martes, 4 de diciembre de 2012

PSOE y UPyD crearán una comisión de estudio y valoración de las contratas adjudicadas a Ortiz


ALICANTE.- El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante ha acordado este martes, con el grupo de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), constituir una comisión de estudio y valoración de los distintos contratos municipales adjudicados al empresario alicantino Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, según ha informado en un comunicado la formación política.

   Esta iniciativa, en la que los dos ediles de Esquerra Unida (EU) en el consistorio han declinado participar, fue llevada al pleno del pasado viernes en forma de comisión de investigación, si bien el equipo de Gobierno, del PP, rechazó su creación, aunque la portavoz del grupo 'popular', Marta García Romeu, explicó que los partidos de la oposición podrían acceder a todos los expedientes que precisaran sobre las contratas.
   De este modo, PSOE y UPyD han resaltado que el órgano acordado por ambos está "abierto" tanto a EU como al PP, "por si deciden recapacitar su postura".
 "Esta comisión pretende servir para fiscalizar el buen uso del dinero público por parte del equipo de Gobierno, algo que debería ser una forma habitual de trabajo en este Ayuntamiento", ha apuntado el portavoz municipal socialista, Miguel Ull.
   Así, la comisión de estudio y valoración ha quedado constituida por las dos formación políticas, aunque no se ha fijado una fecha de finalización de la misma. El portavoz de UPyD en el consistorio alicantino, Fernando Llopis, ha señalado al respecto que "dependerá de las facilidades que dé el PP".
   Ull y Llopis han explicado que la "intención" es analizar "una a una" las contratas y proyectos adjudicados a Ortiz "que levanten sospechas", y han indicado que comenzarán a analizar las obras de remodelación del estadio José Rico Pérez para comprobar que "realmente" se han invertido los más de cuatro millones de euros comprometidos en el convenio de compraventa del recinto.
   Igualmente, la comisión solicitará, además de las comparecencias de diferentes técnicos municipales y de miembros del equipo de Gobierno, la participación de empresas que se hayan visto "afectadas" en los distintos procesos de contratación. 
Ortiz se llevó ayer la limpieza de colegios con la oferta más cara y por los puntos subjetivos, según el diario 'La Verdad'.

La Diputación analizará si hay responsabilidades jurídicas en la gestión de Geonet de la anterior legislatura

ALICANTE.- La Diputación de Alicante ha encargado un informe para conocer si hay responsabilidades jurídicas en la gestión de la empresa Geonet llevada a cabo durante la anterior legislatura, según ha explicado la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, quien ha asegurado que no le "va a temblar el pulso" si se confirma este extremo.

   En la sesión plenaria del mes de diciembre celebrada este martes, ante la pregunta formulada por el Grupo Socialista sobre la situación de Geonet, Luisa Pastor ha reconocido que la Diputación adquirió en 2011 el 49 por ciento de las acciones de Geonet a Cadic --para hacerse con la totalidad de Geonet cuando ésta arrastraba pérdidas--, en base "a una auditoría practicada en 2009", que no reveló problemas económicos.
   El portavoz socialista, Alejandro Soler, ha reclamado responsabilidades y ha pedido la disolución de Geonet, tras conocer que esta operación generó a Cadic una plusvalía de 400.000 euros, cifra que representa un importe incluso superior al aportado cuando se constituyó la empresa mixta.
   Además, según ha añadido Soler, la auditoría de 2011 ha revelado que Geonet llegó a tener pérdidas por 1,6 millones de euros, ha detectado pagos de servicios sin justificar y la desapareción de diversos ordenadores, teléfonos móviles y otros bienes propiedad de la empresa, entre otras situaciones por aclarar.
   En su intervención ante el pleno, Pastor no obstante ha recordado que la operación de compra del 100 por ciento del accionariado de Geonet fue aprobada de "forma unánime" por todos los grupos políticos representados tanto en el consejo de administración de Geonet, como en el de Suma, de la que depende la primera, y en el propio pleno de la institución provincial. "¿Nadie pensó entonces que eso no correspondía?" se ha preguntado.
   "Cuando en 2011 se detectó que la empresa tenía problemas se acordó finiquitar al gerente, porque entendíamos que tenía intereses contradictorios, estaba de gerente de una empresa y a la vez era gerente de la empresa socia de Geonet, por eso se le tiró a la calle de buenas maneras", ha indicado la presidenta.
  Así mismo, ha añadido, también se cesó al gerente económico, porque al entrar a formar parte enteramente de Suma "se duplicaban los puestos".
 "La auditoría de 2011 decía que Geonet tenía problemas y que había que tomar medidas, y las tomamos", ha defendido.
   "No ponga en duda que si existe alguna responsabilidad, lo llevaré adelante", ha subrayado Pastor, quien ha apostado por actuar "con prudencia" y esperar al informe jurídico encargado por la Diputación, que estará listo en un plazo de 15 días.
   "Hay que ver hasta qué punto hay responsabilidad y quiénes son los responsables, pero le puedo asegurar que no me va a temblar el pulso", ha insistido al respecto.
   Por su parte, el vicepresidente económico, César Augusto Asencio ha indicado que la actual corporación puso en marcha un plan de saneamiento de Geonet --con medidas tales como la reducción del cuadro directivo y de sus retribuciones y el cambio de alquileres--, que han posibilitado que esta empresa obtenga unos beneficios cercanos a los 29.000 euros a fecha de 30 de septiembre.
   Por ello, y frente a la petición formulada por el Grupo Socialista para disolver la empresa, Luisa Pastor se ha mostrado "convencida" de que Geonet "es una herramienta útil" y por ello ha pedido expresamente a la oposición que le "dejen intentar" sacarla adelante.
   En esta línea, Asencio ha defendido la labor de Geonet como soporte tecnológico de Suma en la actualización de los catastros de los municipios de la provincia --para actuaciones como el cobro del IBI--, y ha adelantado que gracias a su labor la Diputación podrá atender los compromisos adquiridos en esta materia con otras instituciones, como la Diputación Provincial de Albacete.

El sindicato de Estudiantes de la UMH, de Elche, pide la retirada de la distinción 'honoris causa' a Díaz Ferrán

ELCHE.- El Sindicato de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche pedirá al rectorado que retire de forma inmediata la distinción como doctor honoris causa concedida por esta institución al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, según ha informado en un comunicado este colectivo estudiantil.

   El Sindicato de Estudiantes ha recordado que Díaz Ferrán recibió esta mención el 28 de enero de 2008, antes, según ha apuntado, "de que la crisis apretara las tuercas de las personas que ahora se las ven y se las desean para poder estudiar en una universidad pública como esta".
   "No podemos tolerar que se galardone a los culpables de la privatización y consecuente destrucción de la universidad pública desde la misma, por lo que, desde el Sindicato de Estudiantes Miguel Hernández exigimos la retirada inmediata de la mención honoris causa a Gerardo Díaz Ferrán".
   Por ello, este colectivo también ha considerado que "a los ladrones no se les premia, y menos a uno de los 'padres ideológicos' de las privatizaciones, como es el caso de Gerardo Díaz Ferrán".
   "El que afirmara con rotundidad que la clave para salir de la crisis era 'Trabajar más y cobrar menos' ha llevado a la quiebra a la práctica totalidad de las empresas que ha dirigido", ha señalado también este colectivo, que ha recordado que este lunes ha sido detenido por la policía.

El paro baja en la Comunitat Valenciana en noviembre, excepto en Alicante

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 3.101 desempleados en noviembre en la Comunitat Valenciana, un 0,54 por ciento menos respecto a octubre, lo que situó la cifra total de parados en las 574.939 personas. La Comunitat Valenciana fue la única de España en la que el desempleo descendió en noviembre.

   Por contra, según datos del Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) subió en 74.296 desempleados en noviembre, un 1,5% respecto a octubre, lo que situó la cifra total de parados por encima de los 4,9 millones, nuevo récord del registro.
   En concreto, el desempleo alcanzó al cierre de noviembre la cifra de 4.907.817 personas, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, según informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   Por provincias, en Alicante es la única donde el paro ha aumentado hasta situarse en los 228.287 desempleados,  2.491 más que en octubre, 1,10 por ciento más, mientras que en Castellón ha descendido hasta los 62.360 parados, 2.260 personas menos, un 3,50 por ciento menos. En Valencia el paro queda en los 284.292 desempleados, 3.332 menos, lo que supone un 1,16 por ciento menos que en octubre.
   De los 574.939 parados de la Comunitat 283.384 son hombres y 291.555 mujeres y por edades 53.245 son menores de 25 años, 28.467 de ellos chicos y 24.778 chicas. Respecto al número de parados extranjeros en la Comunitat Valenciana hay 81.227, lo que supone un total de 907 menos que el pasado mes de octubre, un 1,10 por ciento menos.
  El mayor descenso del paro se registró en el sector de la Construcción con 1.791 parados menos hasta los 84.098, seguido del de Industria en el que 1.020 personas dejaron las listas del paro con lo que el número total de desempleados se situó en 91.248. Por su parte en Agricultura bajó en 1.005 hasta los 16.112 y en el Colectivo de Sin Empleo Anterior descendió en 71 hasta los 36.008. El único en el que el paro aumentó fue Servicios en 786 personas hasta los 347.473.
  En la Comunitat Valenciana en noviembre se efectuaron 125.720 contratos 13.858 menos que el mes anterior, lo que supone un 9,93 por ciento menos. De las nuevas contrataciones 10.891 fueron indefinidas y 114.829 temporales

La Comunitat registra un déficit del 0,59% del PIB

MADRID.- La Comunitat Valenciana ha registrado un déficit de 597 millones, el 0,59 por ciento del PIB, hasta el mes de septiembre en términos de Contabilidad Nacional, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos (descontando los anticipos a cuenta), ha contabilizado un déficit de 1.617 millones de euros, el 1,6 por ciento del PIB.

   En términos de Contabilidad Nacional, todas las comunidades autónomas han registrado déficit hasta septiembre, salvo País Vasco (+0,25 por ciento) y Asturias (+0,63 por ciento). Los déficit más destacados se registraron en Murcia (-2,23 por ciento) y Navarra (-2,04 por ciento), en este último caso, por razones de calendario, que superan el objetivo previsto para este año, por delante de Extremadura (-1,40 por ciento) y Andalucía (-1,35 por ciento).
   A continuación se han situado Cataluña (-1,26 por ciento), Canarias (-1,21 por ciento), Galicia (-1,17 por ciento), Cantabria (-1,08 por ciento), Aragón (-0,85 por ciento), Castilla y León (-0,80 por ciento), Madrid (-0,79 por ciento), Castilla-La Mancha (-0,76 por ciento), la Comunitat Valenciana (-0,59%), Baleares (0,33 por ciento) y La Rioja (-0,24 por ciento).
   Así lo ha adelantado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en rueda de prensa, donde ha explicado que las comunidades autónomas "están haciendo un gran esfuerzo" y que los resultados logrados hasta la fecha permiten pensar que "se puede conseguir el objetivo" de déficit de las comunidades para 2012, que se sitúa en el 1,5 por ciento del PIB, pero no lo garantizan.
   En total, las comunidades autónomas registraron un déficit de 9.790 millones, el 0,93 por ciento del PIB, hasta el mes de septiembre en términos de Contabilidad Nacional, aunque si se valora la cifra en términos homogéneos contabilizaron un déficit de 11.978 millones de euros, el 1,14 por ciento del PIB.
   Esta cifra de déficit es superior a la registrada al término del primer semestre, que en términos de Contabilidad Nacional se situó en el 0,77 por ciento del PIB.
   "Esto no es la puerta para relajarse, es la muestra de que se puede alcanzar el objetivo. Nuestra responsabilidad es insistir en que el cumplimiento del 1,5 por ciento es fundamental para salir de esta crisis", ha dicho el ministro.
   Por ello, Montoro ha asegurado que el Gobierno sigue sin tener en mente nuevas medidas de control del déficit para este año, pero reclamará por carta "una por una" a todas las comunidades autónomas que cumplan los ajustes comprometidos en sus planes económico-financieros. "Tienen obligación de cumplir el programa", ha añadido.
   En este punto, Montoro ha señalado que el riesgo de incumplimiento del déficit "no es coincidente" con la posición que ocupa cada comunidad autónoma y que "alguna con situación aparentemente más cómoda también está en riesgo", de ahí el envío generalizado de cartas.
   Por otro lado, el ministro de Hacienda ha recalcado que cuando se conozcan los datos definitivos de ejecución presupuestaria a final de año será el momento de valorar quien ha incumplido y si es preciso aplicar las sanciones que se establecen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Hernández Mateo presenta la renuncia a su escaño en las Corts Valencianes

VALENCIA.- El exalcalde de Torrevieja y diputado del PP en las Corts, Pedro Hernández Mateo, ha acudido este martes al Parlamento valenciano para presentar su renuncia al acta de diputado tras ser condenado por prevaricación. 

   En su escrito de renuncia, que ha presentado alrededor de las 17.30 horas, según fuentes parlamentarias, Hernández Mateo ha expresado su "agradecimiento a todos los compañeros, así como al personal de la Cámara por todas sus atenciones" durante las distintas legislaturas en las que ha desempeñado el cargo de diputado.
   El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) le ha condenado a de tres años de prisión, una multa de 10.500 euros y nueve años de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
   Hernández Mateo ha pertenecido a la III, IV, V, VI y VII legislaturas y fue alcalde de Torrevieja durante 23 años. Con su renuncia al acta de diputado dejará de estar aforado y, además, el PP le abrirá un expediente según marcan los estatutos del partido, tal y como anunció el pasado viernes el presidente de la formación 'popular' valenciana, Alberto Fabra.
   La siguiente persona en la lista del PP por Alicante para ocupar el escaño de Hernández Mateo es Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante y diputado 'popular', Luis Díaz Alperi.
   De esta manera, volverán a coincidir padre e hija en las Corts Valencianes, ya que Elisa Díaz fue diputada en la pasada legislatura en sustitución del actual vicepresidente del Consell, José Císcar, que renunció a su escaño para ser delegado del Consell en Alicante.

La CAM se transforma automáticamente en fundación de carácter especial con disolución de todos sus órganos de gobierno

ALICANTE.-   Caja Mediterráneo (CAM) ha quedado transformada automáticamente por mandato legal en fundación de carácter especial, con disolución de todos sus órganos de gobierno y baja en el registro especial de entidades de crédito del Banco de España, según un hecho relevante comunicado por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   En el documento remitido a la CNMV se especifica que el pasado 15 de noviembre fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que entró en vigor en esa misma fecha y cuya disposición final decimotercera regula la transformación automática en fundación especial de las cajas de ahorro que no hayan acordado su cambio en el plazo de cinco meses desde que se produjera el hecho determinante de su disolución.
   En este sentido, dado que CAM se encuentra en causa legal de transformación desde el 15 de diciembre de 2011, cuando dejó de ostentar participación alguna en la entidad Banco CAM, a la que había segregado su negocio financiero, y al haber transcurrido el citado plazo, por efecto de la citada disposición la antigua caja alicantina ha quedado transformada "automáticamente" por mandato legal.
   Además, a partir de este momento el Protectorado correspondiente nombrará una comisión gestora de la fundación especial a los efectos de aprobar los Estatutos, nombrar al patronato, fijar el régimen que corresponda para la amortización inmediata de las cuotas participativas y adoptar cuantos actos o acuerdos sean necesarios para materializar la transformación.
   Igualmente, el hecho relevante indica que como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 9/2012, el pasado 23 de noviembre quedó publicado en el BOE la resolución del Banco de España por la que se publicó el acuerdo de la Comisión Ejecutiva del 20 de noviembre de cesar la medida de sustitución provisional del órgano de administración de CAM.
   De este modo, el documento recoge que "es previsible" que en los "próximos días" el Protectorado nombre la comisión gestora encargada de adoptar los acuerdos referidos a la aprobación de los Estatutos, al nombramiento del patronato, a la fijación del régimen que corresponda para la amortización inmediata de las cuotas participativas y a la adopción de cuantos actos o acuerdos sean necesarios para materializar la transformación.

Soria asegura que Paradores iría a la suspensión de pagos si no se hace un ERE

GETAFE.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha asegurado este martes que la empresa Paradores iría a una situación concursal y de suspensión de pagos si no se lleva a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y se procede al cierre transitorio de algunos paradores nacionales.

   Soria ha señalado que la empresa Paradores, en el año 2004, tenía una situación de tesorería positiva de unos 45 millones de euros que tenía invertidos en bonos del Tesoro pero que, a finales del año 2011, esa situación ya no solo no es positiva sino que es "una situación de tesorería negativa de 113 millones de euros".
   Por ello, el ministro de Industria ha apuntado que ahora se encuentran ante la tesitura de hacer un ERE y "proceder al cierre transitorio de algunos paradores, o bien, proceder a una situación concursal y de suspensión de pagos".
   "El Gobierno cree que Paradores Nacionales es y debe seguir siendo una marca de referencia en el sector turístico español, por lo que el objetivo es salvar la empresa aunque hay que adoptar unas medidas ciertamente dolorosas como es un ERE", ha advertido el ministro tras ser preguntado por este asunto durante la inauguración de la fábrica de Loewe, en Getafe.

El Gobierno defiende convertir cajas en fundaciones para controlar a los bancos

BRUSELAS.-   El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido que las cajas de ahorros que han transferido su negocio bancario a un banco se transformen progresivamente en fundaciones y ha dicho que de este modo podrán seguir manteniendo el control sobre las entidades a que dieron origen.

   El memorándum de entendimiento del rescate bancario para España exige que todas las cajas, incluso las que no han recibido ayudas, reduzcan su participación en entidades de crédito hasta un nivel no mayoritario.
   El Gobierno está elaborando la norma para aplicar este requisito, que se realizará en "plazos suficientemente dilatados", de años, para no obligar a ninguna entidad a vender "rápidamente". "Se van a establecer como tramos para definir la posición real de lo que es la caja como accionista del banco al cual ha transferido la actividad bancaria", ha señalado.
   "Lo que busca fundamentalmente la norma es que estas cajas de ahorros se vayan convirtiendo en fundaciones de carácter bancario y de carácter especial. Eso es lo que va a buscar la norma y eso es lo que estamos viendo con la Comisión, con el Banco Central Europeo y con el Fondo Monetario Internacional", ha explicado Guindos en rueda de prensa tras participar en el Ecofin.
   Una vez que las cajas se conviertan en fundaciones ya no se les aplicará la obligación de renunciar al control de los bancos que crearon. "Es cierto", ha confirmado el ministro de Economía.
   "Aquí el principio básico es que no tiene sentido que una caja de ahorros, que es una entidad de crédito, que ha transferido todo su negocio bancario a un banco, sea la que controle el banco. Porque la actividad bancaria tiene que estar centralizada en una entidad que tiene que ser el banco", ha indicado Guindos.
   La norma que negocia el Gobierno con la troika establecerá las condiciones para crear cajas de ahorro a futuro, con "limitaciones desde el punto de vista geográfico" y un "gobierno corporativo" que "sea mucho mejor para evitar los problemas que tuvimos en el pasado".

Gobierno y FEMP harán una propuesta conjunta sobre la reducción de concejales

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) realizarán una "propuesta conjunta" en relación con la reducción de concejales y la "homogeneización" del sueldo de los alcaldes y ediles.

   Así lo ha anunciado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, después de mantener un encuentro en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, un encuentro que ha calificado de "francamente positivo" y que ha durado casi dos horas.
   "Hemos trasladado al presidente nuestra visión y hemos acordado realizar una propuesta conjunta del Gobierno y las entidades locales. No somos ajenos al debate. Consideramos que todos tenemos que hacer un esfuerzo y ver cuál es la situación real de los concejales en las entidades locales", ha señalado, para recordar, no obstante, que en lo que se refiere a los sueldos, hay municipios en los concejales "no reciben ningún tipo de retribución salarial".
   En este sentido, De la Serna le ha mostrado al presidente del Gobierno la disposición de la FEMP de llegar a un "acuerdo conjunto" de Gobierno central y entidades locales sobre sueldos y reducción de concejales, si bien ha precisado que en lo que se refiere a los salarios, son partidarios de que la "propuesta inicial de debate" salga de la Federación.
   "Dentro de la Federación tenemos que abrir ese proceso y someterlo a los grupos políticos", ha aclarado, para añadir que la vía por la que apostaría el Gobierno sería la de "homogeneizar" los salarios. "Todo parece indicar que la propuesta iría por esa vía, pero hay que esperar a que esa propuesta esté encima de la mesa", ha advertido.
   Ante la propuesta inicial de reducir un 30 por ciento el número de concejales recogida en el borrador de la Ley de gobierno local, ha dicho que fue "una estimación orientativa" y que ahora se ha abierto un "proceso de negociación común".
   En este sentido, el presidente de la FEMP ha subrayado que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó este verano un "documento base" que "está siendo modificado" y que esperan contar con el nuevo texto en breve para seguir trabajando y alcanzar un acuerdo.
   Finalmente, De la Serna ha precisado que la homogeneización de sueldos y la reducción del número de concejales no formará parte de la ley para la reforma de la Administración Local en la que trabaja el Gobierno, ya que se trata de materias reguladas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). "Nunca ha formado parte", ha reiterado.

La reforma local obligará a las CCAA a financiar al 100% los servicios a ayuntamientos

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha anunciado este martes que la reforma de la Administración Local que prepara el Gobierno reforzará los convenios de colaboración entre comunidades autónomas y ayuntamientos para la prestación de determinados servicios por parte de las entidades locales, de modo que se garantice el cien por cien de la financiación y su continuidad en el tiempo.

   Según ha explicado De la Serna en rueda de prensa en Moncloa tras reunirse durante casi dos horas con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, actualmente "muchos de los servicios" que prestan las entidades locales "se hacen con convenios de colaboración que no tienen estabilidad en el tiempo y cuya financiación no está asegurada".
   "Eso hace que en momentos en que se reduce la aportación de las comunidades autónomas el propio servicio queda en entredicho y las entidades locales se ven abocadas a su sustitución, a su modificación o a su desaparición", ha denunciado.
   Así, ha confirmado que la nueva ley contemplará que "cuando una entidad local vaya a desarrollar un servicio por encomienda de la comunidad autónoma, el ayuntamiento tenga asegurado el cien por cien de la financiación y lo haga de una manera estable en el tiempo para planificar los recursos adecuadamente y con una cierta garantía".
   "No es una ley de haciendas locales pero consigue avanzar en este campo de una manera decidida", ha reconocido, para añadir que "contiene algunos artículos que mejoran mucho la relación institucional entre las diferentes Administraciones Públicas".
   En este sentido, ha manifestado que le parece "muy positivo" que "por primera vez el Gobierno central introduzca una cláusula de salvaguarde" lo que hacen los ayuntamientos actualmente "sin ningún tipo de cobertura jurídica".
 "Va más allá, garantizando la prestación en el tiempo", ha valorado, para añadir que desde la FEMP plantean que la nueva ley establezca un plazo determinado de años durante los que deba garantizarse la prestación del servicio.
   "Creemos que el hecho de que esa partida figure en los Presupuestos de la comunidad autónoma no es garantía suficiente, por eso aquí también pedimos un poco más: que se establezcan mecanismos dentro de la Ley que garanticen que ese dinero va a llegar", ha señalado, para añadir que "quizás una de las vías podría ser la retención de los ingresos a las Comunidades Autónomas si no cumplen".
   Asimismo, De la Serna ha destacado el hecho de que la reforma de la Administración Local pretenda clarificar competencias municipales para evitar duplicidades ya que es algo que desde las entidades locales llevan "toda la vida" reclamando, sobre todo en lo que se refiere a las "competencias impropias" que asumen los ayuntamientos cuando son responsabilidad de otras administraciones y que, tal y como ha denunciado De la Serna, suponen un coste de 10.000 millones de euros.
   "Lo más importante es lo que tiene que ver con la distribución de competencia. El saldo cualitativo que podemos alcanzar es aquel asociado a la clarificación de competencias para evitar duplicidades. Pensamos que esa clarificación de competencias mejoraría el funcionamiento de las administraciones públicas, y el ratio de eficiencia. Nos referimos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales", ha detallado.
   Por otra parte, ha señalado que todavía queda por definir qué entidad supramunicipal será la que se encargue de prestar aquellos servicios que los ayuntamientos no vean rentable y eficiente o no estén en condiciones de prestar.
   En este sentido, ha reconocido que la asunción de dichas competencias por parte de las diputaciones provinciales es una posibilidad planteada en algunos documentos de trabajo "parciales" de cara a elaborar el anteproyecto de la ley, pero no es definitivo. "Lo que demuestra es que se está trabajando intensamente en la reforma. No debemos pronunciarnos sobre documentos parciales", ha manifestado.

Torres-Dulce manifiesta su compromiso contra la corrupción

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha manifestado este martes que existe un amplio consenso social respecto al establecimiento de "un nivel de tolerancia cero" frente a la corrupción, y que esta posición es la que asume el Ministerio Fiscal porque no puede permitir que este fenómeno "siga envenenando el funcionamiento de la economía, su imagen internacional, la integridad de las arcas públicas, la probidad en las relaciones comerciales y el cabal desempeño de las prerrogativas y funciones publicas".

   Torres-Dulce se ha manifestado en este sentido durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde acudió a presentar el contenido de la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2011.
   Sobre la Fiscalía Anticorrupción, manifestó que "está asumiendo la investigación de las mas complejas formas de delincuencia económica."  
   Para Torres-Dulce, "junto con la furiosa agresión del terrorismo no hay forma mas devastadora de ataque a la democracia  y a sus valores que  la devaluación de las instituciones por la venalidad de sus responsables".
   Por ello, el fiscal general de Estado insistió en su "beligerante compromiso contra esta lacra "con la conciencia clara de que en esta partida nos jugamos mucho mas que un mero interés económico".
   En esta lucha, considera que la Fiscalía Anticorrupción constituye una pieza clave que debe ser reforzada en sus medios personales y materiales como unidades adscritas a la misma y la plena colaboración de órganos de la administración que sean requeridos
   A lo largo de su comparecencia, convocada para que diera cuenta de la última Memoria de la Fiscalía, correspondiente a 2011, Torres-Dulce ha manifestado que los delitos contra la Administración Pública han experimentado un ligero descenso en su conjunto, aunque con incrementos en modalidades delictivas de gran trascendencia.
   Así, por el número de procedimientos incoados la prevaricación administrativa ha experimentado un aumento cercano al 30 por ciento en 2011, mientras que el cohecho se ha visto incrementado en un 45 por ciento y el tráfico de influencias en un 44 por ciento. Las causas por  malversación de caudales públicos durante el pasado año subió en un 25 por ciento.
   Según Torres-Dulce, los citados incrementos se deben "quizá a una mayor eficacia de la persecución de este tipo de delito", si bien reconoce que existe un "deficiente tono ético en el desempeño de determinados cargos" sobre el que "debemos reflexionar".
   Torres-Dulce ha realizado un diagnóstico de la situación de la institución y ha expresado sus quejas por la actual distribución de competencias, que hace que la gestión de los recursos que precisa la Fiscalía para trabajar dependa de hasta 13 proveedores diferentes entre Ministerio y Comunidades Autónoma.
   Ello ha provocado, a juicio del fiscal general, que mientras existe un Ministerio Fiscal que ha apostado por la especialización, la oficina fiscal "ha permanecido ajena a esta transformación".
Además, ha resaltado el escaso ratio de funcionarios por fiscal (del 0,8 por ciento), lo que obliga a los fiscales a asumir tareas organizativas que le restan tiempo para su labor principal.
   Igualmente, ha dicho que actualmente en el mapa tecnológico de la Fiscalía conviven hasta diez aplicaciones diferentes y a advertido de la incompatibilidad de los diferentes sistemas, lo que supone un "serio obstáculo" para la labor del Ministerio Público.
   Al igual que hizo con ocasión de su comparecencia antes de ser designado fiscal general, el pasado mes de enero, Torres-Dulce ha manifestado la importancia que para él tiene el principio de independencia fiscal y ha anunciado la presentación del Libro Blanco del Ministerio Fiscal antes de que finalice el propio periodo de sesiones.  
   Igualmente, ha denunciado el excesivo esfuerzo que requiere la dedicación de los fiscales a las infracciones leves o faltas, que alcanzaron en 2011 los 300.000 juicios "El grado de alarma que generan en la sociedad es tan de escasa entidad que se dispersan y debilitan de manera innecesaria" las energías del Ministerio Público.
   De los 4.477.380 procedimientos incoados en el orden penal durante 2011, más del 90 por ciento se archivan. El fiscal viene a formular anualmente 300.000 son acusaciones, que se dividen en 150.000 diligencias urgentes ( 43 por ciento por delitos contra la seguridad vial y 25 por ciento por violencia de género") otras tantas procedimientos abreviados y apenas un uno por ciento procedimientos ordinarios, referidos a los delitos más graves como homicidios, violaciones etc.
   La Memoria también recoge que aunque en 2011 no se produjo ningún atentado terrorista --sí hubo cinco acciones de terrorismo callejero--, el número de detenidos por terrorismo etarra ascendió a 82, 61 menos que en 2010.    

El Gobierno y PP intentan avanzar en la reforma de administraciones públicas

MADRID.- El Gobierno y el Partido Popular intentarán dar un impulso a la reforma de las administraciones públicas que ha puesto en marcha Mariano Rajoy con el objetivo de racionalizar estructuras, procedimientos y recursos. Para ello se han convocado sendas reuniones, una en Moncloa más centrada en el ámbito local y otra en 'Génova' con carácter más autonómico.

   Así, el presidente del Gobierno recibirá en el Palacio de la Moncloa al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, que le trasladará la disposición de las entidades locales para trabajar en la reforma de la administración con "la máxima lealtad institucional, consenso y diálogo".
   A la misma hora, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el vicesecretario de Política Autonómica y Local del partido, Javier Arenas, abordarán la reforma de las administraciones públicas en la sede del PP.
   A este encuentro asistirán también los consejeros de Presidencia y de Administraciones Públicas de las comunidades en las que gobierna el PP; así como los portavoces del PP de estas materias de las CCAA en las que no gobiernan. El objetivo es "coordinarse" y poner en común propuestas para racionalizar recursos y reducir estructuras.
   Cospedal ha explicado este lunes que pretenden introducir el criterio de eficacia en todas las administraciones, mediante la eliminación de duplicidades y la limitación de competencias que cada una debe asumir. Se trata, ha proseguido, de introducir el criterio de sostenibilidad en la gestión pública para hacerla lo más eficiente posible.
   La 'número dos' del PP ha señalado que están trabajando en propuestas que quieren compartir y estudiar "en el buen sentido con el PSOE en aras de conseguir un gran acuerdo". Por el momento, los responsables de Política Municipal de los dos principales partidos ya han mantenido algún contacto para dar pasos en la reforma de la administración local.
   Fuentes del PP han explicado que la vicepresidenta del Gobierno informará este martes de los trabajos de la comisión de estudio para la reforma integral de las Administraciones Públicas que se constituyó hace pocas semanas y que tiene que elevar una propuesta formal antes del próximo 30 de junio.
   El objetivo de esta comisión es auditar de "abajo a arriba" las administraciones para hacer viable una estructura de Estado, de reparto de competencias y de responsabilidades que "ha funcionado muy bien" pero que es "insostenible" en tiempos de crisis, en palabras de Sáenz de Santamaría.
   Una de las primeras propuestas de esa comisión ha sido la reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado, que supondrá un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años.
   Por su parte, Montoro dará cuenta en esta reunión en 'Génova' de cómo marchan los trabajos para la reforma de la Administración Local, que pretende clarificar competencias municipales para evitar duplicidades (supondrá un ahorro de al menos 3.500 millones de euros).
   Esa reforma apostará también por la supresión de más de 3.000 entidades locales menores y mancomunidades cuya sostenibilidad financiera no está asegurada y la eliminación de más de 21.000 concejales en las próximas elecciones municipales.
   Precisamente, Cospedal y Arenas mantuvieron el pasado jueves un encuentro con representantes de distintas federaciones de municipios del país, en el que subrayaron la apuesta del PP por reducir el número de concejales y los sueldos, así como mejorar la financiación municipal, aclarar las competencias, reforzar las diputaciones y eliminar buena parte de las mancomunidades.
   Fuentes del PP han asegurado que se trata de una reunión "ordinaria" en el marco de las muchas que organiza cada semana el partido para "coordinarse" con el Ejecutivo y han señalado que el objetivo de esta cita no es dar el visto bueno a ningún texto concreto que vaya a ir ya al Consejo de Ministros.
   En principio, desde el Gobierno se tiene intención de aprobar antes de que acabe el año la reforma de la Ley de Gobierno Local, clave en el marco de reformas estructurales anunciadas por Mariano Rajoy para esta legislatura.

lunes, 3 de diciembre de 2012

Ortíz sigue haciendo caja con los dineros del Ayuntamiento de Alicante

ALICANTE.- La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la adjudicación del servicio de limpieza de centros escolares y dependencias municipales de la ciudad a favor de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, por una cantidad superior a los 17,8 millones de euros, IVA incluido, al tratarse de la "oferta identificada como la más ventajosa".

   El portavoz adjunto del equipo de Gobierno de la capital alicantina, Juan Seva, ha comparecido este lunes en rueda de prensa para informar sobre el acuerdo acompañado por el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, y por el técnico municipal adscrito al área, Jesús Rubio.
   Así, Llorens ha resaltado del nuevo contrato que mantiene al 100 por cien el empleo, garantiza la totalidad de los servicios prestados, y reduce hasta un 27 por ciento los costes con respecto al anterior. "Beneficia a todas las partes, al Ayuntamiento, a los ciudadanos y a la empresa", ha subrayado al respecto.
   Por su parte, Rubio ha explicado que la nueva adjudicación ofrece una ampliación en la cobertura, donde ha hecho referencia al concepto "todo incluido", y ha indicado que en esta ocasión se ha contemplado en el acuerdo la prestación del referido servicio en cualquier posible ampliación de las dependencias o centros escolares.
   Además, ha señalado que representa una "mejora" en cuanto al rendimiento de la plantilla, al plantear una distribución flexible y una reasignación de los recursos en función de las necesidades, y ha incidido en que se mantendrán los puestos de trabajo al 100 por cien, algo que no cubría el resto de ofertas, del mismo modo que se aseguran los salarios y los derechos adquiridos de los trabajadores.
   Por otra parte, y fuera del orden del día, la junta de Gobierno de Alicante ha aprobado un convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, y el Ayuntamiento para atender las necesidades de las familias que hayan perdido su vivienda habitual como consecuencia de desahucio hipotecario u otras causas excepcionales, mediante la utilización de viviendas de titularidad pública y los contratos de arrendamiento de interés social.
   Seva ha expuesto que los ejecutivos autonómico y local, en el marco de sus competencias y responsabilidades, "deben en este momento movilizarse y aunar esfuerzos" para "paliar uno de los efectos más preocupantes" de la crisis económica, "que es el de las familias que se ven abocadas a la pérdida de su vivienda habitual como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria o de otras circunstancias excepcionales".
   Por ello, y según se recoge en el acuerdo, el portavoz adjunto ha indicado que "procede impulsar" un programa "específico" para atender las necesidades de domicilio de las familias "especialmente desfavorecidas" como consecuencia de la "crisis hipotecaria" y otras situaciones, "movilizando para ello el parque público de viviendas" de la Generalitat "disponible", así como aquellas de titularidad municipal "en el caso que las hubiera".
   Junto a estos acuerdos, se ha validado la convocatoria mediante procedimiento abierto con el fin de contratar la ejecución de las obras de ampliación del cementerio municipal en la zona este y la construcción de 640 nichos, para la que se ha establecido un plazo de seis meses, y un tipo de licitación superior a los 1,2 millones de euros, si bien se admiten propuestas a la baja
   Por último, Seva ha hecho referencia a la adjudicación a la Comunidad Nazaret de los contratos relativos al servicio de educación para el desarrollo y la organización familiar y al servicio de educación perinatal, por un importe de 112.000 euros cada uno.

Ximo Puig acusa a los gobiernos del PP de "debilitar las infraestructuras públicas" y hacer una política de "austericidio"

ALICANTE.- El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha opinado que "lo único que preocupa al PP es debilitar las infraestructuras públicas" con la aplicación de una política de "austericidio", como en el Aeropuerto alicantino de El Altet.

   En un encuentro con los medios de comunicación mantenido este lunes en Alicante, donde se ha reunido con representantes sindicales del Aeropuerto de Altet, Puig ha recordado que ésta "es una infraestructura fundamental para el sector turísticos y el futuro de esta provincia y de la Comunidad Valenciana, por lo que es fundamental solucionar sus problemas de competitividad".
   A su juicio, los "problemas de funcionamiento, estructurales y laborales" que tiene este aeropuerto "afectan directamente al futuro de un sector tan fundamental como es el turismo", situación que ha hecho extensiva al resto de la Comunitat Valenciana y del país, donde los gobiernos del PP "no están liderando la salida de la crisis".
   "Lo único que preocupa en estos momentos a los gestores del aeropuerto, y a los de las infraestructuras públicas, es una política de 'austericidio', de recortar por recortar, incluso en aquellas empresas que funcionan bien y que tienen recursos suficientes".
   Por eso, ha remarcado que es "prioritario solucionar sus actuales problemas de competitividad que ahora mismo lastran la viabilidad futura del aeropuerto". Además, ha apostado por ejecutar las infraestructuras "necesarias para poder conectarlo con la ciudad de Alicante, con Benidorm y con todos los centros neurálgicos que ayuden a promover la industria turística".
   Sobre este sector, Puig ha incidido en que "es fundamental y, pese a haber resistido hasta ahora a la crisis, ya sabemos que está sumida en una problemática profunda, tal como denunciaron los propios empresarios del sector hace bien poco".
   Por otro lado, ha mostrado su preocupación por la privatización de AENA prevista, a la que el PSPV está "radicalmente en contra, por es una privatización más que empeorará la gestión, los resultados y que dificultará el progreso del turismo".
   Frente a la política de aplicación de EREs a los que están sometidas "todas las empresas que están involucradas de forma directa o indirecta en la gestión del aeropuerto, el PSPV ha apostado por "salvar esta instalación desde la potencia, no minimizándolo".
   En esta línea, el secretario general del PSPV ha anunciado que el PSOE planteará una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre "qué piensa hacer el Gobierno con el aeropuerto de Alicante, cómo va a mejorar su operatividad".
   "Además, vamos a pedir documentación, porque hay muchas zonas oscuras que los ciudadanos y los trabajadores deben conocer respecto a por dónde se va a enfocar su futuro", ha avanzado, al tiempo que ha comentado su intención de fiscalizar de manera permanente las decisiones que se tomen en torno al Aeropuerto de El Altet.
   "En estos momentos todas las reformas que se plantean se basan en minimizar los costes laborales, lo que supone cargar todo el coste de la solución de los problemas de competitividad del aeropuerto sobre los trabajadores, lo cual es absolutamente injusto, impresentable y, además, ineficaz".
  Por su parte, el secretario general del PSPV en la provincia de Alicante, David Cerdán, ha apuntado que "el PP lo que pretende es acabar con el sector público en general, y con la red estatal de aeropuertos en concreto".
   Así, en el caso de Alicante, ha destacado que "el PP deja de invertir en dos sectores fundamentales para atraer pasajeros, como son el turismo, al que tiene abandonado, y el sector industrial, del cual no se acuerda desde hace 17 años", y ha hecho hincapié en que el Estado y la Conselleria "hacen competencia desleal a sus propios aeropuertos invirtiendo en aquellos que no son de titularidad pública".
   Por ello, ha asegurado que el PSPV "defenderá el sistema público porque es esencial para salir de la crisis y porque no podemos consentir que se sigan atacando los derechos laborales".

García-Margallo constata que la Comunitat está mal financiada y aboga por "revisar" el sistema

VALENCIA.- El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, se ha mostrado "completamente de acuerdo" con la afirmación de que la Comunitat Valenciana está mal financiada y ha abogado por "revisar" el sistema actual y "mejorar las posiciones relativas de la Comunitat Valenciana".

   En su opinión, "hay que empezar a reflexionar para que, en 2014, tengamos un sistema de financiación que sea mucho más justo, mucho más moderno y mucho más adecuado a las necesidades del siglo XXI".
   Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras la presentación del nuevo Ford Kuga en Almussafes, donde ha constatado que "se ha ignorado en primer lugar la población de la Comunitat", algo que asegura haber "denunciado durante mucho tiempo", y que "el sistema fiscal se ha quedado antiguo y anquilosado".
   A su juicio, "hay que revisar ese sistema" y "mejorar las posiciones relativas de la Comunitat Valenciana".
 "Lo he creído antes de ser ministro y lo creo siendo ministro", ha sentenciado.
   A preguntas acerca de las manifestaciones realizadas a El País por el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, en las que reclamaba el pacto fiscal para la Comunitat y abogaba por refundar el sistema de financiación para evitar disparidades entre autonomías, el ministro ha indicado que "el pacto fiscal es, por definición, bilateral" y que "la Constitución solo ampara eso en los territorios históricos del País Vasco y Navarra".
   Ha agregado, no obstante, que "lo que sí que hay que hacer es llegar a un resultado similar a través de un pacto multilateral", lo que puede lograrse "si se concede a las comunidades autónomas un mayor espacio fiscal para establecer los tributos que tengan por convenientes para financiar aquellos servicios que no sean servicios básicos financiados por toda la nación".
   "Por tanto, el pacto fiscal no es posible, pero llegar a una solución similar al pacto fiscal aumentando la corresponsabilidad, el espacio fiscal, la libertad fiscal de las comunidades autónomas, es perfectamente posible", ha subrayado el ministro.
   Es más, ha destacado que "la ocasión es inmediata porque en el año 2013 termina el período quinquenal" y, en este sentido, ha opinado que "hay que empezar a reflexionar para que en 2014 tengamos un sistema de financiación que sea mucho más justo, mucho más moderno y mucho más adecuado a las necesidades del siglo XXI".

Las Universidades valencianas detectan una reducción de créditos matriculados de hasta el 10% por el aumento de tasas

VALENCIA.- Las universidades públicas de la Comunitat Valenciana han constatado una reducción de los créditos en los que se matriculan los estudiantes de entre el 5 y el 10 por ciento como consecuencia de la subida de las tasas. Esta disminución se produce sobre todo a partir de la segunda matrícula, ya que "el monto tan elevado" tiene un efecto "desincentivador" y hace que el alumno se vuelva "más conservador". De igual modo, las instituciones académicas han detectado "un mayor grado de devolución" de las matrículas y, de hecho, alguna de ellas "por primera vez", han vuelto a enviar la orden de pago.

   Así lo han puesto de relieve en rueda de prensa los rectores del sistema público universitario valenciano, que este lunes se han reunido en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia para participar en una mesa redonda sobre 'El futuro del modelo universitario público español'. Al acto han acudido los máximos responsables de la Universitat de València (UV), Esteban Morcillo; Politécnica de València (UPV), Juan Julià; Universidad de Alicante (UA), Manuel Palomar; Universitat Jaume I de Castellón (UJI), Vicent Climent; y Miguel Hernández de Elche (UMH), Jesús Tadeo Pastor.
   Sobre el futuro de la financiación universitaria, Juan Julià ha aseverado que se debe encaminar hacia "un modelo anglosajón" con una cuantía mucho más elevada de beneficiarios de becas. En este sentido, ha hecho notar que, mientras España dedica a este tipo de ayudas el 0,08 del Producto Interior Bruto (PIB), la media de los países de la OCDE destina el 0,24, es decir "tres veces más", ha subrayado.
   Además, ha afirmado que, aunque se realice una mayor consignación presupuestaria de becas, hay que ver qué cantidad se liquida finalmente, puesto que los requisitos para acceder a elles también se han "endurecido".  
   En opinión del rector, con una política de becas más generosa, el resultado de la elevación de los precios públicos hubiera sido "más realista", ya que, en la práctica, el incremento de precios ha hecho que los créditos matriculados en las universidades valencianas hayan bajado entre un 5 y un 10 por ciento y que, además, haya alumnos que tengan problemas para pagar las matrículas.
   En este punto, y acerca de la posibilidad de que haya estudiantes que puedan verse excluidos del sistema por falta de pago, el rector de la UV, Esteban Morcillo, ha reconocido que "la obligación de las universidades es hacer cumplir la normativa de permanencia", que implica abonar la matrícula.
   No obstante, Morcillo --que ha resaltado la oposición expresada por las universidades al denominado 'decreto Wert'-- ha remarcado que las entidades educativas están "flexibilizando" el método de pago de los estudiantes ofreciéndoles la posibilidad de hacer frente a los importes en varias mensualidades.
   La bajada de los ingresos, junto al recorte de las dotaciones de la  administración, provoca además tensiones en las cuentas de las universidades, que están "en una situación límite para atender sus pagos mes a mes", ha admitido Juan Julià.
   Por ello, los rectores ven conveniente establecer un calendario de pagos y que el Plan Plurianual de Financiación que se firmó con la Generalitat "se cumpla" hasta que se diseñe un nuevo modelo. Mientras,  el responsable de la Politècnica ha recordado el "compromiso" del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de la consellera de Educación, María José Català, de intentar 'rescatar' 10 millones de euros del presupuesto de 2013 para el sistema universitario.
   Otro tema que está en la agenda de conversaciones entre las universidades públicas y el Consell es el próximo mapa de titulaciones. Sobre esta cuestión, los mandatarios de las instituciones de educación superior pública han opinado que, a la hora de reformar la oferta de títulos, también se debería tener en cuenta a las universidades privadas.
   Cuando se les ha preguntado por su valoración sobre la aprobación de una nueva universidad privada en la Comunitat --el centro adscrito de Valencia de la Universidad Europea de Madrid se ha constituido como Universidad Europea de Valencia-- el rector de la UJI, Vicent Climent, ha dicho que "parece absurdo plantear ese mapa de titulaciones y, en cambio, que la privada tenga carta blanca". Y más aún cuando "no está haciendo una oferta complementaria a las universidades públicas", ha rematado.
   En términos similares, Juan Julià ha comentado que "ha escuchado decir a alguien de la universidad privada" que lo de la reforma del mapa de titulaciones "no van con ellos", una afirmación sobre la que ha "discrepado".
   Acerca de si los rectores "temen" que pueda darse un proceso de "privatización" como el de la sanidad, Esteban Morcillo ha precisado que las universidades son organismo autónomos por ley. "Otra cosa --ha matizado-- es que un progresivo deslizamiento presupuestario nos pueda abocar a una situación complicada". Ante ese horizonte, ha instado a considerar a la universidad, al igual que la sanidad pública, como "un bien que defender por la sociedad".  
   Por su parte, Manuel Palomar, que en estos momentos ejerce como portavoz de la Conferencia de Rectores de la Comunitat, ha centrado su intervención en la "incongruencia del discurso político" al sostener, por un lado, que la economía debe basarse en el conocimiento y, por otro, aplicar una rebaja de un 80 por ciento en la investigación no financiada en los presupuestos de 2013.  
   De este modo, ha advertido de que si los planes estatales de investigación no van acompañados de una financiación adecuada, la pérdida de capital humano va a ser "irreparable en los próximos años".
   Finalmente, Jesús Tadeo, de la UMH, ha aludido al "deterioro" de la enseñanza primaria y secundaria. Frente a este problema, ha abogado por seguir los informes internacionales que animan a tomar como ejemplo los sistemas educativos de los países con mejores resultados.
   Las condiciones que se dan en ellos, ha enumerado, son tener un profesorado "bien formado y motivado", con salarios que se correspondan a su productividad; independencia de los colegios a la hora de diseñar sus currículos, ya que ese ha demostrado que obtiene mejores resultados que en los lugares donde la enseñanza está más centralizada; y fomentar la disciplina "entendida en un sentido amplio".

El empresario Angel de Cabo, detenido junto a Díaz Ferrán, fue acusado en febrero de amenazar a jueces

MADRID.- El empresario Ángel de Cabo, detenido este lunes junto al expresidente de la CEOE y del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, se habría encargado de realizar "prácticas de extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo Mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes", según consta en un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en febrero pasado. 

   La resolución judicial, dictada en el marco de la causa que se sigue contra el empresario José María Ruiz Mateos y los responsables del grupo Nueva Rumasa, señalaba que ésta era una de las "estrategias seguidas" por De Cabo para "lograr el máximo beneficio" en la compra y venta de empresas.
   El juez Ruz detallaba que el empresario, actual propietario de Nueva Rumasa y Viajes Marsans, también se dedicaba a "la elaboración de documentos predatados y su inclusión en procedimientos judiciales".
   Según este auto, las investigaciones policiales concluían que el nuevo dueño de Nueva Rumasa tenía "en su poder" toda la documentación relacionada con las cuentas bancarias de Suiza a nombre de varias matrices holandesas y de los concursos voluntarios de acreedores en los que se encuentran las sociedades del grupo.
   De Cabo, que adquirió 75 sociedades de Nueva Rumasa a través de la sociedad Back in Business, también está imputado en el marco de esta causa, en la que se encuentran imputados José María Ruiz-Mateos, su mujer, Teresa Rivero, siete de sus hijos, y otras seis personas más por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental.
Actitudes de chulería parecidas, aunque para nada semejantes, se han podido observar en Alicante durante los últimos meses por parte de algunos imputados respecto a fiscales anticorrupción.

Paradores planea cerrar siete establecimientos pero no el de Jávea

MADRID.- La dirección de Paradores planea cerrar siete establecimientos de la red y cierres temporales en 27 de los 94 paradores que conforman la red, medidas que se sumarían al ERE presentado por la cadena para la extinción de 644 trabajadores, casi el 14% de la plantilla, según informaron fuentes sindicales. Entre ellos no estaría el de Jávea.
 
Este lunes quedó constituida la mesa de negociación del ERE, cuyos despidos se repartirán por todo el conjunto de paradores, según indicaron las mismas fuentes, que precisaron que una vez presentado oficialmente, se abrirá un periodo de consultas, que durará un mes.
Los siete paradores para los que la hotelera plantea el cierre total son el de Albacete, el de Manzanares (Ciudad Real), Ayamonte (Huelva), Ferrol (A Coruña), Puerto Lumbreras (Murcia), Teruel y Verín (Ourense).
Los sindicatos han mostrado su "más absoluto rechazo al plan", que afectará a unos 1.500 trabajadores de los 4.600 que tiene en plantilla (400 en servicios centrales), incluidas las salidas, y han pedido "la dimisión del Comité de dirección de la cadena hotelera".
Fuentes sindicales de UGT calificaron de "desproporcionado" y de "inasumible" el plan que la compañía ha puesto sobre la mesa, ya que "perjudicaría la continuidad de la compañía más allá de la extinción de los 644 empleos".
Según UGT, el plan contempla el cambio de su condición de fijos a fijos discontinuos para 856 trabajadores de la plantilla, la supresión del departamento de reservas y del de informática.
En un comunicado CC.OO., aseguró que el cierre por temporada de estos establecimientos afectaría a los contratos de 948 trabajadores, a los que se debe sumar el cierre de nueve servicios de restauración (restaurantes y cocinas).
Paradores convocó este lunes a los representantes del Comité Intercentros de la cadena hotelera, integrado por UGT y CC.OO., a una primera reunión para abrir la negociación del plan de reestructuración planteado por la compañía e iniciar el periodo de consultas, ante las quejas de los representantes sindicales ante la convocatoria del pasado jueves por un defecto de forma.
El Comité Intercentros se ha opuesto a las propuestas de la dirección de la empresa, "por desproporcionadas", ya que temen que escondan "una futura privatización de la red", y mantiene la huelga convocada para el jueves y viernes de esta semana, los dos primeros días del puente de la Constitución.
Los sindicatos, que prevén difícil "un acuerdo", ya avanzaron que a estas protestas podrían seguirles más paros, ante el temor del "desmantelamiento total de la red". Ambas partes se reunirán de nuevo el próximo día 11 de diciembre. Los sindicatos reiterarán a la compañía un plan de futuro y garantía del empleo que incluya "sacrificios compartidos".
Al respecto, fuentes de la cadena pública aseguraron que será, en todo caso, "en la mesa de negociación donde se decida cuáles y cuántos establecimientos podrían llegar a cerrarse", tras reconocer que existen varios establecimientos de la red que acumulan "enormes pérdidas económicas". No obstante, incidieron en que lo que se ha presentado es la extinción de casi el 14% de la plantilla.
Según los sindicatos, entre los establecimientos afectados por los cierres de temporada se encontrarían los establecimientos ubicados en Cataluña: Aiguablava (Girona), Artíes (Lleida), Seo d'Urgell (Lleida), Cardona (Barcelona), Vic-Sau (Barcelona) y Vielha (Lleida).
En Galicia, la cadena contempla cierres parciales en los establecimientos de Vilalba (Lugo), Monforte de Lemos (Lugo), Santo Estevo (Ourense) y Tui (Pontevedra).
En Andalucía, donde se ubican 16 paradores, con una plantilla de 176 trabajadores, serán reconvertidos los paradores de Cazorla (Jaén) y el de Arcos de la Frontera (Cádiz). Según CC.OO., el ERE contempla 118 despidos en Andalucía y 50 modificaciones laborales, tanto de reducciones de jornada como del cambio de contratos fijos en fijos discontinuos.
En Castilla y León, los afectados por cierres parciales son: Benavente (Zamora), Puebla de Sanabria (Zamora), Cervera (Palencia), Gredos (Ávila), Tordesillas (Valladolid) y Villafranca del Bierzo (León).
En Castilla-La Mancha, la compañía plantea cierres parciales en Almagro (Ciudad Real) y Oropesa (Toledo), mientras que en Cantabria serán dos establecimientos los afectados por esta medida Fuente De y Limpias. También se contemplan cierres temporales en Alcañiz (Teruel) y Bielsa (Huesca); en Guadalupe (Cáceres) y en el de Santo Domingo (La Rioja).

El ministro Morenés destaca la "relevancia extrema" del sector marítimo para España

MADRID.- El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha destacado este lunes la "relevancia extrema" que tiene el sector marítimo en España para su economía, su prosperidad y su seguridad y, por eso, ha insistido en la necesidad de que se cree una "conciencia de sector" como "paso clave" para que tenga "la visibilidad e importancia que merece".

   Así se ha pronunciado el ministro de Defensa en la clausura de la entrega de premios 2012 Clúster Marítimo Español. Morenés ha recalcado el papel de esta organización que reúne a todos los actores, estatales y privados, relacionados con la actividad marítima, en este momento de "nueva pujanza y visibilidad de este importante sector".
   "Nadie duda de que el siglo XXI será un siglo marítimo", ha insistido el ministro, que ha hecho hincapié en la labor que tiene Clúster Marítimo Español para aglutinar esfuerzos y crear "una conciencia de sector". Por eso, les ha animado a continuar con su esfuerzo de "potenciar la dimensión marítima de España".
   Por su parte, el presidente de esta organización, Federico Esteve, ha aprovechado la ceremonia para ofrecer todo su "soporte" a las Administraciones españolas para "elaborar" una "política nacional marítima integrada", tal y como ha recomendado hacer la Comisión Europea a sus Estados miembro.
   Además del ministro, al acto han acudido el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Jaime Muñoz-Delgado; del director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa; del secretario general de Pesca, Carlos Domínguez; y el director de la Sociedad de Salvamento y Segurídad Marítima (SASEMAR), Juan Luis Pedrosa, entre otras autoridades.
   Ante ellos, el presidente de Clúster Marítimo ha lamentado que, tradicionalmente, el sector marítimo está "muy compartimentado" y organizado de manera "independiente", a pesar de que todos los agentes implicados "comparten la mar como vínculo común, sin percatarse muchas veces de que una política marítima integrada potencia al conjunto y a cada uno de ellos".
   Esteve ha destacado que el sector marítimo emplea de manera directa a 467.000 personas y supone el 2,7% del valor añadido en la economía española, ocupando el tercer puesto como sector económico del país.
   Morenés ha entregado el primero de los seis premios otorgados por la organización y que ha distinguido a Indra en el apartado de 'competitividad', por los proyectos y actividades que ha desarrollado este año.
   Además, el Instituto Español de Oceanografía ha sido reconocido con el premio 'tecnología e innovación'; Iberdrola, con el de 'proyección internacional'; Bureao Veritas Business School, con el de 'impulso a la formación'; SASEMAR, con el de 'bienestar social', y Puertos del Estado, con el de 'comunicación'.
   Su presidente, Carlos Suárez, que ha tomado la palabra en nombre de los premiados, ha destacado que el sector marítimo reúne "todas las condiciones para actuar como una de las palancas de impulso y crecimiento económico en estos momentos tan difíciles por los que está atravesando la economía española".
   En concreto, ha apuntado que "España necesita disponer de los medios adecuados para mantener la soberanía sobre nuestras aguas, garantizar la seguridad del tráfico marítimo, desarrollar nuevas fuentes de energía y proporcionar ayuda y socorro a quienes tuvieran menester de ello".
   Estas "necesidades", ha dicho, son muy "demandantes de tecnología" y deben servir para que las empresas españolas adquieran una "experiencia" que pueda ser después "adaptable" a otros muchos países a los que la industria nacional puede trasladar su conocimiento.
   "Todos los aquí presentes estamos comprometidos con el desarrollo tecnológico, económico y social de España, así como con su necesaria proyección internacional", ha asegurado Suárez.
   Creada en 2007, Clúster Marítimo Español cuenta con unas 70 entidades socias que representan a más de 2.900 empresas. Del total, un 85% de las entidades son privadas y el 15% restante, del sector público.