Un total de 2.095 personas mayores de 25, 40 y 45 años superan las pruebas para acceder a la universidad

VALENCIA.- Un total de 2.095 personas mayores de 25, 40 y 45 años han superado las pruebas de acceso que les permitirán cursar estudios de grado las universidades públicas de la Comunitat Valenciana en el curso 2012-13, según ha señalado la consellera de Educación, María José Català. 

   En un comunicado, Català apunta que el objetivo es que las personas que superan estas franjas de edad, y que no cumplen los requisitos necesarios para presentarse a las pruebas de acceso a la universidad (PAU) ordinarias, "tengan la oportunidad de cursar estudios superiores".

   Así, ha destacado que "es muy positivo que estas personas decidan optar por la vía de la formación" dado que los estudios superiores "aumentan las posibilidades de encontrar empleo".

   Català ha asegurado que la población valenciana sin estudios "se ha reducido en diez puntos, pasando del 23 por ciento en 1991 al 11,9 por ciento en 2010", de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y que, además, "la tasa de analfabetismo se ha reducido también del 7 por ciento en 1995 al 2 por ciento actual".

   Según las mismas fuentes, las universidades públicas convocan anualmente estas pruebas y reservan el 3 por ciento de las plazas ofertadas en el curso para los mayores de 25 años que superen las pruebas, un 1 por ciento para los mayores de 40 y otro 1 por ciento para los mayores de 45 años que superan estas pruebas de acceso.

   En concreto, han superado los exámenes el 69,43 por ciento de los aspirantes que se han presentado a las PAU para mayores de 25 años, 1.819 personas.

   Por universidades, en la Universitat d'Alacant (UA) han aprobado 304 personas, un 58,80 por ciento; en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha habido 712 aptos, el 79,11 por ciento; en la Universitat de València (UV) han aprobado 500 personas, el 65,52 por ciento; en la Universitat Jaume I (UJI), ha habido 261 aprobados, un 68,87 por ciento, y en la Universitat Politècnica de València (UPV), han superado las pruebas 42 personas, el 85,71 por ciento del total.

   Por lo que respecta a la nota media, en la UA ha sido de 5,21; en la UMH un 6; en la UV un 5,51; en la UJI un 5,55; y en la UPV un 6,12.

   En cuanto a las pruebas para mayores de 40 años, las han superado el 79,19 por ciento de los presentados, un total de 156 personas.

   Este proceso permite el acceso a la universidad de personas con experiencia laboral o profesional relacionada con una enseñanza universitaria, que cumplen 40 años antes del 1 de octubre y que no cuentan con ninguna titulación académica que los habilite para cursar estudios de grado. Según las mismas fuentes, permite el acceso a una única enseñanza universitaria ofertada.

   Cada universidad establece sus propios criterios de acreditación y valoración de esta experiencia laboral aportada por los aspirantes y decide si son o no aptos para cursar estudios universitarios en su institución.

   Por universidades, en la UA ha habido 31 aptos (68,89%); en la UMH, 30 aptos (83,33%); en la UV, 59 aptos (81,94%); en la UJI, 22 aptos (78,57%) y en la UPV, han aprobado 14 personas (87,50%).

   En el caso de las pruebas para mayores de 45 años convocadas este año por las universidades de la Comunitat, han sido superadas por el 56,87 por ciento de los aspirantes, 120 personas.

   Por universidades, en la UA ha habido 22 aprobados (51,16%), en la UMH 24 aprobados (72,73%), en la UV 42 aprobados (42,86%), en la UJI 20 aprobados (83,33%) y en la UPV doce aprobados (92%).

González (Cierval): "Hay que salvar a bancos y cajas, pero no a los banqueros y cajeros que los han llevado a ese punto"

VALENCIA.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, considera que "hay que salvar a los bancos y a las cajas de ahorros, pero no a los banqueros y a los cajeros que, por acción o por omisión, los han llevado al punto en el que están, especialmente a las cajas de ahorros".

  González reconoce que "tal y como está montado el mundo, probablemente no hay más remedio que salvar de alguna manera a los bancos y a las cajas de ahorros, y a las 'ex cajas de ahorros'" dado que "no hay solución alternativa o, de haberla, a lo mejor era peor el remedio que la enfermedad".

   No obstante, se opone frontalmente a que, "en ese pack, haya que salvar también a los banqueros y a los cajeros que, por acción o por omisión, han llevado a esas entidades a esa situación" y que, "en algunos casos, se llegue incluso a premiarlos".  

   Preguntado por la situación de Bankia y por los procesos judiciales abiertos contra exconsejeros y exdirigentes de Banco de Valencia, admite que "desde luego, es una mala noticia para la Comunitat Valenciana, muy mala noticia".

   El líder de la patronal autonómica lamenta el desmantelamiento prácticamente en su totalidad del sistema financiero valenciano y apunta que "siempre nos quedará Caixa Ontinyent". 

"Es la única entidad que queda valenciana, y hay que decirlo también", subraya.

   En cuanto a la exigencia de responsabilidades a los antiguos gestores de las entidades, insiste en que "hay que dar ejemplo".

   Así, González sostiene que "cuando uno está en un sitio, asume la responsabilidad y tiene que responder". En este sentido, argumenta que "en este país, todavia hay suficientes medios legales para que eso se sustancie".

   El presidente de Cierval añade que, "en cualquier caso, hay que reconocer que lo que se dice una labor brillante no han hecho".

Jesús Murgui, nuevo obispo de Orihuela-Alicante

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Benedicto XVI ha nombrado al prelado valenciano Jesús Murgui Soriano, de 66 años, obispo de Orihuela-Alicante, en España, de 1,3 millones de habitantes, informó el Vaticano.

Jesús Murgui Soriano era actualmente obispo de Mallorca y sustituye en el cargo al prelado Rafael Palmero Ramos, que presentó su renuncia al Papa por motivos de edad y fue aceptada por éste al cumplir los 76 años, informó también el Vaticano.
En un plazo aproximado de dos meses se llevará a cabo la toma de posesión por parte del nuevo Obispo diocesano, que viene de pasar sus últimos 8 años en Mallorca.
Será el primer obispo nacido en la Comunitat Valenciana que dirige la sede alicantina después de 23 años ocupada por mitrados no valencianos, tras la renuncia del castellonense Pablo Barrachina.

Murgui Soriano nació en 1946 en Valencia. Estudió en el Seminario Metropolitano de Moncada, de la archidiócesis valenciana, y fue ordenado sacerdote en 1969.

Es licenciado en Teología por la Universidad de Salamanca y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Jesús Murgui fue párroco en Valencia, Alaquàs, Moncada y Ontinyent.

En 1996 fue nombrado obispo titular de Lete y auxiliar de Valencia por el arzobispo García Gasco.
Entre 1999 y 2001 ejerció las funciones de Administrador Apostólico de Menorca.

El 29 de diciembre de 2003 fue transferido a la diócesis de Mallorca, en las Islas Baleares.

Dentro de la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión de Pastoral y del Clero y desde 2008 es miembro de la Comisión Episcopal de Liturgia.

Ministerio sacerdotal

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Valencia. Fue Coadjutor de la Parroquia de la “Asunción de Nuestra Señora” de Alacuás (1969-1973) y Párroco de “Nuestra Señora del Olivar” en esta misma localidad (1973-1976). Después fue nombrado Consiliario diocesano del “Movimiento Junior” de Acción Católica (1973-1979) y Consiliario diocesano de jóvenes de Acción Católica (1975-1979). Fue Párroco de “San Jaime Apóstol” en Moncada (1982-1986) y de “Santa María” en Onteniente (1986-1993). En 1993, fue nombrado Vicario Episcopal de la Vicaría “Lliria-Vía de Madrid”, cargó que desempeñó hasta su nombramiento como Obispo Auxiliar de Valencia, el 25 de marzo de 1996. Recibió la ordenación episcopal el 11 de mayo de ese mismo año.

"Ser obispo no es un camino de rosas"

"Ser obispo no es un camino de rosas, sufrir me parece que es algo bastante connatural" del cargo, admitió Murgui al hacer pública su marcha a Alicante y ser preguntado por si se ha sentido siempre cómodo en la isla de Mallorca, o por el contrario ha vivido momentos de rechazo. Murgui reconoció que durante su pontificado "ha habido de todo", y acepta que "cada uno opine lo que crea conveniente de mí".
Sí quiso señalar que especialmente en los últimos años "en el fondo también ha habido las dificultades propias de la época", a las que no ha sido ajeno.
 Murgui no ocultó que era un día de alegría para él: "Me encuentro muy feliz", señaló.
Sus partidarios alaban su discreción. Sus detractores le tildan de apocado. Pero su nombramiento le brinda una nueva oportunidad.

Compromís recibe casi 200 preguntas en 'volemsaber.com' de ciudadanos que piden más transparencia a las administraciones

VALENCIA.- Compromís ha recibido cerca de 200 preguntas en 'volemsaber.com', la "ventana" que ha abierto la formación en internet para que los ciudadanos puedan preguntar a las administraciones públicas.

   En un comunicado, la coalición destaca que la web lanzada el pasado miércoles "ha sido un auténtico éxito de participación" y el viernes por la tarde contaba ya "con más de 150 preguntas" que registrará, principalmente, en el Ayuntamiento de Valencia, en las Corts Valencianes y también el Congreso de los Diputados.

   El diputado de Compromís, Fran Ferri, ha subrayado que "en pocas horas" centenares de usuarios han visitado esa página web para registrar sus preguntas porque "quieren saber detalles de cómo se emplea el dinero que es de todas" y ha apuntado que, para la formación, "es un placer poder hacer de puente de esos ciudadanos que quieren saber y tienen derecho a saber y los gobernantes".

   Ferri sostiene que "ahora, la segunda parte es responsabilidad de quienes mandan, que tienen que saber que no sólo no negarán información a Compromís", sino que, de hacerlo, "lo estarán haciendo a centenares de ciudadanos y ciudadanas que canalizan sus peticiones de información mediante nuestra plataforma web".

   Entre los temas de las consultas, destacan cuestiones como el uso de coches oficiales y escoltas, las dietas, los impagos de becas escolares, preguntas referentes a la actividad de los políticos, los recortes, el "nombramiento de asesores de forma irregular", el coste de los organismos y entidades públicas y el "despilfarro de los fondos públicos", entre otras.

   Compromís "filtra" esas consultas y las envía a grupos municipales o a los grupos parlamentarios de las Corts, del Congreso o a las Diputaciones donde tiene presencia para presentarlas por registro.

   Según las mismas fuentes, la coalición prevé duplicar las iniciativas parlamentarias que presenta en las instituciones gracias a esa "participación y colaboración de la ciudadanía", en un momento en que "en las Corts Valencianes, ya es la formación que más trabajo parlamentario está desarrollando".

Argelia espera que la repatriación de los cooperantes españoles sea temporal

ARGEL.- El Ministerio de Exteriores argelino mostró hoy su deseo de que la repatriación de los cooperantes españoles que trabajaban en los campamentos saharahuis de Tinduf, situado en el suroeste de Argelia, sea "momentánea".

"Esperamos que su repatriación sea momentánea ya que su presencia representa un gran consuelo para los refugiados saharauis obligados a huir de la ocupación militar (marroquí)", explicó en un mensaje escrito el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores argelino, Amar Belani.

A título personal, el portavoz indicó que la repatriación supone "de algún modo, una victoria para el grupo terrorista" que secuestró el 22 de octubre de 2011 a los trabajadores humanitarios Ainhoa Fernández de Rincón y Enric Gonyalons y a la italiana Rossella Urru, liberados el pasado 18 de julio.

Belani también quiso subrayar que los expatriados eran "ante todo, huéspedes distinguidos del pueblo saharaui", en referencia a que los campamentos de refugiados de Tinduf son administrados por las autoridades saharauis a pesar de que se encuentran en territorio de Argelia, principal valedor de la causa saharaui.

El jefe de la diplomacia española, José Manuel García-Margallo, explicó ayer que la operación para repatriar a los cooperantes se llevaba a cabo debido a la existencia de "indicios fundados" de posibles actuaciones contra ellos de grupos terrorista del norte de Mali.

En una comparecencia ante los medios, Margallo también advirtió de la posibilidad de que Mali se convierta en un nuevo Afganistán en el que los terroristas campen a sus anchas.

También recordó que la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental han solicitado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución que dé cobertura a una futura operación militar en Mali, no sólo para respaldar a las instituciones de transición en Bamako, sino también para hacer frente a los grupos terroristas que se han adueñado del norte del país.

El norte de Mali está controlado por el grupo radical islámico tuareg Ansar al Din, que aboga por una aplicación rigorista de la ley islámica.

Esta agrupación se impuso en el autodenominado estado de Azawad a otro grupo tuareg de ideología más laica, el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA), gracias al apoyo del Movimiento Monoteismo y Yihad en África Occidental (MYAO), el responsable del secuestro de los dos cooperantes españoles en octubre.

El grupo terrorista Al Qaeda en el Magreb Islámico también opera en este vasto territorio maliense de 850.000 kilómetros cuadrados.

Ante esta situación, el ministro español afirmó que España apoya los esfuerzos africanos, incluido el despliegue de una fuerza militar, y que está dispuesta a estudiar con sus aliados europeos cómo prestar apoyo a dicha misión.

Asimismo, dijo que será importante contar con el apoyo de países vecinos con los que se mantienen estrechas relaciones, singularmente Argelia, Mauritania y Níger.

Sobre la situación en el norte de Mali, fronterizo con Argel, el portavoz del ministerio de Exteriores argelino, aseguró que "Argelia considera que antes de evocar o considerar la opción militar, conviene agotar todas las vías de diálogo político".

Belani insistió, además, en la necesidad de alcanzar "una solución pacífica y negociada, entre un gobierno inclusivo, consensuado y amplio y todos aquellos que rechazan y se desmarcan del terrorismo y de sus socios del crimen organizado internacional, y que abandonan sus reivindicaciones separatistas y aceptan claramente no poner en riesgo la integridad territorial y la unidad de Mali".

Con estas palabras, el portavoz quería matizar las diferencias entre los distintos grupos que operan en el Mali septentrional. Desde los terroristas, como Al Qaeda o MYAO, pasando por los radicales islámicos como Ansar al Din, hasta los rebeldes independentistas del MNLA.

España concentra hasta el 40% del 'turismo reproductivo'

MADRID.- La Sociedad Europea de Embriología y Reproducción Humana (ESHRE, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer algunos datos sobre un sector sanitario cada vez con más demanda. Este informe, que baraja los datos de clínicas europeas durante 2009/2010, muestra que son los centros españoles los que acometen un mayor número de atenciones transfronterizas, lo que se conoce como 'Turismo reproductivo', concentrando entre el 35 o 40 por ciento. Y dentro de España, Alicante es una ciudad puntera con varios centros.

   "Estos datos podrían haber aumentado en estos dos años últimos en lo que se refiere al número de pacientes extranjeros", advierte el presidente de la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), el doctor Manuel Ardoy, para quien el término 'Turismo reproductivo' no es fiel a la realidad si se tiene en cuenta que se está hablando de técnicas médicas que ayudan a solventar problemas de salud.

   El informe muestra que mayoría de la pacientes vienen de Italia, Francia y Reino Unido, "pero el abanico se abre a prácticamente toda Europa y a otros contienes"; aunque se cree que hasta un 75 por ciento de los ciclos transfronterizos se realizan en el territorio nacional es a pacientes italianos.

   Actualmente, atendiendo a los datos de la ESHRE, y teniendo en cuenta que, según Ardoy, "es complicado recoger unos datos exhaustivos", en Europa entre el 35 al 40 por ciento de la atención transfronteriza se realiza en España, lo que significa entre 10.000 a 15.000 ciclos son a estos pacientes, del número total que se encuentra entre 30.000 y 35.000 ciclos trasnfronterizos; otro país con datos similares a España es Bélgica, "con unos datos muy similares".

   Estos datos podrían suponer hasta el 15 por ciento de los ciclos que se hacen en España, donde la cifra total sumando a la población nacional se estima ronda los 100.000 ciclos anuales. Esta atención a no nacionales, añade Ardoy, "supone un porcentaje relevante a nivel económico de la actividad de muchas clínicas".

   Estos datos muestran que "España no lo hace mal, la calidad percibida por los pacientes es buena porque se hacen muchos ciclos y van en aumento, año a año, a pesar de que en otros países son muchos más barato".

   A la pregunta de por qué España es el país más elegido, Ardoy alega diversos motivos: la calidad asistencial y una legislación avanzada, a la vez que rigurosa; este último motivo, es el que alegan hasta tres cuartas partes de los pacientes consultados por la sociedad europea. También influye, en el caso de Italia, la cercanía territorial.

   En lo que respecta a los motivos legales, explica que "España es uno de los países con una legislación más extensa y rigurosa, de las más avanzadas en la materia en Europa". El hecho de que se hagan tratamientos o se usen técnica que en otros países no se hacen abre el mercado, aunque, advierte, "eso no significa que tengamos una legislación que permita un coto abierto".

   Principalmente, se refiere a la utilización de gametos de donante que suponen un 60 por ciento de los ciclos que se hacen en España en este tipo de atención. "Además se valora que en España la donación es absolutamente anónima, no como en otros países sobre todo de origen anglosajón", afirma.

   Por el contrario, en países de nuestro entorno no es así: en Italia la donación de gametos no está contemplada por la ley; en Alemania, el número de ovocitos está limitado por ley a tres; luego hay países con listas de espera amplias que dificultan el proceso final.

   Por otra parte, hasta el 25 por ciento de las mujeres que acuden a España han afirmado que la elección del país se ha basado en su calidad asistencial. "Los indicadores muestran muy buenos resultados, las sociedades científicas y clínicas están haciendo muchos esfuerzos por mantener un buen nivel clínico y asistencial", advierte.

   Con el objetivo de mantener esta situación, actualmente se está redactando una norma ISO específica para Laboratorio de Reproducción Humana, que se espera de carácter nacional y adaptada a los certificados de calidad internacional.

   Del mismo modo, destaca que las sociedades médicas han puesto en marcha un registro de ciclos y donantes que la ley española prevé poner desarrollar, aunque aún no se ha llevado a cabo. "Ahora mismo hay un registro de actividad que, a pesar de ser voluntario, cuenta con la participación de hasta un 80 por ciento de los ciclos que se hacen en España", añade, al tiempo que demanda al Estado que desarrolle este registro de manera obligatoria.

   En su opinión, si hay algo que le falta a España es una regulación de técnicos de laboratorio, donde se desarrolle el campo de actividades y se ajuste su ciclo formativo, aunque, "ahora mismo, la formación de estos profesionales, aunque es buena no está sustentada en unos requisitos legales  de formación, tiempo, responsabilidad, de manera que puede suponer un riesgo para el futuro".

Los gestores públicos que falseen cuentas u oculten datos podrán ir a prisión

MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años. 

   Así consta en la reforma penal que acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

   En este sentido, ha explicado que el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los recursos públicos", ya que, aparte de  las sanciones por infracciones graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.

   Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por cualquier medio.

   En estos casos se aplicarán penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha informado el Gobierno.

   Además, esta norma incluirá una "pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.

   Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las instituciones autonómicas análogas.  También lo estarán las sociedades mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por ciento con independencia de cuál sea su régimen.

   Otra de las novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan los convenios y qué competencias están conveniando".

   Además, ha informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por mayoría absoluta.

   Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del Gobierno".

   Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera "sigilo y discreción".

 "Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.

   La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde el primer al último trámite todos los contratos administrativos.

   "Eso a lo  mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.

    En este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y destituido".

 "España merece cargos públicos que gestionen adecuadamente", ha añadido.

   Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una "nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura administrativa muy importante".

   Finalmente ha informado de que han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que tiene que aplicarse a distintas administraciones".

Puig tilda de "cortina de humo" la propuesta de reducción de Fabra

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, considera "una cortina de humo" la propuesta del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de reducir órganos estatutarios. En este sentido, le ha instado a que "si quiere ser creíble", comience por recortar el Consell "mañana mismo".

   El secretario general de los socialistas valencianos ha calificado de "cortina de humo" este anuncio y ha señalado que la propuesta que hizo el PSPV hace unas semanas para eliminar 147 cargos de la Generalitat "manifiestamente prescindibles" es "más clara". Además, cree que Fabra "también puede ahorrar suprimiendo diputaciones, eliminando empresas públicas" y, del mismo modo, "puede recortar mucho estableciendo un límite de salarios para que nadie cobre más que él".

   A partir de ahí, Ximo Puig considera que pueden hablar de "un cambio en la arquitectura institucional de la Generalitat".

 "Pero que no pretenda que nosotros aplaudamos eliminar elementos de control de su acción de gobierno; sería bastante ridículo", ha resaltado.

   Además, ha incidido en que "no se puede admitir que se debilite el estado autonómico, el autogobierno" y, en esta línea, ha pedido al presidente valenciano que "si no cree en la Generalitat, actúe en consecuencia". Según el dirigente del PSPV, se puede "hablar de todo", pero entiende que si Fabra "quiere ser creíble que empiece en el gobierno" y comienza a recortar "pasado mañana" y no espere "a 2015, 2016 o 2017".

   En otro momento de su intervención, Puig ha acusado a Fabra de "estar produciendo una situación de insulto permanente a la inteligencia de los ciudadanos" y considera que "no puede ser que el gran balance de gestión del ultimo año es que en el futuro va a quitar uno, dos o tres cargos".

   "La cuestión es si va a propiciar una reforma de la Generalitat para potenciar el autogobierno", ha manifestado el dirigente socialista, quien ha advertido de que "para destruir el autogobierno que no cuente con el PSOE".

Imponen una fianza de 25,8 millones de euros a cinco exdirectivos de la CAM para que no se fuguen

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de 25,8 millones de euros para cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a petición de la acusación particular del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según han informado fuentes jurídicas.

   Se trata de una fianza solidaria que el magistrado ha impuesto en previsión de una posible futura condena que supondría a la antigua cúpula de la CAM la obligación de hacer frente a la responsabilidad civil por los daños económicos generados a la caja.

   Gómez Bermúdez ya había retirado el pasaporte a los exdirectores generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad y había ordenado que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntan a la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

   Los otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja alicantina  --el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo-- habían quedado libres sin la imposición de medidas cautelares.
Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe en el mes de enero en el que denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban desde pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas hasta el cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de manera irregular.
La instrucción del caso continuará después del verano, cuando las partes pidan nuevas diligencias, aunque según indicaron hoy fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción esperará a contar con toda la documentación antes de solicitarlas.

   La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

   En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros.

El Comité de Ética del PP trazará líneas de conducta "casi imperceptibles pero importantes para la ciudadanía"

ALICANTE.- El presidente del Comité de Ética del PP en la provincia de Alicante, Pascual Díaz, ha explicado que este nuevo órgano tendrá como función principal la de "asesorar y trazar líneas, que son casi imperceptibles, pero que para los ciudadanos son muy importantes", y que irán encaminadas a vigilar el buen cumplimiento del código ético de transparencia y ejemplaridad del partido.

   Junto al también diputado provincial y alcalde de Petrel, el comité de ética estará compuesto por Andrés Ferrer, en el cargo de secretario, así como por el edil de Torrevieja y diputado provincial Joaquín Albaladejo, por el alcalde de la Vall d'Alcalá, Juan José Sendra y por la edil de Elda y senadora, Virginia Romero.

   Pascual Díaz ha resaltado la apuesta de la nueva dirección provincial del PP, encabezada por José Císcar, "por la ejemplaridad de los comportamientos en una etapa en la que más que nunca, la ciudadanía reclama a los políticos que asuman responsabilidad no solamente en lo legal sino también en lo personal".

   Por ello, el Comité de Ética, que también se encuentra en fase de constitución en la provincia de Castellón, se encargará de "observar las conductas y el cumplimiento de un código ético de transparencia y ejemplaridad, además de asesorar e instruir sobre el mismo en el supuesto en el que hubiera que actuar, tanto individual como colectivamente, y elaborar informes sobre pautas de conducta de determinadas situaciones", ha indicado.

   "Esas serían las pautas generales, es como trazar la línea de comportamientos ejemplares, porque creo que es lo que los ciudadanos en este momento nos están demandando", ha reiterado, para hacer hincapié en que "esas líneas son casi imperceptibles, pero que para los ciudadanos son muy importantes".

   Esta labor de "perfilar" lo que los militantes y cargos del PP "deben hacer y hasta dónde pueden hacerlo", en ningún caso "va a chocar con la labor del Comité de Derechos y Garantías" del PP, encargado de evaluar situaciones jurídicas de los miembros del partido, sino que "va a complementar este tipo de trabajo", ha aclarado.

   Por ello, el nuevo órgano no tendrá capacidad sancionadora, ni podrá abrir expediente a ningún cargo sospechoso de vulnerar el código de buenas prácticas del partido, al que sin embargo sí pedirá explicaciones sobre su supuesta conducta "indecorosa".

   Una vez sea definida exactamente cuál será su línea de trabajo a partir de septiembre, el Comité de Ética empezará a funcionar a pleno rendimiento en los próximos meses.

Infraestructuras revisará en Alicante el Plan Bahía Norte para hacerlo más accesible y ajustarlo a la situación económica

ALICANTE.- La Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente va a estudiar una nueva solución para el paseo previsto en el Plan Bahía Norte de la ciudad de Alicante, con el fin de hacerlo "más acorde con la situación económica" actual pero sin que el proyecto "pierda calidad", según ha informado en comunicado la Generalitat valenciana. 

   Así, la administración autonómica va a replantear parte del diseño y los materiales previstos, con el fin de abaratar los presupuestos, pero sin perder el objetivo funcional del proyecto, que es "devolver a Alicante un espacio natural para que los ciudadanos puedan disfrutarlo".

   La primera fase Plan Bahía Norte que está en ejecución en la actualidad corresponde al tramo litoral comprendido entre el Real Club de Regatas y el promontorio de Finca Adoc, cuya longitud total es de aproximadamente 200 metros.

   La puesta en servicio del ramal de la Marina del tranvía de Alicante permitió liberar en su día esa sección de la costa de la infraestructura ferroviaria, lo que dio lugar a esta actuación, han indicado.

   El proyecto pretende la "máxima" integración paisajística en el lugar y la recuperación natural del borde costero, un lugar históricamente inaccesible, que ha permanecido completamente degradado por el paso de las infraestructuras.

El CJC autoriza a Calpe a rescindir el contrato de tratamiento de basuras con una empresa de Fenoll

ALICANTE.- El alcalde de Calpe, César Sánchez, ha recibido una notificación del Consell Jurídic Consultiu (CJC) en la que este órgano autoriza al Ayuntamiento a iniciar acciones legales para la rescisión del contrato con la mercantil Colsur, propiedad del empresario Ángel Fenoll, imputado en una de las ramas derivadas del caso Brugal, que se encarga del servicio municipal de tratamiento y eliminación de residuos sólidos, según ha informado en un comunicado el consistorio.

   Según el Ayuntamiento, "Sánchez pretendía contar con las máximas garantías legales para no ocasionar ninguna merma económica" al consistorio, "al emprender un procedimiento judicial para la rescisión de la relación contractual" con la mercantil.

   Por su parte, el alcalde ha afirmado que el gobierno iniciará la disolución del contrato "para defender los intereses de los ciudadanos y el destino de sus impuestos", y ha apuntado que "se han medido todos los pasos legales para actuar en interés del Ayuntamiento y de sus vecinos con las máximas garantías que ofrece la ley, para que ningún paso erróneo pueda cuestionar legalmente esta decisión", ha añadido.

   Del mismo modo, el consistorio ha recordado que la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente señaló que desde el 12 de noviembre de 2001, Calpe pertenece al ámbito territorial del Plan Zonal XV, por lo que procedería que la totalidad de los residuos de la localidad fueran tratados en dicho plan, "como lo hacen los demás municipios de la zona quince".

   Con la rescisión de este contrato, el Ayuntamiento ha anunciado que llevará las basuras a El Campello, lo que, según ha explicado, ha obligado a dejar sobre la mesa la modificación del contrato con Acciona, responsable de la recogida viaria de residuos sólidos, "para contemplar la posibilidad del traslado, ya que, en principio, la planta del Barranc Salat --una partida de Calpe-- dejará de prestar el servicio de tratamiento de residuos".

   Por otra parte, el pleno municipal ha aprobado el presupuesto para 2012, unas cuentas de las que el primer edil ha indicado que "es un presupuesto realista, obligado por las circunstancias municipales; social, para atender las necesidades de quienes más lo necesitan; justo, porque intenta repartir el sacrificio necesario ante la situación heredada, y coherente, porque pretende alcanzar una administración sencilla, eficiente, diáfana y transparente".

   El Ayuntamiento ha expuesto que el presupuesto, "el más austero de los últimos 12 años", es inferior al fijado en 2001, y que, al mismo tiempo, rebaja en más de 10 millones de euros el presupuesto prorrogado de 2007, lo que supone un 29 por ciento de bajada.

   Igualmente, las cuentas para el presente año son inferiores en cuatro millones a las aprobadas en septiembre de 2011 por el actual gobierno "para encauzar la ficción financiera en la que ha vivido el consistorio", en opinión de Sánchez.

   Por último, la sesión plenaria ha aprobado "por unanimidad" que los concejales no cobren por asistir a comisiones informativas, juntas de gobierno y sesiones plenarias con carácter extraordinario.

El Grupo Popular de Jávea expulsa a su portavoz y cabeza de lista en las últimas elecciones municipales

JÁVEA.- Los concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Jávea han expulsado al hasta ahora portavoz municipal y candidato a la alcaldía en las últimas elecciones, José Juan Castelló, con el que mantenían "importantes discrepancias", según ha explicado uno de los ediles populares, José Luis Genovés.

   Las desavenencias dentro del grupo del PP llevaron a los ediles populares a registrar, a las 14.00 horas de este jueves, un escrito en la secretaría del Ayuntamiento, en la que daban conocimiento de su decisión de expulsar a su portavoz del grupo municipal. Con ello, el Grupo Popular, que se encuentra en la oposición, pasa a quedarse con cuatro ediles.

   Así, en el pleno ordinario celebrado a las 20.00 horas del jueves, el hasta ahora portavoz adjunto y nuevo síndic del grupo, José Luis Genovés, aprovechó el turno de ruegos y preguntas para hacer pública la decisión por la que Castelló pasará a ser un concejal 'no adscrito'.

    Genovés ha recordado que los problemas con el portavoz "venían ya de largo", y se había pedido reiteradamente "que la situación se recondujera" para mejorar la coordinación y la comunicación dentro del grupo.

   Además, ha asegurado que la dirección provincial del PP "tenía conocimiento pleno de todo, porque esto era un clamor", pero ante la ausencia de soluciones, los componentes del Grupo Popular ha optado por la esta solución, la "más fácil" en términos burocráticos.

Cuanto más ganan las cajas de ahorro, menos invierten en obra social / Manuel Ansede

MADRID.- Uno de los pilares de las cajas de ahorros españolas, la obra social, está corrompido. Entre 1996 y 2006, cuando el llamado milagro económico español asombraba al mundo y las cajas amasaban dinero, cuanto mayor fue la rentabilidad económica y financiera de las cajas, menor fue su inversión en obra social. Al contrario de lo que sucede en otros países, en España se cumplió al dedillo la llamada “hipótesis del oportunismo de los directivos”, según explican en un nuevo estudio investigadores de la Universidad de León.

Esta hipótesis sostiene que los directivos de las empresas pueden perseguir sus intereses privados al margen de los del resto de accionistas de la compañía. En el caso de las cajas de ahorros, el sueldo de los altos cargos está vinculado a los beneficios a corto plazo, por lo que “los directivos podrían reducir las actividades de responsabilidad social corporativa para maximizar sus ingresos personales a corto plazo”, sostiene el trabajo, firmado por los economistas Almudena Martínez, Laura Cabeza y Federico Marbella.

Los recursos económicos destinados a obra social por el conjunto de cajas de ahorros españolas pasaron de 515 millones de euros en 1996 a casi 1.693 millones en 2006, un 229% de crecimiento acumulado. Sin embargo, estas cifras son un espejismo. En términos relativos sobre el beneficio neto de las cajas, la inversión en obra social cayó un 7,4% en plena época de vacas gordas.

Más recortes

Los autores creen que con la crisis y el actual proceso de reestructuración de las cajas siguen los recortes en la dotación a obra social, como constata el último informe de la Fundación Empresa y Sociedad, y “parece razonable esperar que tales recortes se potencien todavía más” en el futuro inmediato.

Los economistas de la Universidad de León hacen un llamamiento a “la adopción de medidas oportunas por parte de las instituciones públicas a fin de evitar o, al menos, controlar el posible oportunismo directivo en este sector”. Las cajas de ahorros se definen a sí mismas como “fundaciones de carácter privado que combinan dos funciones, una financiera y otra social”. No tienen obligación legal de invertir en obra social, pero es una tradición y su marketing se basa en proclamar que “el carácter social orienta cualquier actividad de las cajas”. Además, obtienen beneficios fiscales por ello.

La primera autora del trabajo, Almudena Martínez, subraya que ese descenso del 7,4% en la inversión en pleno boom económico “no es una caída sutil, porque aplicando la técnica estadística a las bases de datos hemos visto que las relaciones negativas entre obra social y rentabilidad económica y financiera son relevantes y se sostienen en el tiempo”. Martínez cree que la evolución del porcentaje de los beneficios dedicados a obra social “ha ido a peor desde 2006″, a medida que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado a las cajas con menos ingresos. Ayer,  la Confederación Española de Cajas de Ahorros reconoció que invirtieron un 23% menos en obra social en 2011, solo 1.125 millones de euros, sin hablar de términos relativos sobre su beneficio neto. Esta cifra tan baja de inversión no se veía desde 2003.

Los investigadores han manejado datos del periodo entre 1996 y 2006, año en el que en España había 47 cajas de ahorros. Ahora, tras las fusiones, son 15 grupos. “El panorama ya no tiene nada que ver, pero nuestros resultados sirven para ayudar a explicar cómo hemos llegado a la situación económica actual”, añade Martínez. El saneamiento de la banca española puede generar unas pérdidas de 41.000 millones de euros para los ciudadanos, unos 868 euros por persona, según un reciente estudio de la Fundación Ideas.

Dinero para el ladrillo

Martínez recuerda que la teoría más aceptada dice que la responsabilidad social corporativa mejora el resultado financiero de una empresa. La sorpresa saltó al aplicar este marco teórico general al marco concreto de las cajas de ahorros españolas. “Pensábamos que nos íbamos a encontrar una relación positiva, pero salió todo lo contrario. Luego, indagando en la peculiaridad del sector, tiene sentido”, explica Martínez.

El trabajo, que se publica en Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa, asegura que “ante unos buenos resultados económicos, los órganos de gobierno de las cajas optarán por reducir los gastos en obra social a fin de optimizar su función de utilidad particular”, sin dar muchos más detalles. Por teléfono, Martínez es más clara. “A los directivos les compensaba más invertir en otro tipo de actividades, como el sector inmobiliario, con más beneficios a corto plazo y réditos políticos”, explica.

Así ocurrió, por ejemplo, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que financió los megaproyectos del Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, como la Ciudad de las Artes, Terra Mítica y la Ciudad de la Luz. Ahora la Comunidad Valenciana ha sido la primera autonomía en pedir el rescate al Gobierno central y la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha sido intervenida y cinco de sus directivos están imputados por estafa. En Madrid, 33 directivos de Bankia, tanto del PP como del PSOE e IU, están imputados en el juicio a la entidad. Entre todos, ganaron 14 millones de euros en 2011.

Una “madeja de relaciones”

El economista Félix López Iturriaga, de la Universidad de Valladolid, da la bienvenida al trabajo de sus colegas. “Este análisis muestra que se puede llegar a una situación en la que los directivos gestionan una entidad en beneficio personal”, señala. López Iturriaga, autor de un análisis sobre la obra social de las cajas de ahorros, recuerda la “madeja de relaciones” que aparece en los órganos de gobierno de estas entidades financieras.

Estos órganos rectores funcionan como un “coto cerrado de intereses políticos y económicos” dejando de lado a las personas que ingresan dinero en las cajas, según llevan años denunciando grupos como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros. Así ocurrió por ejemplo en Caja Madrid, donde el exvicepresidente económico de Aznar, Rodrigo Rato, alcanzó la presidencia en 2010 tras una guerra interna en el PP. En el caso de Caja Castilla-La Mancha, primera caja intervenida por el Banco de España, su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, era un exdiputado del PSOE. Ahora es investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Francisco Abad, uno de los padres de la Fundación Empresa y Sociedad, admite que los nuevos datos son “bastante lamentables”, pero llama a “no generalizar”. A su juicio, La Caixa y Kutxabank son ejemplos de entidades que sí lo han hecho bien. “Otras cajas de ahorros prefirieron dedicar menos a obra social y más al sector inmobiliario o a grandes eventos con mucho retorno político. Hay que hacer borrón y cuenta nueva”, propone.

---

Un círculo vicioso

Los economistas de la Universidad de León no sólo culpan a los directivos de las cajas. En España, un país con poca tradición en el consumo responsable, un mayor gasto en obra social no se tradujo en un mayor número de clientes para las cajas de ahorros, así que se produjo un círculo vicioso. “Un menor gasto en obra social conduce a un mejor resultado financiero de las cajas, lo que a su vez incentiva a sus directivos a abordar una menor inversión en obra social en pro de la función financiera”, resumen los autores.

Los estudios internacionales muestran que debería ocurrir al revés.  La mayor parte de estos trabajos concluye que la responsabilidad social corporativa y el resultado financiero se relacionan en un círculo virtuoso: más obra social, mejor imagen, más dinero y así sucesivamente. Un metaanálisis de investigadores de las universidades de Iowa (EEUU) y Sídney (Australia) ya sugería este círculo virtuoso en 2003.

http://esmateria.com/2012/07/26/cuanto-mas-ganan-las-cajas-de-ahorros-menos-invierten-en-obra-social

Castedo dice que no va a dar "explicaciones de lo que va a hacer" o va a "dejar de hacer" en la causa del PGOU

ALICANTE.-   La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha manifestado este jueves que no va a "estar continuamente dando explicaciones" de lo que va a hacer o va a dejar de hacer en relación a la causa derivada del caso Brugal que investiga posibles irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, por la que el juez instructor ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) su imputación.

   Castedo se ha expresado en estos términos a los periodistas tras asistir a las celebraciones del Día de la ciudad, y al ser preguntada sobre la posibilidad de que se esté planteando abandonar su escaño de diputada autonómica en las Corts Valencianes, lo que dejaría la causa en Alicante y podría agilizar el proceso judicial.

   "Ni lo voy a afirmar ni lo voy a desmentir, porque no tengo que estar continuamente dando explicaciones de lo que voy a hacer o voy a dejar de hacer. Si tomo la decisión la tomaré, y si no la tomo, no la tomaré, pero no voy a dar ningún tipo de explicaciones", ha subrayado la primera edil.

   "No voy a dar explicaciones de si me lo estoy planteando o no, porque entonces tendríamos noticias durante un mes y medio más y, sinceramente, creo que hay cosas mucho más importantes y que preocupan más a la ciudad que si yo sigo en Valencia o no, que creo que no es importante, y si en algún momento tomara alguna decisión sobre eso, evidentemente, los primeros en enterarse sería mi partido", ha enfatizado.

   Al ser preguntada sobre si se personará en la causa, ha señalado que "en el momento en que lo tenga que hacer" lo hará, y sobre la presentación de un posible recurso por su parte ha indicado que "todavía" no es parte de la causa.

Fabra asegura estar "muy satisfecho" con sus consellers

MADRID.- El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado este jueves estar "muy satisfecho" con todos los consellers que forman su equipo de gobierno y ha afirmado que "por ahora" seguirán siendo sus compañeros de viaje.

  Fabra ha salido al paso de los rumores sobre una próxima crisis de gobierno en la Comunitat Valenciana, de los que ha asegurado que incluso le provocan risa porque todos los días tiene que responder a ellos a través de Twitter.

   "En estos momentos, más que apostar por quinielas, toca ser ejemplares, serios y centrarnos en trabajo. Estoy muy satisfecho con los consellers, con su trabajo, y por ahora van a ser mis compañeros de viaje", ha dejado claro Fabra.

La Diputación pedirá al Gobierno que cambie la regulación hipotecaria para hacer efectiva la dación en pago

ALICANTE.- El pleno de la Diputación Provincial de Alicante ha aprobado este jueves por unanimidad una moción conjunta del PP y del PSPV para pedir al Gobierno central, que apruebe una modificación de la regulación hipotecaria o promueva una nueva norma para hacer efectiva la dación en pago.

   Con esta iniciativa, se pretende que en el futuro, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la Unión Europea y en EEUU.

   Además, a través de este acuerdo, la Diputación de Alicante se ha comprometido a instar al Gobierno para que busque mayores implicaciones en las entidades financieras que han suscrito el llamado Código de Buenas Prácticas propuesta por el Ejecutivo central, que permita reducir el impacto que tiene en las familias los desahucios y embargos de su vivienda habitual cuando se producen situaciones de insolvencia sobrevenida.

   En este sentido, hace especial hincapié en que las medidas de reubicación de las familias afectadas en riesgo de exclusión social y la utilización de los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de estos embargos, de modo que sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social o cualquier otra formulación alternativa.

   Así mismo, esta propuesta plantea que en la subcomisión de transparencia de los productos financieros e hipotecarios creada en abril de 2012 en el Congreso de los Diputados se aborden las situaciones de sobreendeudamiento y garantice unos verdaderos procedimientos concursales y de mediación para permitir un reparto equilibrado de riesgos entre deudos y acreedor.

   Por último, la moción establece que se dará traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a las Corts Valencianes, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a los ayuntamientos de la provincia de Alicante.

   Así mismo, PP y PSOE en la Diputación han apoyado otra propuesta conjunta para instar al Gobierno central a no aplicar el recorte de 283 millones de euros para la financiación de la Ley de la Dependencia en toda España.

   En esta línea, la corporación, "sensible a la preocupación de los ciudadanos y de los colectivos de dependientes", además propone solicitar a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que analice la repercusión de los recortes en la aplicación de la Ley de Dependencia y proponga al Gobierno central que en un plazo máximo de un año revise su financiación.  

   Además, remarca la "preocupación" de los municipios alicantinos por mantener la atención a las personas dependientes y la necesidad de que se redoblen los esfuerzos técnicos y económicos con esta finalidad, por considerarla una prioridad de todos los gobiernos y de la sociedad.

Castellano anuncia la constitución del Comité de Derechos y Garantías del PPCV y subraya la "unión" del partido

VALENCIA.-   El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha anunciado este jueves la constitución del Comité de Derechos y Garantías del PPCV, que decidirá sobre los imputados 'populares' y sobre presuntas implicaciones de dirigentes del PPCV en casos de corrupción. Asimismo, ha subrayado la la "fuerza y unión" del partido tras los congresos regionales.

   Castellano ha comparecido en rueda de prensa tras la Junta Directiva Regional, a la que también han acudido la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, el vicesecretario general de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, el vicesecretario de estudios y Programas, Esteban González Pons, el exportavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, entre otros.

   Alfonso Rus ha salido de la reunión veinte minutos antes de su conclusión para presentar el nuevo plan de eco-ahorro en alumbrado público a los alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes en La Beneficència.

   El Comité de Derechos y Garantías estará presidido por Alfredo Castelló Sáez, el secretario será Juan Rodríguez Marín, y los vocales, Tania Ortiz, Felipe del Baño, José Joaquín Segarra, Paula Sánchez de León, Juan Bautista Roselló, José Antonio Peral, Rubén Ibáñez, Enriqie Vilart, Araceli Peris y Francisco Salavert.

   También se ha acordado el nombramiento de los 15 vocales de Nuevas Generaciones del PP para que formen parte de la Junta Directiva Regional de Nuevas Generaciones. Los vocales de la organización juvenil son Paula Garrido, Raquel Espinosa, Vicente Pla, Ignacio Carratala, Antonino Muñoz, Joaquín de la Morena Mendiola, Edgar Hidalgo, Luisma Pizana, Adrian Santos, Carla Ruiz, Pablo Roig, José Vicente Adsuara, Beatriz Giménez, Alberto Sanfelix, Gonzalo Bautista.

   Además se ha aprobado el nombramiento de José Juan Zaplana como secretario general de los 'populares' alicantinos, que dejará su actual cargo de responsable de Nuevas Tecnologías y Redes Sociales en el PP de la Comunitat Valenciana. Este puesto lo desempeñará Raul Dalmau.

   Castellano ha valorado los congresos y ha destacado la "cohesión" del PPCV y que el partido "tiene mucho músculo y va a trabajar al 100% para que la Comunitat salga adelante y genere empleo".

   Durante su comparecencia, ha indicado que la Junta Directiva ha adoptado el compromiso de "explicar" todas las medidas que se están llevando a cabo desde el Gobierno y la Generalitat y hacerlo "desde la humildad, la solidaridad y la comprensión de los sacrificios que se está pidiendo a todos los ciudadanos", ya que entiende que se puedan sentir "molestos con algunas de las medidas", pero que ha dicho que son "necesarias" para salir de la crisis tras la "herencia envenenada del anterior Ejecutivo socialista".

   Para Castellano, son "momentos de mucha dificultad y sencillez y pese a que son medidas difíciles son absolutamente necesarias", por lo que ha subrayado que los populares van a seguir trabajando "con el mayor esfuerzo posible y estando al lado de la gente, porque es tarea de todos sacar la situación adelante".

 "Somos una gran comunidad y un gran partido y en momentos difíciles hay que demostrarlo", ha aseverado.

   En este sentido, ha apuntado que se ha marcado un periodo para la celebración de los congresos comarcales y locales, que deberán realizarse entre el próximo octubre y el mes de marzo de 2013. También se ha establecisdo la fecha del Congreso Regional de Nuevas Generaciones para el próximo 30 de septiembre y que la Escola Nacional d'Estiu se celebrará el 13, 14 y 15 de septiembre.

Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones para tramo sur del Corredor Mediterráneo

MURCIA.-   La Asociación Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones de euros para la ejecución del sector sur del Corredor Mediterráneo, esto es, desde Algeciras hasta Alicante, con una rentabilidad de 677 millones que podría llegar a elevarse a 750 en función del tráfico ferroviario, lo que haría amortizar el capital invertido en un plazo de 15 años.

   Así lo ha hecho saber el secretario general de la asociación empresarial Ferrmed, Joan Amorós, tras mantener una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a quien han presentado las conclusiones del estudio argumental y provisional sobre el sector sur del gran eje Ferrmed, es decir, el que transcurre desde Alicante a Algeciras.

   Amorós ha recordado que la parte sur del trayecto es una zona "estratégica" que, por no tener unas buenas conexiones ferroviarias, no puede explotar todo su potencial.

   Este estudio ha analizado los trazados de tres líneas nuevas, una primera que va de Monforte (Alicante) a Murcia y continúa hasta Lorca (Murcia) y Almendricos (Almería); una segunda línea que va desde Almendricos a Baza, Guadix y Granada, y una última que ya está en marcha, de alta velocidad y que va desde Alicante hasta Almería pasando por Murcia y que se da por estudiada.

   Asimismo, la asociación Ferrmed ha estudiado la línea de la costa en Andalucía, es decir, tener una alternativa a la línea del interior, por la costa, desde Almería a Motril y Málaga, entre otras localizaciones.

   Al ser preguntado por la posibilidad de que la Comisión Europea introduzca alguno de los tramos propuestos por Ferrmed, Amorós ha señalado que es una "historia que nunca acaba", pero ha manifestado que lo importante es tener en cuenta que se trata de un proyecto "rentable".

   En cualquier caso, ha señalado que la decisión final "depende mucho del Gobierno de España y, por eso, Ferrmed envió hace un mes a el documento a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y ha pedido también a Valcárcel que apoye la inclusión del proyecto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda que prepara el Ministerio".

   Si este Plan recoge la petición de Ferrmed, Amorós dice que "será mucho más fácil que la Comisión Europea apruebe el proyecto", probablemente, antes del final de año. No obstante, ha señalado que la Comisión "está muy a favor del Corredor Mediterráneo".

   Amorós ha señalado que el informe presentado a Valcárcel es un estudio previo que no examina todos los pormenores, pero que sí analiza los túneles que habría que hacer o los viaductos, por lo que las inversiones reflejadas son, a su juicio, "bastante fidedignas".

   En lo que respecta a la inversión prevista, Ferrmed no ha considerado los puestos de trabajo que se crearían ni el impacto en términos de PIB, porque sería más difícil de evaluar.

   La rentabilidad socioeconómica, evaluada en base al cambio de la carretera al ferrocarril y por tanto, el ahorro en energía y en mano de obra. Asimismo, ha tenido en cuenta el ahorro en tiempo y en costo al tener unas líneas y conexiones más cortas y eficientes, así como las consecuencias medioambientales.

   Las líneas, que están pensadas tanto para pasajeros como para pasajeros, arrojan en base a estos cálculos, una rentabilidad de 677 millones de euros al año, frente a una inversión de más de 10.000 euros, lo que considera que es "bastante bueno".

   Amorós ha señalado que Ferrmed también ha sido conservadora a la hora de calcular el tráfico ferroviario, que en España se sitúa actualmente en el cuatro por ciento. En el estudio se prevé el ocho por ciento, es decir, el doble, mientras que la media europea en el tráfico ferroviario de mercancías se sitúa en el 15 por ciento.

   El objetivo de este cálculo "conservador" es que la gente no pensara que esto no es una entelequia. De todas formas, si la cuota alcanzara la media europea, Amorós ha previsto que los 677 millones de retorno se elevarían a los 750 millones de euros.

   En todo caso, Amorós ha señalado que este estudio demuestra que el trazad sur del Corredor Mediterráneo "es rentable" y hay que ponerla en el mapa, así como la conexión del puerto de Cartagena con el centro de España pasando por Albacete de la forma más directamente posible.

   Y es que, según Amorós, el puerto de El Gorguel ofrece unas posibilidades de desarrollo "increíbles", porque será probablemente el puerto de mayor calado del Mediterráneo y admitirá portacontenedores enormes que no podrían acceder a otros puertos, y aunque muchas de las mercancías vayan a Europa, Cartagena "puede convertirse en un puerto significativo para Madrid".

   En este sentido, el estudio recoge la construcción de un tercer entre Murcia y Cartagena, para utilizar la línea de alta velocidad, aunque sea "de una forma precaria" para trasladar las mercancías hasta Alicante, utilizando a lo mejor dos locomotoras.

   Ha admitido que se puede discutir a Ferrmed las fechas y que, donde la asociación dice que la saturación tendrá lugar en 2015, a la hora de la verdad sea en 2017. En todo caso, el objetivo es que "esto se pinte en el mapa y se tenga en cuenta en las previsiones", ha añadido.

   Ferrmed está traduciendo el documento al inglés, y lo presentará en Bruselas en el que prevé contar con la presencia de Valcárcel como presidente del Comité de las Regiones (CDR), y también prevé presentarlo al Comité de Transportes del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

   Sevilla ha señalado que este plan "recoge 10.000 millones de euros de inversión, lo que es una cantidad respetable pero muy adecuada al mundo ferroviario", mientras que la rentabilidad, calculada con patrones "conservadores", haría recuperar esa inversión "en 15 años".

   Sin embargo, el consejero manifiesta que estos cálculos no han tenido en cuenta "ni los avances que supondrían para el transporte, el sector agroalimentario e industrial", al tiempo que ha puesto en valor que esta infraestructura "daría servicio a 11 millones de residentes".

Más de 200 organizaciones rechazarán el sábado la reforma de la Ley de Costas con acciones en playas de toda España

MADRID.- La plataforma 'No a nuestra costa', integrada por más de 200 organizaciones, realizará distintas actividades en playas de toda España para reivindicar la defensa del litoral y manifestar su rechazo a la modificación de la Ley de Costas, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio.

   Así, convocan el 'Día de Acción Global en defensa del litoral y contra la reforma de la Ley de Costas', durante el que realizarán embarques con ciudadanos, limpiezas de playas, performances y paseos en kayak para conocer los valores de la costa.

   Concretamente, las actividades se desarrollarán en playas como la del Palmeral (Almería), el Saler y la Malvarrosa (Valencia), Valdevaqueros, Tarifa (Cádiz), Cala Blanca, Andratx (Mallorca), Marina de Cope (Murcia), El Médano (Tenerife), la Concha (San Sebastián); Barceloneta (Barcelona), Matalascañas (Huelva), Mataleñas (Santander), entre otras. Las actividades y playas donde se organizarán pueden consultarse en la página de Internet http://www.noanuestracosta.org/mapa

   La plataforma 'No a nuestra costa' se presentó el pasado mes de abril ante la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a principios de año. La iniciativa surgió de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF. Hasta la fecha, más de 200 organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos, abogados, sindicatos, empresarios y cofradías de pescadores se han unido para reivindicar la protección del litoral, la vigencia de la actual Ley de Costas y que retroceda lo que pretende la norma.