VALENCIA.- Francisco Camps había marcado "una raya", un límite de valor para los regalos que le hacían los empresarios en su época al frente de la Generalitat Valenciana. El ex presidente admitió que recibió regalos de Álvaro Pérez 'el Bigotes', que lo llamó para agradecérselo y que hasta su mujer le trasladó que iba a devolverlos "porque se había pasado" del tope. El 'popular' aseguró este martes ante el jurado popular que lo juzga por un presunto delito de cohecho pasivo impropio que nunca ha pedido tickets... "Ni cuando he cogido taxis, ni cuando voy a comer a restaurantes con amigos".
Durante cuatro horas y media, Camps tomó la palabra y dio su versión de los hechos después de lo que él definió así: "Un proceso de tres años en el que se ha roto el secreto de sumario y en el que no he podido defenderme". De ahí que su testimonio trajera consigo ciertas novedades. De acuerdo con sus palabras, cuando llegó a la Jefatura del Consejo valenciano en 2003 y vio los regalos que le hacían las empresas, dibujó "una raya".
Esa línea establecía el valor límite de los presentes que se permitía aceptar, "y eso está documentado", subrayó. El 'popular' mantuvo que a las entidades que ofrecieran regalos excesivamente valiosos se les ofrecía dos posibilidades: que los aceptasen de vuelta o enviarlos a una sociedad de caridad. El asunto generó una confrontación entre el político y la fiscal.
La defensa aportó como prueba de ello un escrito que la Generalitat remitía a las empresas y la representante del Ministerio Público reclamó una explicación sobre el motivo por el que el texto no había visto la luz antes. "Nunca he podido contestar a esta pregunta", afirmó el 'popular'.
Partiendo de esta base, Camps reconoció que había recibido los regalos de 'el Bigotes' y que lo había llamado para agradecérselos, pero puntualizó que hasta su mujer habló con el empresario para decirle que le iba a devolver los presentes porque "se había pasado".
Estas conversaciones telefónicas fueron grabadas y la fiscal pidió que se escuchasen, pero la defensa y Juan Climent, magistrado-presidente, decidieron dejar este trámite para la fase documental.
El ex presidente dedicó gran parte de su intervención a describir la relación que tenía con Pérez, uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel y responsable de la empresa Orange Market. Con actitud tranquila y apoyándose en algunos papeles, el político indicó que conoció al empresario en 2002 porque quería que diseñara y organizara el acto en el que se iba a proclamar presidente de la Generalitat en 2003.
Desde entonces, ambos trabajaron juntos hasta el año 2008, para organizar todo tipo de actos en campaña y precampaña, entre otros. Camps aseveró que la relación profesional se limitó a actividades de partido y no a acciones vinculadas a la Administración pública.
El miembro del PP aseguró que recibió en su domicilio cuatro trajes de la tienda Milano a partir de la primavera de 2006. Los remitía el sastre José Tomás, testigo en la causa. Sin embargo, al probárselos y comprobar que no le venían, se los entregó su chófer en uno de los viajes que realizó a Madrid. "Y se acabó Milano para siempre", sentenció. Según aseguró, él solía comprar los trajes en El Corte Inglés porque "uno tiene el sueldo que tiene".
De acuerdo con la versión del imputado, una vez devueltos los trajes, Tomás le llamó para decirle que iba a trabajar en otra tienda, Forever Young. El sastre le invitó a conocerla para hacerle otros trajes: "Le hacía mucha ilusión que fuera y me aseguró que me dejaba los trajes a la mitad de los que compraba en El Corte Inglés". En otro viaje, el entonces presidente se pasó por la tienda y encargó dos trajes, que retiró a principios de 2007.
Luego, encargó una tercera prenda de este tipo, que recogió en marzo, y un par de zapatos, que se le estropearon el primer día de ponérselos. Todo lo pagó él, de acuerdo con su versión. En 2008 adquirió otro traje y una 'blazier' por 150 euros, después de haberlo consultado con su mujer. Como no llevaba dinero en efectivo, un escolta dejó dinero a Camps, que después se lo devolvió.
"Los conciudadanos querrán que vaya bien vestido, supongo", afirmó sobre el hecho de que se comprase ropa. Además, puntualizó que no le dieron tickets ni recibos de los artículos: "Habitualmente, nunca pido tickets, ni cuando cojo taxis ni cuando voy a restaurantes, por dos razones elementales: porque responde a una desgravación de tipo fiscal, o porque significa que la persona cobra dietas. Y ninguno era mi caso".
También agregó que siempre paga en efectivo y que sólo utiliza la tarjeta de crédito cuando viaja fuera de España: "Puedo haber pagado algo yendo con mi familia porque mi mujer no tuviera la tarjeta a mano, pero debe de haber sido algo súper esporádico", subrayó.
Ante las preguntas de la acusación popular, que ejercen los socialistas valencianos, Camps se negó contestar. Según sus palabras, el iba al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a que se hiciera justicia "y no a hacer política". Al término de la declaración, llegó el turno de Javier Boix, abogado defensor. A través de las cuestiones del letrado, el 'popular' aclaró algunas cuestiones.
A la representante del Ministerio Público le dijo: "De normal, cuando alguien persigue a otro por corrupto, lo que hace es pedirle las cuentas y, en este caso, ni la Fiscalía, que es la máxima responsable de lo que está pasando hoy aquí, me las ha pedido". "Nadie me ha pedido mi patrimonio ni mis cuentas corrientes porque ahí hay normalidad y transparencia a lo largo de estos años", añadió.
Además, Camps afirmó que no tenía influencia para adjudicar concursos o resolver contratos -"no, imposible"-. El ex jefe del Ejecutivo regional dijo que Juan Climent es un "testigo de excepción" de ello porque trabajó en Presidencia como asesor de Joan Lerma en los años 80. Mirando al magistrado, afirmó: "Así que sabe que Presidencia no tiene capacidad alguna para adjudicar nada. Los presidentes no podemos dar indicaciones".
El aludido le recordó que la pregunta era si tenía facultades de adjudicación, que todo lo demás era una "opinión", y que las leyes de contratación desde los años 80 han cambiado "bastante". Con ello terminó la declaración del presidente, enjuiciado junto con Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV.
