La intervención quirúrgica del Rey don Juan Carlos I, que afortunadamente parece haber concluido de manera exitosa y sin graves riesgos para su vida según el parte de los médicos, constituye sin embargo una preocupante noticia que afecta a la salud del monarca cuya pronta recuperación le deseamos. Noticia que también afecta a la Jefatura del Estado y al conjunto de los españoles que, en estos momentos tan difíciles de crisis económica y social, ven como se acumulan los problemas y se abren zonas de incertidumbre relativas a la cohesión nacional y a las instituciones del Estado, así como al prestigio de España en el mundo y en los mercados internacionales.Problemas institucionales –a los que se añaden los derivados de la enfermedad del Rey- como por ejemplo los relativos a invectivas, fuera de lugar y al margen de la Constitución, que han emanado de los poderes públicos catalanes y sus partidos políticos en contra del Tribunal Constitucional. Así como las recientes agresiones al Tribunal Supremo por la imputación más que justificada del juez Garzón. Agresiones que se han desarrollado con la ayuda del gobierno y del PSOE y que han pretendido presionar y obstaculizar la labor suprema de la Justicia lo que, afortunadamente, no pudieron conseguir porque los procesos de Garzón siguen su curso. De la misma manera que nadie, ni partidos ni instituciones catalanas, pueden condicionar ni impedir la actuación del Tribunal Constitucional sobre el estatuto de Cataluña sobre el que se espera que los magistrados de esta corte del Estado dicten sentencia lo antes posible y sin dilaciones.
La enfermedad del Rey llega en un mal momento para España, lo que aumenta la preocupación institucional y general de los españoles. Llega en este ambiente de grave tensión política, social, e institucional, y cuando los dos grandes partidos nacionales, el PSOE y el PP acaban de perder una reciente y excelente oportunidad para lograr un gran pacto nacional. Lo que no ocurrió durante el reciente encuentro del presidente Zapatero y el líder de la oposición Rajoy en el palacio de la Moncloa y donde, salvo un pequeño acuerdo sobre la ayuda a Grecia y la reforma de las Cajas de Ahorro, los dos políticos eludieron todo lo demás y uno y otro alardearon de sus graves diferencias a propósito de la crisis económica, mientras los mercados internacionales ponían en entredicho la fama y la credibilidad de España, y la Bolsa de Madrid respondía con una imparable caída a lo largo de los últimos cuatro días (de más de un 13 por 100).
En lo que al Rey se refiere tenemos que esperar la buena y rápida evolución del monarca tras su intervención quirúrgica en Barcelona, con la confirmación de que los nódulos detectados en su sistema respiratorio no son cancerígenos , están bajo control y sin riesgo de expansión. El parte médico oficial anuncia que el monarca podrá, salvo complicaciones de última hora, ser dado de alta en el plazo de una semana, lo que devolvería a su plena normalidad el ejercicio de la Jefatura del Estado. En caso de que la enfermedad del Rey se complicara y ampliara de manera especial su esperada recuperación la Constitución tiene previsto, en el Título II relativo a la Corna, y en el apartado segundo de su artículo 59 que, durante esa ausencia, el Príncipe de Asturias don Felipe de Borbón –mayor de edad y heredero de la Corona- pueda asumir temporalmente “la Regencia” con el acuerdo de las Cortes Generales. El texto de dicho artículo dice así: “Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad”.
De manera que la enfermedad del Rey, en caso de prolongarse su recuperación, nunca va a dejar un vacío de poder en la jefatura del Estado español porque todo está previsto en nuestra Carta Magna, y además el Príncipe está perfectamente preparado para asumir las funciones.
Los que no parecen estar a la altura de las circunstancias son el presidente Zapatero y el líder de la oposición Rajoy que siguen jugando a un indecente y oportunista electoralismo, cuando aún quedan dos años para los comicios generales de 2012, sin poner por delante los intereses generales de los españoles que, entre otras cosas, se aproximan a los cinco millones de parados ante la incapacidad del gobierno para reactivar el crédito, la economía, las inversiones y de hacer una reforma laboral de cuya puesta en marcha ha hecho absoluta dejación para dejarla en manos de los sindicatos y de los empresarios, cuando esa reforma debería decidirla el gobierno y luego llevarla al parlamento con la mayor urgencia, y sin temor al chantaje de la huelga general.
España no está bien. No tenemos un buen presidente, ni buen gobierno, ni buena oposición. Las instituciones y la cohesión del país sufren presiones y vejaciones que son consentidas por el gobierno, la economía va muy mal, el prestigio de España en el mundo palidece, la bolsa cae y el Rey, que hace pocos días pedía la unidad de los responsables políticos frente a la crisis, está enfermo. Soplan malos y airados vientos –que para colmo transportan otra nube volcánica que afecta al tráfico aéreo- en este país por lo que cabe esperar que nuestros primeros gobernantes, ante esta nueva y preocupante situación, actúen con rapidez y sentido de las responsabilidad. Lo que no es nada fácil vistos los precedentes y su falta de capacidad.
