MADRID.- La
campaña electoral avanzó trufada de datos y afirmaciones difícilmente
verificables: desde que España es el segundo país del mundo con más
desaparecidos tras Camboya,
que Podemos no ha dejado de mencionar, hasta las cifras de ahorro de
gasto autonómico que el líder de Vox, Santiago Abascal, apuntó en el
debate en televisión celebrado el pasado lunes entre candidatos a la
presidencia del Gobierno. Abascal habló de un ahorro de entre
«60.000 y 90.000 millones de euros» en las comunidades. «Tendremos que elegir: o autonomías o pensiones», sentenció, tal como recoge Abc.
Sin
embargo, los datos niegan estas cifras de ahorro en el Estado de las
autonomías. Las series del Ministerio de Hacienda recogen que un ahorro
como el que propuso Abascal supondría recortar gasto en algunos de los
servicios públicos esenciales. Las comunidades gastaron 173.384 millones
en 2017, de los que 117.949 millones (el 68% del gasto autonómico)
corresponden a Sanidad (64.199 millones), Educación (42.484) y Protección Social (11.266 millones).
«El
dato de ahorro que dio Vox en el debate es falso, porque aunque tengas
un Estado centralizado tienes que pagar los servicios públicos: cambiar
la etiqueta no elimina el desembolso. El sector público español debe
ganar eficiencia, pero es un problema general», defiende el profesor de
Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Jorge
Onrubia.
Mejores servicios públicos
«La
descentralización autonómica no ha provocado un deterioro en la calidad
de los servicios públicos. De hecho, la percepción general es que la ha
incrementado», recoge un informe del FMI sobre la construcción del
Estado autonómico español. Un estudio de Fedea elaborado por los
economistas David Cantarero y Marta Pascual encuentra evidencias de que
la descentralización de la Sanidad -junto a otros factores- tiene
«efectos positivos» en la mejora de la tasa de mortalidad infantil y la
esperanza de vida. España es el decimocuarto país del mundo con una
menor mortalidad infantil (3,3 casos por cada mil nacidos) y el segundo
con una mayor esperanza de vida, tras Japón, con 84 años de media según
la OMS.
Precisamente,
Sanidad y Educación son las competencias autonómicas en las que España
mejor evalúa en términos de eficiencia. España está por encima de la
media de la OCDE en ambos servicios y puntúa mejor que países
centralizados como Francia, o que Suecia, según un informe sobre la
eficiencia del gasto público en veinte países de la OCDE elaborado por
los economistas Antonio Alfonso y Mina Kazemi para la Universidad de
Lisboa.
«La
descentralización en España aumentó las tasas de éxito escolar en todos
los grados», recoge otro informe de la economista de la Universidad de
Barcelona, Paula Salinas. El número de estudiantes con formación
superior a la secundaria ha subido desde el 11,1% que suponía en 1992
hasta el 34% actual siendo los noventa la década en la que se
transfirieron a casi todas las comunidades las competencias en
Educación.
Los
organismos económicos, además, coinciden en señalar que la
descentralización ayuda a reducir la desigualdad económica entre
regiones. El FMI, en un informe publicado hace unos días, alaba la
descentralización, ya que los gobiernos regionales «son más autónomos y
rinden cuentas ante su electorado» a lo que se suma que «la mayor
descentralización tributaria y en el gasto tiende a reducir las
desigualdades regionales».
Ello es así porque los gobiernos de
territorios con menor renta «movilizan recursos de manera más eficaz y
manejan mejor los objetivos de gasto, para cerrar sus brechas de
eficiencia con las comunidades punteras», concluye el FMI.
Ello
hace que el organismo dirigido por Kristalina Georgieva recomiende
sistemas autonómicos como el español frente a los estados centralizados.
El organismo destaca que España es uno de los países con menor
desigualdad territorial de la OCDE:
por debajo de la media de la UE y de países descentralizados como
Alemania, Italia y Canadá. El FMI, eso sí, señala que la crisis ha
disparado la inequidad entre comunidades.
Menos gasto administrativo
«Lo
que te dice la teoría es que la descentralización te permite adaptarte
más rápidamente a las características de cada territorio y
administración. Pese a la idea de economía de escala de que al
centralizar ahorras costes, lo importante no es tanto esto como la
gestión. Y esto es lo que marca la mejora para que el gasto público sea
más eficiente», sostiene el director de Fedea, Ángel de la Fuente.
Al
coger las cifras de gasto autonómico en órganos políticos, tributarios y
diplomáticos, España destina menos recursos que otros países a
este desembolso administrativo: 37,5 euros por habitante, frente a los
77 euros por ciudadano de Bélgica o los 213 euros de Suiza, según cifras
de Eurostat.
Si tomamos
el conjunto del gasto público en esta rúbrica y comparamos con más
estados, España también tiene un peso menor. En Francia se gasta un 1,8%
del PIB (601 euros por francés), en un estado federal como Alemania, un
1,9% (764 euros por alemán) y en la media europea, un 2% (550,5 euros
por europeo) frente al 1,4% de España (353,9 euros por español).
Vox
también recuerda un informe de UPyD que cifraba en 24.000 millones el
ahorro posible del gasto autonómico en duplicidades. «Esos datos son
discutibles porque tomaba de referencia a las regiones más eficientes y
trataba de calcular el ahorro si el resto lo hicieran igual, aunque sus
circunstancias son muy distintas», considera el economista Juan Ramón
Rallo.
Junto a
ello, la OCDE también destaca en un estudio sobre federalismo fiscal «la
asociación positiva entre la descentralización y el PIB per cápita».
«La descentralización está, pues, directamente relacionada con las
ganancias potenciales de eficiencia en la actuación del sector público»,
sostiene el catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza,
Julio López Laborda en el estudio «Beneficios y costes del estado
autonómico». Unos beneficios que redundan en un mayor crecimiento
económico, considera el académico.
Un sistema lleno de lagunas
El
Estado de las autonomías, que emana del título VIII de la Constitución,
se inició de la mano de la propia democracia en España y ha coincidido,
junto a otros factores como la integración en la Unión Europea, la
recepción de fondos comunitarios y la tracción de la economía
continental, en un largo periodo de crecimiento en nuestro país,
destacan los expertos.
España ha tenido un incremento de renta por
habitante en paridad de poder de compra desde 1980 del 426%, según el
FMI. Un porcentaje mayor que el 385,9% de media de la UE, el 276,7% de
Italia o el 374% de Alemania y el 340% de Francia.
Pero el
sistema requiere reformas para asegurar sus bondades. Los organismos
coinciden también en pedir a España una larga retahíla de reformas para
aumentar la eficiencia del modelo autonómico. El FMI reclamó «revisiones
en profundidad del gasto, sobre todo en sanidad y educación» en varios
informes de evaluación a España hace un año.
La propia Autoridad Fiscal
ha detectado ámbitos de eficiencia a lo largo de todos los niveles de la
administración, tales como las subvenciones, el gasto farmacéutico o
las bonificaciones a la contratación.
A ello se le suman las enormes diferencias en resultados
educativos que arroja el informe PISA: con Castilla y León, Navarra o
Madrid con resultados muy por encima de los de Andalucía, Extremadura o
Canarias.
«Los
márgenes de eficiencia existen y son amplios, pero están lejos de lo que
dice Vox, serían del entorno del 10% en determinados programas que
tendrían más incidencia en mejorar la prestación de los servicios que en
un ahorro como tal», apunta Onrubia, que reclama una agencia de
evaluación independiente, a diferencia de la extinta Aeval.
Las
trabas para las empresas también son un gran obstáculo. Bruselas ha
pedido en repetidas ocasiones garantizar que se cumple la ley de Unidad
de Mercado, al comprobar que «los resultados son escasos».
«No se han
adoptado medidas para eliminar las restricciones al crecimiento
empresarial», sostuvo la Comisión Europea en el informe sobre España del
primer semestre europeo de 2019. La falta de coordinación entre
comunidades y con el Estado es otra de las lacras del modelo autonómico
que los organismos señalan, un problema a lo que no ayuda que el Senado
no funcione como una verdadera cámara territorial.
Quizá
consecuencia de ello, un frente a mejorar es la atomización regulatoria.
La CEOE denuncia la «inseguridad jurídica» que genera la proliferación
legislativa autonómica, con hasta 81 impuestos propios.
Una reordenación
impositiva que también debe abordar la reforma de la financiación,
junto a la insuficiencia de recursos de regiones como Murcia, Valencia o
Andalucía, a lo que se debe unir una mayor disciplina fiscal regional a
través de la Ley de Estabilidad, exigida por FMI, Bruselas y la Airef.
Los organismos parecen coincidir: el Estado de las Autonomías debe
reformarse a fondo, pero sin hacer peligrar su pervivencia.
