martes, 8 de mayo de 2018

Dimite la editora de TVE en València a la que le censuraron el vídeo del "Os jodéis" a los jubilados

VALENCIA.- La editora del informativo del Centro Territorial de RTVE en València, Arantxa Torres, ha dimitido este martes después de la dirección del ente le impusiera la censura del vídeo en que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, se refirió de forma despectiva a un grupo de pensionistas que abuchearon a Mariano Rajoy durante su visita al Ayuntamiento de Alicante. Así lo ha anunciado el Consejo de Informativos de RTVE en una nota dirigida a los trabajadores.

En las imágenes se aprecia como Martínez de Castro, en una conversación fuera de micrófono, afirma: "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!".  
El comentario sí fue captado por un vídeo que pronto comenzó a difundirse en redes sociales y en los medios de comunicación. De hecho, la secretaria de Estado pidió disculpas al día siguiente y explicó que hizo un comentario jocoso en una conversación privada, pero que cuando esas palabras pasan al ámbito público se convierten en "muy inadecuadas en el fondo y forma". 
"Muy fina, no quedé", añadió. 
Según el escrito del Consejo de Informativos, Torres ha explicado a la redacción las razones de su renuncia. 
"Dimite por una serie de desencuentros con la dirección y, porque a pesar de su confianza en el jefe de informativos del Centro, no comparte la filosofía con la que se está trabajando en esta casa", aseguran. Así, "la censura impuesta desde la dirección del Centro y desde la dirección de los Servicios Informativos en Madrid al vídeo" (...) "ha precipitado su decisión". 
El Consejo asegura tener constancia de que "la editora de informativos insistió y medió para que se emitiera". 
La pieza informativa finalmente se emitió en Valencia sin sonido, con lo que no se pudo apreciar el comentario, y no fue reproducida en el informativo nacional.    

Las familias españolas vuelven a endeudarse para consumir más


MADRID.- Las familias españolas han vuelto a necesitar financiación en términos netos por primera vez desde el comienzo de la crisis. Se trata de una cantidad pequeña. Tan solo 3.063 millones de euros. Pero, según los datos del INE, en 2017 las rentas de los hogares no bastaron para afrontar sus compras de vivienda y consumo. Por eso, tuvieron que tirar de crédito o acudir a sus depósitos y activos ahorrados, tal como recoge hoy El País

Según las cuentas financieras del Banco de España, en 2017 las familias solo redujeron su deuda en 810 millones frente a los 46.000 millones recortados, por ejemplo, en 2013. Aunque las cantidades sean modestas —los pasivos de los hogares ascienden a 775.000 millones—, se aprecia un cambio de tendencia: las familias han concluido el fuerte proceso de ajuste de la deuda que iniciaron tras el estallido de la burbuja.
Las familias empiezan a aflojarse el cinturón. La crisis financiera cogió a los hogares en 2008 con un exceso de endeudamiento provocado por un mercado inmobiliario cuyos precios se habían disparado. Hasta el punto de que solo en 2007 llegaron a precisar en torno a 57.000 millones prestados. Las cifras eran mareantes. Justo en ese momento la economía española sufrió un abrupto recorte de la financiación exterior. 
Y la necesidad de restablecer la competitividad obligó a un ajuste en salarios y plantillas que sembró todavía más la incertidumbre. A marchas forzadas, las familias empezaron a amortizar sus hipotecas. Y la concesión de nuevo crédito inmobiliario se paró en seco. Durante esos años, los hogares llegaron a ahorrar unos 220.000 millones para bajar deuda.
 Sin embargo, los últimos datos del INE y del Banco de España reflejan que este proceso está empezando a perder fuelle. Tras casi una década, las familias volvieron a no cubrir con sus rentas lo que destinan a consumo e inversión. 
Para ello, tuvieron que recurrir, por una parte, a un incremento del crédito no hipotecario, que creció en torno a un 6%. Solo los préstamos para consumo se elevaron a un ritmo superior al 15%, según datos del supervisor.
Dos factores impulsaron este alto crecimiento de la financiación del consumo: por un lado, la mejora de las perspectivas económicas, que hace que los hogares prevean mayores ingresos en el futuro. Por otro, durante la crisis, fruto de la incertidumbre, se pospusieron numerosas compras de bienes de consumo duradero como electrodomésticos o automóviles que ahora sí que se han estado produciendo.
Aunque la cantidad concedida de hipotecas también creció con fuerza el año pasado, alrededor de un 15%, la amortización del crédito inmobiliario fue todavía mayor y el saldo existente se redujo un 2%. Además, las familias dispusieron de una parte de sus depósitos y activos ahorrados para financiar esas necesidades. Como resultado, la deuda no aumentó justo en esos 3.063 millones que recoge el INE. 
Según las cuentas financieras del Banco de España, el endeudamiento de los hogares no subió pero disminuyó muy poco: desde los 775.318 millones de 2016 hasta los 774.508 millones anotados en 2017. Una reducción de solo 810 millones en un año, una cantidad que se antoja muy pequeña si se compara con los recortes de deuda que se llevaron a cabo en los ejercicios precedentes: por ejemplo, en 2011 se redujeron los pasivos de las familias en unos 27.000 millones; en 2012, en 37.000; en 2013, en 47.000; en 2014, en 36.000; en 2015, en 24.000; y en 2016, en 13.000.
“Con la información disponible, parece que el proceso de desapalancamiento se está agotando. Parece un punto de inflexión”, afirma Rafael Doménech, economista de BBVA. Ya nada apunta que se vuelvan a dar fuertes bajadas como las que se registraron durante la crisis. En términos nominales, los pasivos podrían incluso seguir descendiendo. 
Pero los expertos señalan que en todo caso lo harían a velocidades muy suaves. En relación con el PIB, gracias al crecimiento económico que sube el denominador, la deuda podría continuar reduciéndose durante algunos años más.
Así las cosas, el endeudamiento de los hogares ya se sitúa cerca de los niveles europeos, en torno al 60% del PIB frente al 84% que se alcanzó en 2009. Como explica María Jesús Fernández, analista de Funcas, ahora mismo resulta inimaginable que, a medio plazo, el endeudamiento recobre cotas cercanas a las registradas en el pasado.
Según el INE, los hogares llevaban ocho años obteniendo capacidad de financiación, esto es, consiguiendo más renta de la que gastaban o invertían. En total, entre 2009 y 2016 acumularon la abultada cifra de 214.511 millones ahorrados, aproximadamente una cuarta parte del PIB que se destinó sobre todo a reducir endeudamiento. Pero, ¿a qué obedece este leve repunte de 3.063 millones en la necesidad de financiación? 
Como se aprecia en las cifras del INE, en 2017 las rentas de los hogares  engordaron en unos 14.000 millones mientras que el consumo subió en cerca de 25.000. Es decir, las rentas crecieron menos de lo que lo hicieron las compras. Y eso provocó que el ahorro se derrumbase.
Al comienzo de La Gran Recesión, la tasa de ahorro se disparó hasta máximos históricos, alcanzando el 13,4% de la renta disponible. Pero en los últimos años ha estado siguiendo el camino inverso: en 2017 descendió un 24% respecto a 2016, tocando el mínimo de la serie histórica en un 5,7% de la renta disponible, unos 40.000 millones de euros.
Ese dinero ahorrado el año pasado no fue suficiente para financiar los 43.000 millones que en 2017 las familias destinaron a inversión, o lo que es lo mismo: adquisición de vivienda. La inversión de los hogares aumentó un 18% sobre el año anterior. 
De ahí en buena medida la necesidad de financiación de las familias durante el pasado ejercicio. En definitiva, los hogares consumieron más, ahorraron menos y compraron más viviendas, lo que hizo que por primera vez en una década volvieran a precisar financiación.

Demasiado crédito acumulado en hogares con rentas bajas

Los datos del INE y del Banco de España marcan un cierto cambio de tendencia en la deuda de las familias. Aunque incluso podría seguir bajando algo, todo apunta a que empieza a estabilizarse en torno al 60% del PIB. 
Ahora bien, cosa distinta es el análisis que se debe hacer de esa deuda. Por una parte, las cifras del Banco de España señalan que todavía hay demasiada deuda concentrada en familias con rentas bajas, lo que todavía puede significar un problema. 
Sobre todo si los tipos de interés empiezan a subir teniendo en cuenta que buena parte de ese crédito está a tipos variables. Aunque las amortizaciones de hipotecas todavía estén dominando y sean mayores que la concesión de crédito inmobiliario, se corre el riesgo de que una parte de la población quede atrapada en esa deuda.
Como explica María Jesús Fernández, de Funcas, otra cuestión es si resulta conveniente para el conjunto de la economía que el desendeudamiento de las familias empiece a perder fuerza. La deuda exterior de España permanece ligeramente por encima del 80% del PIB. Se trata de unas cotas altísimas que hay que renovar y que exponen a España a cualquier vaivén de los mercados. 
Además, la deuda de las Administraciones Públicas es muy elevada. Y el envejecimiento de la población puede hacer que persista la presión sobre el gasto público. Máxime cuando en los próximos años comenzarán a jubilarse las primeras generaciones del baby boom español.
Cierto es que las empresas prosiguen con su reducción de pasivos a una velocidad inaudita, y eso compensa, en parte, lo que pueda suceder con el resto. Estas han pasado de necesitar endeudarse en unos 44.000 millones en 2008 a obtener unos 34.000 millones de liquidez anual en 2017. 
Gracias a esa capacidad de financiación, la deuda de las sociedades no financieras se ha desplomado en 285.000 millones desde 2009, rondando ahora un nivel sobre PIB similar a la media de países europeos. Eso sí, se ha producido en gran medida a costa de un ajuste laboral que sigue mermando las rentas de los hogares.

El precio de la vivienda sube un 5,4% interanual en abril

MADRID.- Tinsa ha destacado que "el precio medio de la vivienda en España no mostraba un ritmo de crecimiento interanual tan elevado a nivel nacional desde el tercer trimestre de 2007", publica Expansión

Esta subida ha estado impulsada por el área "Capitales y grandes ciudades", que ha experimentado una subida del 8,7% interanual, hasta 1.543 puntos.
También muestran subidas importantes las "Áreas metropolitanas" (+5,7%) y "Baleares y Canarias" (+5,6%). En el primero de ellos, que agrupa las áreas de influencia de las grandes ciudades, la tendencia es más bien de estabilización, ya que el índice se ha mantenido en los últimos meses dentro de una banda entre los 1.280 y los 1.310 puntos.
En la "Costa mediterránea", el crecimiento ha sido apenas un 0,3% interanual en abril, seguido de "Resto de municipios", que engloba las localidades más pequeñas, donde la subida ha sido del 1,1% interanual en abril.
Además, hay que subrayar que el precio medio en España se ha revalorizado un 10,3% desde el mínimo que tocó a principios de 2015, aunque sigue arrastrando una caída acumulada del 36,7% desde el pico del boom en 2007.
La "Costa mediterránea", el subíndice más castigado en la crisis, muestra un descenso acumulado del 45,8%% desde los máximos del boom, seguido por las "Áreas metropolitanas" (-42,8%). 
Pese a haber incrementado su valor un 18,6% desde mayo de 2015, las "Capitales y grandes ciudades" siguen estando un 36,6% por debajo del nivel de 2007. También con ajustes inferiores a la media nacional se sitúan "Resto de Municipios" (-36%) y "Baleares y Canarias" (-23,8%).
El índice IMIE General y Grandes Mercados, que se calcula a partir de las tasaciones de vivienda terminada (nueva y usada) realizadas por Tinsa, recoge cada mes la variación interanual del valor del m² de un inmueble y su nivel respecto al año 2001 (base 1.000) en cinco áreas representativas de los diferentes estratos que componen el mercado de la vivienda: "Capitales y grandes ciudades"; "Áreas metropolitanas"; "Costa mediterránea", "Baleares y Canarias", y "Resto de municipios".

El crédito dudoso se reduce en 945 millones en 'Cajamar'

ALMERÍA.- El Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido un beneficio neto de 31,5 millones de euros en el primer trimestre de 2018, el 27,6% más que los 24,7 millones ganados un año antes.

La entidad ha explicado que a este crecimiento del beneficio ha contribuido la mejora del margen bruto, la expansión de productos y servicios, así como del negocio en fondos de inversión, seguros, planes de pensiones y operaciones de consumo.

Ello, unido a optimización de la red comercial, la transformación digital y el consumo eficiente de los recursos, ha hecho que se reduzca al 1,49%, el peso de los gastos de explotación sobre los activos totales medios.

Además, "todo ello ha repercutido en la mejora de la ratio de eficiencia hasta el 59,9%, y en un aumento del margen de explotación recurrente del 24,8%", ha añadido Cajamar, que "sigue manteniendo su política de prudencia y ha continuado durante el primer trimestre reforzando las provisiones para proseguir saneando su balance".

En este sentido, ha explicado que ha reducido en 945 millones de euros los activos dudosos, un 23% respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de morosidad ha caído al 9,84% según Cajamar, que ha destacado que las ventas de adjudicados han crecido un 31%, lo que ha contribuido a lograr una reducción de los activos adjudicados netos del 5,8%.

Respecto a la situación del negocio, Cajamar ha detallado que al cierre de marzo, el balance total se ha incrementado un 5,7%, hasta los 41.857 millones de euros, mientras que el volumen de negocio gestionado lo hizo un 5%, hasta los 72.981 millones.

La concesión de nueva financiación, principalmente al sector agroalimentario, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, también se elevó un 12%.

La entidad ha destacado su posición de "referente" en el sector agroalimentario, con una cuota de mercado nacional del 13,4%.

Por otro lado, ha indicado que entre enero y marzo, elevó los recursos gestionados de clientes, fundamentalmente en depósitos a la vista y fondos de inversión, en un 5,2%.

El Grupo Cajamar cerró el primer trimestre del año con unos recursos propios computables del 2,5% superior, hasta los 3.123 millones.

La ratio de capital de maxima calidad CET 1 alcanzó el 11,3% y el 10,4% fully loaded (cumple todas las exigencias de Basilea III).

En cuanto a la cuenta de resultados, el margen de intereses ha crecido el 0,6%, hasta los 150.259 millones; el bruto, el 7,1%, hasta los 252.557 millones y el de explotación, el 24,8%, hasta los 95.831 millones de euros.

Por último, la entidad ha explicado que esta mañana, el Banco de Crédito Social Cooperativo, cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, ha celebrado su junta general ordinaria de accionistas.

En ella, han sido reelegidos como miembros del consejo para un nuevo mandato de cuatro años a Luis Rodríguez González (dominical), Marta de Castro Aparicio (independiente), Manuel Yebra Sola (ejecutivo), Juan Carlos Rico Mateo (dominical), Joan Bautista Mir Piqueras (dominical), José Antonio García Pérez (dominical) y Francisco de Oña Navarro (independiente).

En el orden del día de la reunión que mantendrá esta tarde el consejo de administración figura someter a votación la reelección de Luis Rodríguez como presidente de la entidad, Marta de Castro como vicepresidenta, Manuel Yebra como consejero delegado, así como la referida a los miembros de la Comisión Ejecutiva y Comités.

El BCE sanciona al Sabadell con una multa de 1,6 millones de euros

MADRID.- El Banco Central Europeo (BCE) ha sancionado al Banco de Sabadell con una multa administrativa de 1,6 millones de euros por no cumplir su obligación de obtener el permiso necesario para conducir ciertas transacciones entre enero de 2014 y noviembre de 2016.

El BCE ha informado hoy de que ha impuesto la multa porque el Sabadell recompró instrumentos de capital ordinario de Nivel 1 desde el 1 de enero de 2014 y hasta el 7 de noviembre de 2016 sin pedir antes permiso a la autoridad de supervisión bancaria.

"Esto constituye una infracción continúa de los requerimientos de fondos propios en ese periodo", según el BCE.

El BCE tiene poder para imponer sanciones a los bancos de acuerdo con la regulación de octubre de 2013, que le confiere tareas específicas de supervisión bancaria.

Fuentes de Banco Sabadell han defendido la actuación de la entidad y han indicado que ya se ha recurrido la multa ante los organismos pertinentes.

El ex alcalde de Benidorm Agustín Navarro, imputado por la trama del PSPV-PSOE

BENIDORM.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Benidorm ha citado a declarar en calidad de imputado -ahora, investigado- al ex alcalde socialista de la ciudad, Agustín Navarro, en la causa que sigue por un presunto caso de financiación irregular del PSPV-PSOE, según consta en un auto. 

Navarro es en la actualidad diputado del PSPV en la Diputación de Alicante y, tras archivar por prescripción el juzgado de Valencia que inició el caso el delito electoral atribuible a los socialistas valencianos y el Bloc, remitió a Benidorm los indicios relacionados con Navarro para que otro juzgado siga con la instrucción por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
Así, el juez investigará una supuesta adjudicación irregular en el contrato de los denominados opinómetros de Benidorm. En concreto, el ex alcalde tendrá que acudir a declarar el próximo 14 de junio y junto a él han sido citados, también el mismo día e igualmente como imputados, Alberto Gomar y José Ramón Tíller, socios de la empresa Opino Media SL que resultó adjudicataria de aquel contrato, y la ex concejal Mariola Fluviá, que ostentaba en área de Contratación. 
Este juzgado ya reclamó días atrás al Ayuntamiento de Benidorm toda la documentación relativa a aquella adjudicación.
El contrato fue adjudicado a Opino Media, empresa de la cual era socio Alberto Gomar cuya agencia de comunicación fue la encargada de la campaña electoral de Navarro.
En Opino Media también figuraba como socio José Ramón Tíller, asesor del ex presidente socialista Joan Lerma. Tiller ejerce en la actualidad un cargo de responsabilidad en Egevasa, una empresa en la que participa la Diputación de Valencia, y fue promovido por José Manuel Orengo, ex alcalde de Gandía y actual coordinador de los asesores del presidente Ximo Puig
En concreto, el coste de los opinómetros instalados en Benidorm ascendió a 280.000 euros y se compraron con el dinero que obtuvo el Ayuntamiento con el denominado Plan E, un conjunto de medidas puestas en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para favorecer la economía local.
El proyecto consistía en la instalación de 19 dispositivos fijos y móviles para encuestar a los benidormenses sobre diversos asuntos. Un año después de su instalación, la prensa local recogió que todos estaban fuera de servicio.
El Ayuntamiento de Málaga también contrató con la empresa administrada por el asesor del PSPV los opinómetros. Crespo Gomar instaló allí 25 dispositivos, seis más que en Benidorm, por 200.000 euros, 80.000 euros menos.
Gandía también contrató estos dispositivos pero como real adjudicatario figura Infonova, una empresa con sede en Valencia. Al parecer, en el caso de Gandía los investigadores han detectado irregularidades en adjudicaciones relacionadas con los opinómetros, pero no en la adjudicación directa del servicio, pues en principio la empresa que se impuso en este concurso público no guardaría relación directa con la agencia electoral del Bloc y PSPV.  
El coste de la instalación en Gandía ascendió a 164.000 euros, casi la mitad de lo que pagó Benidorm.
Tiller seguirá por el momento con su puesto en Egevasa y fue el primer gerente de la nueva época de la empresa pública Imelsa, que buscaba alejarse de un pasado oscuro en manos del yonki del dinero, Marcos Benavent.

El sueldo de Navarro

Por el momento Agustín Navarro también seguirá como diputado provincial. En febrero de 2016, un PP en minoría en la Diputación de Alicante aprobó en solitario y contra la opinión de su entonces socio de C's, Fernando Sepulcre, proporcionar un sueldo a dos diputados provinciales imputados, el popular Bernabé Cano y Agustín Navarro. 
Aquel acuerdo vulneraba todo lo firmado por el presidente de la institución provincial, César Sánchez (PP), con C's al principio del mandato sobre regeneración democrática. Sánchez necesitaba justificar ambos sueldos en dos cargos. 
Para ello nombró al imputado de su partido, Cano, como diputado de Planes de Mejora con cargo y sueldo. Y al imputado del PSOE, Agustín Navarro, como vicepresidente de la Comisión de Cuentas de la institución provincial, cargo que todavía mantiene.
Navarro no dudó en justificar su sueldo (49.962,08 euros brutos) en un pleno acusando a la prensa de ejercer una «persecución» contra él.
Sin embargo, había sido un juez el que le imputó supuestos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos a raíz de una denuncia de un sindicato policial.

El Supremo confirma los nueve años de prisión para Milagrosa Martínez, ex alcaldesa de Novelda


MADRID.- El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, de 13 años de prisión, de Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ a 12 años y tres meses, y de la exconsellera valenciana de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencianas, anteriormente alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, de 9 años, en la primera de las seis piezas en las que se dividió el caso.

En la resolución, la Sala II del alto tribunal ratifica íntegramente todas las condenas que recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) relacionada con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en Fitur en las ediciones del 2005 al 2009 a través de las empresas de la trama. 
Se trata de la primera causa relacionada con la Gürtel que ya tiene sentencia firme en el Tribunal Supremo tras desestimar los recursos de casación de los once condenados por el TSJCV.
La sentencia ratifica también las condenas de 6 años para Isabel Jordán, la administradora de varias empresas de la trama Gürtel; de 4 años y 4 meses para Cándido Herrero, el exgerente de Orange Market (filial de la Gürtel en la Comunitat Valenciana), y de 3 años para Mónica Magariños, una exempleada de las empresas de Correa.
Además de los citados, la resolución confirma las condenas del ex jefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la “causa de los trajes”, a 6 años de prisión y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a 7, 4 y 3 años, respectivamente. 
Junto a las penas de prisión, la sentencia estipula que Correa, Crespo y Pérez deberán abonar multas de 3,9 millones de euros cada uno por el delito de tráfico de influencias.
También establece que los tres cabecillas más Milagrosa Martínez, Jordán, Betoret, Vidal y Guarro, indemnicen de forma solidaria a la Generalitat valenciana con 271.636 euros, con responsabilidad solidaria parcial también de Mónica Magariños y Cándido Herrero.
El Supremo confirma que la Gürtel era una asociación ilícita y destaca que la corrupción cuestiona el propio funcionamiento del sistema democrático con comportamientos en los que el poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía.
Los hechos probados de la sentencia del TSJ valenciano, dictada el 8 de febrero de 2017, relatan las irregularidades cometidas por directivos y empleados de empresas de la Gürtel, y por la consejera de Turismo, técnicos, políticos y funcionarios de ese departamento en Valencia, para adjudicar los contratos para Fitur
Para este fin, constituyeron la empresa Orange Market, que se relacionaba directamente con la Conselleria y con las otras sociedades del entramado, y a quien se hacían las adjudicaciones.
El alto tribunal define como una “toma” la actuación de las empresas de la Gürtel respecto de una unidad administrativa de la Conselleria de Turismo que fue posible gracias a la amistad entre Correa, Pérez y Crespo con Martínez y funcionarios del departamento.
Un conocimiento personal, añade, “derivado de la participación del grupo en anteriores campañas con el partido político que sustentaba el gobierno de la Comunidad autónoma, y sostenida con los regalos que se realizaban por las fiestas de Navidad”.
La Sala indica que la reacción de los códigos penales frente a esas conductas ha sido tipificar nuevas figuras penales, como el tráfico de influencias o el fraude a la administración, que se han unido a las clásicas de prevaricación, malversación o cohecho.
Todas ellas “dirigidas a reprimir conductas antisociales en las que la lesión a la ciudadanía es mucho mayor que la que se deriva del coste patrimonial consecuente a un enriquecimiento ilícito, pues se ponen en cuestión aspectos básicos de la ordenación social como los principios de transparencia, de igualdad de oportunidades, de objetividad en el ejercicio de la función pública”.
El Supremo rechaza también la nulidad de la causa reclamada por varias defensas por lo que consideraban vulneración de su derecho a la intimidad debido a la grabación realizada por el exconcejal de Majadahonda, José Luis Peñas, que dio origen al proceso.
Al respecto, la Sala concluye que “ninguna lesión se produce cuando el inicio de las actuaciones resulta de las grabaciones que una persona aporta a la investigación y son objeto de la pesquisa judicial y policial, sujeta a los principios y garantías propios de un sistema procesal observante de los derechos fundamentales”.
“Si esos encuentros son libres y espontáneos entre dos particulares, y uno de los cuales decide grabarlas, no supone una afectación del derecho fundamental de la persona que interviene en la conversación”, añade el Supremo que recuerda que “lo prohibido es la indagación de la intimidad por parte de los órganos públicos”.

La juez procesa a los directivos de la CAM, Roberto López y Daniel Gil, por apropiación indebida y delito fiscal

MADRID.- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto hoy juzgar al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López, al jefe de Inversiones, Daniel Gil y a otros once ex directivos de la entidad por apropiación indebida y administración desleal por operaciones presuntamente irregulares en el Caribe.

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la CAM con la sociedad Valfensal, para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Asimismo, la magistrada entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

A partir de ahora, las partes cuentan con un plazo de diez días para que soliciten la apertura de juicio oral, mediante escrito de acusación, o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal.

En su auto, Lamela describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detecta "una serie de irregularidades comunes".

Entre ellas, la documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales "fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal".

Dichas propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas, o al día siguiente.

López Abad y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, habrían consentido que "ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas".

En su auto, Lamela recuerda que tal y como consta en el informe emitido por la auditora Deloitte en 2011, y en el expediente sancionador del Banco de España de 2012, "es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados en el seno de la CAM y el TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad.

Así lo entendió el Banco de España, prosigue Lamela, que en su expediente reflejó que los miembros de la comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP.

Dichas deficiencias supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros", apunta.

El 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de la entidad y designó al FROB como administrador provisional.

Por ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a través de una inyección de capital en diciembre de 2011.

Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, añade el auto.

lunes, 7 de mayo de 2018

Una peligrosa ‘medusa’ se aproxima a toda la costa española para pasar el verano


BARCELONA.- Los extraordinarios bancos de medusas que han teñido de azul buena parte del litoral catalán durante estas últimas semanas podrían advertir de un verano complicado. La climatología, las condiciones ambientales y la falta de depredadores podría contribuir a que esta próxima temporada de baño venga acompañada de una gran cantidad de medusas en nuestras playas, según especula hoy La Vanguardia.

Entre los animales marinos que aparecerán, si no hay novedad y como ya viene sucediendo en buena parte de la costa andaluza y levantina, encontraremos una especie que genera cierta alarma social y que inquieta a la comunidad científica. 
Se trata de la Physalia physalis, más conocida como la carabela portuguesa o falsa medusa, una especie potencialmente peligrosa para los bañistas por el potente veneno que posee en sus tentáculos; que puede ocasionar temblores, diarrea, vómitos y convulsiones a parte de las habituales lesiones en la zona que ha contactado con el animal. 
Esta especie de aguas cálidas propia de los principales océanos llegan al Mediterráneo, a través del estrecho de Gibraltar, arrastradas por corrientes y vientos. Su particular forma, que recuerda al de una carabela (de ahí su nombre), flota en la superficie gracias a un gas que genera y del que penden los temidos tentáculos que pueden alcanzar los 20 metros de longitud y con las que cazan sus pequeñas presas para alimentarse.
Pero en esta ocasión, la presencia de esta especie podría llegar a playas inéditas como la costa catalana. 
Estamos en alerta porque, aunque es muy difícil que la carabela portuguesa llegue a Catalunya, si se cumplen las previsiones de abundancia de medusas podría alcanzar alguna playa catalana”, advierte remitiéndose a la estadística Josep Maria Gili, profesor investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Hasta la fecha Catalunya había quedado exenta de la presencia de este hidrozoo por causas geográficas, ya que el archipiélago balear hace de barrera natural y evita que las corrientes marinas atlánticas que proceden del sur puedan traspasar las Pitiusas. 
Motivo por el que Ibiza y Formentera son dos puntos en los que se ha divisado en alguna ocasión algún ejemplar de esta especie, explican desde el Institut de Ciències del Mar de Barcelona (ICM). De ahí, las corrientes derivan la trayectoria de estos seres hacia la isla de la Cerdeña, viaje que puede llegar a durar entre uno y dos meses.
Este tipo de organismos viven durante todo el año en alta mar, pero se acercan a las costas desde el inicio de la primavera hasta finales de verano, momento en que adoptan su mayor tamaño.
En las costas onubenses la carabela portuguesa ya es una vieja conocida. Este pasado mes de marzo ya recibieron las primeros ejemplares de la temporada, lo que produjo que las autoridades locales previnieran a la población de los peligros de la especie y de cómo actuar en caso de roce. 
El 10 de marzo se llegaron a contabilizar hasta 200 ejemplares de la Physalia physalis en las aguas del término municipal de Lepe. Más recientemente, en la localidad murciana de Águilas, diferentes pescadores divisaron varios ejemplares en varios puntos de las playas de la demarcación.
Mención aparte hay que darle a la provincia de Alicante donde a finales del mes de abril las playas de San Juan, El Postiguet o la de Benidorm sufrieron una plaga de carabelas portuguesas. Algunas de estas localidades llegaron incluso a izar la bandera roja y a prohibir el baño después de detectarlas en la misma orilla de la playa.
A principios de abril, en las costas gallegas ya se recibían los primeros ejemplares de la temporada. Así lo advertía vía twitter el servicio de emergencias de Sanxenxo, donde recomendaba no tocarlas y avisaba de que la brigada de limpieza de la localidad intensificaría la limpieza y la retirada de cualquier resto.
En el Cantábrico también es habitual la presencia de estas falsas medusas, nombre con el que también se las conoce. En la misma playa de la Concha, en San Sebastián, se han divisado en numerosas ocasiones, obligando a tomar precauciones entre los bañistas.
Canarias, en pleno océano Atlántico, no se podía escapar de la visita de las carabelas portuguesas. A finales de marzo, la policía local de las Palmas de Gran Canaria comunicaba a través de las redes sociales la aparición de diferentes ejemplares en la playa de Las Canteras.
El experto en medusas del CSIC advierte que si que se detectan en la zona de baño conviene abandonar la actividad programada en la playa, ya que el contacto con este organismo es peligroso incluso cuando aparecen muertas en la arena. 
En este sentido, el grupo popular de Cartagena ha solicitado al gobierno municipal que realice las acciones necesarias para que los socorristas sepan cómo actuar y cómo afrontar la situación ante las picaduras de la carabela portuguesa; atendiendo que la presencia de esta especie en la costa murciana es bastante significativa y permanente.
Desde el ICM-CSIC advierten que en caso de entrar en contacto con este organismo es muy importante no aplicar agua dulce, vinagre, vendajes a presión ni alcohol y que en caso de shock o dificultad respiratoria es preciso buscar atención médica inmediatamente llamando al teléfono de emergencias 112.
El primer paso a efectuar es lavar cuidadosamente con agua de mar la zona afectada y nunca frotar. Para retirar los restos de los tentáculos adheridos a la piel es necesario hacerlo utilizando unas pinzas, guantes o una tarjeta plástica. Seguidamente se recomienda aplicar calor o sumergir la zona en agua caliente (entre 40 y 45 grados) durante 10 o 20 minutos. Si el dolor persiste, volver a aplicar calor y dirigirse al médico.
Aunque la carabela portuguesa se asemeje mucho a una medusa, oficialmente este organismo no lo es. La comunidad científica la define como una colonia de hidroides que se asocian para sobrevivir, cada uno especializado en una actividad necesaria: defensa, reproducción, digestión… 
Así, el hidroide superior es el “armazón” con el que flota sobre la superficie y con el que se desplaza por el mar arrastrado por las corrientes y brisas marinas. Los tentáculos largos y delgados que penden (dactilozoides) son los utilizados para pescar las pequeñas criaturas con las que se alimenta (gastrozoides) y así con el resto de partes y elementos que componen este multiorganismo.
Las carabelas portuguesas suelen denominarse como medusas debido a la complejidad de su definición. De hecho, el propio Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) contempla a la physalia physalis en la sección “medusas” de su página web, lugar donde aparecen los 17 tipos de medusas más habituales del Mediterráneo.
En el caso de la velella velella, las “medusas” que tiñeron de azul la costa catalana, sucede lo mismo. No son medusas, sino una colonia de pólipos que se estructura como la carabela portuguesa.

La socialista Etelvina Andreu, ex subdelegada del Gobierno en Alicante, imputada por malversación


MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid ha acordado investigar parte de la presunta financiación del PSOE valenciano (PSPV) --que se inició en un juzgado de Valencia-- en relación a un concurso de publicidad concedido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la empresa de comunicación Crespo Gomar en 2008, por lo que el juez ha citado a declarar a dos exaltos cargos de este Ministerio.

Se trata de la que fuera directora general de Consumo y candidata a la Alcaldía de Alicante, así como subdelegada del Gobierno, Etelvina Andreu y la entonces subsecretaria de Sanidad y Consumo, Consuelo Sánchez Naranjo, quienes están citadas a declarar como investigadas el próximo día 21 de mayo, a partir de las 10.00 horas, en los juzgados de Plaza de Castilla, de Madrid, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 
Este mismo día también están llamados a comparecer dos componentes de la Mesa de Contratación, mientras que otros seis integrantes del mismo órgano lo harán el día 24 y el 30 del mismo mes.
Esta instrucción se suma a la también abierta en el Juzgado de Instrucción nº 24 de Madrid por los mismos hechos pero relacionada directamente con la adjudicación pública que realizó el Ministerio de Vivienda a la misma sociedad en el marco del Plan de Vivienda 2009-2010 por la cantidad de 126.000 euros.
Ambas investigaciones se realizan después de que el Juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia se inhibiese a favor de los juzgados madrileños el pasado mes de enero. 
En el caso del Ministerio de Sanidad, el juez valenciano explica en su auto que la adjudicación pública por el importe de 184.138 euros a la empresa Crespo Gomar --que tuvo como presidente a Alberto Gomar, hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandía-- se hicieron a través de la que fuera candidata a la Alcaldía de Alicante ahora investigada. 
El juzgado de Valencia comenzó la investigación por los mismos delitos y otro electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, este órgano judicial se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inihibió a favor de juzgados de Gandía, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.
Fue el PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) el que aportó documentación, facturas y correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc y del PSPV relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a los dos partidos en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
En el auto de inhibición el juez de Valencia explica pasa la causa a los otros tres juzgados para que puedan continuar analizando otros hechos por si pudieran ser constitutivos de delito, como la compraventa de un local en Gandía por la Federación Valenciana de Fútbol subvencionada por el Ayuntamiento de esa ciudad; los 'opinómetros' --contrato de suministro del sistema de comunicación a Opino Media por el Ayuntamiento de Benidorm en 2010--; y las adjudicaciones del Ministerio de Vivienda a Crespo Gomar.
La investigación apunta que la empresa de comunicación Crespo Gomar facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.
Según la Policía, entre la documentación de esta sociedad se incluye un archivo denominado 'Estados de cuenta de Bloc', que cuenta con una tabla con conceptos, importes de facturas y un estadillo en el se repite la palabra 'concepto', con una serie de empresas, de las que se sospechan que asumieron las facturas de la campaña de esta formación política en 2007.

Fallece a los 71 años el político socialista Antonio Fernández Valenzuela

ALICANTE.- A los 71 años  ha fallecido hoy en Alicante, a consecuencia de un infarto de miocardio, el expresidente de la Diputación de Alicante y de la Cámara de Comercio, el extremeño Antonio Fernández Valenzuela.

El político socialista perdía la vida este lunes a consecuencia de un infarto en su domicilio de la ciudad, según han confirmado fuentes del partido a Radio Alicante.
Fernández Valenzuela, de 71 años, fue presidente socialista de la Diputación de Alicante desde 1983 hasta 1991 y concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante durante doce años, tras lo que fue nombrado presidente de la Cámara de Comercio.
Fernández Valenzuela fue elegido presidente de la Cámara en el año 2002, cargo que mantuvo hasta 2009.
Además, ocupó la secretaría general comarcal del PSPV-PSOE en l'Alacantí.
En 2010 se presentó a las primarias socialistas para ser candidato a la alcaldía de Alicante, pero le ganó Elena Martín Crevillén.
En señal de luto, las banderas exteriores de la Diputación Provincial ondearán a media asta durante tres días, mientras que las del interior del edificio lucirán un crespo negro. 
Estaba casado con Emilia Ibiza y tenía tres hijos. El cuerpo sin vida de Antonio Fernández Valenzuela se ha trasladado al tanatorio de la Santa Faz, en San Juan, esta tarde y mañana martes, a las 17 horas, tendrán lugar sus exequias fúnebres.




Biografía

Antonio Fernández Valenzuela (Campillo de Llerena, Badajoz, 1947) empresario, como tantos antiguos líderes de la izquierda española, proveniente de las imprentas. Fue aprendiz en la imprenta de la Diputación alicantina pues, tras el fallecimiento de su padre, en 1957, se trasladó a esta ciudad ingresando además en el Hogar provincial, el centro benéfico de la provincia de Alicante, sito en el paseo de Campoamor. Se terminaría de formar como encuadernador en Barcelona, tras dos años de formación profesional en Artes aplicadas.​
Regresó a Alicante en 1970, contagiado de ilusión y de marxismo y con su suegro abrió un establecimiento “Encuadernaciones Moscú”, nombre que no ocultaba sus preferencias políticas y que además se convertiría en su apodo para el resto de la vida: «Moscú». Años después adquirió “Gráficas Díaz”.
Se afilió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1976. Se inició en la actividad pública de la política como secretario de Propaganda del Comité local alicantino en 1977 y dos años después, tras las elecciones municipales de 1979 fue elegido concejal del área de Tráfico en la lista encabezada por José Luis Lassaletta Cano.
En las siguientes elecciones municipales celebradas en 1983 y por primera vez coincidentes con las elecciones autonómicas valencianas -además de concejal- resultó elegido y diputado provincial, y tras lograr el PSOE la mayoría de los diputados provinciales de la provincia de Alicante, se convirtió en el 2º presidente de la Diputación alicantina en la nueva democracia.​ Con un mandato en la Diputación que le permitió mostrar su modelo de gestión provincial, nuevamente se presentó en las elecciones municipales de 1987 y por los mismos motivos resultó presidente de la Diputación Provincial de Alicante.
Promovió la transformación del antiguo Hospital provincial “San Juan de Dios” de Alicante, primero en geriátrico y luego, con la mediación de la Generalidad Valenciana, en el Hospital clínico San Juan de Alicante, la creación del “Hospital de la Vega Baja”​ en San Bartolomé (Orihuela) pero además creación suya fueron los Planes de Obras ​ para pequeños municipios de la provincia alicantina. Transformó el antiguo Instituto de Estudios Alicantinos en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y fue uno de los principales impulsores de «FUNDEUN» nacida en 1989 gracias a la Diputación, la Cámara de Comercio alicantina, la patronal COEPA, la Universidad de Alicante y la Caja Mediterráneo (CAM). Le quedó pendiente un auditorio provincial debido a la oposición del ayuntamiento de la ciudad, presidido por José Luis Lassaletta, a su proyecto, al ser su antagonista en el PSOE.
En este partido fue secretario comarcal, secretario de la Agrupación de Alicante y miembro del Comité del PSPV.
En 1991, la Audiencia provincial de Alicante​ le condenó a una suspensión de cargo público y una multa monetaria, debido a unas acusaciones por parte del CDS e Izquierda Unida de prevaricación, con la oposición del fiscal Cabedo que no observó delito alguno, considerando que separó su gestión empresarial particular​ de su gestión pública.
Valenzuela dimitió y volvió a sus negocios no sin antes recurrir solicitando la revocación de la sentencia . La sentencia fue anulada, él fue absuelto por el Tribunal Supremo en 1992 y las acusaciones fueron archivadas.
Posteriormente se dedico por completo a su empresa, “Gráficas Díaz”, e incluso entró en el sector de la construcción a través de la mercantil “Explotaciones Turísticas Finestrat, SA”. En 2011 dimitió como directivo de la primera empresa debido a las dificultades insolubles por las que atravesaba.

La Fiscalía pide casi diez años de cárcel para Díaz Alperi (PP) por eludir el pago de 682.000 euros en el IRPF


ALICANTE.- El titular del Juzgado de lo Penal nº 6 de Alicante, Eugenio Alarcón, se ha negado hoy a suspender el juicio contra el ex alcalde de la ciudad, Luis Díz Alperi (PP), y ha anunciado que resolverá las cuestiones previas planteadas en la futura sentencia. La vista oral se reanudará el próximo 21 de mayo con las declaraciones de los cuatro acusados y concluirá, tras diez sesiones diarias, el 10 de junio.

Díaz Alperi había pedido ausentarse de la sala tras su declaración por motivos de salud, pero el magistrado lo ha denegado. El exalcalde alicantino, de 73 años, ha aportado diversos certificados médicos que desaconsejan su participación en sesiones judiciales que duren más de 45 minutos, según fuentes de la defensa. 
De hecho, su deterioro físico ha aumentado considerablemente respecto a sus últimas apariciones públicas. Hoy ha rehusado realizar declaraciones a los medios de comunicación tanto a su llegada como a su salida de la sede judicial, mientras se quejaba del dolor que sufría en una pierna.
El abogado de Díaz Alperi (PP) ha acusado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de vulnerar los derechos fundamentales de su cliente durante la inspección que destapó que había defraudado presuntamente 682.681 euros en sus declaraciones de renta de los años 2007, 2008 y 2010. Por esa acusación y un delito de cohecho impropio, el también ex diputado autonómico se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 9 años y 9 meses de cárcel.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han rebatido los argumentos de las defensas, ya que no aprecian vulneración alguna de derechos en el procedimiento inspector. Ambas partes han recordado que la Ley General Tributaria no obligaba en 2013, como sí ocurre desde 2015, a dar un trámite de audiencia a los sospechosos de delitos fiscales antes de formalizar la denuncia. Y han añadido que cualquier investigado puede negarse a aportar a la AEAT la documentación que ésta le pida y recurrir luego ante los jueces la sanción que se le imponga por ello.
Junto a Díaz Alperi se sientan en el banquillo de los acusados, desde hoy y hasta el próximo 10 de junio, otros tres empresarios: Antonio Solana, Antonio Moreno y Javier Palacio). Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en este proceso, sostienen que el político ocultó a Hacienda un patrimonio de origen desconocido con la ayuda de los dos primeros. 
Además, disfrutó presuntamente del amarre gratuito de su catamarán en el puerto deportivo de la ciudad, dirigido por Palacio, en consideración a su condición de primera autoridad municipal.
La mayor parte de la cantidad presuntamente defraudada al fisco (405.351 euros) corresponde al ejercicio de 2007, cuando el entonces alcalde tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros pero solo declaró 113.250 por las retribuciones recibidas en virtud de sus cargos públicos. Díaz Alperi está acusado en otro procedimiento judicial (la pieza derivada del ‘caso Brugal’ relativa al diseño del urbanismo de Alicante) de dejarse sobornar por el principal promotor de la ciudad, Enrique Ortiz. 
Las supuestas dádivas incluían grandes cantidades de dinero en efectivo a las que los propios sospechosos se referían con la palabra “bocadillos”. En esa causa, el ex dirigente popular afronta peticiones de condena que también rondan los diez años de cárcel.
Su abogado, Vicente Grima, cree que la AEAT vulneró el derecho fundamental de Díaz Alperi a no incriminarse a sí mismo y ha pedido excluir del juicio todos los documentos que la inspección tributaria le reclamó en su día. Esos requerimientos, dirigidos tanto a la persona física como a una sociedad supuestamente instrumental que él mismo había creado, Andarx Business SL, fueron “compulsivos” y comportaban “amenazas de sanciones”, por lo que no pueden ser valorados como “pruebas de cargo”, según el letrado.
Por su parte, el abogado de Antonio Solana, Pablo Enrique Cardona, ha pedido la nulidad de todo el proceso penal, que considera “contaminado” por la actuación previa de Hacienda al conculcar tanto los derechos de su cliente como del exalcalde alicantino.

La ecuación Agramunt: PP + Prostitutas + Mordidas = Machismo total / Loreto Ochando *

La semana pasada www.elplural.com dedicaba uno de sus reportajes sobre la corrupción valenciana a poner negro sobre blanco uno de los hechos más nauseabundos que se producen, el consumo de prostitución como forma de pago alternativa a las mordidas o al expolio de erario. Uno de los casos que se mencionó fue el del senador del Partido Popular, Pedro Agramunt. Un caso, que oídas sus declaraciones al respecto, merece un tema propio.

El caso del senador presuntamente ‘putero’, siempre según lo afirmado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), saltaba a la luz cuando el Equipo Independiente de Investigación sobre la Corrupción en el seno de la (PACE) emitía una informe en el que acusaba al popular, tal y como señalaba Carlos Hidalgo en este periódico, como "altamente sospechoso" de haber representado los intereses de las dictaduras de Azerbaiyán y de Siria a cambio de dinero, regalos y, según algunos testimonios, los servicios de prostitutas mientras ejercía de observador electoral.

Contaba Hidalgo que Agramunt fue presidente de la  Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, cargo del que se vio obligado a dimitir por las acusaciones de corrupción y tras haber perdido la confianza del Partido Popular Europeo, que votó una moción en la que se le instaba a dimitir. Todo ello se debió a que Agramunt había realizado en aquel momento un viaje a Siria, donde se alojó en hoteles de lujo, para mantener un encuentro con Bashar El Assad y se ofreció desde allí a pagar viajes similares a otros miembros del Consejo de Europa para suavizar sus posiciones sobre las acciones de la dictadura siria.

Pero lo lamentable del caso, más allá de lo asqueroso, repugnante y machista que es el consumo de prostitutas pagadas como premio por su genuflexión ante esta dictadura, son sus frases justificativas una vez saltó el escándalo. En un ejercicio de machismo más propio de otros siglos que de este en el que vivimos, el senador popular dijo: “Ojalá yo pudiera hacer esas cosas”.
 
Una frase que resuena como la losa que cae sobre la tumba de las cientos de miles de mujeres que son obligadas cada día a ofrecer su cuerpo a cambio de dinero; un pedrazo a quienes luchan por erradicar de las calles esa prostitución forzada, se calcula que cerca del 90 por ciento de la mujeres que la ejercen lo hacen obligadas por mafias; un revés en toda regla a la lucha por la igualdad.

Pero lo más lamentable de todo es que sigue como senador. Agramunt, el hombre que ha denigrado a todas las mujeres con sus asquerosas palabras, no se va ni con agua caliente, un clásico ya entre los políticos del partido de la gaviota, que no dejan de cobrar un sueldo pagado por todos los españoles así los sepulten en estiércol. 

El senador niega la mayor, de hecho su frase completa al ser preguntado por el tema fue: "Eso es falso. Yo tengo una edad, me parece a mí que eso es una fantasía. Uno podría decir 'ojalá yo pudiera hacer esas cosas, pero uno ya no está para eso', para tener una vida en ese sentido. Es una acusación ridícula y sin pruebas". Es decir, de sus palabras se desprende que no solo hubiera querido estar con hasta tres trabajadoras sexuales a la vez, muy probablemente y como se ha mencionado aquí explotadas por mafias, sino que además lo tilda de “fantasía”.

Una fantasía sexual para él, pero de dolor, explotación y humillación para las mujeres que se ven obligadas a “aliviarle”. Una fantasía que es una película de terror diario para las cientos de miles de mujeres que los 365 días del año están obligadas a entregarse a hombres que tan solo las ven como objetos, y que tienen que escuchar de boca de políticos que deberían abogar por protegerlas, frases tan horripilantes como “ojalá yo pudiera hacer esas cosas”.

Ahora, tarde y mal, el Partido Popular ha abierto un expediente informativo al senador. Un expediente que tiene muchos visos, como siempre, de terminar en agua de borrajas mientras las mujeres de las que ha hablado seguirán obligadas, día tras día, a vender su cuerpo a babosos insensibles.


(*) Periodista de tribunales

 
 http://amp.elplural.com/opinion/2018/05/05/agramunt-pp-prostitutas

domingo, 6 de mayo de 2018

Cuando el pirata Barbarroja arrasó Alicante


ALICANTE.- Diecisiete veloces 'fustas' o 'galeotas' enviadas por Barbarroja atacaron hace justo 500 años (1518) las aguas de la ciudad de Alicante, en una de las primeras escaramuzas del siglo XVI en la costa valenciana a cargo del temido pirata berberisco. Jayr al-Din, el nombre de este corsario recordado por el color de su famosa barba, hostigó hace cinco siglos el litoral del antiguo Reino de Valencia bajo la bandera de la Regencia de Argel y amparado por el Imperio Turco.

El emperador turco, Suleiman I, buscaba debilitar el reino cristiano de Carlos I de España y V de Alemania para obligarle a dispersar sus fuerzas y facilitar la expansión otomana en el Mediterráneo oriental, relata el historiador del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ) José Luis Menéndez Fueyo
En este contexto, los hermanos Barbarroja, primero Baba Aruj, pero fundamentalmente el más pequeño, Jayr al-Din, enviaban periódicamente flotas corsarias a través de estas pequeñas y efectivas fustas o galeotas.
Y estas incursiones se traducían en la diezma de cultivos de la España cristiana, la toma de cautivos para rescates o para esclavizarlos en las galeras y, a menudo, en la huida de moriscos a la otra ribera mediterránea, según el catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante Luis Fernando Bernabé.

Psicosis de la población

Barbarroja nunca llegó a pisar territorio peninsular, sino que enviaba a sus principales lugartenientes o protegidos, los más conocidos 'Cachidiablo' o 'Cacciadiavolo', 'Dragut' y 'Salah Rais' que, por este orden, protagonizaron numerosos ataques cuyas referencias históricas, ha aclarado el catedrático de Historia Moderna Cayetano Mas, a menudo se han perdido con el paso de los siglos. 
Las periódicas incursiones provocaban la psicosis en la población y empujaron a la construcción de diversos sistemas defensivos, según Menéndez Fueyo, autor de un enciclopédico volumen titulado 'Conquistar el miedo, dominar la costa', donde se incluyen unas crónicas del clérigo benedictino de la época Fray Prudencio de Sandoval en las que se refleja que en 1518 Cachidiablo asoló la costa desde Badalona hasta Alicante.
"... establecido en Argel, envió al corsario Cachidiablo para que corriese la costa de España con 17 fustas o galeotas. Llegó a la costa de Valencia y robó a Chilches sin resistencia alguna, y luego a Badalona. Tomó también dos naves de trigo" que se dirigían a Alicante. A continuación y tras atacar Benisa, Altea y Villajoyosa, Cachidiablo "peleó junto a Alicante con el galeón de Machín de Rentería, más lo pudiendo coger, por tener viento fresco en popa, se volvió a Argel...".

Tres días de navegación

Provistos de remos y velas, las fustas o galeotas eran los barcos favoritos de los corsarios norteafricanos al ser ideales para las favorables corrientes de viento entre Alicante y Argel u Orán, lo que posibilitaba un recorrido en unos tres días. La ciudad de Alicante nunca llegó a ser atacada directamente y sí su entorno, especialmente la zona de la huerta a través de desembarcos en la Playa de San Juan y de la Albufereta.
En 1533, Barbarroja fue nombrado almirante en jefe de la flota otomana y simultaneó su estancia en Argel y Estambul, y cinco años después su flota derrotó a la de Carlos V en la batalla de Préveza. 
Según el colectivo 'Alicante Vivo', el 17 de marzo de 1540 hubo una incursión coincidiendo con la romería a la Santa Faz para capturar prisioneros, lo mismo que el 24 de marzo de 1550 por parte de Dragut. 
Al frente de 27 barcos, este corsario arrasó muchos de los cultivos y acabó con la vida de un buen número de alicantinos que les hicieron frente desde la capital, como su entonces alcalde, Pedro Bendicho, y capturó trece prisioneros.
Siete años después, el 8 de septiembre de 1557, otro colaborador del ya fallecido Babarroja, Salah Rais, atracó con 14 galeras en la playa de la Albufereta y ascendió hasta el Tossal de Manises, desde donde fue a la huerta y mataron a decenas de personas, uno de ellos el fiscal (encargado de las leyes) Juan Antón, antes de huir por mar.

lunes, 30 de abril de 2018

Los bancos abaratan hipotecas pero niegan al Banco de España estar asumiendo más riesgos

MADRID.- La oferta de créditos hipotecarios da señales de dar un giro en sentido opuesto al volumen de créditos malos acumulados en los balances de los bancos y paralelo al que las entidades bancarias esperan que aplique el Banco Central Europeo (BCE) a los tipos de interés.

El Banco de España ha advertido en su último informe sobre el mercado bancario que las entidades han comenzado a relajar sus políticas de riesgo crediticio en la contratación de estos créditos. Los bancos, sin embargo, han restado importancia al aviso. «No sacrificamos rentabilidad por clientes» fue la respuesta de Banco Santander, Sabadell y Bankinter a la amonestación del supervisor bancario español, según El Mundo.
El único en admitir un giro en su política comercial fue el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, al subrayar que su capacidad para medir sus propios riesgos es lo que les permite tener «unas ofertas comercialmente muy atractivas», atendiendo «al perfil de cada cliente». Unas palabras en clara alusión a las hipotecas al 100% que comercializa desde marzo.
El límite de riesgo, al contrario que en la época previa a la crisis, parece estar situado unánimemente en el 80% del valor de tasación. Incluso BBVA ve un error que la banca conceda hipotecas con una financiación superior al 80% del valor del inmueble. 
Y aunque el Euribor se sitúa actualmente en un -0,19%, las entidades no pueden disimular su esperanza de que la política monetaria europea se normalice en el próximo año, es decir, que los índices de referencia de sus carteras crediticias sumen al margen de intereses, su principal negocio.
De hecho, más que disimular, señalan que ya están haciendo los preparativos. Así lo indicó Torres Vila cuando reconoció que el grupo ya está variando su estrategia financiera de compra de bonos de cara a una subida de tipos.
Por su parte, Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell, se muestra convencido de que el BCE ya está allanando el camino y de que la Bolsa premiará generosamente el cambio de perspectivas de negocio en la banca, que ganó 4.586 millones hasta marzo.
A mediados del pasado mes de abril, BBVA dio respuesta a entidades como Bankinter o Santander, que en febrero habían rebajado el diferencial sobre el Euribor en su oferta hipotecaria a un 0,99%. La entidad, que parece decidida a recuperar terreno en el mercado español, no espera a materializar el próximo mes de septiembre su acuerdo para liberar su balance de 13.000 millones de euros y ha rebajado el diferencial hasta el 0,89%.
«No estamos dispuestos a rebajar nuestro listón de riesgo; queremos contratar hipotecas con gente que nos devuelva el crédito», ha señalado, por su parte, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.
Si BBVA es capaz de arrastrar al resto de bancos, se verá en las próximas semanas. A las entidades supervivientes de la crisis les ha costado 10 años, la presión constante del BCE y el Banco de España y miles de millones sanear los balances de créditos y activos heredados de la burbuja inmobiliaria. Ahora que desde 2014 se han deshecho de 100.000 millones de euros en créditos dudosos y están cerca de concluir el proceso, no les interesa subir demasiado rápido la tensión en el que es su mayor mercado crediticio.
Mientras agotan su paciencia, los bancos han encontrado el modo de esperar recurriendo a negocios alternativos, como los seguros o los fondos, o recortando los costes.
Así es como Banco Sabadell ha presentado un aumento del 32,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado; Caixabank ha hecho lo propio disparándolos un 74% y BBVA, un 11%. Si el margen de intereses, que es el principal negocio, apenas creció un 2%, buena parte de la mejora de los resultados bancarios procedió de reducir a cerca de la mitad las dotaciones para insolvencias.
Por este motivo, todos los grandes bancos cotizados, a excepción de Bankinter, tienen previsto acelerar la venta de carteras improductivas y reducir el «problema inmobiliario» a una cuestión «inmaterial» en sus balances, según han manifestado Santander y BBVA.
Bankinter, por su parte, tiene medido al día lo que supondría un cambio de tendencia en el Euribor: una subida de un punto porcentual en los tipos de interés supondría inyectar 120 millones de euros en su margen de intereses.

Las Autonomías prevén quedarse este año con otros 2.600 millones de las herencias

MADRID.- Los gobiernos autonómicos prevén quedarse este año con más de 2.600 millones de euros de las herencias que reciban los españoles. Es la cifra de conjunto que sale de computar las previsiones de ingresos fiscales recogidas en los presupuestos autonómicos de este 2018 y recopiladas por Abc. A la cabeza se sitúa Cataluña, que aspira a desbancar a Andalucía como la región que más recauda por Sucesiones

En cifra neta, el año pasado la Generalitat catalana propinó a las herencias un mordisco fiscal de 458,71 millones de euros. Y este 2018 prevé dar una vuelta de tuerca más y elevar la recaudación por Sucesiones hasta los 483 millones de euros. Andalucía, que en 2017 lideró el «ráking» con 470 millones, este 2018 prevé recaudar algo menos de 400 millones de euros -tras las rebajas tributarias aprobadas finalmente en Andalucía para este impuesto-.
Pese al creciente rechazo social que genera este gravamen, y las movilizaciones ciudadanas que se han emprendido para exigir su supresión, durante el último año el agregado autonómico no solo no redujo la recaudación de Sucesiones sino que la aumentó. Varias regiones han optado por ir reduciemdp la presión fiscal, por aumentar las bonificaciones y exenciones tributarias sobre las herencias. Pero otras mantienen su carga impositiva, en algunos casos después de haberla incrementado en los últimos años.
El resultado de conjunto es que, en 2017, la recaudación global fue un 1% superior a la de 2016. Ascendió a 2.725,5 millones de euros. Y esto sin contar el País Vasco, cuyos tributos son gestionados por las diputaciones forales y el dato no consta en el informe de ejecución presupuestaria autonómica del Ministerio de Hacienda.

De Gürtel a Brugal, pasando por Emarsa o AIDO, en todos los casos se entremezcla el consumo de sexo

VALENCIA.- Como se ha podido observar a lo largo de la serie de reportajes de El Plural dedicados a la corrupción en la Comunitat Valenciana, existen ciertos aspectos que son comunes a todos los casos de corrupción como por ejemplo el robo de dinero público, primeros espadas políticos como protagonistas y un largo etcétera de datos tristemente comunes en estos casos. 

Pero hay un detalle que pocas veces se menciona pero que parece ser una constante en los asuntos de corrupción valencianos, la unión de corruptos y prostitución. Es decir, a la sustracción de dinero público se une uno de los actos más machistas que existe, el consumo de  prostitución.

Aido
Esta semana se hacía público que, el informe independiente encargado en la APCE por presunta corrupción, acusaba al senador del Partido Popular, Pedro Agramunt, de recibir sobornos por parte de Azerbayán que consistían en recibir a prostitutas de tres en tres en hoteles de lujo, sobres con billetes de 500 euros, transferencias digitales de 15.000 euros, regalos de Hermès y, sobre todo, caviar. Pero el caso de Agramunt no es, ni mucho menos, aislado.
En otro caso que se encuentra en instrucción, el que investiga el presunto fraude de subvenciones de la empresa AIDO en Valencia la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional investiga si los responsable de AIDO pagaron servicios sexuales camuflados como facturas de restaurantes. Los investigadores comprobaron que las facturas por supuestas cenas y comidas de los directivos realmente se celebraban en clubes de alterne. Una práctica deplorable pero, por desgracia, para nada aislada.

Emarsa
Dentro del caso Emarsa, en el que supuestamente se desfalcó la depuradora de Pinedo en Valencia y que está a falta de sentencia, se hicieron tristemente famosas las ‘traductoras’ rumanas. Cuando el caso se encontraba todavía en instrucción, el ex gerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia S.A. (Emarsa), Esteban Cuesta, declaró ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que Emarsa pagó varias noches de hotel a una mujer procedente de Rumanía para traducir documentos y proyectos.

Pero la sorpresa se produjo cuando se investigó más profundamente esta declaración y se comprobó que la mujer tenía como domicilio un prostíbulo. Es más, con dinero público de esta entidad se pagaron varios viajes a Rumanía en los que, además de trabajo, se gastó el dinero de erario en sexo con prostitutas. Parece una lamentable constante que en los casos de corrupción aparezca siempre algún eslabón de la cadena que tenga que ver con este tipo de servicios que, no solo se costean con dinero público, sino que denigran sobremanera a la mujer.

Brugal
El caso más mediático y llamativo es el relacionado con el empresario alicantino Enrique Órtiz que está imputado dentro del caso Brugal junto a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luís Díaz Alperi. Tal y como informó El Plural, en las conversaciones grabadas por la Policía en el marco del caso Brugal, se revela que Ortiz y el exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo disfrutaban de esparcido ocio en el yate del constructor.

En esas grabaciones Ortiz e Izquierdo hablan de manera abierta sobre sus juergas sexuales con prostitutas. En una de ellas, Ortiz propone un viaje en barco por el Mediterráneo junto a dos “paquetes”. El trato que se da a las mujeres es ofensivo y machista.

“Oye, ¿y tu paquete es español o qué?”, pregunta Izquierdo, a lo que Ortiz responde: “Es portugués”. “Qué bueno, oye, qué rico, y es jovencita”, pregunta el entonces directivo de Bancaja. El empresario responde afirmativamente. 

La relación entre Ortiz e Izquierdo era íntima, como desvelan las grabaciones, en las que pueden escucharse frases como: “Venga niño, no te pajees mucho” o “yo lo que quiero es follármela”. Y los favores eran mutuos. El exdirector general de la caja se puso en contacto con el constructor para que intentara “colocar” a una amiga, a "la chiquita esa, de lo que sea... Pero no hace falta ni que le paguen... aunque sea el salario mínimo...".
Gürtel.

Y como siempre, no podía faltar el perejil de todas las salsas, el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, a quien el garganta profunda del caso, José Luis Peñas, le grabó una conversación hablando de una fiesta en casa del alcalde de La Nucia (Alicante). Correa tenía como táctica habitual hacer orgías con prostitutas para cerrar tratos y, sus visitas a la Comunitat Valenciana no iban a ser diferentes.

En las grabaciones se escucha a Correa contarle a Peñas sobre su participación en una fiesta organizada en el chalé de Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, y más conocido como 'El Choco' con “cinco tías impresionantes”. En los audios se oye a Correa decir: "Bernabé nos dijo que nos iba a montar una de puta madre con tías en su pueblo. Fuimos a cenar y cuando me quise dar cuenta había cinco tías impresionantes".

Y explica que, en aquella orgía estuvo una chica de "25 añitos, muy discreta, educada, calladita", al parecer de Europa del Este. En la misma ‘fiesta’, el ahora condenado dice que otro de los imputados en el caso, Jacobo Gordón, "se llevó una tía guapísima a la habitación. Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno con una tía".

Además de la constante del uso de prostitutas en este tipo de casos, hay otra cosa habitual, y es el lenguaje despectivo a la hora de hablar sobre el sexo que realizan con estas mujeres a la que, casi todos ellos, consideran meros objetos de placer.