sábado, 8 de febrero de 2020

Merkel y Macron se enfrentan a las protestas de agricultores en Alemania y Francia

BERLÍN/PARÍS.-La red de supermercados alemana Edeka ha sido protagonista de una fuerte y reciente polémica en el país de la canciller Angela Merkel. Con carteles gigantes, Edeka, uno de los actores importantes de la gran distribución en Alemania, se jactaba de ofrecer "los precios más bajos". "El comer se ha ganado un precio: el más bajo", se leía en los mensajes de la cartelería de Edeka, según www.eldiario.es

Junto a firmas internacionales especialmente conocidas por sus ofertas como Aldi o Lidl, Edeka lucha en un mercado altamente competitivo en Alemania. De hecho, la distribución de alimentos en suelo teutón se caracteriza por la presencia de abundantes y grandes actores. Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, Netto o Penny son sólo algunos de ellos. Todos, en general, hacen buen negocio gracias a esa idea de ofrecer alimentos a buen precio, es decir, al "más bajo", según los términos de Edeka.
Sin embargo, esos prósperos negocios no parecen repercutir del todo positivamente sobre los productores de los alimentos que ofertan Lidl y compañía en sus estanterías. De lo contrario, los agricultores y ganaderos alemanes no estarían movilizados pidiendo, entre otras cosas, "precios justos" para sus productos.
Esta reivindicación ha tomado recientemente la forma de protestas con cientos de tractores circulando por el centro de Berlín. Una idéntica movilización marcó el tráfico a finales del pasado año en París, cuando los agricultores galos bloquearon con sus tractores el Boulevard Périphérique la gran autopista de entrada de la capital francesa.
Las impactantes imágenes de cientos de tractores bloqueando las arterias de París y Berlín - las grandes metrópolis del continente europeo - han generado ya algunos resultados políticos. En Alemania, la canciller Angela Merkel se reunía esta semana con los responsables de la gran distribución en la Cancillería Federal. 
La idea de la jefa del Ejecutivo germano era trabajar para "establecer una relación justa" entre productores y distribuidores de manera que agricultores y ganaderos puedan ganarse la vida "lo suficiente", según los términos que manejan Merkel y sus ministros.
Un estudio muy citado estos días en Alemania a cargo del Thünen-Institut – un centro especializado en la investigación sobre la vida en las zonas rurales – da cuenta de la dinámica negativa en la que han entrado los productores de alimentos germanos. 
Según el citado estudio, publicado en 2018, por cada euro que un consumidor gasta en alimentos en Alemania, 21 céntimos van a parar al productor. En 1998, el productor recibía 25 céntimos por cada euro consumido en el supermercado.
En esta situación tiene mucho que ver con que Lidl, Aldi, Rewe y Edeka representen un 85% del mercado teutón de la distribución, según datos de la autoridad federal de competencia. Si esto no fuera un problema, Merkel no se habría reunido el lunes con los representantes de los grandes distribuidores. Sin embargo, de la reunión no surgieron grandes ideas ni grandes soluciones.

Servicio de reclamaciones para productores

La ministra de Agricultura, la también cristianodemócrata Julia Klöckner, se esforzaba el lunes en presentar como un avance la próxima creación de un servicio de reclamaciones en el que los productores podrán dar cuenta de sus quejas ante prácticas de dumping en los precios. 
También está previsto que Klöckner protagonice próximamente visitas a las explotaciones agrícolas germanas para acercarse a las preocupaciones del sector. Pero hay quien ve con ojos críticos esas iniciativa, especialmente desde el ecologismo.
Un ejemplo es Martin Hoffstätter, responsable de temas para la agricultura de Greenpeace Alemania. 
Él dice a eldiario.es que, aunque "Merkel invite a los agricultores a que le cuenten sus problemas y Klöckner responsabilice a la gran distribución de estos problemas porque esas empresas presionan mucho en materia de precios, eso no tiene ningún efecto sobre la situación del sector primario". 
"Lo que han hecho Merkel y la ministra hasta ahora son llamamientos que dan cuenta de que quieren dirigirse a los agricultores, pero en Alemania falta una idea de dónde debe estar el sector primario en 20 ó 30 años", añade Hoffstätter.
A su entender, Merkel y compañía han entendido el potencial de las movilizaciones de los agricultores y ganaderos viendo las manifestaciones ocurridas en Francia. 
"Merkel ha visto que, en Francia, las protestas de la gente del campo se han traducido en movilizaciones de 'chalecos amarillos', y ese escenario quería evitarse aquí, pero para evitarlo de verdad hace falta una política de verdad y tener una visión sobre el sector", apunta Hoffstätter.

Una Ley Macron ineficaz

En Francia se aprobó a finales de 2018 a iniciativa del presidente francés Emmanuel Macron una ley que tenía como intención equilibrar las relaciones entre productores de alimentos y distribuidores. 
Concretamente, esa ley buscaba, por un lado, frenar la venta de productos agrícolas en la gran distribución a precios muy inferiores (más del 10%) a los de producción y, por otro lado, se pretendía reequilibrar la negociación comercial entre grandes distribuidores y productores.
Sin embargo, esa "Ley Macron" - como se conoce en Francia - no parece haber resuelto los problemas del campo francés. "Hay productos que los productores franceses aún venden perdiendo dinero. Por ejemplo, la leche", dicen a eldiario.es desde Francia fuentes del sindicato agrícola Confédération paysanne. En esta organización denuncian incluso que las medidas han acabado significando un aumento del precio de venta a los consumidores sin que haya una repercusión positiva para los productores.
De ahí que algo más de 1.000 tractores bloquearan París el pasado mes de noviembre. El diario progresista galo L'Humanité ha titulado de forma contundente sobre los efectos de esa iniciativa del presidente francés: "La Ley Macron no ha terminado con el chantaje de los distribuidores". Y de ahí también que organizaciones como la Confédération paysanne se definan "en lucha".
En Alemania, Merkel todavía no tiene su 'ley'. Sus problemas con el campo están lejos de haber terminado.

Unos vecinos de Alicante, desesperados por los okupas: "Más del 90% del barrio vive de forma ilegal"

MADRID.- Los vecinos del barrio Juan XXIII (Alicante) se encuentran desesperados por la difícil situación que atraviesan con los okupas. Denuncian que por parte de la administración y la Policía no han recibido ayuda ni respuestas a las propuestas para intentar solucionar el problema, según Antena-3

Denuncian que "más del 90% de las personas que habitan en un sector del barrio residen de manera ilegal". Algo que se traduce en peleas, tráfico de drogas, montañas de basura. Por ello, exigen, a quien corresponda, una solución.
"Aquí el futuro que hay es aprender a hacer cuentas vendiendo drogas", decía un vecino. Ahora los pisos los veden muchos más baratos que antes por las malas condiciones en las que está el barrio.
Los vecinos se quejan de que hay muchas ratas y de la gran cantidad de basura que hay tanto en la calle como dentro de los edificios. A causa de esta situación, los comercios también han cerrado "porque la gente ya no compra aquí".
Denuncian que el Ayuntamiento no va nunca por la zona y la Policía tampoco, "aquí nadie hace nada, pasan de nosotros". 
En Espejo Público han estado en directo dos vecinos que pertenecen a la asociación de vecinos de Juan XXIII: "Culpo a la administración y a las autoridades, llevamos denunciándolo desde los años 90". 
Explican que hace cuatro años propusieron que se hablara con los bancos, "porque los bancos dejaron los pisos abandonados y ahora la gente se mete a vivir allí".
La propuesta fue que las viviendas que los bancos tuvieran en la zona llegaran a un convenio con la administración y los cedieran. 
"No estamos en desacuerdo en dar viviendas a las personas que lo necesiten, pero al igual que tienen derechos, tienen obligaciones", señalan.
Finalmente, han comentado que la propuesta no ha tenido respuesta por parte de la administración.

El Ministerio empieza a desmontar las estructuras de los peajes de la AP7 liberalizada

ALICANTE.- Poco a poco la AP-7 liberalizada entre Tarragona y Alicante va dejando de parecer una autopista de peaje para transformarse en una autovía más, aunque de momento conserve el nombre para no inducir confusiones. Tras la retirada de las barreras en la tarde-noche del 31 de diciembre y los primeros trabajos (provisionales) para ordenar el tráfico en los accesos y salidas, este mes han comenzado los trabajos para desmontar las estructuras de los peajes.

Como publica Alicante Plaza, está previsto que los 'troncos' por los que se introducían los usuarios en la autopista de pago y donde se pagaba el importe en las máquinas automáticas a la salida desaparezcan este verano. Será el elemento relacionado con el antiguo uso de la vía que más tardará en desaparecer, dado que las máquinas ya se han retirado, y los carteles anunciando peajes o bien se han desmontado o bien se han tapado a la espera de ser eliminados.
Así, si se cumplen los plazos, las estructuras de los peajes en la AP-7 serán historia para este verano, cuando además es de esperar que se produzca una mayor afluencia de vehículos. Esta semana han comenzado los trabajos de desmontaje en el peaje de acceso al tramo de la autopista entre Valencia y Alicante (en Algemesí), y se avanzará progresivamente, tanto en este tramo como en el que va de Sagunto a Tarragona. 
Los trabajos corren a cargo de Matinsa, la empresa a la que el Ministerio encargó el mantenimiento de la vía tras la liberalización y que ha absorbido las plantillas de las distintas contratas que trabajaban para Aumar.
Tras la liberalización, y como era de esperar, la intensidad del tráfico diario se ha disparado, según los propios datos aportados por el Ministerio en base a las mediciones de la DGT. Así, los 22.000 vehículos diarios que circulaban de media en el año previo a la liberalización se han llegado a doblar en algunas jornadas concretas del mes de enero. 
De media, el número de vehículos que circularon por la AP-7 liberalizada en enero se incrementó un 77%. Desde la propia DGT constatan que la mayor densidad de automóviles ha reducido la velocidad media de circulación, y la previsión es que cada vez más vehículos se incorporen a la AP-7. El tráfico pesado es protagonista en este incremento, con un 60% más de camiones que antes.
De momento, el incremento del tráfico en los accesos, donde ya no hay que frenar para tomar ticket alguno, se ha capeado con carteles de precaución y un rediseño de los carriles de circulación en algunos casos, además de resaltos para forzar a los conductores a reducir la velocidad. 
Pero la intención del Ministerio es que cuando llegue la temporada alta tanto las estructuras como las piezas de hormigón que definían los accesos estén retiradas, para agilizar el tránsito entre las vías de acceso y la AP-7 justo cuando más conductores la utilizarán.

Los verdaderos problemas de los bajos precios de la agricultura española


MADRID.- Los agricultores andan estos días revueltos. Consideran que su situación es insostenible y que sus explotaciones son insostenibles con los precios que reciben por sus cosechas. Tanto el sector como el Ministerio de Agricultura han apuntado a los supermercados como grandes responsables del problema.

Apuntan a las ventas a pérdida y a los grandes márgenes que, a su juicio, tiene la distribución como los culpables de los bajos precios en origen de las producciones. Pero los expertos no creen que el origen de los males del campo se pueda reducir a la distribución. Y más, cuando el 80% de lo que producen los agricultores españoles se exporta y sólo el 7% acaba en los lineales de las grandes superficies.
Mariano Íñigo, profesor de EAE Business School especializado en el sector de la alimentación, ha señalado cuatro razones que, a su parecer, están en la génesis de que los precios del campo sean tan bajos.
  1. Dispersión de la oferta. Para Íñigo, la oferta, compuesta de un gran número de productores, en su mayoría de pequeño tamaño, hace frente a una cada vez mayor concentración de la demanda, sobre todo en lo que se refiere a la distribución. Esta situación hace que los supermercados estén en mejor posición para negociar los precios de los productos a la baja. El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, y la distribución consideran que los agricultores deberían agruparse en cooperativas más grandes para tener más fuerza en la negociación de los precios y corregir esta desventaja.
  2. Competencia exterior. Por paradójico que resulte, aunque el 80% de lo que produce la huerta española acaba en el exterior, de fuera también llegan a España gran cantidad de productos que representan una competencia más que desleal. Los bajos costes de producción que hay en otros países, sumados a la inferioridad de su calidad y a que no tengan que cumplir con los estrictos controles sanitarios impuestos por la UE, les permiten ofrecer precios mucho más bajos que arrastran a los de los productos nacionales.
  3. Calidad. La incapacidad tanto de los productores como del sector industrial y de la distribución españoles para destacar la gran calidad de lo producido en España impiden fijar precios superiores a los de procedencia internacional.
  4. Modelo exportador. Íñigo señala que el modelo exportador español también resta potencial económico al campo dado que se basa más en la cantidad que en la diferenciación de los productos nacionales, tal y como ilustra el caso del vino. Pese a que España es el primer exportador mundial de este producto por volumen, por valor es el tercero debido a que la mayoría de las exportaciones se hacen a granel.

El caos se cierne sobre la AP-7


VALENCIA.-Han pasado cinco semanas desde que el 1 de enero se eliminaran los peajes en la AP-7 y los efectos ya son palpables. El principal es que el tráfico se ha doblado. Además, según los datos de la DGT, el paso de vehículos pesados se ha incrementado hasta un 110%. El mayor volumen de tráfico, que estaba previsto, no ha ido acompañado de inversiones, recuerda hoy el diario Las Provincias. 

Pero sobre todo son los accesos. Únicamente están a punto de iniciarse las obras en los de Oliva y Vinaròs. El resto no está adaptado a las nuevas circunstancias
Numerosas voces se han alzado alertando de un posible colapso en verano con el incremento del tráfico. Así lo han advertido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la Cámara de Contratistas y alcaldes de municipios junto a la AP-7.
La asociación de guardias civiles advierte de que el problema se presentará en las salidas de la AP-7 en los meses estivales. Identifican también como zonas más expuestas los accesos a las localidades costeras. También alertan de que el incremento en la circulación evidenciará aún más la falta de personal en la Benemérita. Según la asociación «faltan agentes para poder atender con patrullas preventivas esta arteria».
En la misma línea se pronunció el gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, que alertó sobre el incremento de tráfico, especialmente en verano, mientras la mayor parte de los nuevos accesos siguen pendientes.
El alcalde de Ondara, José Ramiro, indicó que la prueba de fuego de la liberalización llegará en Pascua y en verano. Si cuando era de pago ya se producían retenciones y atascos, no se quiere ni imaginar lo que puede pasar en abril y en julio y agosto. Para Arturo Poquet, primer edil de Benissa, el verano «será caótico, en especial los fines de semana, y habrá que armarse de paciencia».
El secretario general de la Asociación Provincial de Empresarios de Transporte por Carretera, Carlos García, reconoció el incremento de tráfico y que los asociados estaban utilizando con más frecuencia esta vía, pero que la ocupación iba a tener carácter estacional. «En verano habrá menos camiones», añadió.
La mayor densidad circulatoria presenta también nuevos problemas. Guardias civiles de tráfico han expresado la conveniencia de reducir el límite de velocidad en algunos tramos ante la acumulación de curvas como sucede a la altura de Tavernes-Gandia-Oliva o en Altea-Benidorm en Alicante.
Los transportistas, por su parte, dentro de la buena noticia que para ellos ha supuesto la liberalización, creen que se deberían habilitar más espacios en los que poder parar para cumplir las prescripciones legales. Esta carencia es visible sobre todo en el norte de la Comunitat, especialmente entre Torreblanca y Cataluña. García también reclamó la necesidad de hacer más permeable la AP-7 con más accesos.
Los contratistas, por su parte, han señalado que se van a añadir otros problemas. Por un lado, el mantenimiento. Miñés señaló que el mayor paso de vehículos implica mayor desgaste del firme que se agrava si se tiene en cuenta que también se incrementan los camiones.
Una localidad que ha notado de forma espectacular los efectos de la liberalización de la autopista es Gata de Gorgos. Allí, la carretera nacional 332 divide el pueblo en dos partes y antes la circulación de vehículos era continua, especialmente de camiones. Ahora ha cambiado radicalmente. Según remarca el alcalde, Josep Francesc Signes Costa, «el volumen de tráfico ha bajado mucho, sobre todo el pesado». 
A ello se le suma que muchos de los conductores de la comarca que antes atravesaban el municipio han cambiado su trayecto.
En Oliva el gobierno local ha encargado un estudio para conocer el número de vehículos que atraviesan el casco urbano. El alcalde, David González, precisó que todavía «pasan muchos camiones por el centro de la población».
El Ayuntamiento de Xeraco apuntó que el tráfico ha bajado, pero no lo que desearían y echan en falta más conexiones con la AP-7 para dar servicio a todas las áreas poblaciones de La Safor.
Donde sí que se ha notado un descenso del tráfico ha sido en Bellreguard. Según el alcalde Àlex Ruiz el «el paso de camiones ha descendido en un 70%».

Empleadas. Área La Safor «Más clientes y más personal»
En el área de servicio de La Safor, en Xeraco, la gratuidad se ha notado un mes después del arranque de la medida. «Hay más clientes, en especial a la hora de las comidas, y hemos pasado de 20 a 23 empleados», explican trabajadoras de la zona de restaurante. Los precios no han variado, pero sí hay ofertas destinadas a camioneros. «Queremos ser tu familia en la carretera», propone un cartel enfocado a transportistas. Se anuncian desayunos por 3,50 euros o comidas a algo menos de 9.

Josep y Consuelo. En coche «Pagaremos con más impuestos»
Josep y Consuelo son dos jubilados de Castellón que recorren frecuentemente la AP-7 para visitar a sus nietos en Alicante. «Ahorrarnos 50 euros al mes es una buena noticia, pero no nos engañemos. Ahora hay muchos más camiones y circular es más complicado», reflexionan. Además, «a más vehículos, más gasto en mantenimiento... ¿Eso quién lo va a pagar? Creemos que acabará repercutiendo en los impuestos», razonan. «La gratuidad no será eterna».

Fabián Paredes. Camionero «Si no hay prisa, prefiero la N-332»
Fabián Paredes tiene 44 años y es camionero desde 2004. Lo encontramos en un área de servicio de la AP-7. «Para mí la autopista es mejor si tengo que llegar rápido a algún sitio. Si no hay prisa, prefiero seguir circulando por carretera nacional. Tiene mejores servicios, puedo parar cuando quiero sin necesidad de recorrer kilómetros y los precios en los bares son más baratos». En su caso, la gratuidad no afecta a su bolsillo. «Es mi empresa la que se beneficia, no yo», destaca.

J. Serra. Local junto a la N-332 «A los bares nos han fastidiado»
Uno de los mejores all i pebres de La Safor se disfruta en Casa Clara, en Oliva. Restaurante y bar de carretera de los de toda la vida, con 70 años de historia. Pero hay un solitario cliente en la barra. «A los bares de carretera nos han fastidiado», reclama la encargada, Josefa Serra. «Si antes de la gratuidad hacíamos 20 cafés con tostadas en una mañana, ahora hacemos cinco. Según la responsable, «nos salvan los clientes de fin de semana, pero entre semana el negocio ha caído mucho».

Datos clave
110%El tráfico de vehículos pesados por la AP-7 y ya pasan hasta 14.500 diarios.
10 millones de euros dejarán de percibir los municipios en concepto de IBI con la liberalización.
34.600 vehículos en 24 horas se registraron el pasado 7 de enero, el día con mayor tráfico hasta ahora.
109 millones costará al Estado el mantenimiento de la arteria liberalizada los próximos dos años.

Cero euros por más tráfico
 
Fui de los últimos que se dejaron los euros en la AP-7. Escapada navideña de Valencia a Calpe a dos días de la gratuidad. Pero la devoción por las tierras de la Marina hace que la haya recorrido (y pagado) en incontables ocasiones entre semana y en festivos.

Pero la pasada semana la incursión fue profesional, para palpar los cambios. Lo primero que llama la atención son las señales de obra en peajes y entradas en los que todavía no hay obra alguna, más allá del desmontaje de algunas planchas en Sollana. Las cabinas estaban intactas. En los orificios de inserción de dinero y tarjetas, un gran adhesivo azul reza: «No pare. Don't stop». Balizas de plástico rojas y blancas reducen a entre tres y dos, según zonas, los pasos de vehículos por cada sentido, inutilizando el resto. El límite aquí es de 30 km/h, pero en más de un viejo peaje los usuarios sobrepasan con creces la cautela, con riesgo para las ya inútiles máquinas o sus retrovisores.

¿Qué ha sido de los trabajadores? Encuentro a tres de ellos charlando en unas oficinas junto a la salida 59. Les pregunto por sus vidas, impresiones, cambio laboral... Y me topo con un huidizo «pregunte al ministerio». El problema es que yo quería saberlo de sus bocas. Resignado, vuelvo al volante. 

Atrás quedan los días de viaje a carretera despejada. La densidad del tráfico es considerablemente mayor. La matemática de la observación da una ratio aproximada de un camión por cada cuatro coches que avanzan por el carril derecho. La consecuencia es un número de adelantamientos mucho mayor que antes. Los cuento: aproximadamente un centenar en el trayecto entre la Vall d'Uixò y Dénia.

En Ondara me salgo y pongo rumbo a Oliva por la N-332. Menos tráfico entre pueblos, menos clientes en los bares y tiendas de carretera, con no pocos lamentos de los propietarios. Pero llegados al casco urbano de Oliva, sobre las 13.30 horas, el tráfico es denso. Diez minutos para atravesar el pueblo. Mucho conductor de trayecto corto entre municipios. Mejor me vuelvo a la AP-7. Quizá no es tan segura como antes, pero el bolsillo sonríe.

El MIR 2020 busca lograr el reto de un examen 'perfecto' sin impugnaciones

MADRID.- El Ministerio de Sanidad publicará la semana próxima la versión definitiva correspondiente a las plantillas de respuestas correctas del examen MIR 2020. O al menos así se prevé. Será en ese momento cuando se conozcan el total de preguntas impugnadas por la Comisión Calificadora, ya que hasta ahora todas las preguntas han sido válidas, según la plantilla provisional. Un hecho insólito.

Hace un año, y a pesar de que el Ministerio de Sanidad recibió más de 65.000 impugnaciones sobre las preguntas que componían la prueba de acceso a la residencia médica en 2018-2019, solo fueron anulados cinco encabezados.

Para esto, ayudó que muchos de los reclamos estaban dirigidos sobre una misma pregunta del examen MIR. Por ejemplo, casi 26.000 peticiones se centraban en estas cuestiones, lo que facilitó el trabajo de las Comisiones Calificadoras.

Este año se abre la posibilidad de que al haber 50 preguntas menos pueda suponer un récord en el descenso de preguntas anuladas, e incluso llegar al punto de que la plantilla provisional se mantenga tal y como está ahora, con ninguna pregunta anulada.

Cuando se observa el registro de los últimos 18 años, se percibe que el punto más alto de impugnaciones se ha alcanzado en la convocatoria 2004-2005, cuando se eliminaron 10 preguntas de la evaluación de acceso al MIR. A partir de ese momento, las anulaciones cayeron progresivamente a ocho.

En 2017 se produjo la cifra más baja de la década, con tan solo tres preguntas impugnadas. Al año siguiente, la cifra volvió aumentar ligeramente.

Ahora, tras la publicación definitiva de respuestas, será el momento de esperar a conocer las relaciones provisionales de resultados del examen MIR 2020, instante en el que se conozca el número de orden asignado a cada aspirante.


Consultar aquí, las 5 fechas claves que quedan para llegar al desenlace final del examen MIR
 

El Consell considera cumplido el 66% de los objetivos del último Seminari del Govern

DENIA.- La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que de los 59 objetivos del Seminari de Govern del pasado verano en Montanejos, el 66% están cumplidos, y el 34% restante está en ejecución.

Así lo ha indicado Oltra este sábado en atención a los medios en Denia, donde se está celebrando el Seminari d'Hivern de 2020, y donde ha destacado que estos encuentros "son una buena práctica exportada al Gobierno de España" porque sirven para trabajar con planificación y evaluación y no con ocurrencias como ocurría antes". Los ministros del Gobierno también están realizando este sábado una jornada de "retiro" en una finca estatal de Quintos de Mora (Toledo).
Por su parte, el president, Ximo Puig, ha destacado que este tipo de seminarios "consolidan el proyecto de cambio" del gobierno valenciano, que se define "claramente en base a la eficiencia". 
Así, ha asegurado que "al final de la legislatura, las personas de la Comunitat Valenciana estarán en una posición mucho mejor".
Respecto a los objetivos de Montanejos, Oltra ha destacado medidas como las medidas para paliar la despoblación con la creación de la Agència Antidespoblament, o el trabajo realizado con el plan 'Avalem Territori' que intenta que equilibrar los recursos y oportunidades entre los diferentes territorios de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, ha apuntado de la importancia de la figura de la Persona de Asistencia Terapéutica Infantil (PATI), novedosa y pionera en el conjunto de España, impulsada en el marco de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que trata de favorecer al máximo la autonomía de los niños y niñas con dependencia.
Finalmente, ha querido agradecer al ayuntamiento de Denia y a su corporación por su recibimiento, así como a los alcaldes y alcaldesas de la comarca con quienes ayer compartieron políticas y objetivos de futuro.

Compromís pide en el Senado rebajar el IVA del 21% al 10% para los instrumentos musicales

VALENCIA.- El senador de Compromís Carles Mulet ha registrado una moción en la que propone al Senado instar al Gobierno a "revisar y modificar" el tramo de IVA aplicable a la compra de instrumentos musicales, "bajándolo del actual 21% a un 10%" en el plazo de tiempo "más breve posible".

La moción de la coalición destaca que la música es "una de las manifestaciones más prolíficas del paisaje cultural valenciano". 
"Con todas las posibilidades y formas de las que dispone, la música se proyecta, entre otros campos, a la didáctica, la formación, la composición y la interpretación. La música permite generar en el territorio valenciano, así como en el resto del Estado, un ecosistema único, enriquecido por el trabajo y la disciplina constante de miles de músicos y músicas valencianas", ha explicado Mulet.
Además, ha remarcado que la música se ha convertido en un "fenómeno social", ya que "concilia y convoca a diferentes generaciones familiares en un mismo equipo". 
"Sin ir más lejos, la cultura y las manifestaciones festivas de la Comunitat Valenciana serian prácticamente invisibles si no fuese por el gran acompañamiento musical que les da apoyo y las refuerza", ha añadido.
En esta línea, ha manifestado que en la Comunitat "se pueden contar por centenares las sociedades musicales que dedican un esfuerzo considerable a la formación musical de los jóvenes. Personas jóvenes y también mayores que mantienen unos hábitos de estudio y trabajo constante".
El senador ha hecho hincapié que en la actualidad "la música y sus músicos es algo que forma parte de nuestra cultura e identidad". 
"Miles de personas, agrupaciones y sociedades musicales sostienen una auténtica vertebración territorial y una ocupación cultural de dimensiones extraordinarias, en la fiesta y en la educación, una práctica la musical con múltiples beneficios de todo tipo, en la salud, en la memoria y el aprendizaje o en la coordinación del cuerpo", ha expresado.
En este sentido, la coalición ha manifestado su apoyo a la reivindicación de la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) respecto a la reducción del gravamen fiscal que se aplica a la obtención de instrumentos.
Así, ha recordado que la regulación tributaria grava con un 21% de IVA este instrumento, "igualándolo a los vehículos a motor o con la mayoría de objetos de consumo", un hecho que según Mulet "marca una discriminación hacía la herramienta fundamental para el fomento de la educación musical, que deberían ser merecedoras de un tratamiento fiscal diferenciado.
El colectivo de las sociedades musicales solo en la Comunitat Valenciana sobrepasan el 50% del número total de sociedades musicales españolas, ha explicado Mulet, para quien, a su juicio, supone un "importante tejido asociativo musical en el territorio valenciano y un peso significativo respecto al conjunto del Estado".
Finalmente, ha destacado que se calcula que "en toda España existen alrededor de 3.600.000 personas las que practican alguna actividad musical de manera habitual con cualquier tipo de instrumento".

Soler cree que la liquidación del IVA de 2017 se ha resuelto "aunque no de la mejor manera posible"

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha considerado que la liquidación del IVA restante de 2017 ha quedado resuelta tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), aunque "no haya sido de la mejor manera posible". 

A su juicio, la propuesta de la ministra María Jesús Montero se ha realizado con "mucha imaginación" ante un problema que se creó, a su juicio, con el anterior Ejecutivo del PP.
Según expresó Soler a la salida del CPFF este viernes por la noche, la solución "perfecta" se planteó durante el ejercicio pasado en los Presupuestos Generales del Estado que no fueron aprobados en el Congreso de los Diputados, y "resolverlo a toro pasado", ha asegurado que es "complicado".
En concreto, el compromiso del Ejecutivo es atender el pago del mes de IVA de 2017 a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario, a un tipo de interés del 0%. El importe equivalente a esta mensualidad de IVA, un total de 283 millones de euros, no computará a efectos de déficit en 2019. 
"La suma del IVA y el déficit reportarán a la Comunitat Valenciana una liquidez de 635 millones de euros", ha explicado el conseller.
Sobre esta cuestión, Soler ha destacado la necesidad de "dimensionar el debate", recordando que el sistema de financiación autonómica es "la clave" de la que dependen el resto de problemas financieros de la Comunitat Valenciana: "El tema del IVA es una cuestión puntual, pero lo que de verdad necesita nuestra autonomía son soluciones estructurales a un problema de injusticia financiera", ha asegurado.
En esta línea, Soler ha valorado que "el Gobierno central haya flexibilizado los objetivos de déficit de las comunidades autónomas para 2020, 2021 y 2022, lo que amplía el margen de las autonomías para atender el gasto social, la sanidad, la educación y la dependencia", que es "lo que pedía la Comunitat Valenciana".
Así, el objetivo de déficit fijado por el anterior Gobierno, el 0% en 2020, pasa a ser el 0,2% este año; el 0,1%, en 2021; y el 0% en 2022. "Esto supone suavizar en dos años la senda, así como más recursos para abonar el gasto social que, para la Comunitat Valenciana, comportará 235 millones en este ejercicio y 117 millones en el ejercicio 2021", ha agregado.
"Estas medidas nos proporcionan una inyección de liquidez extra en la Comunitat Valenciana para atender los pagos a familias y proveedores, y poder continuar mejorando la prestación de los servicios públicos fundamentales", ha indicado el conseller, quien ha señalado que, en todo caso, se trata de medidas "positivas, pero coyunturales", y que el "verdadero caballo de batalla" para la Generalitat sigue siendo la reforma del modelo de financiación.
Durante la reunión, la ministra Montero ha presentado la nueva senda de estabilidad con los objetivos globales de déficit y deuda pública que han de cumplir las comunidades autónomas, como paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2020. Los objetivos individualizados para cada comunidad autónoma se abordarán en un próximo CPFF. La nueva senda de déficit supone una flexibilización respecto a la anterior establecida por el Gobierno de Rajoy.
El conseller ha explicado que, durante su intervención en el CPFF, ha solicitado a la ministra "que se retomen de inmediato los trabajos para llevar a cabo la reforma urgente del actual sistema de financiación". 
"Las comunidades autónomas prestamos tres de los cuatro pilares del Estado del Bienestar y necesitamos los recursos adecuados para poder llevar a cabo este mandato constitucional", ha señalado Soler.
El conseller también ha aprovechado su intervención en el pleno del CPFF para reivindicar el FOGA histórico y el incremento de la aportación del Estado a la dependencia, ante lo cual la Ministra Montero ha apuntado "la voluntad del Gobierno de estudiar el tema", ha asegurado.
El conseller de Hacienda ha valorado que "solo un mes después de la formación del Gobierno se hayan dado los primeros pasos para fijar los objetivos de déficit y para abrir el proceso de diálogo con las comunidades autónomas". 
No obstante, Soler ha insistido en que "la prioridad es que se modifique el sistema de financiación autonómica, dado que la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana imposibilita la consecución de los objetivos de déficit marcados para el conjunto de las comunidades y contribuye a aumentar el volumen de deuda de la Comunitat".
Tomando como referencia el periodo 2014-2017, la diferencia de financiación homogénea por habitante entre la autonomía mejor financiada (Cantabria) y la peor (Comunitat Valenciana) es del 39%. 
"Esto supone que la Comunitat Valenciana habría recibido más de 4.000 millones de euros adicionales si hubiera recibido el mismo trato que Cantabria. Respecto a comunidades con una renta per cápita similar (Galicia o Asturias) la infrafinanciación anual de la Comunitat Valenciana es superior a los 2.000 millones de euros", ha indicado el conseller de Hacienda.

Solicitan 302 millones de euros a la UE en ayudas para frutas y hortalizas

MADRID.- España ha solicitado 302 millones de euros a la Unión Europea en el marco del régimen de ayudas de frutas y hortalizas, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2019 y del 19% sobre la media de las últimas seis campañas, según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De esta cantidad, más de 32 millones de euros corresponden a medidas para la prevención y gestión de crisis de mercado lo que supone cerca del 11% del total.
Se trata de una previsión que se realiza a principio de cada anualidad, en función de los programas operativos aprobados por las Comunidades Autónomas, por lo que la ayuda final será aproximadamente de entre el 80% y el 85% de dicha cifra.
Las beneficiarias serán 470 organizaciones de productores repartidas en quince comunidades autónomas, entre las que destacan la Región de Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón y Extremadura.
España es el segundo Estado miembro receptor de estas ayudas con el 25% del total de la Unión Europea tras Italia, una ayuda que ha seguido una evolución al alza desde su creación en 1997.

Europa se avergüenza de Borrell / José Antich *

Aunque solo hace unas semanas que Josep Borrell asumió el cargo de alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, su extravagancia y meteduras de pata le están causando más de un disgusto en Bruselas y con varios de los países de la Unión Europea. 

El exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español ha abierto una verdadera crisis al ironizar con el “síndrome Greta” —en alusión a Greta Thunberg, la joven activista medioambiental sueca de 17 años— y cuestionar los movimientos juveniles por el cambio climático.

Ha sido desautorizado por un portavoz de la Comisión Europea y también por la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una incómoda situación que le hubiera tenido que llevar a la dimisión. No se puede ser más patán y con Borrell, lamentablemente, no está sucediendo nada que no fuera previsible. 

Lo que pasa es que el Borrell del que hoy se avergüenza media Europa era enormemente útil cuando actuaba como punta de lanza contra el independentismo. Forma parte de esta generación de catalanes que han construido su supuesto prestigio hablando mal de Catalunya. Albert Boadella y Albert Rivera son algunos de los ejemplos recientes.

El Financial Times, el diario más influyente de Europa y uno de los más prestigiosos del mundo, compara la actitud de menosprecio de Borrell (72 años) con Greta Thunberg (17 años) y los movimientos juveniles en defensa del medio ambiente con la de Donald Trump (73 años) y otros miembros de la administración norteamericana. 

Lo han hecho también otros medios europeos influyentes. Borrell ha tenido que disculparse repetidamente pero todo el mundo sabe que volverá a suceder ya que en los últimos años ha sido una constante en su actividad pública.

Es obvio que su designación fue un error y que Pedro Sánchez se equivocó forzando su nombramiento en el paquete de nuevos responsables de la Comisión Europea en la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la UE. Pero ahora ¿quién se hace cargo del desaguisado?


(*) Periodista y director de El Nacional


Ya hay criptomonedas de oro / Guillermo Herrera *

Ya existen divisas criptográficas con respaldo de oro y bienes activos tangibles, adelantadas al futuro, y basadas en la tecnología ‘blokchain’ o cadena de bloques, aunque el tema no se conoce muy bien debido a la escasa divulgación que ha tenido. 

Tal vez las critomonedas ancladas en oro podrían ser una alternativa, ya que el oro sirvió como moneda durante cinco mil años de historia conocida de la humanidad. Es decir, que el oro también es un valor seguro para las criptomonedas.

El estándar de oro es venerado por algunos y es aborrecido por otros. Pero la eterna polémica entre los partidarios de las criptomonedas y los partidarios del patrón oro puede tener una solución intermedia mediante la creación de criptodivisas respaldadas por oro. Es decir, tesis, antítesis y síntesis. Pero el mercado de las criptomonedas doradas, respaldadas por valores de bienes activos y tangibles, es muy pequeño en comparación con el mercado criptográfico en general.

Todo esto indica que hay mucho movimiento relacionado con las necesidades geopolíticas del reinicio financiero mundial y con la implantación del nuevo sistema financiero cuántico QFS. La gente busca un activo digital que cuente con un respaldo más atractivo y confiable para los usuarios. Con una moneda de tipo fijo, la magia del mercado libre puede tomar el control y producir más y más bienes y servicios a precios continuamente más baratos.

MOVIMIENTOS

Recientemente, el pánico en torno al coronavirus disparó el precio del bitcoin un 10% y superó los 9.400 dólares. Desde finales de 2019, la criptomoneda creció un 30%, lo que representa su mejor comienzo de año en siete años.

Todo comenzó en 2009 con el bitcoin, creado por el japonés Satoshi Nakamoto. Con el paso del tiempo han ido surgiendo nuevas criptomonedas, algunas con tales características de anonimato, que han pasado a ser ampliamente utilizadas por ciertas organizaciones criminales para no dejar huella de sus delitos.

Al parecer no todo es bitcoin en el mundo de las criptodivisas. Durante el pasado Festival de la Libertad, un evento liberal en Las Vegas, el grupo financiero Newnote y distribuidor líder en el mercado de lingotes de oro y plata, Anthem Vault, presentaron la INNCoin (Independence Coin), la primera moneda digital respaldada por oro como alternativa a la volatilidad del bitcoin.

Por su parte el fabricante de monedas estables con sede en Nueva York llamado Paxos lanzó el 5 de septiembre una nueva criptomoneda que está respaldada por oro. Se llama Pax Gold (PAXG) y se basa en la cadena de bloques de ethereum. Cada PAXG está respaldado por el valor de una barra de oro físico almacenada en la bóveda Brink de Londres. Se define a sí mismo como el primer criptoactivo canjeable por oro físico.

PROYECTOS

En el reciente Foro de Davos, el Banco de Pagos Internacionales anunció que han creado un grupo para diseñar monedas digitales de banco central. El Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, el Banco Sueco Riksbank y el Banco Nacional Suizo, junto con el Banco de Pagos Internacionales han creado un grupo para compartir experiencias.

Por su parte la Reserva Federal avanza silenciosamente con planes para introducir un nuevo sistema de pagos llamado ‘FedNow’. Será una plataforma donde los usuarios podrán enviar y recibir pagos de forma inmediata y segura. También el Banco Central de Rusia anunció el año pasado que estaba estudiando la posibilidad de crear una criptomoneda anclada al oro, para realizar pagos y liquidaciones con otros países.

TRES MÁS

La ‘dignidad’ (DIG) es la mayor criptomoneda de oro por capitalización bursátil. Funciona en su propio ‘blockchain’ y la moneda se llamó una vez Unity Ingot (UNY) pero su emisor Crypto Bontix decidió realizar un canje de monedas entre el 13 y el 20 de febrero 2018 con el fin de reducir su circulación. Una moneda vale un dólar de oro.

Otra criptodivisa se llama DGX, un token anclado en oro que fue emitido por la Organización Autónoma Descentralizada en la red Ethereum, que se llama DigixDAO. Un token DGX representa exactamente un gramo de oro.

Otra moneda se llama Aurum Coin (AU) y se define como la primera criptomoneda descentralizada de código abierto para ser una moneda estable de oro, pero seguro que me dejo muchas más en el tintero.

MONEDA ESTABLE

El pasado 24 de enero salió la noticia de que la compañía Tether emitirá una nueva criptomoneda llamada ‘Stablecoin’ o “moneda estable” que está respaldada por reservas de oro en las redes Ethereum y Tron. Cada unidad de la nueva criptomoneda de Tether representa una onza de oro asociada con una barra específica, y las reservas físicas que respaldan a la criptomoneda están almacenadas en la bóveda de un banco suizo.

Tether aclaró que los usuarios de la nueva moneda digital no deben pagar ninguna comisión por concepto de almacenamiento del oro físico en la bóveda, por lo que pueden operar con el nuevo token con total libertad.

CRIPTOMONEDAS ESTATALES

El pasado mes de julio de 2019 Irán lanzó una nueva criptomoneda respaldada por su oro y aprobada por el Banco Central de Irán, llamada ‘PayMon’, que significa ‘convenio’ en persa, con el fin de evadir las sanciones financieras internacionales.

El proyecto cuenta con la participación de cuatro bancos iraníes y de la bolsa Fara. Con la PayMon, la nación tiene un doble propósito en agenda. El primero, intentar evadir el bloqueo de la plataforma Swift, un sistema mundial de transferencias, la restricción para adquirir dólares y comercializar oro o metales preciosos, entre otras.

La presentación de PayMon ocurrió después de que otros gobiernos, como el de Venezuela, también adoptara los criptoactivos para buscar financiación internacional y contrarrestar las sanciones estadounidenses. En diciembre de 2017, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Petro como criptomoneda del Estado venezolano.

Tres meses después de este anuncio, el presidente Trump firmó una Orden Ejecutiva en la que se les prohíbe a los estadounidenses comprar cualquier criptomoneda emitida o respaldada por el Gobierno de Venezuela.


 (*) Periodista

Convocatoria en Cádiz contra los falsos desamparos de los servicios sociales


viernes, 7 de febrero de 2020

El Gobierno no computará el efecto del IVA de 2017 en el déficit de 2019


MADRID.- El Ministerio de Hacienda no tendrá en cuenta la parte del déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017 a la hora de contabilizar el déficit de las comunidades autónomas de 2019, que estima que cerró en el 0,5% del PIB, si bien calcula que rondaría el 0,3% si se descuenta dicho efecto. Además, ha flexibilizado los objetivos de déficit y pondrá en marcha un extra Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con un tipo del 0%.

De esta forma, tras descontar el efecto del IVA, las comunidades que registren un déficit del 0,1% o inferior se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019, según ha trasladado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a los consejeros autonómicos en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), han informado a Europa Press en fuentes presentes en la reunión.
En este encuentro Montero ha anunciado a los consejeros la nueva senda de estabilidad, que da más margen a las CCAA al quedar fijado el objetivo de déficit en el 0,2% del PIB este año, en el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022. Esto supone para el ejercicio actual dos décimas más que la senda vigente, aprobada por el Gobierno del PP en 2017, y que establecía equilibrio presupuestario para las comunidades este año.
Además, ha informado de que los datos aún provisionales y no definitivos reflejan que las comunidades autónomas en su conjunto cerraron 2019 con un déficit en torno al 0,5% del PIB. Si se descuenta el efecto del IVA, que se trata de un 'one off' (no recurrente en el tiempo) el cierre estaría alrededor del 0,3%. Esto significa que al aprobarse un objetivo de déficit del 0,2% para 2020, el esfuerzo de reducción de déficit que tendrán que acometer las CCAA este año es de solo de una décima.
La titular de Hacienda ya avisó de que actualmente no era posible revisar la liquidación del año 2017 como reclamaban buena parte de las comunidades para cobrar el mes pendiente de pago del IVA autonómico de 2017, si bien ha propuesto medidas para mitigar el asunto.
En concreto, Hacienda no tendrá en cuenta la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017, por lo que se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit de 2019. Así, si tras descontar el efecto del IVA, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, se entenderá que cumplieron el objetivo en 2019.
Esto supone que si una comunidad tras descontar el efecto del IVA cumple con el objetivo de déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF). Además, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al FLA, lo que implica poder compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.
Para financiar el mayor déficit provocado por el IVA y para evitar perjudicar a los proveedores, el Gobierno pondrá a disposición de las comunidades autónomas un extra FLA con un tipo de interés del 0%, según ha trasladado Montero a los consejeros. A esto se suma la relajación del objetivo de déficit al 0,2% este año, dos décimas más que la senda oficial del Gobierno del PP.
En la reunión del CPFF Montero ha denunciado que el problema de la liquidación del IVA de 2017 fue generado por el exministro del PP Cristóbal Montoro y ha recordado que PP y Cs impidieron solucionarlo al rechazar la propuesta del Gobierno en los Presupuestos de 2019.
En cualquier caso, ha subrayado que las CCAA no han realizado recortes por el efecto de la liquidación del IVA de 2017, sino que han gastado ese dinero. Por lo tanto, ha apuntado que conforme a los datos provisionales el efecto del IVA se ha traducido en un mayor déficit público en 2019 y en un probable incremento del período medio de pago a proveedores.
El asunto del IVA autonómico se remite al año 2017, cuando el por entonces ministro de Hacienda del Gobierno del PP, Cristóbal Montoro, llevó a cabo un cambio normativo con el que se obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y permitió que el tributo se pagara el día 30 de cada mes en vez del 20 como se venía haciendo.
El cambio normativo provocó que la recaudación del IVA que se ingresaba en diciembre de 2017 se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018. De esta forma, la liquidación del ejercicio 2017, que se realizó a los dos años, en 2019, fue solo de once meses, faltando por tanto el abono de una mensualidad.

Gloria Calero se perfila como nueva delegada del Gobierno en sustitución de Fulgencio

VALENCIA.- La exalcaldesa de Sagunto (Valencia), Gloria Calero, se perfila como nueva delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana en sustitución de Juan Carlos Fulgencio, que fue nombrado hace 20 meses para el cargo y al que se le acaba de comunicar su cese, según han confirmado fuentes conocedoras de la decisión.

El nombramiento de Calero, adelantado por Las Provincias, se prevé que tenga lugar en el Consejo del Ministros del martes, donde se también se cesará a Fulgencio, quien ya ha apuntado que no va a ocupar otro puesto en el Gobierno, por lo que regresará a la Policía Local de València, cuerpo en el que desempeñaba el cargo de intendente jefe de RR.HH. de la División Central.
Calero, persona de confianza del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de la secretaria provincial del PSPV en Valencia, Mercedes Caballero, es una histórica dirigente socialista valenciana que ha desempeñado cargos municipales en Sagunto, donde fue concejala y posteriormente alcaldesa entre 2003 y 2007, y también en la ejecutiva del PSPV.
Enfermera de profesión, es directora de Enfermería en Sagunto. Precisamente, en su cuenta de Twitter, Calero se define como "feminista, socialista y enfermera de profesión".

Sin explicaciones

El hasta ahora delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha atribuido su cese del cargo a un "cambio político" y "de equipo y de personas", aunque ha asegurado no saber cuál es el motivo de su salida porque no se le ha comunicado, si bien sostiene que entra "dentro de la normalidad democrática".
Fulgencio ha subrayado que no deja la Delegación porque "tenga que ocupar ningún otro cargo de gobierno" --"en principio esta no es la perspectiva", ha dicho-- y ha anunciado que su intención es reincorporarse el próximo miércoles a la Policía Local de València, cuerpo en el que desempeñaba el puesto de intendente jefe de RR.HH. de la División Central.
Ese es mi camino de vuelta, con toda la normalidad", ha manifestado en primer lugar. "No me voy porque vaya a ocupar otro puesto, en un principio me voy porque me sustituye otra persona y ya está", ha zanjado.
Este mismo viernes se ha conocido que el Gobierno cesará a Juan Carlos Fulgencio como delegado en la Comunitat Valenciana, una decisión que el propio Fulgencio comunicó este jueves a su equipo más próximo.
En primer lugar, ha manifestado su "agradecimiento al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Jose Luis Ábalos por la confianza que en su día depositaron en este delegado del Gobierno para dirigirla durante estos 20 meses".
Fulgencio ha definido este periodo como "20 meses de trabajo muy intensos que se han resuelto con circunstancias muy desfavorables, hemos pasado tres legislaturas, con procesos electorales, varias tormentas horribles, incendios, sucesos luctuosos, un traslado...".
"Han sido unos meses muy complicados que ha sido posible afrontar con la ayuda de todo el equipo que ha estado en la Delegación del conjunto de los funcionarios que integran la Administración General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, Guardia Civil, funcionarios de los distintos ministerios... Sería agotador poder exponer todo eso, pero bueno, me siento muy satisfecho de este periodo", ha abundado.
Asimismo, ha puesto en valor que durante su tiempo al frente de la Delegación del Gobierno han "situado a la Comunitat Valenciana en el mapa de cara a Madrid" y, en este sentido, ha enfatizado: "Recordarán ustedes que hace 20 meses no venían los ministros, teníamos verdaderos problemas para atender a los ministros algunos días, porque vienen un poco de forma incluso atropellada y hay veces que hay que atender a dos o tres a la vez y esta ha sido la faena".
También ha afirmado que ha intentado "tener una relación con las instituciones", así como las puertas de la Delegación "abiertas" y, a este respecto, ha dicho sentirse "plenamente satisfecho". De este modo, considera que su cese se debe a "una decisión de cambio político, de cambio de personas, que entra dentro de la normalidad de la política".
Preguntado por los motivos de su destitución en el cargo, Fulgencio ha dicho desconocerlos, dado que no se le ha trasladado. "No se me ha comunicado. Entiendo que hay un cambio de equipo, un cambio de personas. Se debe entender. Esto es una mera suposición, que es otra la persona que tiene que estar al frente y, por tanto, se toma esa decisión. Nada ha pasado. Entra dentro de la normalidad democrática", ha insistido.
Por otra parte, ha señalado que el próximo miércoles --está previsto que su cese se haga oficial en el Consejo de Ministros del martes-- procederá a reintegrarse  a la Policía Local, y "con absoluta normalidad".
Además, ha hecho notar que va a continuar "con el proyecto político": "Como he estado siempre, con el mismo entusiasmo, convencido de que lo importante son los proyectos y no las personas que desempeñamos en cada momento los proyectos porque, si no, estaríamos engañando a los ciudadanos".
"Los partidos políticos se presentan a las elecciones con un determinado programa político. Ese programa político se tiene que desarrollar a través de la acción de gobierno, que es lo que hemos hecho a través de la Delegación de Gobierno y, quiénes estén al frente, pues es importante, pero desde luego es un tanto secundario", ha desarrollado.

 Se quería quedar

Fulgencio ha manifestado en varias ocasiones que su intención era haberse quedado al frente de Delegación de Gobierno.
Fulgencio fue nombrado delegado de Gobierno el 15 de junio de 2018 y tomó posesión de su cargo el 26 de junio. Fulgencio, que sustituyó a Juan Carlos Moragues tras el cambio de Gobierno, era el secretario general del PSPV-PSOE en la comarca de l'Horta Nord.
Nacido en Bilbao (Vizcaya) en el año 1960, Fulgencio ha sido funcionario del Ayuntamiento de València desde el año 2000 hasta su nombramiento mientras que, anteriormente, fue también trabajador público en el consistorio de Moncada. Ha sido también intendente jefe de RR.HH. de la División Central de Policía Local de València.
En cuanto a su formación, es electrónico industrial, licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, además de procurador de los Tribunales. Su incursión en política comenzó como afiliado del PSOE en 1983.
Unos años después ocupó la Secretaría del Área de Policía de UGT-PV; fue secretario general del PSPV-PSOE de Moncada entre 2012 y 2018; secretario de Libertades Públicas y Seguridad en la Comisión Ejecutiva Provincial entre 2012 y 2017, y desde febrero de 2018 era secretario general de l'Horta Nord.
Fulgencio apoyó la campaña de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE, así como la de Mercedes Caballero, mano derecha del secretario de organización del PSOE y ministro de Transportes, Jose Luis Ábalos, a la secretaría provincial de Valencia.

El empresario ilicitano Ramón Salvador, acusado por el amaño del PGOU de Alicante, acepta tres meses de cárcel

ALICANTE.-El empresario ilicitano Ramón Salvador, acusado de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, en el caso Brugal, en la pieza relativa al presunto amaño del PGOU de Alicante, ha llegado a un acuerdo de conformidad mediante el cual acepta una pena de tres meses de prisión por haber negociado la recalificación de terrenos con Francisco Javier Gutiérrez --abogado urbanista y entonces colaborador en la redacción del Plan General de Alicante--, y José Luís Castedo, hermano de la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.

El acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particular y popular, que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y EUPV, respectivamente, le supondría al promotor una rebaja de cerca de cuatro años de prisión de la pena más alta solicitada, según se ha podido saber.
Está previsto que el juicio sobre el presunto amaño del PGOU de Alicante para favorecer al empresario Enrique Ortiz, siente en el banquillo, a partir del 30 de junio de este año, a los exalcaldes 'populares' de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, por presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho, delitos por lo que les piden a ambos 10 años de prisión.
A Enrique Ortiz se le juzgará por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario, tráfico de influencias, cohecho y fraude, por los que le solicitan 8 años de cárcel.
Las acusaciones piden, tras el acuerdo de conformidad al que ha llegado Ramón Salvador por el delito de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, por presuntamente haber negociado la recalificación de sus terrenos en el Pla De Xirau, una pena de prisión de tres meses, que quedará en suspenso durante 2 años; una multa de 14.500 euros y una indemnización al Ayuntamiento de Alicante, por responsabilidad civil de la misma cuantía.
Además, "se le exime de cualquier otra responsabilidad civil, dada su escasa participación en el conjunto de los hechos", apuntan las mismas fuentes.
El escrito de Fiscal Anticorrupción, ahora asumido por Ramón Salvador, relata que el empresario ilicitano gestionó, junto a los también acusados en la causa, Francisco Javier Gutiérrez, abogado urbanista y entonces colaborador en la redacción del Plan General de Alicante y José Luís Castedo, hermano de la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo y a través de la empresa Salvetti Abogados y Consultores, la alegaciones para que las fincas ubicadas en el Pla de Xirau recuperaran la clasificación de urbanizables, ya que habían sido reclasificadas en la revisión del PGOU, 78 realizada por el arquitecto urbanista Jesús Quesada.
La mercantil especializada en asesorar contactos y negociaciones con la Administración Pública presentó las alegaciones durante la primera exposición pública --el 19 del 12 de 2008-, para que fuera mantenida la "clasificación y calificación" como urbanos de los terrenos de Pla de Xirau --clave SR-- en el PGMO 87.
El empresario admite con este acuerdo de conformidad que las gestiones se llevaron a cabo a cambio de una remuneración de 100.000 euros más IVA (16.000 euros), más unos "honorarios de éxito" que se harían efectivos una vez que las fincas fueran consideradas nuevamente "suelo urbano", en el Plan General.
La alegación fue estimada y el pago de los servicios contratados a Salvetti Abogados, se realizó mediante dos ingresos de 58.000 euros cada uno en 2009, a través de las mercantiles de la matriz Imagen Valenciana, S.L. de Ramón Salvador: Residencia Mira Llevant, S.A. y Artunduaga Gestión Urbanística S.L.
Así, el Plan General aprobado provisionalmente primero en abril de 2009 y, posteriormente, en mayo de 2010, contempla los terrenos de la unidad de ejecución Pla de Xirau del empresario como Suelo Urbano, sujeto a Actuación Integrada (UBA), con ficha de planeamiento "UBA-37 Pla de Xiaru".
Los terrenos recalificados están ubicados en el límite entre Alicante y San Vicente del Raspeig, a la altura de la autovía que une Alicante y Castalla a su paso por San Vicente.
Tras la firma del acta de comparecencia, el letrado de la administración de justicia dará traslado al Tribunal de la Sección Tercera compuesto por las magistradas Montserrat Navarro como ponente, Cristina Escoda y Margarita Esquivá, para que dicte la resolución.

Los súper venden sólo el 7% de la producción agraria española

MADRID.- Las principales patronales de la distribución española salieron al paso de los reproches al sector realizados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que señaló el martes a la industria como la principal culpable de la diferencia de precios de la alimentación entre origen y destino y, por tanto, de la crisis que vive el campo español, expone Expansión.

El sector pidió a Planas que revise los datos que ofrece su propio ministerio y que indican que el 80% de la producción agraria de frutas y hortalizas de España, por un valor total de 17.796 millones de euros, se destina a la exportación, mientras que que, del 20% restante, dos terceras partes tienen como destino la industria transformadora, los mercados ambulantes, las fruterías independientes o la hostelería.
Del 20% de la producción que se deriva al mercado interno, sólo algo más de un 7% lo absorbe la distribución, indicó Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, la patronal que agrupa a Mercadona, Dia, Ahorramás, IFA o Covirán, entre casi una veintena de cadenas.
"Estamos abiertos al diálogo para buscar soluciones, pero hay que tener presente que la distribución no es el agente más importante. Los precios que perciben los agricultores y ganaderos están sometidos a una gran volatilidad derivada de muchos factores. Recurrentemente se utiliza el falso debate de los supuestos márgenes excesivos de la distribución, sin centrar el foco en los problemas reales de los agricultores", añadió el portavoz de Asedas.
García Magarzo pidió, además, que cualquier solución que se busque a la situación del campo "no debe pasar por encarecer los precios de la alimentación porque el consumidor no debe pagar los problemas de la cadena" y recordó a Planas que "los precios de la alimentación en España están cinco puntos por debajo de la media europea".

"Desconocer la realidad"

Aurelio del Pino, presidente de Aces, donde se integran Carrefour, Lidl, Alcampo, Eroski o Supercor (El Corte Inglés), se manifestó de una forma similar. "Las empresas de distribución no compran directamente al agricultor individual, sino a cooperativas y sociedades agrarias, o a industrias que ofrecen el producto ya transformado", explicó el directivo, para el que comparar los precios de origen y destino, olvidando la cadena de valor que hay entre medias, supone "desconocer la realidad" y "obviar el valor del trabajo" de todos los procesos.
Del Pino considera que la distribución se mueve ya en un entorno muy competitivo, con márgenes netos que no suelen superar el 2%. "El problema de los precios en origen responde a los propios mercados en origen y no a la comercialización", señaló el presidente de Aces. En este sentido, aseguró que las variaciones de precio que se ven en las tiendas a lo largo del año "se marcan en origen, ya que el coste de llevar un limón a la tienda es mucho más estable".
Un representante de un grupo de supermercados, que prefirió no ser identificado, señaló, sobre la polémica, que el Gobierno "está simplificando el debate" para encontrar un enemigo fácilmente identificable por parte de los agricultores y recordó que la distribución participa en todos los foros sectoriales, como el Observatorio de la Cadena Agroalimentaria, el Consejo de la AICA o el Acuerdo Lácteo, entre otros.

Reunión con Carrefour

El ministro Planas se reunió ayer con representantes de Carrefour, entre ellos Rami Baitiéh, su director general en España. El contenido del encuentro no fue hecho público y el Ministerio se limitó a publicar una escueta nota en la que dijo "querer establecer un diálogo con todas las partes" y reconoció que "la solución no está en un sólo eslabón, sino en el conjunto de la cadena, desde los productores a los consumidores".

Estalla la guerra

El malestar de agricultores y ganaderos se extiende como un reguero de pólvora por la geografía española ante una situación que califican de agónica por la falta de rentabilidad. Los problemas que arrastra el sector, que llevó sus protestas a las misma puertas del Ministerio de Agricultura tras haberse manifestado en otras muchas CCAA como Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Extremadura, vienen de lejos y no son fruto de una única causa, sino de una combinación letal de factores.

SMI, la puntilla

Sin embargo, la subida del SMI, que se ha disparado un 29% entre 2019 y 2020, ha sido la gota que ha colmado el vaso del sector, que ya estaba a punto de rebosar, pese a la insistencia de Luis Planas de restar importancia a este factor, que, a su juicio, "en ningún caso ha sido determinante" en la situación del campo. 
Un diagnóstico con el que no coinciden agricultores y ganaderos, para quienes el incremento del salario mínimo representa la "puntilla" para un sector en el que llueve sobre mojado. De hecho, entre los lemas de la manifestación convocada en Madrid por las principales organizaciones agrarias y ganaderas, Asaja, COAG y UPA, figuraba el de "Precios, SMI e impuestos más adaptados al agro". 
"Estamos a favor de que se pague un sueldo digno a los trabajadores, pero esto nos supone muchos más costes. Si suben el SMI, tienen que buscar alguna bonificación para nosotros, aunque sea a través de reducción de Seguridad Social", afirmó el presidente de Asaja Madrid, Francisco Navarrete.
Los datos de empleo también contradicen al ministro Planas, con la destrucción de más de 47.000 puestos de trabajo en el sector agrícola en enero, de acuerdo con las cifras de paro registrado publicadas el martes por el Ministerio de Trabajo. 
La pérdida de empleo se concentró en regiones como Extremadura y Castilla-La Mancha, ambas regidas por barones socialistas, que no han dudado en trasladar sus protestas al Ejecutivo de Sánchez, para el que la guerra del campo se ha convertido ya en la primera gran prueba de fuego de la legislatura.

Brecha de precios

Pero si bien el alza del SMI ha confluido con el estallido de la tormenta perfecta en el sector, no es, ni mucho menos, el único problema que arrastra el campo desde hace años, donde a la losa que representa el salario mínimo se han sumado en los últimos años otros costes adicionales como la subida del precio de los carburantes o el encarecimiento de determinados abonos o fertilizantes. Todo ello en un escenario de endémica falta de rentabilidad, fruto de la abismal brecha entre el coste de producción y el precio en origen y su precio de venta en tiendas.
Según explicó a Expansión Pere Roque, presidente de Asaja Lleida y productor de fruta dulce, el coste real de producir un kilo de melocotones ronda en la actualidad los 32-35 céntimos, mientras que el precio medio que recibe el agricultor es de 20 céntimos; es decir, por debajo del coste de producción, una situación insostenible para los agricultores que ven como ese mismo kilo de melocotones se vende al consumidor a un precio de entre 1,30 y 1,50 euros tras pasar por una larga cadena que incluye su proceso de transformación y envasado, el transporte hasta los mercados mayoristas y, por último, la llegada a las tiendas y supermercados.
Hay otros muchos ejemplos, porque esta diferencia se replica, en mayor o menor medida, a lo largo de toda la cadena alimentaria. Así, el precio en origen de la cebolla es de 0,20 euros por kilo, mientras que su precio en tienda se dispara hasta 1,44 euros; es decir, siete veces más o, si se prefiere, un 620% más que en origen, según los datos de enero de COAG. 
En el caso de la naranja, el diferencial de precios es superior a las seis veces, al pasar de 0,25 euros en origen a 1,60 euros en destino (un 532% más), mientras que en el sector ganadero, el kilo de pollo, uno de los alimentos más consumidos por los españoles, tiene un precio en origen de 0,94 euros y se vende al consumidor a 2,83 euros, el triple (un 201% más). 
En este camino ascendente de los precios desde el campo hasta la mesa, la distribución es el último eslabón pero no el único, pese al empeño del ministro Planas y del presidente Sánchez de cargar las tintas contra el sector distribuidor, que apenas absorbe una mínima parte de la producción de frutas y hortalizas que no se destinan a la exportación (ver informaciones en página 25). 
En este caso, el campo acusa a la distribución de utilizar determinados productos como reclamo en sus campañas publicitarias, agravando así la espiral de bajada de precios que padece.

Aranceles y la PAC

A los problemas internos se añaden también los externos, como la ofensiva arancelaria de la Administración Trump sobre productos agroalimentarios europeos en represalia por las ayudas ilegales a Airbus, que ha golpeado los intereses del campo español en sectores tan sensibles como el aceite, el vino o los quesos, convirtiéndole en pagano de los platos rotos de un conflicto ajeno, vinculado a las ayudas públicas al sector aeronáutico en Europa. 
Otro foco de presión para el Ejecutivo de Sánchez, en tanto que estos aranceles, en vigor desde el pasado mes de octubre, ya están erosionando las cuentas de las empresas, que reclaman al Gobierno español y a Bruselas contundencia en la defensa de sus derechos y una respuesta que no acaba de llegar.
Otro de los caballos de batalla es la futura PAC (Política Agrícola Común), un instrumento clave para la supervivencia del sector primario español, que ha visto como las ayudas y subvenciones menguaban en los últimos años y ahora espera con expectación, y no poca preocupación, la negociación de la PAC para el periodo 2021-2027 ante el temor a que la UE aplique la tijera al presupuesto (que ha ascendido a 400.000 millones entre 2014 y 2020) tras la salida de Reino Unido del club comunitario. 
Sánchez ya anticipó ayer que la negociación de la PAC y de los fondos de cohesión se augura "larga, tensa y compleja".
Al cóctel de adversidades del sector su suma lo que denuncian como competencia desleal por parte de países extracomunitarios como Marruecos, Túnez o Chile, con costes de producción más bajos y que no cumplen con los estándares de la UE.

La jubilación masiva de funcionarios obligará a convocar miles de plazas de oposiciones

MADRID.- Más de una cuarta parte de los más de 3,25 millones de empleados públicos y funcionarios que hay en la actualidad –según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2019– alcanzarán a lo largo de los próximos diez años la edad legal de jubilación, situada en la actualidad en 65 años y diez meses, aunque en 2027 se retrasará a los 67 años.

 Cabe recordar, no obstante, que aquellos que tengan largas carreras de cotización podrán seguir retirándose a los 65. Concretamente, 925.200 trabajadores del sector público tienen en la actualidad más de 55 años, por lo que en teoría podrían jubilarse en 2030.
Si se mira más en el corto plazo, la cifra no deja de ser preocupante: más de 340.000 empleados del Estado abandonarán sus puestos en la Administración en los próximos cinco años. 
Y si se va un poco más lejos, pero no tanto, será prácticamente la mitad de la actual plantilla con que cuenta el Estado (el 44,5%) la que podría retirarse del mercado laboral en los próximos quince años, pues son cerca de 1,5 millones de funcionarios los que han cumplido ya la cincuentena, según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Así, la Administración Pública envejece a pasos agigantados, más incluso de lo que lo hace ya la población española en general. 
Por eso, una de las tareas pendientes que tiene el nuevo Gobierno en esta materia, una vez que ya se ha aprobado la subida del sueldo a los funcionarios, es buscar una solución a este fenómeno y materializar las históricas ofertas de empleo público que se han aprobado los dos últimos años pero de las que aún faltan decenas de miles de plazas por salir a concurso. 
Es más, en el acuerdo al que llegó el anterior Ejecutivo del PP con los sindicatos, se comprometieron a sacar a concurso 250.000 plazas entre 2017 y 2020 para paliar los efectos de la crisis.
Desde los sindicatos piden acelerar estas vacantes e impulsar un plan integral de recursos humanos encaminado a crear nuevos empleos, rejuvenecer plantillas y eliminar desigualdades, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de tener serias dificultades de personal para poder atender adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía.

Sanidad, Educación, Correos...

De hecho, más de 13.200 aspirantes se examinaron el pasado domingo 2 de febrero en Madrid de la oposición convocada para cubrir 900 plazas del cuerpo de ayudantes de los centros penitenciarios y los centros de inserción social de la administración penitenciaria. Esta es una de las numerosas ofertas de empleo público (OPE) que se han convocado para este año 2020 y que han sido publicadas por el BOE. Pero no es la única, ni mucho menos.
Sanidad, Educación, Correos, Instituciones Penitenciarias, policías locales, personal de Administración de la Generalitat... 2020 es un año récord, con 29.000 plazas anunciadas hasta el momento y con nnuevas convocatorias en marcha. 
Hay 15.385 en el caso de Sanidad entre plazas estatutarias, de especialidades y funcionariales y 3.575 para las oposiciones de Educación para profesorado de Secundaria, FP y Régimen Especial (Música, Artest Plásticas y Diseño o escuelas oficiales de idiomas). Y hay muchas más plazas de empleo público.



El STAJ denuncia que los sistemas informáticos en juzgados van cada vez más lentos

VALENCIA.- El Sindicato de Trabajadores de Justicia (STAJ) ha denunciado que los sistemas informáticos en los juzgados de la Comunitat "van cada vez más lentos":  

"Ordenadores que se quedan colgados de forma recurrente; esperas de cinco minutos de reloj para poder guardar un archivo; documentos que desaparecen al intentar enviarlos y después de varios minutos de espera, páginas que no cargan por carecer del suficiente ancho de banda; y continuas paralizaciones en la tramitación de los expedientes ante el bloqueo del sistema o trámites que se interrumpen justo antes de finalizarse, obligando a rehacerlos desde el principio".
El sindicato ha indicado en un comunicado que estos "problemas" están causados por el programa Cicerone, en el que está basada la gestión de la administración de justicia en la Comunitat Valenciana, "un sistema obsoleto y cada vez más lento como consecuencia de sus últimas actualizaciones, que lo han ralentizado todavía más", ha aseverado.
La situación, ha agregado, "ha llegado al límite, siendo el punto de inflexión el pasado mes de diciembre de 2019, por lo que llevamos más de mes y medio de parálisis generalizada". "Una parálisis que está causando un mayor retraso en la tramitación de una justicia, ya de por sí atrasada, tanto por la carencia de personal como por la falta de medios y que ahora se agrava por los equipos y los sistemas informáticos obsoletos", ha subrayado.
Ante las quejas y consultas a la Administración, "por la misma siempre se responde la misma excusa". 
"El sistema de gestión procesal Cicerone esta en continuo desarrollo, adaptándose a las nuevas necesidades e incorporando nuevas utilidades. En paralelo a este desarrollo, se sigue trabajando con la posibilidad de cambiar este sistema por otro en entorno web", ha reproducido.
"Esto nos da a entender que a nadie le interesa que la justicia funcione adecuadamente y que se preste un servicio ágil y de calidad. De interesar dichos objetivos, se invertiría ya mismo en medios materiales y personales y se aportarían soluciones inmediatas a una situación que se ha vuelto claramente insostenible", ha aseverado.