miércoles, 10 de febrero de 2016

Reactivan la investigación sobre obras del Plan E en Alicante

ALICANTE.- El Juzgado de Instrucción nº 2 de Alicante ha reactivado la investigación sobre presuntas irregularidades en adjudicaciones de obras enmarcadas en el Plan E con interrogatorios a varios testigos, según han confirmado hoy fuentes judiciales.

Las diligencias fueron abiertas en 2010 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, tras una denuncia previa de una concejal socialista, y en ellas figuran como investigados (figura que sustituye actualmente a la de imputados) un técnico del ayuntamiento alicantino que ya está jubilado y dos empresarios.
La causa, que se encuentra aún en su fase de preliminar porque continúa la práctica de diferentes pruebas, trata de esclarecer la presunta comisión de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, entre otros, por el supuesto amaño de contratos.
Los tres investigados fueron detenidos en julio de 2011 en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional de Alicante que incluyó diversos registros domiciliarios, aunque quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición del juzgado de guardia.
La causa está bajo secreto de sumario y se ha abierto por los presuntos delitos de cohecho.
La investigación se centra en el presunto amaño de distintos contratos públicos adjudicados por la Concejalía de Atención Urbana a dos mercantiles para el desarrollo de obras y servicios en el marco del denominado primer Plan E, un plan de inversiones en los municipios impulsado desde el Ejecutivo central cuando estaba presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.
El juzgado instructor, que registró no hace mucho un cambio de titular, ha acordado nuevas diligencias a petición de la Fiscalía, entre ellas las declaraciones de algunos testigos como las celebradas ayer, martes, si bien las fuentes consultadas no han indicado su identidad, ni el contenido de dichos interrogatorios.

Hacienda se compromete a ser "flexible" con Alicante en el recorte de gastos

ALICANTE.- El Ministerio de Hacienda se ha comprometido hoy a mostrar "flexibilidad" en su decisión de obligar al Ayuntamiento de Alicante a recortar un 2% del presupuesto de 2016 para gastos de funcionamiento, según un comunicado de la Concejalía del área.

La nota de prensa afirma que el Ministerio ha anunciado su compromiso de ser "flexible" a "través de una comunicación verbal con técnicos de la Concejalía de Hacienda".
Añade que "el Gobierno ha pedido que el Consistorio aporte nuevos datos que permitan revisar su postura inicial".
La concejal de Hacienda, la socialista Sofía Morales, ha manifestado que espera que la nueva propuesta evite tener que hacer recortes que "nadie desea y que no son fruto de la gestión" del actual equipo de gobierno municipal (PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís), "sino de una situación" que les "ha dejado el PP".
"El Ministerio no nos obliga a revisar los ingresos previstos para 2016. Los ingresos los considera suficientes para pagar todos los gastos propuestos, pero se basa en el plan de ajuste y la regla de gasto para obligarnos a reducir ese 2 %", ha precisado Morales.
La edil ha dicho que esperan que "el Ministerio dé marcha atrás" y que puedan "aprobar los presupuestos (municipales) cuanto antes".
Ha recordado que "el Ayuntamiento de Alicante está intervenido por el Ministerio de Hacienda, fruto de la gestión del anterior equipo de gobierno" local, del PP, una situación que, según ha reiterado, les "tiene maniatados".
Por otra parte, miembros del gobierno municipal tripartito de Alicante se han reunido hoy con los sindicatos que tienen representación en el consistorio y les han trasladado "la difícil situación que conllevaría tener que asumir un 2 % de recorte en los gastos de funcionamiento previstos en el presupuesto de este año", señala el comunicado.
En la reunión se ha acordado la búsqueda de alternativas a la propuesta de no abonar la paga extra de 2012 a los funcionarios y se ha emplazado a un segundo encuentro para analizar las aportaciones que se hagan.

La Diputación de Alicante invierte más de un millón de euros en obras en Tibi

TIBI.- El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez (PP), se ha desplazado hoy hasta el municipio de Tibi para visitar diversas actuaciones que la corporación provincial ejecuta en la localidad y que cuentan con una inversión de esta institución superior al millón de euros.

Durante esta visita, Sánchez ha estado acompañado del alcalde de Tibi, Juan José Ballester, y el resto del equipo municipal.
En concreto, la Diputación ha invertido 528.770 euros, el 95 % del total del presupuesto, en la construcción del edificio socio-asistencial de la población, que, con cerca de 1.000 metros cuadrados, dispondrá de tres usos diferenciados (dos socio-asistenciales en la planta baja y otro social en el sótano), con un gran espacio diáfano, según un comunicado de la institución.
Asimismo, la corporación provincial destinará más de 300.000 euros para adecuar la planta baja del edificio "El Llavador", un proyecto que adapta un programa de Sala de Congresos a la planta diáfana existente, manteniendo el lavadero como elemento de interés e integrándolo en el mismo.
La actuación prevé, además, la urbanización de la zona de acceso exterior y la dotación de escenario y mobiliario de la sala.
Por otra parte, la intervención en la Casa Consistorial, que cuenta con una aportación institucional de 114.000 euros, consiste en la reforma de las dependencias municipales que actualmente están utilizando asociaciones y entidades culturales de la localidad.
La edificación, ubicada en la Plaza de España, consta de tres plantas con un total de 254 metros cuadrados.
La actuación contempla intervenir en revestimientos interiores, carpintería, instalaciones eléctricas, reparación de filtraciones en la cubierta, rehabilitación de la fachada y también reparación de la escalera interior.
Finalmente, la Diputación de Alicante ha llevado a cabo otras obras consistentes en la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en las calles Mestre Enrique Gosálbez y Avinguda de la Pau, con una aportación provincial que ronda los 60.000 euros, además de la repavimentación de varias vías, con una ayuda de 30.000 euros que cubre la totalidad del importe requerido.

Convocan concentraciones en la provincia de Alicante contra la corrupción

ELCHE.- El movimiento Marchas de la Dignidad ha convocado diversas concentraciones para este sábado en la provincia de Alicante, entre ellas la ciudad de Elche, para mostrar su rechazo frente a "los casos de corrupción en la Comunitat y el resto de España", con la consigna de "ilegalizar" al PP.

La portavoz de Marchas de la Dignidad en Elche, Ainhoa Boix, ha señalado hoy que la ciudadanía "debe manifestar su repulsa" ante una situación que ha calificado de "insostenible" y "deleznable".
"No están saqueando y tomando el pelo", según ha denunciado Boix en declaraciones a los periodistas.
El protagonista de este rechazo será el PP, ya que, según Boix, "no es que esté implicado en casos aislados de corrupción, sino que lo tiene en su ADN y está corrupto hasta la médula", por lo que, a su juicio, "no puede gobernar en ningún lugar de este país".
Además de en Elche, se realizarán concentraciones en Alicante, Alcoi, Benidorm y El Campello.
Desde Marchas de la Dignidad se ha hecho un llamamiento a colectivos sociales y partidos "progresistas", como Izquierda Unida, Compromís, y Podemos, entre otros, para que se adhieran a esta iniciativa y firmen el manifiesto.
Boix ha subrayado que la lucha continuará para "visualizar" que están en contra de la corrupción y "hacer una presión social para que la Justicia haga efecto".

Cultura estudiará aumentar la protección de Penya Negra de Crevillente

ALICANTE.- La directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, ha anunciado que su departamento estudiará incrementar el nivel de protección del yacimiento arqueológico Penya Negra, en Crevillent, y reiniciará los trabajos de excavación en el de La Fonteta, en Guardamar del Segura.

Amoraga ha hecho este anuncio durante su visita a ambos yacimientos arqueológicos, donde ha podido comprobar su estado de conservación y conocer los trabajos que están previstos realizar en ellos, según un comunicado de la Generalitat.
El yacimiento de la Penya Negra está considerado uno de los más destacados asentamientos protohistóricos del sureste y el levante de la península Ibérica, identificado como la ciudad de Herna, la más occidental del reino de Tartesos, indica la nota de prensa.
"Desde Cultura se pretende dar una mayor protección a este enclave, actualmente considerado área de vigilancia arqueológica, y contribuir a su puesta en valor, por lo que se estudiará declararlo Bien de Relevancia Local o Bien de Interés Cultural, en función de los resultados de las excavaciones que se están llevando a cabo", ha explicado Amoraga.
También ha resaltado que su departamento, en colaboración con el Ayuntamiento de Crevillent y la Universidad de Alicante (UA), realiza "la excavación y consolidación de los sectores I y IX de la Penya Negra", lo que contribuirá a "establecer un recorrido que posibilite la visita de los diversos elementos y sectores del yacimiento, recuperando gran parte de la ciudad de Herna".
Esta actuación arqueológica y las que ejecuta la Conselleria en el Cabezo Redondo, en Villena, y en el Bou Ferrer, en Villajoyosa, constituyen los tres proyectos de la provincia de Alicante que se desarrollan junto con la UA y que contarán este año, por primera vez, con una línea de ayudas específica de la Conselleria.
En cuanto a los yacimientos de las Dunas de Guardamar, situados en Guardamar del Segura, la directora general ha avanzado que su departamento "comenzará este año los trabajos arqueológicos en los asentamientos fenicio e islámico de La Fonteta y La Rábita, que permitirán realizar una nueva documentación de los restos exhumados para su posterior consolidación y restauración".
Las Dunas de Guardamar están consideradas uno de los más destacados asentamientos protohistóricos e históricos del sudeste y el levante de la península Ibérica, con un desarrollo durante el periodo Orientalizante (Fenicio), y posteriormente, islámico (Ribat musulmán de los siglos IX-X).
Durante su visita a Crevillent, la directora general se ha referido a la nueva regulación realizada por su departamento sobre el uso de detectores de metales y otros instrumentos de análoga naturaleza que permitan localizar restos arqueológicos o paleontológicos.
Esa regulación contempla que el uso de estas herramientas deberá ser autorizado por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Según la directora general, se trata de preservar cualquier pieza de valor propio del patrimonio arqueológico, de modo que no puedan ser robados o expoliados de los propios yacimientos, como ha sucedido recientemente en la Penya Negra, donde se han detenido a varias personas utilizando detectores de metales.
La nueva regulación considera que los objetos y restos de materiales hallados mediante el uso de estos dispositivos en ningún supuesto se entenderán encontrados por azar y, del mismo modo, establece las infracciones en las que incurrirán quienes incumplan esta normativa.

El alcalde de Elche, nuevo vocal del Consejo Social de la UMH

ELCHE.-El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, ha tomado posesión como nuevo vocal del consejo social de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en representación del ayuntamiento.

Según han informado fuentes de la institución académica ilicitana en un comunicado, el presidente del consejo social, Francisco Borja, ha propuesto incluir a González en la comisión de asuntos académicos, en sustitución de la ex alcaldesa popular Mercedes Alonso.
El consejo social de la UMH es el órgano colegiado universitario de participación de la sociedad en la universidad, cuyo fin es conseguir la mayor calidad de sus enseñanzas, potenciar su capacidad investigadora e impulsar el progreso social, económico y cultural de la sociedad en la que se inserta.
Con la toma de posesión del actual alcalde socialista, se conforma la estructura del consejo social, que integran 24 vocales, además del presidente y el secretario.

Baleària mantiene en 2015 los 3,2 millones de pasajeros y sube en mercancías

ALICANTE.- El grupo Baleària cerró el pasado año manteniendo los 3,2 millones de pasajeros en las rutas que opera en las islas Baleares, el Estrecho y el Caribe, y aumentó el 12 por ciento el transporte de mercancías.

Según un comunicado de la naviera, que tiene su sede en Dénia, en 2015 alcanzó más de 4,6 millones de metros lineales de carga rodada en todas las rutas mientras que los vehículos han aumentado un ligero 2 por ciento, hasta llegar a los 680.000.
Con respecto a las rutas de Baleares, un millón y medio de pasajeros viajaron con la naviera el año pasado, lo que representa un 7 por ciento más que en el anterior ejercicio.
Del mismo modo, el transporte de vehículos creció en diez puntos porcentuales, situándose en los 350.000, y la carga rodada registró una evolución positiva de un 12 por ciento, hasta sobrepasar los 3,6 millones de metros lineales.
En el Estrecho de Gibraltar, Baleària incrementó un 10 por ciento el transporte de carga rodada, situándose por encima del millón de metros lineales.
En cuanto al pasaje, viajaron más de un millón y medio de pasajeros en las dos líneas que opera (Algeciras-Ceuta y Algeciras-Tánger), lo que representa un descenso del 8 por ciento respecto el anterior ejercicio.
En la conexión caribeña que opera entre los Estados Unidos y las Bahamas, la compañía transportó el año pasado más de 145.000 pasajeros, un 15 por ciento más que en 2014, lo que consolida esta línea del Caribe en su cuarto año de existencia.
Todas estas cifras hacen que, al cierre de la cuentas anuales (el año contable es de noviembre a octubre), la facturación del grupo Baleària se situara en los 291 millones de euros, un 5 por ciento más que el ejercicio anterior como consecuencia del incremento de la oferta con nuevos buques y líneas.
El resultado bruto de explotación consolidado (EBITDA) se situó en un importe de 67 millones de euros.
La deuda financiera a 31 de octubre de 2015 era de 126 millones de euros, lo que supone un descenso del 20 por ciento con respecto la registrada en el período anterior.
El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha destacado en la nota la apuesta iniciada por la naviera para ampliar la oferta de conexiones incorporando nuevos buques desde Barcelona y Valencia con las Baleares, lo que ha supuesto que la flota haya realizado un 10 por ciento más de millas que en el año anterior.
Utor también ha remarcado que "la compañía financieramente está saneada y bien posicionada para emprender nuevos proyectos de inversión".
Para este año, el objetivo principal de la compañía es ganar en competitividad y poder ofrecer los mejores servicios a los mejores precios, concretamente construir un nuevo ferry y abrir nuevas rutas internacionales para contribuir a conseguir este hito.
Asimismo, también será fundamental seguir invirtiendo en formación e innovación para garantizar la excelencia en los servicios.

Torrevieja deniega la licencia a la planta de transferencia del polígono

TORREVIEJA.- El Ayuntamiento de Torrevieja ha denegado la licencia ambiental de apertura a la planta de transferencia de residuos sólidos urbanos cuya ubicación había sido propuesta en el polígono industrial Casa Grande.

El consistorio ha tomado esa decisión de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos que negaban la concesión solicitada por una empresa para dicha actividad.
La edil de Urbanismo, Fanny Serrano, ha explicado hoy, en rueda de prensa, que los informes de los técnicos municipales recogen deficiencias que impiden la concesión de la licencia y, en consecuencia, la ubicación de unas instalaciones de esas características en el lugar pretendía la mercantil.
En concreto, el emplazamiento solicitado para esta instalación -número 22 de la calle Antonio Ruiz Coves- está "muy próximo a núcleos urbanos, a actividades comerciales y a una zona escolar".
A ello cabe añadir, según Serrano, que la red viaria de esa zona "tampoco cumple con el ancho mínimo que exige la ley para sectores de uso industrial -cuenta con 10,50 metros- dado que el ancho mínimo para el paso de vehículos pesados debería de ser de 18 metros para un vial de un único sentido, y de 24 para el de doble sentido".
Por otro lado, existen impedimentos atendiendo al Catálogo Municipal de elementos protegidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde se indica que la acumulación de residuos sólidos se situará en lugares poco visibles, donde los vientos no puedan llevar olores a núcleos habitados.
Asimismo, Serrano ha señalado que "la distancia de este tipo de plantas al lugar más próximo habitado ha de ser de dos kilómetros" y ha manifestado que es "evidente que esta circunstancia tampoco se cumple".
"No estamos hablando de un polígono al uso, sino de uno que prácticamente ha quedado absorbido e integrado en la trama urbana de Torrevieja", ha dicho.
En este sentido, la concejal ha afirmado que "ni el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV), ni el Plan Zonal de residuos de la Zona XVIII aprobado en 2005 contemplan el polígono como una zona válida para este tipo de instalaciones".
Serrano ha aprovechado su comparecencia ante los medios de comunicación para informar de que se ha desestimado el recurso de reposición que interpuso otra mercantil contra el ayuntamiento después de que el anterior concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, declarase la caducidad de la licencia de obras para la construcción de una planta de transferencia de basuras.
"La empresa fue a los tribunales para defender sus intereses y ha perdido este contencioso", ha dicho Serrano, quien ha señalado que la sentencia judicial "contempla que el ayuntamiento tenía derecho a declarar la caducidad de una licencia para una planta de transferencia que supuestamente no estaba hecha, pero que en realidad sí estaba hecha y en funcionamiento".
De hecho, y según ha asegurado, la sentencia recoge que "la mercantil reconoció durante el procedimiento que no disponía de proyecto de ejecución cuando se construyó la planta de transferencia".
La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por el grupo municipal socialista en el anterior mandato contra esta "planta ilegal", lo que provocó su cierre por parte del Ayuntamiento y que el concejal Francisco Moreno declarase la caducidad de la licencia de obras que había concedido previamente.
La caducidad se justificó en que habían pasado los seis meses que la empresa tenía para ejecutar una planta que "siempre se ha mantenido que no existía, a pesar de que estaba en funcionamiento, como aportamos con pruebas fotográficas", según la concejal.

Elche pide que los bancos colaboren para acabar con ejecuciones hipotecarias

ELCHE.- La concejal de Bienestar Social de Elche, Teresa Maciá, ha pedido hoy a las entidades bancarias una mayor colaboración para acabar con las ejecuciones hipotecarias y ha reiterado el compromiso del gobierno municipal (PSPV-PSOE, Compromís e Ilicitanos por Elche) de lograr una "ciudad libre de desahucios".

Maciá ha solicitado también que los bancos faciliten al consistorio el listado de la bolsa de viviendas para poder ofrecer alquileres sociales y que el propio ayuntamiento pueda "mediar en los procesos de ejecuciones hipotecarias para intentar paralizarlas".
En rueda de prensa, la edil socialista ha indicado que se trabaja en colaboración con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para solventar las situaciones de ejecuciones hipotecarias y ha aclarado que no han encontrado interlocutor en las instituciones financieras.
Según la concejal, a través de informes de los Servicios Sociales, se han logrado paralizar varias ejecuciones hipotecarias.
En este sentido, Maciá ha hecho un llamamiento a las familias ilicitanas para que informen de su caso y, de esa manera, recibir la ayuda de la corporación local.
"Se nos están escapando los desahucios silenciosos en los que muchas familias no acuden a los Servicios Sociales o acuden tarde, por lo que desde el ayuntamiento no tenemos margen de maniobra para ayudarles", ha dicho.
Ha asegurado que están "paralizando todos los desahucios" de los que tienen "conocimiento a través de Servicios Sociales".
Maciá ha anunciado la puesta en marcha de la Oficina Municipal de la Vivienda en las próximas semanas, con el objetivo de asesorar a las familias en apuros y de evitar que cualquier ciudadano "se quede en la calle".

La causa de Brugal sobre el PGOU de Alicante es compleja y se alarga 18 meses más

ALICANTE.- Un juzgado de Alicante ha acordado prorrogar durante 18 meses la instrucción de la pieza separada del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), donde figuran como investigados la exalcaldesa popular Sonia Castedo y el promotor Enrique Ortiz, entre otros.

La prórroga ha sido posible porque el juez de Instrucción nº 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha declarado compleja la investigación, y de esta forma ha estimado la petición de la fiscalía anticorrupción.
En un auto notificado este martes a las partes, el magistrado afirma que 21 imputados «es a todos los efectos una cantidad lo suficientemente amplia» para «colmar» uno de los requisitos que establece la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para considerar complejo un caso.
En estas diligencias se encuentran investigados (figura que sustituye ahora a la de imputados) 21 personas entre las que destacan los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del PP, el constructor Enrique Ortiz o el arquitecto municipal Jesús Quesada.
Anticorrupción sostiene que, a cambio de dádivas, los dos políticos favorecieron los intereses del citado empresario en la redacción del planeamiento urbanístico de Alicante, al que el ayuntamiento ya ha renunciado tras la llegada al poder de un tripartito formado por el PSPV-PSOE, Guanyar (EU-IU y Podemos) y Compromís.
El juzgado aún debe practicar diversas pruebas antes de cerrar la instrucción y dictar la apertura de procedimiento abreviado, entre ellas el interrogatorio de uno de los imputados y un testigo previstos para el próximo 1 de marzo.
En su último auto, el juez Tejada admite que la instrucción se puede estar «dilatando en exceso», pero recuerda que no recibió toda la documentación sobre el caso hasta febrero de 2011, más de seis meses después de abrir las diligencias.
Luego, en septiembre de 2012, envió la causa Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porque Díaz Alperi y Castedo eran aforados, si bien ambos perdieron esta condición en las últimas elecciones autonómicas, y las diligencias regresaron de nuevo al juzgado alicantino dos años más tarde.
Varios investigados se habían opuesto a la declaración de complejidad de esta investigación, entre ellos Castedo, que quería que este sumario se desglosara en varias piezas separadas.

Català pide puntos extra en admisión de alumnos para familias en paro

VALENCIA.- La diputada del PP y exconsellera de Educación, María José Català, ha reclamado este miércoles a la Generalitat otorgar una puntuación extraordinaria a la hora de la escolarización a las familias que tengan a los dos cónyuges en paro.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha destacado que el nuevo decreto en el que trabaja la Conselleria de Educación "mejora sustancialmente" la baremación tanto a las familias numerosas como a las monoparentales.
Así se han expresado Català y Oltra en la sesión de control a los miembros del Consell del pleno de las Corts, tras una pregunta de la parlamentaria 'popular' sobre cómo valora que en los nuevos criterios de admisión la puntuación para la escolarización en la que trabaja la Conselleria de Educación "otorgue una puntuación desigual a las familias numerosas y a las monoparentales".
Oltra ha destacado que con el proyecto del nuevo Consell "se da una puntuación igual" a las familias numerosas y a las monoparentales de categoría general, y también a las dos en los casos de categoría especial.
Por su parte Català ha señalado que "aunque en papel" la baremación si sea la misma, no lo es en la práctica. "Las familias numerosas no quieren que se le retiren privilegios a las monoparentales, pero no se sienten lo suficientemente respaldas", ha destacado.
Como ejemplo concreto, María José Catalá ha indicado que las familias con los dos padres en paro y dos hijos obtienen "cero puntos". Por ello, ha propuesto a la Generalitat otorgar puntos extraordinarios para las familias con los dos padres sin trabajo teniendo en cuenta el criterio de renta per capita.
Mònica Oltra, por su parte, ha acusado a la exconsellera de "faltar a la verdad" y, al respecto, ha indicado que en el caso de las familias con dos hijos "ya tienen 15 puntos que se otorgan por el otro hijo". Además, ha indicado que una familia numerosas con dos progenitores y tres hijos tiene "menos dificultades" que una monoparental con dos hijos.
También se ha referido a ejemplos concretos. Así, ha señalado que en caso de las familias numerosas de categoría especial, con cinco hijos, con el anterior Consell obtenía 19 puntos y con el nuevo, 50. Respecto a las familias numerosas de categoría general, con tres hijos y dos en la etapa educativa, ha puntualizado que con el decreto del PP tenían 11 puntos y, con el nuevo, 18.
Del mismo modo, ha indicado que las monoparentales con dos hijos y menos 75 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), con el PP recibían ocho puntos y con el nuevo Consell, 18. Por tanto, según Mònica Oltra, el decreto de la Conselleria que dirige Vicent Marzà "mejora sustancialmente a las familias numerosas y a las monoparentales, que para el PP eran invisibles".

La CHS instala ocho carteles divulgativos para concienciar sobre el valor del bosque de ribera en el río Segura

MURCIA.- La divulgación es uno de los pilares fundamentales del proyecto Life+ Ripisilvanatura, por eso la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha instalado en diferentes tramos del río Segura ocho carteles en los que se explica la importancia de la recuperación del bosque de ribera y de la lucha contra las especies invasoras, tanto animales como vegetales.

En concreto, los paneles informativos se han colocado en los municipios de Calasparra (paraje La Huertecica de Cañaverosa, Las Juntas de Cañaverosa, Santuario de La Esperanza, club de piragüismo y La Mulata), y Cieza (coto de pesca de Hoya de Don García, área recreativa de la presa y en el paraje del Menjú). Cada uno de los carteles aborda un tema diferente, desde la importancia del bosque de ribera hasta el problema que suponen las especies exóticas invasoras, pasando por una explicación detallada del proyecto Life+ Ripisilvanatura.
En uno de los carteles, asimismo, se explican los peligros de los incendios de cañas en las proximidades del río. Así, se incide en el hecho de que la caña es capaz de rebrotar con especial vigor tras un incendio, por lo que es importante abandonar el fuego como método de eliminación de esta especie, y extremar las precauciones cuando se realicen quemas agrícolas autorizadas. Lo mejor, en estos casos, es alejarse lo más posible del río y de cualquier otra vegetación que sea susceptible de verse afectada por el fuego con facilidad.
Por otro lado, y también dentro de las múltiples actuaciones paralelas que se llevan a cabo en el proyecto Life+ Ripisilvanatura, ya se han comenzado a plantar 15.000 plantones de especies de árboles y arbustos autóctonos en la ribera del río Segura. Normalmente las plantaciones van precedidas de un desbroce con la finalidad de eliminar la caña invasora, y tras la plantación se llevarán a cabo repasos para eliminar los rebrotes de caña y permitir el correcto desarrollo de las especies plantadas.
Las especies producidas han sidoArbutus unedo, Celtis australis, Cladium mariscus, Crataegus monogyna, Ephedra fragilis, Ficus carica, Fraxinus angustifolia, Genista spartioides retamoides, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Lonicera biflora, Nerium oleander, Olea europaea var. Sylvestris, Pistacia lentiscus, Populus alba, Populus nigra, Rhamnus alaternus, Rosa canina, Saccharum ravennae, Salix atrocinerea, Salix fragilis, Salix neotricha, Salix purpurea lambertiana, Salix triandra, Sambucus nigra, Scirpus holochoenus, Scirpus maritimus, Tamarix canarensis, Tamarix boveana y Ulmus minor.

Ximo Puig sobre Barberá: "El PP debe tomar una decisión porque la mala reputación de la Comunitat se debe a su actuación"

CASTELLÓN.- El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles respecto a la inclusión de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en la Comisión Permanente del Senado, que el PP tiene que tomar una decisión "porque la mala reputación que en algunos ámbitos tiene la Comunitat Valenciana se debe exclusivamente a su actuación, por tanto, no debería dejar que continuara esta situación".

Puig se ha manifestado en estos términos ante los medios antes de visitar el Instituto de Traumatología y la sede central de la Unión de Mutuas en Castellón al ser preguntado al respecto.
Según ha dicho, "la señora Barberá es la responsable política de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Valencia en los últimos 25 años, en los que ha dirigido la administración local, y todo lo que ha pasado, de alguna manera, le concierne en cuanto a responsabilidad política".
Al respecto, el jefe del Consell considera que más allá de lo que digan los tribunales, hay una responsabilidad política "evidente", por tanto, "este serial se debe acabar ya y se deben tomar las decisiones oportunas y, desde luego, que no se juegue con esa doble moral y ese cinismo, que se dice una cosa y se hace la contraria".
En su opinión, "el problema es que las facturas de su actuación las estamos pagando todos los valencianos, y a eso no hay derecho porque los valencianos somos gente honrada, honesta y trabajadora y no tenemos nada que ver con lo que ha sido los que nos han gobernado durante este tiempo".
Preguntado por la imposibilidad de revocar el nombramiento de Rita Barberá como senadora, Puig ha señalado que "aunque desde el punto de vista legal seguro que es así, estamos hablando de responsabilidad política y de reprobación moral, ética y política".
"En términos legales probablemente no se puede hacer nada, pero eso lo dirán los servicios jurídicos de la Cámara", ha apuntado el presidente de la Generalitat, el cual ha indicado que "el que tiene la decisión en estos momentos es el PP, pues si el PP la suspende de militancia y toma las decisiones que debe tomar, asumiendo la responsabilidad política más allá de la judicial, se acabaría este problema".
"Me gustaría que acabara por fin este serial, pues los valencianos estamos por levantar la hipoteca reputacional que tenemos, poner en evidencia lo positivo que tiene esta Comunitat y, desde luego, que paguen los culpables, pero que no pague toda la sociedad valenciana", ha concluido.

'Ciudadanos' sobre los casos de corrupción en la Comunitat Valenciana: "Esto apesta"

VALENCIA.- El portavoz de Ciudadanos en las Corts, Alexis Marí, ha asegurado respecto a los casos de corrupción en la Comunitat Valenciana que el mandato de 20 años del PP ha sido "nefasto, ha estado podrido, carcomido hasta las entrañas por la corrupción" y se ha vivido una situación "lamentable", con lo que ha asegurado que "esto apesta".

En declaraciones en los pasillos del parlamento valenciano, ha señalado que hace poco ha pedido a uno de los técnicos del grupo un informe con todos los casos de corrupción existentes porque él ya no se acuerda de todos y ha lamentado que hoy, mañana, dentro de un mes y al acabar la legislatura "vamos a seguir hablando de lo mismo".
A su juicio, el PP ha hablado de señas de identidad y las usó "para dividir a los valencianos" cuando "una buena seña de identidad podría haber sido una cartera con un candado".
A su juicio, "la falta de transparencia y la opacidad" son las señas que han "sufrido los valencianos y especialmente los votantes del PP, que no merecen lo que ha ocurrido".

Las Corts crearán una comisión para investigar los sobrecostes de 'Ciegsa' y depurar responsabilidades

VALENCIA.- El pleno de las Corts Valencianes ha aprobado este miércoles por unanimidad crear una comisión de investigación sobre la empresa pública Ciegsa --investigada dentro de la Operación Taula, derivada del caso Imelsa-- para aclarar los sobrecostes en la construcción de infraestructuras educativas y depurar posibles responsabilidades.

Así, se ha dado luz verde a esta comisión solicitada por PSPV, Compromís y Podemos, que han lamentado que muchos niños hayan pasado toda su etapa educativa en barracones y han denunciado los sobrecostes de 1.000 millones de euros. La 'popular' Beatriz Gascó ha replicado que de los 1.000 millones "457 corresponde a gastos de funcionamiento de la empresa, intereses de créditos, impuestos pagados y nóminas de los trabajadores".
El portavoz socialista, Manolo Mata, ha indicado que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana creó Ciegsa y "diseñó un plan en el que intuía que con 1.000 millones de euros se harían 277 colegios y todo el mapa escolar estaría completo". Sin embargo, "esta empresa se ha fundido 2.800 millones, no ha hecho ni la mitad de los colegios comprometidos y hemos pagado el triple por metros cuadrado que en otras comunidades", ha señalado.
Mata ha indicado que Ciegsa ha contratado "con una empresa investigada en la trama Gürtel" y con otras como Sedesa o Lubasa.
"¿Ustedes saben los primos, amigos y cuñados que estaban en Ciegsa?", ha preguntado el socialista, quien ha dicho que el PP "con el ejemplo de esta mercantil han arruinado a esta comunidad".
También ha instado a la presidenta del PPCV y síndica del grupo popular, Isabel Bonig, que le cambie el nombre al partido, pero "no le ponga el adjetivo popular", porque "popular es lo relativo a pueblo y este partido no tiene que ver con el pueblo".
Por su parte, la diputada de Podemos Sandra Mínguez ha preguntado al PP si "la buena gestión de la que tanto se regodean" es "Imelsa, operación Taula, caso Blasco, caso Fabra, Gürtel, Camps, Nóos, Púnica, la visita del Papa o Púnica", y ha denunciado el "nuevo caso de utilización indecente del dinero público por parte de los gobierno del PP".
 "Tenemos que saber quiénes son los responsables", ha resaltado Mínguez, quien ha reclamado que "el dinero estafado es nuestro".
Mínguez ha señalado que durante la etapa en la que el actual vicepresidente segundo de las Corts, Alejandro Font de Mora, fue conseller de Educación "la deuda de Ciegsa se multiplicó por tres" y, asimismo, ha señalado que Máximo Caturla --investigado en la operación Taula-- fue a la vez "el máximo dirigente" de la empresa pública, secretario autonómico de Educación y "responsable de las finanzas del PP".
También ha destacado que Isabel Bonig fue asesora parlamentaria de Font de Mora y la diputada 'popular' Beatriz Gascó directora general de Calidad Educativa. "¿Hacia dónde miraban mientras las aulas prefabricadas se eternizaban dejando a nuestros niños en barracones?", ha preguntado.
Desde Compromís, Josep Nadal ha defendido la creación de una comisión de investigación "abierta y democrática que saque a la luz toda la porquería posible que podamos sacar y nos diga dónde han fallado los mecanismos de control que toda sociedad democrática y seria debería tener para evitar esta vergüenza".
A su juicio, "los procedimientos penales tiene su tiempo, pero también son muy importantes los procedimientos y los tiempos políticos". Del mismo modo, ha señalado que Font Mora debe explicar "si no vio nada durante todos los años" como conseller de Educación y si "no le extrañó un incendio intencionado donde su guardaba la información más sensible de Ciegsa".
Font de Mora, que ha pedido la palabra por alusiones, ha exigido "respeto hacia las personas que hemos trabajo y algunas nos hemos dejado la piel y la salud y no hemos tenido ningún beneficio personal en este tipo de actividades". 
Así, ha defendido el "honor de las personas".
El exconseller de Educación también ha señalado que el incendio en Ciegsa fue investigado por la Policía "en tiempos de Zapatero y Rubalcaba" y se concluyó que "fue un incendio accidental". Del mismo modo, ha resaltado: "Lo que yo vi personalmente fueron 265 colegios nuevos porque los inauguré yo" y ha destacado que durante la etapa del PP se construyeron 600 centros educativos.
Asimismo, la 'popular' Beatriz Gascó ha denunciado que PSPV, Compromís y Podemos ya han "juzgado a Ciegsa y la han condenado culpable" y ha resaltado que el PP es "el único partido interesado en conocer la verdad", mientras que los demás "lo único que quieren es hacer ruido y un circo mediático".
"Nosotros somos los primeros interesados en desvincular un trabajo que ha puesto en pie más de 600 centros educativos de un presunto caso de corrupción", ha dicho Gascó, quien ha asegurado que Ciegsa se creó "porque los gobiernos socialistas fueron incapaces de planificar y construir los centros que necesitaba la Comunitat Valenciana".
Del mismo modo, ha tildado de "malicioso" y "perverso" el razonamiento de que "si en Ciegsa hay un presunto caso de corrupción, toda Ciegsa es corrupta". También ha criticado que el resto de grupos quieran que "sobrecoste signifique delito" y ha resaltado que "si se demuestra que ha habido acto delictivo, esa persona a la cárcel, de cabeza, sin ningún tipo de piedad".
Sin embargo, ha dicho que no van a consentir que "mezclen un presunto caso de corrupción con un trabajo que ha permitido a 250.000 alumnos estrenar centro educativo".
Finalmente, desde Ciudadanos (C's), Carmen Sánchez ha destacado su "más absoluta vergüenza" por lo sucedido en Ciegsa. "Los que parecen se lo llevaban calentito eran los altos cargos del PP, partido que ha hecho y deshecho a su antojo".
 "Con la educación de nuestros niños no se juega", ha destacado Sánchez, pero ha indicado que se debe "poner un punto y final a la corrupción sin límites".

Peremarch proclama su inocencia desde su nuevo escaño: "Sigo defendiendo lo mismo por lo que me presenté a diputada"

VALENCIA.- La exdiputada de Podemos y ahora parlamentaria del grupo no adscritos, Covadonga Peremarch, ha ocupado este miércoles su nuevo escaño en las Corts y ha defendido su inocencia porque "no hay nada legal ni jurídico" contra ella y tampoco "se ha demostrado nada" dentro del partido, del mismo modo que ha justificado que mantenga su acta: "Sigo defendiendo lo mismo por lo que me presenté a diputada".

Así se ha pronunciado la diputada ante los medios desde su nuevo escaño, situado entre los grupos de Ciudadanos y el PP, después de que el pasado mes de enero la Comisión de Garantías Democráticas estatal de Podemos sancionara a Peremarch, entre otros miembros del Consejo de Alicante, por inscribir a menores en el censo para las primarias y desacreditar a otros candidatos a la dirección a través de cuentas falsas en redes sociales. Después fue expulsada del grupo en las Corts al negarse a dejar el acta.
"Yo sigo defendiendo mi inocencia, estoy como diputada no adscrita y estoy trabajando. Estoy en la Comisión de Igualdad y sigo solicitando a la Mesa todos los procedimientos para poder llevar a cabo mis funciones", ha dicho la diputada, que ha destacado que ha sido expulsada del grupo pero no ha recibido "ningún tipo de confirmación" respecto a su expulsión del partido.
Según ha recalcado, entró en Podemos por una causa y sigue en las Corts "por la misma causa", la del cambio, aunque ha admitido, al ser preguntada sobre si es una situación incómoda para ella, que ahora "es una situación distinta" porque tiene 25 años y "esto es muy nuevo", aunque ha dicho que intenta "llevarlo lo mejor posible con el mayor compañerismo y el respeto, que es lo más importante".
Respecto a si cree que es ético que mantenga el acta, ha asegurado: "Teniendo en cuenta que no hay nada legal ni nada jurídico contra mí y que, además, no se ha demostrado nada por lo que se me acusa dentro del partido yo, aunque he acatado la decisión de Podemos, sigo defendiendo mi inocencia".
Por ello, ha remarcado que "no hay ningún tipo de incompatibilidad con la ética" porque ella continúa "defendiendo lo mismo" por lo que se presentó a diputada con Podemos.

Alberto Fabra señala que es "difícil de creer" que Barberá no supiera nada y que debe dar "un paso atrás"

MADRID.- El expresidente de la Comunitat Valenciana Alberto Fabra ha mantenido este miércoles que es "difícil de creer" que la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá no supiera nada de lo que sucedía en su grupo municipal cuando "su entorno" está siendo investigado en la operación Taula que ha destapado una red de comisiones en torno a la empresa Imelsa y sospechas de blanqueo.

Por ello, consdiera, según ha señalado en una entrevista en Antena 3, que Barberá debe "dar la cara" y dar explicaciones a la ciudadanía y le ha pedido asimismo que "dé un paso atrás" para que que "el PP pueda seguir avanzado y generando confianza" aunque ha matizado que es "importe" respetar la presunción de inocencia.
Preguntado por si él fuera Barberá renunciaría, ha replicado "yo no soy Barberá". Al respecto, ha señalado que cuando fue presidente en "una época complicada", con 11 imputados en las Corts, mantuvo "el criterio" de que "la responsabilidad política debe estar a distancia de lo que es la responsabilidad judicial".
En ese sentido, ha argumentado que los políticos deben "generar confianza" y "en el momento en el que hay momentos duda lo mejor es que esa persona dé un paso atrás y que el PP pueda seguir avanzado y generando confianza a los ciudadanos".
 "Cualquier personas que pueda entorpecer esa generación de confianza debe dar un paso atrás", ha insistido.
Fabra ha relatado que habló con Barberá "al principio" y le preguntó "como compañero, cómo estaba y si ella tenía algo que decir". 
"No tengo nada y hará las declaraciones cuando lo estime oportuno", ha relatado Fabra que dijo la exalcaldesa.
Al respecto, ha considerado que "hay que dar la cara. Esa es nuestra obligación", ha recalcado. Preguntado por el hecho de que Barberá no esté dando la cara ha replicado: "yo creo que hay que hacerlo, hay que dar explicaciones siempre y luego que la gente juzgue si está de acuerdo con tu planteamiento o no".
Fabra ha insistido en que el partido es "un proyecto muy grande y se ha avanzando mucho cortando aquellas personas que entendían que la política era un lugar donde podían tener un beneficio particular y todas aquellas personas que pongan en duda ese proyecto deben dar un paso atrás", ha esgrimido Fabra. Por ello, ha considerado que si Barberá tiene "mucha experiencia, ella entenderá y sabrá lo que debe hacer".
Asimismo, ha considerado que el PP ha sido "sensible" con la situación por la que "vive" Barberá ya que aunque la devolución del acta de senadora es "una cuestión personal" ha señalado que ahora ya no es presidenta de la Comisión constitucional y "lo único que es, es vocal de dos comisiones porque los senadores tienen que ser vocales". 
"No tienen ningún protagonismo", ha recalcado.
Además, ha explicado que ella está amparada por el hecho de ser senadora territorial no por el hecho de estar en la Diputación permanente y ha insistido en que el partido "actuará" cuando el juez pida un suplicatorio para Barberá ya que, ha recalcado, "que sea senadora no quiere decir que sea impune".
 "Lo cierto es que más allá de las sospechas y de las dudas de que todo su entorno está siendo investigado a ellas no se la ha pedido nada ni por parte del juez ni por parte de la Policía", ha apuntado.
Preguntado por si con sus líneas rojas se ganó enemigos como el exvicealcalde de Valencia, procesado en el caso Nóos, ha comentado que "no fueron momentos fáciles" los que se vivieron en la Comunitat Valenciana con personajes como Alfonso Grau que "hacían un menosprecio no a lo que yo pudiera decir sino a la dignidad de la política y a los ciudadanos".
De este modo, ha insistido en que cuando una persona está siendo investigada lo que marca el "sentido común" es que "se debe aparatar de la vida política".
Fabra ha apuntado que "nadie se puede sorprender" de los resultados electorales que consiguió el PP en las pasadas elecciones autonómicas y ha recordado que "había personas que no podían entender que pudiéramos cambiar el paso en cuanto a exigir un mayor limpieza en el partido".
Al respecto, ha explicado que los estatutos del partido establecían que se actuaría cuando hubiera un sentencia firme mientras que ahora estábamos hablando de tomar medidas cuando haya una investigación o una imputación. "El cambio se produjo en la Comunitat Valenciana porque la situación era extraordinaria de origen", ha señalado.
Por eso, ha recordado que se expulso al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus "cuatro días antes" de las elecciones tras las conversaciones en las que presuntamente salía contando dinero. Preguntado por si Rus era su "gran" enemigo y "gran amigo de Barberá, ha comentado: "yo no quiere hablar de amigos ni de enemigos porque en política uno está porque quiere", ha apostillado.

Las Corts adjudican por 135.071 euros el suministro de 99 ordenadores portátiles para los diputados

VALENCIA.- Las Corts Valencianes han adjudicado a Inforein, SL por un importe total de 135.071,61 euros, IVA incluido, el contrato del suministro de 99 ordenadores portátiles para la oficina móvil de los diputados de la Cámara autonómica.

Así lo publica este miércoles el Boletín Oficial de las Corts Valencianes, que señala que se trata de una adjudicación de tramitación ordinaria y procedimiento abierto, para la que se presentaron nueve licitadores y se tuvieron en cuenta varios criterios.
Los criterios de evaluación automática --proposición económica-- se cuantificaron con un máximo 60 puntos, mientras que los de evaluación no cuantificables automáticamente, con 40. En concreto, estos últimos se refieren a la propuesta técnica con hasta 15 puntos; el valor añadido con 12 puntos; la garantía y mantenimiento con hasta diez y el plazo de entrega con tres.
El presupuesto base de licitación era de un total de 138.600, mientras que finalmente se ha adjudicado por 111.629,43 euros que, sumado a 23.442,18 euros de IVA, asciende a 135.071,61 euros. El contrato se adjudicó el pasado 24 de noviembre a Inforein, SL y, finalmente, se formalizó el 26 de noviembre.

Cataluña y las “guerras” del agua / Ramón Vilaró *

El agua está que hierve en Cataluña. Tanto por el problema del caudal del río en el Delta del Ebro, de acuerdo al nuevo Plan Hidrológico, como por la polémica sin fin por la privatización de Aigües Ter Llobregat al Grupo Acciona, hoy puesto en tela de juicio por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC).
Según la OAC el Grupo Acciona, ac­tual con­ce­sio­naria de la em­presa Aguas del Ter y Llobregat (ATLL), ha­bría des­viado unos 13 mi­llones de euros por la emi­sión de fac­turas cru­zadas por ser­vi­cios no pres­ta­dos. En el in­forme – en­viado a la Fiscalía Superior de Catalunya - cita irre­gu­la­ri­dades en la ope­ra­tiva de ATLL Concesionaria, en la sub­con­tra­ta­ción de ope­ra­ciones a la Operadora ATLL y Acciona Agua, las dos mer­can­tiles vin­cu­ladas tam­bién a Acciona. Según la Oficina Antifraude de Catalunya tales tra­bajos se ha­brían rea­li­zado al margen de las con­di­ciones de mer­cado. Todo ello sin el pre­cep­tivo co­no­ci­miento de la Agència Catalana del Aigua. Las ope­ra­ciones se re­fieren a los ejer­ci­cios 2013 y 2015 y ha­brían in­ci­dido en el au­mento del re­cibo del agua.
“Acciona Agua y ATLL han cum­plido en todo mo­mento de forma ri­gu­rosa la le­ga­lidad y las con­di­ciones con­trac­tuales exi­gidas por el pliego de li­ci­ta­ción y por el con­trato de con­ce­sión”, re­plica en un co­mu­ni­cado la firma ex­plo­ta­dora de ATLL, que con­si­dera “absolutamente in­fun­dadas y des­pro­por­cio­nadas las con­clu­siones que se atri­buyen al in­forme de la Oficina Antifraude de Cataluña”.
En el mismo co­mu­ni­cado Acciona re­plica que: “bajo ningún con­cepto pueden dar lugar a la re­ver­sión del con­trato de con­ce­sión”. He aquí el meollo del pro­blema. La pri­va­ti­za­ción de parte de ATLL fue tema de li­tigio entre Acciona y Aguas de Barcelona. Y, si la Generalitat, quiere re­vocar la con­ce­sión, de­berá in­dem­nizar a Acciona con unos 1.000 mi­llones de eu­ros.
Si el li­tigio entre Generalitat, Acciona y ATLL, en­turbia las aguas que be­bemos en Cataluña, tam­poco bajan cal­madas las aguas del río Ebro. Sobre todo por la re­duc­ción de caudal que su­pone para el Delta del Ebro el nuevo Plan Hidrológico, apro­bado re­cien­te­mente por el go­bierno en fun­ciones del PP.
El pa­sado fin de se­mana unas 50.000 per­sonas se ma­ni­fes­taron en Amposta (Tarragona) contra la re­duc­ción del cau­dal. Aunque, un cen­tenar de ki­ló­me­tros más arriba los agri­cul­tores se fe­li­ci­taban de la me­jora en caudal para re­ga­díos.
Un grupo de eu­ro­par­la­men­ta­rios ha es­cu­chado las opi­niones de cada bando y, sobre todo, ana­li­zarán si el Plan Hidrológico cum­ple, o no, con las nor­ma­tivas eu­ro­peas.
En de­fi­ni­tiva, Cataluña vive unos días de aguas tur­bu­len­tas, y no sólo en po­lí­tica. Si no en la más pura realidad y en un con­texto, ade­más, de mu­chos meses de se­quía.


(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/2016/2/10/41120/cataluna-y-las-guerras-del-agua.html

El blindaje de Rita señala a Rajoy / Pablo Sebastián *

Mal se le presentan a Mariano Rajoy sus próximas citas negociadoras con Albert Rivera y Pedro Sánchez tras los últimos escándalos del PP valenciano y el blindaje de Rita Barberá en el Senado, que implica que todo el PP y su Presidente, están de alguna manera afectados por este nuevo y flagrante caso de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia que presidía Barberá. La que amén de responsabilidad política puede tener otras penales, como sus concejales valencianos. De lo contrario su blindaje en la Diputación Permanente del Senado no habría tenido lugar.
El portavoz del PP, Pablo Casado, le ha tomado el pelo a los medios de comunicación al anunciar el lunes que Rita Barberá abandonaría el cargo de presidenta de la Comisión Constitucional del Senado, pero ocultando a los informadores que semejante movimiento llevará a Rita Barberá a la Diputación Permanente de la Cámara Alta, con lo que la exalcaldesa de Valencia se queda blindada y aforada, incluso en caso de que se convoquen unas elecciones anticipadas.
La decisión sobre Rita es de Rajoy quien, de esa manera, incumple su compromiso de no dejar pasar ‘ni una’ en los casos de corrupción del PP, como en el nuevo vendaval valenciano que señala a Rita como la muy presunta responsable de la trama de lavado de dinero negro de las comisiones ilegales, por el que han sido imputados la casi totalidad de los actuales concejales del PP en Valencia.
Lo que podría provocar que Barberá fuera imputada o investigada por el juez del caso, pero su aforamiento impide semejante actuación de la Justicia salvo que lo pida el Tribunal Supremo y lo autorice la mayoría del Senado que está en manos del PP.
El caso de Rita Barberá es emblemático, y deja al PP y a Rajoy en la peor de las situaciones posibles, y falto de toda credibilidad para mantener su deseo de volver a ser investido presidente del Gobierno. E incluso para que el PP asuma el liderazgo de un nuevo Gabinete porque están rodeados por la corrupción: Nóos, Bárcenas, Gürtel, tesoreros, Púnicas, Valencia, Bankia, etcétera. Y eso obliga a Rajoy a retirarse de una vez por todas del proceso de investidura.
Lo insinuó Albert Rivera cuando dijo que Rajoy ‘no está en condiciones de abanderar la lucha contra la corrupción’. Y puede que en la reunión que ambos van a celebrar este jueves el líder de Ciudadanos dé un paso al frente en este sentido, y le diga a Rajoy que su partido no lo apoyará como presidente del Gobierno. Máxime ahora que Rajoy se ha prestado al blindaje descarado de Barberá en el Senado usando de la inmunidad parlamentaria. La que por otra parte C’S quiere que se suprima de una vez por todas.
Y lo mismo le puede ocurrir a Rajoy, a propósito de la corrupción del PP valenciano y de Barberá, durante su encuentro con Pedro Sánchez quien ya acusó a Rajoy en el debate electoral televisivo de deshonesto.
De manera que, cuando parecía que el PP abandonaba a Rita Barberá a su suerte frente a la acción de la Justicia, se produce un golpe de mano de Rajoy y el partido la blinda lo máximo posible. ¿Por qué?
Puede que por dos motivos como podían ser los siguientes: porque la imputación de la que durante tantos años fue alcaldesa valenciana y lideresa del PP en la ciudad, sería un duro golpe para la imagen del PP; y puede también porque Rita haya advertido a Rajoy de que si el PP la abandona ella contará que lo que se hizo en Valencia con el lavado del dinero negro pudo haber sido aconsejado o avalado por un destacado dirigente del PP nacional.
En consecuencia el caso de Rita y del PP valenciano abunda más si cabe en las responsabilidades de Rajoy y merman sus posibilidades para ser el candidato a la Presidencia del Gobierno. Y además daña mucho las expectativas del PP ante unas posibles nuevas elecciones, a la vez que desdibujan y dejan en segundo plano los argumentos económicos y los políticos que suele utilizar Rajoy para proponer una ‘gran coalición con PP, PSOE y Ciudadanos’.

(*) Periodista

http://www.republica.com/el-manantial/2016/02/09/el-blindaje-de-rita-senala-a-rajoy/