MADRID.- Los afectados por la Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral y modificación de la Ley de Costas, consideran
que la modificación de la normativa es "un fraude de Estado" que provoca
mayor inseguridad jurídica y critica la inclusión en el Senado de
algunas enmiendas que suponen "absolutas agresiones contra los
ciudadanos del país".
"Antes ya estaba mal, pero ahora está peor", ha manifestado el presidente de la Asociación de Afectados
por la Ley de Costas, José Ortega, que ha señalado que el proyecto que
salió del Gobierno era mejor para sus intereses que el que el que ha
aprobado el Senado este martes y que ahora volverá al Congreso de los
Diputados.
Sobre la inseguridad jurídica, Ortega critica que el plazo máximo
sea "hasta" 75 años porque esto permitirá dar concesiones por 5 o 10
años y ha añadido que el hecho de que las concesiones se puedan dar por
plazos prorrogables es "un fraude de Estado".
Además, critica la enmienda al artículo 13 que sobre la regresión
en la costa por la subida del nivel del mar, ya que esto es un fenómeno
que sucede en el Mediterráneo a causa de los áridos para la
realimentación de playas y ha acusado a los miembros de la Dirección
General de Costas de tener "un pacto siniestro" y no hacer obras de
restauración a propósito para favorecer este fenómeno.
"Es una maniobra silenciosa que consiste en dejar que el mar
avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente tenga que irse
sin ningún tipo de compensación. Esto es una operación fraudulenta que
lleva años y que es muy difícil de ver porque es pasiva, pero ahora el
Estado se quita la careta", ha apostillado.
En este sentido, ha añadido que la ley apunta al cambio climático
pero no se refiere al efecto sombra de los puertos sobre los áridos, por
lo que denuncia que el Estado está creando las condiciones para que el
mar entre en las casas de los propietarios. "Este es un regalo que han
hecho los senadores del PP en esta enmienda que lo único que hacen es
sumir en más problemas a los afectados. De más seguridad jurídica nada,
al revés", ha lamentado.
En cuanto a la revisión de los deslindes, Ortega vaticina que no
se van a revisar porque no hay una definición nueva del dominio público
así que no hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es
"pura escenografía".
Por último, ha asegurado que él no patrocina el ladrillo sino que
defiende a gente que ha sido víctima de la Ley de Costas. "Aquí la
discusión está entre los que piensan hay que proteger el litoral gratis y
los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización", ha
resumido la cuestión porque afirma que los propietarios también quieren
proteger el litoral, pero con un precio. A su juicio, "hasta el
ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa heredada de su
abuela y le dijeran 'váyase' no querría que fuera sin indemnización".
Por su parte, la presidenta de la Asociación Europea de
Perjudicados por la Ley de Costa, Carmen del Amo, coincide con Ortega en
que esta norma no ofrece mayor seguridad jurídica y que las concesiones
de darán "a voluntad del Gobierno".
Asimismo, critica que a partir de ahora todos aquellos que vivan
en primer y segunda línea de playa tendrán que pagar con una
"contribución especial" hasta el 50 por ciento de todas las obras
públicas que se realicen en el litoral, tales como mejora y conservación
de playas, obras en paseos marítimos. "Si el dominio público es para el
disfrute de todos, que paguen todos y no los propietarios que, encima
de quitarnos la casa tenemos que pagar las obras públicas", ha
subrayado.
Por otro lado, acusa al Gobierno de "confundir" a la opinión
pública con el tema de los plazos y ha precisado que las concesiones que
terminan en 2018, las que tienen un periodo de 30 años, son las que se
emitieron a industrias en el litoral, como las empresas papeleras,
mientras que no están caducando las de los propietarios de viviendas,
que tienen 30 + 30 años. "Nos han dejado peor que estábamos", ha
asegurado.
Del Amo ha recordado que la Ley también es cuestionada por el
Parlamento Europeo que ha insistido en que "la concesión por más tiempo
no es una indemnización y que si el Gobierno quiere la propiedad tiene
que pagar".
Al mismo tiempo, ha aclarado que la servidumbre de protección
"siempre" ha sido privada, nunca pública porque no es dominio público
marítimo terrestre, que no peligra. Esto significa que esa rebaja de 100
a 20 metros será terreno que quede liberado y dentro de ordenación,
pero no es suelo público.
A su juicio, la aplicación de la ley, "en la que todo queda a
voluntad del Gobierno", será clave y ha denunciado que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no ha contado con su
participación, ya que devolvieron a la Asociación "todas" las
alegaciones presentadas. Concretamente, ha dicho que propusieron una
reunión "a tres" entre organizaciones ecologistas, de afectados por la
ley y Ministerio, un encuentro que "nunca se ha llegado a producir" y
con el que considera que se podría haber evitado todo esto.
Del Amo quiere que se devuelva "gratis" la propiedad privada a los
propietarios y "no solo" a los de Formentera y Ampuria Brava, a los
salineros. Por otro lado, ha añadido que el Estado devolverá
"dependiendo de su voluntad" a quienes tengan una propiedad tras un
paseo marítimo realizado por el Estado. Por su parte, los 12 municipios
que han sido excluidos y que, por tanto, serán amnistiados, "les tocará
volver a comprar la propiedad que el Gobierno les quitó".
Finalmente, ha manifestado que no entiende por qué el Ejecutivo no
ha esperado a iniciar la reforma de la Ley a que se apruebe, en los
próximos meses, una directiva europea sobre las costas, en la que dice
que se respetará la Carta Europea de Derechos Humanos, que considera
como un derecho la propiedad privada. "Se van a meter en un problema que
podrían haber evitado", ha advertido.
