VALLADOLID.- El portavoz nacional de Jueces para la
Democracia (JpD), Joaquim Bosch, considera que al Gobierno le interesa
la falta de medios para luchar contra la corrupción, que no quiere un
poder judicial "fuerte y con instrumentos" y una manera de debilitarlo
es "asfixiar" en los recursos materiales y humanos.
Bosch se ha expresado así tras la celebración del Comité
Permanente de la asociación en el marco de unas jornadas sobre la
posición del poder judicial ante la crisis.
En este marco, el portavoz de JpD ha asegurado que el Gobierno
"sabe perfectamente" que en los juzgados no existen medios suficientes
para combatir la corrupción y a pesar de ello no se asignan las medidas
de refuerzo ni instrumentos necesarios para atajar el problema.
De esta forma, la conclusión que extraen es que "al Gobierno no le
incomoda un poder judicial débil, incapaz de poder afrontar
determinadas investigaciones", pero además se llevan a cabo reformas que
"debilitan" la posición de los jueces y se permite que el poder
político pueda actuar "contra la independencia del poder judicial".
"Es una combinación explosiva, con instrumentos muy precarios y
una posición del juez frágil por los ataques que le puedan venir del
poder político", ha indicado Bosch, en referencia a los recortes en
materia de Justicia pero también la reforma del Consejo General del
Poder Judicial, que pretende "subordinar" la independencia judicial al
poder político, algo que cree que permitirá poder actuar contra la
independencia de los jueces y, en última instancia, dificultar la lucha
contra la corrupción.
A su juicio, se pretende "erosionar" la capacidad de independencia
al no dar medios contra la corrupción como está ocurriendo con los juzgados
que llevan asuntos de este tipo. Como ejemplo ha citado el caso Fabra,
que en Castellón lleva casi diez años de instrucción y los juzgados de
Nules no pueden tramitar una causa de esa envergadura sin medios
suficientes o las actuaciones sobre Bankia, que tiene decenas de
imputados, perjudicados.
"Si un gobierno tiene una responsabilidad lo suficientemente
elevada y una altura de miras institucional debe facilitar todos los
medios para que estas cosas se aclaren", ha añadido Bosch, quien incluso
cree que se "facilita" que no haya unas sentencias adecuadas.
"Creo que hay relación, al menos indirecta, entre recorte de
medios por parte del Gobierno y que el resultado final sea que no haya
bastante capacidad en los casos de corrupción", ha dicho.
En esta línea, y ante la sensación de "impunidad" que pueda
apreciarse al ver a personas como el ex tesorero del PP Luis Bárcenas en
la calle, Bosch ha recordado que hay una investigación en marcha y se
van a realizar diligencias, pero cree que "efectivamente no hay
tratamiento adecuado a los problemas de corrupción política".
"No es admisible que un inmigrante que coloca el top manta para
poder sobrevivir tenga previstas posibles penas de prisión y el político
corrupto que engaña, sustrae, perjudica al conjunto de la sociedad, en
ocasiones pueda tener pena de multa", ha aseverado.
A que el problema de la corrupción en España no esté bien
contemplado, ni desde el punto de vista de los medios ni de las
condenas, se añade, a su juicio, que se pueda "indultar con tanta
facilidad" que la percepción de la ciudadanía es sensación de impunidad.
A diferencia de lo que ocurre en España, ha recordado que en otros
países también hay corrupción pero, aunque sea
menor el grado, se persigue y se condena.
"Aquí la sensación es que la gente va por la calle como si no
hubiera ocurrido nada porque hay un código penal que contempla penas muy
duras en algunos supuestos, ha dicho, al tiempo que ha añadido "en tono
humorístico" que la "especie de cadena perpetua" que dice Gallardón que
quiere implantar "no es precisamente para los políticos corruptos".
Frente a la falta de endurecimiento de las penas para los casos de
corrupción política y económica en la futura reforma del Código Penal,
Bosch considera que se "criminaliza la pobreza", los robos de pequeña
entidad, contra top manta o determinadas conductas delictivas.
El portavoz de Jueces para la Democracia ha asegurado que en el
encuentro de la asociación se han extraído conclusiones como el hecho de
que las medidas del Gobierno pongan en cuestión el Estado de Derecho y
ha puesto varios ejemplos, entre ellos el "uso abusivo" de los indultos
que se produce a políticos corruptos, policías que han torturado o
ciudadanos condenados a muchos años de prisión por homicidios
imprudentes.
El colectivo considera que en estos casos el gobierno "usurpa" las
funciones del poder judicial y se "convierte en última instancia no
autorizada", al no explicar las razones y motivos por los que se
producen los indultos, algo que vulnera lo previsto en la Constitución
sobre la competencia exclusiva de los juzgados para hacer cumplir la ley
y hacer efectivas las condenas.
De esta forma, cree que además de la sensación de impunidad y la
falta de igualdad ante la ley, se transmite que un "amiguismo o
proximidad" al Gobierno permite no cumplir las condenas.
Tras la reunión del colectivo, Bosch ha hecho un repaso por lo que
consideran ha sido la labor del Gobierno, que se inició con una
andadura "con una política muy decidida de desmantelamiento del Estado
social" y ahora hay una "segunda etapa" que supone la erosión del Estado
de Derecho, que supone un "cambio cualitativo muy importante".
Así, ha recordado que en esa primera etapa se realizó una reforma
laboral "de dudosa constitucionalidad", se atacaron "con dureza" los
derechos sociales y los servicios públicos pero además no se adoptaron
medidas de protección para los afectados por las hipotecas mientras sí
se mantuvieron los privilegios legales de las entidades bancarias, al
tiempo que se acordó el rescate de la banca, lo que acentuó "todavía
más" las desigualdades sociales.
El último objetivo del Gobierno en el "desmantelamiento de lo
público", ha añadido, se refiere a la Justicia con la privatización de
los registros civiles, cuyas competencias se van a trasladar a los
notarios, registradores de la propiedad y registros mercantiles de
manera que "lo que hoy es gratuito y público" suponga su pago.
La segunda etapa, ha explicado, cuestiona aspectos que hasta ahora
no eran "discutibles" del Estado de Derecho como la Ley de Tasas
Judiciales, "que privatiza la Justicia pero ataca el derecho fundamental
de los ciudadanos a poder acceder a la jurisidicción". Por ello, han
acordado pedir a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que presente
un recurso de inconstitucionalidad.
Según el portavoz de Jueces para la Democracia, "en muy pocos
meses se han producido las mayores restricciones de derechos
fundamentales de toda la etapa democrática".
