MADRID.- La pérdida
de poder adquisitivo por la debilidad de la libra, la vejez y el cambio
en el cálculo estadístico reducen un 40% el número oficial de
residentes de Reino Unido, según revela hoy El País.
La tienda que Michelle Ball atiende en La Xara, Alicante,
no es un Todo a 100, aunque lo parece. Vende vestidos a un euro,
platos, vasos, lámparas, flores de plástico y otros objetos de
decoración. Pero sus productos no proceden de fábricas chinas, sino de
las cocinas, comedores y armarios de viviendas británicas, que los donan
con fines benéficos.
Ball y el resto de voluntarios que trabajan aquí
destinan después los beneficios a ayudar a compatriotas enfermos y con
pocos recursos que residen en la provincia. Su charity shop vive
una edad dorada, porque un creciente número de británicos está
vendiendo sus casas en la zona y regresando a su país. Antes de
marcharse, pasan por la tienda de Ball y le entregan todo lo que no les
vale la pena llevarse a Reino Unido.
“Muchos están volviendo porque la vida aquí se ha vuelto supercara.
Mi madre ha perdido 160 euros al mes en su pensión desde el referéndum
del Brexit
por la devaluación de la libra. Su pensión es ahora de 690 euros. Y
desde el cambio que hizo hace unos años el Gobierno español, también
tiene que pagar parte de sus medicamentos, no es mucho, pero tampoco ayuda”, resume Ball, que tiene 44 años y llegó a la Comunidad Valenciana con 14.
El número de residentes británicos en España que refleja el Instituto
Nacional de Estadística (INE) ha pasado de 397.892 a 240.785 en cinco
años. Hay 157.107 menos. En ese descenso influye la nueva regulación del
padrón municipal para los ciudadanos comunitarios.
Pero mientras la
caída registrada en el mismo periodo entre los residentes en España del
resto de países del núcleo histórico de la UE, los 15 que componían la
Unión antes de la ampliación hacia el Este, ha sido del 25%, la
reducción de los residentes británicos se eleva al 40%, según los datos
oficiales.
La estadística de migraciones, una información paralela que ofrece el
INE, muestra que 102.367 residentes británicos abandonaron España entre
el primer semestre de 2012 y el primer semestre de 2017. Cada año
siguen instalándose ciudadanos de Reino Unido en España: 88.799 en el
mismo periodo. Pero ahora el número de quienes se marchan es mayor, lo
que le ha dado la vuelta a la tendencia anterior: de 2008 a 2012,
llegaron 40.454 más de los que se fueron.
Tanto el número de residentes como el saldo migratorio reflejan una
evolución negativa, pero sus volúmenes son diferentes. Los expertos
señalan que ello se debe principalmente a que en la reducción de
residentes influyen dos factores.
El primero es que el cambio en la
forma de actualizar el padrón ha sacado a luz que decenas de miles de
británicos ya no vivían en España, bien porque habían regresado tiempo
antes a su país o bien porque habían fallecido, sin que nadie lo hubiera
notificado a un registro que es voluntario. Los Ayuntamientos tenían un
incentivo para que se empadronaran –más residentes implica más
financiación del Estado- y ninguno para darlos de baja.
Hasta principios de esta década la presencia de un comunitario en un
municipio se mantenía año tras año, a no ser que hubiera una petición
expresa de baja. Los Consistorios están ahora obligados a confirmar que
el comunitario sigue viviendo en el municipio cada dos años, o de cinco
si se halla inscrito en el Registro Central de Extranjeros.
Esto provoca
el segundo factor que los expertos señalan para explicar la disparidad
de los datos oficiales, y que consiste en que el padrón deja ahora fuera
a comunitarios que siguen viviendo en España y no han realizado el
trámite de confirmar la residencia. Es la tesis defendida por muchos
alcaldes, como el de Torrevieja, José Manuel Dolón.
En este caso, los Ayuntamientos sí tienen interés en clarificar el
error. Y los que cuentan con grandes poblaciones de comunitarios
mantienen campañas informativas que incluyen llamadas telefónicas, como
la que recibió en diciembre en su casa Linda Hall, vecina de Altea y
corresponsal en Alicante del diario Euro Weekly, o comprobaciones físicas por parte de la policía local.
La reducción del número oficial de británicos ha resultado
especialmente intensa en la Comunidad Valenciana, que fue su primer
destino residencial masivo en España, y donde el efecto limpieza del
padrón ha sido mayor. En cinco años, se han reducido casi a la mitad: de
145.652 a 75.045. Andalucía también ha perdido británicos, pero menos, y
es ahora la comunidad donde más residen, 74.252.
La marcha de británicos puede agravarse en función de cómo concluyan
las negociaciones del Brexit, ya que muchos piensan como Patricia Mary
Sawers, de 69 años, antigua administrativa de la Universidad de
Cambridge, que vive en Pedreguer, Alicante, desde que se jubiló.
“No sé
si regresaré. Dependerá de cómo quede nuestra cobertura sanitaria. La
atención ahora es estupenda, pero no sabemos si tras la salida de Reino
Unido de la UE seguiremos teniendo sanidad pública aquí. Esa es la gran
cuestión”, afirma Sawers después de dar un sorbo a su taza de té.
Aunque el presidente valenciano, Ximo Puig, ha afirmado que los británicos seguirán recibiendo atención sanitaria
en la Comunidad Valenciana tras el Brexit, la realidad es que la
reciprocidad se decidirá en el marco de la negociación entre Bruselas y
Londres o, en todo caso, a escala bilateral, entre España y Reino Unido.
La salida de muchos de los que se han ido está vinculada a la pérdida
de poder adquisitivo. La pertenencia a una comunidad cerrada que tiende
a beber en sus propios bares, comer en sus restaurantes, comprar en sus
tiendas y alternar en sus clubes los protegió relativamente de la
crisis.
Pero esa endogamia ha agravado el impacto en sus negocios de la
reducción de ingresos de los pensionistas como consecuencia de la
devaluación de la libra, señala Carmen Ródenas, catedrática de la
Universidad de Alicante.
El hecho de enviudar y la extrema vejez de quienes llegaron con más
de 65 años a la costa mediterránea en la gran oleada migratoria de
principios de siglo, coincidiendo con el boom residencial,
también fomentan el regreso, señala el profesor de la Universidad de
Valencia, Jordi Giner, autor de una tesis doctoral sobre su salida de
España.
