La riqueza de un país equivale al
conjunto de bienes que posee más el esfuerzo y poder creativo de sus
emprendedores. No sólo para la ordenación y desarrollo aplicado a sus
propios bienes naturales, sino al impulso de forma inteligente de
actividades y servicios económico-empresariales.
En cuanto al
desarrollo empresarial de los bienes naturales, no siempre se obtienen
los resultados esperados por falta de capacidad e iniciativa, como
ocurre en los países que los poseen y no logran su estabilidad
económico-financiera ni el bienestar social que merecían.
Otros,
como España, no han adoptado aún la decisión de analizar, estructurar,
proteger e impulsar sus propios recursos naturales en pro de una
economía más sana, independiente y duradera.
La agricultura y su
industria derivada, la mineralogía, la pesca y su conservación, el
mayor y mejor aprovechamiento de las posibilidades turísticas, y la
industria imaginativa y complementaria de mecanización, son otras tantas
fuentes de expansión propia a medio desarrollar, olvidadas otras y en
ocasiones torpedeadas y perseguidas.
La geografía económica, la
que nos muestra las riquezas regionales, es la gran olvidada y a casi
nadie le interesa. Las CCAA deberían ser las protagonistas de su
aplicación para obtener el máximo crecimiento, el cual sólo será viable
si se basa en la explotación de sus propias fuentes naturales, y la
experiencia que sobre los mismos tienen sus especialistas y
trabajadores.
Sin embargo, en una buena parte de ellas los
gestores no quieren o no saben analizar e impulsar lo que tienen al
alcance de su mano, su propia y particular economía. Ocuparse sólo de
acrecentar y asegurar su dominio político por la vía de las máximas
cesiones del Estado cuyo mantenimiento lleva, en algunas ocasiones, a
una situación financiera insoportable, y de la promoción y ejecución de
obras gigantescas en la mayoría de los casos no rentables ni
preferentes, y en otros perjudiciales o carentes de los presupuestos
necesarios, suponen un error político-económico que explica de manera
diáfana su contribución a la aparición de la crisis que aún soportamos.
Tampoco
consiguen el pretendido crecimiento de su poder de gestión y sí un
empobrecimiento generalizado. Lamentable que, pudiendo haber sido la
creación de las CCAA un acierto, hayan contribuido en gran medida a la
recesión y endeudamiento público, por los que llevamos seis años tomando
medidas y soportando sacrificios que hagan posible invertir la primera y
disminuir el segundo. Ha llegado el momento de aprender y obrar en
consecuencia y asumir que los estados poderosos y sobredimensionados se
construyen sobre pueblos empobrecidos y economías debilitadas, que son
incapaces de crear e innovarse al soportar presiones y regulaciones
públicas exageradas, que además entorpecen la competitividad interior y
exterior.
Lo expuesto carecería de valor si no exponemos, a modo
de ejemplo, las posibilidades no aprovechadas por olvido o negligencia,
de un sector económico transcendental que España posee: la agricultura,
que tanto ha ayudado a mejorar nuestras exportaciones en el presente
ejercicio, y del que podría obtenerse una mayor riqueza nacional y la de
algunas Comunidades Autónomas en particular, si se potenciara, se
suprimieran trabas y se creara una regulación fiscal cuya presión
permitiera no sólo crecer y competir internacionalmente, sino una
recaudación progresiva muy positiva, y un apoyo indiscutible a la
creación y financiación a la investigación para el desarrollo de los
productos derivados, de utilización sanitaria natural y de la industria
conservera, como lo fuera en épocas pasadas.
Nuestra agricultura
requiere el estudio profundo de sus posibilidades por Comunidades,
tanto de los productos típicos y de eficacia demostrada, como del nivel
de técnica, estructura y profesionalización. Para ello, expongamos los
ocho puntos básicos e imprescindibles que llevan al éxito:
1.- Tipos de cultivos posibles.
2.-
Ubicación, dependiente de la composición de tierras, climatología,
infraestructuras, especialización y experiencia en el trabajo agrícola.
3.- Capacidad de riego, su infraestructura y canalizaciones existentes o por acometer.
4.- Apertura de líneas de financiación temporales o por cosechas.
5.-
Sistema de tratamiento fiscal adaptado a una actividad típica,
esencial, imprescindible y generadora de riqueza progresiva hasta llegar
al consumidor.
6.- Reformas de calado en la actual estructura
de intermediación (posiblemente arcaica, oligárquica y perjudicial,
tanto para el agricultor como para el consumidor).
7.-
Organización y apoyo legislativo a nuevos sistemas de intermediación y
distribución para el mercado Nacional e Internacional, y
8.- Apoyo desarrollo de los productos derivados, de utilización sanitaria natural y de la industria conservera.
La
importancia del sector que nos ocupa merece, para su desarrollo, un
amplio espacio del que no disponemos, pero no queremos olvidar algunos
comentarios sobre los apartados 3, 5 y 6 expuestos anteriormente:
•
Al 3: España no es deficitaria de agua. Sin embargo, hay zonas
agrícolas que sí lo son, y por tanto su expansión resulta imposible, en
el mejor de los casos cubren con dificultad sus actuales explotaciones.
Sobre el Plan Nacional Hidráulico llevamos muchas décadas hablando e
incluyéndolo en los programas políticos una y otra vez. Los intereses
partidistas de determinadas Comunidades, injustos y faltos de
solidaridad Nacional, siempre lo han impedido. Han preferido que los
caudales sobrantes se pierdan en el mar, pretendiendo apropiarse de unos
derechos sobre ríos que no les pertenecen y que son de interés y
propiedad de todos los españoles. Han intentado compensar el daño
causado con la construcción de lo que en el mundo entero se está
suprimiendo, las desalinizadoras (California y Oriente Medio, por
ejemplo), por ser inasumible su coste de tratamiento por metro cúbico y
por resultar nocivas al no haber conseguido eliminar ni el boro ni el
sodio, componentes que deterioran el suelo transformándolo en
inservible, y destruyen el árbol en menos de tres años. Por tanto, la
inversión es desproporcionada y condenada al abandono.
• Al 5:
La actividad agrícola necesita de un tratamiento fiscal personalizado y
equiparable al aplicado en los países de nuestro entorno. Más impuestos
resultan inasumibles en los costos de explotación, provocan menos
recaudación e incitan a la evasión y a la paralización empresarial.
•
Al 6: La mayoría de los tradicionales sistemas de intermediación
comercial presionan los precios de compra en origen, en muchos casos se
fijan mediante acuerdo previo, lo que ocasiona perjuicios insoportables
sobre los rendimientos del agricultor, abandonando en algunos casos su
duro trabajo y restando estímulos a la sucesión generacional. La
diferencia entre los precios en origen y los del consumidor final pueden
calificarse de disparatados, y sólo se reajustarán si se suprime el
intervencionismo y se legisla para hacer posible un libre mercado para
todo el sector.
Sin rapidez en la toma de decisiones haremos un flaco favor al crecimiento de nuestra economía.
(*) Economista y empresario
