miércoles, 21 de julio de 2010

Ripoll confirma que el juez ha solicitado a la alcaldesa de Orihuela que notifique un domicilio al juzgado

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha confirmado este miércoles que el juez que instruye el caso 'Brugal' en su rama de Orihuela solicitó a la alcaldesa oriolana, Mónica Lorente, y a 40 personas más que pongan a disposición del juzgado un "domicilio cierto" para hacer notificaciones.

Ripoll ha realizado estas declaraciones este miércoles en Alicante, tras la presentación de la campaña de excavaciones del curso 2009-2010 en el yacimiento de Lucentum, en el Tossal de Manises.

Así, el presidente de la institución provincial ha informado de que habló personalmente con la primera edil oriolana, quien le explicó que lo único que ha solicitado el juez es un "domicilio cierto" para hacer notificaciones si en un futuro tuviera que hacerlas.

No obstante, Ripoll ha señalado que estas actuaciones corresponden a la parte del caso 'Brugal' que ha quedado en Orihuela, que no afecta al presidente provincial, según ha explicado. Asimismo, ha reiterado que no tiene "conocimiento de nada" y que el caso se encuentra "bajo secreto de sumario".

El Ayuntamiento de Dénia niega la existencia este verano de medusas peligrosas en su litoral

DENIA.- El Ayuntamiento de Dénia ha negado este miércoles en un comunicado la existencia este verano de medusas peligrosas en su litoral y ha calificado la difusión y publicación este martes de esta información de "inoportuna y malintencionada", según ha informado este miércoles en un comunicado el consistorio dianense.

La Universidad de Alicante (UA) informó este martes de un proyecto de investigación de esta institución académica denominado 'Cubomed', para averiguar las causas de la "repentina y peligrosa proliferación" de las cubomedusas --una especie tropical-- en aguas de la zona de Dénia.

En el mismo comunicado, la UA apuntó que estas medusas son impropias del Mediterráneo, y tienen una picadura dolorosa, que puede ser especialmente dañina por la acumulación de roces que pueden producir al formar enjambres de numerosos individuos.

El concejal de Turismo de Dénia, Antonio Sentí, ha indicado que la actitud de la Universidad de Alicante, autora de un estudio sobre una plaga de medusas que afectó al litoral dianense en 2008, "ha sido inapropiada" y, a su juicio, "malintencionada puesto que los estudios que ahora saca a la luz se refieren a hace dos años".

Tras las informaciones publicadas, el gobierno de Dénia ha manifestado que exigirá responsabilidades a la Universidad de Alicante por "la inoportunidad de la difusión" de una proliferación de medusas en pleno mes de julio, "lo cual no ayuda a la situación económica de municipios como Dénia, que tiene como principal aliado económico al sector turístico", ha señalado el edil de Turismo.

Además, Sentí ha comentado que en 2008 "se atendieron 4.000 picaduras de medusa, 1.800 en 2009 y este año se está atendiendo a la gente más por daños solares que por picaduras".

En este sentido, el titular de Turismo ha asegurado que el propio investigador del estudio sobre la 'medusa carybdea' ha afirmado "que este año no se han encontrado ejemplares de esta especie en la costa de Dénia".

Por todo ello, el responsable municipal de Turismo ha explicado que se puede tomar el baño en el litoral dianense, porque, en su opinión, "no existe ninguna plaga de medusas y menos de esta especie peligrosa".

En el comunicado, el Ayuntamiento de Dénia ha informado que desde la Cruz Roja se ha insistido en que, desde el rebrote de medusas de 2008, "los miembros de este equipo sanitario han hechos diversos cursos para poder ofrecer una mejor atención a los ciudadanos y conocen bien los protocolos de actuación".

En este sentido, según el consistorio dianense, el coordinador de playas de la entidad, Ximo Carrió, ha señalado que, durante este verano, los puestos de la Cruz Roja ubicados en las playas de Dénia han atendido menos de una decena de casos de picaduras "y ninguna de ellas era de 'carybdea'".

Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fabra

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción pide que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.

Los otros imputados en el denominado 'caso Fabra', instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1º de Nules --Maria Amparo Fernández, esposa de Fabra; el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives-- se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y ocho años.

En su escrito, la Fiscalía señala que en 1999 Vicente Vilar, administrador único de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, y su esposa, Montserrat Vives, se pusieron en contacto con Carlos Fabra para que, valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación castellonense, tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos.

Añade que las actuaciones de Fabra ante los ministerios se produjeron entre los años 1999 y 2002, constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos de los citados Ministerios y de las Cortes Generales.

En este punto, se refiere a una reunión celebrada el 12 de julio de 1999 con Fabra, el entonces ministro Jesús Posadas, y el secretario de Hacienda y diputado por Castellón Juan Costa, entre otros, en la que se trató, entre otras cuestiones, "la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios y en las que se informó sobre el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes" cursadas por Vilar.

Asimismo, señala que Fabra realizó una tarea de intermediación "en favor no sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa, y que estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción de productos fitosanitarios, valiéndose para ello de sus relaciones con Miguel Vicente Prim y Vicente Sánchez Peral, que era subdelegado del Gobierno en Castellón, y llegando a mantener reuniones con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos"

Además, la Fiscalía apunta que en abril de 2000, Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90% de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para "ocultar los pagos" realizados por Vicente Vilar.

El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados".

De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). En el mismo período, constan ingresos no declarados de su esposa por valor de unos 1,6 millones.

Dicha "ocultación de ingresos", apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran "defraudados" a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Igualmente, las cifras de Fernández alcanzaron entre 1999 y 2003 los 162.295 euros, 145.835, 124.963 y 153.276 euros.

Por todo ello, el fiscal considera que Carlos Fabra es autor de los delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho y de otros cinco contra la Hacienda Pública. Por su parte, a María Amparo Fernández se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a Vicente Vilar y Montserrat Vives, un delito de cohecho.

En concreto, el fiscal pide para Fabra un año de prisión por el delito de tráfico de influencias y cinco de inhabilitación para empleo o cargo público; por el de cohecho cuatro años de prisión, multa de 600.000 euros, 10 de inhabilitación especial para cargo público, así como comiso de las cantidades percibidas.

Por los delitos contra la Hacienda Pública demanda, por el correspondiente a 1999, dos años de prisión y multa de 500.000 euros; por el del año 2000, dos años de cárcel y 3000.000 euros de multa; por el de 2001, dos años de prisión y 350.000 euros; dos años de prisión más y 350.000 euros por el delito de 2002 y otros años de cárcel y 300.000 euros por el correspondiente a 2003.

Para María Amparo Fernández, la petición de cárcel es de ocho años y multa de 1.186.000 euros. En el caso de Vicente Vilar, solicita cuatro años de prisión y multa de 600.000 euros, lo mismo que para Montserrat Vives.

Carlos Fabra y María Amparo Fernández también deberán indemnizar a la Hacienda Pública en las mismas cantidades que supuestamente defraudaron más los intereses correspondientes devengados desde el último día de presentación voluntaria de las declaraciones fiscales.

Por último, la Fiscalía pide en su escrito que se proceda a formar pieza de responsabilidad civil para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas tanto de la defraudación tributaria a la Hacienda Pública, como de la correspondiente multa e intereses de demora, como del resto de delitos imputados.

Malestar en la CAM por los acuerdos que su presidente alcanzó en el SIP con Cajastur

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) tiene problemas fuera y dentro. El Banco de España dio el pasado viernes a la entidad alicantina una semana para sumarse sin peros a la fusión fría con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Esto se produjo después de que su Consejo aprobara respaldar el SIP (Sistema Institucional de Protección) excepto en lo referente a la delegación de las facultades en el consejero delegado de la nueva entidad, cargo previsto para Manuel Menéndez, presidente de la caja asturiana.


Pero la CAM tiene otro frente interno abierto. En el Consejo de Administración hay un fuerte malestar con su presidente, Modesto Crespo, al que se considera el único beneficiado en la negociación de las condiciones del SIP, recuerda hoy 'El País'.

La CAM pactó una participación en el SIP del 40%, la misma que Cajastur, mientras que Caja Extremadura supondrá el 11% y el 9% restante Caja Cantabria. Unos porcentajes que se reflejarán en los nombramientos de los 12 miembros del futuro Consejo de Administración. El presidente de la nueva entidad sería Modesto Crespo y el consejero delegado Manuel Menéndez.

El acuerdo incluyó que Menéndez y Crespo ocuparan sus puestos seis años prorrogables a otros tantos, salvo que el Consejo decida lo contrario por unanimidad. Esta condición, con el equilibrio de poderes previsto, blinda en la práctica la presidencia de Crespo en la que será la tercera caja de ahorros española y la quinta entidad financiera.

Pero además, el acuerdo también prevé que Menéndez tenga la potestad de nombrar al equipo directivo de la nueva entidad hasta el segundo nivel, lo que incluye al actual director general de la CAM, Roberto López, que en el proceso negociador se ha perfilado como uno de los dos futuros directores generales.

Modesto Crespo fue designado para la presidencia de la CAM en junio del año pasado y cuenta con el respaldo del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del PP, cuya ausencia en todo el proceso de fusiones vivido por las cajas de ahorros ha recibido numerosas críticas.

El próximo lunes, previsiblemente, se celebrará la reunión de Consejo de Administración de la CAM que debe fijar la postura definitiva de la caja sobre el SIP, según aseguraban ayer fuentes financieras.

Las mismas fuentes advierten de que aunque en este foro pueda expresarse el malestar existente con Crespo, será en la asamblea general prevista para el próximo mes de septiembre cuando las discrepancias con su gestión se materializarán.

La CAM celebrará el lunes un Consejo de Administración para "tratar" el SIP

ALICANTE.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) celebrará el próximo lunes una reunión en la que se "tratará" el Sistema Institucional de Protección (SIP) junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

Así lo han anunciado hoy fuentes de la entidad alicantina, que han explicado que el Consejo de Administración es de carácter "ordinario" y han señalado que en el orden del día se ha incorporado, entre otras cuestiones, la propuesta de abordar el SIP junto a las otras tres instituciones financieras.

Este Consejo de Administración tendrá lugar después de que el pasado viernes el Banco de España se reuniera con CAM para tratar de salvar su alianza en el SIP liderado por Cajastur.

La mayoría del consejo de administración de la CAM no teme que el Banco de España pueda abrir un expediente sancionador a este órgano porque "no ha habido ni directrices ni notificación alguna al consejo de la CAM por parte del supervisor.

"Todo está dentro de la normalidad", añaden y confían que, finalmente, el SIP que la entidad ha decidido formar con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "salga adelante", a pesar de las dificultades y la fase crucial en que se encuentra en estos días por las pretensiones del que será su futuro consejero delegado y presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.


El asturiano reclama poderes irrevocables durante los doce años que duraría su mandato, pero se ha encontrado con la oposición unánime del consejo de la CAM, que el pasado jueves rechazó aceptar estas exigencias, que no estaban en el protocolo de intenciones, y que, ahora, la entidad asturiana quiere incluirlas en el contrato definitivo del SIP, que presidirá el mandatario de la CAM, Modesto Crespo, por doce años, al igual que Menéndez, tal y como figura en el preacuerdo (seis años prorrogables a otros seis, si no hay acuerdo sobre su sustituto).

El consejo sí aprobó el documento de integración, excepto los términos referidos a la delegación de facultades al consejero delegado. La réplica de Cajastur fue manifestar que el SIP "estaba en peligro".

Las cuatro entidades mantienen esta semana intensas reuniones para desbloquear la situación y alcanzar un acuerdo. Las negociaciones se cree que se prolongarán en los próximos días para abordar el contrato del SIP.

En el seno del máximo órgano de la CAM confían en que las negociaciones se reconduzcan e insisten en que el rechazo unánime expresado por el consejo sobre las excesivas atribuciones que reclama Cajastur debe mantenerse.

"Hay que seguir adelante", subrayan varios vocales. Los consejeros repiten que las condiciones impuestas por el futuro ejecutivo del nuevo banco que se cree no sólo van en contra del código de buen gobierno, sino que rompen el equilibrio de poder establecido en el protocolo aprobado en mayo y que reparte a partes iguales la participación en el SIP entre CAM y Cajastur, que lideran la operación. Ambas tendrían un 40% en el "holding", mientras que la extremeña y la cántabra tendrían un 11% y 9%, respectivamente.


El acuerdo adoptado por Caja Mediterráneo el pasado jueves fue respaldado ampliamente por los sectores empresariales, sociales y políticos de Alicante, especialmente el PP.

La entidad alicantina no está conforme con dejar el poder del grupo resultante en la figura del consejero delegado, que no es otro que el presidente de la asturiana, Manuel Menéndez, pero reafirma su voluntad de formar un SIP junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

A este respecto, las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes continúan.

El Banco de España defiende la necesidad de resolver las diferencias, dada la bondad de esa operación para todas las partes implicadas, que crearía la tercera caja de España, con 135.000 millones en activos y más de 2.000 oficinas.

Buena parte de los consejeros de CAM, que preside Modesto Crespo, pensaban que el contrato del SIP que sancionaron la semana pasada todos los integrantes concedería a la caja asturiana un poder absoluto e irrevocable sobre el nuevo grupo, por lo que decidieron rechazar el punto relativo a la cesión de facultades al consejero delegado.

CAM, Grupo Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron el pasado 24 de mayo crear un SIP.

De materializarse, ello daría lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.

Así, cada caja mantendría su personalidad jurídica y su implantación regional de negocio minorista, así como sus órganos de gobierno y obra social independientes, si bien pondría en común las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios.

Caja Mediterráneo asciende nueve puestos en el ranking de entidades por fortaleza financiera y se sitúa como la 133 del mundo

LONDRES.- La prestigiosa revista ‘The Banker´, del grupo Financial Times, ha situado a Caja Mediterráneo en el puesto 133 del ranking de las 1.000 entidades financieras más solventes del mundo, según ha publicado en su edición especial de julio de 2010.

Esto supone una mejora de nueve posiciones respecto al ranking publicado en 2009, en el que CAM ocupó el puesto 142, tras haber mejorado también su posición en 15 puestos, lo que cobra especial relevancia teniendo en cuenta el actual contexto de crisis financiera internacional.

Asimismo, Caja Mediterráneo se mantiene como octava entidad financiera a nivel nacional, según el ranking de ‘The Banker´.

El aumento de un 28% hasta casi 7.000 millones de $USA, con los que Caja Mediterráneo cuenta en el "capital Tier 1", base sobre la que la revista elabora anualmente el ranking, es el que justifica el avance del Grupo CAM en el ranking.

La revista financiera ‘The Banker´ publica este ranking hace más de 40 años, tomando como base los activos fijos, rentabilidad, solidez, solvencia y fortaleza financiera de las entidades financieras a nivel global.

El estudio sirve de guía para inversores, analistas e instituciones financieras en todo el mundo.

http://www.thebanker.com/news/categoryfront.php/id/961/Top_1000_World_Banks.html

martes, 20 de julio de 2010

El PSPV tilda de "despilfarro" la celebración del Pleno en Bruselas y recuerda "el problema de endeudamiento" del Consell

VALENCIA.- El portavoz del grupo socialista en las Corts, Ángel Luna, ha considerado este martes un "despilfarro" celebrar un Pleno del Consell en Bruselas pues, en su opinión, se trata de "un anuncio propagandístico que sólo sirve para generar gasto". Además, ha recordado el "grave problema de endeudamiento" que sufre la Generalitat.

Luna se ha referido así, en un comunicado, al anuncio del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien ha aceptado la propuesta del Comité de Regiones (CdR) para que la Comunitat Valenciana sea la primera región europea en celebrar una reunión de su Gobierno en la sede administrativa de la Unión Europea (UE) el próximo mes de octubre.

El dirigente socialista, que ha calificado de "insólita" esta iniciativa, ha asegurado que "no hay nada que el Consell tenga que decidir en Bruselas que no pueda hacerse en la Comunitat".

"Parece que Camps no se ha dado cuenta del grave problema de endeudamiento de la Generalitat valenciana, del grave problema que está generando a las empresas valencianas y a la sociedad en general con el impago de las deudas del contraídas", ha señalado Luna.

El síndic ha recordado que "mientras cortan la luz en determinadas paradas del Tram de Alicante y mientras existen multitud de facturas por abonar a decenas de empresarios, Camps se permite el lujo de organizar una reunión del Consell que sólo sirve para generar gastos de los que sólo se beneficiarán los hoteles de Bruselas".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de implantar "una política de austeridad que se olvide de los fuegos de artificio y que sirva de verdad para resolver los problemas gravísimos que tienen los valencianos y las valencianas".

En este sentido, Luna ha reiterado que "esta iniciativa no sirve absolutamente para nada" y ha insistido en que "no hay nada que el Consell tenga que decidir en Bruselas que no pueda realizarse en la Comunitat Valenciana".

Por último, el portavoz socialista ha matizado que la celebración del pleno en la capital belga sirve para "satisfacer el ego de Camps a costa del bolsillo de los valencianos y las valencianas".

"Sus políticas se resumen en espectáculo y caro", ha finalizado.

El PSPV considera que el comportamiento de Ripoll en estos momentos "desprestigia" a la Diputación de Alicante

ALICANTE.- El portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, ha asegurado este martes en un comunicado que el comportamiento, "en estos momentos bajo sospecha", del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, "desprestigia" a la institución provincial y ha acusado al PP de romper "la confianza que la sociedad tiene depositada en las instituciones que presiden, superando la barrera de lo ilícito".

Antonio Amorós ha realizado estas declaraciones este martes, cuando el grupo socialista en la Diputación de Alicante ha exigido a Ripoll la convocatoria de un pleno extraordinario para que éste "dé explicaciones sobre el plan zonal de la Vega Baja" o "presente su dimisión", al considerar insuficientes las respuestas del presidente en el pleno celebrado este martes.

Para Amorós, las respuestas de Ripoll ha sido insuficientes ante la "anómala situación que vive la institución provincial". En este sentido, el PSPV ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario a través de un ruego formulado en la sesión plenaria de la Diputación.

Según Amorós, en la celebración de esta sesión extraordinaria se debería facilitar "toda la información" y dar "todas las explicaciones sobre los acontecimientos que han sucedido desde el pasado 6 de julio con la presencia de agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el despacho de Presidencia".

En caso contrario, Ripoll debería presentar "su dimisión", ha apuntado el portavoz socialista, quien ha exigido al presidente provincial "explicaciones, claridad, transparencia y aunque no debería ser necesario, porque su condición de político al servicio del ciudadano así ya se lo exige, honestidad y honradez".

"Desde su partido han puesto a todas las instituciones de nuestra Comunidad en peligro y ahora nuestra Diputación y su gestión está bajo sospecha", ha añadido.

Para Amorós existe una "situación anómala" en la institución provincial y Ripoll "ha tirado balones fuera contestando que la Diputación está al margen de actuaciones judiciales".

"Si esto no fuera así, los agentes de la Policía Nacional no hubieran irrumpido durante doce horas en la institución provincial. De todas formas, el presidente del consorcio de la zona XVII es el propio presidente de la Diputación", ha señalado.

Con todo, el portavoz del PSPV ha indicado que el grupo socialista "va a continuar alerta y esperando cómo transcurren los acontecimientos para mantener una actitud política coherente y responsable con los ciudadanos de esta provincia".

Ripoll está sorprendido por las peticiones de dimisión y dice que lo justo es esperar a que se levante el sumario

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha mostrado su "sorpresa" por la petición del Grupo Socialista de que dimita si no da explicaciones en un pleno extraordinario sobre su actuación en la adjudicacion del plan zonal de residuos de la Vega Baja que investiga la fiscalía Anticorrupción en el caso 'Brugal'.

En este punto, ha resaltado que a la corporación provincial "no se le acusa de nada y al presidente, tampoco", ya que su imputación en el caso se debe a su condición de presidente del citado Consorcio de residuos y ha manifestado que "lo justo" es esperar a que se levante el secreto de sumario como está pidiendo "insistentemente".

Al término del pleno celebrado este martes, en que el Grupo Socialista ha pedido su renuncia y ha requerido estas explicaciones, Ripoll ha asegurado que esta reclamación le ha "sorprendido en el contexto en el que lo dicen, cuando todo está bajo secreto de sumario y no se sabe nada, y en ese momento determinado, dicen que si no sería mejor que dimitiera".

En su opinión, "lo normal, lo justo y lo razonable es que primero se abra el secreto de sumario", tal y como sus abogados "están pidiendo insistentemente, y lo van a volver a pedir", dado que el fiscal Anticorrupción se opone a que se levante el secreto de sumario, ha comentado.

Ripoll ha considerado que en el transcurso de la sesión plenaria, el Grupo Socialista "ha mezclado" la Diputación con el Consorcio zonal de residuos, para "hacerlo todo una bola", algo que, a su parecer, es "todo ridículo".

En este sentido, ha aclarado que, "en estos momentos, a la Diputación de Alicante no se le acusa de nada y al presidente de la Diputación, tampoco", y su imputación en el caso se produce según han publicado los medios de comunicación, por su condición de presidente del citado Consorcio zonal de residuos.

"Cada uno puede pedir las dimisiones, si es habitual, en esta institución el clima que ha imperado es no pedir las dimisión del presidente y buscar el máximo acuerdo".

No obstante, ha remarcado que "todos los acuerdos de los planes de obras se han aprobado por unanimidad, de modo que si ha habido una actuación sectaria serán "todos, los diputados del PP y los del PSOE".

Ripoll ha insistido en que "nada se ha hecho al margen de la comisión de gobierno ni de la junta de gobierno, en la que participan todos los ayuntamientos que componen el consorcio".

La adjudicación de la gestión del citado plan fue "debatido y consensuado", y se adoptó una decisión "por unanimidad de los 27 ayuntamientos, incluidos nueve socialistas, de la Generalitat y de la Diputación, que representa exclusivamente el 15 por ciento", ha recordado.

No obstante, ha mostrado su disposición de "contestar inmediatamente" a "cualquier cosa que pregunte" el Grupo Socialista en la Diputación sobre este asunto.

"Yo estoy deseando y haciendo todos los trámites jurídicos para que se levante el secreto de sumario y para poder defenderme, y he puesto a disposición del Grupo Socialista toda la documentación que me ha solicitado sobre el plan zonal", ha señalado.

En este sentido, ha confirmado que ya les ha remitido toda la documentación, pese a que, según ha recordado, el Grupo Socialista ya tenía acceso a ella a través de sus alcaldes representados en el consorcio de residuos de la Vega Baja.

Ripoll ha defendido que "el expediente es correcto, y no hay nada irregular".

"Estoy absolutamente convencido de que todas las gestiones que he hecho como presidente del plan zonal, han sido las correctas: las que he hecho yo, las que ha hecho la junta de gobierno y las que han hecho todos los miembros de la comisión técnica", ha declarado.

Preguntado sobre el curso de la investigación judicial, y el envío de parte del sumario a juzgados de Alicante, ha señalado que "todo eso retrasará un poco el proceso", aunque ha reconocido que él es "un ciudadano como otro".

Además, ha subrayado que las autoridades judiciales son "un poder independiente y así deben de seguir siéndolo", y ha indicado que entiende que "no se puede alterar los tiempos judiciales" porque él "tenga mayor o menor interés en que se abra el sumario".

Por otra parte, ha aclarado que las declaraciones de la vicepresidenta de la Diputación, Mónica Lorente, --quien este lunes consideró que el 'caso Brugal' responde a actuaciones "más o menos dirigidas"-- fueron realizadas en su condición de secretaria provincial del PP, y cuentan con su "respaldo".

De igual modo, preguntado sobre su relación con el empresario adjudicatario de la contrata, Enrique Ortiz, Ripoll ha explicado que "como empresario, es la relación que tengo con todo el resto de los empresarios que trabajan para esta Diputación".

"El señor Ortiz tiene algunos contratos con esta Diputación, no es el mayor ni el menor contratista de esta Diputación, y cuando se ha presentado a los concursos, cuando ha tenido el dictamen de la comisión técnica a favor se lo ha adjudicado, y cuando lo ha tenido en contra, no se lo ha adjudicado".

En cuanto a su relación con "el señor Ortiz, presidente del Hércules", ha dicho que es "correcta y la que corresponde a dirigentes que son importantes en esta ciudad".

El PP asegura que Pajín es responsable de hacer añicos el Pacto Antitransfuguismo "sólo por salvar a su madre"

ALICANTE.- La presidenta del PP local de Benidorm y vicesecretaria de Comunicación de los 'populares alicantinos', Gema Amor, ha asegurado este martes en un comunicado que la secretaria de Organización del PSOE federal, Leire Pajín, es "la responsable de hace añicos el Pacto Antitransfuguismo sólo por salvar a su madre", la edil benidormí, Mayte Iraola.

Así, según Amor, "resulta vergonzoso ver en democracia" que los ex ediles socialistas de Benidorm "sin ruborizarse y cumpliendo órdenes de Leire Pajín" manifiestan, a su juicio, que "los tránsfugas nunca deberían haberse marchado del PSOE".

La presidente del PP benidormí ha acusado a la secretaria de Organización socialista de ser la responsables "de hacer añicos el Pacto Antitransfuguismo por sólo salvar a su madre".

"Fue la propia secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien manifestaba en torno a la moción de censura de Benidorm que con independencia de cómo se llamen y de dónde vivan recaería en ellos todo el peso de los Estatutos", ha indicado Amor, quien ha añadido que a esta afirmación se unieron el presidente del PSOE, Manuel Chaves, y el vicesecretario general de los socialistas, José Blanco.

En este sentido, Amor ha asegurado que el PSPV de Benidorm prepara "la vuelta de los concejales tránsfugas desde la organización local y provincial", en su opinión, "siguiendo las pautas de Pajín", mientras que al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, "ni está ni se le espera".

La vicesecretaria de Comunicación del PP en la provincia de Alicante ha instado al PSPV a asumir responsabilidades y a Leire Pajín a pronunciarse al respecto, puesto que, a su juicio, "es la persona que se está burlando del pacto antitransfuguismo".

El PSPV critica el "plan mentira" de Camps que "paga tarde y refleja la parálisis del Consell"

VALENCIA.- El secretario de Política Municipal de los Socialistas Valencianos, José María Ángel, ha criticado "el plan mentira --Plan Confianza-- de Camps, que paga tarde y mal", y que no hace sino "reflejar la parálisis" del Consell, que "está más preocupado por temas personales que por resolver los problemas de los valencianos".

Ángel en un comunicado, se ha pronunciado en estos términos tras conocer el balance del Plan Confianza realizado hoy por el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, al que ha instado a contestar "cuándo y cómo la Generalitat va a pagar el Plan Camps".

Para el dirigente socialista, el Plan Confianza es un "programa-mentira que refleja el fracaso de las políticas del PP", ya que, tal y como ha apuntado, "sólo se han adjudicado el 20 por ciento de la mayoría de las obras, que además sufren retrasos por culpa de la tesorería de la Generalitat".

"Son muchos los empresarios que se preguntan cuándo y cómo van a cobrar", ha lamentado el secretario de Política Municipal del PSPV que, en la misma línea, ha destacado que, a fecha de hoy, "se han pagado a los ayuntamientos menos de 200 millones, cuando a final de año se deberían haber costeado más de 1.000". Unos datos que, en su opinión, evidencian que "ese plan de desconfianza es un gran fracaso y una gran mentira".

Asimismo, Ángel, que ha señalado que el ritmo de ejecución de las obras es "peor" debido a "la nefasta gestión de la Generalitat", ha considerado que, "ni siquiera Mario Flores, que sabe mentir tan bien como el presidente del Consell, es capaz de aportar una valoración consistente del que es un plan insostenible e ineficaz".

Además, el responsable socialista ha destacado que, "a diferencia del Plan Camps, el Plan ZP sí cumple con los ayuntamientos y los pagos convenidos a los municipios".

De esta manera, ha valorado que los ayuntamientos "han sido capaces de presentar los proyectos en el tiempo y forma debidos, dando una respuesta a la oportunidad brindada por el Gobierno de España con el Plan E".

Según ha remarcado José María Ángel, el Ejecutivo central ha pagado a todos los ayuntamientos de la Comunitat los 864 millones de euros del primer 'Plan E' y ha adelantado ya 148 millones de euros del segundo 'Plan E' de un total de 543 millones de euros previstos.

"Los datos y el estado de las obras del Plan ZP, que avalan la exitosa consecución de estos proyectos, reflejan una realidad que bien se aleja de la ineficacia permanente del Plan Camps", al que Ángel ha calificado de "ineficaz e insuficiente programa que representa la desconfianza permanente del municipalismo valenciano, en el que se incluyen hasta los mismísimos ayuntamientos en los que gobierna el PP".

El PSPV pide a FGV gestos de reducción en la plantilla de cargos directivos y en las retribuciones de la alta dirección

VALENCIA.- El diputado socialista en Les Corts Valencianes y portavoz de Infraestructuras y Transporte, Francesc Signes, ha solicitado al el conseller Mario Flores, así como a la gerente de FGV, Marisa Gracia, "gestos de reducción en la hinchada plantilla de cargos directivos", así como en las retribuciones de los 18 miembros de la alta dirección de FGV, que les permita "tener fuerza moral en su negociación con los representantes de los trabajadores".

Signes ha realizado estas declaraciones en un comunicado respecto al anuncio de nuevos paros llevado a cabo por los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para los próximos días 27 y 30 de julio y 9 de septiembre. Al respecto, ha solicitado al presidente de la empresa,

En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que estos 18 altos directivos "están cobrando lo mismo que todo el Gobierno de España, incluido el presidente, a pesar de la mala situación económica de la empresa, fruto de la pésima gestión", que ha llevado a FGV, según Signes, "a tener impagados que generan grandes intereses de demora y a una previsión de deuda para este año 2010 que ascenderá a 1.130 millones de euros".

Así, considera que esta "grave" situación financiera "sólo es achacable a la mala gestión y no a una disminución del número de usuarios", por lo que "no tiene ninguna justificación, ni política, ni económica, ni ética, que se pretenda una reducción de plantillas y una disminución de los servicios prestados por la empresa, como ya se está haciendo con el servicio nocturno trasnochador en la provincia de Alicante".

Signes ha señalado al respecto que este servicio está puesto en marcha desde el pasado 1 de julio y del cual se ha excluido la línea 9 que conecta Benidorm con Dénia, dejando fuera zonas tan importantes como Disco Benidorm, Alfaz del Pí, el Albir, Altea, Calpe, Teulada, Gata y Dénia", ha aseverado.

Asimismo, considera "totalmente inadmisible" que, a punto de finalizar 2010, todavía FGV no haya puesto en marcha los servicios de Metroribera, anunciados por Camps en 2006, y que han de permitir unas mejores conexiones de Villanueva de Castellón y l'Alcudia, así como del resto de estaciones de la línea 1 de Metrovalencia con la ciudad de Valencia.

Pajín afirma que los ex concejales socialistas de Benidorm no han solicitado su reingreso en el partido

MADRID.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha expuesto este martes que no le consta que los ex ediles socialistas de Benidorm que desbancaron al PP del Ayuntamiento con una moción de censura con el ex 'popular' José Bañuls hayan solicitado su reingreso en el partido.

En declaraciones a Onda Cero, Pajín ha afirmado que los ex concejales socialistas que arrebataron al PP la alcaldía "no han formulado ni solicitado" su reingreso en las filas de su partido. "No me consta absolutamente esa solicitud", ha añadido.

La 'número dos' del PSOE ha hecho alusión también al dictamen elaborado por la comisión de expertos Independientes del Pacto Antitransfuguismo que declara que la actuación del actual alcalde como la de los ex concejales electos en las listas del PSOE resultan constitutivas de transfuguismo y establece que Benidorm es el "exponente más claro del concepto de transfuguismo" tal y como se concibe en el Pacto.

"El informe técnico de los expertos que conozco es exactamente el mismo que el de otros casos que se encuentran en esa misma provincia", ha dicho Pajín, para hacer referencia a las mociones de censura presentadas por el PP en municipios como Dénia o La Vila Joiosa, donde "expertos en anteriores comisiones han dictaminado lo mismo que lo hacían a lo largo del día de ayer".

La Universidad de Alicante investiga la repentina y peligrosa proliferación de las cubomedusas en la zona de Denia

ALICANTE.- La Universidad de Alicante (UA) lleva a cabo un proyecto de investigación denominado 'Cubomed', para averiguar las causas de la repentina y peligrosa proliferación de las cubomedusas, una especie tropical en aguas de la zona de Denia, según ha informado hoy en un comunicado la institución académica.

Estas medusas son impropias del Mediterráneo, y tienen una picadura dolorosa, que puede ser especialmente dañina por la acumulación de roces que pueden producir al formar enjambres de numerosos individuos.

En el verano de 2008 fueron atendidas por su picadura 2.500 personas en una playa de la localidad de Denia, debido a una proliferación inusual de esta especie propia de aguas tropicales.

La UA, a través de su instituto para el Estudio del Medio 'Ramon Margalef', coordina desde hace un año este proyecto de investigación denominado 'Cubomed', que forma parte del programa 'Life' de la Unión Europea, y que tendrá una duración total de 60 meses.

El objetivo de este estudio es averiguar el porqué de las altas densidades de población que se han observando y que en la Comunidad Valenciana se concetran especialmente en la zona de Dénia, entre otros aspecto.

Al proyecto también está asociado el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC), y además del apoyo de la Comisión Europea, cuenta con financiación del Ministerio de Medio Ambiente y la Conselleria de Medio Ambiente.

La cubomedusa es un animal pequeño, de la especie 'carybdea marsupialis', --de la que hay unos 50 tipos registrados-- de pocos centímetros de tamaño, tentáculos aparte, que debe su nombre a la forma cúbica de su cabeza.

Los científicos ignoran la vía de colonización de la región mediterránea y han iniciado una investigación para tratar de esclarecer las causas de su repentina explosión demográfica. Antes, se veían en contadas ocasiones y en solitario o en grupos reducidos, al corresponder su distribución natural a aguas tropicales y subtropicales del Índico, el Pacífico y el Caribe.

"Se tiene constancia de la presencia de estas medusas en el Mediterráneo al menos desde 1878, en el Adriático, y de hecho es conocida por los viejos del lugar, pero ellos mismos se sorprenden de ver la densidad de los grupos que están apareciendo", ha indicado Just Bayle, profesor de Ciencias del Mar de la UA y director de este proyecto de investigación.

El proyecto 'Cubomed' surgió a raíz un suceso de elevadísimos frecuencias de picaduras en el puesto de la Cruz Roja en la Playa del Raset, colindante al puerto de Dénia por el norte, hace dos años, cuando se produjo la asistencia de más de 2.500 personas desde junio a agosto.

Este elevado número de picaduras no se había producido nunca antes a nivel mundial. El primero objetivo es, según indica la web del proyecto "proponer un conjunto de soluciones que reduzcan su población y su tasa de crecimiento" para evitar sus proliferaciones masivas.

El trabajo científico de los investigadores consiste en establecer el ciclo biológico de estos organismos y qué factores ambientales determinan su concentración.

"Por el momento nos hemos dado cuenta de que se concentran en sitios de salinidad más baja de lo normal, cosa que ocurre en la zona de Dénia donde vierten caudales de agua dulce al mar. Hay otros parámetros, aunque no parecen tan significativos, como la topografía de la costa con áreas resguardadas", ha señalado Bayle.

El proyecto además persigue averiguar su impacto sobre el equilibrio del ecosistema, y para ello cuenta con la colaboración de voluntarios para el avistamiento de enjambres, --que se pretende ampliar a todo el Mediterráneo español--, y para la recogida de ejemplares.

Chaves descarta reformar la financiación local antes de 2013 para que los ayuntamientos sean responsables de su deuda

MADRID.- El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, descartó este martes abordar la reforma de la financiación local antes del año 2013 para no impedir alcanzar el objetivo del Ejecutivo de lograr reducir el déficit público hasta el 3 por ciento ese año.

Chaves realizó este anuncio en el Senado, donde reconoció que reformar el sistema de financiación de las entidades locales es un compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero aseguró que esta medida supondría un aumento del déficit que impediría el compromiso de reducirlo hasta el 3 por ciento.

"No renunciamos, pero lo haremos en el momento oportuno, en el mejor momento para España y para los ayuntamientos españoles", argumentó el vicepresidente tercero en respuesta al senador del PP Juan Pablo Sánchez, quien advirtió de la situación "angustiosa y crítica" en la que se encuentran los municipios.

El senador 'popular' recordó el compromiso del Gobierno de poner en marcha la Ley de Gobierno Local y la de financiación el próximo año y le culpó de la crisis económica que están sufriendo los ayuntamientos españoles, "que están pasándolo muy mal y lo van a pasar peor".

Sin embargo, Chaves defendió que los ayuntamientos son los responsables de la gestión económica de sus municipios dentro de su autonomía local establecida en la Constitución y descartó la responsabilidad del Gobierno en el asunto.

"Creo que el Ayuntamiento de Madrid es responsable de su deuda de más 6.600 millones de euros o el Ayuntamiento de Valencia responsable de la deuda de 834 millones de euros --sostuvo--. De la misma manera que más de 3.000 ayuntamientos españoles son también responsables de no haber contraído ni un solo euro de deuda".

El ministro criticó de esta forma que "por una parte de reclame continuamente la autonomía de los gobiernos locales y a renglón seguido endosar la responsabilidad al Gobierno de España".

La Diputación de Alicante "desearía" que la CAM mantuviera su 40% en el SIP pero con mayorías compensadas

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha manifestado que su deseo es que "Caja Mediterráneo mantuviera el esa posición que tiene del 40 por ciento --en el SIP con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura--, con unas mayorías compensadas y sobre todo, con una aportación de fondos propios y de clientes y de mercado muy amplia dentro de esa fusión".

Al término del pleno de la institución provincial celebrado este martes, a preguntas de los medios de comunicación, Ripoll ha recordado que desconoce "los entresijos de la negociación" entre las cajas que forman el SIP, dado que él no está en el consejo de administración, y, según ha apuntado, es a sus miembros a los que les corresponde "decidir lo que pasará" con la CAM.

Al respecto, ha calificado como "correcta" la reciente decisión tomada por los consejeros de la CAM de no apoyar la delegación de facultades al consejero delegado, medida que en su opinión fue adoptada "en el ánimo de respetar o de mantener una autonomía razonable en la toma de decisiones".

Así, ha considerado que si le preguntan qué es lo que a él le "gustaría que pasara", desearía que "la CAM mantuviera esa posición que tiene del 40 por ciento, con unas mayorías compensadas y sobre todo, con una aportación de fondos propios y de clientes y de mercado muy amplia dentro de esa fusión".

Además, interrogado sobre si cree posible que se produzca la ruptura del acuerdo de fusión, ha reiterado que no conoce "hasta qué punto está cerrada o hasta qué punto cabe hablar de ello o negociar".

Toxo y Méndez no apoyan la "bancarización" de cajas de ahorro

SANTANDER.- Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han afirmado este martes en Santander que no apoyan la "bancarización" de las cajas de ahorros, un proceso que traerá aparejados elementos de ajuste laboral "muy negativos".

La inminente convalidación por el Parlamento del Real Decreto-Ley de Reforma de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros que fue aprobado en el Consejo de Ministros a principios del mes de julio, es, para Toxo, "un disparate económico" y "un intento de expulsar a la sociedad civil del control de parte sustancial del sistema financiero español", mediante una modificación "radical" de la naturaleza jurídica de las cajas.

En rueda de prensa, el secretario general de CC.OO. recordó que ambos sindicatos han convocado este martes concentraciones en varias ciudades para protestar por la aprobación de la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros porque no comparten "ni mínimamente" el "sentido" de la misma, que supondrá "una reforma radical del sistema" de cajas en una línea "de privatización de lo más parecido en España a una banca pública por el carácter social que tiene".

Aunque lo sindicatos apoyan la reestructuración del sistema financiero, están en contra de este proceso de "bancarización del sistema de cajas", y Toxo anunció que exigirán el mantenimiento del empleo y de los derechos laborales de los trabajadores que están "en zona de riesgo".

Por su parte, Méndez afirmó que la reforma supondrá "la desaparición de las cajas de ahorros, tal y como las conocemos" y que pasen a ser "bancos", lo que traerá como consecuencia "elementos de ajuste laboral muy negativos".

En este sentido, explicó que las movilizaciones convocadas por UGT y CC.OO. reclaman que no se convalide esta reforma financiera "injusta", que pretende "el fortalecimiento de los bancos frente a las cajas".

Los secretarios generales de ambos sindicatos se han pronunciado así en una rueda de prensa con motivo de la asamblea de delegados convocada por UGT y CC.OO. en Santander ante la huelga general.

El presidente de la CAM trata ahora de renegociar los poderes de Menéndez en el SIP

ALICANTE.- En una carrera contrareloj, el presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, intenta renegociar esta semana en Madrid los aspectos más controvertidos de la «fusión fría» pactada con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, tras el ultimátum lanzado el viernes por el Banco de España, según ha podido saber ABC.

El consejo de la CAM dejó sobre la mesa el pasado jueves la aprobación del contrato del Sistema Institucional de Protección (SIP), tras constatar que el borrador otorga plenos poderes al presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, quien actuará como consejero delegado de la entidad resultante durante un período de hasta 12 años.

Un aspecto, recalcan fuentes del consejo de administración de la CAM, que relega a la caja alicantina y que no estaba recogido en el protocolo firmado por las cuatro cajas de ahorros el pasado 26 de mayo. Cajastur, sin embargo, ha reiterado que el preacuerdo establecía la consejería delegada para Menéndez y, por tanto, sus plenos poderes.

El Banco de España no se ha mostrado sensible a los reparos expuestos por la CAM y, en una reunión celebrada el viernes por la tarde, dio un ultimátum a Modesto Crespo para cerrar definitivamente la operación antes del próximo lunes, día 26. Crespo viaja hoy martes a Madrid para intentar cerrar «in extremis» un acuerdo con el banco emisor y con Cajastur, que aumente el peso de la caja alicantina en el seno de la futura entidad. La CAM pretende que el futuro presidente del SIP —el propio Modesto Crespo— tenga idénticos poderes que el consejero delegado, y ambos estén supeditados al consejo.

Modesto Crespo tiene otra importante cita mañana por la tarde, cuando se reunirá el pleno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para, entre otras cuestiones, hacer balance de los procesos de fusión abiertos. Crespo buscará la mediación del presidente de la CECA, Isidro Fainé (La Caixa), para acercar posturas con Cajastur y lograr un acuerdo satisfactorio. Crespo es uno de los cuatro vicepresidentes de la Confederación de Cajas, junto a Rodrigo Rato (Caja Madrid), Amado Franco (Ibercaja) y Braulio Medel (Unicaja).

La cita de mañana supondrá probablemente la última oportunidad para renegociar la fusión. La CAM tiene previsto celebrar un nuevo consejo de administración esta semana, previsiblemente el jueves, para ratificar la operación.

Fuentes de la entidad admiten que ya no hay marcha atrás. «No nos queda más alternativa que aprobar la fusión, pero queremos hacerlo con un acuerdo que respete la posición de la CAM», «ya no hay margen para negociar una fusión distinta y, en la actual coyuntura, resulta impensable pretender que la caja siga su camino en solitario», 1 indicaba ayer a este periódico un miembro de su consejo.

La ruptura de la fusión implicaría perder los fondos del FROB —1.493 millones de euros—, imprescindibles para sanear el balance de la entidad alicantina, lastrado por los créditos concedidos a promotores que hoy pueden resultar de dudoso cobro.

El Banco de España podría acogerse a este argumento para intervenir la caja y suspender a los miembros de su consejo de administración si finalmente se rompe el principio de acuerdo de la «fusión fría», advierte el mismo consejero. En pocas semanas, la CAM ha pasado de ser una de las novias más deseadas en el proceso de fusiones —descartó sucesivamente su integración con Caja Madrid, Bancaja y Caja Murcia, ante la falta de acuerdo— a verse relegada por Cajastur.

En el SIP acordado con esta última, ambas entidades se sitúan teóricamente en plano de igualdad, con un 40% de los derechos de voto cada una. Pero los plenos poderes otorgados a Manuel Menéndez desequilibra las condiciones de gobierno.

lunes, 19 de julio de 2010

Fomento ha concedido 60,5 millones en ayudas al abandono de actividad de casi 1.200 transportistas autónomos

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha concedido durante este año un total de 60,5 millones de euros en ayudas destinadas a facilitar la retirada de la actividad de empresarios autónomos del transporte por carretera.

En concreto, en 2010 se han beneficiado de estas ayudas, concedidas a través de la Dirección General de Transporte Terrestre, un total 1.188 transportistas autónomos, según el listado de beneficiarios que aparece publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De estas pequeñas empresas de transporte, 14 son de transporte de viajeros, con un total de 18 vehículos, y 1.174 están dedicadas al transporte de mercancías, con un total de 1.347 vehículos.

El gabinete dirigido por José Blanco está destinando durante la actual legislatura una media anual de 60 millones de euros, cantidad acordada con el Comité Nacional de Transporte por Carretera y ratificada por el Gobierno en junio de 2008, lo que supondrá unos 240 millones de euros entre 2009 y 2012 para ayudar a cesar en la actividad a cerca de 5.000 empresarios autónomos del transporte.

De las ayudas otorgadas este año, 24,79 millones de euros corresponden al abono de los semestres que les faltan a los beneficiarios para cumplir los sesenta y cinco años, y unos 35,64 millones de euros por la retirada de la autorización de transporte.

El objetivo de esta medida es afrontar el problema de la elevada edad de muchos de los titulares de microempresas y se avanza en la modernización del transporte por carretera.

Para ser beneficiario de estas ayudas los transportistas deben cumplir los requisitos de tener una edad superior o igual a 58 años o haberle sido declarada una incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la profesión habitual de transportistas, así como ser titular de una autorización de transporte público de mercancías o de viajeros en autobús con un máximo de tres copias y de haber sido titular de forma ininterrumpida durante los 10 últimos años de una de las mencionadas autorizadas.

Toxo advierte que la reforma de las cajas pretende "expulsar a la sociedad civil" de sus órganos de gobierno

ALBACETE.- El secretario federal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha asegurado este lunes que el Gobierno "parece que tiene como objetivo" con la reforma del sistema de cajas "expulsar a la sociedad civil del control de las mismas, de los órganos de gobierno".

Fernández Toxo, en rueda de prensa en la sede de CCOO en Albacete, donde acudió para informar de las razones de la convocatoria de la huelga a los trabajadores de Eurocopter y de Gamesa Eólica, ha recordado que esta semana se va a plantear en el Congreso "la convalidación del Decreto Ley" para esta reforma y "llama la atención", ha añadido el líder sindical, "que para una reforma de esa envergadura se opte por la vía del Decreto Ley y del trámite de urgencia" cuando "se debería haber contado con un debate profundo en el Parlamento y en la sociedad".

Esta reforma "tiene un precedente en Italia", ha apuntado Fernández Toxo y el resultado es que "hoy, de las cajas en Italia, no queda absolutamente nada", a lo que ha añadido que "parece como que alguien haya visto en la crisis la oportunidad de hacer un negocio a partir de la privatización de la parte del sistema financiero que ocupan las cajas, que es casi un 50% del sistema financiero español".

El Gobierno, "parece que tiene como objetivo, desde el cambio de la naturaleza jurídica de las cajas, expulsar a la sociedad civil del control de la misma, de los órganos de gobierno de las mismas", por lo que ha anunciado que CCOO "vamos a seguir insistiendo en la necesidad de preservar la naturaleza jurídica de las cajas, de los procesos de reestructuración de las mismas, que se garanticen las condiciones de trabajo, el papel de los convenios colectivos, que se garantice la estabilidad financiera de la resultante de los procesos de fusión o concentración, que la caja mantenga el control a futuro de todas las actividades, incluidas las del banco, que se mantenga el retorno del beneficio a la sociedad y que se mantenga la presencia de la sociedad civil en los órganos de gobierno".

Unas peticiones que "hemos trasladado a todos los partidos del arco parlamentario" para que, cuando se produzca la convalidación del real decreto, sea tenido en cuenta y no se vaya por la vía de atajos a la desnaturalización del sistema financiero español".

A preguntas de los periodistas sobre si esta convalidación podría afectar al proceso de CCM en cuestiones como el mantenimiento de los puestos, Fernández Toxo ha admitido que "sí, puede esas repercusiones sobre los trabajadores a futuro, como puede tenerlo en el terreno de la función del territorio" porque, como ha explicado "una cosa es que la situación de la caja obligue a tomar decisiones que permitan la recapitalización de la misma por sí sola o con la integración con otras cajas y otra es que, aprovechando esa utilización de recursos públicos, se proceda a la desnaturalización y a que el negocio financiero de la caja sea ocupado su espacio por un banco, se mantenga o no, a través de una fundación u otra vía, la sensación de que la caja permanece".