido a este tribunal después de que los juzgados de Dénia rechazaran su petición de suspender uno de los trámites necesarios para sacar adelante esta urbanización.

Compromís acudió hace meses a los juzgados de la capital de la Marina Alta y presentó una demanda para lograr que un juez suspendiera el pleno del pasado mes de noviembre de 2022 en el que se daba luz verde a esta urbanización y se procediera, por tanto, a sacar a licitación el proyecto urbanístico.

Pero los nacionalistas no lograron su objetivo, dado que el tribunal de primera instancia al que acudieron desestimó su demanda. Hasta ese momento, el Ayuntamiento había guardado cierta cautela para conocer cuál era la línea que tomaban los juzgados en esta primera denuncia sobre el proyecto del PAI. 

Ante esto, durante este verano la formación ha recurrido la resolución ante la Audiencia Provincial de Alicante.

Cabe recordar, que la licitación de esta actuación salió a concurso a finales del pasado 2022 y se cerró en febrero de este año. La empresa Construcciones Hispano Germanas (CHG) fue la única aspirante para llevar a cabo la iniciativa, pero la resolución de la contrata todavía no se conoce. 

De forma paralela, desde el Ayuntamiento de Pego esperaron a conocer la resolución del juzgado de Dénia para comenzar con el proceso de notificación a los propietarios de los nuevos pasos que se dan en plan de urbanización. Estos avisos tienen que llegar a unos 500 dueños de terrenos, pero aún hay muchos que no han recibido la notificación.

Desde el Ayuntamiento han indicado que este tipo de trámites lleva su tiempo, pero que estará en breve. El consistorio inició el plan de notificaciones después de que el juzgado de Dénia desestimara la demanda de Compromís y ahora, a diferencia de la vez anterior, no tiene intención paralizar los avisos.

En cualquier caso, fuentes municipales han indicado que existe cierto temor, “como no puede ser de otra manera cuando alguien interpone una demanda”.

 “De momento seguimos notificando a los propietarios y si hay cambios o alguien nos dice algo ya veremos si paramos o qué decisión se toma”, han precisado.

Ahora, Compromís confía en que la Audiencia Provincial de Alicante atienda su demanda y paralice el proceso. Su petición es que se anule el pleno del pasado noviembre en el que se aprobó la urbanización.  Por otro lado, el plan del nuevo PAI tiene pendiente resolver las pegas que puso el Consell hace ya cinco meses a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Unos días antes de las pasadas elecciones municipales y autonómica, desde la secretaría autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica se anunció que la DIA quedaba anulada, debido a que tenía más de 15 años.

El plan tiene que sortear, por otra parte, otros asuntos como la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que fue anulada el pasado mayo por la Generalitat al entender que el documento con el que se quería retomar la urbanización estaba caducado, al ser elaborado hace unos 15 años.

Alicante habilita por fin el carril bus en Federico Soto, desde el lunes 16, según el concejal De Juan

ALICANTE.- El Ayuntamiento de Alicante adelanta al próximo lunes día 16 la apertura provisional del carril bus en la avenida Federico Soto para recuperar el itinerario habitual de 10 líneas del autobús urbano e interurbano (1, 2, 3, 5, 12, 22, 23, 24 y 27) entre Reyes Católicos y Maisonnave en dirección a la calle del Teatro y Luceros. Esta medida permitirá descongestionar el tráfico en la avenida de la Estación, frente a la Diputación Provincial, donde se habían trasladado temporalmente estas líneas y sus paradas con motivo de las obras en el eje entre Canalejas y Marvá.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha anunciado que “los autobuses de estas 10 líneas recuperarán desde este lunes su itinerario habitual por la avenida Federico Soto en dirección a la calle del Teatro y Luceros, al abrirse de forma provisional el carril bus”. 

“Tal y como ya anunció el alcalde, Luis Barcala, se han agilizado en la medida de lo posible los trabajos en este tramo para poder recuperar el paso del autobús por esta arteria principal y así descongestionar la avenida de la Estación por donde tuvieron que desviarse dichas líneas con el inicio de las obras en el eje desde Canalejas a Marvá”.

Las líneas que recuperan su itinerario por la avenida Federico Soto son la número 1 entre San Gabriel y Ciudad Elegida, la 2 que une los barrios de Florida y Sagrada Familia, la 3 entre Ciudad de Asís y Colonia Requena, la 5 que une la Rambla y San Agustín, la 12 desde Puerta del Mar a Juan Pablo II, la 22 entre Óscar Esplá y playa de Sa Juan, la 27 entre Luceros y Urbanova, así como las líneas interurbanas 23 que conecta la estación del ferrocarril con Muchamiel, la 24 que une la estación de autobuses con San Vicente del Raspeig.

De esta forma, se recuperan también las cuatro paradas situadas en el carril bus de la avenida de Maisonnave, las tres de Reyes Católicos, otras tres de Federico Soto y la de la plaza Ruperto Chapí en la calle del Teatro.

Además, el Ayuntamiento ultima la inminente apertura gradual a todo tipo de tráfico tráfico de las obras de calmado de tráfico y mejora de la peatonalidad en el tramo comprendido entre la Cruz de los Caídos y las avenidas Federico Soto y General Marvá em sentido ascendente hasta Poeta Quintana.

 Las obras entre Canalejas y Marvá que impulsa la concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento, que dirige Cristina García, permitirán aumentar el uso peatonal y comercial de esta importante arteria y mejorar la accesibilidad con una nueva pavimentación de las aceras y eliminación de barreras arquitectónicas. 

Previamente, se ha procedido a la renovación de las redes de agua potable y recogida de pluviales, además del cableado subterráneo del alumbrado público, la semaforización y la red de riego de los espacios ajardinados

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià registra más de 35.000 matrículas para las pruebas de 2023

VALENCIA.- Las pruebas sobre conocimiento del valenciano de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) correspondientes a 2023, para las que se han efectuado más de 35.000 matrículas, han comenzado este sábado en distintos puntos de la Comunitat Valenciana.

En esta primera jornada se evaluaron las áreas de comprensión escrita, comprensión oral, de estructuras lingüísticas y de expresión e interacción escritas, y en una segunda jornada que se celebrará más adelante se evaluará el área de expresión e interacción orales.

A las 9 de la mañana han empezado las pruebas de los niveles B1 y C1, y a las cuatro de la tarde empezaron los exámenes del resto de niveles: A2, B2 y C2.

El área de expresión oral se evaluará a lo largo de los tres sábados siguientes: 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre, unas pruebas orales que podrán ser tanto por la mañana como por la tarde, según cada una de las sedes.

Las persones aspirantes a los certificados oficiales tendrán que consultar en la página web de la JQCV el horario de la prueba antes de que se celebre y verificar las notas obtenidas en las áreas de comprensión escrita, comprensión oral y estructuras lingüísticas evaluadas en la primera jornada.

Según ha informado la Conselleria de Educación, el 50 % de las inscripciones corresponden al nivel C1, casi el 30 % al C2 y el 20 % restante corresponde a los niveles B2, B1 y A2.

El primero de estos tres, el B2, representa solo el 12 %. Las personas que acreditan un B2 tienen que ser capaces de expresarse, tanto de manera oral como escrita, por medio de textos claros y detallados, así como defender un punto de vista con pros y contras.

Los niveles con más demanda son lo C1 y C2, considerados de carácter avanzado. El primero acredita un dominio de la lengua operativo y eficaz, y el segundo se puede considerar un nivel de maestría, puesto que las personas que lo acreditan demuestran que, además de una alta comprensión, disponen de una comunicación que va desde la espontaneidad hasta la precisión, pasando por todos los matices de la comunicación.

Por provincias, la de Valencia es la que más inscripciones tiene, el 56 %, seguida de Alicante con el 26 %, y finalmente la de Castellón con el 18 % restante. No obstante, la de Castellón es la que tiene un porcentaje mayor para el niveles más avanzados C1 y C2: casi un 35 % de C2 y el 50 % del C1.

En cambio, la de Alicante no llega al 75 % entre los dos niveles, y el 53 % corresponde al C1. La provincia de Valencia tiene un 49 % de matrícula de C1 y un 31 % de matrícula de C2.

Las ciudades con mayor porcentaje de matrícula son València (18 %), Castellón de la Plana (5,8 %), Alicante (5,5 %), Torrent (5,4 %), Xàtiva (4,5 %), Elche (4,4 %), Alzira (4 %). El resto de sedes fluctúan entre el 3,7 % de Buñol y el 2,2 % de Villena.

El PPCV pide "explicaciones" al Gobierno por el "caos" del viernes en la alta velocidad entre la Comunitat y Madrid

VALENCIA.- El portavoz de Obras Públicas y Transportes del PP en Les Corts Valencianes, Joserra González de Zárate, ha pedido "explicaciones" por el "caos" en los trenes de alta velocidad durante este viernes y ha exigido al Gobierno de España que solucione "de una vez" el servicio de trenes entre la Comunitat Valenciana y Madrid.

"Una vez restablecido el tráfico, es el momento de asumir responsabilidades", ha expresado en un comunicado, al tiempo que ha avanzado que su grupo solicitará la comparecencia en Les Corts de la presidenta de Adif, Maria Luisa Domínguez, para que explique "qué ha sucedido, el porqué del aumento de incidencias en tan poco tiempo y qué medidas va a emprender Adif y Renfe para evitar, en la medida de lo posible, que vuelva a suceder".

"Es necesario más prevención con una mayor inversión del Gobierno estatal en infraestructuras", ha reclamado, y ha manifestado que espera que la máxima responsable de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes "acepte por decencia institucional y respeto a la Comunitat Valenciana".

El portavoz 'popular' ha lamentado que la "inoperancia" del Gobierno provocara ayer "el caos en las estaciones de Alicante, València y Castelló, con pasajeros encerrados, trenes detenidos en medio de las vías, horas de retrasos, falta de información y viajeros valencianos obligados a pasar la noche en vela en Atocha y Chamartín".

"El descontrol y la falta de planificación han vuelto a dejar tirados a miles de valencianos y turistas por el puente del Pilar, el puente más importante para los valencianos, afectando a un sector clave para nuestra tierra como es el turístico", ha expuesto.

 "A estas alturas no te puedes quedar atrapado en un tren durante horas sin nadie que venga a recogerte, sin ninguna explicación y sin un plan alternativo para atender estas situaciones. Los miles de afectados por la avería en Cuenca merecían otro trato".

En este punto, ha advertido de que no se trata de "un caso aislado", puesto que el día de las últimas elecciones generales, el pasado 23 de julio, "volvió a ocurrir otro extraño accidente por el que miles de valencianos y madrileños casualmente se quedaron sin votar".

"El Gobierno de Sánchez está solo dedicado a su investidura y tienen España dejada sumida en un caos continuo. Parecemos la España de las dos velocidades y la Comunitat Valenciana está abandonada por Sánchez", ha afirmado.

Por último, el diputado 'popular' ha considerado que "tantas averías en poco tiempo" demuestran "la falta de inversión y nulo interés del ejecutivo nacional por uno de los servicios de alta velocidad más rentables y que mayor número de pasajeros registra".

"Sin embargo, la atención que recibe es escasa, cambiando la estación en Madrid, demostrando, una vez más, que Sánchez sigue despreciando a esta tierra", ha relatado, al tiempo que ha denunciado que el aumento en el número de frecuencias "no está yendo acompañado de un esfuerzo del ejecutivo por reforzar su mantenimiento técnico".

Restablecida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia

 

MADRID.- La circulación de trenes de alta velocidad que conectan Madrid, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia se ha restablecido a las 06.00 horas de este sábado, después de la avería de este viernes que dejó sin tensión un tramo de vías en la provincia de Cuenca que deparó la interrupción de todo el servicio, lo que provocó que algunos trenes llenos de pasajeros quedaran detenidos durante horas.

Adif ha comunicado en una nota que la circulación se ha retomado en ambas vías una vez finalizados los trabajos de reparación de un elemento de su sistema eléctrico, la catenaria, en las inmediaciones de Monteagudo de las Salinas (Cuenca). Reanudada la circulación, Adif ha indicado que analiza las causas de las diferentes incidencias.

Ha señalado que la coincidencia de cuatro incidencias en el mismo tramo, independientes entre sí y en un intervalo de poco más de tres horas, causó suspender la circulación entre el municipio de Monteagudo de las Salinas y Bifurcación Albacete.

La suspensión afectó a todos los servicios de las tres operadoras ferroviarias en la línea Madrid-Comunitat Valenciana y Región de Murcia. "De no haberse producido esta suma de incidencias, se habría podido mantener la circulación de trenes por la línea", indica.

Trabajos intensificados durante la noche

Equipos de mantenimiento de Adif han trabajado en reanudar el servicio de trenes desde que se registraron las incidencias y en coordinación con las empresas ferroviarias que, en el día de ayer, retiraron los trenes detenidos en el tramo afectado, añade.

Unos trabajos que se aceleraron a partir de las 22.00 horas del viernes, cuando las vías quedaron por completo liberadas de trenes, y que se han completado con la revisión de los elementos que conforman la infraestructura ferroviaria.

Adif señala que mientras se reparaban las incidencias, se desplegó un dispositivo informativo en las estaciones que discurren por esta línea de alta velocidad para los viajeros afectados.

También expone que durante la noche ha estado abierta la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor para acoger a viajeros y en la de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes se habilitó una sala para los que llegaban de Albacete por la red convencional, además de gestionar la ampliación del horario comercial de algunos locales de restauración en la estación de Chamartín.

Las incidencias, una detrás de otra

En la nota, Adif señala que la primera incidencia se registró a las 08.19 horas del viernes, al quedar detenido un tren en la señal de entrada de Monteagudo de las Salinas. Un minuto después se detectó una incidencia de desvíos en el mismo sitio.

Otra incidencia se produjo a las 08.47 por una falta de tensión eléctrica debido a una avería de varios vanos de catenaria en la vía 1 entre Monteagudo y Bifurcación Albacete, circunstancia que obligó a circular en vía única (la vía 2) en ese tramo.

A las 11.56 horas, una nueva incidencia en el sistema de electrificación (pantógrafo/catenaria) obligó a la suspensión de la circulación por las dos vías de este mismo tramo de la línea Madrid-Comunitat Valenciana y Región de Murcia.

El pantógrafo, incide Adif, es el dispositivo ubicado en el tren que transmite la energía eléctrica desde la catenaria, que es la línea aérea de alimentación que da la energía eléctrica a los trenes.

Exigen al Consell que inspeccione y sancione la vulneración de derechos fundamentales en residencias de Elche y Orihuela

ELCHE.- La Asociación de Residencias de la Comunitat Valenciana (ReCoVa) ha denunciado "la falta de personal y cuidados, la alimentación deficiente y la vulneración de derechos fundamentales” en los centros de Domus VI Aljub y Altabix, en Elche, y en Savia Villamartín, en Orihuela, y ha exigido al Consell que inspeccione y sancione el "caos" de las residencias de mayores.

Desde el ReCoVa han denunciado este viernes en un comunicado que en la residencia Domus VI Aljub se contrata "a menos personal del que deben", por lo que en algunos momentos los residentes están "sin supervisión", o que los enfermeros auxiliares administran medicación, "lo que está prohibido por la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias".

Han denunciado asimismo que no se cumplen con los cuidados mínimos, lo que se traduce en un "deterioro galopante" de los residentes y que durante todo el verano han sufrido "un calor horrible" por problemas del aire acondicionado.

Sobre la residencia de Altabix, han criticado que "el contrato lleva más de un año caducado" y que se incumple la ratio de auxiliares por residente, "lo que afecta sobremanera a los mayores"

Por todo ello, han solicitado al nuevo gobierno autonómico una inspección urgente de las residencias y han instado al alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, y a la edil de Mayores, Auorora Rodil, a acelerar la nueva licitación del centro de Altabix.

"Reclamamos al nuevo gobierno autonómico que envíe una inspección urgente y el alcalde y edil de Mayores deberían contactar con sus compañeros en València para acelerar la solución a esta crítica situación", han manifestado en el comunicado.

En este sentido, Rodil ha reconocido que la residencia de Altabix está operando con un contratado vencido y ha anunciado una próxima reunión con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para exponer "las dos únicas soluciones", hacer su gestión pública o sacar una nueva licitación.

"Lo que no vamos a permitir es que en una nueva licitación se tenga la libertad de que los mayores no estén bien atendidos. Es cierto que los tiempos se dilatan pero en este tema estamos muy focalizados", ha explicado Rodil.

Sobre la residencia de Salvia Villamartín, en Orihuela Costa, el ReCoVa ha denunciado que hay "plagas de ratas, cucarachas y hormigas, únicamente dos enfermeras", que las úlceras "no se curan correctamente" o que se han quedado sin medicamentos, entre otras cosas.

Por ello, también han exigido que la dirección de esta residencia de mayores cambie "con urgencia" y que la Generalitat "inspeccione y sancione".

Los aeropuertos de Alicante y Valencia registran el mejor mes de septiembre de su historia

VALENCIA.- Los aeropuertos de Alicante-Elche (Miguel Hernández) y de València (Manises) han registrado el mejor mes de septiembre de su historia, con más de un millón de pasajeros en el aeródromo alicantino y 949.407 viajeros en el valenciano. Este incremento también afecta a las cifras del mismo mes en el año anterior, pues han aumentado hasta alcanzar el 15,1% y 17% respectivamente.

El récord se lo lleva el aeropuerto de Alicante al superar su anterior mejor cifra, que alcanzó en septiembre de 2019, ya que en este caso ha transportado a 1.552.541 pasajeros. Según indica la compañía Aena en un comunicado, los datos del noveno mes de 2023 también suponen un aumento del 15,1% respecto al ejercicio anterior.

Respecto a las operaciones realizadas por el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, éstas suman un total de 9.625 vuelos en septiembre, lo que supone un incremento de los movimientos gestionados en un 10,9% correspondiente al mismo período de 2022.

Por su parte, las personas que han escogido el aeropuerto de València como método para viajar suman 949.407 pasajeros este mes de septiembre. En consecuencia, ha superado la cifra del mismo mes en 2022, que era la mejor hasta el momento con 811.440 viajeros, y aumenta en un 17% respecto al tráfico del año pasado. 

Además, el aeródromo valenciano ha registrado un total de 7.564.164 pasajeros desde enero hasta septiembre de 2023, lo que implica un crecimiento del 23,6% respecto al mismo periodo del pasado año. En relación a las operaciones, durante los nueve primeros meses del año la infraestructura valenciana ha operado un total de 62.391 vuelos, un 11,9% más que en 2022.

En cuanto a las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en septiembre de 2023, los países más frecuentes son Alemania y Países Bajos tanto en Alicante como València. 

Por otra parte, se ha detectado una gran afluencia de viajeros italianos, franceses y británicos en el aeródromo de Manises, mientras que el alicantino cuenta con más pasajeros procedentes de Noruega y Bélgica.

El IPC crece un 3,5% interanual en la Comunitat Valenciana en septiembre

VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunitat Valenciana subió un 3,5 por ciento en septiembre respecto a un año antes, nueve décimas por encima del mes anterior, mientras la tasa intermensual aumentó apenas un 0,1%, según datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El precio de los alimentos, por su parte, crece un 10,7%, 0,3 puntos más respecto al mes anterior. En el conjunto de España, el IPC aumentó un 0,2% en relación al mes anterior y elevó nueve décimas su tasa interanual, hasta el 3,5%, debido, principalmente, a la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

Con el dato de septiembre -el más alto desde abril de este año- los precios encadenan tres meses de subidas en la Comunitat Valenciana. En términos mensuales, la inflación aumentó un 0,1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,3%. 

Donde más subieron los precios en septiembre en la Comunitat Valenciana respecto al año anterior fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, con un incremento del 10,7% (+0,3 puntos respecto al mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 8,1% (+1,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 6,8% (-0,5 puntos) y ocio y cultura, un 5% (-2,1 puntos).

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un -15,6% (+5,7 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron. 

La tasa interanual de la Comunitat se situó una décima por debajo de la media en España, que estuvo liderada por Melilla (5,3%), Ceuta (4,6%) y Canarias (4,3%). En el lado contrario se situaron Aragón (2,9%), Extremadura (3,1%) y La Rioja (3,2%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado. Donde más crecieron ha sido en Extremadura (+1,3%), Castilla-La Mancha (+1,1%) y Galicia (+1%), mientras que en el lado contrario se situaron Navarra (+0,6%) Asturias (+0,6%) y Ceuta (+0,7%).

Una microbióloga explica por qué no es recomendable comer arroz recalentado

LONDRES.- Primrose Freestone es profesora de microbiología clínica de la Universidad de Leicester y, al menos sobre el papel, no parece la "alegría de la huerta". Nada de comer en picnics, barbacoas o cualquier tipo de evento que incluya comida al aire libre. Nada de buffets, claro; da igual que sean fríos o calientes. Ni ostras, ni ensaladas de bolsa, ni (por supuesto) nada que esté más allá de la fecha de consumo preferente.

No obstante, lo que más me ha sorprendido es otra cosa. Algo que no hacía escuchado, que he visto hacer cientos de miles de veces y que amenaza con destrozarme las comidas del domingo: en su último artículo en The Conversation, la doctora Freeston no recalienta el arroz cocinado.

El problema, sin embargo, es otro: que el argumento tiene sentido.

Una pequeña obviedad. La microbiología clínica, como disciplina, no tiene nada que ver con los sitios donde uno come o deja de comer. Tiene que ver, en realidad, con saber dónde están los riesgos. El resto es una decisión personal. Por ejemplo, en el caso de Freestone su aversión no se traduce en una negativa tajante y taxativa a desayunar en un buffet de hotel.

Pero sí a desayunar pan tostado con mermelada de fresa más a menudo de lo que le gustaría.

No tiene tanto que ver con "lo que hay que hacer" o "lo que no hay que hacer" (que cada uno verá); como con ser conscientes de problemas que están ahí, aunque no los veamos claramente. El caso del Vibrio en las ostras parece claro. Un ejemplar infectado de estas bacterias no parece infectado, no huele ni sabe diferente. Y, sin embargo, el CDC de EE. UU. estiman que unas 80 000 personas contraen infecciones de este tipo por consumir ostras crudas. Y cien de ellas mueren de vibriosis cada año.

Vale, pero ¿qué pasa con el arroz? Freestone explica que "el arroz crudo puede contener esporas de Bacillus cereus, un germen que envenena los alimentos". También puede contener bacterias, pero estas mueren al cocerlo y, por lo tanto, no suponen un problema. El problema, según Freestone, es que las esporas sobreviven.

Es decir, si el arroz se deja enfriar y reposar a temperatura ambiente, las esporas pueden convertirse en bacterias con mucha facilidad. Por lo visto, el arroz es un "medio de cultivo" sensacional para este tipo de bacterias. Así que un descuido (algo relativamente habitual en las sobremesas paelleras de los domingos), puede acabar con una gran cantidad de Bacillus colonizando el plato.

¿Y de verdad puede causar problemas? La bacteria produce toxinas y consumirlas en una alta dosis puede provocar "vómitos y diarrea que duran hasta 24 horas". No es algo agradable.

Por supuesto, hablamos de un problema que afecta a los preparados de arroz mal conservados (y mal recalentados). Si queremos evitarnos un disgusto, lo mejor es no dejarlo a temperatura ambiente, por un lado; y recalentarlo de forma adecuada (para acabar con las posibles bacterias), por el otro.

El conseller de Sanitat de Mazón declara una participación de 1,9 millones en la empresa que pagó a una trama corrupta

MADRID.- El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha declarado una participación de 1.978.467,54 euros en la empresa Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, según indica el portal de transparencia de GVA Oberta. Se trata de una de las dos compañías del conseller de Carlos Mazón que abonó pagos injustificados a una trama presuntamente corrupta que saqueó 35 millones de euros en adjudicaciones públicas de la sanidad valenciana, según eldiario.es. 

Dos consultoras de Marciano Gómez abonaron 37.400 euros a dos empresas instrumentales del 'caso Osvaldos', la presunta trama liderada por Sergio Blasco, sobrino del exconseller popular Rafael Blasco y exgerente del Hospital General de Valencia. Los pagos no estaban justificados, según un auto del juez instructor de la causa. 

Gómez ha declarado una participación de 1,9 millones en la consultora, además de 85.387,50 euros en acciones de Telefónica. El conseller de Sanitat también anota 419.003,98 euros en fondos de inversiones, un seguro de vida de 48.080,97 euros y un plan de pensiones de 63.055 euros, todos en el Banco Sabadell.   

En el apartado de “joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves”, el conseller declara 28.000 euros, además de 56.499,44 euros en depósitos en cuentas.

El conseller también posee bienes inmobiliarios (tres viviendas y sendos garajes en València) que suman un valor catastral total de 305.304,39 euros. Su renta declarada por rendimiento de trabajo ascendía a 83.402,88 euros, mientras que los rendimientos de capital apenas sumaban 3.859,21 euros.

Pagos por “indicación” del líder de la trama

Marciano Gómez declaró en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia, encargado de las pesquisas sobre el 'caso Osvaldos'. El conseller reconoció que “no conocía de nada” a las dos empresas a las que abonó los fondos y que lo hizo por “indicación” de Sergio Blasco. El juez indica que los pagos no tenían “justificación documental alguna”.

Gómez, ocho días antes de su nombramiento como conseller, cesó como administrador único de la consultora Iniciativas Médicas y Farmacéuticas SL, una empresa especializada en el sector sanitario en la que también figuraban sus dos hijos y su esposa.

Interceptadas cinco pateras con 72 argelinos en Santa Pola, Guardamar, Moraira y Altea

ALICANTE.- Un total de cinco pateras han sido interceptadas este viernes en las costas alicantinas, en las que viajaban 72 argelinos, según han informado desde Cruz Roja. Las embarcaciones han sido localizadas en Santa Pola, en Guardamar/Torrevieja, en Moraira y dos en Altea.

Los Equipos de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE AHIC) de Cruz Roja están atendiendo en el Puerto de Alicante a las personas arribadas en tres de las embarcaciones, mientras que los de las otras dos pateras están pendientes de llegar a puerto.

En concreto, personal de la organización humanitaria está asistiendo a las 15 personas llegadas en una patera interceptada en Santa Pola, entre las que había una mujer y su hijo, menor de nueve años. Asimismo, también atienden a los 16 varones adultos que viajaban en una embarcación que ha sido localizada en Guardamar/ Torrevieja, a 21 millas al suroeste.

Igualmente, una patera ha sido localizada en Moraira con 12 personas, de las que están atendiendo a seis en el puerto, mientras que las seis restantes están pendientes de ser trasladadas hasta esa zona por parte de las autoridades.

Asimismo, personal de Cruz Roja está pendiente de la llegada a Puerto de otras dos pateras, ambas interceptadas en aguas de Altea. Una de ellas, según las primeras informaciones ofrecidas por la organización, llevaría 15 personas mientras que en la otra viajaban 14 varones adultos.

Las atenciones a estas personas se suman a las que realizaron este jueves desde la organización humanitaria, cuando llegaron un total de 48 personas a bordo de cuatro pateras a las costas alicantinas, en concreto a Santa Pola, Benidorm y Altea.

En las asistencias de este jueves, Cruz Roja atendió a un total de diez varones adultos que llegaron en una patera interceptada en Altea. 

Asimismo, de las dos embarcaciones localizadas en Benidorm, atendieron a 12 personas, entre ellos una mujer y dos menores adolescentes; mientras que en la otra asistieron a 15 personas, entre ellas una mujer y un menor adolescente. Por último, en el bote en Santa Pola atendieron a once varones adultos.

De esta forma, en los dos últimos días han arribado a las costas alicantinas un total de 120 personas en nueve pateras diferentes.

Valencia aplicará la ley de Zonas de Bajas Emisiones "solo si se superan umbrales de contaminación"

VALENCIA.- El Ayuntamiento de València ha informado este viernes que está ultimando la aplicación de la Ley de Zonas de Bajas Emisiones, "que sólo se aplicará en las zonas que se establezcan si se excede del límite establecido", un hecho que es "una posibilidad remota", ha dicho el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell.

Carbonell ha asegurado que, tras los primeros estudios relativos a los umbrales de contaminación en la ciudad para determinar la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), "ningún barrio de Valencia alcanza los límites estipulados, por lo que no hará falta aplicar medidas restrictivas".

El concejal ha explicado que como la legislación contempla que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben elaborar una ordenanza, se hará la regulación correspondiente para la ciudad, cumpliendo con la normativa estatal y europea pero "en el caso de València no se va a necesitar aplicar medidas restrictivas".

"La ZBE se pondrá en marcha y se instalarán las cámaras, pero no hay necesidad de aplicar medidas restrictivas si se confirman todos los estudios realizados. Solo aplicaremos restricciones cuando se superen los umbrales, pero es una posibilidad remota", ha afirmado Carbonell.

El sector de la edificación advierte de la falta de mano de obra en la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- Profesionales del sector de la construcción han advertido que la "coyuntura favorable para la edificación" en la Comunitat Valenciana se ve afectada "por la falta de mano de obra y la reducción de los márgenes de beneficio para los proveedores".

Es la principal conclusión de las aportaciones de los patrocinadores de los I Premios de la Arquitectura Técnica Valenciana, que han ofrecido en un desayuno de debate, organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Valencia (COAT Valencia), su visión sobre el panorama edificatorio, según ha informado la institución en un comunicado.

La mesa ha ofrecido una representación del sector desde sus diferentes parcelas de actividad: Federico Esteve, vocal de Musaat; Miguel Ángel Arranz, director general de Obras y Reformas Levante; Sergio Bautista, director de desarrollo de negocio de billdin; Martina González, directora de Sabadell Professional; Pascual Martínez Cabañero y Mireia Martínez, director general y arquitecta en Cabañero Ventanas respectivamente; César Fos, director técnico de Marina Nou Fontana; Carmen Machirán, consejera delegada en Laboratorios CyTEM; y Carlos del Pozo, socio-director de Absotec Absorción Acústica; moderados por Borja Nebot, director gerente de COAT Valencia.

Todos los presentes se han mostrado de acuerdo en la escasez de mano de obra, y en especial la cualificada, que dificulta el afrontamiento de una coyuntura favorable para la edificación, potenciada, principalmente en rehabilitación, por la convocatoria de ayudas procedentes de los fondos europeos Next Generation.

Los proveedores de edificación han acusado además la reducción de los márgenes de beneficio, propiciada por el incremento de precio de las materias primas y la entrada de productos de menos calidad que aminoran los precios.

No obstante, han afirmado que la edificación afronta un periodo favorable, con oferta de obra y demanda del cliente final, en el que profesiones como la arquitectura técnica han alcanzado el pleno empleo.

Los órganos judiciales de la Comunitat recibieron un 11 % más de asuntos de abril a junio

VALENCIA.- El número de asuntos recibidos en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de este año fue de 200.392, lo que supone un aumento del 11,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que se resolvieron 186.815 asuntos, un 2,1 % más.

Asimismo, la tasa de litigiosidad autonómica se situó en los 38,4 casos por cada 1.000 habitantes, ligeramente superior a la media nacional (37,8), según el informe estadístico sobre la "Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2023" que el Consejo General del Poder Judicial ha publicado este miércoles.

Los mayores incrementos en la carga de trabajo se dieron en la jurisdicción Civil, con 2.225 nuevos asuntos (un 18,7 % más que un año antes) y la Social, con 11.849 asuntos (un 23,4 % más). Los 91.995 nuevos asuntos del orden Penal significaron un crecimiento interanual del 3,5 %, y los 4.323 del Contencioso-Administrativo un aumento del 2,3 %.

En el trimestre analizado se han juntado dos elementos distorsionadores: la admisión masiva en algunas comunidades de procedimientos pendientes por la huelga de letrados del primer trimestre de 2023, y la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia del segundo trimestre del año.

En España tuvieron entrada durante el segundo trimestre de este año 1.816.522 asuntos en el conjunto de los órganos judiciales, un incremento del 7,7 % respecto al mismo trimestre de 2022, mientras que se resolvieron 1.629.971, un 4,7 % menos, y quedaron pendientes 3.664.388 asuntos, un incremento del 17 %.

A diferencia de esa tendencia a la baja, en la Comunitat Valenciana los órganos judiciales resolvieron entre abril y junio 186.815 asuntos, un 2,1% más que un año antes, aunque quedaron en trámite al final del periodo 358.889 asuntos, un 19,6 % más.

En la jurisdicción Civil, el número de asuntos resueltos durante el trimestre fue 81.325, un 4 % más que un año antes, y quedaron en trámite al final del periodo 201.301, un 19,8 % más. En la Penal, se resolvieron 90.238 asuntos, con un incremento interanual del 0,9 %, y quedaron pendientes de resolución 107.291, un aumento del 18,9 %.

En la jurisdicción Contencioso-Administrativo se resolvieron 4.698 asuntos, un 10,4 % menos que en el segundo trimestre de 2022, y quedaron en trámite 13.284, un 8,7 % más, mientras que en el orden Social se resolvieron 10.554, un 4 % más que el año anterior, y quedaron en trámite 37.013, un 19,6 % más.

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España ha sido de 37,8 asuntos por cada 1.000 habitantes. Las comunidades con una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (47,9), Cataluña (42,6), Baleares (39,8), Andalucía (39,2), Madrid (38,6) y Comunitat Valenciana (38,4). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (26), La Rioja (27,3) y Navarra (27,8).

Entre abril y junio de este año los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana dictaron 44.385 sentencias, con una disminución interanual del 10 %, así como 97.742 autos, un 9,7% más que un año antes, y 46.010 decretos.

Por provincias, en la de Alicante los órganos judiciales registraron entre abril y junio de este año 70.065 nuevos asuntos (34.589 en Civil, 30.353 en Penal, 1.236 en lo Contencioso-Administrativo y 3.887 en lo Social), lo que implica un incremento interanual del 15,1 %. Resolvieron 64.648 asuntos, un 3,9 % más que un año antes, y quedaron en trámite 137.781 procedimientos y causas, un 23,1 % más.

En la provincia de Castellón, la cifra total de asuntos ingresados en el segundo trimestre del año llegó a 20.613 (10.157 en Civil, 9.108 en Penal, 360 en Contencioso-Administrativo y 988 en Social), con un aumento del 10,6 %. Se resolvieron 19.151 asuntos, un 1 % más que el año anterior, quedaron en trámite 44.994, un 17,6 % más.

En la provincia de Valencia tuvieron entrada 100.779 nuevos asuntos (47.473 de la jurisdicción Civil, 46.142 de la Penal, 1.221 de la Contenciosa y 5.943 de la Social), con un crecimiento del 8,8 %. Los asuntos entre abril y junio de 2023 fueron 93.427, un 0,2 % más, y quedaron en trámite 163.532, un 20,1 % más.

El no derecho al aborto / Juan Carlos M. Torrijos *

 

 Una simplificación en la búsqueda del camino

 

Vivimos en una sociedad afortunada, en un tiempo privilegiado, pero parece que no somos conscientes de ello. 

 

Nuestro entorno, ciñéndonos a nuestro país, es privilegiado, tanto en el espacio como en el tiempo: en el espacio, porque en muchos países las mujeres no tienen garantizados sus derechos, como ocurre en Irán, Afganistán y otros muchos o en los que sus ciudadanos tienen que luchar a diario simplemente por sobrevivir al hambre, la inseguridad, las pandemias seculares... que amenazan su existencia y dónde, por ejemplo, la esperanza media de vida es de 53 años, como ocurre en Lesotho; cuando en España es de unos 83 años; siendo el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida, detrás de Japón. 

 

En el tiempo, porque en la España de hace 100 años a la mujer le quedaban aún 12 para poder votar y en 1960 aún necesitaban permiso de su marido para determinados actos de contenido jurídico y patrimonial (es decir para disponer de sus propios bienes o dinero), situación está que se prolongaría nada menos que hasta 1975.

El camino equivocado

España hoy, y desde 1978 en que se aprobó nuestra vigente Constitución, es un país democrático y seguro jurídicamente hablando, en el que imperan la ley y el derecho y en el que todos los ciudadanos gozamos de unos derechos y libertades garantizados por nuestra norma suprema (o eso debería ser).

De todos esos derechos vamos a fijarnos solo en tres: el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la tutela judicial efectiva. El artículo 15 de nuestra Constitución, al afirmar que “todos tienen derecho a la vida", viene a proteger a cualquier ser humano que se encuentre en España, sea o no ciudadano de nuestro país. Por su parte, el artículo 33.1 reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la propiedad privada. 

 

Finalmente, el artículo 24.1 de la misma norma legal dice que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Consecuentemente, en España es delito asesinar o simplemente matar a una persona, robar sus bienes y, además, todos tenemos derecho a que la justicia vele por nuestros intereses.

A la vista de esto sería impensable conceder un derecho al robo legítimo del patrimonio privado y a nadie se le ocurriría (espero) legislar que se despenalice el robo o el hurto, aún en supuestos de necesidad económica grave, aunque se trate de casos en los que la cantidad sustraída fuera inferior a un determinado importe. 

 

Por ello, el Código Penal en su artículo 234, castiga la sustracción de bienes ajenos sin que medie violencia. Pero supongamos que el día de mañana esta progresía política que rige sin rumbo fijo nuestros destinos decidiera despenalizar, por ejemplo, lo que hoy es hurto leve (cuando el valor de lo sustraído es igual o inferior a 400 €) en algunos supuestos como el ya citado de necesidad económica grave. 

 

A pesar de ello, a nadie se le ocurriría decir (Dios no lo quiera) que esta despenalización consagra el derecho a sustraer bienes ajenos de escasa entidad y, aún menos, a criminalizar todo intento de oponerse a ser objeto de una sustracción de pequeñas cantidades de dinero o de bienes de escaso valor.

Sin embargo aunque nuestro patrimonio se halla protegido contra apropiaciones indebidas, aún cuando estás sean de escasa cuantía o valor, nuestra vida, valor supremo al del patrimonio para cualquier persona con dos dedos de frente, no está  igualmente protegida; porque a pesar de que en España se garantiza el derecho de todos a la vida, cuando uno de esos “todos” es de escasa cuantía (en este caso un embrión humano de menos de 14 semanas) o de "cuantía intermedia” (si el embrión es menor de 22 semanas y se practica una interrupción voluntaria del embarazo por causas contempladas en la ley), se le puede eliminar impunemente. 

 

Es más, a nivel social ya no se habla de "despenalización del aborto", cómo rezaba el título de la Ley Orgánica 9/1985 de 5 de julio, que despenalizó lo que sigue siendo un delito: el aborto voluntario, en determinados supuestos, sino que se pretende elevar el aborto a la categoría de “derecho”,

Aquí entra en juego el tercer derecho: el de obtener la tutela efectiva de los jueces, que asiste a toda persona. En una interrupción voluntaria del embarazo hay tres tipos de actores: un sujeto activo, que es la mujer que decide abortar; un sujeto proactivo, que es quién facilita, mediante su intervención (y a menudo lucrándose de ella) la práctica del aborto y, el gran olvidado, el sujeto pasivo, que es el abortado o, en román paladino, el muerto (por no llamar asesinado) y a quien nadie parece querer proteger en nuestro país desde los poderes públicos.

Tristemente hemos llegado hoy al punto en el que en España se habla abiertamente de un derecho que no existe: el derecho de la mujer a abortar; pues aunque ella pueda considerarse dueña de su cuerpo, no lo es de la otra vida que lleva dentro de sí, que es un ser vivo diferente de la madre, en lo que hoy podemos encontrar un consenso casi universal y, además, no está en ninguna de los catálogos de derechos en la legislación española o en la internacional relativa a los derechos humanos (aunque no faltan quienes quieren convencernos de lo contrario).

Sin embargo, y aunque sea triste, en España hemos llegado de despenalizar lo que con un eufemismo comparativo podríamos denominar “hurto de vidas humanas de escasa cuantía” y estamos en camino de consagrar el derecho a hacerlo.

Hacia el camino bueno

A pesar de que he tratado reducir la exposición de un grave problema a términos simples, soy consciente complejidad del asunto y de las graves situaciones que siempre conducen a tomar una decisión que ninguna mujer desea. Al fin y al cabo soy padre y abuelo de mujeres y un día pueden verse (también Dios no lo quiera) en esa tesitura.

No obstante en medio de esta complejidad y a semejanza de cuando en una marcha en medio de la Naturaleza nos desorientamos y hacemos un alto para tomar referencias y encontrar la senda adecuada, en este tema es necesario hacer un alto y plantearnos una reflexión que nos permita retomar la el buen camino.

Una vez hecho este alto, he llegado a una conclusión: creo que hay una vía teóricamente muy sencilla y en la práctica asumible, incluso en términos económicos, aunque los que viven del negocio del aborto intenten hacernos creer lo contrario y que, incomprensiblemente, parece que nadie la quiere abordar desde el poder.

Siguiendo el principio de derecho “quien puede lo más, puede lo menos”; es decir, que quien tiene poder para hacer cosas grandes o importantes, puede hacer sobre el mismo tema cosas menores, accesorias, o derivadas de las primeras, vamos a situarnos en el caso posiblemente más desagradable y difícil en esta materia: el del embarazo no deseado motivado por una agresión sexual, por una violación, cuando además la mujer es menor o económicamente dependiente. 

 

A partir de ahí, como supuesto de lo más, es fácil inferir que la misma solución es aplicable a lo menos, como pudiera ser un embarazo no deseado en el seno del matrimonio.

Desde el punto de vista de cómo actuar con el fruto de ese embarazo, se debería abordar ni más ni menos como lo que es, un accidente no deseado. Para clarificar esto pongo un ejemplo: si una persona viaja en cualquier medio de transporte como pasajero y el vehículo sufre un accidente que le produce una lesión irreversible, nuestra sociedad tiene asumido que hay que proteger a la víctima inocente y facilitarle al máximo que pueda llevar una vida plena. 

 

Con el embarazo no deseado, en el supuesto analizado hay que actuar igual: hay que proteger a ambos sujetos: madre e hijo no nacido. A la madre, facilitando que tenga todo tipo de ayudas desde el minuto cero del embarazo (sanitarias, económicas, sociales, psicológicas…) para llevar a buen término el mismo, aún no habiéndolo deseado, como víctima del “accidente" del embarazo. Al futuro bebé, al embrión, que también es sujeto de derechos, hay que protegerlo para garantizar su “derecho” a nacer. Y si la madre decide, por el motivo que sea, no quedárselo, deben ser los poderes públicos los que atiendan tanto a su cuidado con a su educación.

No sólo es una cuestión de pura humanidad (¿a alguno de nosotros nos gustaría estar en el lugar del feto que va a ser abortado?) sino también de supervivencia social. Los datos disponibles hablan de que en España se produjeron en 2022, 98.316 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que supuso un incremento del 9,01% respecto al año anterior, lo que supuso casi el 30 % (29,8%) sobre el número de nacimientos registrados en España en ese año (329.892); es decir, la reducción de abortos podría suponer un incremento notable de la tasa de natalidad española (y aún así no llegaríamos a cubrir la tasa de fallecimientos anuales, que en 2020 alcanzó las 463.133 personas).

Como ciudadano aspiro a que el derecho a la vida sea una realidad absoluta en España y que el más débil, el no nacido, sea el más protegido, pero sin olvidar nunca a la madre, aun manteniendo claramente que el derecho a la vida impide dar carta de naturaleza al aborto como derecho y, consecuentemente, esto debería impedir dedicar fondos públicos a financiar, cómo lo hacemos, una actividad inmoral para una sociedad que se declara mayoritariamente católica (según el Centro Español de Investigaciones Sociológicas, el 56,8 % de los ciudadanos españoles se auto identifican como católicos, de los que el 37,9 % se definen como no practicantes, mientras que el 18,9 % como practicantes.

(*) Abogado actualmente

Una ilicitana de 38 años ha sido hoy la primera mujer paracaidista en portar la bandera en la parada militar del 12 de octubre

ELCHE.- La ilicitana María del Carmen Gómez Hurtado, cabo del Ejército del Aire, ha hecho historia este jueves 12 de octubre y ha demostrado una impresionante precisión al aterrizar con la bandera de España durante el desfile militar de la Fiesta Nacional ante los Reyes de España y la princesa Leonor.

Se ha convertido en la primera mujer en desplegar la bandera española en el desfile de la Fiesta Nacional de España. De 38 años, la paracaidista del Bajo Vinalopó pertenece al PAPEA (Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire) y forma parte del ejército desde 2005.

La cabo del Ejército del Aire participó, junto con otros 56 compañeros, entre hombres y mujeres, en el Campeonato Internacional Militar de Paracaidismo de San Javier, Murcia. Fue la mejor clasificada en la Disciplina de Precisión de Aterrizaje lo que le valió el honor de portar la bandera de España.

La Reina Leticia luce un vestido camisero del diseñador eldense Juan Vidal en el desfile militar de la Fiesta Nacional

ALICANTE.- La Reina Leticia lució hoy un vestido camisero del diseñador eldense Juan Vidal en el desfile militar del 12 de Octubre en Madrid con motivo de la Fiesta Nacional. La falda, con godets asimétricos que le aportan vuelo y movimiento a la parte baja del vestido, cuenta con una abertura frontal decorada con botones forrados en el mismo tejido.

La Reina Letizia ha permanecido en un discreto segundo plano para dejar que todas las miradas fuesen a su hija, la princesa Leonor. Una semana después de jurar bandera ha vuelto a ser la gran protagonista del día junto a su padre el Rey.

Aunque con perfil bajo, la monarca no querido pasar desapercibida y como es consciente del interés que despiertan sus looks, ha elegido para este día festivo un vestido ‘made in Spain’ de color azul.

Doña Letizia, dentro de su estilo habitual, se ha enfundado en un vestido camisero de la firma española Juan Vidal. Un diseño de manga larga, cortado en cintura alta, con frunces en el pecho y escote en V con cuello smoking.

 La falda, con godets asimétricos que le aportan vuelo y movimiento a la parte baja del vestido, cuenta con una abertura frontal decorada con botones forrados en el mismo tejido.

La Generalitat va a iniciar el proceso para elaborar una nueva ley de Costas autonómica

VALENCIA.- El portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario del PP en Les Corts Valencianes, Jesús Lecha, ha pedido al Gobierno central que «acelere al máximo las obras pendientes de protección de la costa de la Comunitat Valenciana que tiene paralizadas» y cuentan «con un ritmo exageradamente lento».

El PP ha anunciado la presentación en la Cámara autonómica de una propuesta en la que solicita que se ejecuten las obras programadas en 2015-16 por la administración central.

«De las 61 obras proyectadas, solo se han ejecutado tres por parte del Gobierno de España. Mientras tanto el litoral de la Comunitat se encuentra cada vez más deteriorado y, con el paso de cada temporal, las afecciones son más graves», ha afirmado Lecha en un comunicado.

Asimismo, el parlamentario 'popular' ha manifestado que «la costa valenciana necesita sin demoras que se acometan estas actuaciones» y ha insistido en que la administración central «debe agilizar toda la tramitación para hacerlas realidad de una vez y desatascar todas estas actuaciones programadas desde hace años, para que puedan ejecutarse con prontitud».

Jesús Lecha ha comentado que «entre 2015 y 2016 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó y aprobó las Estrategias para la protección de la costa y contra la erosión del litoral, señalando dos zonas de mayor afección: una en el tramo comprendido entre Castellón y Sagunto (Valencia), y la otra para el tramo comprendido entre Valencia y Dénia (Alicante)».

«Desde el PP pedimos, además de ejecutar las actuaciones programadas en su día por el Ministerio, que se permita mayor participación de entidades, asociaciones vecinales y ayuntamientos costeros, rediseñando los proyectos a partir del proceso participativo», ha añadido el portavoz 'popular' de Medio Ambiente.

Lecha ha manifestado la «necesidad» de «mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección».

«La solución está. El problema es la falta de voluntad política para llevarla a cabo durante los últimos años, con el ninguneo del gobierno socialista de --Pedro-- Sánchez», ha expuesto el diputado.

Nueva ley de costas autonómica

Jesús Lecha ha exigido que el Gobierno «haga de una vez todo lo necesario para solucionar el problema de regresión de la costa y de una normativa costera que no se ajusta a las necesidades de la Comunitat Valenciana» y ha asegurado que «la Generalitat va a iniciar el proceso para elaborar una nueva ley de Costas autonómica».

Rescatadas en las últimas horas tres pateras en la costa de la provincia de Alicante con una treintena de personas

ALICANTE.-  Tres pateras han sido localizadas en las últimas horas, desde la noche de este miércoles hasta primera hora de la tarde de este jueves, en distintos puntos de la costa de la provincia de Alicante con una treintena de personas a bordo, según ha informado Salvamento Marítimo.

La última de estas embarcaciones ha sido localizada este jueves sobre las 16.24 horas en las proximidades de Santa Pola y en ella se han contabilizado entre 8 y 12 personas, todos ellas varones. En este caso se ha movilizado para el rescate una unidad Salvamar Leo.

La primera de las pateras fue encontrada la noche de este miércoles con otras 10 personas, también hombres, y de origen magrebí a media milla de la costa de Altea, ha señalado Salvamento Marítimo. 

En el rescate se movilizó, tras recibir un aviso de la Guardia Civil, la LS (Lancha de Salvamento) Tabarca y se llevó a las personas localizadas al puerto de Altea sobre las 23.29 horas.

Además, poco después de la medianoche de este miércoles fue hallada otra patera, tras recibirse un aviso sobre las 0.38 horas, cerca de la costa de Benidorm, en este caso con 12 personas, en concreto 11 hombres y una mujer. 

Se trataba de una embarcación a motor de cinco metros de eslora. Para su rescate se ha movilizado un Salvamar Leo. Los rescatados fueron llevados hasta Alicante poco antes de las 4.00 horas.