Las cajas de ahorros están siendo modernizadas. Temible palabra que siempre implica la pérdida de derechos para la ciudadanía. La lógica que se pretende sostener es simplona: tienen problemas y están politizadas. Eliminamos la politización, siempre mala por definición, y damos cabida al maravilloso y eficiente capital privado, convirtiéndolas en cuasi sociedades anónimas. El real decreto del 13 de julio dará lugar a un cambio radical en el sistema financiero, usando como tantas otras veces para justificarlo verdades parciales y medias mentiras.
Viene de lejos la acerada crítica a “la politización” de los organismos rectores de las cajas. Sustentándose en que con frecuencia condonaban los créditos concedidos a partidos, y añadiendo ciertos escándalos de corrupción, se postulaba que la presencia de representantes de los organismos políticos en los consejos conducía a una desastrosa gestión. De aquí, inevitablemente, se deducía que la politización era la causa principal de sus problemas y debía eliminarse. Según la nueva ley, los representantes políticos actuales tienen que desaparecer y los nuevos deberán estar siempre en minoría.
La politización ha podido dar lugar a episodios de corrupción. Pero ¿acaso no hay corrupción en los entes privados? Además, ¿no hay un sistema judicial (es verdad que sin gran credibilidad) ante el que exigir responsabilidades? Volvemos a encontrar aquí, y en manos de los dirigentes del sector público nada menos, la idea de que los planteamientos políticos en las instituciones públicas son negativos. Si las cajas fueron creadas por iniciativas y criterios sociales, ¿por qué se ha de rechazar la presencia política en sus rectores? Revisémoslo si funcionan mal, pero ahora más que nunca son necesarias las consideraciones sociales y políticas en el actuar de las cajas.
Al avanzar la crisis, han ido desvelándose graves problemas financieros en algunas cajas debido a su amplia vinculación con el sector de la construcción y a las dificultades de algunas como CajaSur. Sobre estos problemas, desde los órganos públicos, especialmente desde el Banco de España, se ha insistido en la necesidad de recapitalización y se ha estimulado, si no forzado, un proceso de fusiones. Y se ha decidido que estas inyecciones de capital deben ser proporcionadas por el capital privado, pudiendo las cajas ser incluso bancarizadas de hecho.
No todas muestran problemas. No les va tan mal a La Caixa, ni a CajaAstur, Unicaja o a las cajas vascas. Además, existen soluciones técnicas que permiten sanearlas sin necesidad de facilitar su capitalización privada. ¿Qué garantías existen de que las cajas privatizadas, en su mayoría con años de gestión relativamente adecuada, van a mantenerse a salvo de nuevas crisis? Si hay que sanearlas y depurar los órganos gestores de algunas, ¿es la privatización la vía adecuada?
Es increíble y escandaloso que, como remedio para los pretendidos problemas de los entes financieros parapúblicos, se recurra a su privatización y se estimule su absorción por los bancos cuando son precisamente los entes financieros privados, en todo el mundo, los agentes principales de la crisis. ¿Quién se atreve a afirmar la bondad y la eficiencia de los sistemas privados? Privatizar supone permitir que los capitales privados se conviertan en los gestores principales y manejen todo el patrimonio acumulado durante décadas por los ahorradores modestos. ¿Con qué derecho se pone en manos privadas este enorme patrimonio (45% del sistema financiero español)?
Se aduce que el sector público no tiene fondos para la necesaria recapitalización, pero ¿no es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), público, el que va a poner la mayor parte de los fondos para las fusiones? Si el Gobierno no escatima para acudir al rescate de los bancos y hacerse responsable de su deuda externa, ¿por qué no puede recapitalizar las cajas en dificultades? ¿Se ha estudiado alguna otra manera de absorber capital que no suponga su privatización?
La privatización implicará la intensificación del criterio de obtención de beneficios, que ya guiaba en exceso la actuación de las cajas, y el abandono total del criterio de desarrollo regional y apoyo a las pequeñas iniciativas que estaba en sus orígenes. ¿Cuál será su criterio de inversión, de concesión de préstamos? ¿Concederán las caja-bancos créditos a las pequeñas empresas, a las familias, a las regiones más pobres? ¿Qué sucursales quedarán en pueblos pequeños? Sin mencionar el impacto negativo que tendrá en una ya muy devaluada y reducida obra social, convertida por la nueva ley en una fundación independiente.
¿Y el empleo? Uno de los ahorros de las fusiones reside en la disminución de sucursales y plantillas. ¿Es que no tiene importancia en un momento en que se dice que la máxima prioridad es la creación de empleo?
Cuando algunos países se han visto obligados a nacionalizar sus bancos y el sistema financiero mundial se sostiene con el recurso a los fondos públicos, en este país –España es diferente– se usan situaciones coyunturales para traspasar grandes instituciones sociales, que se han establecido y mantenido con criterios más o menos sociales durante dos siglos, a manos privadas que sólo garantizan que operarán siguiendo criterios de obtención de beneficios, con argumentos que son sólo verdades a medias, cuando no son totalmente falaces. Modernizar sí, pero en otra dirección.
(*) Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
