viernes, 4 de marzo de 2011

Las protestas en el mundo árabe han derribado "el muro del miedo", según expertos en la zona

MADRID.- Las oleadas de protestas en el mundo árabe han derribado "el muro del miedo" al autoritarismo y han cambiado la faz de Oriente Próximo, con una "mutación cívica" que determinará el rumbo futuro de esa región y del norte de África, han coincidido anoche algunos de los principales expertos españoles en la zona. 

"No es una revolución. Es una revuelta antiautoritaria y de claro contenido económico y social", ha afirmado Ana Planet, investigadora del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos y participante en el seminario "Claves de la situación en el mundo árabe", celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
El foro, al que han asistido representantes del mundo académico, político y empresarial, diplomáticos y estudiosos del mundo árabe, y en el que también ha estado presente el príncipe Felipe, ha sido organizado por el Real Instituto Elcano.
Los especialistas participantes en la mesa redonda del seminario han analizado el momento y alcance de las revueltas del último mes y medio en Túnez y Egipto, que llevaron a la caída de sus respectivos regímenes autoritarios; la actual crisis de Libia, con tintes de conflicto civil, y las protestas que se han sucedido en otros países árabes, como Marruecos, Yemen o Bahrein.
Tal y como ha subrayado Miguel Hernando de Larramendi, del Grupo de Estudios sobre las Sociedades Árabes y Musulmanas, la punta de lanza de las protestas es "una juventud que ha recuperado su autoestima" y se ha convertido en "un auténtico revulsivo" para otras capas de la sociedad, en un "efecto contagio".
Son jóvenes que "están pidiendo oportunidades", en "un proceso rapidísimo" que ha llevado al cambio de régimen en Túnez en apenas 18 días y en Egipto en 11 días, ha explicado Haizam Amirah Fernández, investigador principal del Elcano.
Según este especialista, "algo profundo ha cambiado en el mundo árabe", sobre todo "en la relación entre estado y sociedad" gracias a ese impulso de la juventud descontenta "que pide los beneficios de una globalización que está ahí fuera".
"Si en 1989 cayó el muro de Berlín de cemento y hierro, aquí está cayendo en estos momentos el muro del miedo", ha agregado Amirah.
Las protestas también han puesto de manifiesto, como ha recordado Ana Planet, "el agotamiento del islamismo" a la hora de enfrentarse a esos regímenes dictatoriales, de ahí que algunos de los principales líderes musulmanes de Egipto o Túnez se hayan sumado a la revuelta de base laica.
Los expertos también se han referido a la importancia que en este proceso están teniendo las tecnologías de la comunicación, como internet o las televisiones Al Yazira y Al Arabiya.
"Quien no esté siguiendo las redes sociales en estos países no podrá entender todo lo que está pasando", ha dicho al respecto Amirah, quien ha insistido asimismo en que esos canales de televisión panárabes han servido tanto para transmitir información como para "ensalzar el espíritu de cambio".
Se ha producido, ha apuntado el catedrático de Estudios Árabes Islámicos Bernabé López, "una mutación cívica de todo el conjunto de los pueblos árabes", que "pasa por pedir cuentas a los gobernantes y por reclamar alternativas".
Gonzalo Escribano, profesor de Economía Aplicada de la UNED, ha advertido de las dificultades que pueden pasar estos países, "que van a necesitar el apoyo internacional", ha aseverado.
Sobre ellos, ha dicho, "hay altas expectativas, pero también la incertidumbre es muy elevada", lo que debería llevar a Europa a pensar sobre los riesgos que, por ejemplo, van a suponer los irremediables cambios en el suministro energético desde la región.
Es preciso, ha señalado al respecto Amirah, "desaprender" lo que pensábamos en España de estos países y contemplar el apoyo al proceso de cambio en que están inmersos como una cuestión "de interés de estado", que vaya "más allá de los intereses partidistas".

jueves, 3 de marzo de 2011

El crédito seguirá escaso en España durante algunos años

MADRID.- El número de cajas de ahorros deberá reducirse desde 17 hasta un solo dígito, porque el sistema financiero sigue teniendo exceso de capacidad, según varios expertos del Observatorio Económico de la Fundación Faes, quienes coinciden en vaticinar que España volverá a sufrir una nueva crisis de deuda y registrará un estrechamiento del crédito durante los próximos años.

   El presidente del Centro Internacional de Investigación Financiera del IESE, Juan José Toribio, defendió que existe un exceso de capacidad instalada y que 17 cajas "son demasiadas", por lo que las fusiones en este sector se encuentran aún lejos de terminar.
   En este sentido, también vaticinó que el beneficio de las entidades financieras será menor en el futuro y que el crédito necesariamente tiene que "estrecharse" más, por lo que éste seguirá siendo uno de los problemas "más graves" de la economía.
   A su juicio, la crisis se podría haber evitado con una mejor previsión de la situación y resaltó que a pesar de las medidas puestas en marcha para resolver la situación del sistema financiero existe un problema de fondo, la valoración de sus activos.
   Toribio explicó que si se valoraron a 'cero' el sistema estaría en quiebra, y si se valoran a '100', supondría que la banca no tiene problemas de solvencia ni de liquidez, por lo que insistió en que "el reto" de los supervisores es ver "con qué tino" se valoran esos activos.
   Asimismo, resaltó que uno de los problemas a los que se seguirán enfrentando las entidades será la liquidez, ya que "es díficil" renovar el vencimiento de los bonos en el mercado, no sólo porque el tipo de interés es más alto, sino también porque existe un problema de confianza.
   Por su parte, el profesor del IE Business School Fernando Fernández resaltó que el mercado internacional no entiende el concepto de cajas de ahorros y que deben transformarse en bancos para poder captar capital.
   A su juicio, las cajas "han muerto de éxito" y han cumplido su papel muy bien, pero ahora deben adaptarse al nuevo escenario. En este sentido, valoró que todas las medidas del Gobierno para paliar la situación del sistema financiero han fracasado, y que el dinero que se ha prestado a las entidades, en algunos casos, no se recuperará, porque no podrán pagar y tendrán que ser intervenidas.
   Además, criticó que se dé dinero a los mismos gestores de entidades que no han sabido gestionarlas, y defendió que los inversores quieren una solución concreta para las cajas, no un amplio abanico para que elijan las propias entidades.
   Asimismo, consideró que las cajas necesitarán más de 20.000 millones para recapitalizarse "porque los activos tóxicos valen más cero, que 100", y consideró que entre las posibles soluciones a tener en cuenta se encuentran la de "convertir las cajas en sociedades anónimas", y lograr un "régimen jurídico para las fundaciones", con el fin de evitar que sigan controladas por las comunidades autónomas.
   Fernández también consideró necesario imponer un calendario obligatorio de privatización de las entidades e intervenir o liquidar a aquellas entidades que lo necesiten. En este sentido, recalcó que el sistema financiero será nacionalizado parcialmente y que España necesitará la ayuda europea.
   Este experto también señaló que el consejo europeo de marzo, donde ser abordará la ampliación del fondo de rescate, será clave para los denominados países periféricos, como España, y coincidió con el resto de expertos en que se producirá una nueva crisis de deuda en los próximos meses.
   El presidente de la Comisión de Economía de CEOE, José Luis Feito, también resaltó que las cajas necesariamente deberán reducir más su número, "hasta un dígito", y que no sólo se fusionarán con bancos españoles, sino también extranjeros.
   En cuanto al crédito, Feito reconoció que España es dependiente del crédito por el gran número de pymes que componen el tejido empresarial español, pero hizo hincapié en que "la culpa de que no se canalice el crédito no es de la banca, porque, incluso, hacen más de lo que pueden".
   Feito defendió que a las entidades financieras no se les presta dinero y que los recursos que captan no son suficientes para cubrir la demanda de financiación, a lo que se une el alto endeudamiento de las familias.
   En este sentido, resaltó que no es incompatible el crecimiento económico con la falta de crédito, ya que se puede obtener financiación mediante la exportación, pero resaltó que sí es incompatible con la generación de empleo si el crecimiento que se logra no es fuerte.
   Asimismo, Feito insistió en que el mayor deterioro del crédito que se produzca en España en los próximos meses dependerá de cómo afronten las autoridades europeas y españolas el ataque a la deuda que se producirá en los próximos meses.
   El presidente de la Comisión de Economía de la CEOE también coincidió en que la reestructuración financiera se ha acometido "tarde" y que se está regulando en exceso, cuando éste fue uno de los principales detonadores de la crisis. A su juicio, esto se produce por miedo a que se den nuevos problemas en el corto plazo.

El saldo vivo de la deuda autonómica se duplica durante la crisis y se acerca a 120.000 millones

MADRID.- El saldo vivo de la deuda autonómica se ha multiplicado por dos durante la crisis económica y podría haber cerrado el año entre 115.000 y 120.000 millones de euros, según uno de los informes del último número de Cuadernos de información económica de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas).

   El documento, elaborado por Iker Goikoetxea y César Cantalapiedra, de Analistas Financieros (AFI), asegura que, si se estima una vida media de entre cinco y seis años, el conjunto de los presupuestos autonómicos tendría que asumir una amortización anual que rondará entre 20.000 y 25.000 millones de euros.
   El informe repasa el "considerable" repunte que se ha producido en el stock de deuda pública en los últimos tiempos, que ha llegado a doblar su peso sobre el PIB en tres años, aunque los niveles se han mantenido por debajo del resto de los países del entorno.
   Actualmente, algo más de tres cuartas partes de la deuda está respaldada por la Administración Central, mientras que el 23,6% restante se divide de forma muy heterogénea entre las 17 comunidades autónomas y más de 8.200 municipios. La parte más representativa es la deuda regional, que equivale a un 17,5% del total y a un 10,2% del PIB. La deuda de las corporaciones locales es una tercera parte de la regional y apenas supera el 6% de la deuda pública.
   En cuanto al crecimiento económico, el gabinete de estadística regional de Funcas asegura que toda las comunidades y ciudades autónomas han experimentado un proceso de recuperación en 2010, encabezadas por Navarra, que fue la Comunidad que más creció el año pasado (1,7%).
   A continuación se situaron Canarias (0,78%), Ceuta (0,72%), Madrid (0,46%), Castilla y León (0,35%), Asturias (0,32%), País Vasco (0,30%), Cantabria (0,18%), La Rioja (0,13%) y Cantabria (0,01%).
   En cambio, un total de nueve comunidades y una ciudad autónoma registraron una evolución negativa y más intensa que la media en el año 2010, como Galicia (-0,25%), Cataluña (-0,47%), Melilla (-0,56%), Comunidad Valenciana (-0,64%), Aragón (-0,74%), Extremadura (-0,81%) y Andalucía (-0,87%). Los últimos puestos los ocuparon Baleares (-1,79%), Murcia (-1,27%) y Castilla-La Mancha (-1,04%).
   En el periodo 2000-2010, Madrid, Navarra, La Rioja y, más recientemente, Cantabria han combinado un crecimiento económico y un nivel de PIB por habitante superiores a la media española, formando así "el auténtico cuadro de honor" de las autonomías españolas desde el punto de vista económico.
   Murcia, Andalucía, Canarias, Extremadura y la Comunidad Valenciana han mostrado un alto crecimiento, pero mantienen un nivel de PIB por habitante inferior a la media.
   En cambio, Cataluña, Aragón y el País Vasco tienen un nivel alto de PIB por habitante, pero su crecimiento en el periodo ha estado por debajo de la media española. Finalmente, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias y Baleares tienen un nivel de PIB por habitante y un crecimiento inferior a la media.
   Funcas cree que la recuperación "ligera y dispar" ha paralizado el avance de la convergencia regional española con cierta intensidad, aunque las autonomías han mejorado en 2010 su convergencia con Europa en renta interior por habitante en paridad de poder de compra. Sólo Andalucía, Murcia y Melilla han reducido su índice de convergencia con Europa.
   La tasa de paro, por su parte, oscila entre el 28,70% de Canarias y el 10,55% del País Vasco, mientras que la media española es del 20,06%. El aumento del paro, según Funcas, ha contribuido a un crecimiento de la productividad que va desde el 2,98% de Navarra al 1,28% de Extremadura.
   En materia de precios, Funcas cree que la inflación continuará por encima del 3% hasta mayo o junio si el precio del barril de crudo se mantiene en los niveles de enero (96,4 dólares), aunque con cierta tendencia descendente a partir del mes de marzo que se acentuará en julio y diciembre al desaparecer el efecto escalón provocado por la subida del IVA y de los impuestos del tabaco.
   Así, el IPC cerraría el año por debajo del 2%, mientras que la inflación subyacente se mantendrá durante todo el año por debajo del 2% porque las condiciones de la demanda aún serán muy débiles, lo que limitará el traslado hacia los precios finales del mayor coste de las materias primas.

Fitch cree que comunidades y ayuntamientos suponen el "mayor riesgo" para la consolidación fiscal en España

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que las comunidades autónomas y los gobiernos locales son "el mayor riesgo" al que se enfrenta la economía española para cumplir con sus objetivos de consolidación fiscal, y remarca que aportan "incertidumbre" al rendimiento final de las cuentas nacionales. 

  "Dada su significativa proporción en el presupuesto general y su relativa falta de transparencia y retraso a la hora de informar sobre su ejecución presupuestaria, este sector añade un grado de incertidumbre al rendimiento final del Gobierno general", incide Fitch en un informe sobre la deuda soberana en la eurozona.
   Pese a todo, reconoce el "compromiso político" que existe en España con la consolidación fiscal, como demuestra que el Gobierno central haya superado los objetivos fiscales marcados para 2010 y haya mostrado su voluntad de adoptar medidas fiscales adicionales para cumplir la reducción de déficit marcada para 2011 en caso de que sea necesario.
   En este sentido, la agencia de calificación crediticia señala que, aunque España entró en la crisis financiera con superávit público y un endeudamiento inferior al de otros países, su posición de fortaleza fiscal se ha deteriorado rápidamente.
   Así, cree que las reformas estructurales mejorarán las perspectivas de crecimiento a medio plazo y la flexibilidad, aunque reconoce que el proceso de "desapalancamiento" del sector privado y la austeridad fiscal implicarán que la recuperación económica será "relativamente débil y frágil".
   Respecto al sistema financiero, señala que, a pesar de que el núcleo del sector bancario, dominado por el Santander y el BBVA, es "relativamente fuerte", las preocupaciones por el coste potencial de recapitalizar y reestructurar las cajas de ahorros "pesa en el mercado" y en la evaluación del rating de España.
   Así, advierte de que un coste de reestructuración del sector superior a los 23.000 millones de euros estimados por Fitch en julio de 2010 o un aumento del coste fiscal derivado de la recapitalización de las cajas tendría "implicaciones negativas" para la calificación soberana de España.

Las Corts desestiman una moción del PSPV para evaluar el sistema sanitario de concesión administrativa

VALENCIA.- El pleno de las Corts ha desestimado este jueves, por los votos en contra de los diputados 'populares', una moción presentada por el grupo parlamentario socialista de evaluar la política de la Conselleria de Sanidad en materia de departamentos de salud gestionados mediante concesión administrativa. Los tres grupos de la oposición, por su parte, han votado a favor.

   El diputado parlamentario socialista Ignacio Subías ha señalado que el Consell dice que el modelo de gestión sanitaria mediante concesión administrativa es "más eficiente, más barato" y que los usuarios están "más contentos" y los profesionales sanitarios "más satisfechos". Por ello, ha preguntado: "¿es mejor el hospital de Manises que otros como el Clínico?".
   Subías, en su moción subsiguiente a la interpelación al conseller de Sanidad, Manuel Cervera, pedía a la Generaliltat que evalúe lo que  está haciendo en materia sanitaria y planteaba una serie de medidas como potenciar la atención primaria, mejorar la coordinación entre primaria y epecializada, mejorar las condiciones labores de los trabajadores, profesionalizar la gestión, reducir el gasto farmacéutico, hacer una utilización "adecuada" de las nuevas tecnologías y coordinar el sistema sociosanitario, entre otras.
   El diputado del grupo parlamentario socialista ha criticado que el PP "ha decidido como modelo básico la privatización" y ha señalado de que, de esta forma, se está "poniendo en cuestión" el sistema público. En este sentido, ha advertido de que "el modelo que están implantado puede llevar a un sistema dual, donde aquellos que tienen menos recursos queden al margen".
   Por su parte, la diputada del grupo parlamentario popular Alicia de Miguel ha asegurado que el analisis de la sanidad valenciana que realizan los socialistas es "absolutamente erróneo" y ha hecho hincapié en que el PP apuesta por "una sanidad pública, universal y gratuita", así como por integrar en este modelo "todos los recursos que existen en beneficio de los ciudadanos".
   No obstante, ha señalado que en el siglo XXI "el siglo de la modernidad y de la innovación" no se puede "pretender creer que el único proveedor de la gestión sanitaria sea el sistema público". De Miguel ha subrayado el "esfuerzo" llevado a cabo por la Conselleria de Sanidad y el PP y ha asegurado que, desde hace años, "estamos haciendo más con menos".  
   Por su parte, la diputada del grupo parlamentario Compromís Mònica Oltra ha expresado su apoyo a la moción de los socialista, aunque ha señalado que "hace tiempo" que se ha estudiado este modelo sanitario. Para Oltra, la sanidad "no está para hacer negocio".
   Así, la parlamentaria de Compromís ha destacado la apuesta de Compromís por la gestión pública, ya que entiende que es "la única manera de garantizar unas condiciones laborales dignas" para los trabajadores sanitarios y, además, "ahorra gastos a las arcas pública".
   Del mismo modo, la diputada de la Agrupación de No Adscritios y dirigente de EUPV Marina Albiol también ha valorado la propuesta del PSPV y ha hecho hincapié en que "es el momento de destinar todos los recursos posibles para mejorar la sanidad pública valenciana".

Luna acusa a Camps de "amedrentar" a la oposición y "ejemplarizar con el castigo" para lograr una "sociedad sumisa"

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Ángel Luna, ha acusado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "amedrentar a los diputados de la oposición" y de querer "ejemplarizar con el castigo" para lograr una "sociedad sumisa". Sin embargo, los socialistas "queremos ejemplarizar con el comportamiento" para que los ciudadanos sepan que a Camps "se le puede plantar cara y no pasa nada" y que "lo que hace mal hay que denunciarlo" para que esta sociedad "funcione bien".

   Luna se ha expresado de esta manera en la sesión de control a Camps en las Corts, a quien le ha preguntado si "considera compatible con la democracia amenazar, perseguir y castigar a la oposición por mantener actitudes críticas" con el Consell. En este sentido, se ha preguntado que si se "consigue amedrentar a los diputados de la oposición que gozamos de inmunidad parlamentaria, quién no se va amedrentar en la calle".
   Así, Luna ha insistido en que, "si los empresarios, que saben que se amañan concursos, ven que los diputados de la oposición no podemos denunciarles aquí, quién se va a atrever a llevarles a ustedes a los tribunales". Por ello, ha afirmado que "hay mucha gente pendiente de lo que aquí pasa".  
   El síndic socialista ha señalado que la situación judicial le ha provocado una "inseguridad" a Camps que "le lleva a tener modos de aprendiz de autócrata". Esto se refleja, ha dicho, en los aplausos que recibe al entrar en hemiciclo en la sesiones de control, pero "sólo en repúblicas bananeras y países del Este aplauden a los líderes nada más entrar" al Parlamento. "Ha buscado y conseguido la sumisión de su partido", ha agregado.  
   "No sé a qué caverna de la historia quiere retrotraernos pero, le aseguro que con nosotros no va a contar en ese viaje al pasado" porque "vamos a hacer todo lo posible para acabar con su autocracia", ha asegurado Luna.
   En esta línea, ha afirmado que Camps es un "candidato vergonzante" que no utilizará carteles para la promoción electoral porque "no se atreve a salir con la cara por delante" y que "lo único a lo que aspira es a ver si algún incauto vota al PP sin saber que es Camps el candidato". Así, ha retado a Camps a "poner su cara en la calle" para que "le vean" y "sepan que es el de los trajes, el de la corrupción, el que se va a presentar a las elecciones".
   Frente a esto, el presidente y candidato a la Generalitat, ha contestado que "en estos momentos, y así son de tozudas las encuestas, soy el presidente con una mayor aceptación de la historia ocho años después de ser presidente" y lo dicen los sondeos del PP y las del PSPV, ha afirmado.
   Así, ha señalado que el hecho de no utilizar cartelería en la campaña es una cuestión de "austeridad", frente a lo que hace el PSPV que es "sacar naranjas podridas -en referencia a una imagen de la campaña socialista--, que es la peor elección" porque supone "otro ataque a la agricultura valenciana".
   Camps también ha asegurado que "no ha dejado de estar en la calle y de ir por el mundo trayendo inversiones y proyectos a la Comunitat". Así, ha señalado que el presidente y consejero delegado de Ford Motor Company, Alan Mulally, en su primera visita a Europa "en lugar de ir a Madrid a visitar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, primero quiso coger fuerzas" en Valencia.
   Frente a esto, ha asegurado que es el síndic socialista el que  "está todo el día en la caverna" y "lo sacan a pasear los jueves por la mañana". "Vive en esa oscuridad permanente", ha apuntado.
   Camps insistido también en conocer el origen de la filtración del informe del caso Gürtel que Luna exhibió en las Corts. "Si Luna creyese en la Justicia iría con el documento" al juzgado y "no escondiéndolo", ha dicho.
   Por otro lado, Luna ha comentado que uno de los "castigos previstos" por el PP para la oposición en la próxima legislatura es el recorte de las subvenciones públicas a los partidos. No obstante, se ha preguntado cómo se van a financiar los 'populares' si sus afiliados no pagan cuotas --no así los de los socialistas--. Por ello, se ha preguntado si es que en el PP "han encontrado a un sustituto de la trama Gürtel".
   En respuesta a esta cuestión, el presidente Camps ha apuntado que el portavoz socialista podría escribir la "'Tesis doctoral Luna: cómo aprovecharse de su paso por la Alcaldía, dejando un desastre de ciudad pero asegurando el futuro personal y familiar'".
   Por otro lado, Luna ha mencionado las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien considera que Camps pudo haber "pecado de ingenuidad" en el caso de los trajes. En opinión del síndic socialista, eso supone reconocer que "problemas hay" y que tal vez ésta forma de expresarse "sea la única manera que tiene de reconocer que --Camps-- es culpable".

El PSPV pide una solución urgente ante el posible cierre del vertedero de Crevillente

ALICANTE.- La portavoz socialista en la Diputación Provincial de Alicante, María Teresa Carbonell, ha advertido de que, en el plazo de tres meses, se producirá el cierre del vertedero de Crevillente en el que siete municipios de la Vega Baja depositan sus residuos, y ha reclamado la convocatoria urgente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja para buscar "una solución a este grave problema".

   En el transcurso del pleno ordinario celebrado este jueves por la Diputación de Alicante, Carbonell ha expuesto que la empresa privada propietaria de la planta de tratamiento de Crevillent, Abornasa, recientemente advirtió a los ayuntamientos afectados de que en el plazo de tres meses iba a cerrar sus puertas a la llegada de residuos sólidos urbanos de varios municipios de la Vega Baja, si las administraciones implicadas en el Consorcio del Plan Zonal XVII, --encabezadas por la Diputación--, no le ofrece garantías legales sobre su futuro.
   En el ruego elevado al pleno, la portavoz socialista además ha aludido a los "constantes retrasos" en la construcción de la planta de tratamiento de residuos urbanos de la Zona XVII, cuyo futuro está condicionado a la decisión de los tribunales de justicia --en alusión al llamado caso 'Brugal' que investiga, entre otros aspectos, las presuntas irregularidades en la contrata de este plan--.
   Esta situación ha llevado a muchos municipios de la Vega Baja a tratar sus residuos en plantas de vertido que se encuentran "en una situación incierta y provisional, desde el punto de vista económico y técnico, además de encontrarse en una situación jurídica muy precaria".
   La portavoz socialista ha calculado que a medio plazo las instalaciones de tratamiento de residuos de la Zona XVII "a medio plazo no estarán en funcionamiento", por lo que ha remarcado la necesidad de que el Consorcio de Residuos de esta zona en el plazo de quince días se reúna y "adopte medidas alternativas de carácter transitorio que acaben con la provisionalidad e inseguridad que viven hoy día".
   El presidente de la Diputación y presidente del citado Consorcio, José Joaquín Ripoll, ha mostrado su disposición de convocar este encuentro si lo piden alguno de los ayuntamientos afectados, si bien ha estimado que el ruego elevado este jueves por el Grupo Socialista responde a la demanda de la empresa privada, Abornasa.

Ripoll dice que "con cierta cintura", en el PP se evitarían casos como el de Morató

ALICANTE.- El presidente de la Diputación y presidente provincial del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, ha opinado que "no se está actuando de manera correcta" con el edil del PP y exalcalde calpino, Francisco Javier Morató, quien ha anunciado su intención de abandonar el PP y crear un nuevo partido, y ha considerado que "con cierta cintura" no se producirían este tipo de incidentes.

   Al término del pleno ordinario celebrado este jueves por la corporación provincial, a preguntas de los medios de comunicación, Ripoll ha instado al candidato del PP a la alcaldía de Calpe a que "piense que el futuro se decide el 22 de mayo y que el pueblo, sobre todo en los municipios de ese tamaño, siempre sigue muy de cerca todos los movimientos que se puedan producir en los distintos partidos".
   "No estamos haciendo las cosas bien y ahí, con cierta cintura, sería suficiente para que no se produjera este tipo de incidentes, y sobre todo de una persona que ha sido durante tantos años alcalde del PP como Javier Morató: creo que no se le ha tratado como corresponde".
   Ripoll ha explicado que Javier Morató escribió una carta al candidato local, de la que este miércoles le dio una copia, y cuyo contenido, a su parecer, "tiene razón en bastantes de los aspectos que recoge".
  Además, en la negociación abierta entre las partes para establecer una lista de consenso, ha opinado que "las peticiones no eran excesivamente elevadas como para atenderlas por parte del candidato, después del esfuerzo que ha hecho el propio Javier Morató como presidente del partido para proponer de una manera unánime a César Sánchez como candidato".
   Ripoll ha lamentado que en este conflicto "no se ha abierto el proceso de diálogo, porque Morató lo ha trasladado todo a través de una carta y ni siquiera se le ha contestado a esa carta". Javier Morató, ha insistido, "es un exalcalde del PP de muchos años y se merece por lo menos la consideración y la atención a lo que plantea, que es bastante razonable".
"SITUACIÓN COMPLICADÍSIMA"
  Por su parte, el diputado provincial y edil calpino, Juan Roselló, ha lamentado esta nueva escisión del PP en Calpe y ha comentado que la situación política en el municipio es "totalmente difícil" y "complicadísima", ya que en este momento hay nueve candidaturas a la alcaldía.
   Además, ha resaltado que, de éstas cuatro son de escisiones del PP o de voto que el PP habría podido recabar anteriormente, como  Alternativa Popular Calpina, como se llama el nuevo partido del exalcalde, Javier Morató; Gent de Calp, de otro edil del PP, Pedro Jaime Fernández; y CDS.
   En este sentido, ha apostado por el candidato del PP, César Sánchez, a quien ha definido como "joven, preparado" y, según ha dicho, "tiene una experiencia política como concejal y en las Corts Valencianes, es diputado y siempre ha estado ahí".
   En cuanto a Morató, ha explicado que le ha enviado una carta, en la que también le da las llaves de la agrupación del PP de Calpe, porque también dimite como presidente y afiliado del PP. Roselló ha dicho "comprender", aunque no "compartir" los motivos de Morató, ya que, según ha señalado, es partidario de "una renovación" en el PP, así como de que haya "unidad y una única lista".
   No obstante, se ha puesto a disposición de Sánchez para presidir "temporalmente" la agrupación local de Calpe, aunque consciente de que él ya ha "cumplido una etapa".

Castedo declara un patrimonio de 95.000 euros y un pasivo de 225.506 euros

ALICANTE.- La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha declarado tener bienes por unos 95.000 euros, 66.438 de ellos en concepto de bienes inmuebles y el resto en otros bienes, y un pasivo de 225.506 euros, según figura en la declaración de actividades y bienes de los miembros de la corporación municipal, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) en cumplimiento de la Ley de Régimen Local. 

   El concejal de Cultura, Miguel Valor, es el edil que declara un mayor patrimonio, con bienes por un total de 829.299 euros --499.179 euros en inmuebles y los 330.320 euros restantes por otros bienes--, sin ninguna carga pendiente.
   La edil de Deportes, Isabel Fernández, es la segunda con mayor patrimonio de la corporación local, con un total de 536.940 euros de los cuales 160.468 euros proceden de bienes inmuebles, y el resto de otros bienes, mientras que su pasivo asciende a 23.269 euros.
   Tras Isabel Fernández, el edil y presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll, declara un patrimonio total de 369.999 euros --321.582 euros en bienes inmuebles, y los restantes en otros bienes--, así como préstamos y deudas por valor de 312.594 euros.
   El concejal delegado de Modernización de Infraestructuras municipales, Francisco Sánchez Luna, dispone de bienes por 320.000 euros, todos ellos procedentes de bienes no inmuebles, y un pasivo de 95.000 euros.
   El sexto teniente de alcalde y concejal de Recursos Humanos, de Tráfico, Seguridad, Transportes y Empleo y Fomento, Juan Seva, por su parte declara un activo de 302.372 euros --94.468 euros en bienes inmuebles y 207.684 euros en otros bienes--, y un pasivo de 935 euros.
   En este Ayuntamiento, también en el equipo de Gobierno, el tercer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Patrimonio y Vía Pública, Juan Zaragoza, tiene un patrimonio que se eleva a 296.411 euros --202.500 euros de bienes no inmuebles--, y un pasivo de 200.254 euros.
   Los siguientes con mayor activo son: la portavoz socialista, María del Carmen Sánchez Brufal --con 222.778 euros sin cargas--; la edil socialista, María José Adsuar, --con un patrimonio de 186.900 euros y un pasivo de 157.353 euros--; el delegado de Urbanismo, Alfonso Mendoza --con un patrimonio de 168.781 euros y un pasivo de 92.683 euros--.
   La concejal de Imagen Urbana, María Otilia García, declara bienes por valor de 162.067 euros --de ellos, 103.023 euros en bienes inmuebles, y un pasivo de 183.523 euros--; la edil de Educación, Sanidad, Consumo y Playas, María del Carmen Román, dispone de 148.215 euros y un pasivo de 41.312 euros; la delegada del Presidencia y Coordinación de Áreas, Sonia Alegría, declara 144.375 euros y un pasivo de 140.239 euros.
   El socialista Ángel Pernías declara 141.350 euros de patrimonio y cargas por valor de 28.000 euros; su compañero de agrupación, Eduardo Díez, dispone de bienes por un total de 134.000 euros y préstamos y deudas por 38.500 euros; seguido de Laura Soler, con bienes por 128.873 y cargas por 57.521 euros; Manuel de Barros declara 117.727 euros en activo y 26.697 euros en pasivo, y José Luis Viñes, un activo de 114.637 euros y un pasivo de 19.546 euros.
   A continuación, las ediles también del PSPV María de las Nieves Olmos y María Dolores Fernández declaran bienes por valor de 105.843  y 103.832 euros, respectivamente, y un pasivo de 121.279 y 49.605 euros.
   La alcaldesa de Alicante, es la vigésima por orden de patrimonio de toda la corporación, con bienes por unos 95.000 euros, y un pasivo de 225.506 euros, seguida de su primer teniente de alcalde y concejal de Atención Urbana, Contratación y Plaza de Toros, Andrés Llorens, que dispone de un patrimonio de 87.756 euros y un pasivo de 50.055 euros.
   La concejala de Participación Ciudadana, María Ángeles Goitia, declara 85.813 euros sin cargas; la socialista María Aurora Gómez, 84.206 euros con un pasivo de 191.571 euros; la quinta teniente de alcalde y concejala de Fiestas y Turismo, así como portavoz del Grupo Popular, Marta García Romeu, declara un patrimonio valorado en 65.000 euros con un pasivo de 50.000 euros y su compañera de grupo, la edil Asunción Sánchez Zaplana, declara 64.960 euros y cargas por 90.723 euros.
  Los últimos de la lista, por volumen de patrimonio, son: el delegado de Vivienda, Miguel Cabeza --con bienes por 57.778 euros sin cargas--; el socialista Vicente Urios --con 49.488 euros sin cargas--; el concejal de Comercio, Estadística y Partidas Rurales, José Antonio Sobrino --con 40.790 euros en bienes y préstamos por 305.000 euros--; y los socialistas Jorge Espí --con 39.030 euros y cargas por 77.468 euros-- y Javier Macho -con bienes por 22.861 euros y 13.371 euros en pasivo--.
   Por su parte, la concejal socialista María Dolores Cardona es la que declara bienes por un valor más bajo, --con un patrimonio total de 15.000 euros procedentes íntegramente de bienes no inmuebles y un pasivo de 37.799 euros--, seguida de la edil de Juventud, Laura Chorro, que hace constar un patrimonio de 18.673 euros, también de bienes no inmuebles, y un pasivo de 7.138 euros.

La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB

MADRID.-   La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB, según un estudio de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez publicado en el último 'Cuadernos de Información Económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

   Los autores del estudio, que han realizado los cálculos teniendo en cuenta tres metodologías diferentes, concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó el 17,4% con la aproximación monetaria, el 17,6% según el consumo de energía y el 16,7% con el modelo 'MIMIC' (Multiple Indicator and Multiple Causes).
   Así, en los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por cuatro. "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", indica el estudio.
   A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza "niveles preocupantes" en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia y competencia. "Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión", subraya.
   En términos de recaudación fiscal, el estudio pone de manifiesto que la economía sumergida genera una merma de ingresos fiscales, que estiman en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial.
   Además, los autores indican que en el caso de que estuvieran todas las actividades económicas sometidas a fiscalidad y asumiendo que la recaudación fiscal observada no variara, la presión fiscal bajaría de media entre 4,5 y 4,8 puntos porcentuales.
   En cuanto al efecto en el empleo, sea cual sea el procedimiento de estimación de la economía sumergida que se utilice, el empleo sumergido estimado ha crecido desde 1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de 4 millones al final de la muestra.
   Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial.

Elena Martín: “La Ciudad de la Luz ha pasado a ser una vergonzosa realidad judicial”

ALICANTE.- La candidata socialista a la alcaldía de Alicante, Elena Martín, muestra su apoyo a los vecinos de Aguamarga que han tenido que llegar hasta el Tribunal Supremo para que se haga justicia, al declarar nula la expropiación de los terrenos que sirvieron para construir la Ciudad de la Luz, alegando un interés social poco justificado. La sentencia del alto tribunal condena al Gobierno de la Generalitat a indemnizaciones millonarias “que nos toca pagar entre todos por su mala gestión”, ha dicho.

Para la candidata socialista, “esto no es nuevo sino que es un ejemplo más de la forma de gobernar del Partido Popular que antepone su prepotencia a las leyes, acarreando a las arcas públicas indemnizaciones millonarias por su ineptitud, incumplimiento de la legalidad y falta de respeto a los ciudadanos, a los que les quitaron sus viviendas y terrenos sin tener en cuenta las advertencias de los informes técnicos municipales que advirtieron de la posibilidad de litigios con resultados impredecibles. La Ciudad de la Luz ha pasado de ser un referente cinematográfico para el Partido Popular a una vergonzosa realidad judicial”.

“Ahora esos resultados impredecibles están sobre la mesa”, ha dicho Elena Martín, “y los tendremos que pagar entre todos, lo que supone destinar los fondos públicos a reparar daños causados con una política nefasta para el ciudadano”. La candidata socialista recuerda que “los técnicos del Ayuntamiento de Alicante expusieron hasta 23 razones en sus informes para alegar en contra de la expropiación, ahora invalidada por el alto Tribunal”, ha añadido.

Así, los técnicos del Ayuntamiento de Alicante alegaron en su día que el ámbito de expropiación invade el Plan Parcial de Aguamarga, en su extremo suroccidental; que hay múltiples errores en las descripciones físicas de las propiedades, falta de identificación registral de parcelas afectadas, falta de correspondencia entre las descripciones de algunas parcelas y el perímetro grafiado en el plano; o que la utilización de la figura del Plan Especial de delimitación del área de reserva de suelo público, elegido como método para permitir la actuación directa de la Administración, daba unas prerrogativas muy exorbitantes a favor de la administración que podían alentar litigios con resultados impredecibles.

A esto hay que sumar que no se compartió, por parte de los técnicos municipales, la interpretación legal que la Generalitat siguió para la valoración de los terrenos calificados como suelo urbanizable no delimitado, ni se compartieron los cuadros de valoración del precio del suelo, ni el valor de las construcciones existentes, entre otros.

“Pero el gobierno de la ciudad, comandado por Díaz Alperi, mentor de Castedo, aplaudió el macro-proyecto urbanístico a sabiendas de los informes, sin ni siquiera saber en qué consistía. El paso del tiempo lo ha situado como un pozo sin fondo de alcance desconocido”, ha asegurado Elena Martín.

Las 23 razones

Según los informes de los técnicos municipales, las 23 razones que alegaban en contra de la expropiación, que ahora ha invalidado el Tribunal Supremo son las siguientes:

1. El ámbito de la expropiación invade, en su extremo suroccidental, el Plan Parcial de Aguamarga (una superficie de 3.408 m2).

2. Las descripciones físicas de las propiedades resultan incompletas e insuficientes (puntos cardinales, nombre de los propietarios de los linderos, descripción individualizada de las parcelas independientes).

3. No aparece la identificación registral concreta de las parcelas afectadas.

4. Se incluyen datos registrales de fincas sin la certeza de estar comprendidas dentro del ámbito de la expropiación.

5. Falta de correspondencia entre las descripciones alguna parcela (la A 8) y el perímetro grafiado sobre el plano.

6. Falta de acuerdo sobre la titularidad de la parcela A 10.

7. Propiedad errónea de la parcela A 13.

8. No se ha incluido la Cañada Real del Portichol entre los bienes de dominio público del ámbito (con una anchura de 75’22 m. discurre por la zona Norte en dirección Oeste-Este.

9. La utilización de la figura del Plan Especial de delimitación del área de reserva de suelo público (art. 99.1 de la LRAU), elegido como método para la actuación directa de la Administración en la zona otorga, según los técnicos municipales, da unas prerrogativas muy exorbitantes a favor de la administración "que pueden alentar alguna litigiosidad con resultados impredecibles".

10. Aunque la expropiación iniciada afecta tan sólo a la denominada "zona A", en la memoria del Proyecto de Expropiación se adelantan parámetros y determinaciones que afectarán a la "zona B".

11. En tal sentido, dentro de la "zona B" se ha incluido parte del Parque Litoral previsto por el PGOU que, en opinión de los técnicos municipales, "no deberá incluirse ni en el Proyecto de expropiación ni sufrir alteraciones en sus funciones".

12. No se comparte por los técnicos municipales la interpretación legal que la Generalitat ha seguido para la valoración de los terrenos calificados como suelo urbanizable no delimitado. "En el caso presente, seguir dichos criterios resultaría todavía más violento que en otros supuestos".

13. No se comparten los cuadros de valoración obtenidos en el grupo de "monte" y, muy especialmente, en el subgrupo "monte bajo" (90 pts./ m2 ).

14. Para los técnicos municipales, no tiene sentido la horquilla de precios tan amplia establecida por la Generalitat (de 750 a 90 pts/m2) para el área expropiable.

15. Debería modularse el precio en función de la superficie expropiada.

16. El valor de las construcciones existentes dado por la Generalitat es considerado muy bajo por los técnicos municipales.

17. Tampoco se distinguen las variedades que pudieran darse en las construcciones.

18. No se adopta el valor unitario de parcela en los supuestos de suelos urbanos y urbanizables, no compartiendo los técnicos municipales los criterios esgrimidos para ello por la Generalitat.

19. No se introducen en la valoración las servidumbre presentes (gas, tendido eléctrico).

20. No se señalan las posibles servidumbres registrales en cada finca individualizada.

21. La justificación de la causa expropiatoria sigue pareciendo escasa a juicio de los técnicos
municipales.

22. No se incluye en el Proyecto de Expropiación la pobre justificación contenida en el Plan
Especial para habilitar la intervención de la Generalitat.

23. Se exige la inclusión en el citado Proyecto de Expropiación "alguna razón material que pudiera conceptuarse como "causa justificada de utilidad pública o interés social", que diese información a los afectados de la finalidad que motiva la privación coactiva de sus propiedades y que aportase una cobertura más sólida al Proyecto, que lo dejase razonablemente a salvo de los resultados de posibles impugnaciones jurisdiccionales".

CCOO teme que los ERE en los ayuntamientos se disparen tras las elecciones de mayo

MADRID.- CC.OO. ha advertido sobre la sucesión de ERE en las administraciones públicas durante 2010 tanto de extinciones de contratos como de suspensión o reducción de jornada, al tiempo que ha mostrado su preocupación por que esta tendencia se dispare tras las elecciones autonómicas y municipales del próximo 22 de mayo. 

   "Puede tratarse sólo de un principio (...), tras las elecciones puede registrarse un aumento de ERE que dejen la puerta abierta al despido de trabajadores fijos en la Administración", subrayó el sindicato encabezado por Ignacio Fernández Toxo en un comunicado.

   Por ello, la central avisó de que empleará "todos los mecanismo sindicales y jurídicos" a su alcance, al considerar que ni el despido colectivo ni objetivo fundamentan su instrumentación en este ámbito. 

   "En la Administración Pública cabe hablar de eficacia y eficiencia, pero nunca de competitividad", lamentó, para después reiterar que continuará exigiendo un "verdadero control y valoración" por la causa invocada por las empresas o las administraciones públicas.

miércoles, 2 de marzo de 2011

Los megafondos Cerberus y Paulson tantean a Mare Nostrum y Banco Base

MADRID.-  Los fondos de inversión Cerberus y Paulson Co ya han iniciado su primera aproximación al sector financiero español y sitúan en su punto de mira a dos nuevos bancos surgidos de la fusión de las cajas de ahorros: Mare Nostrum y Banco Base, según avanza hoy 'El Economista'.

Según informan en fuentes financieras consultadas por el citado periódico madrileño, el máximo responsable de Cerberus, John Snow, habría visitado recientemente Madrid para interesarse por una posible entrada en el capital de estas nuevas entidades.

¿La razón? Los informes que maneja el fondo de inversión apuntan a que España ya habría tocado suelo, con lo que sólo cabría esperar crecimiento a partir de ahora e identificaría como un nicho de inversión estas entidades. Sin embargo, cualquier decisión de inversión se aplazaría hasta el 10 de marzo, fecha en la que el Banco de España desnudará a las cajas para conocer su situación real.

Banco Mare Nostrum, en el que están integradas Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra, podría dar entrada a uno de estos fondos para evitar una salida a bolsa y, al mismo tiempo, vender a un tercero de manera directa el 20% del capital para cubrir el mínimo de solvencia exigido con la nueva regulación, que es del 8 por ciento. La inversión, según fuentes financieras, se situaría en torno a los 400 millones de euros.

Con esta operación, el SIP que lidera Caja Murcia esquivaría el requerimiento máximo del 10% y tener que cotizar en el mercado a precios de saldo en un momento en que todavía los inversores desconfían del sector y en el que va a existir una oferta excesiva de acciones de los grupos de cajas en los próximos meses.

La intención de Mare Nostrum, según las mismas fuentes, es aplazar al máximo su cotización en el mercado, hasta en dos o tres años.

Además, la entrada de uno de estos fondos podría contribuir a apuntalar el core capital (solvencia) de la entidad que, actualmente, se sitúa en el 8,4%. No obstante, hay que recordar que el nuevo real decreto cambia esa ratio por la de capital principal con unos componentes cuyo peso aún estaría por determinar.

Mientras tanto, Banco Base, la entidad que lidera el Grupo Cajastur y en la que también están CAM, Extremadura y Cantabria estaría en el foco de otro de los fondos internacionales de inversión sin que que se hubiera definido aún ni las condiciones ni el importe total por el que contribuiría a recapitalizar.

La entidad, cuyo primer ejecutivo es Manuel Menéndez cuenta con un core capital del 8,1% que a través de la entrada de un inversor privado podría adecuarse a la nueva regulación.

El presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, consideraba ayer "muy conveniente" que las cajas de ahorros capten inversión extranjera. Tras la firma de un convenio con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en Sevilla, Botín ha destacó que "hay interés por invertir en España" y que las cajas de ahorros "son duros competidores".

Desde de las entidades ni confirmaron ni desmienten la eventual entrada de estos fondos internacionales en su capital.

El interés de Cerberus y Paulson refuerza los planes de salida a bolsa que tiene el SIP que capitanea Cajastur, ya que de materializarse una inversión de estos fondos facilitaría la colocación de títulos que pretende llevar a cabo a partir de mayo. El objetivo de este grupo de cajas es sacar a bolsa, al menos, un 25% del capital.

Los planes de Mare Nostrum podrían verse modificados si fructifican las negociaciones que mantiene en la actualidad con Caja Duero-España. Las entidades oficializaron ayer su noviazgo a través de sendos comunicados a la CNMV, confirmando que mantienen conversaciones para su "eventual integración", aunque hasta el momento las conversaciones no habían dado resultados.

La fusión entre las dos entidades se da por hecho en la entidad castellano y leonesa, aunque falta por determinar el peso que tendrá en Mare Nostrum. Lo que parece claro es que se convertiría en la primera caja, ya que aportaría 46.000 millones de euros en activos, frente a los 72.0000 que suman las otras cuatro entidades.

El desempleo en Alicante mantiene un incremento moderado durante febrero

ALICANTE.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) creció en la Comunitat Valenciana en 12.640 personas, un 2,46 por ciento más que el mes anterior, con lo que el número total de desempleados se situó en 526.440, según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

   A nivel nacional, el paro se situó cerca de 4,3 millones de personas, tras subir en 68.260 desempleados, con un aumento porcentual del 1,6 por ciento respecto al mes de enero. En concreto, el volumen total de parados alcanzó en febrero la cifra de 4.299.263 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años de crisis que arrastra ya España.
   Del total de parados valencianos, 268.257 fueron hombres y 258.183 mujeres. Además, 57.301 fueron menos de 25 años (32.186 hombres y 25.115 mujeres) y 469.139 pertenecían al colectivo de valencianos con otras edades.
   Durante el mes de febrero, el paro aumentó en todos los sectores en la Comunitat Valenciana, principalemente en Servicios, con un incremento de 7.986 personas; seguido de Agricultura, con 1.590; Industria, con 682; y Construcción, con 656. Por su parte, en el colectivo de Sin Empleo Anterior se incrmentó el número de parados en 1.726.
  Por provincias, el mayor incremento en términos absolutos se dio en Valenica con 7.240 parados, un 2,93 por ciento más; seguida de Alicante con 3.106 nuevos desempleados, 1,50 por ciento más; y mientras en Castellón el paro subió en 2.294 personas, 3,87 por ciento.
   En este periodo de tiempo, el número de contratos firmados en la Comunitat Valenciana cayó en 3.383 unidades, es decir, un 3,63 por ciento menos hasta alcanzar los 89.758. De ellos, 10.442 fueron indefinidos y 79.316 fueron temporales.

Luna pide al TSJCV que anule el auto del instructor en el que se le imputa encubrimiento

VALENCIA.- El síndic del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, ha pedido a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anule el auto del instructor de la causa iniciada por una presunta revelación de secretos por exhibir en la Cámara un informe del 'caso Gürtel' en el que se considera que podría haber cometido un delito de encubrimiento y ha reiterado que en su caso concurre la inviolabilidad parlamentaria. 

   Así lo indica en dos recursos contra las decisiones del magistrado instructor de considerar que la inviolabilidad parlamentaria no ampara las opiniones de Luna y de seguir las diligencias en relación con un delito de encubrimiento del artículo 451.2 del Código Penal. En este último apartado, Luna también pide que se acuerde el sobreseimiento libre.
   En el primero de los recursos --contra el auto de 4 de febrero por el que el instructor rechaza el sobreseimiento libre pedido por Luna y uno posterior de fecha 23 de febrero que rechazaba complementar el anterior--, el síndic socialista mantiene que la utilización de documentos en las exposiciones de los parlamentarios "forman parte del núcleo duro de la libertad de expresión, que no puede ser inquietada de forma externa como condición de la libre formación de la voluntad del órgano legislativo".
   En esta línea, sostiene que las afirmaciones del auto suponen desconocer "la esencia de la naturaleza del privilegio conferido a los miembros parlamentario y aún más, desconoce la estructura básica del ordenamiento penal". Así cree que un "elemento decisivo" de esta exposición es que al haber estimado el instructor que la exhibición por parte de Luna del informe carece de tipicidad y no constituye delito, el síndic "podía y debía, al amparo de la libertad de expresión, y para la correcta formación de la voluntad de la Cámara, exhibirlo y leerlo parcialmente como así hizo".
   En relación con el segundo argumento, destaca que la causa se inició en el juzgado por una denuncia en la que los denunciantes --el PP-- alegaban delitos de revelación de secretos de los artículos 417.1 y 466 del Código Penal, que se redujeron a este último en la posterior querella y que se ha quedado en un encubrimiento del artículo 451.2. Al respecto, según la defensa de Luna, de acuerdo con la doctrina sobre competencias, "no cabe que el instructor varíe el título de imputación porque es la Sala quien tiene atribuida esa facultad, y cuando la ejerció limitó la investigación al artículo 466".
   Por ello, sostiene que la "elevación de una exposición razonada, la delimitación de hechos y calificación jurídica, como ha sido en el presente caso, impide que el instructor pueda variar el título de imputación". En este sentido, considera que el magistrado así lo ha hecho y ha variado también "implícitamente los hechos, puesto que no los enuncia de forma expresa sino solo valoraciones deducidas de las diligencias practicadas", lo que le lleva a concluir que esta decisión es "nula de pleno derecho" porque excede del marco competencial asignado por la sala.
   Sobre el segundo recurso, contra el auto de 23 de febrero donde no acuerda el sobreseimiento libre, la defensa de Luna sostiene que extraer de las manifestaciones del síndic --que dijo que no encontraba el documento y que se despreocupó de él cuando tuvo acceso a las actuaciones una vez personado-- que ocultó ese documento "de manera dolosa" y que, de esta misma forma, evitó el descubrimiento del delito, "no deja de ser una construcción artificiosa, alejada de toda razonabilidad, pues ni siquiera llega al grado de sospecha o conjetura, toda vez que carece de cualquier base que permita" atribuirle esas pretensiones.
   Para la defensa de Luna, el instructor, una vez comprobado que la conducta del síndic en las Corts no merecía reproche penal, modificó la imputación tras el requerimiento realizado para que presentara el informe, una petición que considera "ilegal". En todo caso, subraya que de su resultado "no puede extraerse consecuencia alguna y menos derivar en una imputación". Así, incide en que el imputado no tiene "ninguna obligación de colaborar con la acusación", que es quien debe demostrar los hechos, y resalta que el imputado puede permanecer mudo en todo el proceso, una pasividad que forma parte del derecho a que sea presumido inocente.
   El letrado insiste en que Luna no se mostró "reticente ni renuente" al requerimiento pese a que lo podría haber hecho, aunque el instructor "no le creyó, y de forma inadmisible dedujo consecuencias punitivas" para él, una situación "todavía más dolorosa desde un punto de vista jurídico penal porque desoye toda la teoría de los actos copenados o los denominados autoencubrimientos impunes".
   Al respecto, subraya que las consecuencias, a estas alturas del procedimiento, son "irreparables" porque Luna exhibió un documento en las Corts, amparado en la inviolabilidad parlamentaria, por unos hechos que carecen de relevancia penal "y que en el curso de la investigación, y pese a su colaboración, se han deducido consecuencias negativas de carácter punitivo, cual es una imputación irregular y un sometimiento a una pena de banquillo".

El TSJCV solicita al CGPJ un juez de apoyo para el instructor del caso sobre el PGOU de Alicante

ALICANTE.- La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aprobado este miércoles proponer al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el nombramiento de un juez de apoyo para el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga la pieza del 'caso Brugal' relacionada con presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, según ha informado en un comunicado la Audiencia Provincial alicantina.

   El titular del Juzgado, Manrique Tejada, había solicitado este refuerzo por la carga de trabajo que padece este órgano, que además de instruir la pieza relativa al PGOU, también investiga una presunta estafa cometida por la empresa Autisa, propiedad del empresario Rafael Gregori, también imputado en el 'caso Brugal'.

   Estas causas, junto con la habitual carga de trabajo, además de un problema de salud reciente que ha aquejado al magistrado titular, han llevado al TSJCV a proponer al CGPJ el nombramiento de un juez de apoyo.

Ripoll afirma que no hay que "fiarse de las encuestas"

ALICANTE.- El presidente provincial del PP y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha considerado que no hay que "fiarse de las encuestas" porque sólo "denotan una tendencia" y ha apostado por "seguir trabajando como en los últimos cuatro años".

   Ripoll se ha referido de este modo, al acto delebrado este martes en el Palau de les Arts de Valencia.
   Según Ripoll, "a veces el optimismo se desborda", por lo que ha querido "dejar un mensaje claro que se manifestó en las intervenciones: no hay que fiarse de las encuestas, las encuestan denotan la tendencia, lo importante no son las encuestas sino el 22 de mayo, cuando los ciudadanos se manifiestan en las urnas".
   A su modo de ver, "las perspectivas del PP son muy buenas" pero, ha dicho, hay que "seguir trabajando".
"Si las perspectivas son buenas no es porque hayamos cambiado en los últimos meses, sino porque llevamos cuatro años trabajando en una misma dirección y los ciudadanos de esta provincia nos respaldan", ha dicho.

El Supremo anula las expropiaciones de los terrenos para la construcción de Ciudad de la Luz


ALICANTE.- La sección sexta de la sala tercera del Tribunal Supremo (TS) ha decretado la nulidad de las expropiaciones de los terrenos para la construcción de los estudios de cine Ciudad de la Luz, en Alicante, al considerar que el Plan Especial de Reserva de Suelo Público para realizar este complejo no cumple la exigencia de concretar la finalidad para la que se elabora el Plan.

   El Alto Tribunal ha estimado el recurso de casación interpuesto por una urbanizadora y dos particulares contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que considera que el objeto del Plan Especial de Reserva de Suelo Público de delimitar un área de reserva con la finalidad de propiciar "la implantación de un complejo metropolitano para actividades lúdicas de carácter terciario recreativo de grandes dimensiones en la ciudad de Alicante" es un "motivo suficiente para la obtención, por las Administraciones competentes, de terrenos afectos a dicho objetivo".
   Así, las partes recurrentes habían denunciado que la sentencia del TSJCV "vulneraba normas del ordenamiento estatal" en relación con la expropiación forzosa de terrenos, al considerar que el Plan Especial carece de "concreción de la causa expropiandi", y el Supremo ha entendido que es así.
   El Plan Especial tuvo como objeto "delimitar un área de reserva para el patrimonio público de suelo de la Generalitat valenciana que abarca una superficie de 2.356.965 metros cuadrados, en la zona denominada 'Cerro Colmenares' de Alicante, con la finalidad de propiciar dentro de esta reserva de suelo la implantación de un complejo metropolitano para actividades lúdicas de carácter terciario recreativo de grandes dimensiones en la ciudad de Alicante", algo que el TSJCV entendió un "motivo suficiente para la obtención, por las Administraciones competentes, de terrenos afectos a dicho objetivo".
   Sin embargo, el TS ha mostrado su "discrepancia" con este criterio del TSJCV, al entender que la motivación del Plan Especial para la expropiación del suelo "no cumple con la exigencia de concretar la finalidad" a la que se destinará, puesto que entiende que es "un ejemplo paradigmático de indeterminación, de vaguedad extrema, en cuanto no permite conocer la concreta finalidad de usos que justifica la expropiación".
   "La referencia a un complejo con las características que se expresan en la memoria del Plan Especial impugnado adolece de una mínima especificación que permita conocer lo que se proyecta, con la consiguiente indefensión", continúa la sala, que toma como referencia una sentencia de 2003 del Supremo que entiende como necesaria "la especificación de la causa expropiandi como forma de garantizar a los propietarios que su suelo será expropiado para concretos fines".
   Así mismo, el Supremo señala que "la inexistencia de causa expropiandi" de este Plan Especial "acarrea la nulidad de las posteriores y sucesivos actos expropiatorios". Es jurisprudencia constante de esta sala "que la nulidad de la declaración de utilidad pública arrastra consigo todo lo actuado posteriormente en el procedimiento expropiatorio".

Compromís acusa al Consell de actuar con "irresponsabilidad" en las expropiaciones de Ciudad de la Luz

ALICANTE.- La diputada autonómica de Compromís, Mireia Mollà, ha acusado al Consell de actuar con "irresponsabilidad" a la hora de expropiar los terrenos en los que se construyó la Ciudad de la Luz, tras conocer  el fallo del Tribunal Supremo que da la razón a los propietarios del suelo, a los que ahora, tendrá que pagar "indemnizaciones millonarias que saldrán del bolsillo de todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana", según ha informado en un comunicado Compromís.

   Mollà se ha referido a la sentencia del Tribunal Supremo que estima que la Generalitat "no concretó en su momento la finalidad de las expropiaciones de terreno en las que se acabó levantando este complejo audiovisual", situado en el cerro de Colmenares de Alicante.
   Para la diputada de Compromís, cabeza de lista de la coalición por la provincia de Alicante, "es inaceptable que la falta de previsión del Consell la tengan que pagar los ciudadanos, y más en un contexto de crisis como el actual en que el pago de estas indemnizaciones millonarias a los afectados supondrá un recorte en otras partidas".
   Mireia Mollà ha destacado que esta cantidad de dinero que, según ha dicho, "ahora debe pagar" la Generalitat Valenciana, "se suma al montante que ya se ha invertido en los estudios cinematográficos alicantinos, que, pese al discurso del PP, poco rentables han salido a los ciudadanos".
   Así mismo, la diputada en las Corts ha considerado ésta como "una muestra más del modelo insostenible del PP, que ahoga las arcas autonómicas con grandes obras, que para colmo son cuestionadas por la Ley, como ocurre en este caso".

La Comunidad Valenciana, segundo destino turístico para los españoles

MADRID.- Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña se posicionan como los destinos preferidos por los turistas españoles durante 2010, con un 17,5%; 11,5% y 8,5%, respectivamente, como los primeros lugares elegidos para viajar, según los datos de la última encuesta sobre calidad percibida que elabora anualmente el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) en dos oleadas.

   El efecto del Xacobeo posiciona a Galicia en cuarto lugar, con un 7,65%, mientras que Madrid continúa creciendo hasta un 4,75% frente a un 3,65% y un 3% de años anteriores.
   Por su parte, Baleares, Canarias y Cantabria incrementan sus porcentajes hasta alcanzar cerca de un 4%, frente al 2,6% obtenido en 2008 y 2009.
   Así, las costas españolas siguen siendo el destino preferido por los españoles, pese a haber descendido tres puntos respecto al año anterior. En general aumentan todas las comunidades autónomas, excepto Aragón, Extremadura y Murcia.
   En lo referente a los viajes internacionales, la encuesta refleja que las visitas al extranjero han descendido nueve puntos y se han situado en el registro más bajo de los últimos tres años, con un 15,15%.
    Según el ICTE, aumentan los turistas que prefieren motivos culturales o ciudades, al igual que las opciones de descanso y salud, que crecen sensiblemente. Por el contrario, el turismo rural sigue disminuyendo.
   La forma preferida de viajar para los españoles es en pareja, aumentando esta opción cada año, mientras que viajar solo sigue decreciendo.
   Los viajes de familia se estabilizan, siendo el grupo de cuatro personas lo más habitual, con un 34,41%, seguido del de tres personas con un 29,17%, mientras que los grupos muy numerosos sufren un ligero aumento respecto a años anteriores.
   Por otro lado, la modalidad preferida para nuestro descanso son los viajes de ocho a 15 días, fines de semana y puentes, aunque continúan descendiendo. Por otro lado asciende a un 26,75% los viajes de una semana, aumentando dos puntos frente al año anterior.
   El gasto por persona y día en el destino turístico ha disminuído un 1,49% para los que gastan de entre cero a 100 euros, pasando de un 69,65% en 2009 a un 68,61% en 2010, continuando como la cifra más común en el gasto.
   Por el contrario el 26,13% gasta de 101 euros a 300 euros por persona y día, creciendo 1,13% respecto al año anterior.
   La relación calidad-precio del destino turístico continúa teniendo una buena valoración, puesto que cerca del 80% lo reconocen como excelente y notable, con cifras muy similares al año anterior.
   La encuesta sobre calidad percibida se realiza a 6.000 personas y da como resultado cerca de 50.000 gráficos diferentes, mostrando el comportamiento del viajero sobre los diferentes productos y servicios turísticos, así como sus costumbres de viaje, la forma en que han elegido su destino o como han contratado sus vacaciones, entre otros.