MADRID.- La conflictividad entre el Estado y las
comunidades autónomas por la defensa de sus respectivas competencias
creció el año pasado en relación a los años de José Luis Rodríguez
Zapatero y ha vuelto a la etapa más convulsa de José María Aznar. Ambas
partes se denunciaron ante el Tribunal Constitucional el año pasado en
44 ocasiones, frente a las 105 veces de toda la legislatura anterior y
las 76 de la primera de Zapatero.
El Estado planteó 18
impugnaciones: cinco contra Cataluña, cuatro contra Andalucía, tres
contra el País Vasco y otras tres contra Navarra, dos contra Madrid y
una contra Asturias.
Y las comunidades presentaron 26: Navarra y
Canarias, cinco impugnaciones cada una; Cataluña, cuatro; Andalucía,
tres; Extremadura, Asturias y País Vasco, dos cada una; y Galicia,
Murcia y Comunidad Valenciana una cada una.
La mayoría de los
casos son recursos de inconstitucionalidad (46 entre ambas partes,
frente a nueve conflictos de competencia).
El primer año de
legislatura con Mariano Rajoy al frente del Gobierno es por el momento
más conflictivo que los años del socialistas José Luis Rodríguez
Zapatero. De mantenerse este ritmo, se volvería a cifras de la época de
José María Aznar: de 1996 a 2000, estas administraciones llevaron al
Tribunal Constitucional sus diferencias en 141 ocasiones (35
impugnaciones de media al año) y en los cuatro años siguientes, de 2000 a
2004, en 217 casos (54 de media al año).
Los años más
conflictivos fueron los primeros del Estado autonómico actual. Así,
entre 1982 y 1986, las impugnaciones fueron 382: 134 por parte del
Estado y 248, de las autonomías. En la legislatura siguiente, hasta
1989, se presentaron 284 casos ante el Constitucional.
Así
figura en el informe sobre conflictividad elaborado por la Secretaria de
Estado de Administraciones Públicas sobre el primer año de la actual
legislatura. En él se recoge
también que el Constitucional dictó además 66 sentencias, el año con más
resoluciones desde que se inició esta contabilidad (1981). Dio la razón
casi a partes iguales al Estado y las autonomías.
Entre los
asuntos que han denunciado el Estado se encuentran las prestaciones
farmacéuticas, las sanitarias, la convocatoria de plazas para profesores
o la paga extraordinaria para los funcionarios, medidas aprobadas por
distintas autonomías en contra de las restricciones impuestas por el
Gobierno.
En el caso de las autonomías, y además de los
conocidos conflictos en materia sanitaria o educativa, recurrieron
normativa de muy diversos contenidos: agua, agricultura, medio ambiente,
urbanismo y vivienda, energía, función pública o comercio. En todos los
casos, consideran que el Estado vulnera competencias autonómicas.
El Estado y las comunidades autónomas tienen cauces para tratar de
evitar el conflicto ante el Tribunal Constitucional. Comparten
comisiones mixtas y bilaterales en las que negociar directamente y
cuentan además con departamentos encargados de revisar la cuestión
competencial de las leyes antes de que se aprueben.
En el caso
del Estado, es la dirección general de Coordinación de Competencias la
encargada de revisar que los proyectos se ajusten a la Constitución. Los
propios y los de las autonomías, ya que estos son remitidos a los
ministerios correspondientes para que los estudien.
Si se
encuentra algún "vicio de inconstitucionalidad", se le envía a la
autonomía una carta de cooperación explicando el problema. El año
pasado, se enviaron 28 de estas cartas, a todas las autonomías salvo
Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja.
Además, una vez aprobadas las leyes autonómicas y para lograr "un
correcto desarrollo legislativo", el Estado les envió otras 54 cartas de
cooperación.
Y las comunidades autónomas hacen lo propio,
revisan los proyectos del Estado y envían cartas de cooperación cuando
encuentran "observaciones competenciales", según se explica en este
informe. Estas dudas son remitidas al ministerio en cuestión.
